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Colombia Law "To Ensure Identification of Mobile Line Owners and Prevent Fraud and Identity Swapping in Public Mobile Communication Networks
Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la identificación de los titulares de las líneas móviles, la autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones cursadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles, se adoptan mecanismos para prevenir el fraude y otros usos ilícitos de estos servicios, y se dictan otras disposiciones - Ley No Más Extorsión y Suplantación Te
Bogotá D.C. 30 de septiembre de 2026
Señor,
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
Secretario General Cámara de Representantes E. S. D.
Asunto: RADICACIÓN PROYECTO DE LEY “Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la identificación de los titulares de las líneas móviles, la autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones cursadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles, se adoptan mecanismos para prevenir el fraude y otros usos ilícitos de estos servicios, y se dictan otras disposiciones.” - Ley No Más Extorsión Y Suplantación Telefónica. Respetado Secretario, cordial saludo. En nuestra calidad de Congresistas de la República, y en uso del derecho consagrado en el artículo 150 Constitucional y de los artículos 139 y 140 de la Ley 5ta de 1992, por su digno conducto nos permitimos poner a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el siguiente proyecto de ley, “Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la identificación de los titulares de las líneas móviles, la autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones cursadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles, se adoptan mecanismos para prevenir el fraude y otros usos ilícitos de estos servicios, y se dictan otras disposiciones.” - Ley No Más Extorsión y Suplantación Telefónica. De los Honorables Congresistas, DARWIN CASTELLANOS ROMERO Representante a la Cámara por el Departamento del Meta
Partido Centro Democrático
MATEO HIDALGO MONTOYA
Representante a la Cámara por Caldas
Partido Centro Democrático
ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ
Representante a la Cámara por Antioquia
Partido Centro Democrático
Proyecto de Ley No. ______ de 2026 Cámara
“Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la identificación de los titulares de las líneas móviles, la autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones cursadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles, se adoptan mecanismos para prevenir el fraude y otros usos ilícitos de estos servicios, y se dictan otras disposiciones.” - Ley No Más Extorsión y Suplantación Telefónica.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la adquisición, activación, registro, administración, portabilidad y uso de las líneas móviles asociadas a tarjetas SIM, eSIM y demás tecnologías equivalentes; garantizar la plena identificación de sus titulares; establecer mecanismos que aseguren la autenticidad, trazabilidad y confiabilidad de las comunicaciones realizadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles; fortalecer la protección de los usuarios; y adoptar medidas para prevenir la extorsión, la suplantación de identidad, el fraude y demás conductas ilícitas cometidas mediante la utilización de estos servicios.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales; a los distribuidores y comercializadores autorizados de tarjetas SIM, eSIM y demás tecnologías equivalentes; a las personas naturales y jurídicas titulares de líneas móviles; a quienes utilicen recursos de identificación para originar llamadas, mensajes de texto u otras comunicaciones a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles; y a las entidades públicas que ejerzan funciones de regulación, inspección, vigilancia, control, investigación o protección de datos personales en esta materia.
CAPÍTULO II
TITULARIDAD, REGISTRO Y ACTIVACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES
Artículo 3. Identificación obligatoria del titular. Toda línea móvil deberá encontrarse registrada a nombre de una persona natural o jurídica plenamente identificada. Ninguna tarjeta SIM, eSIM o tecnología equivalente podrá ser activada para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles sin que previamente se haya verificado la identidad de quien figurará como titular del servicio.
Artículo 4. Verificación de identidad. La verificación de la identidad del titular se realizará mediante la validación del documento de identificación correspondiente, la consulta de las bases de datos oficiales habilitadas para tal fin y, cuando las condiciones técnicas lo permitan, mediante mecanismos de autenticación biométrica u otros sistemas que ofrezcan un nivel equivalente de seguridad y confiabilidad. El Gobierno nacional reglamentará los estándares técnicos y operativos necesarios para la implementación de estos mecanismos en un periodo no superior a los seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la presente Ley. Artículo 5. Comercialización y activación de líneas móviles. Las tarjetas SIM, eSIM y demás tecnologías equivalentes únicamente podrán comercializarse en estado inactivo. Su activación corresponderá exclusivamente al proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles o al operador móvil virtual, una vez se haya surtido el procedimiento de identificación, verificación y vinculación a una persona natural o jurídica previsto en la presente ley.
Artículo 6. Registro de personas jurídicas. Cuando el titular de una línea móvil sea una persona jurídica, esta deberá registrar la identificación de la entidad y de la persona natural responsable del uso de cada línea asignada, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda por el uso de las líneas registradas a su nombre.
Artículo 7. Cambio de titularidad. Todo cambio de titular de una línea móvil requerirá el cumplimiento del mismo procedimiento de identificación y verificación exigido para su activación inicial. Ningún proveedor podrá modificar la titularidad de una línea sin la autorización expresa del titular registrado y del nuevo titular, salvo disposición legal o judicial en contrario.
Artículo 8. Reposición, duplicados y portabilidad. La reposición o expedición de duplicados de tarjetas SIM o eSIM y los procesos de portabilidad numérica solo podrán realizarse previa verificación de la identidad del titular, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Gobierno nacional y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Artículo 9. Límite de líneas móviles. Ninguna persona natural podrá mantener registradas más de dos (2) líneas móviles en cualquier modalidad con un mismo proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. La activación de una nueva línea requerirá la cancelación o transferencia previa de una de las líneas existentes.
Artículo 10. Líneas destinadas a comunicaciones máquina a máquina. El
Gobierno nacional podrá establecer un procedimiento especial para el registro y administración de las líneas destinadas exclusivamente a servicios de comunicación máquina a máquina (M2M), Internet de las Cosas (IoT) u otras tecnologías equivalentes, siempre que ello no comprometa la identificación del responsable del servicio contratado.
CAPÍTULO III
REGISTRO ÚNICO DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 11. Creación del Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil. Créase el Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil (RUUTM), administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como un sistema nacional destinado a consolidar la información de identificación de los titulares de las líneas móviles activas en el territorio nacional, garantizar la trazabilidad de su activación, modificación, portabilidad, suspensión y cancelación, y facilitar las actuaciones de las autoridades competentes en los términos previstos por la Constitución y la ley. Artículo 12. Información del Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los operadores móviles virtuales deberán reportar y mantener permanentemente actualizada la información correspondiente a cada línea activa. El registro contendrá, como mínimo, la identificación del titular, el número de la línea, el operador responsable, el identificador de la tarjeta SIM o eSIM, el IMEI registrado al momento de la activación cuando resulte técnicamente procedente, las fechas de activación, suspensión, reposición, portabilidad, cambio de titularidad y cancelación, así como el historial de las modificaciones realizadas sobre cada línea. El Gobierno nacional podrá definir información adicional cuando resulte necesaria para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Artículo 13. Acceso al Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil. La información contenida en el Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil tendrá carácter reservado y solo podrá ser consultada por las autoridades judiciales y por las demás autoridades competentes, en los casos y bajo los procedimientos previstos en la Constitución Política y la ley.
Artículo 14. Protección de la información. El tratamiento de la información incorporada al Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil se sujetará a las disposiciones sobre protección de datos personales y habeas data. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los operadores móviles virtuales deberán adoptar las medidas técnicas, administrativas y de seguridad necesarias para garantizar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad, quedando prohibido su uso para fines distintos de los expresamente autorizados por la ley.
CAPÍTULO IV
AUTENTICIDAD DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES
Artículo
15.
Identificación de las comunicaciones empresariales e institucionales. Toda llamada o mensaje de texto originado por una entidad pública, una entidad financiera, un proveedor de servicios públicos domiciliarios, una institución prestadora de servicios de salud, una empresa de mensajería o transporte, un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, una aseguradora o cualquier otra persona jurídica que realice comunicaciones masivas con fines comerciales, informativos, transaccionales o de atención al usuario deberá identificar de manera clara, visible y verificable la identidad de su remitente, en los términos establecidos por la presente ley y la regulación que expida la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Artículo 16. Identificadores autorizados para comunicaciones empresariales. Las personas jurídicas únicamente podrán originar comunicaciones masivas mediante los recursos de identificación asignados, autorizados o habilitados conforme a la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En ningún caso podrán utilizar números móviles destinados al uso personal para el envío masivo de mensajes de texto o para la realización de llamadas automatizadas o masivas.
Artículo 17. Identificación de mensajes de texto. Los mensajes de texto enviados por personas jurídicas deberán originarse desde códigos cortos, identificadores alfanuméricos, nombres comerciales verificados o cualquier otro mecanismo de identificación autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de manera que el destinatario pueda conocer claramente la identidad del remitente antes de acceder al contenido del mensaje.
Artículo 18. Identificación de llamadas empresariales. Toda llamada originada por una persona jurídica deberá mostrar al usuario receptor el nombre comercial, la marca o el identificador autorizado del remitente, conforme a las condiciones técnicas y operativas que establezca la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la visualización de dicha información cuando ello sea técnicamente posible.
Artículo 19. Prohibición de la suplantación del identificador de origen. Se prohíbe la alteración, manipulación, falsificación, ocultamiento o utilización no autorizada de números telefónicos, códigos cortos, identificadores alfanuméricos, nombres comerciales o cualquier otro recurso destinado a identificar el origen de una comunicación. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán adoptar mecanismos para prevenir, detectar y bloquear este tipo de prácticas, de conformidad con la reglamentación vigente.
Artículo 20. Registro de identificadores. La Comisión de Regulación de Comunicaciones establecerá y administrará el registro de los recursos de identificación utilizados para llamadas y mensajes empresariales, así como las condiciones para su asignación, modificación, suspensión, cancelación y recuperación, garantizando su trazabilidad y uso exclusivo por parte de sus titulares autorizados.
Artículo 21. Conservación de registros. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles conservarán los registros relacionados con la asignación, activación, utilización, modificación y cancelación de los recursos de identificación utilizados para llamadas y mensajes empresariales durante el término que establezca la ley o la regulación aplicable, con el fin de facilitar las actuaciones de las autoridades competentes.
CAPÍTULO V
REGULARIZACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
Artículo 22. Regularización de líneas activas. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los operadores móviles virtuales dispondrán de un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para verificar y actualizar la información correspondiente a las líneas móviles activas que no cumplan las condiciones de identificación previstas en esta ley. El Gobierno nacional podrá prorrogar dicho plazo, por una sola vez, hasta por seis (6) meses cuando existan razones técnicas u operativas debidamente justificadas.
Artículo 23. Depuración periódica del registro de líneas móviles. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los operadores móviles virtuales deberán realizar, como mínimo cada seis (6) meses, procesos de depuración y verificación de la información correspondiente a las líneas móviles activas, con el fin de garantizar que la información registrada en el Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil se encuentre completa, actualizada y corresponda al titular real de cada línea. Cuando durante dichos procesos se identifiquen líneas cuya información no pueda ser validada o se encuentre incompleta, inconsistente o desactualizada, el operador deberá requerir al titular para que regularice su situación dentro del término máximo de un (1) mes contado a partir de la comunicación correspondiente. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) establecerá las condiciones técnicas, los medios de comunicación, el contenido de los requerimientos y los procedimientos que deberán seguir los operadores para informar a los usuarios sobre la obligación de actualizar su información y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Artículo 24. Suspensión y cancelación de líneas no regularizadas. Vencido el término previsto en el artículo anterior sin que el titular hubiere regularizado su situación, el proveedor suspenderá la prestación del servicio. Si transcurridos dos (2) meses contados a partir de la suspensión el titular no hubiere actualizado la información correspondiente, el operador cancelará la línea y procederá a su reasignación de conformidad con el Plan Nacional de Numeración y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Artículo 25. Actualización permanente de la información. Los titulares de líneas móviles deberán informar oportunamente cualquier modificación de los datos suministrados para el registro de la línea. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles establecerán mecanismos que permitan mantener actualizada la información registrada y verificar periódicamente su consistencia.
Artículo 26. Portabilidad numérica. Todo proceso de portabilidad numérica requerirá la verificación de la identidad del titular conforme a las disposiciones previstas en la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la regulación vigente.
Artículo 27. Cancelación voluntaria de líneas móviles. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán garantizar procedimientos ágiles, seguros y gratuitos para la cancelación voluntaria de líneas móviles por parte de sus titulares, verificando previamente su identidad y actualizando inmediatamente la información correspondiente en el Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil.
CAPÍTULO VI
PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN, LA SUPLANTACIÓN Y EL FRAUDE EN
LAS COMUNICACIONES MÓVILES
Artículo 28. Deber de prevención. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los operadores móviles virtuales deberán implementar medidas técnicas, operativas y administrativas destinadas a prevenir la utilización de sus redes y servicios para la comisión de delitos, en especial la extorsión, la suplantación de identidad, el fraude informático y las demás conductas ilícitas que puedan ejecutarse mediante llamadas, mensajes de texto u otros servicios de telecomunicaciones móviles.
Artículo 29. Detección de patrones de riesgo. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán implementar mecanismos tecnológicos para identificar patrones de tráfico que razonablemente puedan asociarse con actividades fraudulentas o delictivas, sin que ello implique la interceptación, monitoreo o acceso al contenido de las comunicaciones, salvo en los casos autorizados por la Constitución Política y la ley.
Artículo 30. Deber de reporte. Cuando los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles detecten patrones de tráfico que razonablemente puedan estar asociados con la comisión de delitos, deberán informar oportunamente a las autoridades competentes mediante los canales que establezca el Gobierno nacional, preservando la cadena de custodia y la reserva de la información.
Artículo
31.
Prevención de comunicaciones originadas desde establecimientos de reclusión. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), adoptará e implementará mecanismos tecnológicos dirigidos a prevenir la utilización de servicios de telecomunicaciones móviles para la comisión de delitos desde los establecimientos de reclusión, incluyendo sistemas de bloqueo, inhibición, identificación, monitoreo técnico y demás herramientas compatibles con el ordenamiento jurídico.
Artículo 32. Cooperación institucional. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las demás autoridades competentes coordinarán las acciones necesarias para la implementación y cumplimiento de la presente ley, de conformidad con las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 33. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará la presente ley dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones expedirá o ajustará la regulación necesaria para garantizar su implementación dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo 34. Régimen de transición. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, los operadores móviles virtuales y los demás sujetos obligados dispondrán de un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la expedición de la reglamentación prevista en el artículo anterior, para adecuar sus procesos, plataformas tecnológicas y procedimientos internos a las obligaciones establecidas en la presente ley, sin perjuicio de los plazos especiales previstos para la regularización de líneas móviles activas.
Artículo 35. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. De los Honorables Congresistas,
DARWIN CASTELLANOS ROMERO
Representante a la Cámara por el Departamento del Meta
Partido Centro Democrático
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable a las comunicaciones móviles en Colombia mediante la regulación de la adquisición, activación, registro, administración, portabilidad y uso de las líneas móviles asociadas a tarjetas SIM, eSIM y demás tecnologías equivalentes, garantizando la plena identificación de sus titulares, la autenticidad de las llamadas y mensajes de texto, así como la trazabilidad de las comunicaciones que se originan a través de las redes públicas de telecomunicaciones móviles. Para alcanzar este propósito, la iniciativa establece mecanismos orientados a asegurar que toda línea móvil activa se encuentre asociada a un titular plenamente identificado, regular la identificación verificable de las comunicaciones originadas por entidades públicas y privadas, crear el Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil (RUUTM) y fortalecer las herramientas de prevención, investigación y judicialización de delitos como la extorsión, la suplantación de identidad, el fraude y demás conductas ilícitas cometidas mediante servicios de telecomunicaciones. Con ello se busca cerrar los vacíos normativos existentes, fortalecer la confianza de los ciudadanos en las comunicaciones móviles y garantizar que las medidas adoptadas se implementen con pleno respeto por los derechos fundamentales, el habeas data y la protección de los datos personales.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
La telefonía móvil se ha consolidado como uno de los principales medios de comunicación entre los ciudadanos, las empresas y el Estado. Actualmente, millones de colombianos utilizan diariamente llamadas telefónicas, mensajes de texto y demás servicios móviles para realizar operaciones bancarias, acceder a servicios públicos y privados, recibir información oficial, efectuar transacciones comerciales y mantener comunicaciones personales y laborales. Como consecuencia de esta transformación tecnológica, las redes públicas de telecomunicaciones móviles se han convertido en una infraestructura esencial para el desarrollo económico, social e institucional del país. Sin embargo, el crecimiento exponencial de estos servicios también ha sido aprovechado por organizaciones criminales y delincuentes para desarrollar nuevas modalidades de extorsión, fraude, suplantación de identidad, estafa y otros delitos que tienen como principal instrumento las comunicaciones móviles. En la actualidad, un número importante de estas conductas se ejecutan mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto enviados desde líneas cuya titularidad no puede establecerse con certeza o cuya identidad de origen es manipulada para generar confianza en las víctimas. El problema no radica exclusivamente en la utilización de líneas móviles registradas con información falsa o desactualizada. También obedece a la ausencia de mecanismos que permitan al ciudadano identificar con certeza quién origina una llamada o un mensaje de texto, situación que facilita la suplantación de entidades financieras, empresas de mensajería, operadores de telecomunicaciones, entidades públicas y demás organizaciones cuyos nombres son utilizados indebidamente para engañar a los usuarios. En este contexto, el ordenamiento jurídico colombiano ha desarrollado diferentes instrumentos dirigidos a regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones y fortalecer la seguridad de las redes. No obstante, la regulación vigente continúa concentrándose principalmente en aspectos relacionados con la prestación del servicio, la administración del espectro radioeléctrico, la protección de los usuarios y la asignación de recursos de numeración, sin establecer un sistema integral que garantice simultáneamente la identificación plena de los titulares de las líneas móviles y la autenticidad verificable de las comunicaciones que circulan por dichas redes. La presente iniciativa legislativa busca llenar ese vacío normativo mediante un conjunto articulado de medidas que fortalecen la identificación de los usuarios, crean herramientas para mejorar la trazabilidad de las líneas móviles, regulan la autenticidad de las comunicaciones empresariales e institucionales y dotan a las autoridades de mayores capacidades para prevenir, investigar y judicializar los delitos cometidos mediante estos servicios, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales y el respeto por los derechos fundamentales. Con fundamento en estas consideraciones, el presente capítulo desarrolla las principales razones que justifican la adopción de la iniciativa, analizando la evolución de la extorsión telefónica, la suplantación de identidad y el fraude digital en Colombia; la necesidad de fortalecer la autenticidad de las comunicaciones móviles; las experiencias regulatorias implementadas en otras jurisdicciones; y el marco constitucional y legal que sustenta la competencia del legislador para adoptar las medidas previstas en el proyecto de ley. 2.1.
La problemática de la extorsión telefónica, la suplantación de identidad y el fraude digital en Colombia.
Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un incremento sostenido de los delitos que utilizan las redes públicas de telecomunicaciones móviles como principal medio para su comisión. La masificación del acceso a la telefonía móvil, el crecimiento de los canales digitales y la facilidad con la que actualmente pueden adquirirse y utilizarse líneas telefónicas sin mecanismos robustos de identificación de sus titulares han sido aprovechados por organizaciones criminales para desarrollar nuevas modalidades de extorsión, fraude, estafa y suplantación de identidad que afectan diariamente a miles de ciudadanos. La extorsión constituye hoy una de las principales amenazas contra la seguridad ciudadana. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa Nacional, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 2.914 casos de extorsión, la cifra más alta para ese período desde 2015, lo que confirma una tendencia creciente de este delito y evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas normativas dirigidas a combatirlo1.
Figura 1. Evolución de los delitos de homicidio intencional y extorsión en Colombia (primer trimestre 2025–2026).
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Informe de Orden Público. Primer trimestre de 2026.
1 Ministerio de Defensa Nacional. Informe de Orden Público. Primer trimestre de 2026. Cifras oficiales sobre la evolución del delito de extorsión en Colombia.
La preocupación institucional frente a este fenómeno también ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo. En enero de 2024, esa entidad informó que las denuncias por extorsión pasaron de 8.188 casos en 2020 a 9.871 casos en 2023, lo que representa un incremento del 20,5 % en apenas cuatro años2. Asimismo, señaló que este delito afecta de manera considerable la seguridad ciudadana y requiere una actuación articulada entre las diferentes entidades del Estado para implementar medidas efectivas que permitan prevenir su ocurrencia. Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la denominada extorsión carcelaria, modalidad mediante la cual personas privadas de la libertad realizan llamadas telefónicas y envían mensajes de texto utilizando teléfonos celulares y tarjetas SIM ingresadas ilegalmente a los establecimientos penitenciarios. Según la Defensoría del Pueblo, de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional administrados por el INPEC, únicamente 16 contaban con sistemas de inhibición de señal, de los cuales solamente seis se encontraban operando, además con tecnología 2.5G, claramente insuficiente frente a las tecnologías actuales de comunicación móvil. La misma entidad advirtió la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INPEC y los operadores de telefonía móvil, con el propósito de modernizar los sistemas de inhibición de señal e implementar mecanismos que permitan identificar las llamadas realizadas desde establecimientos penitenciarios y carcelarios. Las autoridades han evidenciado igualmente el alto grado de organización que han alcanzado estas estructuras criminales. En distintos operativos adelantados por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se han incautado teléfonos celulares, tarjetas SIM, bases de datos de potenciales víctimas y registros sistemáticos de llamadas, demostrando que muchas de estas organizaciones operan bajo esquemas similares a centros de contacto (call centers) clandestinos. De acuerdo con información oficial divulgada por la Policía Nacional, desde un solo teléfono celular pueden llegar a realizarse hasta 250 llamadas extorsivas en un día, 2 Defensoría del Pueblo. Extorsión en Colombia preocupa a la Defensoría del Pueblo, pues creció el 20,5 % en los últimos cuatro años. Comunicado 483, 16 de enero de 2024 mientras que estas redes criminales movilizan aproximadamente $2.000 millones de pesos anuales producto de esta actividad ilícita3. No obstante, la problemática trasciende la extorsión tradicional. Actualmente los delincuentes recurren cada vez con mayor frecuencia a mecanismos de suplantación de identidad, mediante los cuales hacen creer a las víctimas que las llamadas o mensajes provienen de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones, empresas de mensajería, entidades públicas, autoridades judiciales o incluso familiares, incrementando la credibilidad del engaño y aumentando significativamente la probabilidad de éxito de la conducta criminal. A esta situación se suma el crecimiento sostenido del fraude digital. De acuerdo con cifras de Asobancaria, durante 2023 fueron reportados cerca de 407.000 casos de fraude a través de canales digitales, con pérdidas superiores a $500.000 millones de pesos, lo que evidencia que las comunicaciones electrónicas se han convertido en uno de los principales vectores utilizados por las organizaciones criminales para afectar el patrimonio de los ciudadanos y del sistema financiero4. Las circunstancias descritas demuestran que el principal desafío ya no consiste únicamente en controlar la comercialización de tarjetas SIM, sino en garantizar la autenticidad de las comunicaciones móviles y la identificación cierta de quienes las originan. La posibilidad de adquirir líneas telefónicas utilizando información falsa o desactualizada, la utilización de mecanismos de ocultamiento o manipulación de la identidad del remitente y la ausencia de sistemas que permitan al ciudadano reconocer fácilmente cuándo una llamada o un mensaje proviene realmente de una entidad legítima han generado un escenario que facilita la comisión de múltiples conductas delictivas. En consecuencia, resulta necesario adoptar un marco normativo integral que fortalezca la identificación de los titulares de las líneas móviles, garantice la autenticidad de las llamadas y mensajes de texto, incremente la trazabilidad de las comunicaciones y proporcione a las autoridades herramientas más eficaces para prevenir, investigar y judicializar la extorsión, la suplantación de identidad, el fraude y demás delitos que utilizan las redes públicas de telecomunicaciones móviles como instrumento para su comisión.
3 Policía Nacional – Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA), información oficial divulgada sobre operativos contra redes de extorsión carcelaria, reproducida por Infobae Colombia, “Redes de extorsión desde cárceles mueven $2.000 millones al año en Colombia”, 27 de junio de 2025. 4 Asobancaria. Informe sobre fraude bancario y cibernético en Colombia 2023.
2.2.
La necesidad de fortalecer la autenticidad de las comunicaciones móviles. El incremento de la extorsión telefónica, la suplantación de identidad y las distintas modalidades de fraude digital ha puesto de manifiesto que los mecanismos tradicionales de regulación de los servicios de telecomunicaciones resultan insuficientes para responder a los desafíos actuales en materia de seguridad digital y protección de los usuarios. Aunque el ordenamiento jurídico colombiano establece obligaciones relacionadas con la prestación del servicio, la asignación de recursos de numeración y la protección de los datos personales, no existe una regulación integral que garantice la autenticidad de las comunicaciones móviles ni que permita a los ciudadanos conocer con certeza quién es el verdadero originador de una llamada o un mensaje de texto. En la actualidad, los usuarios reciben diariamente comunicaciones que aparentan provenir de entidades bancarias, operadores de telefonía móvil, empresas de mensajería, plataformas de comercio electrónico, entidades públicas o incluso de miembros de la Fuerza Pública. En muchos casos, estas comunicaciones son utilizadas para inducir a las víctimas a suministrar información confidencial, realizar consignaciones, compartir códigos de autenticación o efectuar otras actuaciones bajo la falsa creencia de estar interactuando con una entidad legítima. Esta circunstancia ha deteriorado progresivamente la confianza de los ciudadanos en los servicios de telecomunicaciones y ha convertido las llamadas y mensajes de texto en uno de los principales instrumentos utilizados para la comisión de actividades delictivas. A esta problemática se suma la facilidad con la que actualmente pueden adquirirse, activarse y utilizarse líneas móviles sin que exista un sistema uniforme que garantice la identificación plena de sus titulares y la permanente actualización de dicha información. Aunque los operadores cuentan con mecanismos de registro de usuarios, la inexistencia de un modelo unificado de verificación, trazabilidad y depuración de la información dificulta la individualización de los responsables cuando las líneas son utilizadas para la comisión de delitos y facilita que estas permanezcan activas aun cuando sus datos sean incompletos, inconsistentes o no correspondan al verdadero usuario. De igual manera, el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación ha incrementado la necesidad de fortalecer la autenticidad del origen de las comunicaciones. Hoy en día no basta con identificar al titular de una línea móvil; también resulta indispensable que los ciudadanos puedan reconocer de manera clara y verificable cuándo una llamada o un mensaje de texto proviene efectivamente de una entidad pública, una entidad financiera, un operador de telecomunicaciones, una empresa de mensajería o cualquier otra organización legítima. Ello constituye una herramienta fundamental para reducir las posibilidades de engaño, fortalecer la confianza de los usuarios y facilitar la identificación temprana de comunicaciones fraudulentas. En este contexto, el presente proyecto de ley propone un modelo integral orientado a fortalecer la autenticidad y la trazabilidad de las comunicaciones móviles en Colombia. Para ello establece mecanismos dirigidos a garantizar la identificación plena de los titulares de las líneas móviles, regular los procedimientos para la adquisición, activación, portabilidad y actualización de tarjetas SIM y eSIM, crear el Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil (RUUTM), fortalecer la identificación de las comunicaciones empresariales e institucionales y promover la utilización de mecanismos que permitan a los usuarios reconocer de forma clara y verificable el origen de las llamadas y mensajes de texto que reciben. Estas medidas no tienen como finalidad restringir el acceso de los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones ni imponer cargas desproporcionadas a los operadores del sector. Por el contrario, buscan incrementar la seguridad jurídica y tecnológica del ecosistema de comunicaciones móviles, fortalecer la confianza de los usuarios, reducir los espacios de anonimato que hoy son aprovechados por las organizaciones criminales y dotar al Estado de herramientas más eficaces para prevenir, investigar y judicializar la extorsión, la suplantación de identidad, el fraude y demás conductas ilícitas cometidas mediante redes públicas de telecomunicaciones móviles, garantizando en todo momento el respeto por los derechos fundamentales, el habeas data y la protección de los datos personales. 2.3.
Experiencias desde el derecho comparado
La problemática que aborda la presente iniciativa no es exclusiva de Colombia. En los últimos años, el crecimiento de la extorsión telefónica, la suplantación de identidad y las distintas modalidades de fraude digital ha llevado a que numerosos países revisen y fortalezcan sus marcos regulatorios en materia de telecomunicaciones, con el propósito de incrementar la seguridad de las comunicaciones, garantizar la identificación de los usuarios y devolver a los ciudadanos la confianza en las llamadas y mensajes de texto que reciben diariamente. Aunque cada país ha diseñado soluciones acordes con su realidad institucional, tecnológica y normativa, existe un elemento común en todas estas experiencias: la seguridad de las comunicaciones ya no depende únicamente de identificar al titular de una línea telefónica, sino también de garantizar que quien realiza una llamada o envía un mensaje sea realmente quien dice ser. En otras palabras, la tendencia internacional ha evolucionado desde sistemas centrados exclusivamente en el registro de usuarios hacia modelos que fortalecen la autenticidad, la trazabilidad y la verificación del origen de las comunicaciones móviles.
Bajo ese contexto, diferentes países han desarrollado mecanismos regulatorios y tecnológicos encaminados a combatir el uso fraudulento de las redes de telecomunicaciones, fortalecer la confianza de los usuarios y facilitar la investigación de delitos cometidos mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. A continuación, se presentan algunas de las experiencias internacionales más relevantes sobre la materia.
2.3.1. Estados Unidos
Uno de los referentes más importantes es el caso de los Estados Unidos. Durante los últimos años, ese país enfrentó un crecimiento significativo de las llamadas fraudulentas realizadas mediante la técnica conocida como caller ID spoofing, consistente en alterar el número telefónico que aparece en la pantalla del usuario para hacer creer que la llamada proviene de una entidad financiera, una autoridad pública, una empresa reconocida o incluso de un familiar. Esta modalidad fue ampliamente utilizada para cometer estafas, obtener información confidencial y realizar diferentes formas de fraude. Como respuesta a esta problemática, la Federal Communications Commission (FCC) impulsó la implementación obligatoria del marco STIR/SHAKEN, un conjunto de estándares tecnológicos que permite autenticar el origen de las llamadas telefónicas y verificar que el número mostrado al usuario corresponde efectivamente al operador que origina la comunicación. Paralelamente, la FCC estableció obligaciones para que los operadores implementaran mecanismos permanentes de mitigación y bloqueo de llamadas ilegales, fortaleciendo la confianza de los usuarios y reduciendo el impacto de las comunicaciones fraudulentas5.
2.3.2. Singapur
Una problemática similar se presentó en Singapur, donde el incremento de campañas de fraude mediante mensajes de texto llevó a que delincuentes utilizaran el nombre de entidades bancarias, organismos públicos y empresas privadas para engañar a los ciudadanos mediante técnicas de smishing. Como consecuencia, muchas personas recibían mensajes aparentemente legítimos que realmente provenían de organizaciones criminales.
5 Federal Communications Commission (FCC). STIR/SHAKEN Call Authentication Framework. Disponible en: https://www.fcc.gov/call-authentication
Con el fin de enfrentar esta situación, las autoridades implementaron el SMS Sender ID Registry (SSIR), un registro obligatorio administrado por la Singapore Network Information Centre (SGNIC), mediante el cual únicamente las entidades previamente verificadas pueden enviar mensajes utilizando nombres comerciales o identificadores alfanuméricos. Esta medida ha fortalecido la autenticidad de los mensajes de texto y ha reducido significativamente las posibilidades de suplantación de identidad a través de este medio6.
2.3.3. India
En India, el fortalecimiento de la seguridad de las comunicaciones móviles se desarrolló en dos frentes. Por una parte, se consolidaron mecanismos cada vez más robustos para verificar la identidad de los usuarios durante la activación de líneas telefónicas. Posteriormente, las autoridades identificaron la necesidad de controlar también las comunicaciones comerciales que diariamente reciben millones de usuarios. Como respuesta, la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) implementó la plataforma Distributed Ledger Technology (DLT), mediante la cual las empresas deben registrar previamente su identidad, los encabezados utilizados para el envío de mensajes y las campañas autorizadas. Este sistema ha permitido fortalecer la autenticidad de las comunicaciones empresariales y reducir considerablemente el envío de mensajes fraudulentos y comunicaciones masivas no autorizadas7.
2.3.4. Brasil
Brasil también ha desarrollado mecanismos orientados a recuperar la confianza de los ciudadanos frente a las llamadas telefónicas. La creciente utilización del nombre de entidades públicas y privadas para cometer fraudes motivó a la Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a promover el programa Origem Verificada. Mediante este sistema, determinadas empresas previamente verificadas pueden aparecer identificadas con su nombre comercial durante la llamada, permitiendo que el usuario conozca quién realiza la comunicación antes de contestarla. Con ello se busca disminuir la suplantación de identidad, fortalecer la confianza de los 6 Infocomm Media Development Authority (IMDA) y Singapore Network Information Centre (SGNIC). SMS Sender ID Registry (SSIR). Disponible en: https://www.imda.gov.sg 7 Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Distributed Ledger Technology (DLT) Framework for Commercial Communications. Disponible en: https://www.trai.gov.in consumidores y facilitar la diferenciación entre llamadas legítimas y comunicaciones fraudulentas8.
2.3.5. Reino Unido
En el Reino Unido, la preocupación por el incremento de las llamadas fraudulentas llevó a la Office of Communications (Ofcom) a fortalecer las obligaciones impuestas a los operadores de telecomunicaciones para detectar, bloquear y reducir las comunicaciones que utilizan números telefónicos falsificados o manipulados. Paralelamente, la autoridad regulatoria ha promovido la adopción de soluciones tecnológicas dirigidas a autenticar el origen de las llamadas y proteger a los consumidores frente a nuevas modalidades de fraude telefónico9.
2.3.6. Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos han orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la identificación de los titulares de las líneas móviles desde el momento mismo de su adquisición. La normativa vigente exige la verificación de la identidad mediante documentos oficiales y autenticación biométrica para la activación de tarjetas SIM, además de establecer límites al número de líneas que pueden registrarse a nombre de una misma persona. Estas medidas buscan reducir el uso de líneas telefónicas registradas con identidades falsas, fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones y facilitar las labores de investigación de las autoridades frente a delitos como el fraude, la extorsión y otras formas de delincuencia organizada10. Las experiencias anteriormente descritas evidencian que la comunidad internacional ha venido evolucionando hacia modelos regulatorios cada vez más robustos para fortalecer la autenticidad de las comunicaciones móviles. Más allá de exigir la identificación de los titulares de las líneas telefónicas, la tendencia actual consiste en implementar mecanismos que permitan verificar el origen de las llamadas y mensajes de texto, brindar mayor transparencia a las comunicaciones empresariales e institucionales y reducir las posibilidades de que las redes de telecomunicaciones sean utilizadas como instrumento para la comisión de delitos.
8 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Origem Verificada. Disponible en: https://www.gov.br/anatel 9 Office of Communications (Ofcom). Protecting customers from scam calls. Disponible en: https://www.ofcom.org.uk 10 Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA). Normativa sobre registro de usuarios de telefonía móvil e identificación biométrica de titulares de líneas. Disponible en: https://tdra.gov.ae
En ese contexto, el presente proyecto de ley recoge varias de estas buenas prácticas internacionales y las adapta al ordenamiento jurídico colombiano, procurando un equilibrio entre la protección de los usuarios, la prevención del delito y el respeto por los derechos fundamentales. 2.4.
Marco Constitucional y legal
El presente proyecto de ley encuentra fundamento en diversos mandatos de la Constitución Política que atribuyen al Estado la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger sus derechos fundamentales y regular la prestación de los servicios públicos. En particular, los artículos 2, 15, 75 y 365 establecen, respectivamente, los fines esenciales del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes; garantizan el derecho fundamental a la intimidad y al habeas data; reconocen que el espectro electromagnético es un bien público sujeto a la gestión y control del Estado; y disponen que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, correspondiéndole asegurar su prestación eficiente en beneficio de todos los habitantes. En desarrollo de estos mandatos constitucionales, el legislador ha venido consolidando un marco normativo orientado a regular progresivamente el sector de las telecomunicaciones. Uno de sus primeros antecedentes corresponde a la Ley 37 de 1993, mediante la cual se reguló la prestación del servicio de telefonía móvil celular en Colombia y se establecieron las bases jurídicas para el desarrollo de este servicio en el país. Posteriormente, el Decreto 741 de 1993 desarrolló varios aspectos técnicos y operativos relacionados con su implementación. Con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se produjo una transformación integral del régimen de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al establecer los principios que orientan el sector, definir las competencias de las autoridades encargadas de su regulación y fortalecer el marco aplicable a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Posteriormente, la Ley 1978 de 2019 modernizó la institucionalidad del sector TIC, fortaleció el modelo regulatorio vigente y consolidó el esquema de supervisión y regulación de los servicios de telecomunicaciones, procurando una mayor eficiencia en su prestación y una mejor protección para los usuarios. Paralelamente, el ordenamiento jurídico ha incorporado instrumentos dirigidos a fortalecer la seguridad de las comunicaciones y prevenir su utilización con fines ilícitos. En ese sentido, el Decreto 1630 de 2011 adoptó medidas para restringir la operación de equipos terminales móviles hurtados, mientras que la Ley 1908 de 2018 fortaleció la lucha contra las organizaciones criminales e incorporó disposiciones dirigidas a controlar las comunicaciones realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios, ordenando la implementación de mecanismos que permitan identificar las llamadas originadas desde dichos centros de reclusión. La regulación administrativa también ha evolucionado en esa misma dirección. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), mediante la Resolución CRC 5050 de 2016, compiló el régimen regulatorio aplicable al sector e incorporó disposiciones relacionadas con la protección de los usuarios, la identificación de llamadas y otras obligaciones dirigidas a fortalecer la seguridad y transparencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. De otra parte, el tratamiento de la información personal derivado de las medidas previstas en esta iniciativa encuentra respaldo en las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, las cuales desarrollan el derecho fundamental al habeas data y establecen los principios, derechos, deberes y garantías aplicables al tratamiento de datos personales. En consecuencia, cualquier mecanismo de identificación, autenticación o registro que se implemente en desarrollo de la presente ley deberá sujetarse estrictamente a los principios de legalidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad, seguridad y confidencialidad previstos en dichas normas. No obstante los importantes avances alcanzados por este marco normativo, la legislación colombiana aún carece de un sistema integral que articule la identificación plena de los titulares de las líneas móviles con mecanismos que permitan autenticar el origen de las llamadas y mensajes de texto, fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones y reducir el uso de los servicios de telecomunicaciones para la comisión de delitos como la extorsión, la suplantación de identidad y el fraude digital. En ese contexto, el presente proyecto de ley no sustituye el marco jurídico existente, sino que lo complementa y desarrolla. La iniciativa armoniza las normas vigentes en materia de telecomunicaciones, seguridad ciudadana y protección de datos personales, incorporando herramientas que responden a los desafíos actuales derivados de la evolución tecnológica y de las nuevas modalidades delictivas que utilizan las redes públicas de telecomunicaciones móviles como instrumento para su comisión. De esta manera, se busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en las comunicaciones móviles y dotar al Estado de mecanismos más eficaces para prevenir, investigar y judicializar estas conductas, garantizando siempre el respeto por los derechos fundamentales y el tratamiento adecuado de la información personal.
3. CONFLICTO DE INTERÉS
El artículo 293 de la Ley 5ta de 1992, modificado por el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, establece la obligación de los autores y ponentes de presentar en el cuerpo de la exposición de motivos las posibles circunstancias o eventos que puedan configurar un conflicto de interés a la luz del artículo 286 de la Ley 5ta de 1992. En el caso particular, es necesario mencionar el inciso segundo del artículo 286 del Reglamento del Congreso, el cual establece lo siguiente:
“…Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias: a) Cuando el congresista participe, discuta o vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir, cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores. b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.” De la norma citada se evidencia que el presente proyecto de ley establece medidas dirigidas a fortalecer la identificación de los titulares de las líneas móviles, la autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones realizadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles y la prevención de la extorsión, la suplantación de identidad, el fraude y demás conductas ilícitas asociadas al uso de estos servicios. Se trata de una regulación de carácter general, abstracto e impersonal, cuyos efectos están dirigidos a fortalecer la seguridad de las comunicaciones móviles, proteger a los usuarios y dotar al Estado de herramientas para prevenir e investigar la comisión de delitos, sin conferir beneficios particulares, directos o inmediatos a los congresistas. Ahora bien, el Consejo de Estado, en sentencia proferida el 10 de noviembre de 2009, hizo las siguientes precisiones al referirse a los elementos que deben concurrir para que se configure la violación al régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura:
“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”. En consecuencia, sin perjuicio del deber individual que asiste a cada congresista de evaluar y declarar los conflictos de interés que puedan configurarse durante el trámite de la presente iniciativa, podrían presentarse situaciones de conflicto respecto de quienes, por sí mismos o por interpuesta persona, tengan un interés particular, directo y actual derivado de su participación en sociedades operadoras de telecomunicaciones, operadores móviles virtuales, empresas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones, sociedades dedicadas a la comercialización o distribución de tarjetas SIM, eSIM o tecnologías equivalentes, empresas que administren o utilicen masivamente recursos de identificación de llamadas o mensajes de texto regulados por la presente ley, o cualquier otra actividad directamente relacionada con las materias objeto de esta iniciativa, así como en los demás eventos previstos en la Constitución Política, la Ley 5ta de 1992 y la Ley 2003 de 2019.
4. IMPACTO FISCAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se deja constancia de que el presente proyecto de ley puede generar impactos fiscales derivados de la implementación de algunas de las medidas previstas en su articulado, en particular aquellas relacionadas con la creación, administración e interoperabilidad del Registro Único de Usuarios de Telefonía Móvil (RUUTM), así como con el fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos, operativos y de supervisión requeridos para garantizar la autenticidad de las comunicaciones móviles y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley. No obstante, la iniciativa no ordena apropiaciones presupuestales específicas, no crea rentas de destinación específica ni modifica las competencias constitucionales y legales del Gobierno nacional en materia de programación presupuestal. La implementación de las medidas previstas deberá sujetarse al Marco Fiscal de Mediano Plazo, al Marco de Gasto de Mediano Plazo, a la disponibilidad presupuestal, a las apropiaciones que anualmente apruebe el Congreso de la República mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación y a las demás normas fiscales y presupuestales vigentes.
Por su parte, las obligaciones de carácter técnico, operativo y tecnológico que recaen sobre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, los operadores móviles virtuales y los demás sujetos regulados deberán ser asumidas por estos en el marco de sus obligaciones legales y regulatorias, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación o cofinanciación que el Gobierno nacional pueda establecer durante la reglamentación de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, durante el trámite legislativo se solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el concepto correspondiente sobre el impacto fiscal de la presente iniciativa y, de ser procedente, el respectivo aval fiscal, para que, en el marco de sus competencias, emita las observaciones que considere pertinentes. Asimismo, resulta pertinente reiterar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, según el cual la exigencia de analizar el impacto fiscal de los proyectos de ley no puede convertirse en una barrera para el ejercicio de la función legislativa ni otorgar al Gobierno nacional un poder de veto sobre la iniciativa parlamentaria. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-502 de 2007, precisó que las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 deben interpretarse de manera armónica con el principio democrático y la autonomía del Congreso de la República para ejercer su función legislativa.
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Паспорт акта
- Юрисдикция
- Колумбия
- Официальное наименование
- Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la identificación de los titulares de las líneas móviles, la autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones cursadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles, se adoptan mecanismos para prevenir el fraude y otros usos ilícitos de estos servicios, y se dictan otras disposiciones - Ley No Más Extorsión y Suplantación Telefónica
- Вид и уровень акта
- законопроект
- Дата принятия
- внесение 30 сентября 2026 года
- Статус
- законопроект: на рассмотрении
- Регулятор
- Министерство технологий информации и коммуникаций, Комиссия по регулированию коммуникаций
Предмет и цель
- Проблема
- рост преступлений, связанных с использованием телефонных сетей для мошенничества, вымогательства, подделки идентичности и других незаконных действий.
- Цель
- установить меры для полной идентификации владельцев мобильных линий, обеспечения подлинности и прослеживаемости коммуникаций, предотвращения мошенничества и других незаконных злоупотреблений мобильными услугами.
- Целевые показатели
- отсутствуют
- Сфера действия
- операторы мобильной связи, дистрибьюторы SIM-карт, пользователи, государственные органы контроля.
- Исключения
- нет
Субъекты
| Роль | Кто именно | Критерии отнесения | Оценка числа адресатов |
|---|---|---|---|
| поставщик, платформа, оператор, потребитель, государственный орган | операторы мобильной связи, дистрибьюторы SIM-карт, пользователи, государственные органы контроля | наличие лицензии оператора, использование услуг мобильной связи | около 1 200 операторов (пояснительная записка) |
- Группы особой защиты
- потребители, уязвимые группы населения
Нормы 1
Каждая строка — одна норма: кто что должен, через что она меняет поведение, во что обходится и чем подкреплена.
-
статья, часть, пункт обязанность, запрет, ограничение, право, полномочие, ответственность поставщик, оператор, пользователь, госорган
одно предложение «кто что должен»
- Механизм воздействия
- барьер входа, операционные издержки, информирование, ограничение модели, распределение риска
- Издержки: канал
- административный, содержательный, капитальный
- Издержки: характер
- регулярный, по событию
- Событие-триггер
- до начала деятельности, при сборе, по обращению, при инциденте, по запросу органа, постоянно
- Санкция
- отсутствует
- Форма исполнения
- цифровая, бумажная, смешанная
- Российский аналог
- требует проверки1. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 3 ч. 1— Адресат: оператор, пользователь— Суть: Обязательная идентификация владельца мобильной линии перед её активацией— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: барьер входа— Канал издержек: административный— Характер издержек: разовый— Событие-триггер: до начала деятельности— Российский аналог: отсутствует2. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 4 ч. 1— Адресат: оператор, госорган— Суть: Проведение обязательной процедуры верификации личности владельца мобильной линии— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: операционные издержки— Канал издержек: административный— Характер издержек: регулярный— Событие-триггер: постоянно— Российский аналог: отсутствует3. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 5 ч. 1— Адресат: оператор, дистрибьютор SIM-карты— Суть: Запрет продажи активных SIM-карт; возможность активации исключительно оператором или виртуальным оператором после прохождения процедур идентификации— Тип предписания: запрет— Механизм воздействия: барьер входа— Канал издержек: административный— Характер издержек: разовый— Событие-триггер: до начала деятельности— Российский аналог: отсутствует4. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 6 ч. 1— Адресат: оператор, юридическое лицо— Суть: Регистрация юридического лица и ответственного физического лица при использовании нескольких мобильных линий— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: операционные издержки— Канал издержек: административный— Характер издержек: регулярный— Событие-триггер: постоянно— Российский аналог: отсутствует5. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 7 ч. 1— Адресат: оператор, новый владелец— Суть: Необходимость повторного подтверждения личности при смене владельца мобильной линии— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: барьер входа— Канал издержек: административный— Характер издержек: разовый— Событие-триггер: при инциденте— Российский аналог: отсутствует6. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 8 ч. 1— Адресат: оператор, пользователь— Суть: Требование предварительной верификации личности при замене или дублировании SIM-карты, а также при портативности номера— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: барьер входа— Канал издержек: административный— Характер издержек: разовый— Событие-триггер: событие— Российский аналог: отсутствует7. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 9 ч. 1— Адресат: физическое лицо— Суть: Ограничение количества зарегистрированных мобильных линий одним физическим лицом— Тип предписания: ограничение— Механизм воздействия: барьер входа— Канал издержек: административный— Характер издержек: разовый— Событие-триггер: постоянное— Российский аналог: отсутствует8. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 11 ч. 1— Адресат: оператор, госорган— Суть: Создание единого национального регистра пользователей мобильной телефонии (RUUTM)— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: информационное воздействие— Канал издержек: административный— Характер издержек: регулярный— Событие-триггер: постоянно— Российский аналог: отсутствует9. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 12 ч. 1— Адресат: оператор, госорган— Суть: Обязанность регулярного обновления и поддержания актуальности информации о пользователях мобильной телефонии в RUUTM— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: операционные издержки— Канал издержек: административный— Характер издержек: регулярный— Событие-триггер: постоянно— Российский аналог: отсутствует10. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 13 ч. 1— Адресат: оператор, госорган— Суть: Установление конфиденциальности информации в RUUTM и доступ только уполномоченным органам— Тип предписания: обязанность— Механизм воздействия: ограничительные меры— Канал издержек: административный— Характер издержек: регулярный— Событие-триггер: постоянно— Российский аналог: отсутствует11. [НОРМА]— Адрес нормы: ст. 15 ч. 1— Адресат: юридические лица— Суть: Идентификация юридических лиц, отправляющих массовые сообщения, путем указания четкой и проверяемой информа
Details
| Country | Колумбия |
| Body | Палата представителей Колумбии |
| Type | law / bill |
| Language | es |
| Document date | — |
| Size | 57 066 знаков |
| Versions | 1 |
| First seen | 2026-10-29 |
| Last checked | 2026-11-16 03:08 |
| full_text_url | https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/10/proyectos-ley/documentos/proyecto-36498/PROYECTO-DE-LEY-No-Mas-Extorsion-y-Suplantacion-Telefonica-VF.pdf |
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…autenticidad y trazabilidad de las comunicaciones cursadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles, se adoptan mecanismos para prevenir el fraude y otros usos ilícitos de estos ser…
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…azabilidad y confiabilidad de las comunicaciones realizadas a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles; fortalecer la protección de los usuarios; y adoptar medidas para prevenir la ext…
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…posiciones de la presente ley serán aplicables a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales; a los distribuidores y comercializad…
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Telecom and infrastructure
…originar llamadas, mensajes de texto u otras comunicaciones a través de redes públicas de telecomunicaciones móviles; y a las entidades públicas que ejerzan funciones de regulación, inspección, vigi…
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Personal data
…cas que ejerzan funciones de regulación, inspección, vigilancia, control, investigación o protección de datos personales en esta materia. ## capítulo ii ## titularidad, registro y activación de...…
Dropped as boilerplate or single passing mentions: comercio electrónicodistributed ledgerdistributed ledgerdigital government
Summary
The law establishes requirements for identifying mobile line owners, ensuring the authenticity and traceability of communications through public mobile communication networks. It mandates mandatory identification of users, registration of their data, monitoring of activation and portability processes, and protection against fraud and identity swapping. The provisions apply to mobile operators, SIM card distributors, users, and regulatory authorities.