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Constitutional Court of Colombia: Protection of Personal Life Rights and Public Apologies
A. 1462/26
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
-Sala Sexta de Revisión- AUTO 1462 de 2026
Referencia: Expediente T-11.758. 862
Asunto: Solicitudes de aclaración y cumplimiento presentadas por Diana y Mariana en relación con la Sentencia T-241 de 2026.
Magistrado ponente:
Vladimir Fernández Andrade
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Sexta de Revisión procede a resolver las solicitudes de aclaración y cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026 :
I. ANTECEDENTES
1. Aclaración previa
En atención a que, en el proceso de tutela se hizo referencia a hechos que pueden afectar la intimidad personal de la entonces accionante, con el objetivo de proteger su intimidad y privacidad, se registrarán dos versiones de esta providencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y los vinculados, y otra con nombres anonimizados que seguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información pública. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Corte Constitucional [1]
y la Circular Interna No. 10 de 2022 [2] .
2. Síntesis de la Sentencia T-241 de 2026
1.
El 17 de septiembre de 2025, la señora Mariana , instauró tutela en contra de Diana , alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la honra y al buen nombre, a la dignidad humana, a la salud mental e integridad psicológica, a la seguridad personal, a la vida, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, como consecuencia de la publicación, difusión y por mantener disponible su entrevista en plataformas digitales sin su consentimiento. Lo anterior, debido a que, según manifestó, nunca existió un consentimiento expreso por su parte para que su vida personal fuera difundida en redes sociales mediante el pódcast y, adicionalmente, por identificar que pese a su solicitud de eliminar la misma de todas las plataformas, su entrevista seguía disponible en iVoox y podcast.nu [3] .
2.
Mediante fallo del 26 de septiembre de 2025 [4] , el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple negó el amparo constitucional a la accionante. Lo anterior, en vista de que tras constatar la existencia de la entrevista objeto de la controversia en las plataformas digitales indicadas en el escrito de tutela, el despacho identificó que esta no se encontraba publicada en los perfiles de dominio de la accionada. En la plataforma YouTube se pudo encontrar una video reacción a tal entrevista que correspondía a un canal que no tiene relación alguna con el pódcast Audiovisuales La Pradera . De otro lado, el juez de instancia concluyó que de las pruebas aportadas por la accionante no se pudo determinar actos que menoscabaran sus derechos a la honra o buen nombre por parte de la accionada y declaró la improcedencia de las pretensiones relativas a la compensación económica pretendida.
3. El 29 de septiembre de 2025, la señora Mariana impugnó el fallo de primera instancia [5] .
4. El 4 de noviembre de 2025 [6] , el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia. Determinó que, ante la inexistencia de la entrevista en las plataformas de la accionada, se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión de eliminación de la entrevista de las plataformas de la accionada.
5. Mediante Auto del 26 de febrero de 2026, la Sala de Selección Número Dos de 2026 escogió el expediente T- 11.758.862 para su revisión y repartió su sustanciación a la Sala Sexta de Revisión [7] .
6. El 10 de agosto de 2026, la Sala Sexta de Revisión profirió la Sentencia T-241 de 2026 que resolvió el presente caso, en el cual revocó los fallos de instancia y, en su lugar, resolvió conceder la tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de la accionante y adoptar garantías de no repetición a su favor. A continuación, se transcribe la parte resolutiva de la providencia:
“ PRIMERO. REVOCAR los fallos del 26 de septiembre de 2025 del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple y del 4 de noviembre de 2025 del Juzgado Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de la señora Mariana.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Mariana, en relación con la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, así como la pretensión relativa a la restitución o compensación de cualquier beneficio económico o monetización como resultado de la difusión de su entrevista en un episodio del pódcast Audiovisuales La Pradera.
TERCERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por la configuración de un hecho superado, respecto de la pretensión relativa a la eliminación del episodio del pódcast Audiovisuales La Pradera en el que participó Mariana.
CUARTO. ORDENAR a la señora Diana que, dentro del término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la notificación de esta decisión, emita DISCULPAS PÚBLICAS a la señora Mariana en los términos indicados en el fundamento jurídico 233 de esta sentencia, siempre que la señora Mariana así lo autorice.
QUINTO. ORDENAR , como medida de no repetición, a Diana que se abstenga, directamente o por intermedio del pódcast Audiovisuales La Pradera, de sus cuentas, canales, perfiles, equipos de trabajo, agencias de distribución o terceros relacionados con ese proyecto, de publicar, divulgar, reproducir, compartir, alojar, distribuir, promocionar o monetizar nuevamente la entrevista realizada a la señora Mariana, así como cualquier fragmento, audio, video, imagen, transcripción, extracto, pieza promocional o contenido derivado de aquella que involucre su historia personal, imagen, voz, información íntima, datos sensibles o aspectos relacionados con su salud física o mental, salvo que cuente previamente con el consentimiento libre, informado, específico, vigente y revocable de la accionante, otorgado en los términos descritos en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. PREVENIR a Diana para que, en adelante, actúe con la debida diligencia que exige la producción y difusión de contenidos digitales que involucren información íntima, datos sensibles, imagen, voz, salud o relatos de violencia de sus invitadas. En particular, se le advierte que, cuando una persona solicite la eliminación de contenidos respecto de los cuales haya revocado o limitado su consentimiento, deberá desplegar de manera oportuna, completa y verificable todas las actuaciones razonables para procurar su retiro efectivo de las plataformas y canales de distribución en los que hayan sido publicados, según sea requerido en cada caso.
SÉPTIMO . EXHORTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Congreso de la República para que, en el marco de sus funciones, regulen lo relativo a los derechos y deberes de los creadores de contenido, influencers e intermediadores comerciales de estos en Colombia teniendo presente que el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales encuentra como límite los derechos fundamentales y la Constitución Política de 1991.
OCTAVO. INSTAR a las compañías iVoox Global Podcasting Service, S.L., Podcasts.nu, Spotify Colombia S.A.S., Google LLC, Apple Colombia S.A.S., Amazon Inc., Meta Platforms Inc., TikTok Colombia Technologies S.A.S. y X Corp para que, conforme a sus propios criterios y haciendo uso de su autorregulación, difundan esta providencia con los creadores de contenido e influencers colombianos que utilicen sus plataformas digitales mediante podcasts.
NOVENO. DESVINCULAR del presente trámite a la Clínica Sanemos y a la Fiscalía General de la Nación.
DÉCIMO . Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 ”.
3. Las solicitudes de cumplimiento y aclaración de la Sentencia T-241 de 2026
7. El 27 de agosto de 2026, la señora Diana presentó una “[s] olicitud Precisión (sic) alcance y forma del fundamento jurídico 233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026 ” [8] .
8.
En dicha solicitud, la accionada informó que había adelantado actuaciones para cumplir la Sentencia T-241 de 2026, la cual, en su resolutivo cuarto, le ordenó presentar disculpas públicas a Mariana a través de las redes sociales de Audiovisuales La Pradera , previa autorización de esta última. Explicó que solicitó dicha autorización y remitió un borrador de la publicación elaborada conforme a los parámetros fijados por la Corte. Sin embargo, aunque inicialmente la accionante otorgó una autorización condicionada, posteriormente manifestó de manera expresa que no autorizaba la publicación en los términos propuestos y supeditó cualquier autorización futura a la incorporación de determinados contenidos y a la identificación previa de los perfiles donde se realizaría la difusión.
9. Con fundamento en lo anterior, la accionada sostuvo que se configuró una dificultad objetiva para cumplir la orden judicial, pues publicar sin autorización de la accionante podía desconocer los derechos protegidos por la sentencia, mientras que modificar unilateralmente el texto para atender todas las exigencias posteriores de la accionante podía exceder lo ordenado por la Corte.
10. En consecuencia, realizó las siguientes solicitudes a la Sala Sexta de Revisión:
“ PRIMERO . Tener por informadas las actuaciones adelantadas por la suscrita accionada, para dar cumplimiento oportuno y de buena fe a lo dispuesto en la Sentencia T-241 de 2026.
SEGUNDO . Precisar el alcance jurídico de la condición contenida en el fundamento 233 y en el numeral cuarto de la parte resolutiva, frente a la última manifestación de la señora Mariana mediante la cual indicó expresamente que no autoriza la publicación en los términos propuestos.
TERCERO . Determinar, como consecuencia de lo anterior, si mientras subsista la ausencia de autorización expresa para la publicación correspondiente existe una imposibilidad jurídica de ejecutar la orden de disculpas públicas, sin que dicha circunstancia temporal que me fue indicada (20 días) pueda ser atribuida a la accionada como incumplimiento de la providencia.
CUARTO . Subsidiariamente, si la Honorable Corte considera que la publicación debe efectuarse pese a la controversia surgida entre las partes, solicito respetuosamente que se fije de manera taxativa el contenido que debe tener la disculpa pública, así como el alcance de la expresión “perfiles de redes sociales de Audiovisuales La Pradera”, indicando los canales o criterios concretos que deben observarse para su publicación.
QUINTO . Se precise el cómputo del término de cumplimiento mientras se resuelve esta situación, teniendo en cuenta que la accionada ha actuado dentro del plazo concedido y que la publicación se encuentra actualmente condicionada por una circunstancia ajena a mi voluntad.”
11. Con ocasión de la solicitud presentada por la señora Diana , la accionante allegó escrito con fecha del 28 de agosto de 2026 a la Sala Sexta de Revisión [9] .
12.
La señora Mariana se pronunció frente al informe de cumplimiento presentado por la accionada y sostuvo que su oposición no buscaba obstaculizar la ejecución de la Sentencia T-241 de 2026, sino garantizar que la medida de reparación simbólica cumpliera efectivamente su finalidad constitucional. Afirmó que la accionada pretendió reducir el alcance de las disculpas públicas a un comunicado escrito difundido en plataformas secundarias de distribución de podcasts, lo que, en su criterio, vaciaba de contenido la orden judicial y desconocía que la afectación original se produjo y difundió masivamente a través de las principales redes sociales de Audiovisuales La Pradera .
13. De otro lado, señaló que la reparación debía guardar equivalencia con el medio mediante el cual se produjo la vulneración de sus derechos, razón por la cual solicitó que las disculpas se realizaran en formato audiovisual y en los perfiles principales del podcast, particularmente Instagram, TikTok y YouTube. Consideró que una publicación escrita en canales de menor alcance desnaturalizaba el propósito restaurativo de la sentencia y no garantizaba una reparación proporcional a la exposición pública que sufrió.
14. Asimismo, manifestó que, pese al alivio que le generó el fallo, continuó enfrentando episodios de hostigamiento digital y revictimización, situación que atribuía, en parte, a la percepción de que el cumplimiento se limitaría a una formalidad escrita.
15. En consecuencia, solicitó a la Sala Sexta de Revisión ( i ) desestimar los argumentos de la accionada, ( ii ) acoger la solicitud de precisar taxativamente los canales y la modalidad de cumplimiento de las disculpas públicas y ( iii ) valorar la alternativa de que la reparación se materialice en formato audiovisual, para que de esta manera cese el hostigamiento digital y se restablezcan sus derechos fundamentales.
16.
De otro lado, el 23 de septiembre de 2026, la señora Mariana remitió a la Sala Sexta de Revisión [10] un memorial en el que informó sobre la existencia del Fallo n.° 0000 de 2026 del 15 de septiembre de 2026, proferido por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento en una tutela posterior entre las mismas partes, en el que se le ordenó rectificar la afirmación según la cual la señora Diana tardó injustificadamente en retirar el episodio del pódcast, pese a que ese hecho había sido declarado probado por la Sentencia T-241 de 2026. Con fundamento en ello, solicitó a la Sala valorar el ejercicio de su facultad preferente y excepcional de seguimiento al cumplimiento de sus propias decisiones y tener en cuenta la conexidad entre ambos asuntos en caso de eventual revisión.
4. El trámite de las solicitudes de aclaración y cumplimiento
17. La Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al suscrito magistrado ponente la solicitud de la señora Diana el 27 de agosto de 2026 [11] y la de la señora Mariana el 31 de agosto de 2026 [12] .
18. El 28 de agosto de 2026, la Secretaría General remitió al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple el Oficio B-272/26, mediante el cual solicitó la constancia de notificación de la Sentencia T-241 de 2026 a las partes.
19. El 3 de septiembre de 2026, el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple respondió al oficio mediante el cual remitió las constancias de notificación de la Sentencia T-241 de 2026 a las partes y a los terceros interesados [13] , a partir del cual se constató que esta fue notificada el 28 de agosto de 2026 a las 17:13 horas.
20. En todo caso, la Sala advierte que la constancia remitida por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple da cuenta de que la comunicación de la Sentencia T-241 de 2026 fue enviada el 28 de agosto de 2026 a las 17:13 horas. Sin embargo, al haber sido realizada con posterioridad a las 5:00 p.m., sus efectos se entienden producidos el día hábil siguiente, esto es, el 31 de agosto de 2026. Por consiguiente, para efectos procesales y del cómputo de los términos correspondientes, la Sala toma como fecha de notificación el 31 de agosto de 2026.
II. CONSIDERACIONES
1. La procedencia excepcional de las solicitudes de aclaración respecto de las providencias dictadas por la Corte Constitucional
21. La Sala Sexta de Revisión es competente para conocer, tramitar y decidir las solicitudes de aclaración interpuestas en relación con la sentencia T-241 de 2026, de conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso y el artículo 104 del Acuerdo 1 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) [14] .
22.
Esta Corporación ha reiterado que las sentencias expedidas en el trámite de revisión de tutelas no son revocables ni reformables y una vez proferidas, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que, en su contra, no procede ningún recurso [15] . Sin embargo, ha admitido que, excepcionalmente, cuando una providencia requiere ser aclarada, corregida o adicionada , el funcionario judicial tiene la facultad de subsanar esa situación en los términos establecidos en el Código General del Proceso, a través de las figuras de la aclaración , la corrección o la adición , dispuestas en los artículos 285, 286 y 287, respectivamente [16] , esto de conformidad con el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 [17] , norma que prevé la aplicación del estatuto general procesal al trámite de tutela en todo aquello que no regule el Decreto 2591 de 1991.
23. El artículo 285 del Código General del Proceso establece que la sentencia podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en la ratio decidendi [18] . En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha fijado la posibilidad de asumir el conocimiento de una solicitud de aclaración siempre que se encuentren satisfechos los siguientes requisitos [19] :
a) Legitimación en la causa , de modo que la solicitud debe haber sido formulada por alguno de los sujetos con interés legítimo en la decisión.
b) Oportunidad , de tal forma que la solicitud debe ser presentada dentro del término de ejecutoria de la providencia, que corresponde a los tres días siguientes a su notificación.
c) Carga argumentativa , en virtud de la cual se demuestre la necesidad de excepcionar la regla general de improcedencia de este tipo de solicitudes.
Sobre este último punto, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que las solicitudes de aclaración que se presenten respecto de las providencias de este
Tribunal exigen una argumentación calificada [20] , en tanto “ debe fundamentarse en la existencia de palabras o frases que generen verdaderas dudas sobre el sentido o el contenido de la providencia. Tales expresiones ambiguas o confusas deben estar incluidas en la parte resolutiva de la decisión o incidir en ella ” [21] . Así las cosas, las solicitudes de aclaración resultan improcedentes cuando pretenden controvertir nuevamente aspectos definidos en el fallo [22] , ampliar el análisis a aspectos adicionales [23]
o esclarecer argumentos marginales “ incluidos en la parte motiva, que no guardan inescindible relación con la declaración contenida en la parte resolutiva de la sentencia ” [24] .
24. Esta Corporación ha estimado que el análisis de los anteriores presupuestos debe ser riguroso debido a la excepcionalidad de la procedencia de este tipo de solicitudes [25] .
25.
Resulta importante insistir en que, solo una vez superados los anteriores requisitos, la Corte podrá aclarar únicamente aquello que ofrece una duda objetiva y razonable respecto de lo resuelto [26] , esto es “ (…) que [sea] susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella. Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a plenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para el juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla, aún a pretexto de aclararla ” [27] .
26.
Al tiempo, la Corte también ha sido muy clara al advertir que la solicitud de aclaración no prosperará cuando, por medio de ella, se busque ampliar el sentido o el alcance de la providencia, cuando pretenda controvertir nuevamente aspectos cuya definición quedó zanjada en la providencia y sea utilizada para abordar aspectos que no fueron objeto de estudio, cuando busque esclarecer argumentos secundarios y marginales de la parte motiva de la providencia que no tienen incidencia en la parte resolutiva o para absolver consultas, pues este Tribunal no es un órgano consultivo [28] . Por último, la Corte ha reiterado de manera constante en su jurisprudencia que las solicitudes de aclaración que pretenden adicionar nuevos argumentos jurídicos a la providencia no podrán ser resueltas de fondo [29] .
27. En conclusión, aunque esta Corte ha acogido el principio del derecho procesal del “ agotamiento de la competencia funcional del juez una vez proferida la sentencia que culmina el proceso ” de manera que, por regla general, la sentencia no es revocable ni reformable por la autoridad judicial que la pronunció [30] , es factible remitirse a la figura de la aclaración prevista en el Código General del Proceso, en aquellos casos de duda o ambigüedad, siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia constitucional, previa solicitud de un sujeto legitimado para ello u oficiosamente.
2. Competencia excepcional de la Corte Constitucional respecto de solicitudes de cumplimiento y de desacato
2.1 El trámite de cumplimiento de los fallos de tutela y el incidente de desacato
28. El Decreto 2591 de 1991 [31] tiene previstos dos tipos de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las ordenes emitidas en las sentencias de tutela ( i ) el cumplimiento del fallo y ( ii ) la imposición de sanciones a la persona natural o jurídica renuente, mediante el incidente de desacato.
29.
En relación con el cumplimiento, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, establece que mediante este trámite el juez podrá requerir al responsable o a su superior jerárquico, para que a través de todas las herramientas que tenga en su poder haga efectivas las órdenes emitidas en el fallo de tutela [32] . Su propósito es ( i ) analizar objetivamente si la orden de amparo se ha cumplido —lo cual no implica la determinación de la responsabilidad subjetiva del obligado— y, en caso de que no sea así, ( ii ) adoptar todas las medidas necesarias para su cabal cumplimiento [33] .
Por su parte, el incidente de desacato, previsto en el artículo 52 del citado
Decreto 2591 de 1991 [34] , es un mecanismo procesal que puede conducir a la imposición de una sanción a la persona natural o jurídica obligada que incumple con la orden fijada en la sentencia de tutela.
30.
Pese a que se trata de instituciones diferentes, esa distinción no excluye el hecho de que, estas figuras converjan en dos aspectos concretos: ( i ) ambos trámites tienen origen en el incumplimiento de la orden emitida por el juez constitucional, y ( ii ) su finalidad es conminar a la autoridad al cumplimiento del mandato establecido en la sentencia de tutela. Sobre esto, en la sentencia C-367 de 2014, la Sala Plena de esta corporación consideró que, pese a que tanto el cumplimiento como el desacato comparten ciertas similitudes, lo cierto es que ello no implica que el primero sea una condición sine qua non para que el juez pueda iniciar el incidente de desacato o al contrario. Tampoco es obligación activar ambos mecanismos de manera paralela [35] .
2.2 Competencia para hacer cumplir los fallos de tutela . Reiteración de jurisprudencia [36]
31.
El artículo 36 del Decreto
2591 de 1991 establece que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela “ sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta ”. En similar sentido, el artículo 59 del Acuerdo 01 de 2025 [37] precisa que las decisiones adoptadas en sede de revisión “ deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y segunda instancia ”.
32.
En tal virtud, esta corporación ha concluido que, por regla general, corresponde al juez de primera instancia adoptar las medidas necesarias para que el cumplimiento de las órdenes adoptadas en las sentencias de tutela, tanto en el caso de que la decisión sea tomada por el juez de segunda instancia, como por la Corte Constitucional en sede de revisión [38] .
Sobre el particular, la Corte, en el Auto 136A de 2002, refirió que “ existen cuatro razones constitucionales fundadas en el debido proceso constitucional y en la interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991, que sirven de sustento a esta interpretación: (a) la plena eficacia de la garantía procesal del grado jurisdiccional de consulta, (b) la necesidad de garantizar la igualdad en las reglas de competencia, (c) el poder de irradiación del principio de inmediación en el trámite de tutela, y (d) la interpretación sistemática del [D] ecreto 2591, en lo que respecta a las funciones del juez de primera instancia” [39] .
33. Pese a lo anterior, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que existen algunas hipótesis en las cuales es posible que la Corte Constitucional, de manera excepcional , asuma el cumplimiento de órdenes proferidas por un juez de tutela en una sentencia [40] . Justamente, en el Auto 2060 de 2025 se explicó que la competencia de la Corte Constitucional en estos casos opera ante factores extraordinarios de carácter orgánico, funcional o material:
(i)
Factor orgánico: hace referencia a la jerarquía o la naturaleza especial de la autoridad accionada. Por ejemplo , “ (a) ´cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato´ [41] , regla que debe matizarse a partir del reconocimiento que se hace por vía reglamentaria, de la posibilidad de dividirse en salas, secciones o subsecciones, para conocer del recurso de amparo promovido contra sus propias actuaciones (Decreto 1069 de 2015), lo que podría autorizar su participación como autoridad de cumplimiento [42] , salvo casos excepcionales [43] ; o (b) cuando se trata de una ´embajada´, en tanto ´cuentan con inmunidad para abstenerse de ejecutar un fallo, en virtud de lo establecido en el numeral 3º del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961´ [44] ”.
(ii)
Factor funcional: en este caso se valora la incapacidad o ineficacia de la autoridad judicial que fungió como juez de tutela de primera instancia para asegurar el cumplimiento de la decisión. Por ejemplo “ (a) ´cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte, no adopta medidas conducentes´; (b) ´cuando se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela, sin que el juez de primera instancia haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o cuando dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces´; o (c) ´cuando el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste´ [45] ”.
(iii)
Factor material: En atención a la complejidad o la gravedad de los acontecimientos que derivaron en la tutela de los bienes constitucionales. Por ejemplo: “(a) ´cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo´ ; (b) ´cuando la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados´ ; o (c) ´cuando resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional´ [46] ”.
34. Así, una vez la decisión de la Corte Constitucional se encuentra en firme y es comunicada al juez de primera instancia, la competencia de esta corporación para conocer de la solicitud de cumplimiento está condicionada a la configuración de alguna de las causales excepcionales referenciadas anteriormente. Una interpretación contraria, según la cual se asuma una competencia directa y preferente de la Corte Constitucional sobre este tipo de trámites, transformaría de manera automática la regla general de competencia fijada en cabeza del juez de tutela de primera instancia [47] .
3. Caso concreto
3.1 Caracterización del asunto y problemas jurídicos a resolver
35. De conformidad con las solicitudes presentadas por las señoras Diana y Mariana , para la Sala fue posible determinar que las pretensiones están encaminadas, por un lado, a que la Sala aclare apartes de la Sentencia T-241 de 2026 y, por otro, a revisar las condiciones en las que corresponde cumplir las órdenes dispuestas en la citada providencia.
36. En efecto, aunque las solicitantes no catalogaron expresamente sus escritos como solicitudes de aclaración y/o cumplimiento; lo cierto es que el contenido sí obedece a esa naturaleza, por lo que la Sala clasificará las solicitudes con base en su contenido para efectos de determinar su procedencia:
Solicitante
Aclaración
Cumplimiento
Diana
1. SEGUNDO. Precisar el alcance jurídico de la condición contenida en el fundamento 233 y en el numeral cuarto de la parte resolutiva, frente a la última manifestación de la señora Mariana mediante la cual indicó expresamente que no autoriza la publicación en los términos propuestos.
2. CUARTO. Subsidiariamente, si la Honorable Corte considera que la publicación debe efectuarse pese a la controversia surgida entre las partes, solicito respetuosamente que se fije de manera taxativa el contenido que debe tener la disculpa pública, así como el alcance de la expresión “perfiles de redes sociales de Audiovisuales La Pradera”, indicando los canales o criterios concretos que deben observarse para su publicación.
1. PRIMERO. Tener por informadas las actuaciones adelantadas por la suscrita accionada, para dar cumplimiento oportuno y de buena fe a lo dispuesto en la Sentencia T-241 de 2026.
2. TERCERO. Determinar, como consecuencia de lo anterior, si mientras subsista la ausencia de autorización expresa para la publicación correspondiente existe una imposibilidad jurídica de ejecutar la orden de disculpas públicas, sin que dicha circunstancia temporal que me fue indicada (20 días) pueda ser atribuida a la accionada como incumplimiento de la providencia.
3. QUINTO. Se precise el cómputo del término de cumplimiento mientras se resuelve esta situación, teniendo en cuenta que la accionada ha actuado dentro del plazo concedido y que la publicación se encuentra actualmente condicionada por una circunstancia ajena a mi voluntad.
Mariana
Acoger la solicitud de precisión y disponer de manera taxativa que las disculpas públicas se ejecuten de forma principal, íntegra y obligatoria en los perfiles de redes sociales de mayor impacto del podcast Audiovisuales La Pradera (Instagram, TikTok y YouTube).
1. Desestimar los argumentos de la accionada orientados a confinar el cumplimiento de la sentencia a un comunicado escrito en plataformas secundarias de audio.
2. Valorar la alternativa de ordenar que la medida de reparación simbólica se materialice mediante una publicación en formato audiovisual, garantizando la equivalencia restaurativa con el medio lesivo original y contribuyendo de manera efectiva a la cesación del hostigamiento digital y al restablecimiento de mis derechos fundamentales.
37. En consecuencia, le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
38. ¿En el presente caso se cumplen los presupuestos legales y jurisprudenciales para que la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional aclare el fundamento jurídico 233 y el resolutivo cuarto de la Sentencia T-241 de 2026, conforme a las solicitudes de las señoras Diana y Mariana ?
39. ¿La Sala Sexta de Revisión tiene competencia para adelantar el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026 en las circunstancias narradas por las señoras Diana y Mariana ?
40. La Sala procede entonces a resolver estos asuntos. En primer lugar, analizará las solicitudes de aclaración respecto de la Sentencia T-241 de 2026 y, en segundo lugar, se pronunciará sobre el cumplimiento de la mencionada providencia.
3.2 Las solicitudes de aclaración no cumplen los requisitos de procedencia
41. Con el objetivo de resolver las solicitudes de aclaración presentadas por las señoras Diana y Mariana , respectivamente, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional procederá a verificar si se acreditaron los presupuestos de ( i ) legitimación; ( ii ) oportunidad; y ( iii ) carga argumentativa.
42. Las solicitantes se encuentran legitimadas. Ambas solicitantes se encuentran legitimadas para presentar las solicitudes de aclaración en relación con la Sentencia T-241 de 2026, puesto que fungen como parte procesal en dicho trámite, la señora Mariana en calidad de accionante y Diana como accionada, respectivamente.
43. Las solicitudes se presentaron de manera oportuna . La Sala considera que las solicitudes fueron presentadas de manera oportuna, en la medida en que fueron interpuestas con anterioridad al término de ejecutoria de la providencia, de acuerdo con lo que pasa a exponerse a continuación.
44.
En lo que tiene que ver con la notificación en los procesos de tutela, los artículos 16 [48] y 30 [49] del Decreto 2591 de 1991, establecen que las providencias que se dicten en materia de tutela se notificarán por el medio que el juez considere más expedito y eficaz [50] . En ese sentido, el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991 prevé que las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, en sede de revisión, deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta.
45. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 establece que, para interpretar las disposiciones del Decreto 2591 de 1991 se pueden aplicar los principios generales del Código General del Proceso. Por ende, aunque la notificación personal es el medio ideal de notificación de una sentencia de tutela, en todo caso estas providencias pueden ser puestas en conocimiento de las partes y de los terceros con interés a través de cualquiera de los otros medios previstos en los artículos 289 al 301 del Código General del Proceso.
46.
Precisamente, el inciso primero del
artículo 301 del Código General de Proceso prevé la notificación por conducta concluyente y establece que “ cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal ”. En ese sentido, el mismo supuesto normativo refiere que dicha hipótesis surte los mismos efectos de una notificación de carácter personal.
47. En el presente caso, de conformidad con la constancia de notificación remitida por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple , la providencia objeto de estudio fue notificada el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, las solicitudes presentadas por las señoras Diana y Mariana fueron remitidas a esta corporación los días 27 y 28 de agosto de 2026, respectivamente.
48. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que las partes —hoy solicitantes— se notificaron de la sentencia el 27 de agosto de 2026 y el 28 de agosto de 2026, respectivamente, por conducta concluyente en los términos del artículo 301 del Código General del Proceso, ya que, en dichas fechas presentaron sus respectivas solicitudes de aclaración, antes de haber sido notificadas por el juez de primera instancia, por lo que la Sala considera que, para ese entonces, la Sentencia T-241 de 2026 ya era de su conocimiento [51] .
49. En ese sentido, ambas solicitudes cumplen con el requisito de oportunidad puesto que se presentaron durante la ejecutoria de la notificación por conducta concluyente.
50. Las señoras Diana y Mariana no cumplieron con la carga argumentativa exigida . De conformidad con el estándar legal y jurisprudencial aplicable, una solicitud de aclaración cumple con el requisito de carga argumentativa cuando ( i ) se señalan las palabras o frases contenidas en el resolutivo de la sentencia o que están directamente relacionadas con este; y ( ii ) se argumenta de forma suficiente las razones por las cuales esas palabras o frases generan verdaderas dudas respecto del sentido o el contenido de la providencia.
51. Ninguna de las peticiones de las solicitantes acredita la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional, por los motivos que pasan a explicarse a continuación.
52.
En primera medida, la segunda petición de la señora Diana tiene por objeto que se “[p]recise el alcance jurídico de la condición contenida en el fundamento jurídico 233 y en el numeral cuarto de la parte resolutiva, frente a la última manifestación de la señora Mariana, mediante la cual indicó expresamente que no autoriza la publicación en los términos propuestos” . En ese contexto, la solicitante se limitó a expresar su inconformidad con la decisión de la señora Mariana de no otorgar su consentimiento para la publicación de la disculpa ordenada en la Sentencia T-241 de 2026. En particular, su planteamiento se circunscribió a confrontar el contenido del fundamento jurídico 233 y del numeral cuarto de la parte resolutiva con la postura asumida posteriormente por la accionante, mas no con el contenido, alcance o sentido de la providencia. En otras palabras, la solicitud de aclaración formulada no surge de una presunta falta de claridad, ambigüedad o contradicción de la sentencia, sino de la discrepancia de la solicitante frente a la negativa de la señora Mariana de autorizar la publicación en los términos propuestos.
53.
Adicionalmente, la Sala advierte que la solicitante ( i ) no identifica una palabra, expresión o pasaje concreto contenido en el fundamento jurídico 233 o en el numeral cuarto de la parte resolutiva que genere una duda objetiva y razonable sobre su sentido o alcance, ni que sea susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección; y ( ii )
tampoco expone las razones por las cuales dichas disposiciones resultarían ambiguas, oscuras o confusas. Por el contrario, su planteamiento se fundamenta en circunstancias surgidas durante la etapa de cumplimiento de la sentencia y en las discrepancias existentes entre las partes respecto de la materialización de la orden impartida. De esta manera, la solicitud de aclaración no está orientada a despejar una incertidumbre derivada del texto de la providencia, sino a obtener un nuevo pronunciamiento de la Sala sobre el alcance y aplicación de una decisión ya adoptada.
54.
Por otro lado, en la cuarta petición , la señora Diana solicitó fijar una lista taxativa de plataformas en las cuales se debería publicar el contenido de las disculpas y aclarar el alcance de la expresión “perfiles en redes sociales de ‘Audiovisuales La Pradera’”
del fundamento jurídico 233 del fallo —al cual remite su resolutivo cuarto—.
Sin embargo, aunque la peticionaria identifica una expresión concreta de la providencia, no satisface la carga argumentativa exigida para la procedencia excepcional de la aclaración. En efecto, no expone razones encaminadas a demostrar que dicha expresión sea ambigua, oscura o confusa, ni explica por qué generaría verdaderas dudas sobre el sentido o contenido de la decisión. Tampoco identifica una incertidumbre objetiva y razonable respecto de lo resuelto, ni acredita que la expresión cuestionada sea susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección.
55.
Por el contrario, el escrito se limita a señalar que las precisiones solicitadas resultarían necesarias para prevenir una eventual declaración de incumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026. De esta manera, la petición no está orientada a esclarecer una duda derivada del texto de la providencia, sino a obtener orientaciones adicionales sobre la forma en que debe ejecutarse la orden impartida. Incluso, la solicitud pretende que la Sala complemente el contenido de la decisión mediante la determinación de criterios específicos sobre los canales en los que deben publicarse las disculpas, aspecto que no fue planteado como una duda interpretativa real respecto de lo decidido.
56. Así las cosas, la solicitud busca ampliar el alcance de la providencia e incorporar precisiones adicionales para su aplicación práctica, finalidad que resulta incompatible con la naturaleza excepcional de la aclaración. En efecto, este mecanismo no puede ser utilizado para complementar, reformular o adicionar las órdenes impartidas en la sentencia, ni para obtener pronunciamientos sobre aspectos relativos a su ejecución.
57.
En relación con el escrito remitido por la señora Mariana , se observa que aquella solicita que la Sala ordene a la señora Diana “que las disculpas públicas se ejecuten de forma principal, íntegra y obligatoria en los perfiles de redes sociales de mayor impacto del podcast ‘Audiovisuales La Pradera’ (Instagram, TikTok y YouTube)”. Sin embargo, dicha petición tampoco satisface la carga argumentativa exigida para la procedencia excepcional de la aclaración. En efecto, la solicitante no identifica una palabra, frase o expresión concreta contenida en el numeral cuarto de la parte resolutiva o en el fundamento jurídico 233 que, por su ambigüedad o falta de claridad, genere verdaderas dudas sobre el sentido o contenido de la providencia. Tampoco expone razones que permitan concluir que existe una duda objetiva y razonable respecto de lo resuelto o que alguno de los apartes de la sentencia sea susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección.
58. Por el contrario, la petición está orientada a que la Sala incorpore precisiones adicionales sobre la forma específica en que debe ejecutarse la orden de disculpas públicas, particularmente en lo relativo a los canales o plataformas en los cuales estas deben difundirse. De esta manera, la solicitud no busca esclarecer una incertidumbre derivada del texto de la providencia, sino obtener un nuevo pronunciamiento que complemente y detalle el contenido de la decisión adoptada.
59.
En consecuencia, las solicitudes de aclaración presentadas por las señoras Diana y Mariana no satisfacen la carga argumentativa requerida para excepcionar la regla general de improcedencia de las solicitudes de aclaración. En particular, las peticionarias no demostraron la existencia de expresiones ambiguas o confusas que generen verdaderas dudas sobre el sentido o contenido de la Sentencia T-241 de 2026, ni acreditaron la existencia de una duda objetiva y razonable susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección. Por el contrario, sus planteamientos están orientados a obtener precisiones adicionales sobre el alcance y la ejecución de lo resuelto. En consecuencia, la Sala rechazará las solicitudes de aclaración por incumplimiento del requisito de carga argumentativa, en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional.
3.3. No se acreditan las condiciones para que la Corte Constitucional estudie el cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026
60.
La señora Diana solicitó a la Sala: ( i ) declarar que se tuvieran por informadas las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-241 de 2026, ( ii )
determinar que existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento en virtud de la negativa de la señora Mariana a la propuesta de publicación remitida y ( iii ) precisar el cómputo del término de cumplimiento mientras se supera la diferencia generada con la entonces accionante. Por parte de la señora Mariana , sus peticiones fueron: ( i ) desestimar los argumentos de la señora Diana y ( ii ) valorar la alternativa de que el cumplimiento del resolutivo cuarto de la providencia objeto de estudio debe realizarse en un medio audiovisual.
61. De acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, a la Corte Constitucional no le corresponde, en principio, pronunciarse acerca del cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026, en la medida en que esta competencia corresponde a la autoridad judicial que fungió como juez constitucional de primera instancia. En ese orden de ideas, el trámite de la eventual solicitud de cumplimiento corresponde al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple .
62.
De otro lado, en aplicación de las subreglas previstas en la jurisprudencia constitucional, la Sala considera que no se configura ninguna de las hipótesis excepcionales que habilitan a la Corte
Constitucional para asumir el trámite de cumplimiento del presente caso. En efecto, no se acredita ( i ) el factor orgánico, como quiera que la parte accionada no es una alta corte o una embajada ; ( ii ) el factor funcional, en la medida en que no se advierte que las señoras Diana y Mariana hubiesen puesto en conocimiento del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple la controversia acerca del cumplimiento de las órdenes emitidas en la Sentencia T-241 de 2026, por lo que éste no ha tenido la oportunidad de intervenir en el trámite; y ( iii ) el factor material, debido a que no se trata de órdenes complejas emitidas en el marco de un estado de cosas inconstitucional y tampoco se evidencia la imperiosa necesidad de intervención de esta Sala de Revisión para lograr el cumplimiento de la sentencia en cuestión, salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional o lograr la protección efectiva de derechos fundamentales.
63. En consecuencia, en el caso concreto corresponde al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple adelantar las actuaciones pertinentes y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-241 de 2026, conforme a lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
Con fundamento en lo anterior, esta Sala
RESUELVE
PRIMERO. RECHAZAR las solicitudes de aclaración de la Sentencia T-241 de 2026 que fueron presentadas por las señoras Diana y Mariana , debido al incumplimiento del requisito de carga argumentativa.
SEGUNDO. RECHAZAR las solicitudes de cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026 que fueron presentadas por las señoras Diana y Mariana , por las razones expuestas en la presente providencia.
TERCERO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional , REMITIR al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple [52] las solicitudes de cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026 presentadas por las señoras Diana y Mariana , para lo de su competencia y en los términos dispuestos en esta providencia.
CUARTO. INFORMAR a las solicitantes que contra el presente auto no procede ningún recurso.
QUINTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR la presente providencia a las solicitantes [53] .
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
VLADIMIR FERNÁNDEZ
ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ
NAJAR
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES
MOSQUERA
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO
LOPEZ
Secretaria General
[1] Acuerdo 1 de 2025 “ Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional ”.
[2]
De conformidad con el artículo 61 del Reglamento de la Corte Constitucional, “[e] n la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el Magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o circunstancias que identifiquen a las partes ”. Asimismo, la Circular Interna No. 10 de 2022 emitida por la Presidencia de esta corporación dispone que se deben omitir de las providencias que se publican en la página web de la entidad los nombres reales de las personas cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, se haga referencia a una historia clínica o información relativa a la salud, o se pueda poner en riesgo la vida, integridad personal o la intimidad personal y familiar.
[3] Expediente digital, documento “ 002_002EscritoTutelayAnexos ”, folio 2.
[4] Expediente digital, documento “ 012_012SentenciaHonra-BuenNombre-Niega ”.
[5] Expediente digital, documento “ 014_014Impugnacion ”.
[6] Expediente digital, documento “ 003FalloSegundaInstancia (7) ”.
[7] Notificado el 12 de marzo de 2026.
[8]
Correo electrónico del 27 de agosto de 2026, con asunto “ RV:
CUMPLIMIENTO FALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico
233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026 ” remitido por la accionada a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Dicho escrito fue complementado mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2026, con asunto
“ RV: URGENTE—CORRECCIÓN ERROR EN ADJUNTO- CUMPLIMIENTO
FALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico 233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026. Ref.: Expediente T-11.758.862 ”
en el que se actualizó el documento que da cuenta del contacto entre las partes con ocasión de la Sentencia T-241 de 2026.
[9] Correo electrónico del 28 de agosto de 2026 a las 08:00 horas, con asunto “ Memorial de pronunciamiento técnico-jurídico y oposición al informe de cumplimiento – Exp. T-11.758.862 (Sentencia T-241 de 2026) ”.
[10] Correo electrónico del 23 de septiembre de 2026, con asunto “ RV: Memorial informativo sobre providencia judicial posterior que ordena rectificar un hecho declarado probado en la Sentencia T-241 de 2026 ”, remitido al magistrado ponente por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 24 de septiembre de 2026.
[11]
Correo electrónico del 27 de agosto de 2026, con asunto “ RV:
CUMPLIMIENTO FALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico
233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026 ” remitido por la accionada a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Dicho escrito fue complementado mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2026, con asunto
“ RV: URGENTE—CORRECCIÓN ERROR EN ADJUNTO- CUMPLIMIENTO
FALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico 233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026. Ref.: Expediente T-11.758.862 ”
en el que se actualizó el documento que da cuenta del contacto entre las partes con ocasión de la Sentencia T-241 de 2026.
[12] Correo electrónico del 31 de agosto de 2026, con asunto “ RV: Memorial de pronunciamiento técnico-jurídico y oposición al informe de cumplimiento – Exp. T-11.758.862 (Sentencia T-241 de 2026) ”.
[13] Correo electrónico del 3 de septiembre de 2026, con asunto “ RV: Respuesta Oficio B-272/26 Constancia Notificación Fallo tutela T-241 de 2026 ”.
[14] Artículo 104. Sobre las aclaraciones y correcciones. Una vez presentada oportunamente una solicitud de aclaración, adición o corrección, la misma deberá ser resuelta por la Sala de Revisión o la Sala Plena, en el término máximo de quince días siguientes al envío de la solicitud a la magistrada o al magistrado ponente por la Secretaría General. // La Sala Plena o las salas de revisión, según corresponda, tienen la competencia oficiosa para aclarar o corregir los fallos.
[15] Corte Constitucional. Autos A-190 de 2015, A-148 de 2018 y A-417 de 2023, entre otros.
[16] Corte Constitucional. Auto 212 de 2015.
[17]
ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3 De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código
General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.
// Cuando el juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación.
[18] Esta Corporación ha procedido con la aclaración de sus providencias de oficio en anteriores oportunidades, como en los Autos A-388 de 2020 y A-415 de 2021. De otro lado, también ha procedido con la corrección de oficio en el Auto A-636 de 2018 y con la adición de oficio en el Auto A-251 de 2019.
[19] Corte Constitucional, Auto 586 de 2021; reiterado en el Auto 1485 de 2025.
[20] Tal como se reiteró en el Auto 344 de 2025.
[21] Corte Constitucional. Auto 417 de 2023.
[22] Corte Constitucional. Autos 285 de 2010 y 417 de 2023.
[23] Corte Constitucional. Autos 179 y 171 de 2014 y 417 de 2023.
[24] Corte Constitucional. Autos 290 de 2015 y 417 de 2023.
[25] Autos A-104 de 2017, A-1173 de 2022 y A-417 de 2023.
[26] Corte Constitucional, Auto 534 de 2022.
[27] Corte Constitucional, Auto 344 de 2014.
[28] Ver Autos 710 de 2018 y 966 de 2021.
[29] Corte Constitucional, Auto 1007 de 2026.
[30] Auto A-388 de 2020.
[31] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela”.
[32] Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. // Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
[33] Sentencias T-632 de 2006 y T-564 de 2011.
[34] Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de una juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. // La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo.
[35] En la sentencia C-367 de 2014 esta Corte estableció que: “el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite de desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato”.
[36] Autos A-052 de 2020 y A-161 de 2021.
[37] “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”.
[38] Autos 270 de 2012, 143 de 2013, 060 de 2014, 046 de 2017 y 746 de 2022.
[39] Posición reiterada en los Autos -028 de 2009, A-389 de 2014, A-625 de 2017, A-357 de 2019 y A-1412 de 2025.
[40] Auto A-1003 de 2025, reiterando los Autos A-662 de 2023 y A-308 de 2024.
[41] Corte Constitucional, autos 662 de 2023, 308 de 2024 y 1003 de 2025.
[42] Corte Constitucional, autos 450 de 2019, 288 de 2020, 997 de 2022 y 663 de 2023, entre otros.
[43] Corte Constitucional, auto 1844 de 2025.
[44] Corte Constitucional, auto 528 de 2015.
[45] Corte Constitucional, auto 033 de 2016.
[46] Corte Constitucional, autos 358 de 2014 y 033 de 2016.
[47] Auto del 20 de marzo de 2025 que reitera los Autos 080 de 2014, 259 de 2014, 192 de 2016, 300 de 2019 y 288 de 2020.
[48] ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz
[49] ARTICULO 30. NOTIFICACION DEL FALLO . El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido.
[50] El artículo 30 establece que, tratándose del fallo, debería realizarse mediante telegrama o cualquier medio que el juez considera expedito.
[51] En similar sentido, ver Auto A-241 de 2025.
[52] jpccm @cendoj.ramajudicial.gov.co
[53] info@ audiovisualeslapradera .co , comercial@ audiovisualeslapradera .co , diana @hotmail.com y mariana @gmail.com
Details
| Country | Колумбия |
| Body | Конституционный суд Колумбии |
| Type | court decision |
| Language | es |
| Document date | 2026-10-26 |
| Size | 56 542 знаков |
| Versions | 1 |
| First seen | 2026-11-01 |
| Last checked | 2026-11-16 05:00 |
| full_text_url | https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A1462-26.htm |
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Summary
The court examined a complaint about the violation of a woman's right to privacy due to the publication of her interview without consent. It found that her rights to personal integrity and image were violated, ordered public apologies from the defendant, and prohibited further use of her personal data without explicit consent. The decision also includes recommendations for government bodies to regulate digital platforms and content creators' responsibilities regarding personal data protection.