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Law of Colombia on Enhancing Victims' Protection Against Extortion with Focus on Rural Areas
Por medio de la cual se adoptan medidas integrales de prevención y persecución del delito de extorsión con enfoque de ruralidad, se fortalece la protección de sus víctimas con especial atención al ámbito rural y a las Juntas de Acción Comunal, se garantiza el deber de suministro y preservación de información financiera y de telecomunicaciones útil a la investigación, se fortalece el control de las
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Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2026
Señor
Miguel Ángel Sánchez Vásquez
Secretario General - Cámara de Representantes secretaria.general@camara.gov.co Ciudad
Asunto: Radicación del Proyecto de Ley: "Por medio de la cual se adoptan medidas integrales de prevención y persecución del delito de extorsión con enfoque rural, se fortalece la protección de sus víctimas, se garantiza el deber de suministro y preservación de información financiera y de telecomunicaciones útil a la investigación, se fortalece el control de las comunicaciones no autorizadas y el régimen disciplinario en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, se adoptan medidas de control en la activación de líneas de telefonía móvil, y se adicionan y modifican la Ley 986 de 2005, la Ley 282 de 1996 y la Ley 65 de 1993"
Respetado Doctor:
Por medio de la presente, me permito radicar el Proyecto de Ley del asunto, mediante el cual se adopta una respuesta integral frente al delito de extorsión con enfoque de ruralidad: se garantizan los derechos de sus víctimas, en especial de quienes lo padecen en el ámbito rural y de los dignatarios y afiliados de las Juntas de Acción Comunal; se fortalece la trazabilidad y preservación de los recursos y de las comunicaciones que sirven a este delito; se refuerza el control estatal sobre su comisión desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios; y se adoptan medidas de control en la activación de líneas de telefonía móvil, mediante la reforma de la Ley 986 de 2005, de la Ley 282 de 1996 y de la Ley 65 de 1993.
En tal sentido, respetuosamente solicito proceder según el trámite previsto legal y constitucionalmente para tales efectos.
Cordialmente,
MILTON VIRGILIO CARREÑO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara por el Meta
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PROYECTO DE LEY No. ______ DE 2026 CÁMARA
"Por medio de la cual se adoptan medidas integrales de prevención y persecución del delito de extorsión con enfoque de ruralidad, se fortalece la protección de sus víctimas con especial atención al ámbito rural y a las Juntas de Acción Comunal, se garantiza el deber de suministro y preservación de información financiera y de telecomunicaciones útil a la investigación, se fortalece el control de las comunicaciones no autorizadas y el régimen disciplinario en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, se adoptan medidas de control en la activación de líneas de telefonía móvil, y se adicionan y modifican la Ley 986 de 2005, la Ley 282 de 1996 y la Ley 65 de 1993"
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
TÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Modifíquese el título de la Ley 986 de 2005, el cual quedará así:
"Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro, la toma de rehenes, la desaparición forzada y la extorsión y a sus familias, y se dictan otras disposiciones."
Artículo 2. Objeto. La presente ley tiene por objeto adoptar una respuesta integral frente al delito de extorsión: garantizar los derechos de sus víctimas, en especial de quienes lo padecen en el ámbito rural y de los dignatarios y afiliados de las Juntas de Acción Comunal en su condición de líderes comunitarios, asegurando su protección y la de quien denuncia; hacer efectivo el deber de suministro y preservación de información útil en las investigaciones por los delitos de secuestro y extorsión, incluida la relativa a los recursos que circulan por razón de este delito; fortalecer el control estatal sobre las comunicaciones no autorizadas utilizadas para extorsionar desde establecimientos penitenciarios y carcelarios y el régimen disciplinario aplicable; y adoptar medidas de control en la activación de líneas de telefonía móvil, todo ello mediante la adición y modificación de la Ley 986 de 2005, de la Ley 282 de 1996 y de la Ley 65 de 1993, y estableciendo el régimen sancionatorio correspondiente.
TÍTULO II — PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Artículo 3. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 986 de 2005, el cual quedará así:
"Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer, en virtud del principio de solidaridad social y del cumplimiento de los deberes del Estado consagrados en la Constitución Política, un sistema de protección para las víctimas del secuestro, toma de Carrera 7 N.º 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 615 Teléfono (+57) (601) 8770720 Ext. 3079 Correo:
rehenes, desaparición forzada y extorsión, así como para sus familias y las personas que dependan económicamente de ellas, en los términos y con el alcance establecidos en la presente ley".
Artículo 4. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 986 de 2005, el cual quedará así:
"Artículo 2. Destinatarios. Los instrumentos de protección consagrados en esta ley se aplican a las víctimas del delito de secuestro, a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, a sus familias y a las personas que dependan económicamente de ellas.
Los instrumentos que señala el artículo 2A de esta ley se aplican además a las víctimas del delito de extorsión certificadas conforme al artículo 2B, a sus familias y a las personas que dependan económicamente de ellas, durante el período protegido allí definido.
Los instrumentos de los Capítulos I y IV del Título II de esta ley se aplican igualmente a la empresa unipersonal de la que sea titular la víctima, en los mismos términos."
Artículo 5. Adiciónese a la Ley 986 de 2005 el artículo 2A, del siguiente tenor:
"Artículo 2A. Instrumentos aplicables a la víctima de extorsión y período protegido. A la víctima certificada del delito de extorsión le son aplicables, durante el período protegido, los siguientes instrumentos de esta ley: la presunción de fuerza mayor y las reglas de interrupción y suspensión de plazos, términos y procesos de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14; la continuidad en el sistema de seguridad social en salud en los términos del artículo 17; los programas de asistencia psicológica y psiquiátrica del artículo 18; los instrumentos en materia educativa del artículo 19; y la suspensión de términos en materia tributaria del artículo 20.
No le son aplicables los instrumentos que presuponen el cautiverio o la ausencia de la víctima, en particular los previstos en los artículos 4, 15, 16 y 26 de esta ley, ni el régimen de curaduría de bienes.
El período protegido inicia en la fecha de presentación de la noticia criminal y se extiende hasta seis (6) meses después de la fecha en que la Fiscalía General de la Nación verifique el cese del constreñimiento. En ningún caso el período protegido excederá de dos (2) años contados desde la noticia criminal. Podrá prorrogarse por una sola vez, hasta por un (1) año adicional, mediante decisión motivada de la autoridad certificadora, cuando el constreñimiento persista.
Parágrafo. Para la aplicación de los instrumentos a la víctima de extorsión, las referencias que los artículos señalados hacen al secuestro, al cautiverio o a la libertad de la víctima se entienden hechas, respectivamente, a la extorsión, al período protegido y a la certificación de su terminación."
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Artículo 6. Adiciónese a la Ley 986 de 2005 el artículo 2B, del siguiente tenor:
"Artículo 2B. Certificación de la condición de víctima de extorsión. La condición de víctima del delito de extorsión se acredita mediante certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación a partir de la noticia criminal, de oficio o a solicitud de la víctima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud.
La noticia criminal podrá presentarse a través de un canal reservado de recepción dispuesto por los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, sin perjuicio de los demás canales legales de denuncia. Cuando la víctima sea afiliada o dignataria de una Junta de Acción Comunal reconocida conforme a la Ley 743 de 2002, la respectiva Junta podrá orientarla y acompañarla en la presentación de la noticia criminal a través de ese canal reservado, sin que ello sustituya la voluntad de la víctima ni altere el carácter personal e indelegable de la denuncia. La Fiscalía General de la Nación reglamentará el funcionamiento del canal reservado dentro de su estructura y funciones existentes.
La Fiscalía General de la Nación verificará y certificará igualmente el cese del constreñimiento, para los efectos del período protegido del artículo 2A.
La certificación, el registro de beneficiarios y la información de las víctimas certificadas gozarán de reserva, en los términos del artículo 2D de esta ley. El registro se llevará dentro del Centro Nacional de Datos sobre Secuestro, Extorsión y demás Atentados contra la Libertad Personal, previsto en el inciso final del artículo 3 de la Ley 282 de 1996, sin crear sistemas de información nuevos. El registro de beneficiarios de que trata este artículo no se incorporará al registro previsto en el literal c) del artículo 3 de la Ley 282 de 1996, no se remitirá a las notarías y no dará lugar a las obligaciones especiales para notarios públicos del artículo 17 de la misma ley.
Parágrafo. La certificación acredita la condición de víctima exclusivamente para el acceso a los instrumentos de protección previstos en esta ley, pero no constituirá valoración probatoria de los hechos denunciados ni prejuzgamiento sobre la responsabilidad penal de persona alguna.
Para la víctima del delito de extorsión, la certificación de que trata este artículo sustituye la certificación judicial del artículo 5 de esta ley, y su inscripción en el registro no requerirá el proceso de declaración de ausencia ni el nombramiento de curador de bienes previstos en los artículos 3, numeral 2, 4 y 26 de esta ley."
Artículo 7. Adiciónese a la Ley 986 de 2005 el artículo 2C, del siguiente tenor:
"Artículo 2C. Atención especializada. El Gobierno Nacional, por conducto de los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Salud y Protección Social, este último bajo la coordinación del Carrera 7 N.º 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 615 Teléfono (+57) (601) 8770720 Ext. 3079 Correo:
primero, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, diseñará y ejecutará, dentro del marco de sus competencias y con cargo a las apropiaciones presupuestales vigentes de los respectivos sectores, programas de atención dirigidos a las víctimas certificadas del delito de extorsión que comprendan el seguimiento del caso, la orientación jurídica y el acompañamiento psicosocial de la víctima y de su núcleo familiar, con enfoque territorial y prioridad para el ámbito rural y para los dignatarios y afiliados de las Juntas de Acción Comunal.
Parágrafo primero. Estos programas podrán incluirse entre los que el Gobierno Nacional financie con cargo al porcentaje que le corresponde en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, en los términos de su reglamentación. Este artículo no crea entidades, dependencias, plantas de personal ni fondos, ni modifica la distribución prevista en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.
Parágrafo segundo. Cuando la víctima certificada sea dignataria o afiliada de una Junta de Acción Comunal y el hecho esté relacionado con su labor comunitaria, la orientación jurídica del programa le informará sobre la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 7 del artículo 245 de la Ley 599 de 2000 para la extorsión cometida contra un líder comunitario, sin que ello constituya prejuzgamiento ni valoración probatoria alguna."
Artículo 8. Adiciónese a la Ley 986 de 2005 el artículo 2D, del siguiente tenor:
"Artículo 2D. Protección y reserva de identidad. La víctima certificada de extorsión y su núcleo familiar accederán, según la evaluación de riesgo correspondiente, a los programas de protección existentes de la Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades competentes, conforme a las normas que los regulan. Este artículo no ordena la creación de programas ni de esquemas de protección nuevos.
Cuando la víctima certificada sea dignataria o afiliada de una Junta de Acción Comunal amenazada u hostigada con ocasión de su labor comunitaria o de la denuncia del hecho extorsivo, la evaluación de riesgo tendrá en cuenta esa condición como factor relevante, en armonía con el reconocimiento que el numeral 7 del artículo 245 de la Ley 599 de 2000 hace del liderazgo comunitario como circunstancia de agravación de la extorsión.
La identidad de la víctima certificada gozará de reserva frente a terceros y frente al público en la certificación, en el registro y en todas las actuaciones administrativas derivadas de esta ley, así como en el canal reservado de recepción de la noticia criminal.
Esta reserva no será oponible a la defensa dentro del proceso penal. Cuando la declaración de la víctima se incorpore como prueba en la actuación penal, su identidad se regirá por las normas del proceso y por las garantías de publicidad y contradicción de la prueba, sin perjuicio de las medidas de protección distintas de la reserva de identidad que procedan."
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TÍTULO III — DEBER DE SUMINISTRO, TRAZABILIDAD Y PRESERVACIÓN DE INFORMACIÓN
Artículo 9. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 282 de 1996, el cual quedará así:
"Artículo 19. Obligación de suministrar información. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, cualquiera que sea la tecnología que empleen y el título que los habilite, deberán suministrar la información que sea útil en la investigación de los delitos de secuestro y extorsión, de conformidad con los requisitos, límites y autorizaciones establecidos en la Constitución Política y la ley, a los funcionarios judiciales y a los servidores públicos que cumplan funciones de policía judicial, cuando estos la soliciten en desarrollo de una investigación penal y con el lleno de los requisitos constitucionales y legales aplicables a la respectiva solicitud u orden.
La información deberá ponerse en conocimiento de la autoridad solicitante dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de la solicitud. Cuando el acceso a la información requiera autorización u orden judicial previa, el término se contará desde la comunicación de la orden al obligado.
La solicitud deberá motivarse e informarse a la Procuraduría General de la Nación para su conocimiento. El obligado guardará reserva sobre la existencia y el contenido de la solicitud.
El incumplimiento de la obligación de suministro dentro del término previsto en el inciso segundo de este artículo, el suministro incompleto o inexacto y la violación de la reserva constituyen infracción al régimen de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y serán sancionados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme al régimen de infracciones y sanciones de la Ley 1341 de 2009 y a las reglas del artículo 19C de esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias a que haya lugar."
Artículo 10. Adiciónese a la Ley 282 de 1996 el artículo 19A, del siguiente tenor:
"Artículo 19A. Extensión del deber de información. La obligación prevista en el artículo 19 de esta ley, con el mismo término de veinticuatro (24) horas, se extiende a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a los proveedores de servicios de pago y de billeteras digitales, a los operadores postales de pago y empresas de giros, y a las cooperativas y demás organizaciones de la economía solidaria que ejerzan actividad financiera bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, respecto de la información útil para la investigación de los delitos de secuestro y extorsión.
Parágrafo 1. El acceso a la información financiera sometida a reserva requiere autorización u orden judicial previa, en los términos de la Constitución Política y del Código de Carrera 7 N.º 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 615 Teléfono (+57) (601) 8770720 Ext. 3079 Correo:
Procedimiento Penal. El término de veinticuatro (24) horas se contará desde la comunicación de la orden judicial al obligado.
Parágrafo 2. Nada de lo dispuesto en este artículo modifica los requisitos sustanciales o procesales para decretar u obtener esa autorización."
Artículo 11. Adiciónese a la Ley 282 de 1996 el artículo 19B, del siguiente tenor:
"Artículo 19B. Preservación urgente de información financiera. Cuando un Gaula o la Fiscalía General de la Nación informe a alguno de los obligados del artículo 19A la existencia de una extorsión en curso e identifique el producto financiero receptor del pago exigido o ya realizado, el obligado deberá, dentro de las dos (2) horas siguientes a la comunicación:
1. Preservar, sin alterar ni eliminar, los registros transaccionales asociados a ese producto durante un término de noventa (90) días calendario, prorrogable por una sola vez por el mismo término a solicitud motivada de la autoridad, mientras se obtiene la autorización u orden judicial que habilite su entrega o afectación conforme al artículo 19A.
2. Marcar internamente el producto para monitoreo reforzado frente a operaciones de retiro, transferencia o fraccionamiento, sin suspender el acceso del titular al producto ni informarle de la existencia de la solicitud, salvo que la autoridad competente disponga lo contrario.
3. Comunicar a la autoridad solicitante, dentro del mismo término de dos (2) horas, la confirmación de la preservación y la identificación genérica del producto, sin que ello equivalga a la entrega de la información protegida por la reserva financiera.
Parágrafo 1. La preservación de que trata este artículo no habilita el acceso, la entrega ni el bloqueo o inmovilización de los recursos, actuaciones que continúan sujetas a la autorización u orden judicial previa exigida por la Constitución Política, por el Código de Procedimiento Penal y por el régimen de extinción de dominio de la Ley 1708 de 2014. Este artículo no crea una medida cautelar nueva; es una obligación de conservación de evidencia dentro del deber general de colaboración con la administración de justicia.
Parágrafo 2. El cumplimiento de buena fe del deber de preservación no genera responsabilidad civil, penal ni disciplinaria para el obligado ni para sus administradores o empleados frente al titular del producto.
Parágrafo 3. La Unidad de Información y Análisis Financiero, dentro de sus competencias legales, podrá recibir de los obligados el reporte agregado y estadístico del cumplimiento de este artículo para efectos de sus propios análisis de inteligencia financiera, sin perjuicio de la reserva de las actuaciones penales en curso."
Artículo 12. Adiciónese a la Ley 282 de 1996 el artículo 19C, del siguiente tenor:
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"Artículo 19C. Régimen sancionatorio del deber de información y de preservación. Constituyen infracción administrativa las siguientes conductas de los sujetos obligados por los artículos 19, 19A y 19B de esta ley:
1. Omitir la respuesta dentro del término legal.
2. Suministrar la información de manera incompleta, inexacta o en formato que impida su uso en la investigación.
3. Revelar a terceros la existencia o el contenido de la solicitud.
4. Omitir o realizar tardíamente la preservación urgente ordenada por el artículo 19B, o alterar los registros transaccionales objeto de preservación.
Las infracciones serán sancionadas con multa de cien (100) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, graduada según la gravedad de la conducta, su reincidencia, la capacidad económica del infractor y la afectación causada a la investigación.
La sanción será impuesta: a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro del régimen de la Ley 1341 de 2009; a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y a los proveedores de servicios de pago, billeteras digitales y operadores postales de pago y empresas de giros, por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la superintendencia que ejerza su vigilancia; y a las organizaciones de la economía solidaria con actividad financiera, por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Las sanciones previstas en este artículo se imponen sin perjuicio de las que correspondan conforme al régimen general de cada autoridad, y en particular de las del artículo 65 de la Ley 1341 de 2009; en ningún caso se entenderán como sustitutivas ni como límite de aquellas. El procedimiento administrativo sancionatorio se adelantará conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en lo no previsto por los regímenes especiales de cada autoridad."
TÍTULO IV — PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN DESDE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
"Artículo 16A. Comunicaciones no autorizadas. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, deberá realizar todas las acciones necesarias para evitar que se establezcan comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos, tales como bloquear o inhibir dichas comunicaciones.1
1Texto original del inciso primero del artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, conforme a la compilación jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, consultada el 9 de septiembre de Carrera 7 N.º 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 615 Teléfono (+57) (601) 8770720 Ext. 3079 Correo:
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, deberá incluir en el diseño y construcción de los establecimientos penitenciarios y carcelarios los requerimientos técnicos necesarios que impidan, por parte de los internos, el uso de dispositivos de comunicación no autorizados.
Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la USPEC eliminará o inutilizará los puntos de conexión eléctrica de acceso individual dentro de los dormitorios y celdas de los pabellones de los establecimientos de reclusión que el INPEC clasifique como de mayor riesgo de extorsión intramuros conforme a criterios técnicos verificables, dejando únicamente puntos de carga de uso colectivo, ubicados en áreas comunes y bajo supervisión directa del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. La adecuación de los establecimientos restantes se sujetará al cronograma que para el efecto fije el INPEC, priorizando aquellos con mayor incidencia de extorsión asociada al uso de equipos de comunicación.
Parágrafo 1. Los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones procederán, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al requerimiento formal del INPEC, al bloqueo de los números de identidad internacional del equipo móvil (IMEI) y de los números de identidad internacional del abonado móvil (IMSI) que el INPEC identifique como utilizados para comunicaciones no autorizadas desde sus establecimientos, conforme al protocolo técnico que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley. El incumplimiento de este término constituye infracción sancionable conforme al régimen de la Ley 1341 de 2009.
Parágrafo 2. El uso del terminal móvil por fuera de los casos autorizados será considerado falta gravísima para el funcionario que lo permita o lo facilite, y falta grave para la persona privada de la libertad, conforme al artículo 123 de esta ley.
Parágrafo 3. Las medidas de bloqueo o inhibición de señal se implementarán con las salvaguardas técnicas necesarias para no afectar de manera desproporcionada las comunicaciones legítimas de la población y de las autoridades en las zonas aledañas a los establecimientos."
Artículo 14. Adiciónese a la Ley 65 de 1993 el artículo 16B, del siguiente tenor:
"Artículo 16B. Régimen disciplinario reforzado frente a la extorsión intramuros. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 123 de esta ley y en el régimen disciplinario aplicable, constituye falta gravísima la connivencia, tolerancia o facilitación, por acción o por omisión, por parte de un servidor o contratista del INPEC o de la USPEC, de actividades de extorsión ejercidas
2026 (normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/ley_1709_2014.htm). Se conserva íntegro; el proyecto solo adiciona los incisos siguientes.
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desde un establecimiento de reclusión, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.
El hallazgo de un dispositivo de comunicación no autorizado en un área bajo la responsabilidad directa de un servidor del Cuerpo de Custodia y Vigilancia dará lugar, de manera inmediata, al inicio de la indagación disciplinaria correspondiente por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno del INPEC, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación."
Artículo 15. Adiciónese a la Ley 65 de 1993 el artículo 16C, del siguiente tenor:
"Artículo 16C. Fortalecimiento del Ministerio Público en el sistema penitenciario. La Procuraduría General de la Nación, por conducto de la dependencia competente para el ejercicio del Ministerio Público en asuntos penitenciarios y carcelarios,2 priorizará el ejercicio de la vigilancia superior y preventiva en los establecimientos de reclusión que el INPEC clasifique como de mayor riesgo de extorsión intramuros conforme al artículo 16A de esta ley.
La dependencia competente rendirá a las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes un informe semestral sobre los hallazgos de su vigilancia, las medidas correctivas y disciplinarias promovidas, y el estado de cumplimiento de los artículos 16A y 16B de esta ley.
Parágrafo. Este artículo no crea dependencias, plantas de personal ni fondos, y se ejecuta con cargo a la estructura y a las apropiaciones presupuestales vigentes de la Procuraduría General de la Nación."
TÍTULO V — CONTROL EN LA ACTIVACIÓN DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 16. Fortalecimiento de la verificación de identidad en la activación de líneas prepago. El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, dentro del ámbito de sus competencias legales y dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, revisará y fortalecerá las condiciones de verificación de identidad exigidas para la activación de líneas móviles bajo la modalidad de prepago previstas en la regulación vigente sobre registro de abonados3, incorporando mecanismos de 2La Procuraduría General de la Nación ejerce el Ministerio Público en el sistema penitenciario y carcelario a través de una dependencia delegada para ese efecto, conforme al directorio institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho (LegalApp, minjusticia.gov.co, consultado el 9 de septiembre de 2026). La denominación exacta de la dependencia y su fundamento en la estructura interna de la Procuraduría (Decreto Ley 262 de 2000 y resoluciones internas de planta) deben verificarse y precisarse en el texto definitivo antes de la radicación. 3Comisión de Regulación de Comunicaciones, Resolución CRC 5050 de 2016, régimen unificado de telecomunicaciones, en lo relativo al registro de abonados de servicios de telefonía móvil bajo la modalidad de prepago; texto compilado consultado en Carrera 7 N.º 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 615 Teléfono (+57) (601) 8770720 Ext. 3079 Correo:
validación biométrica o de contraste con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con prioridad en los municipios que el INPEC y la Policía Nacional identifiquen con mayor incidencia de extorsión asociada a líneas sin plena identificación de su titular.
Parágrafo. Esta disposición no modifica las competencias regulatorias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ni el régimen técnico de las telecomunicaciones; ordena su ejercicio con la prioridad y dentro del término aquí fijados.
Artículo 17. Adiciónese a la Ley 282 de 1996 el artículo 19D, del siguiente tenor:
"Artículo 19D. Reporte de patrones anómalos de activación. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán reportar al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, competente, los patrones de activación masiva o sucesiva de líneas prepago desde un mismo punto de venta o identidad que resulten inusuales conforme a los criterios que defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin perjuicio de las obligaciones de suministro de información previstas en el artículo 19 de esta ley. El incumplimiento de este deber se sanciona conforme al artículo 19C de esta ley."
TÍTULO VI — DISPOSICIONES FINALES
Artículo 18. Régimen de transición. Los instrumentos de protección previstos en el Título II de esta ley se aplican a las víctimas cuyo constreñimiento esté en curso a la fecha de su entrada en vigencia, caso en el cual la noticia criminal anterior a la vigencia es válida como puerta de entrada y el período protegido se contará desde la entrada en vigencia de la ley. Los hechos cuyo constreñimiento hubiere cesado antes de la vigencia no dan lugar a los instrumentos de interrupción y suspensión de los artículos 10 a 14 y 20 de la Ley 986 de 2005, sin perjuicio del acceso a los programas del artículo 2C de esa ley dentro de su cobertura y disponibilidad. El régimen sancionatorio de los artículos 19, 19A, 19B, 19C y 19D de la Ley 282 de 1996 se aplica a las solicitudes de información, a las comunicaciones de preservación y a los reportes efectuados a partir de la vigencia de esta ley. Los términos de adecuación técnica y disciplinaria previstos en el Título IV corren a partir de la misma fecha.
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Quedan sin efecto, por sustitución integral del artículo 19 de la Ley 282 de 1996, la remisión al artículo 53 del Decreto 1900 de 1990 y la remisión a los artículos 102 y siguientes de la Ley 104 de 1993 contenidas en su texto anterior.
normograma.crcom.gov.co el 9 de septiembre de 2026. La resolución específica que en 2026 fortalezca o sustituya este registro debe verificarse al momento del primer debate.
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De los Honorables Congresistas,
MILTON VIRGILIO CARREÑO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara por el Meta
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Qué propone este proyecto
Este proyecto responde a un solo fenómeno —la extorsión, y en particular la que sufre el campo colombiano— desde sus cuatro puntos de mayor rendimiento: la víctima que hoy no denuncia porque denunciar la expone y no le resuelve nada; el pago que, una vez hecho, se pierde en minutos por canales que nadie tiene hoy el deber legal de preservar; el aparato de comunicaciones no autorizadas que, desde el interior de las cárceles, sostiene buena parte de la extorsión telefónica; y la línea móvil
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sin identificación plena que hace posible amenazar sin dejar rastro. No reforma el Código Penal ni crea medidas cautelares, entidades, plantas ni fondos nuevos. No le dice a la Fiscal General cómo asignar sus fiscales, facultad que el artículo 251 numeral 3 de la Constitución le reserva. Cada uno de sus cuatro títulos sustantivos opera sobre una obligación, una autoridad y un procedimiento ya existentes, y los hace exigibles, oportunos o técnicamente eficaces donde hoy no lo son.
La sección IX de esta exposición explica por qué estos cuatro frentes, pese a tocar leyes y entidades distintas, satisfacen la unidad de materia exigida por el artículo 158 de la Constitución: comparten un mismo núcleo temático —la extorsión como fenómeno único, con manifestaciones y remedios diversos pero causal y teleológicamente conectados— que la jurisprudencia constitucional reconoce como suficiente.
Ese ángulo no es marginal: es la condición de eficacia de todo lo demás. La persecución penal más enérgica fracasa si la víctima calla, si el pago se esfuma antes de la orden judicial, si el celular decomisado es reemplazado al día siguiente por otro cargado en la misma celda, o si la línea que hizo la llamada nunca estuvo asociada a una identidad real. Cerrar esos cuatro huecos a la vez, sin tocar lo que ya funciona en cada frente, es la política pública de menor costo y mayor rendimiento disponible en esta materia.
II. El problema y su evidencia
Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE (ECSC 2024, año de referencia 2023), el 76,8% de las víctimas de extorsión o de su tentativa no denunció el hecho; en los centros poblados y el rural disperso la proporción llega al 82,3%, cifra de precisión estadística baja (coeficiente de variación 7,5) que se cita con esa advertencia y que aun así marca el patrón: en el campo se denuncia menos que en las cabeceras, donde la no denuncia fue del 76,1%.4
La misma encuesta estima que cerca de 493.000 personas de quince años y más fueron víctimas de extorsión o de su tentativa durante 2023, año en que la Policía Nacional registró 11.078 víctimas. Son mediciones distintas y no comparables entre sí como un solo dato, pero la distancia entre ambas describe el problema que este proyecto ataca: la brecha entre el delito que ocurre y el delito que se denuncia.
El registro administrativo crece. Las víctimas registradas pasaron de 8.342 en 2021 a 13.802 en 2024 en el país, un aumento del 65%, con 13.417 en 2025 y 7.661 registros cargados con fecha del hecho entre enero y el 30 de julio de 2026. En el Meta, el crecimiento fue casi el doble del nacional: de 366 víctimas registradas en 2021 a 819 en 2024, esto es, un 124%, con 758 en 2025 y 405 en lo corrido
4DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC), año de referencia 2023, publicada en 2024, microdatos.dane.gov.co. Cifra conservada de la versión previa de este documento; se recomienda su verificación directa antes del primer debate.
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de 2026. Entre 2025 y 2026, comparando enero-junio para evitar la distorsión del último mes cargado, las víctimas registradas aumentaron de 5.901 a 7.165 en el país, un 21,4%, y de 292 a 372 en el Meta, un 27,4%. De las 405 víctimas registradas en el departamento durante 2026, 210, equivalentes al 51,9%, corresponden a municipios distintos de Villavicencio.
Las Juntas de Acción Comunal, reguladas por la Ley 743 de 2002 como la forma organizativa más extendida de la democracia rural colombiana, son un blanco recurrente de la extorsión precisamente por lo que son: la instancia visible de liderazgo y de gestión de recursos comunitarios en el territorio. El propio Código Penal reconoce esa vulnerabilidad diferenciada: el numeral 7 del artículo 245 de la Ley 599 de 2000 agrava la pena de la extorsión cuando la víctima es un líder comunitario, categoría en la que se inscribe el dignatario de una Junta de Acción Comunal en ejercicio de su función. Esa agravación, sin embargo, solo opera después de la denuncia, la investigación y la condena; no resuelve el problema anterior, que es el mismo de toda la extorsión rural: la ausencia de un canal de acceso confiable y de acompañamiento para llegar a la primera denuncia.
El dinero extorsivo, además, ya no circula solo por la telefonía: circula por billeteras digitales, giros y cooperativas. Los cuestionarios remitidos por este Despacho al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Superintendencia Financiera de Colombia, con ocasión de la proposición de citación a debate de control político sobre la extorsión rural radicada el 1 de septiembre de 2026 ante la Comisión Primera Constitucional Permanente, documentan la ausencia de un protocolo unificado, con plazos vinculantes, para preservar esos recursos en las horas críticas que siguen al pago, antes de que se dispersen en cuentas sucesivas o se retiren por cajeros y corresponsales.5
La ley de protección existe y deja por fuera a la víctima de extorsión. La Ley 986 de 2005 construyó para la víctima de secuestro un sistema de alivios reales: interrupción de plazos y términos civiles, comerciales y tributarios, continuidad en salud y en educación, asistencia psicológica. La Corte Constitucional, en la sentencia C-394 de 2007, extendió esos instrumentos a las víctimas de toma de rehenes y de desaparición forzada, pero la víctima de extorsión quedó por fuera de la ley y de la extensión jurisprudencial. La paradoja es difícil de defender: quien paga por no ser secuestrado tiene menos protección que quien fue secuestrado, aunque el constreñimiento que padece pueda prolongarse por años y destruir su actividad económica.6
Y el deber de información quedó sin dientes. El artículo 19 de la Ley 282 de 1996 obliga a los operadores de telecomunicaciones a entregar la información útil en investigaciones de secuestro y 5H.R. Milton Virgilio Carreño Sánchez, Proposición de citación a debate de control político sobre la extorsión rural y la seguridad ciudadana en el país, la región de la Orinoquía y el departamento del Meta, radicada el 1 de septiembre de 2026 ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, cuestionarios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Superintendencia Financiera de Colombia. 6Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2007. Citación conservada de la versión previa del proyecto; se recomienda confirmar el radicado y el sentido exacto del condicionamiento en la Relatoría de la Corte Constitucional antes del primer debate.
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extorsión dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud. La remisión sancionatoria de ese artículo apunta al artículo 53 del Decreto 1900 de 1990, derogado por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, y su inciso sancionatorio castiga el incumplimiento de "la obligación contenida en el inciso anterior", que no es la del plazo. La obligación existe; la certeza de la sanción, no. Y una porción significativa de esa extorsión se coordina desde el interior de las cárceles. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha reconocido públicamente que una proporción relevante de las extorsiones del país se origina en establecimientos carcelarios; la cifra exacta y su metodología requieren verificación oficial y fueron objeto expreso de uno de los cuestionarios formulados por este Despacho a ese Ministerio en la proposición de control político ya citada.7
La Ley 1709 de 2014 ya ordenó al INPEC bloquear las comunicaciones no autorizadas y a la USPEC diseñar los establecimientos para impedir el uso de dispositivos no autorizados. Un proyecto de decreto reglamentario del Ministerio de Justicia y del Derecho para ordenar el bloqueo de IMEI e IMSI fue publicado para comentarios el 25 de abril de 2024 y, hasta donde este Despacho ha podido verificar, no ha sido expedido. El deber legal existe desde 2014; la herramienta técnica y el plazo perentorio para ejecutarlo, no. Y ningún instrumento vigente ordena hoy eliminar, en las celdas de mayor riesgo, el punto de conexión eléctrica que permite mantener cargado el celular con el que se extorsiona: la norma prohíbe el uso del dispositivo, pero no impide que exista dónde cargarlo.
Finalmente, la línea prepago sin identificación plena del titular es la puerta de entrada común a la extorsión telefónica y a la carcelaria. El registro de abonados de servicios móviles prepago existe desde la Resolución CRC 5050 de 2016, pero su nivel de verificación de identidad no ha cerrado ese hueco, como lo confirma la reiterada práctica de activación con documentos falsos o mediante terceros que el propio sector reconoce.
III. Marco constitucional y legal
El proyecto desarrolla los deberes de protección del artículo 2 de la Constitución, el derecho a la libertad personal del artículo 28, las garantías patrimoniales del artículo 58, la protección especial de la producción de alimentos del artículo 65, el reconocimiento de los organismos de acción comunal como expresión del derecho de asociación y de la participación democrática de los artículos 38 y 103, y los fines de resocialización y de respeto a la dignidad humana que gobiernan la ejecución de la pena conforme al artículo 12 de la Constitución y al artículo 5 de la Ley 65 de 1993, sin que las medidas de control de comunicaciones aquí previstas —ya vigentes desde 2014 en su núcleo— afecten garantía alguna de la persona privada de la libertad distinta del uso de un dispositivo no autorizado. Reforma
7La proporción de extorsiones originadas en establecimientos carcelarios atribuida en 2025 a un funcionario del Ministerio de Justicia y del Derecho se cita en la proposición de citación a debate de control político del 1 de septiembre de 2026 (cuestionario al Ministerio de Justicia y del Derecho, pregunta 2) como una afirmación pública sujeta a verificación de fuente, universo, período y metodología. Se marca aquí como DATO POR CONFIRMAR y no se utiliza como cifra oficial; su confirmación oficial, o la del dato equivalente que la reemplace, deberá incorporarse en la ponencia.
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tres leyes vigentes: la Ley 986 de 2005, la Ley 282 de 1996, y la Ley 65 de 1993 en los artículos que la Ley 1709 de 2014 le adicionó.
IV. Jurisprudencia aplicable
Tres sentencias de la Corte Constitucional delimitan el Título II y este las acata de manera expresa. La C-394 de 2007 identificó el criterio con el que deben leerse los destinatarios de la Ley 986 de 2005 y dejó a la víctima de extorsión por fuera de su extensión: la brecha se cierra aquí por vía legislativa. La C-392 de 2000 fijó el techo de la reserva de identidad: la identidad de quien declara contra el procesado no puede ocultarse a la defensa, y la protección del declarante debe darse por medios distintos; el artículo 2D lo acata de manera expresa. Y la C-336 de 2007 exige autorización judicial previa para la búsqueda selectiva en bases de datos personales confidenciales: el artículo 19A no toca ese estándar, y el nuevo artículo 19B tampoco, porque no accede a la información ni a los recursos, solo impide que la evidencia desaparezca mientras la orden judicial se tramita, en una lógica idéntica a la de las órdenes de conservación de datos que la doctrina procesal penal reconoce como una medida distinta y previa a la de acceso o incautación.
V. Contenido del articulado
El Título II incluye a la víctima certificada de extorsión entre los destinatarios de la Ley 986 de 2005 y selecciona los instrumentos compatibles con un delito en el que la víctima no está cautiva. Añade dos precisiones: habilita a la Junta de Acción Comunal de la que sea afiliada o dignataria la víctima para orientarla y acompañarla en el acceso al canal reservado de denuncia de los Gaula, sin sustituir su voluntad ni el carácter personal de la denuncia; e incorpora la circunstancia de agravación punitiva del liderazgo comunitario, ya vigente en el artículo 245 numeral 7 del Código Penal, como criterio expreso de la evaluación de riesgo y de la orientación jurídica que reciba la víctima.
El Título III reescribe el artículo 19 de la Ley 282 de 1996 y extiende el deber de información, con el mismo plazo de veinticuatro horas, a los actores por los que hoy circula el pago extorsivo: entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, proveedores de pago, billeteras digitales, operadores postales de pago y giros, cooperativas con actividad financiera. Estas categorías, definidas por la actividad regulada y no por la marca comercial, cubren ya, sin necesidad de nombrarlos uno por uno en el texto de la ley —lo que la envejecería cada vez que el mercado cambiara de operador dominante—, a los proveedores de billeteras digitales de uso masivo en el país y a los operadores de giros internacionales. A esa extensión se suma el nuevo artículo 19B: un deber de preservación urgente, de dos horas, limitado a conservar la evidencia transaccional sin acceder a ella ni afectarla, mientras se tramita la autorización judicial que la Constitución exige para ir más allá.
El Título IV desarrolla el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, ya vigente desde 2014, en tres direcciones concretas: fija un plazo de doce meses para que la USPEC elimine el acceso eléctrico individual en Carrera 7 N.º 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso, Oficina 615 Teléfono (+57) (601) 8770720 Ext. 3079 Correo:
las celdas de mayor riesgo —cerrando el hueco físico que hoy permite mantener el celular cargado aunque su uso esté prohibido—; fija un plazo de setenta y dos horas para que los operadores ejecuten el bloqueo de IMEI e IMSI que el INPEC les requiera, formalizando en ley lo que un proyecto de decreto de 2024 dejó sin expedir; y crea, en los artículos 16B y 16C, un régimen disciplinario reforzado frente a la connivencia del personal penitenciario y un deber de vigilancia preventiva y de reporte semestral del Ministerio Público sobre este frente específico.
El Título V ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones fortalecer, dentro de seis meses, la verificación de identidad para la activación de líneas prepago, y crea un deber de reporte de patrones anómalos de activación al Gaula competente, apoyado en el mismo régimen sancionatorio del Título III.
El Título VI resuelve la transición sin efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas, fija el inicio de los términos de adecuación técnica y disciplinaria del Título IV, y deroga expresamente las remisiones rotas del artículo 19 original de la Ley 282 de 1996.
VI. Análisis de impacto fiscal (artículo 7 de la Ley 819 de 2003)
El gasto público directo y cuantificable con la información disponible se concentra en el Título II. El universo de entrada está acotado por diseño, porque el beneficio exige noticia criminal: sobre las 13.417 víctimas registradas en 2025 se construyen tres escenarios de certificaciones anuales combinando el nivel de denuncia y la proporción de víctimas que efectivamente solicita el beneficio: denuncia constante y solicitud del cincuenta por ciento en el escenario bajo, que da 6.700 certificaciones; denuncia veinticinco por ciento mayor y solicitud del sesenta por ciento en el base, que da 10.100; y denuncia cincuenta por ciento mayor con solicitud del setenta y cinco por ciento en el alto, que da 15.100. En régimen estacionario y a precios de 2026, el gasto anual estimado con la Unidad de Pago por Capitación base del régimen subsidiado para 2026 ($1.541.706,27 anuales por afiliado) sería de $1.549 millones, $3.504 millones y $9.312 millones en los escenarios bajo, base y alto, respectivamente; el límite aritmético a dos años sin prórroga es de $46.560 millones y, con la prórroga máxima, de $69.839 millones anuales. La ampliación cualitativa a las Juntas de Acción Comunal no crea una prestación nueva; prioriza, dentro del mismo universo y del mismo gasto ya estimado, a quienes además sean dignatarios o afiliados comunales.
El Título III no genera gasto público: es una obligación de conservación de evidencia a cargo de particulares ya obligados por el artículo 19A, ejecutable con los sistemas de monitoreo transaccional que la regulación de prevención de lavado de activos ya les exige mantener.
El Título IV sí implica un costo de adecuación física a cargo de la USPEC —la eliminación de puntos de conexión eléctrica individual en las celdas de mayor riesgo— cuyo monto no puede estimarse con la información pública disponible, porque depende del número de establecimientos clasificados como
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de mayor riesgo, de su diseño arquitectónico y del alcance técnico de la adecuación, variables que corresponden a un levantamiento de campo que este Despacho no está en capacidad de producir. Este impacto fiscal se declara como indeterminado y deberá cuantificarse con el concepto de la USPEC y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público antes del primer debate, en cumplimiento estricto del artículo 7 de la Ley 819 de 2003. El bloqueo de IMEI e IMSI y el fortalecimiento del Ministerio Público se ejecutan con la infraestructura, el personal y las apropiaciones ya existentes de los operadores, del INPEC y de la Procuraduría General de la Nación, sin crear plantas ni fondos.
El Título V se ejecuta con la estructura regulatoria existente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y con los sistemas de registro de abonados que los operadores ya administran; no se advierte gasto público directo.
VII. Consulta previa
La medida no activa el deber de consulta previa del Convenio 169 de la OIT. El criterio unificado por la sentencia SU-123 de 2018 exige una afectación directa, específica y diferenciada de las comunidades étnicas en sus derechos, territorio o formas de vida, y descarta que la generalidad de una ley o la sola presencia de comunidades en el territorio la activen. Este proyecto protege a un universo abierto e indeterminado de destinatarios definido por la condición de víctima del delito o por la pertenencia a una Junta de Acción Comunal, regula obligaciones de sujetos obligados definidos por su actividad regulada, y ordena medidas de control dentro de establecimientos penitenciarios, todo ello sin distinción étnica ni territorial y sin regular, condicionar o gravar a las comunidades étnicas ni a sus territorios.
VIII. Conflicto de interés (artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por la Ley 2003 de 2019)
Conforme al artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, no se advierte impedimento previsible: el proyecto no genera beneficio particular, actual y directo para congresista alguno, pues sus destinatarios son un universo abierto de víctimas, de dignatarios y afiliados comunales, de sujetos obligados y de entidades estatales, el eventual beneficio solo se materializaría en la hipótesis futura e incierta de ser víctima del delito o de integrar una Junta de Acción Comunal, y ninguna disposición crea ganancia, privilegio ni extinción de obligaciones en cabeza de un congresista. Se trata de una decisión de beneficio general, naturaleza que el propio artículo 286 excluye del conflicto. Como práctica de transparencia, el autor dejará constancia razonada en estos términos antes del primer debate.
IX. Competencia, unidad de materia y trámite
El proyecto corresponde a la Comisión Primera Constitucional Permanente, conforme al artículo 2 de la Ley 3 de 1992, por versar sobre derechos y garantías de las víctimas y sobre política criminal.
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La unidad de materia del artículo 158 de la Constitución no exige identidad de instrumento ni de entidad ejecutora dentro de una ley; exige que sus disposiciones guarden una conexidad razonable —causal, teleológica, temática o sistémica— con la materia dominante del proyecto. Así lo ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional al admitir leyes que, bajo un núcleo temático único, articulan instrumentos penales, administrativos, financieros y de política criminal frente a un mismo fenómeno, como ha ocurrido con las sucesivas leyes de seguridad ciudadana.8
Este proyecto tiene un núcleo temático único: la extorsión, sus víctimas y las condiciones que hoy le permiten operar con impunidad. Los cuatro títulos sustantivos son manifestaciones conectadas de ese núcleo y no materias autónomas yuxtapuestas: la protección de la víctima (Título II) y la eficacia de la investigación mediante la trazabilidad financiera (Título III) atienden los dos extremos del mismo hecho victimizante; la prevención de la extorsión desde las cárceles (Título IV) y el control de la activación de líneas móviles (Título V) atienden las dos condiciones estructurales —el aparato de comunicación intramural y la línea sin identificación plena— que hoy permiten que esa misma extorsión se ejecute con anonimato. Ninguno de los cuatro títulos podría entenderse ni aplicarse de manera autónoma sin referencia al fenómeno que el artículo 2 define como objeto único de la ley. Todos los componentes son de ley ordinaria y ninguno invade la iniciativa privativa del Gobierno del artículo 154 de la Constitución: no se crean entidades ni estructura, y el único gasto nuevo cuantificable —la adecuación eléctrica de la USPEC— corresponde a la ejecución de un deber ya vigente desde 2014, cuyo monto se declara honestamente como indeterminado en la sección VI.
Por tratarse de una ley que incide en la política criminal, el artículo 167 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014, y el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 2055 de 2014, exigen concepto previo no vinculante del Consejo Superior de Política Criminal. El autor solicitará dicho concepto para que obre en el trámite del primer debate; su omisión no constituye vicio de trámite, pero su obtención acredita la deliberación informada que la Corte exige a la política criminal.
De los Honorables Congresistas,
MILTON VIRGILIO CARREÑO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara por el Meta
8Constitución Política, artículo 158. Corte Constitucional, doctrina reiterada sobre unidad de materia y los criterios de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica, desarrollada a partir de la Sentencia C-025 de 1993 y aplicada de manera consistente en el control de leyes que integran varios instrumentos bajo un mismo núcleo temático (entre otras, las leyes de seguridad ciudadana). Se recomienda verificar y actualizar, antes del primer debate, la cita de la sentencia más reciente que unifique el criterio para el tipo de ley aquí proyectado.
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Summary
The law strengthens protection for victims of extortion, particularly those living in rural areas or associated with community action groups. It requires communication and financial service providers to provide useful information for investigations, enhances state control over unauthorized communications from prisons and detention centers, and introduces controls on mobile phone line activation. The law amends three existing laws: No. 986 of 2005, No. 282 of 1996, and No. 65 of 1993.