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del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la · редакция 1 → 2 · зафиксировано 2026-11-06 05:43 · +2593 −2529 lines
TEMAS-SUBTEMAS
Sentencia C-212/26
PRINCIPIO DE
ESTRICTA LEGALIDAD O TAXATIVIDAD PENAL -No se vulnera por la expresión
"inteligencia artificial" como agravante del delito de falsedad
personal
(...) la Sala
concluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta una
indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación
razonable apoyada en referentes objetivos, verificables y preexistentes, por lo
que el inciso acusado no desconoce el principio de estricta legalidad (art. 29
de la Constitución). Esta conclusión no se sustenta en que toda referencia
legislativa a la inteligencia artificial satisfaga, por sí sola, las exigencias
del principio de legalidad, sino en las particulares características de la
disposición demandada, en su contexto normativo y en la existencia de
referentes objetivos que la hacen determinable. En consecuencia, la Corte
declaró la exequibilidad del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal,
adicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado.
SOLICITUD DE
SENTENCIA INHIBITORIA POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA -Improcedencia por
cumplimiento de requisitos de la demanda
(...) la Sala
concluye que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de
legalidad estricta habilita un pronunciamiento de fondo. Los cuestionamientos
esgrimidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
realmente, estaban dirigidos a controvertir las premisas jurídicas que
sustentan el reproche de inconstitucionalidad y no a identificar un defecto
estructural en la formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control
de constitucionalidad.
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA) -Evolución
histórica de la definición
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA) -Alcance
(...) la
inteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de la especulación
literaria a la imaginación científica, de allí a la herramienta computacional
especializada y, finalmente, a una tecnología de uso masivo que atraviesa la
actividad económica, profesional y cotidiana. En suma, de manera paulatina, los
alcances de la inteligencia artificial y su definición se han consolidado, de
tal forma que se ha concluido que su característica esencial es la imitación -o
superación, según parte de la doctrina-, de la inteligencia humana.
Gradualmente, el debate se ha trasladado de si es posible crear una
inteligencia artificial, a cuáles son sus alcances y los riesgos que suponen
para los derechos fundamentales y humanos de las personas, e incluso para su
conciencia.
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA) -Derecho
comparado
(...) el modelo
británico representa, en el panorama del derecho comparado, una vía intermedia
entre la regulación integral y vinculante de la Unión Europea y los enfoques de
menor intervención, como el estadounidense. Con todo, la comparación de estos
tres modelos, y del chileno, permite constatar que, pese a la disparidad de sus
técnicas regulatorias y de sus niveles de intensidad normativa, todos ellos
identifican el objeto regulado a partir de las mismas notas funcionales:
sistemas basados en máquinas que infieren a partir de datos, generan resultados
que influyen en entornos reales o virtuales y operan con algún grado de
autonomía o adaptabilidad.
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA) -Regulación
En el ordenamiento
colombiano, si bien no existe aún una regulación integral y vinculante de la
inteligencia artificial, dado el archivo sucesivo de varios proyectos de ley,
sí concurren referentes normativos suficientes para delimitar su alcance. La
Ley 2502 de 2025, la primera norma de rango legal vigente que incorpora la IA
como circunstancia de agravación punitiva que, al concurrir en la comisión del
delito, eleva el marco de la pena; los Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, que
ofrecen una definición funcional alineada con la de la OCDE; y la Sentencia
T-323 de 2024 de esta Corporación, en la que se precisó que, aunque no existe
una definición única y universalmente aceptada del concepto, sí puede afirmarse
que se trata de sistemas con capacidad de analizar el entorno y emprender
acciones, con algún grado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos.
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA) -Jurisprudencia
constitucional
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL -Alcance
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL -Límites implícitos y explícitos
(...) si bien se
trata de una potestad generosa, encuentra límites implícitos y explícitos en su
ejercicio. En el primer escenario, el legislador penal debe velar por la
realización de los fines esenciales del Estado, entre ellos, el respeto por el
contenido material de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del
interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo, asegurando la
protección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados. Por otra parte,
en cuanto se refiere a los límites expresos, se puede señalar que se refieren
al ejercicio de la potestad punitiva del Estado: la prohibición de la pena de
muerte (art. 11); el no sometimiento a desaparición forzada, torturas, ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12); la prohibición de
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (art. 34); entre otras.
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD EN MATERIA PENAL -Funciones
El principio de
legalidad constituye uno de los pilares fundamentales del derecho penal moderno
y un elemento esencial del estado constitucional, entendido como barrera o
dique a la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder. Su función
principal consiste en limitar el poder punitivo del Estado mediante la
exigencia de que toda conducta sancionable y toda pena aplicable se encuentren
previamente definidas en la ley. De esta manera, se busca evitar arbitrariedades,
garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales de las
personas frente al ejercicio del ius puniendi estatal.
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD PENAL -Dimensiones
PRINCIPIO DE
ESTRICTA LEGALIDAD -Alcance
PRINCIPIO DE
ESTRICTA LEGALIDAD O TAXATIVIDAD PENAL -Elementos para determinar el cumplimiento
El principio de
estricta legalidad demanda que la conducta punible y sus consecuencias estén
previa, clara y ciertamente determinadas, mas no que el legislador defina de
manera exhaustiva cada una de las expresiones que emplea. Basta con que el
ingrediente respectivo resulte determinable a partir de criterios jurídicos
objetivos. De ahí que, conforme a la jurisprudencia reiterada en esta
providencia, la técnica de los tipos penales abiertos sea compatible con la
legalidad siempre que la apertura se justifique en la naturaleza de la materia
regulada y que la conducta prohibida pueda precisarse mediante una
interpretación razonable. Exigir una definición legal expresa de cada
ingrediente normativo no sólo carecería de respaldo constitucional, también
desconocería la naturaleza misma de la legislación penal, que necesariamente
acude a conceptos cuyo contenido se concreta por vía interpretativa.
TIPO PENAL -No
indeterminación insuperable
JUICIO DE ESTRICTA
LEGALIDAD -Alcance
TIPOS PENALES
ABIERTOS Y TIPOS PENALES EN BLANCO -Jurisprudencia constitucional
TIPO PENAL EN
BLANCO -Definición
Los tipos penales
en blanco son aquellas disposiciones del derecho penal cuya descripción de la
conducta prohibida o de alguno de sus elementos esenciales no se encuentra
completa en la propia norma penal, sino que requiere ser integrada o
complementada mediante otra disposición normativa, generalmente de carácter
extrapenal. En otras palabras, son figuras cuya estructura normativa remite
parcial o totalmente a otra norma jurídica para precisar el contenido de la
conducta punible, los sujetos, las circunstancias o los elementos necesarios
para determinar el alcance de la prohibición penal.
TIPOS PENALES EN
BLANCO -Clases /TIPOS
PENALES EN BLANCO -Validez
TIPO PENAL ABIERTO -Definición
(...) los tipos
penales abiertos son aquellas descripciones típicas en las que el legislador no
determina de manera completamente precisa todos los elementos de la conducta
punible, sino que utiliza conceptos amplios o indeterminados que exigen una
labor de valoración e interpretación judicial para precisar el alcance de la
conducta prohibida.
TIPOS PENALES
ABIERTOS -Alcance /TIPOS
PENALES ABIERTOS -Validez
JUICIO DE ESTRICTA
LEGALIDAD DE LOS TIPOS PENALES EN BLANCO Y TIPOS PENALES ABIERTOS -Estructura
diferenciada
Los tipos penales
en blanco se completan por remisión a otra norma y son válidos siempre que la
norma de reenvío sea identificable, preexistente, cierta, de público
conocimiento y respetuosa de los derechos fundamentales. Por su parte, los
tipos penales abiertos emplean conceptos amplios cuyo alcance se precisa
mediante valoración judicial. Estos últimos son constitucionalmente admisibles
cuando concurren tres condiciones: (i) que la naturaleza dinámica o técnica de
la conducta justifique la apertura; (ii) que existan referentes objetivos,
verificables y preexistentes que permitan cerrar la indeterminación relativa; y
(iii) que, mediante una interpretación razonable ordinaria, sea posible trazar
la frontera que separa lo lícito de lo ilícito y comprender la conducta
prohibida. En consecuencia, el juicio de estricta legalidad no consiste en
verificar si el legislador definió exhaustivamente cada expresión empleada,
sino en constatar si el ingrediente normativo cuestionado, pese a su relativa
indeterminación, satisface esas condiciones.
DELITO DE FALSEDAD
PERSONAL AGRAVADO POR EL USO DE INTELIGENCIA PERSONAL (IA) -Tipo penal
abierto
… 2 строк без изменений …
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sala Plena
Sentencia C-212 de 2026
Sentencia
C-212 de 2026
Referencia: Expediente D-17.052
Demanda de inconstitucionalidad en contra
del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la
cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del
2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones”
Demanda de
inconstitucionalidad en contra del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or
medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley
599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones”
Demandante: Juan Manuel López Carrero
Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis
(2026)
Magistrado
ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)
… 13 строк без изменений …
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
y se dictan otras disposiciones.”
Síntesis
de la decisión
La demanda de
inconstitucionalidad. La
Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual
se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000,
Síntesis de la decisión
La
demanda de inconstitucionalidad. La Corte
Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual se
modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000,
Código Penal, y se dictan otras disposiciones.”
La aptitud
sustancial de la demanda y el problema jurídico. Como cuestión previa, la Corte constató
que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de legalidad
estricta habilita un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, delimitó como
problema jurídico establecer si la utilización de la expresión “inteligencia
artificial” como circunstancia de agravación de la falsedad personal
desconoce las exigencias de taxatividad, lex certa y previsibilidad
derivadas del principio de legalidad penal (art. 29 de la Constitución), sin
que a la Sala le corresponda fijar una definición general de dicho concepto.
El análisis
de fondo. Para
resolverlo, la Corte, primero, describió la evolución del concepto de “inteligencia
artificial”; segundo, se refirió a su regulación mediante un ejercicio de
derecho comparado; tercero, reiteró la jurisprudencia sobre la amplia potestad
de configuración del legislador en materia penal y sus límites; y, cuarto,
precisó lo relativo al principio de estricta legalidad y a los tipos penales
abiertos y en blanco.
La solución
al problema jurídico. Con
La
aptitud sustancial de la demanda y el problema jurídico. Como cuestión previa, la Corte constató que la demanda es apta y
que el cargo por violación del principio de legalidad estricta habilita un
pronunciamiento de fondo. En consecuencia, delimitó como problema jurídico
establecer si la utilización de la expresión “inteligencia artificial”
como circunstancia de agravación de la falsedad personal desconoce las
exigencias de taxatividad, lex certa y previsibilidad derivadas del
principio de legalidad penal (art. 29 de la Constitución), sin que a la Sala le
corresponda fijar una definición general de dicho concepto.
El
análisis de fondo. Para resolverlo, la Corte,
primero, describió la evolución del concepto de “inteligencia artificial”;
segundo, se refirió a su regulación mediante un ejercicio de derecho comparado;
tercero, reiteró la jurisprudencia sobre la amplia potestad de configuración
del legislador en materia penal y sus límites; y, cuarto, precisó lo relativo
al principio de estricta legalidad y a los tipos penales abiertos y en blanco.
La
solución al problema jurídico. Con
fundamento en lo anterior, la Corte resolvió el cargo.
En primer lugar,
precisó que la Constitución no exige que todo elemento normativo de un tipo
penal tenga una definición legal expresa, y que la circunstancia demandada no
crea un tipo autónomo, sino que cualifica el medio de comisión de la falsedad
En primer
lugar, precisó que la Constitución no exige que todo elemento normativo de un
tipo penal tenga una definición legal expresa, y que la circunstancia demandada
no crea un tipo autónomo, sino que cualifica el medio de comisión de la falsedad
… 15 строк без изменений …
personal. La “inteligencia artificial” opera como ingrediente normativo
cuyo alcance se concreta por vía interpretativa. Por ello, el juicio de
el nexo funcional entre la IA y la falsedad personal.
En tercer lugar,
tras constatar que la ausencia de una definición legal obedeció a una decisión
deliberada del legislador, la Corte verificó que la constitucionalidad del
ingrediente, pese a su relativa indeterminación, se supedita a tres
En tercer
lugar, tras constatar que la ausencia de una definición legal obedeció a una
decisión deliberada del legislador, la Corte verificó que la constitucionalidad
del ingrediente, pese a su relativa indeterminación, se supedita a tres
… 1 строк без изменений …
condiciones: (i) que la naturaleza del tipo justifique la apertura; (ii)
que existan referentes idóneos que permitan cerrar la indeterminación relativa;
posible comprender la conducta prohibida.
Sobre la segunda
condición, la Corte precisó que los referentes que cierran la indeterminación
de un tipo abierto deben tener carácter jurídico-normativo. En consecuencia,
ancló el núcleo funcional del concepto, en primer lugar, en referentes con
fuerza normativa: el Decreto 1263 de 2022, el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 y
la caracterización efectuada por esta Corte en las Sentencias T-323 de 2024,
T-067 y T-256 de 2025. Los instrumentos técnicos y de política pública –los
documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la definición de la OCDE, la
Recomendación de la UNESCO y el Reglamento (UE) 2024/1689– operan como
elementos de contexto y de confirmación de las mismas notas funcionales, sin
cerrar por sí solos la indeterminación.
Sobre la
segunda condición, la Corte precisó que los referentes que cierran la
indeterminación de un tipo abierto deben tener carácter jurídico-normativo. En
consecuencia, ancló el núcleo funcional del concepto, en primer lugar, en
referentes con fuerza normativa: el Decreto 1263 de 2022, el Acuerdo
PCSJA24-12243 de 2024 y la caracterización efectuada por esta Corte en las
Sentencias T-323 de 2024, T-067 y T-256 de 2025. Los instrumentos técnicos y de
política pública –los documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la
definición de la OCDE, la Recomendación de la UNESCO y el Reglamento (UE)
2024/1689– operan como elementos de contexto y de confirmación de las mismas
notas funcionales, sin cerrar por sí solos la indeterminación.
… 18 строк без изменений …
De esos
conducta querellable sancionada con multa.
La decisión. Con fundamento en lo anterior, la Sala
La
decisión. Con fundamento en lo anterior, la Sala
… 11 строк без изменений …
concluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta
una indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación
ANTECEDENTES
Trámite procesal
Trámite
procesal
1.
El 6
de noviembre de 2025 , en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan
Manuel López Carrero demandó la
norma prevista en el artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or
medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley
599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones.”
El 6 de noviembre de 2025 , en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el
ciudadano Juan Manuel López Carrero demandó la norma
prevista en el artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio
de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599
del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones.”
2.
Mediante
Auto del 2 de diciembre de 2025, [1]
se inadmitió la demanda respecto de los dos cargos formulados, al considerar
que aquellos carecían de certeza, especificidad y suficiencia. Por
consiguiente, se le concedió al demandante el término de tres días para que
subsanara la demanda. [2]
Mediante Auto del 2 de
diciembre de 2025, [1] se inadmitió la demanda respecto de
los dos cargos formulados, al considerar que aquellos carecían de certeza,
especificidad y suficiencia. Por consiguiente, se le concedió al
demandante el término de tres días para que subsanara la demanda. [2]
3.
En el
escrito de corrección, el demandante señala que su demanda consta de un solo
cargo, por el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, en tanto la
norma acusada introduce un agravante penal construido sobre un elemento
normativo esencial -la inteligencia artificial (en adelante, también denominado
“IA”)- que no está definido en la ley. Este concepto, a su juicio, carece de
límites técnicos o jurídicos verificables y su contenido no puede ser fijado
por el intérprete sin invadir la órbita exclusiva del legislador en materia
penal. Dicha situación conlleva el quebrantamiento de los subprincipios que
componen el principio de legalidad, es decir, la lex certa, la
taxatividad, la previsibilidad de la conducta sancionada, la reserva legal
absoluta en la definición de los elementos esenciales del tipo y la prohibición
de analogía in malam partem.
En el escrito de corrección,
el demandante señala que su demanda consta de un solo cargo, por el
desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, en tanto la norma acusada
introduce un agravante penal construido sobre un elemento normativo esencial
-la inteligencia artificial (en adelante, también denominado “IA”)- que no está
definido en la ley. Este concepto, a su juicio, carece de límites técnicos o
jurídicos verificables y su contenido no puede ser fijado por el intérprete sin
invadir la órbita exclusiva del legislador en materia penal. Dicha situación
conlleva el quebrantamiento de los subprincipios que componen el principio de
legalidad, es decir, la lex certa, la taxatividad, la previsibilidad de
la conducta sancionada, la reserva legal absoluta en la definición de los
elementos esenciales del tipo y la prohibición de analogía in malam partem.
4.
Una
vez analizado el escrito de corrección, por medio del Auto del 20 de enero de
2026, [3]
Una vez analizado el escrito
de corrección, por medio del Auto del 20 de enero de 2026, [3]
se admitió la demanda, por el cargo propuesto. Adicionalmente, se comunicó el
inicio del proceso al
presidente de la República, a los ministros de Justicia y del Derecho, de
Defensa Nacional y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a
los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes
para que, si lo estimaban oportuno, presentaran por escrito las razones que
justificaban la constitucionalidad de la norma sometida a control. A su vez, se
invitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la
Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia,
al Centro de Estudios Regulatorios, y a las facultades de derecho de las
siguientes universidades: Los Andes, Antioquia, Cartagena, Externado de
Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte, del Rosario, del Cauca, Libre,
Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda en calidad de expertos para que, si lo
estimaban conveniente, emitieran concepto. Así mismo, ordenó fijar en lista el
expediente y requerir el concepto del Procurador General de la Nación.
La norma demandada
inicio del proceso al presidente de la República,
a los ministros de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional y de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y a los presidentes del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes para que, si lo estimaban oportuno,
presentaran por escrito las razones que justificaban la constitucionalidad de
la norma sometida a control. A su vez, se invitó a la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al
Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, al Centro de Estudios Regulatorios,
y a las facultades de derecho de las siguientes universidades: Los Andes,
Antioquia, Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte,
del Rosario, del Cauca, Libre, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda en
calidad de expertos para que, si lo estimaban conveniente, emitieran concepto.
Así mismo, ordenó fijar en lista el expediente y requerir el concepto del
Procurador General de la Nación.
La norma
demandada
5.
A
continuación, se transcribe el texto del artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, con
lo demandado en subrayas.
A continuación, se transcribe
el texto del artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, con lo demandado en subrayas.
… 1 строк без изменений …
“LEY 2502 de 2025
(julio 28) [4]
Por medio de la cual se
modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000,
Código Penal Colombiano y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se modifica y establece un agravante al
artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal Colombiano y se dictan otras
disposiciones
[…]
ARTÍCULO 3°.
Modifíquese el artículo
296 de la Ley 599 del 2000 - Código Penal Colombiano - y adiciónese un inciso
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 296. FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un provecho para sí
o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya
nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos,
incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito.
Cuando la falsedad personal se realizare con la
utilización de Inteligencia Artificial la multa se aumentará hasta en una
tercera parte, siempre que la conducta no constituya otro delito.”
ARTÍCULO 3°. Modifíquese
el artículo 296 de la Ley 599 del 2000 - Código Penal Colombiano - y adiciónese
un inciso el cual quedará así:
“ARTÍCULO 296. FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o
causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad,
estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa,
siempre que la conducta no constituya otro delito.
Cuando la falsedad personal se realizare con la utilización de
Inteligencia Artificial la multa se aumentará hasta en una tercera parte,
siempre que la conducta no constituya otro delito.”
La demanda
6.
El
demandante argumenta que el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 agrega al
artículo 296 del Código Penal un agravante cuyo elemento diferenciador es la
utilización de la inteligencia artificial. Sin embargo, la ley no define qué se
entiende por inteligencia artificial; el artículo 2 de la ley parcialmente
acusada, dedicado a ciertas definiciones, no incluye este concepto; y las
definiciones contempladas –como deepfake, identidad, imagen e
individualidad–, se refieren a fenómenos distintos y no permiten delimitar el
alcance tecnológico del agravante. Para el actor, esto genera un vacío
normativo sobre el elemento esencial que activa la agravación punitiva, en la
medida en que no está definido de manera precisa y exhaustiva, de tal forma que
permita distinguir inequívocamente cuándo la conducta simple se convierte en
agravada.
El demandante argumenta que el
artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 agrega al artículo 296 del Código Penal un
agravante cuyo elemento diferenciador es la utilización de la inteligencia
artificial. Sin embargo, la ley no define qué se entiende por inteligencia artificial;
el artículo 2 de la ley parcialmente acusada, dedicado a ciertas definiciones,
no incluye este concepto; y las definiciones contempladas –como deepfake, identidad,
imagen e individualidad–, se refieren a fenómenos distintos y no permiten
delimitar el alcance tecnológico del agravante. Para el actor, esto genera un
vacío normativo sobre el elemento esencial que activa la agravación punitiva,
en la medida en que no está definido de manera precisa y exhaustiva, de tal
forma que permita distinguir inequívocamente cuándo la conducta simple se
convierte en agravada.
7.
Tal
indeterminación persiste incluso atendiendo a las definiciones incluidas en el
artículo 2 de la Ley 2502 de 2025. El deepfake describe una modalidad
específica de manipulación audiovisual mediante inteligencia artificial,
mientras que identidad, imagen e individualidad describen atributos personales.
Estos conceptos (i) no delimitan el contenido técnico de la inteligencia
artificial utilizada en el agravante; (ii) no establecen qué tecnologías
digitales son penalmente relevantes; (iii) no precisan si basta un
software simple, un algoritmo estadístico, un modelo generativo o una
herramienta de edición automática; y (iv) no permiten determinar si la
gravedad del hecho depende del tipo, intensidad, finalidad o sofisticación de
la herramienta empleada. En suma, la ley no ofrece un criterio jurídico que
establezca qué constituye “inteligencia artificial” como elemento
habilitante del agravante penal.
Tal indeterminación persiste
incluso atendiendo a las definiciones incluidas en el artículo 2 de la Ley 2502
de 2025. El deepfake describe una modalidad específica de manipulación
audiovisual mediante inteligencia artificial, mientras que identidad, imagen e
individualidad describen atributos personales. Estos conceptos (i) no
delimitan el contenido técnico de la inteligencia artificial utilizada en el
agravante; (ii) no establecen qué tecnologías digitales son penalmente
relevantes; (iii) no precisan si basta un software simple, un algoritmo
estadístico, un modelo generativo o una herramienta de edición automática; y (iv)
no permiten determinar si la gravedad del hecho depende del tipo, intensidad,
finalidad o sofisticación de la herramienta empleada. En suma, la ley no ofrece
un criterio jurídico que establezca qué constituye “inteligencia artificial”
como elemento habilitante del agravante penal.
8.
Aunado
a lo anterior, el artículo 29 superior exige que la ley penal sea clara,
estricta, completa, determinada, y previsible. No obstante, el concepto de
inteligencia artificial es un concepto tecnológicamente abierto, jurídicamente
no precisado, conceptualmente heterogéneo, en constante expansión y evolución,
y sin un reconocimiento uniforme en la legislación penal colombiana. Dada esta
amplitud semántica, un ciudadano no puede prever si incurre en algún agravante
al emplear filtros automáticos, aplicaciones de edición digital, herramientas
de reconocimiento facial, auto correctores, modelos predictivos, sistemas
generativos o cualquier algoritmo elemental integrado a servicios cotidianos. A
su turno, es el juez quien, en este caso, debe rellenar la indeterminación del
término, definiendo qué es inteligencia artificial, convirtiéndolo así en
colegislador.
Aunado a lo anterior, el
artículo 29 superior exige que la ley penal sea clara, estricta, completa,
determinada, y previsible. No obstante, el concepto de inteligencia artificial
es un concepto tecnológicamente abierto, jurídicamente no precisado,
conceptualmente heterogéneo, en constante expansión y evolución, y sin un
reconocimiento uniforme en la legislación penal colombiana. Dada esta amplitud
semántica, un ciudadano no puede prever si incurre en algún agravante al
emplear filtros automáticos, aplicaciones de edición digital, herramientas de reconocimiento
facial, auto correctores, modelos predictivos, sistemas generativos o cualquier
algoritmo elemental integrado a servicios cotidianos. A su turno, es el juez
quien, en este caso, debe rellenar la indeterminación del término, definiendo
qué es inteligencia artificial, convirtiéndolo así en colegislador.
9.
En
definitiva, para el actor un agravante penal requiere de un elemento normativo
que sea objetivamente delimitable, claro, preciso, independiente de criterios
técnicos externos al texto legal, y que permita distinguir con certeza la
conducta simple de la agravada; pero el concepto de inteligencia artificial
carece de estos atributos. Por ende, el agravante contemplado en el artículo 3
de la Ley 2502 de 2025 desconoce el artículo 29 de la Carta Política.
En definitiva, para el actor
un agravante penal requiere de un elemento normativo que sea objetivamente
delimitable, claro, preciso, independiente de criterios técnicos externos al
texto legal, y que permita distinguir con certeza la conducta simple de la
agravada; pero el concepto de inteligencia artificial carece de estos
atributos. Por ende, el agravante contemplado en el artículo 3 de la Ley 2502
de 2025 desconoce el artículo 29 de la Carta Política.
… 34 строк без изменений …
Intervenciones
Inexequibilidad
Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia
Universidad Javeriana
Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad
Javeriana
… 3 строк без изменений …
Inexequibilidad
Exequibilidad
Clínica de Acciones y Litigio de Interés Público de la
facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana
Clínica de Acciones y Litigio de Interés Público de la facultad
de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana
… 41 строк без изменений …
Inexequibilidad
ser definidas como inteligencia artificial de la siguiente manera:
“a) los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la
información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para
aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción
y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de
IA están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante
la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y
el cálculo de correlaciones. Pueden incluir varios métodos, como, por ejemplo,
“a)
los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la información que
integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y
realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la
adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de IA
están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante la
modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el
cálculo de correlaciones. Pueden incluir varios métodos, como, por ejemplo,
aunque no exclusivamente:
i) el aprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo y
el aprendizaje de refuerzo;
ii) el razonamiento automático, incluidas la planificación, la programación,
la representación del conocimiento y el razonamiento, la búsqueda y la
i) el
aprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo y el aprendizaje de
refuerzo;
ii) el
razonamiento automático, incluidas la planificación, la programación, la
representación del conocimiento y el razonamiento, la búsqueda y la
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optimización. Los sistemas de IA pueden utilizarse en los sistemas
ciberfísicos, incluidos la Internet de las cosas, los sistemas robóticos, la
total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. De este modo, para
que un tipo penal sea inconstitucional su ambigüedad debe ser insuperable. En
el presente caso, la entidad arguye que la inteligencia artificial es fácilmente
conceptualizada y, en todo caso, la norma acusada constituye un tipo penal en
blanco que permite la interpretación autorizada por parte de la Corte
el presente caso, la entidad arguye que la inteligencia artificial es
fácilmente conceptualizada y, en todo caso, la norma acusada constituye un tipo
penal en blanco que permite la interpretación autorizada por parte de la Corte
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Constitucional y/o la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso.
indeterminado, a saber:
“i. En ningún caso los conceptos jurídicos indeterminados permiten
que las autoridades actúen de manera arbitraria.
ii. El legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que
impliquen un grado de ambigüedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven
a una interpretación absolutamente discrecional de la autoridad a quien
corresponde aplicar determinada disposición, especialmente cuando se trata de
normas que restringen el derecho a la libertad.
iii. La indeterminación no debe ser examinada de manera general,
sino dentro del contexto en el que se emplea el respectivo concepto.
iv. El criterio para establecer la admisibilidad de un concepto
indeterminado en un contexto particular es su incidencia e impacto en los
principios y derechos constitucionales, razón por la cual, cuando de su
utilización se sigue una restricción injustificada de los mismos, se afecta su
validez.
v. Cuando sea posible esclarecer un concepto jurídico
indeterminado, a partir de las herramientas hermenéuticas que ofrece el propio
ordenamiento jurídico, la disposición no será inconstitucional. Por el
contrario, si el concepto es tan abierto que no puede ser concretado en forma
razonable, se debe declarar su inconstitucionalidad, como consecuencia del
desconocimiento del principio de legalidad.
vi. En materia sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la
exigencia de certeza sobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto
que la aplicación de esta puede implicar una afectación más profunda de los
derechos y libertades constitucionalmente protegidas.” [8]
“i. En
ningún caso los conceptos jurídicos indeterminados permiten que las autoridades
actúen de manera arbitraria.
ii. El
legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de
ambigüedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una
interpretación absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde
aplicar determinada disposición, especialmente cuando se trata de normas que
restringen el derecho a la libertad.
iii.
La indeterminación no debe ser examinada de manera general, sino dentro del
contexto en el que se emplea el respectivo concepto.
iv. El
criterio para establecer la admisibilidad de un concepto indeterminado en un
contexto particular es su incidencia e impacto en los principios y derechos
constitucionales, razón por la cual, cuando de su utilización se sigue una
restricción injustificada de los mismos, se afecta su validez.
v.
Cuando sea posible esclarecer un concepto jurídico indeterminado, a partir de
las herramientas hermenéuticas que ofrece el propio ordenamiento jurídico, la
disposición no será inconstitucional. Por el contrario, si el concepto es tan
abierto que no puede ser concretado en forma razonable, se debe declarar su
inconstitucionalidad, como consecuencia del desconocimiento del principio de
legalidad.
vi. En
materia sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la exigencia de certeza
sobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto que la aplicación de
esta puede implicar una afectación más profunda de los derechos y libertades
constitucionalmente protegidas.” [8]
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28.
33.
De esta forma, el ministerio afirma que la inteligencia artificial
se asocia, de forma estable, con técnicas o sistemas informáticos que
reproducen operaciones como aprendizaje, inferencia, razonamiento o predicción,
y no con cualquier herramienta digital indiferenciada.
se asocia, de forma estable, con técnicas o sistemas informáticos que reproducen
operaciones como aprendizaje, inferencia, razonamiento o predicción, y no con
cualquier herramienta digital indiferenciada.
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34.
operador jurídico, en lugar de definir qué es IA, lo que debe hacer es
verificar si la herramienta empleada encaja objetivamente en dicho concepto,
como lo haría, por ejemplo, con los términos “documento”, “medio electrónico”
o “sistema informático”.
como lo haría, por ejemplo, con los términos “documento”, “medio
electrónico” o “sistema informático”.
36.
Con ello, el alcance razonable del supuesto fáctico que activa la
agravación puede establecerse con un grado admisible de certeza, lo que impide
afirmar que el agravante configure una indeterminación insuperable en los términos
exigidos por la jurisprudencia constitucional. En esa medida, el precepto
acusado es constitucional.
afirmar que el agravante configure una indeterminación insuperable en los
términos exigidos por la jurisprudencia constitucional. En esa medida, el
precepto acusado es constitucional.
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37.
Suprema de Justicia argumenta que no debe
confundirse que un delito sea un tipo penal en blanco o que use elementos
normativos o descriptivos. No obstante, también es posible que en un caso
puedan concurrir ambos fenómenos. En líneas generales, los tipos penales en
blanco son aquellos cuya definición del supuesto de hecho depende de otras
normas. Por su parte, puede ocurrir que la redacción de los tipos penales
incluya conceptos que necesiten de definición, lo cual no los hace, por sí
mismos, tipos penales en blanco.
normativos o descriptivos. No obstante, también es posible que en un caso puedan
concurrir ambos fenómenos. En líneas generales, los tipos penales en blanco son
aquellos cuya definición del supuesto de hecho depende de otras normas. Por su
parte, puede ocurrir que la redacción de los tipos penales incluya conceptos
que necesiten de definición, lo cual no los hace, por sí mismos, tipos penales
en blanco.
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38.
definición. Concretamente, se expresó que:
“ [l] os constantes y rápidos avances en la materia hacen que, de
manera continua, los expertos en esta disciplina científica realicen ajustes y
actualizaciones al concepto de IA. Aunque no exista una definición única y
universalmente aceptada, en términos simples, puede afirmarse que se trata de
sistemas que tienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno en el que
están inmersos y así emprender acciones, con algún grado de autonomía, a
efectos de alcanzar objetivos específicos (…) Un sistema de IA es un sistema
basado en una máquina que, ya sea para alcanzar objetivos explícitos o
implícitos, infiere -a partir de la entrada que recibe- cómo generar salidas,
tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, las cuales
pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA
varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación después de su
implementación.”
“ [l] os
constantes y rápidos avances en la materia hacen que, de manera continua, los
expertos en esta disciplina científica realicen ajustes y actualizaciones al
concepto de IA. Aunque no exista una definición única y universalmente
aceptada, en términos simples, puede afirmarse que se trata de sistemas que
tienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno en el que están
inmersos y así emprender acciones, con algún grado de autonomía, a efectos de
alcanzar objetivos específicos (…) Un sistema de IA es un sistema basado en una
máquina que, ya sea para alcanzar objetivos explícitos o implícitos, infiere -a
partir de la entrada que recibe- cómo generar salidas, tales como predicciones,
contenidos, recomendaciones o decisiones, las cuales pueden influir en entornos
físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de
autonomía y capacidad de adaptación después de su implementación.”
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50.
tecnológico, sino para qué resulta relevante su utilización en la comisión de
la conducta que el ordenamiento penal reprocha, y por medio de esta norma
agrava.” [13]
Para el caso concreto, entonces, la inteligencia artificial penalmente
relevante es aquella tecnología que permite crear, modificar o utilizar
registros audiovisuales falsos con un alto grado de verosimilitud, capaces de
afectar de manera significativa la identidad, la imagen o la individualidad de
una persona. Estos bienes jurídicos, a su vez, se encuentran expresamente
delimitados la ley.
agrava.” [13] Para el caso concreto,
entonces, la inteligencia artificial penalmente relevante es aquella tecnología
que permite crear, modificar o utilizar registros audiovisuales falsos con un
alto grado de verosimilitud, capaces de afectar de manera significativa la
identidad, la imagen o la individualidad de una persona. Estos bienes
jurídicos, a su vez, se encuentran expresamente delimitados la ley.
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54.
Igualmente, el agravante corresponde a una mayor lesividad de la
conducta, en cuanto la falsedad personal se comete mediante el uso de
inteligencia artificial. En ejercicio de su potestad de configuración en materia
de política criminal, el legislador diseñó una respuesta punitiva diferenciada
frente a una modalidad de suplantación que, por el medio empleado, incrementa
de manera significativa la afectación del bien jurídico protegido, tanto
cualitativa como cuantitativamente. Esto, en razón a que las tecnologías de
inteligencia artificial permiten generar contenidos falsos altamente
inteligencia artificial. En ejercicio de su potestad de configuración en
materia de política criminal, el legislador diseñó una respuesta punitiva
diferenciada frente a una modalidad de suplantación que, por el medio empleado,
incrementa de manera significativa la afectación del bien jurídico protegido,
tanto cualitativa como cuantitativamente. Esto, en razón a que las tecnologías
de inteligencia artificial permiten generar contenidos falsos altamente
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verosímiles capaces de reproducir rasgos, gestos, voces y comportamientos de
una persona real con un grado de fidelidad que excede ampliamente las formas
autónomos complejos, razón por la cual la expresión carece de un núcleo
esencial claramente identificable, lo que impide determinar con precisión cuál
es el comportamiento que el legislador pretende sancionar. Esta amplitud conceptual
genera un margen excesivo de interpretación para las autoridades judiciales,
comprometiendo seriamente el principio de tipicidad que debe caracterizar a
toda conducta en materia penal.
es el comportamiento que el legislador pretende sancionar. Esta amplitud
conceptual genera un margen excesivo de interpretación para las autoridades
judiciales, comprometiendo seriamente el principio de tipicidad que debe
caracterizar a toda conducta en materia penal.
61.
La ambigüedad del concepto de inteligencia artificial hace imposible
que los ciudadanos conozcan ex ante qué comportamientos se encuentran
agravados por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025; por lo tanto, el precepto
demandado vulnera el artículo 29 de la Carta Política.
La ambigüedad del concepto de inteligencia artificial hace
imposible que los ciudadanos conozcan ex ante qué comportamientos se
encuentran agravados por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025; por lo tanto, el
precepto demandado vulnera el artículo 29 de la Carta Política.
62.
El Semillero en Derecho Penitenciario de la
Pontificia Universidad Javeriana señala
El Semillero en Derecho Penitenciario de
la Pontificia Universidad Javeriana señala
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que no hay nada inherentemente inconstitucional en la remisión normativa ni en
los tipos penales en blanco. No obstante, la correcta utilización de estas
cierto es que la circunstancia de agravación carece de una norma a la cual se
remita que sea determinada. Por ello, surgen vacíos legales que vulneran los
principios de tipicidad y legalidad. Por ende, para esta universidad, la disposición
demandada es inconstitucional.
principios de tipicidad y legalidad. Por ende, para esta universidad, la
disposición demandada es inconstitucional.
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66.
referente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y
alcance de la prohibición.” [15] En otras palabras, la inconstitucionalidad de un tipo penal se
deriva de su indeterminación insuperable desde un punto de vista jurídico o porque
su sentido ni siquiera es posible determinarlo con fundamento en una
deriva de su indeterminación insuperable desde un punto de vista jurídico o
porque su sentido ni siquiera es posible determinarlo con fundamento en una
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interpretación razonable. [16]
sanciones. La naturaleza misma del lenguaje y la complejidad del derecho hacen
inevitable que existan márgenes de ambigüedad o áreas de interpretación. La
Corte Constitucional ha señalado que sólo son inadmisibles aquellas indeterminaciones
que no pueden ser superadas mediante una interpretación jurídica razonable, es
decir, cuando resulta imposible identificar con claridad y previsibilidad los
elementos esenciales del tipo penal. En todo caso, este principio somete a los
jueces al imperio de la ley y exige la aplicación de criterios interpretativos
restrictivos y la prohibición de la analogía en perjuicio del procesado. En
definitiva, el ordenamiento jurídico permite un margen razonable de
indeterminación, siempre que sea controlable mediante criterios jurídicos
objetivos y no delegue la definición esencial de la conducta al intérprete.
Corte Constitucional ha señalado que sólo son inadmisibles aquellas
indeterminaciones que no pueden ser superadas mediante una interpretación
jurídica razonable, es decir, cuando resulta imposible identificar con claridad
y previsibilidad los elementos esenciales del tipo penal. En todo caso, este
principio somete a los jueces al imperio de la ley y exige la aplicación de
criterios interpretativos restrictivos y la prohibición de la analogía en
perjuicio del procesado. En definitiva, el ordenamiento jurídico permite un margen
razonable de indeterminación, siempre que sea controlable mediante criterios
jurídicos objetivos y no delegue la definición esencial de la conducta al
intérprete.
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87.
93.
En definitiva, el agravante acusado se ubica dentro de aquellos
supuestos en los que resulta constitucionalmente admisible flexibilizar los
estándares del principio de legalidad penal. A pesar de que el término de “inteligencia
supuestos en los que resulta constitucionalmente admisible flexibilizar los estándares
del principio de legalidad penal. A pesar de que el término de “inteligencia
… 6 строк без изменений …
artificial” presenta cierto margen de indeterminación, la jurisprudencia
constitucional y las definiciones previstas en la propia Ley 2502 de 2025
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
95.
La Sala constata
que el artículo 6 de la Ley 2502 de 2025 establece que “[l]a modificación y
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean
contrarias. La modificación del artículo 296 de la Ley 599 de 2000, establecida
en esta ley, comenzará a regir un (1) año después de su sanción y promulgación. ” En tanto aquella ley entró a regir el 28 de julio de 2025,
la modificación mencionada, consistente precisamente en la inclusión del
agravante demandado, comenzará a regir el 28 de julio del presente año.
La Sala constata que el artículo 6 de la
Ley 2502 de 2025 establece que “[l]a modificación y publicación en el Diario
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. La modificación del
artículo 296 de la Ley 599 de 2000, establecida en esta ley, comenzará a regir
un (1) año después de su sanción y promulgación. ” En tanto aquella ley entró a
regir el 28 de julio de 2025, la modificación mencionada, consistente
precisamente en la inclusión del agravante demandado, comenzará a regir el 28
de julio del presente año.
96.
No obstante, esta
circunstancia no excluye que la Corte Constitucional tenga competencia para
juzgar su constitucionalidad, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional. [22]
No obstante, esta circunstancia no excluye
que la Corte Constitucional tenga competencia para juzgar su
constitucionalidad, de conformidad con la jurisprudencia constitucional. [22]
La norma demandada se trata de una norma cuya vigencia se encuentra latente y,
teniendo en cuenta que el juicio de constitucionalidad recae sobre la validez
de la norma legal y no sobre su eficacia, [23]
proferir una sentencia inhibitoria significaría desconocer la competencia
atribuida a esta Corte por el artículo 241 de la Constitución.
de la norma legal y no sobre su eficacia, [23] proferir una sentencia inhibitoria
significaría desconocer la competencia atribuida a esta Corte por el artículo
241 de la Constitución.
97.
Por otra parte,
tal como se estableció en la Sentencia C-495 de 2019, juzgar la
constitucionalidad de normas sancionadas, que entrarán a regir en el futuro, no
constituye un control preventivo o cautelar, porque no recae sobre proyectos de
ley o de Acto Legislativo, ni un control carente de objeto,
considerando que se trata de verdaderas normas jurídicas de rango legal,
sancionadas y promulgadas, que actualmente hacen parte del ordenamiento
jurídico y, en este sentido, se encuentran sometidas al principio de supremacía
constitucional, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución.
Por otra parte, tal como se estableció en
la Sentencia C-495 de 2019, juzgar la constitucionalidad de normas sancionadas,
que entrarán a regir en el futuro, no constituye un control preventivo o
cautelar, porque no recae sobre proyectos de ley o de Acto
Legislativo, ni un control carente de objeto, considerando que se trata de
verdaderas normas jurídicas de rango legal, sancionadas y promulgadas, que
actualmente hacen parte del ordenamiento jurídico y, en este sentido, se
encuentran sometidas al principio de supremacía constitucional, de acuerdo con
el artículo 4 de la Constitución.
98.
Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer de la
demanda, por dirigirse ella en contra de una norma contenida en una ley de la República.
Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el numeral
4 del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente
para conocer de la demanda, por dirigirse ella en contra de una norma contenida
en una ley de la República.
Cuestión
previa: Aptitud sustantiva de la demanda
previa: Aptitud
sustantiva de la demanda
… 11 строк без изменений …
99.
pertinencia y suficiencia.
100. A este respecto, la Sala recuerda que, si
bien el momento natural para verificar el cumplimiento de los requisitos de la
demanda es el auto admisorio, dicha verificación inicial responde a una
valoración apenas sumaria, adelantada únicamente por el magistrado
sustanciador, que no compromete ni define la competencia de la Sala Plena. [24] Por ello, la admisión de la demanda
100. A este respecto, la Sala recuerda que, si bien el momento natural
para verificar el cumplimiento de los requisitos de la demanda es el auto
admisorio, dicha verificación inicial responde a una valoración apenas sumaria,
adelantada únicamente por el magistrado sustanciador, que no compromete ni
define la competencia de la Sala Plena. [24] Por ello, la admisión de la demanda
no hace tránsito a cosa juzgada ni impide que, al momento de fallar, esta
Corporación reexamine su aptitud y, de ser el caso, profiera una decisión
inhibitoria en contra de lo considerado al admitirla. [25] Esa potestad cobra particular
sentido cuando, como en este proceso, un interviniente cualificado controvierte
de manera expresa la idoneidad del cargo.
101. De conformidad con el artículo 2 del
Decreto 2067 de 1991 [26]
inhibitoria en contra de lo considerado al admitirla. [25]
Esa potestad cobra particular sentido cuando, como en este proceso, un
interviniente cualificado controvierte de manera expresa la idoneidad del
cargo.
101. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 [26]
y la jurisprudencia de esta Corporación, el concepto de la violación debe
sustentarse en razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. La claridad alude a la
existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el
contenido del reproche; la certeza exige que el cargo recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente, y no sobre una deducida por el actor sin
conexión con el texto acusado; la especificidad reclama la formulación
de al menos un cargo constitucional concreto; la pertinencia supone que
el reproche sea de naturaleza constitucional, esto es, fundado en la
confrontación del precepto demandado con una norma superior, y no en
consideraciones legales, doctrinarias, subjetivas o de conveniencia; y la suficiencia
apela al alcance persuasivo de la demanda, en cuanto debe despertar al menos
una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada. [27]
102. La exigencia de estas cargas mínimas no
constituye una restricción del derecho político fundamental a interponer la
acción pública, sino una condición para que la Corte cuente con los elementos
necesarios para pronunciarse de fondo y evitar fallos inhibitorios. Por esa
misma razón, su valoración debe efectuarse a la luz del principio pro
actione , conforme al cual, “cuando se presente duda en relación con el cumplimiento
[de los requisitos de la demanda] se resuelva a favor del accionante . ” [28]
103. A la luz de este criterio, la Sala
constata que la demanda sí cumple con todos los requisitos para ser estudiada
de fondo. En primer lugar, la Sala debe destacar que el actor no construyó un
cargo por una presunta omisión legislativa relativa. El ciudadano no argumenta
que, respecto de la norma demandada, el legislador hubiese excluido de sus
consecuencias jurídicas algún caso equivalente al que se refiere la disposición
acusada o que no haya incluido expresamente un ingrediente normativo. Por el
contrario, lo que sostiene es que el elemento normativo “inteligencia
artificial” es insalvablemente indeterminado.
104. Ahora bien, el cargo expuesto por el
demandante es claro , pues exhibe un hilo argumentativo comprensible. La
falta de definición legal del ingrediente que activa la agravación impide
trazar la frontera entre la conducta simple y la agravada y traslada al juez la
fijación de su alcance.
105. El cargo es cierto. El reproche
recae sobre un contenido real y verificable de la disposición acusada. El
inciso adicionado al artículo 296 del Código Penal por el artículo 3 de la Ley
2502 de 2025 erige la utilización de la inteligencia artificial en el
elemento que activa la agravación punitiva, el cual es un dato objetivo del
texto, no una conjetura del actor. A su turno, ni el artículo 2, dedicado a las
definiciones, ni ninguna otra disposición de la Ley 2502 de 2025 definen qué se
entiende por inteligencia artificial . El demandante no atribuye a la
norma un sentido que esta no tenga, sino que cuestiona, precisamente, la
consecuencia constitucional de esa ausencia de definición del ingrediente que
diferencia la conducta simple de la agravada. El cargo, por lo tanto, se construye
sobre la proposición jurídica realmente acusada.
106. Sobre este asunto, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia argumentó que la supuesta ambigüedad que
extrae el actor corresponde a su particular interpretación y no encierra un problema objetivo
de constitucionalidad. Sin embargo, esta Corporación debe destacar que el
demandante realiza una lectura sistemática del texto. [29]
Este método apela a encontrar
el sentido de las disposiciones a partir de la comparación con otras normas que
pertenecen al orden jurídico legal y que guardan relación con aquella. No
obstante, en este caso, no existen otras normas con las cuales se pueda
comparar el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 y extraer de ellas la definición
legal de “inteligencia artificial”. Por esa razón, el demandante
concluye que la norma acusada desconoce el principio de estricta legalidad en
materia penal.
107. Ahora bien, la diferenciación entre tipos
penales en blanco y tipos penales abiertos que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia desarrolló en su intervención no afecta la certeza de
la acusación. Esto, puesto que el actor no clasifica la norma demandada y se limita a plantear un
cargo en general, por desconocerse el principio de legalidad. Así las cosas, para la Sala, el demandante realiza una
interpretación plausible y concordante con lo exigido por el presupuesto de certeza.
108. Asimismo, el cargo es específico
porque formula un reproche constitucional concreto contra el inciso acusado,
articulado en torno al desconocimiento de la lex certa , la taxatividad,
la previsibilidad y la reserva legal. Para el demandante, en tanto el
ordenamiento jurídico no brinda una definición del concepto “inteligencia
artificial”, el agravante demandado, necesariamente, entra en una
ambigüedad que jurídicamente es imposible de superar.
109. Igualmente, el cargo es pertinente .
El reproche confronta la disposición con un parámetro de rango constitucional:
el principio de legalidad estricta derivado del artículo 29 superior, y no con
criterios de conveniencia, oportunidad o mérito legislativo. Que ese mismo
principio admita, en el examen de fondo, modulaciones, como las que invoca la
Sala de Casación Penal al caracterizar la taxatividad como mandato de
optimización , no convierte el cargo en impertinente.
sustentarse en razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes. La claridad alude a la existencia de un hilo
conductor en la argumentación que permita comprender el contenido del reproche;
la certeza exige que el cargo recaiga sobre una proposición jurídica
real y existente, y no sobre una deducida por el actor sin conexión con el
texto acusado; la especificidad reclama la formulación de al menos un cargo
constitucional concreto; la pertinencia supone que el reproche sea de
naturaleza constitucional, esto es, fundado en la confrontación del precepto
demandado con una norma superior, y no en consideraciones legales,
doctrinarias, subjetivas o de conveniencia; y la suficiencia apela al
alcance persuasivo de la demanda, en cuanto debe despertar al menos una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada. [27]
102. La exigencia de estas cargas mínimas no constituye una restricción
del derecho político fundamental a interponer la acción pública, sino una
condición para que la Corte cuente con los elementos necesarios para
pronunciarse de fondo y evitar fallos inhibitorios. Por esa misma razón, su
valoración debe efectuarse a la luz del principio pro actione , conforme
al cual, “cuando se presente duda en relación con el cumplimiento [de
los requisitos de la demanda] se resuelva a favor del accionante . ” [28]
103. A la luz de este criterio, la Sala constata que la demanda sí
cumple con todos los requisitos para ser estudiada de fondo. En primer lugar,
la Sala debe destacar que el actor no construyó un cargo por una presunta
omisión legislativa relativa. El ciudadano no argumenta que, respecto de la
norma demandada, el legislador hubiese excluido de sus consecuencias jurídicas
algún caso equivalente al que se refiere la disposición acusada o que no haya
incluido expresamente un ingrediente normativo. Por el contrario, lo que
sostiene es que el elemento normativo “inteligencia artificial” es
insalvablemente indeterminado.
104. Ahora bien, el cargo expuesto por el demandante es claro ,
pues exhibe un hilo argumentativo comprensible. La falta de definición legal
del ingrediente que activa la agravación impide trazar la frontera entre la
conducta simple y la agravada y traslada al juez la fijación de su alcance.
105. El cargo es cierto. El reproche recae sobre un contenido
real y verificable de la disposición acusada. El inciso adicionado al artículo
296 del Código Penal por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 erige la utilización
de la inteligencia artificial en el elemento que activa la agravación
punitiva, el cual es un dato objetivo del texto, no una conjetura del actor. A
su turno, ni el artículo 2, dedicado a las definiciones, ni ninguna otra
disposición de la Ley 2502 de 2025 definen qué se entiende por inteligencia
artificial . El demandante no atribuye a la norma un sentido que esta no
tenga, sino que cuestiona, precisamente, la consecuencia constitucional de esa
ausencia de definición del ingrediente que diferencia la conducta simple de la
agravada. El cargo, por lo tanto, se construye sobre la proposición jurídica
realmente acusada.
106. Sobre este asunto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia argumentó que la supuesta ambigüedad que extrae el actor
corresponde a su particular interpretación y no encierra un problema objetivo de constitucionalidad. Sin embargo,
esta Corporación debe destacar que el demandante realiza una lectura
sistemática del texto. [29] Este método apela a encontrar el sentido de las disposiciones a partir de la
comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y que
guardan relación con aquella. No obstante, en este caso, no existen otras
normas con las cuales se pueda comparar el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 y
extraer de ellas la definición legal de “inteligencia artificial”. Por
esa razón, el demandante concluye que la norma acusada desconoce el principio
de estricta legalidad en materia penal.
107. Ahora bien, la diferenciación entre tipos penales en blanco y
tipos penales abiertos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia desarrolló en su intervención no afecta la certeza de la acusación.
Esto, puesto que el actor no clasifica la norma
demandada y se limita a plantear un cargo en general, por desconocerse el
principio de legalidad. Así las cosas, para la Sala,
el demandante realiza una interpretación plausible y concordante con lo exigido
por el presupuesto de certeza.
108. Asimismo, el cargo es específico porque formula un reproche
constitucional concreto contra el inciso acusado, articulado en torno al
desconocimiento de la lex certa , la taxatividad, la previsibilidad y la
reserva legal. Para el demandante, en tanto el ordenamiento jurídico no brinda
una definición del concepto “inteligencia artificial”, el agravante
demandado, necesariamente, entra en una ambigüedad que jurídicamente es
imposible de superar.
109. Igualmente, el cargo es pertinente . El reproche confronta
la disposición con un parámetro de rango constitucional: el principio de
legalidad estricta derivado del artículo 29 superior, y no con criterios de
conveniencia, oportunidad o mérito legislativo. Que ese mismo principio admita,
en el examen de fondo, modulaciones, como las que invoca la Sala de Casación
Penal al caracterizar la taxatividad como mandato de optimización , no convierte el cargo en impertinente.
Por el contrario, confirma que el debate planteado es, precisamente, de estirpe
constitucional. Así las cosas, el
núcleo argumentativo de la intervención, esto es, que la taxatividad es un
principio o mandato de optimización y no una regla; que ningún tipo penal puede
agotar las infinitas tipologías de su realización; y que existen abundantes
referentes normativos, técnicos y de política pública a los que puede acudir el
operador para precisar el ingrediente, no se dirige a demostrar un defecto del
libelo, sino a sostener que el cargo no debe prosperar. Entonces, estas razones son, en rigor, de
defensa de la constitucionalidad de la norma, no de ineptitud de la demanda.
110. Finalmente, en vista de lo anterior, la
demanda cumple con el requisito de suficiencia. En efecto, la demanda
despierta una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada
y generó un debate genuino, como lo pone en evidencia el hecho de que las
intervenciones recibidas se distribuyeran de manera significativa entre
solicitudes de exequibilidad, exequibilidad condicionada, inhibición e
inexequibilidad. La suficiencia no exige que la demanda convenza prima facie
de la inconstitucionalidad de la norma, sino que suscite una duda mínima sobre
su validez. Esa duda, en este caso, quedó ampliamente acreditada.
111. En consecuencia, la Sala concluye que la
demanda es apta y que el
cargo por violación del principio de legalidad estricta habilita un
pronunciamiento de fondo. Los cuestionamientos esgrimidos por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, realmente, estaban dirigidos a
controvertir las premisas jurídicas que sustentan el reproche de
inconstitucionalidad y no a identificar un defecto estructural en la
formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control de
constitucional. Así las cosas, el núcleo argumentativo
de la intervención, esto es, que la taxatividad es un principio o mandato de
optimización y no una regla; que ningún tipo penal puede agotar las infinitas
tipologías de su realización; y que existen abundantes referentes normativos,
técnicos y de política pública a los que puede acudir el operador para precisar
el ingrediente, no se dirige a demostrar un defecto del libelo, sino a sostener
que el cargo no debe prosperar. Entonces, estas razones
son, en rigor, de defensa de la constitucionalidad de la norma, no de ineptitud
de la demanda.
110. Finalmente, en vista de lo anterior, la demanda cumple con el
requisito de suficiencia. En efecto, la demanda despierta una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada y generó un debate
genuino, como lo pone en evidencia el hecho de que las intervenciones recibidas
se distribuyeran de manera significativa entre solicitudes de exequibilidad,
exequibilidad condicionada, inhibición e inexequibilidad. La suficiencia no
exige que la demanda convenza prima facie de la inconstitucionalidad de
la norma, sino que suscite una duda mínima sobre su validez. Esa duda, en este
caso, quedó ampliamente acreditada.
111. En consecuencia, la Sala concluye que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de legalidad
estricta habilita un pronunciamiento de fondo. Los cuestionamientos esgrimidos
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, realmente,
estaban dirigidos a controvertir las premisas jurídicas que sustentan el
reproche de inconstitucionalidad y no a identificar un defecto estructural en
la formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control de
… 7 строк без изменений …
constitucionalidad. La intervención desarrolló un análisis sobre la naturaleza
de los ingredientes normativos, la diferencia entre los tipos penales abiertos
susceptible de control constitucional.
112. Por consiguiente, a continuación,
formulará el problema jurídico y el esquema de decisión.
Problema jurídico y esquema
de decisión
113. Le corresponde a la Sala establecer si el
agravante introducido por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que modificó el
delito de falsedad personal, es contraria al artículo 29 de la Constitución, al
desconocer las exigencias derivadas del principio de legalidad penal
–particularmente en materia de taxatividad, lex certa y previsibilidad–
entendidas como una garantía fundamental del derecho penal según la cual sólo
puede castigarse una conducta cuando la ley la ha definido previamente de
manera clara, precisa y expresa como delito. Lo anterior, en cuanto establece
que se agravará la conducta punible cuando se cometa con la utilización de
inteligencia artificial .
114. Para resolver este problema jurídico, la
Sala seguirá la siguiente agenda. En primer lugar, describirá el fenómeno de la
IA, a partir de la evolución que ha tenido la definición del concepto de “inteligencia
112. Por consiguiente, a continuación, formulará el problema jurídico y
el esquema de decisión.
Problema
jurídico y esquema de decisión
113. Le corresponde a la Sala establecer si el agravante introducido
por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que modificó el delito de falsedad
personal, es contraria al artículo 29 de la Constitución, al desconocer las
exigencias derivadas del principio de legalidad penal –particularmente en
materia de taxatividad, lex certa y previsibilidad– entendidas como una
garantía fundamental del derecho penal según la cual sólo puede castigarse una
conducta cuando la ley la ha definido previamente de manera clara, precisa y
expresa como delito. Lo anterior, en cuanto establece que se agravará la
conducta punible cuando se cometa con la utilización de inteligencia artificial .
114. Para resolver este problema jurídico, la Sala seguirá la siguiente
agenda. En primer lugar, describirá el fenómeno de la IA, a partir de la
evolución que ha tenido la definición del concepto de “inteligencia
artificial” y de un ejercicio de derecho comparado. En segundo lugar,
reiterará la jurisprudencia relacionada con la amplia potestad de configuración
en cabeza del legislador en materia penal y sus límites. En tercer lugar, hará
alusión a l principio
de estricta legalidad y los tipos penales abiertos y en blanco. Finalmente, con
base en lo anterior, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma
demandada.
alusión a l principio de estricta
legalidad y los tipos penales abiertos y en blanco. Finalmente, con base en lo
anterior, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
El fenómeno de la inteligencia artificial y su regulación
115. Definiciones históricas de la inteligencia
artificial. Los
primeros indicios del concepto de “inteligencia artificial” se remontan
a la literatura. En el cuento “Círculo Vicioso” (1942), Isaac Asimov
formuló las tres leyes de la robótica, primera reflexión, entonces
especulativa, sobre los límites normativos de la conducta de las máquinas, [30] que inspiró a generaciones de
científicos en el campo de la robótica y de la ciencia computacional. Fuera de
la ficción, Alan Turing propuso en 1950 el “juego de la imitación”, prueba
conforme a la cual una máquina exhibe un comportamiento inteligente si sus
respuestas resultan indistinguibles de las de una persona, lo que exige
procesamiento de lenguaje natural, razonamiento automatizado, representación
del conocimiento y aprendizaje automatizado. [31]
115. Definiciones históricas de la inteligencia artificial. Los primeros indicios del concepto de “inteligencia artificial”
se remontan a la literatura. En el cuento “Círculo Vicioso” (1942),
Isaac Asimov formuló las tres leyes de la robótica, primera reflexión, entonces
especulativa, sobre los límites normativos de la conducta de las máquinas, [30]
que inspiró a generaciones de científicos en el campo de la robótica y de la
ciencia computacional. Fuera de la ficción, Alan Turing propuso en 1950 el “juego
de la imitación”, prueba conforme a la cual una máquina exhibe un
comportamiento inteligente si sus respuestas resultan indistinguibles de las de
una persona, lo que exige procesamiento de lenguaje natural, razonamiento
automatizado, representación del conocimiento y aprendizaje automatizado. [31]
… 1 строк без изменений …
En 1956, en la Conferencia de Dartmouth, los científicos Marvin Minsky y John
McCarthy acuñaron el término “inteligencia artificial” para designar un
de ser ejecutadas por seres humanos, requerirían inteligencia. [32]
116. En las décadas siguientes, el campo
evolucionó de los sistemas puramente simbólicos –que operaban mediante reglas
del tipo “si-entonces”, como el programa de ajedrez Deep Blue – [33] hacia sistemas capaces de interpretar
correctamente los datos externos, aprender de ellos y utilizar ese aprendizaje
para alcanzar objetivos y tareas específicas mediante una adaptación flexible. [34] Esta evolución explica el carácter
dinámico del concepto y, a la vez, la continuidad de su núcleo. Las
definiciones doctrinales tempranas ya aludían a “la ciencia e ingeniería de
hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes” , [35] al esfuerzo por hacer que
los computadores piensen, [36]
116. En las décadas siguientes, el campo evolucionó de los sistemas
puramente simbólicos –que operaban mediante reglas del tipo “si-entonces”,
como el programa de ajedrez Deep Blue – [33] hacia sistemas capaces de interpretar correctamente los datos
externos, aprender de ellos y utilizar ese aprendizaje para alcanzar objetivos
y tareas específicas mediante una adaptación flexible. [34] Esta evolución explica el carácter dinámico del concepto y, a la
vez, la continuidad de su núcleo. Las definiciones doctrinales tempranas ya
aludían a “la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes,
especialmente programas informáticos inteligentes” , [35]
al esfuerzo por hacer que los computadores piensen, [36]
o a la automatización de actividades que se asocian al pensamiento humano, como
la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. [37]
117. Además de estas definiciones –enfocadas en
los procesos de pensamiento–, también pueden darse otras enfocadas en el
razonamiento, comportamiento y fidelidad al desempeño humano. Por ejemplo,
otras definiciones de IA fueron “el arte de crear máquinas que realizan
funciones que requieren inteligencia cuando son desarrolladas por un humano”, [38] “el estudio de las facultades
mentales a través de modelos computacionales”, [39]
“el estudio del diseño de agentes inteligentes” [40] o “ [lo]
relacionado con el comportamiento inteligente en artefactos.” [41]
118. En 2012, el desarrollo de AlexNet, una
red neuronal convolucional pionera, revolucionó la visión por computadora, al
ganar un concurso identificando y clasificando objetos en imágenes. Los datos
de entrenamiento consistían en imágenes. A cada píxel rojo, verde o azul se le
117. Además de estas definiciones –enfocadas en los procesos de
pensamiento–, también pueden darse otras enfocadas en el razonamiento,
comportamiento y fidelidad al desempeño humano. Por ejemplo, otras definiciones
de IA fueron “el arte de crear máquinas que realizan funciones que requieren
inteligencia cuando son desarrolladas por un humano”, [38]
“el estudio de las facultades mentales a través de modelos computacionales”, [39]
“el estudio del diseño de agentes inteligentes” [40]
o “ [lo] relacionado con el comportamiento inteligente en
artefactos.” [41]
118. En 2012, el desarrollo de AlexNet, una red neuronal
convolucional pionera, revolucionó la visión por computadora, al ganar un
concurso identificando y clasificando objetos en imágenes. Los datos de
entrenamiento consistían en imágenes. A cada píxel rojo, verde o azul se le
asignaba un valor, y la matriz de números se introducía en la red como entrada.
Su éxito masivo marcó el inicio de la era moderna del deep learning. [42]
119. Luego, en 2016, AlphaGo, un
programa diseñado por Google, fue capaz de vencer al campeón mundial del juego
de mesa Go. Las versiones posteriores del software, como AlphaZero ,
prescindieron de cualquier conocimiento humano previo. El sistema se entrenaba
de manera autónoma, jugando contra él mismo millones de veces y aprendiendo
desde cero, y así, alcanzó un rendimiento mayor al del AlphaGo original
sin ningún tipo de sabiduría proporcionada o las aportaciones de jugadores
humanos.
120. Esta técnica de aprendizaje utiliza redes
neuronales inspiradas en las del cerebro humano. Estas son una herramienta
computacional para el procesamiento de lenguaje. Se compone de pequeñas
unidades de computación, cada una de las cuales toma un vector de valores de entrada y
produce un valor de salida. El uso de redes neuronales modernas se denomina a
menudo aprendizaje profundo – deep learning– porque suelen tener muchas
capas. Las redes neuronales comparten
gran parte de los mismos principios matemáticos que rigen la regresión
logística. Sin embargo, son clasificadores más potentes que la regresión
logística, y, de hecho, una red neuronal mínima, técnicamente con una sola capa
oculta, aprende cualquier función. [43]
121. Fue con las redes neuronales que
el desarrollo de la IA se maximizó . En 2019, el modelo de vanguardia de transformador generativo
preentrenado (GPT) [44]
no podía determinar qué Estado de EE. UU tenía la mayor superficie terrestre. [45] Para noviembre de 2022, el último
119. Luego, en 2016, AlphaGo, un programa diseñado por Google,
fue capaz de vencer al campeón mundial del juego de mesa Go. Las
versiones posteriores del software, como AlphaZero , prescindieron
de cualquier conocimiento humano previo. El sistema se entrenaba de manera
autónoma, jugando contra él mismo millones de veces y aprendiendo desde cero, y
así, alcanzó un rendimiento mayor al del AlphaGo original sin ningún
tipo de sabiduría proporcionada o las aportaciones de jugadores humanos.
120. Esta técnica de aprendizaje utiliza redes neuronales inspiradas en
las del cerebro humano. Estas son una herramienta computacional para el
procesamiento de lenguaje. Se compone de pequeñas unidades de computación, cada
una de las cuales toma un vector de valores
de entrada y produce un valor de salida. El uso de redes neuronales modernas se
denomina a menudo aprendizaje profundo – deep learning– porque suelen
tener muchas capas. Las redes neuronales comparten gran parte de los mismos principios
matemáticos que rigen la regresión logística. Sin embargo, son clasificadores
más potentes que la regresión logística, y, de hecho, una red neuronal mínima,
técnicamente con una sola capa oculta, aprende cualquier función. [43]
121. Fue con las redes neuronales que el desarrollo de la IA se
maximizó . En 2019, el modelo de vanguardia de transformador generativo
preentrenado (GPT) [44] no podía determinar qué Estado de
EE. UU tenía la mayor superficie terrestre. [45] Para noviembre de 2022, el último
modelo GPT era competitivo en actividades de nivel de bachillerato, obteniendo
las mejores calificaciones en tres exámenes de nivel avanzado y una puntuación
de 1260 en el SAT. [46]
Quince meses después, en marzo de 2024, el último modelo GPT se volvió
competitivo en trabajos de nivel universitario, obteniendo una puntuación en el
percentil 80 en la sección cuantitativa del GRE y en el percentil 99 en la
sección verbal. También progresó del percentil 10 en el examen de abogacía al
superar a la mayoría de los exámenes de abogacía. Seis meses después, el último
modelo GPT se desempeñaba a un nivel de doctorado en física, biología y
química.
122. Hoy en día, la IA permite replicar el
habla y el lenguaje, la visión y el razonamiento. Los grandes modelos de
lenguaje no se limitan a la generación de lenguaje. Lo que empezó con el
lenguaje se ha convertido en un campo de desarrollo de la IA generativa.
Pueden, simplemente como efecto secundario de su entrenamiento, escribir
música, inventar juegos, jugar al ajedrez y resolver problemas matemáticos de
alto nivel. [47]
de 1260 en el SAT. [46] Quince meses después, en marzo de
2024, el último modelo GPT se volvió competitivo en trabajos de nivel
universitario, obteniendo una puntuación en el percentil 80 en la sección
cuantitativa del GRE y en el percentil 99 en la sección verbal. También
progresó del percentil 10 en el examen de abogacía al superar a la mayoría de
los exámenes de abogacía. Seis meses después, el último modelo GPT se
desempeñaba a un nivel de doctorado en física, biología y química.
122. Hoy en día, la IA permite replicar el habla y el lenguaje, la
visión y el razonamiento. Los grandes modelos de lenguaje no se limitan a la
generación de lenguaje. Lo que empezó con el lenguaje se ha convertido en un
campo de desarrollo de la IA generativa. Pueden, simplemente como efecto
secundario de su entrenamiento, escribir música, inventar juegos, jugar al
ajedrez y resolver problemas matemáticos de alto nivel. [47]
… 1 строк без изменений …
Incluso, más allá de tareas productivas y creativas, la IA se ha usado en
escenarios bélicos, lo cual plantea un reto jurídico y ético, debido a que
una vida civil. [48]
123. La inteligencia artificial superó
nuevos parámetros de
evaluación a un ritmo sin precedentes durante el año 2024. Previamente, los sistemas de IA sólo
pudieron resolver el 4,4 % de los problemas de codificación en 2023, cifra que
aumentó al 71,7 % en 2024. [49]
123. La inteligencia artificial superó nuevos parámetros de evaluación a un ritmo sin precedentes durante el año 2024. Previamente, los sistemas de IA sólo pudieron resolver el 4,4 %
de los problemas de codificación en 2023, cifra que aumentó al 71,7 % en 2024. [49]
Asimismo, para 2024, la IA ya había superado el rendimiento humano en muchas
tareas, con sólo algunas excepciones,
como las matemáticas de nivel competitivo y el razonamiento visual de sentido común. Durante el último
año, los sistemas de IA
han seguido mejorando,
superando el rendimiento humano en
varios de estos parámetros que antes resultaban difíciles. [50]
124. De forma aparejada, paulatinamente, el
costo de operación de estos sistemas se ha reducido de forma dramática. Este
fenómeno tiene incidencia directa en la masificación de la tecnología y, por
consiguiente, en su difusión en ámbitos sociales y profesionales. En 2024, la
Universidad de Stanford reportó que la proporción de encuestados que informaron sobre el uso de IA
por parte de sus organizaciones aumentó del 55 % en 2023 al 78%. Del mismo
modo, el número de encuestados que informaron del uso de IA generativa en al
menos una función empresarial se duplicó con creces, pasando del 33% en 2023 al
71% en el 2024. [51]
125. Esta integración no se limita a entornos productivos. Un
estudio reciente de Anthropic analizó más de cuatro millones de
interacciones reales con sistemas de IA y reveló que las ocupaciones de
informática y matemáticas representan el 37,2% del total de usos de IA,
seguidas por ocupaciones de arte, diseño, entretenimiento y medios (10,3 %), y
las ocupaciones educativas. [52]
126. Bajo este escenario, la reflexión
contemporánea coincide en atribuir a estos sistemas los mismos rasgos que
recogen las definiciones técnicas. El CEO de Microsoft AI , Mustafa
Suleyman, y el escritor Michael Bhaskar advierten que la tecnología está
experimentando una transición de fase y que se integrará de manera inextricable
al tejido social. [53]
tareas, con sólo algunas excepciones, como las matemáticas de nivel competitivo y el razonamiento visual de sentido
común. Durante el último año, los sistemas de IA han seguido mejorando,
superando el rendimiento humano en varios de estos parámetros que antes resultaban difíciles. [50]
124. De forma aparejada, paulatinamente, el costo de operación de estos
sistemas se ha reducido de forma dramática. Este fenómeno tiene incidencia
directa en la masificación de la tecnología y, por consiguiente, en su difusión
en ámbitos sociales y profesionales. En 2024, la Universidad de Stanford
reportó que la proporción de encuestados que
informaron sobre el uso de IA por parte de sus organizaciones aumentó del 55 %
en 2023 al 78%. Del mismo modo, el número de encuestados que informaron del uso
de IA generativa en al menos una función empresarial se duplicó con creces,
pasando del 33% en 2023 al 71% en el 2024. [51]
125. Esta integración no se limita a entornos
productivos. Un estudio reciente de Anthropic analizó más de cuatro
millones de interacciones reales con sistemas de IA y reveló que las
ocupaciones de informática y matemáticas representan el 37,2% del total de usos
de IA, seguidas por ocupaciones de arte, diseño, entretenimiento y medios (10,3
%), y las ocupaciones educativas. [52]
126. Bajo este escenario, la reflexión contemporánea coincide en
atribuir a estos sistemas los mismos rasgos que recogen las definiciones
técnicas. El CEO de Microsoft AI , Mustafa Suleyman, y el escritor
Michael Bhaskar advierten que la tecnología está experimentando una transición
de fase y que se integrará de manera inextricable al tejido social. [53]
En el mismo sentido, el escritor Yuval Noah Harari destaca que, a diferencia de
las herramientas inertes, estos sistemas procesan información por sí mismos y
pueden tomar decisiones independientes –“La IA no es una herramienta: es un
agente” –, [54]
al punto de que podrían llegar a operar sin que se tenga una idea mínima de qué
están haciendo. [55]
127. La literatura, por su parte, anticipó los
rasgos que hoy recogen las definiciones normativas y técnicas, así como los
problemas jurídicos que suscitan: la atribución de derechos y de personalidad
jurídica a las máquinas en “Robots Universales Rossum” (1920), de Karel
Čapek, y “El Hombre Bicentenario” (1976), de Isaac Asimov; la
regulación coercitiva de inteligencias artificiales dotadas de autonomía y
agencia en “Neuromante” (1984), de William Gibson–, [56] y la posibilidad de una
agente” –, [54] al punto de que podrían
llegar a operar sin que se tenga una idea mínima de qué están haciendo. [55]
127. La literatura, por su parte, anticipó los rasgos que hoy recogen
las definiciones normativas y técnicas, así como los problemas jurídicos que
suscitan: la atribución de derechos y de personalidad jurídica a las máquinas
en “Robots Universales Rossum” (1920), de Karel Čapek, y “El
Hombre Bicentenario” (1976), de Isaac Asimov; la regulación coercitiva de
inteligencias artificiales dotadas de autonomía y agencia en “Neuromante”
(1984), de William Gibson–, [56] y la posibilidad de una
… 3 строк без изменений …
conciencia artificial en “Klara y el Sol” (2021), de Kazuo Ishiguro.
Estas referencias evidencian que el término “inteligencia artificial”
128.
Recientemente,
incluso desde ámbitos ajenos a la técnica y al derecho se ha reflexionado sobre
el alcance del concepto. Este es el caso de la carta encíclica Magnifica
Humanitas (“Magnífica humanidad”), publicada el 15 de mayo de 2026 por el
Papa León XIV. Para lo que aquí interesa, el documento coincide con los
referentes técnicos y normativos en tres constataciones. Primera, reafirma la
imposibilidad de brindar una definición única y completa de la IA. Segunda,
advierte que cualquier afirmación sobre ella corre el riesgo de quedar obsoleta
en poco tiempo, dada la velocidad de desarrollo de estos sistemas, cuyo
funcionamiento efectivo es en buena medida desconocido incluso para sus propios
diseñadores. [57]
Recientemente, incluso desde ámbitos
ajenos a la técnica y al derecho se ha reflexionado sobre el alcance del
concepto. Este es el caso de la carta encíclica Magnifica Humanitas
(“Magnífica humanidad”), publicada el 15 de mayo de 2026 por el Papa León XIV.
Para lo que aquí interesa, el documento coincide con los referentes técnicos y
normativos en tres constataciones. Primera, reafirma la imposibilidad de
brindar una definición única y completa de la IA. Segunda, advierte que
cualquier afirmación sobre ella corre el riesgo de quedar obsoleta en poco
tiempo, dada la velocidad de desarrollo de estos sistemas, cuyo funcionamiento
efectivo es en buena medida desconocido incluso para sus propios diseñadores. [57]
… 3 строк без изменений …
Y, tercera, precisa que, si bien estos sistemas imitan algunas funciones de la
inteligencia humana –superándolas en velocidad y amplitud de cálculo–, sus
129.
A partir de esas
constataciones, el documento aboga por que el uso de la inteligencia artificial
esté acompañado de responsabilidades claras en todas sus etapas y de marcos
jurídicos adecuados, con vigilancia independiente y controles efectivos, en
especial cuando compromete bienes públicos y derechos fundamentales. [59]
A partir de esas constataciones, el
documento aboga por que el uso de la inteligencia artificial esté acompañado de
responsabilidades claras en todas sus etapas y de marcos jurídicos adecuados,
con vigilancia independiente y controles efectivos, en especial cuando
compromete bienes públicos y derechos fundamentales. [59]
130.
El recorrido
expuesto permite constatar que la inteligencia artificial ha transitado, en
menos de un siglo, de la especulación literaria a la imaginación científica, de
allí a la herramienta computacional especializada y, finalmente, a una
tecnología de uso masivo que atraviesa la actividad económica, profesional y
cotidiana. En suma, de manera paulatina, los alcances de la inteligencia
artificial y su definición se han consolidado, de tal forma que se ha concluido
que su característica esencial es la imitación -o superación, según parte de la
doctrina-, de la inteligencia humana. Gradualmente, el debate se ha trasladado
de si es posible crear una inteligencia artificial, a cuáles son sus alcances y
los riesgos que suponen para los derechos fundamentales y humanos de las
personas, e incluso para su conciencia.
El recorrido expuesto permite constatar
que la inteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de la
especulación literaria a la imaginación científica, de allí a la herramienta
computacional especializada y, finalmente, a una tecnología de uso masivo que
atraviesa la actividad económica, profesional y cotidiana. En suma, de manera
paulatina, los alcances de la inteligencia artificial y su definición se han
consolidado, de tal forma que se ha concluido que su característica esencial es
la imitación -o superación, según parte de la doctrina-, de la inteligencia
humana. Gradualmente, el debate se ha trasladado de si es posible crear una
inteligencia artificial, a cuáles son sus alcances y los riesgos que suponen
para los derechos fundamentales y humanos de las personas, e incluso para su
conciencia.
131.
Definiciones
actuales y regulación de la inteligencia artificial. La definición de inteligencia artificial
más influyente hoy en día en derecho comparado es aquella ofrecida por la OCDE.
En un inicio, en 2019, la definía como “un sistema basado en una máquina que
puede, para un objetivo definido por el ser humano, hacer predicciones,
recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Los
sistemas de IA están diseñados para funcionar con distintos niveles de
autonomía.” [60]
Definiciones actuales y
regulación de la inteligencia artificial. La definición de inteligencia artificial más influyente hoy en día
en derecho comparado es aquella ofrecida por la OCDE. En un inicio, en 2019, la
definía como “un sistema basado en una máquina que puede, para un objetivo
definido por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones
que influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de IA están diseñados
para funcionar con distintos niveles de autonomía.” [60]
… 5 строк без изменений …
En el 2023, actualizó su definición de la siguiente manera: “Un sistema
de IA es un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o
132.
En el mismo
sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) caracterizó la IA como
un conjunto diverso de sistemas y técnicas computacionales que permiten a las
máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales
como el reconocimiento de patrones, las tareas predictivas y la generación de
contenidos. [62]
En el mismo sentido, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) caracterizó la IA como un conjunto diverso de
sistemas y técnicas computacionales que permiten a las máquinas realizar tareas
que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el reconocimiento de
patrones, las tareas predictivas y la generación de contenidos. [62]
… 2 строк без изменений …
Tal caracterización, proveniente de un organismo especializado de las Naciones
Unidas, apunta a un núcleo conceptual reconocible en el plano internacional,
133.
La UNESCO también
define la IA, por ahora, de forma similar a la OCDE. Según esta organización,
esta es “un sistema computacional y la rama de la informática que se centra
en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren
inteligencia humana, como comprender el lenguaje, reconocer patrones y tomar
decisiones. La IA influye en diversos campos, como la educación, las ciencias
sociales y la tecnología de la información, y desempeña un papel fundamental en
la promoción de la igualdad de género y el avance del conocimiento en las
ciencias naturales.” [63]
La UNESCO también define la IA, por ahora,
de forma similar a la OCDE. Según esta organización, esta es “un sistema
computacional y la rama de la informática que se centra en la creación de
sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia
humana, como comprender el lenguaje, reconocer patrones y tomar decisiones. La
IA influye en diversos campos, como la educación, las ciencias sociales y la
tecnología de la información, y desempeña un papel fundamental en la promoción
de la igualdad de género y el avance del conocimiento en las ciencias
naturales.” [63]
134.
Adicionalmente, la
UNESCO cuenta con una Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia
Artificial, aprobada el 23 de noviembre de 2021, que los Estados Miembros aplican
de manera voluntaria mediante las medidas legislativas o de otra índole que
resulten necesarias conforme a su práctica constitucional. Para lo que interesa
a este proceso, el instrumento renuncia deliberadamente a ofrecer una
definición única de inteligencia artificial, en el entendido de que tal
definición tendría que cambiar con el tiempo en función de los avances
tecnológicos, y opta en su lugar por caracterizar los sistemas de IA como
aquellos capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a
un comportamiento inteligente, lo que abarca el razonamiento, el aprendizaje,
la percepción, la predicción, la planificación y el control.
Adicionalmente, la UNESCO cuenta con una
Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada el 23 de
noviembre de 2021, que los Estados Miembros aplican de manera voluntaria
mediante las medidas legislativas o de otra índole que resulten necesarias
conforme a su práctica constitucional. Para lo que interesa a este proceso, el
instrumento renuncia deliberadamente a ofrecer una definición única de
inteligencia artificial, en el entendido de que tal definición tendría que
cambiar con el tiempo en función de los avances tecnológicos, y opta en su
lugar por caracterizar los sistemas de IA como aquellos capaces de procesar
datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento
inteligente, lo que abarca el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la
predicción, la planificación y el control.
135.
Sobre esa base,
conviene destacar cuatro orientaciones dirigidas a los Estados: (i)
fundar sus políticas y acciones en la prevención del daño a los seres humanos,
sus derechos y libertades, mediante procedimientos de evaluación de riesgos y
medidas para impedir que ese daño se produzca; [64]
(ii) promover un acceso inclusivo para toda la población, con equidad
entre las zonas rurales y urbanas y entre todas las personas; [65] (iii) evaluar continuamente
Sobre esa base, conviene destacar cuatro
orientaciones dirigidas a los Estados: (i) fundar sus políticas y
acciones en la prevención del daño a los seres humanos, sus derechos y
libertades, mediante procedimientos de evaluación de riesgos y medidas para
impedir que ese daño se produzca; [64] (ii) promover un acceso
inclusivo para toda la población, con equidad entre las zonas rurales y urbanas
y entre todas las personas; [65] (iii) evaluar continuamente
el impacto de estas tecnologías en las dimensiones humanas, sociales,
culturales, económicas y ambientales, [66]
y (iv) garantizar la protección de los datos mediante marcos y mecanismos de
gobernanza amparados por los sistemas judiciales. [67]
culturales, económicas y ambientales, [66] y (iv) garantizar la protección de
los datos mediante marcos y mecanismos de gobernanza amparados por los sistemas
judiciales. [67]
136.
A nivel
comunitario, el Reglamento 2024/1689 de la Unión Europea tiene como objetivo “mejorar
el funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de la
inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y digna de confianza,
garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud, la
seguridad, los derechos fundamentales consagrados en la Carta, incluida la
democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, contra los
efectos nocivos de los sistemas de IA en la Unión y apoyando la innovación.” [68] Para ello, define el
A nivel comunitario, el Reglamento
2024/1689 de la Unión Europea tiene como objetivo “mejorar el funcionamiento
del mercado interior y promover la adopción de la inteligencia artificial (IA)
centrada en el ser humano y digna de confianza, garantizando al mismo tiempo un
alto nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales
consagrados en la Carta, incluida la democracia, el Estado de Derecho y la
protección del medio ambiente, contra los efectos nocivos de los sistemas de IA
en la Unión y apoyando la innovación.” [68] Para ello, define el
concepto de IA como “un sistema basado en máquinas que está diseñado para
funcionar con diversos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de
adaptación tras su despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos,
infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como
predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos
físicos o virtuales.” [69]
predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en
entornos físicos o virtuales.” [69]
137.
Además de esta
definición, el Reglamento prohíbe la comercialización o puesta en servicio de
sistemas de IA que empleen técnicas subliminales, deliberadamente manipuladoras
o engañosas, con el objetivo o el efecto de distorsionar materialmente el
comportamiento de una persona o de un grupo de personas, mermando su capacidad
de tomar una decisión con conocimiento de causa, de forma que causen o sea
razonablemente probable que causen un daño significativo, así como las que
exploten vulnerabilidades derivadas de la edad, la discapacidad o una situación
social o económica específica con ese mismo efecto. [70] De otro lado, califica como sistemas
Además de esta definición, el Reglamento
prohíbe la comercialización o puesta en servicio de sistemas de IA que empleen
técnicas subliminales, deliberadamente manipuladoras o engañosas, con el
objetivo o el efecto de distorsionar materialmente el comportamiento de una
persona o de un grupo de personas, mermando su capacidad de tomar una decisión
con conocimiento de causa, de forma que causen o sea razonablemente probable
que causen un daño significativo, así como las que exploten vulnerabilidades
derivadas de la edad, la discapacidad o una situación social o económica
específica con ese mismo efecto. [70] De otro lado, califica como sistemas
… 2 строк без изменений …
de alto riesgo, entre otros, los relacionados con el tratamiento de datos
biométricos, las infraestructuras críticas, el empleo, el acceso a servicios
138.
Por otro lado,
varios países ya tienen regulaciones relacionadas con el uso de la IA. Por ejemplo,
Chile cuenta con el Decreto 12 del 28 de enero de 2025 sobre política nacional
de inteligencia artificial. Esta normativa se adhiere a la definición propuesta
por la OCDE y establece ciertos principios transversales que rigen la política
de IA: (i) uso ético y responsable de la IA, centrada en las personas, (ii)
la IA al servicio de un desarrollo sostenible, y (iii) la IA en
articulación internacional y multiactor.
Por otro lado, varios países ya tienen
regulaciones relacionadas con el uso de la IA. Por ejemplo, Chile cuenta con el
Decreto 12 del 28 de enero de 2025 sobre política nacional de inteligencia
artificial. Esta normativa se adhiere a la definición propuesta por la OCDE y
establece ciertos principios transversales que rigen la política de IA: (i) uso
ético y responsable de la IA, centrada en las personas, (ii) la IA al
servicio de un desarrollo sostenible, y (iii) la IA en articulación
internacional y multiactor.
139.
Estados Unidos,
por su parte, se aproxima a esta tecnología de forma descentralizada y
favorable a la innovación, mediante órdenes ejecutivas antes que a través de
una ley especial: la Orden Ejecutiva 14110 de 2023, que organizaba el
desarrollo y uso de la IA en torno a la seguridad, las cuestiones laborales, el
fomento de la innovación y el liderazgo global, fue derogada por la Orden
Ejecutiva 14179 del 23 de enero de 2025, que reorientó la política regulatoria.
Para efectos de este proceso interesa destacar que, con independencia de esos
giros de política, la definición legal permaneció inalterada y converge con la
de la OCDE. En efecto, conforme a la norma 15 U.S.C. § 9401(3), la inteligencia
artificial es “un sistema basado en máquinas que, para un conjunto dado de
objetivos definidos por seres humanos, puede hacer predicciones,
recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales”,
sistemas que perciben entornos reales y virtuales, abstraen tales percepciones
en modelos mediante análisis automatizado y usan la inferencia del modelo para
formular opciones de información o de acción.
Estados Unidos, por su parte, se aproxima
a esta tecnología de forma descentralizada y favorable a la innovación,
mediante órdenes ejecutivas antes que a través de una ley especial: la Orden
Ejecutiva 14110 de 2023, que organizaba el desarrollo y uso de la IA en torno a
la seguridad, las cuestiones laborales, el fomento de la innovación y el
liderazgo global, fue derogada por la Orden Ejecutiva 14179 del 23 de enero de
2025, que reorientó la política regulatoria. Para efectos de este proceso
interesa destacar que, con independencia de esos giros de política, la
definición legal permaneció inalterada y converge con la de la OCDE. En efecto,
conforme a la norma 15 U.S.C. § 9401(3), la inteligencia artificial es “un
sistema basado en máquinas que, para un conjunto dado de objetivos definidos
por seres humanos, puede hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que
influyen en entornos reales o virtuales”, sistemas que perciben entornos
reales y virtuales, abstraen tales percepciones en modelos mediante análisis
automatizado y usan la inferencia del modelo para formular opciones de
información o de acción.
140.
El Reino Unido
ofrece un ejemplo adicional. Este país no cuenta con una ley específica sobre
inteligencia artificial. Por el contrario, su regulación se articula mediante
documentos de política gubernamental, a partir del white paper de 2023 “A
El Reino Unido ofrece un ejemplo
adicional. Este país no cuenta con una ley específica sobre inteligencia
artificial. Por el contrario, su regulación se articula mediante documentos de
política gubernamental, a partir del white paper de 2023 “A
… 7 строк без изменений …
pro-innovation approach to AI regulation” y de la respuesta oficial del
Gobierno de febrero de 2024, que confían la aplicación de cinco principios
141.
En síntesis, el
modelo británico representa, en el panorama del derecho comparado, una vía
intermedia entre la regulación integral y vinculante de la Unión Europea y los
enfoques de menor intervención, como el estadounidense. Con todo, la
comparación de estos tres modelos, y del chileno, permite constatar que, pese a
la disparidad de sus técnicas regulatorias y de sus niveles de intensidad
normativa, todos ellos identifican el objeto regulado a partir de las mismas
notas funcionales: sistemas basados en máquinas que infieren a partir de datos,
generan resultados que influyen en entornos reales o virtuales y operan con
algún grado de autonomía o adaptabilidad.
En síntesis, el modelo británico
representa, en el panorama del derecho comparado, una vía intermedia entre la
regulación integral y vinculante de la Unión Europea y los enfoques de menor
intervención, como el estadounidense. Con todo, la comparación de estos tres
modelos, y del chileno, permite constatar que, pese a la disparidad de sus
técnicas regulatorias y de sus niveles de intensidad normativa, todos ellos
identifican el objeto regulado a partir de las mismas notas funcionales:
sistemas basados en máquinas que infieren a partir de datos, generan resultados
que influyen en entornos reales o virtuales y operan con algún grado de
autonomía o adaptabilidad.
142.
Por su parte,
Colombia carece actualmente de una regulación específica de inteligencia
artificial con normas jurídicamente vinculantes para diferentes operadores de
sistemas de IA. A pesar de un esfuerzo legislativo por brindar una definición
de este concepto, de varios proyectos de ley que se han presentado sobre el
asunto, tan sólo uno está actualmente en trámite.
Por su parte, Colombia carece actualmente
de una regulación específica de inteligencia artificial con normas
jurídicamente vinculantes para diferentes operadores de sistemas de IA. A pesar
de un esfuerzo legislativo por brindar una definición de este concepto, de
varios proyectos de ley que se han presentado sobre el asunto, tan sólo uno
está actualmente en trámite.
143.
El Proyecto de Ley
No. 91 de 2023 (Senado) presentaba una propuesta de ley “mediante la cual se
establece el deber de información para el uso responsable de la Inteligencia
Artificial en Colombia y se dictan otras disposiciones.” En su artículo 2,
definía la inteligencia artificial como “(…) la tecnología capaz de
replicar, mediante algoritmos, los procesos de pensamiento humanos.” Luego,
a lo largo de su articulado, establecía el deber de informar sobre el uso de
esta tecnología en actividades económicas y académicas; el diseño de un marco
ético transversal para guiar el desarrollo, implementación y evaluación de
sistemas de inteligencia artificial generativas; el incentivo y fortalecimiento
de programas educativos y creación de grupos universitarios encaminados a la
investigación y desarrollo de esta herramienta; jornadas de capacitación, y la
promoción de una cooperación internacional. [73]
El Proyecto de Ley No. 91 de 2023 (Senado)
presentaba una propuesta de ley “mediante la cual se establece el deber de
información para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia y
se dictan otras disposiciones.” En su artículo 2, definía la inteligencia
artificial como “(…) la tecnología capaz de replicar, mediante algoritmos,
los procesos de pensamiento humanos.” Luego, a lo largo de su articulado,
establecía el deber de informar sobre el uso de esta tecnología en actividades
económicas y académicas; el diseño de un marco ético transversal para guiar el
desarrollo, implementación y evaluación de sistemas de inteligencia artificial
generativas; el incentivo y fortalecimiento de programas educativos y creación
de grupos universitarios encaminados a la investigación y desarrollo de esta
herramienta; jornadas de capacitación, y la promoción de una cooperación
internacional. [73]
144.
El Proyecto de Ley
No. 005 de 2024 (Cámara) promovía una ley de inteligencia artificial ética y
sostenible para el bienestar social. Pretendía establecer un marco regulatorio
basado en principios generales que gobernaran la creación y utilización de esta
El Proyecto de Ley No. 005 de 2024
(Cámara) promovía una ley de inteligencia artificial ética y sostenible para el
bienestar social. Pretendía establecer un marco regulatorio basado en
principios generales que gobernaran la creación y utilización de esta
… 5 строк без изменений …
herramienta. La definición de inteligencia artificial que brindaba era: “Ciencia
para diseñar sistemas éticos y transparentes con el fin de acelerar y apoyar
145.
El Proyecto de Ley
No. 442 de 2025 (Senado) presentaba una eventual ley “mediante la cual se
regula la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo
ético y responsable y se dictan otras disposiciones.” Tenía como objetivo
promover la generación de conocimiento, el desarrollo de la infraestructura
tecnológica y la implementación de la IA en el país, “con un enfoque
territorial, ético, inclusivo, responsable y sostenible, que fortale [ciera]
las capacidades científicas, productivas, institucionales y de innovación, y
contribuy [era] a la prevalencia de los derechos fundamentales.” [75] La definición que brindaba
de inteligencia artificial era “disciplina científica que tiene por objetivo
que tecnologías (computadoras y máquinas) simulen procesos cognitivos
comúnmente asociados con la inteligencia humana (como el aprendizaje,
razonamiento lógico, resolución de problemas, la creatividad, entre otros). Su
base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y
algoritmos.” [76]
El Proyecto de Ley No. 442 de 2025
(Senado) presentaba una eventual ley “mediante la cual se regula la
inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y
responsable y se dictan otras disposiciones.” Tenía como objetivo promover
la generación de conocimiento, el desarrollo de la infraestructura tecnológica
y la implementación de la IA en el país, “con un enfoque territorial, ético,
inclusivo, responsable y sostenible, que fortale [ciera] las capacidades
científicas, productivas, institucionales y de innovación, y contribuy [era]
a la prevalencia de los derechos fundamentales.” [75]
La definición que brindaba de inteligencia artificial era “disciplina
científica que tiene por objetivo que tecnologías (computadoras y máquinas)
simulen procesos cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana
(como el aprendizaje, razonamiento lógico, resolución de problemas, la
creatividad, entre otros). Su base es el desarrollo de sistemas informáticos,
la disponibilidad de datos y algoritmos.” [76]
146.
El Proyecto de Ley
No. 043 de 2025 (Senado) recogió la propuesta anteriormente reseñada, la cual
se encuentra en primer debate en el Senado de la República. Con todo, modificó
la definición de inteligencia artificial por la siguiente: “Conjunto de
tecnologías, sistemas y algoritmos que permiten a los sistemas informáticos
procesar datos, percibir su entorno, aprender de la experiencia y realizar
tareas o tomar decisiones de manera autónoma o semiautónoma, simulando
funciones cognitivas asociadas a la inteligencia humana, tales como el
aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la generación de
contenidos, con el propósito de apoyar, optimizar o automatizar procesos en
distintos ámbitos de la actividad humana.” [77]
El Proyecto de Ley No. 043 de 2025
(Senado) recogió la propuesta anteriormente reseñada, la cual se encuentra en
primer debate en el Senado de la República. Con todo, modificó la definición de
inteligencia artificial por la siguiente: “Conjunto de tecnologías, sistemas
y algoritmos que permiten a los sistemas informáticos procesar datos, percibir
su entorno, aprender de la experiencia y realizar tareas o tomar decisiones de
manera autónoma o semiautónoma, simulando funciones cognitivas asociadas a la
inteligencia humana, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución
de problemas y la generación de contenidos, con el propósito de apoyar,
optimizar o automatizar procesos en distintos ámbitos de la actividad humana.” [77]
147.
En esa medida, la
única ley que actualmente está vigente en Colombia sobre inteligencia
artificial es la 2502 de 2025, que introduce una circunstancia de agravación
punitiva para los casos de fraude de identidad cometidos mediante el uso de
esta herramienta, incluida la creación de deepfakes y la suplantación de
identidad digital.
En esa medida, la única ley que
actualmente está vigente en Colombia sobre inteligencia artificial es la 2502
de 2025, que introduce una circunstancia de agravación punitiva para los casos
de fraude de identidad cometidos mediante el uso de esta herramienta, incluida
la creación de deepfakes y la suplantación de identidad digital.
148.
Adicionalmente, el
artículo 4 de la ley establece que el Gobierno nacional, la Fiscalía General de
la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en
coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, formulará una política pública, relacionada con el uso de IA
destinada a engaño o daño y que pueden tener consecuencias negativas para la
privacidad, la dignidad humana, la seguridad, la democracia y la credibilidad
de las fuentes de información.
Adicionalmente, el artículo 4 de la ley
establece que el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, la
Policía Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, formulará
una política pública, relacionada con el uso de IA destinada a engaño o daño y
que pueden tener consecuencias negativas para la privacidad, la dignidad
humana, la seguridad, la democracia y la credibilidad de las fuentes de
información.
149.
Por último, el
artículo 5 le impone a la Fiscalía General de la Nación la obligación de
garantizar la trazabilidad de los casos relacionados con el uso de IA para
cometer falsedad personal.
Por último, el artículo 5 le impone a la
Fiscalía General de la Nación la obligación de garantizar la trazabilidad de
los casos relacionados con el uso de IA para cometer falsedad personal.
150.
Adicionalmente, en
Colombia se ha brindado una definición implícita y funcional alineada con
aquella ofrecida por la OCDE. El Conpes 3975 de 2019 indica que el mundo se
encuentra en camino a la cuarta revolución industrial, caracterizada por la
aparición de nuevas tecnologías que están fusionando el mundo físico, digital y
biológico. Una de las tecnologías propias de esta revolución es la IA, definida
como “un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos
comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes,
entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base
es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los
algoritmos.” [78]
Adicionalmente, en Colombia se ha brindado
una definición implícita y funcional alineada con aquella ofrecida por la OCDE.
El Conpes 3975 de 2019 indica que el mundo se encuentra en camino a la cuarta
revolución industrial, caracterizada por la aparición de nuevas tecnologías que
están fusionando el mundo físico, digital y biológico. Una de las tecnologías
propias de esta revolución es la IA, definida como “un campo de la
informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con
la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que
pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas
informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.” [78]
151.
El Consejo
Nacional de Política Económica y Social, en este documento, advierte que la IA
es una tecnología que puede tener un sinnúmero de beneficios, pero también
conlleva una serie de riesgos que la sociedad colombiana debe enfrentar y
mitigar, como su posible impacto en la profundización de diferencias sociales y
en la inequidad. En ese sentido, Colombia debe enmarcar sus acciones y
estrategias bajo unos principios adaptativos que ayuden a reducir la falta de
preparación del país para aprovechar las oportunidades relacionadas con la
adopción y desarrollo de esta tecnología. [79]
El Consejo Nacional de Política Económica
y Social, en este documento, advierte que la IA es una tecnología que puede
tener un sinnúmero de beneficios, pero también conlleva una serie de riesgos
que la sociedad colombiana debe enfrentar y mitigar, como su posible impacto en
la profundización de diferencias sociales y en la inequidad. En ese sentido,
Colombia debe enmarcar sus acciones y estrategias bajo unos principios
adaptativos que ayuden a reducir la falta de preparación del país para
aprovechar las oportunidades relacionadas con la adopción y desarrollo de esta
tecnología. [79]
152.
Así las cosas,
debe procurarse la necesidad de proteger a los colombianos y el cuidado de
generar regulaciones excesivas. Además, es necesario fomentar la innovación y
la confianza en la IA, asegurando, a su vez, el respeto por los derechos
humanos y los valores democráticos. Con base en lo anterior, el consejo propuso
14 principios para el desarrollo de la IA en el país: creación del mercado de
inteligencia artificial, priorización de las innovaciones creadoras de mercado,
políticas basadas en evidencia y métricas de impacto para la regulación,
experimentación regulatoria, infraestructura de datos de fácil acceso, mercado
de la IA como generador de equidad e inclusión, marco ético para la IA y
seguridad, compromisos creíbles y producto de consensos, ambiente de
experimentación para desarrollar políticas de talento, rol estratégico de las
universidades y la investigación académica en la creación de mercado de
inteligencia artificial, atracción de talento internacional, políticas sobre
futuro del trabajo basadas en evidencia, el Estado como facilitador y usuario
de la IA y acceso continuo a conocimiento de la comunidad internacional. [80]
Así las cosas, debe procurarse la
necesidad de proteger a los colombianos y el cuidado de generar regulaciones excesivas.
Además, es necesario fomentar la innovación y la confianza en la IA,
asegurando, a su vez, el respeto por los derechos humanos y los valores
democráticos. Con base en lo anterior, el consejo propuso 14 principios para el
desarrollo de la IA en el país: creación del mercado de inteligencia
artificial, priorización de las innovaciones creadoras de mercado, políticas
basadas en evidencia y métricas de impacto para la regulación, experimentación
regulatoria, infraestructura de datos de fácil acceso, mercado de la IA como
generador de equidad e inclusión, marco ético para la IA y seguridad,
compromisos creíbles y producto de consensos, ambiente de experimentación para
desarrollar políticas de talento, rol estratégico de las universidades y la
investigación académica en la creación de mercado de inteligencia artificial,
atracción de talento internacional, políticas sobre futuro del trabajo basadas
en evidencia, el Estado como facilitador y usuario de la IA y acceso continuo a
conocimiento de la comunidad internacional. [80]
153.
De otro lado,
presentó un plan de acción para incorporar el uso de la IA en el país. La
primera línea de acción es disminuir barreras relacionadas con la falta de
cultura y el desconocimiento para abordar la adopción y explotación de la
transformación digital en el sector privado. Para ello, considera necesario
desarrollar ajustes normativos e institucionales para favorecer la adopción de
la transformación digital en componentes clave de la productividad empresarial,
y mejorar el desempeño de la política de gobierno digital, para abordar la
adopción y explotación de la transformación digital en el sector público. [81]
De otro lado, presentó un plan de acción
para incorporar el uso de la IA en el país. La primera línea de acción es
disminuir barreras relacionadas con la falta de cultura y el desconocimiento
para abordar la adopción y explotación de la transformación digital en el
sector privado. Para ello, considera necesario desarrollar ajustes normativos e
institucionales para favorecer la adopción de la transformación digital en
componentes clave de la productividad empresarial, y mejorar el desempeño de la
política de gobierno digital, para abordar la adopción y explotación de la
transformación digital en el sector público. [81]
154.
Otras líneas de
acción se refieren a las alianzas internacionales para la innovación; diseñar y
ejecutar iniciativas de fomento al emprendimiento y la transformación digital;
promover la innovación basada en TIC en el sector público; y ejecutar
iniciativas de alto impacto apoyadas en la transformación digital. [82]
Otras líneas de acción se refieren a las
alianzas internacionales para la innovación; diseñar y ejecutar iniciativas de
fomento al emprendimiento y la transformación digital; promover la innovación
basada en TIC en el sector público; y ejecutar iniciativas de alto impacto
apoyadas en la transformación digital. [82]
155.
Un grupo adicional
de líneas de acción están dirigidas a generar condiciones habilitantes que
favorezcan el desarrollo de competencias digitales durante la trayectoria
educativa, correspondientes con los retos de las transformaciones tecnológicas;
configurar los ecosistemas de innovación orientados a generar apropiación de la
cultura innovadora para incentivar el desarrollo social y económico; alianzas
internacionales para la formación de talento, preparación de la educación, con
prioridad en IA, que contribuya al desarrollo de competencias para la Cuarta
Revolución Industrial. [83]
Un grupo adicional de líneas de acción
están dirigidas a generar condiciones habilitantes que favorezcan el desarrollo
de competencias digitales durante la trayectoria educativa, correspondientes
con los retos de las transformaciones tecnológicas; configurar los ecosistemas
de innovación orientados a generar apropiación de la cultura innovadora para
incentivar el desarrollo social y económico; alianzas internacionales para la
formación de talento, preparación de la educación, con prioridad en IA, que
contribuya al desarrollo de competencias para la Cuarta Revolución Industrial. [83]
156.
Finalmente, el
Consejo Nacional de Política Económica y Social propone generar condiciones
habilitantes para impulsar el desarrollo de la IA en Colombia, e impulsar el
desarrollo. [84]
Finalmente, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social propone generar condiciones habilitantes para
impulsar el desarrollo de la IA en Colombia, e impulsar el desarrollo. [84]
157.
El Marco Ético
para la Inteligencia Artificial en Colombia, en su versión final publicada por
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en octubre de
2021, constituye un instrumento de soft law concebido como una guía de
recomendaciones y sugerencias dirigida a las entidades públicas para orientar
la formulación y gestión de proyectos que incorporen inteligencia artificial.
Fue elaborado con el apoyo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir de un documento
técnico previo y de los insumos recogidos en seis mesas técnicas con
participación de entidades nacionales e internacionales, entre ellas el Berkman
Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard.
El Marco Ético para la Inteligencia
Artificial en Colombia, en su versión final publicada por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República en octubre de 2021, constituye
un instrumento de soft law concebido como una guía de recomendaciones y
sugerencias dirigida a las entidades públicas para orientar la formulación y
gestión de proyectos que incorporen inteligencia artificial. Fue elaborado con
el apoyo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a partir de un documento técnico previo y de
los insumos recogidos en seis mesas técnicas con participación de entidades
nacionales e internacionales, entre ellas el Berkman Klein Center for Internet
& Society de la Universidad de Harvard.
158.
El documento se
inscribe en la ejecución de la Política Nacional para la Transformación Digital
e Inteligencia Artificial adoptada en el documento Conpes anteriormente
descrito, de la cual retoma la definición de inteligencia artificial como un
campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente
asociados con la inteligencia humana, cuya base son los sistemas informáticos,
la disponibilidad de datos y los algoritmos. [85]
Reconoce que, si bien la IA puede impulsar el crecimiento económico y
contribuir a resolver problemas sociales estructurales, también puede generar
efectos negativos en materia de desinformación, sesgos, discriminación,
seguridad y afectaciones a la privacidad, lo que justifica asegurar una
implementación ética y confiable de esta tecnología. [86]
El documento se inscribe en la ejecución
de la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia
Artificial adoptada en el documento Conpes anteriormente descrito, de la cual
retoma la definición de inteligencia artificial como un campo de la informática
dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la
inteligencia humana, cuya base son los sistemas informáticos, la disponibilidad
de datos y los algoritmos. [85] Reconoce que, si bien la IA puede
impulsar el crecimiento económico y contribuir a resolver problemas sociales
estructurales, también puede generar efectos negativos en materia de
desinformación, sesgos, discriminación, seguridad y afectaciones a la
privacidad, lo que justifica asegurar una implementación ética y confiable de
esta tecnología. [86]
159.
El Marco se
articula expresamente con un enfoque basado en los derechos humanos. Acoge los
principios de inteligencia artificial de la OCDE, UNESCO, y recoge el llamado
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
la necesidad de prevenir y limitar los daños que estas tecnologías pueden
causar a los derechos fundamentales. En esa línea, su objeto declarado es
proteger y reforzar los derechos humanos de los ciudadanos en el desarrollo,
uso y gobernanza de la inteligencia artificial. [87]
El Marco se articula expresamente con un
enfoque basado en los derechos humanos. Acoge los principios de inteligencia
artificial de la OCDE, UNESCO, y recoge el llamado de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la necesidad de prevenir y
limitar los daños que estas tecnologías pueden causar a los derechos
fundamentales. En esa línea, su objeto declarado es proteger y reforzar los
derechos humanos de los ciudadanos en el desarrollo, uso y gobernanza de la
inteligencia artificial. [87]
160.
El alcance del
documento se circunscribe a sugerir principios éticos, herramientas para su
implementación y recomendaciones aplicables a los proyectos que usen
inteligencia artificial. Está dirigido principalmente a los responsables de
tecnología y de la implementación de la Política de Gobierno Digital en las
entidades públicas, y prioriza su adopción en el sector público, sin perjuicio
de que pueda ser implementado voluntariamente por otros sectores y por
entidades del orden departamental y municipal.
El alcance del documento se circunscribe a
sugerir principios éticos, herramientas para su implementación y
recomendaciones aplicables a los proyectos que usen inteligencia artificial.
Está dirigido principalmente a los responsables de tecnología y de la
implementación de la Política de Gobierno Digital en las entidades públicas, y
prioriza su adopción en el sector público, sin perjuicio de que pueda ser
implementado voluntariamente por otros sectores y por entidades del orden
departamental y municipal.
161.
El Marco adopta
nueve principios éticos –transparencia y explicación; privacidad; control
humano de las decisiones; seguridad; responsabilidad; no discriminación;
inclusión; prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y
beneficio social–, para cuya materialización propone un tablero de control de
seguimiento y un conjunto de herramientas de gestión, y formula recomendaciones
dirigidas al sector público en materia de educación e investigación, diseño de
sistemas confiables y fortalecimiento de la ética en los programas de derechos
humanos. [88]
El Marco adopta nueve principios éticos
–transparencia y explicación; privacidad; control humano de las decisiones;
seguridad; responsabilidad; no discriminación; inclusión; prevalencia de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, y beneficio social–, para cuya
materialización propone un tablero de control de seguimiento y un conjunto de
herramientas de gestión, y formula recomendaciones dirigidas al sector público
en materia de educación e investigación, diseño de sistemas confiables y
fortalecimiento de la ética en los programas de derechos humanos. [88]
162.
La política de
transformación digital luego se desarrolló más a profundidad con el Decreto
1263 de 2022. Esta normativa tuvo como objeto establecer lineamientos y
estándares para la transformación digital de la administración pública en el
marco de la política de gobierno digital, de conformidad con el artículo 147 de
la Ley 1955 de 2019. [89]
La política de transformación digital
luego se desarrolló más a profundidad con el Decreto 1263 de 2022. Esta
normativa tuvo como objeto establecer lineamientos y estándares para la
transformación digital de la administración pública en el marco de la política
de gobierno digital, de conformidad con el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019. [89]
… 10 строк без изменений …
Los lineamientos y estándares incluidos fueron: (i) uso de la
infraestructura de datos, (ii) interoperabilidad, (iii) proyectos
163.
Finalmente, el
documento Conpes 4144 de 2025 sobre “Política Nacional de Inteligencia
Artificial” fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social el 14 de febrero de ese año. Este se construye sobre los cimientos del
Conpes 3975 de 2019, pero se centra de manera específica en la inteligencia
artificial como tecnología de propósito general, dándole un tratamiento más
amplio y actualizado. Este documento adopta la formulación de la OCDE, conforme
a la cual un sistema de IA es “un sistema basado en una máquina o un sistema
de máquinas y programas de cómputo que infiere, a partir de la información que
recibe, cómo generar resultados tales como predicciones, contenido,
recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales
para cumplir objetivos implícitos o explícitos . ” [91] Estos sistemas se soportan
Finalmente, el documento Conpes 4144 de
2025 sobre “Política Nacional de Inteligencia Artificial” fue aprobado
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social el 14 de febrero de ese
año. Este se construye sobre los cimientos del Conpes 3975 de 2019, pero se
centra de manera específica en la inteligencia artificial como tecnología de
propósito general, dándole un tratamiento más amplio y actualizado. Este
documento adopta la formulación de la OCDE, conforme a la cual un sistema de IA
es “un sistema basado en una máquina o un sistema de máquinas y programas de
cómputo que infiere, a partir de la información que recibe, cómo generar
resultados tales como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que
pueden influir en entornos físicos o virtuales para cumplir objetivos
implícitos o explícitos . ” [91] Estos sistemas se soportan
en infraestructuras tecnológicas y ejecutan tareas que comúnmente requerirían
el poder del cerebro humano, a partir de algoritmos que se alimentan de datos.
164.
El problema
central que la política busca resolver es que el país aún muestra bajas
capacidades para la investigación, el desarrollo, la adopción y el
aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA en asuntos estratégicos en
lo social, económico y ambiental. El diagnóstico se ordena por ejes
problemáticos, entre los que se cuentan las insuficientes capacidades de
verificación, evaluación y materialización de los principios éticos de la IA;
las bajas capacidades para la investigación, el desarrollo y la innovación; y
los insuficientes mecanismos de cooperación y articulación entre los actores
El problema central que la política busca
resolver es que el país aún muestra bajas capacidades para la investigación, el
desarrollo, la adopción y el aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de
IA en asuntos estratégicos en lo social, económico y ambiental. El diagnóstico
se ordena por ejes problemáticos, entre los que se cuentan las insuficientes capacidades
de verificación, evaluación y materialización de los principios éticos de la
IA; las bajas capacidades para la investigación, el desarrollo y la innovación;
y los insuficientes mecanismos de cooperación y articulación entre los actores
del ecosistema. [92]
165.
El objetivo
general de la política es “generar las capacidades para la investigación,
desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con
el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia a 2030.” [93] Para alcanzarlo, se
El objetivo general de la política es “generar
las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento
ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación
social y económica de Colombia a 2030.” [93] Para alcanzarlo, se
estructura en seis objetivos específicos, de los cuales los cuatro primeros
operan como condiciones habilitantes para el uso y la adopción de la IA:
“OE1. Fortalecer los mecanismos de gobernanza y la
aplicación de principios éticos relacionados con los sistemas de IA para
asegurar un desarrollo y uso responsable de esta tecnología en beneficio del
país.
“OE1. Fortalecer los mecanismos de gobernanza y la aplicación de
principios éticos relacionados con los sistemas de IA para asegurar un
desarrollo y uso responsable de esta tecnología en beneficio del país.
OE2. Fortalecer la infraestructura tecnológica, así como la
disponibilidad, intercambio y representatividad de datos, requerida para
fomentar el desarrollo y adopción de sistemas de IA en Colombia.
OE3. Impulsar la I+D+i en sistemas de IA para desarrollar
en el país capacidades avanzadas en Ciencia, Tecnología e Innovación que se
traduzcan en conocimiento, productividad y beneficios para todos los agentes de
la sociedad.
disponibilidad, intercambio y representatividad de datos, requerida para fomentar
el desarrollo y adopción de sistemas de IA en Colombia.
OE3. Impulsar la I+D+i en sistemas de IA para desarrollar en el
país capacidades avanzadas en Ciencia, Tecnología e Innovación que se traduzcan
en conocimiento, productividad y beneficios para todos los agentes de la
sociedad.
OE4. Desarrollar las capacidades, el talento digital y la
apropiación social del conocimiento relacionado con IA para generar
oportunidades de desarrollo personal, empleabilidad, equidad y mayor productividad
en Colombia.
OE5. Definir medidas que promuevan la identificación,
prevención y mitigación de los riesgos y efectos no deseados relacionados con
sistemas de IA, con el fin de evitar asimetrías, inequidades y potenciales
vulneraciones de derechos en el país.
OE6. Impulsar el uso y adopción de los sistemas de IA en
las entidades públicas, el tejido empresarial y los territorios para contribuir
a la prosperidad económica, al bienestar social y la sostenibilidad ambiental
del país.” [94]
oportunidades de desarrollo personal, empleabilidad, equidad y mayor
productividad en Colombia.
OE5. Definir medidas que promuevan la identificación, prevención y
mitigación de los riesgos y efectos no deseados relacionados con sistemas de
IA, con el fin de evitar asimetrías, inequidades y potenciales vulneraciones de
derechos en el país.
OE6. Impulsar el uso y adopción de los sistemas de IA en las
entidades públicas, el tejido empresarial y los territorios para contribuir a
la prosperidad económica, al bienestar social y la sostenibilidad ambiental del
país.” [94]
166.
Para su implementación,
la política definió 106 acciones que serán ejecutadas hasta 2030 por las
distintas entidades del gobierno nacional, con una inversión total aproximada
de 479.273 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Estas acciones se concretan en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), [95] instrumento que asigna las acciones
por eje, las entidades responsables, los hitos, las metas e indicadores, los
períodos de ejecución y los presupuestos indicativos. El primer eje contempla,
entre otras medidas, la definición e implementación de un modelo de gobernanza
de la IA, que se formalizará mediante un instrumento normativo, y la creación
de un Consejo Asesor Nacional de Expertos en Inteligencia Artificial. [96]
Para su implementación, la política
definió 106 acciones que serán ejecutadas hasta 2030 por las distintas
entidades del gobierno nacional, con una inversión total aproximada de 479.273
millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Estas
acciones se concretan en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), [95]
instrumento que asigna las acciones por eje, las entidades responsables, los
hitos, las metas e indicadores, los períodos de ejecución y los presupuestos
indicativos. El primer eje contempla, entre otras medidas, la definición e
implementación de un modelo de gobernanza de la IA, que se formalizará mediante
un instrumento normativo, y la creación de un Consejo Asesor Nacional de
Expertos en Inteligencia Artificial. [96]
167.
En cuanto a la
jurisprudencia, esta Corte profirió la Sentencia T-323 de 2024, en la que se
refirió a los sistemas de IA. Indicó que, aunque las capacidades de la IA son
variables, el punto de partida para aproximarse a tal concepto está en cuatro
criterios: (i) el razonamiento, (ii) la racionalidad, (iii) la
conducta y (iv) la fidelidad en la forma de actuar con los humanos. De
allí que un sistema de IA pueda definirse como (i) sistemas que piensan
como humanos; (ii) sistemas que piensan racionalmente; (iii)
sistemas que actúan como humanos y (iv) sistemas que actúan
racionalmente.
En cuanto a la jurisprudencia, esta Corte
profirió la Sentencia T-323 de 2024, en la que se refirió a los sistemas de IA.
Indicó que, aunque las capacidades de la IA son variables, el punto de partida
para aproximarse a tal concepto está en cuatro criterios: (i) el
razonamiento, (ii) la racionalidad, (iii) la conducta y (iv) la
fidelidad en la forma de actuar con los humanos. De allí que un sistema de IA
pueda definirse como (i) sistemas que piensan como humanos; (ii)
sistemas que piensan racionalmente; (iii) sistemas que actúan como
humanos y (iv) sistemas que actúan racionalmente.
168.
Asimismo, explicó
que los sistemas de IA tienen tres habilidades básicas principales: (i) percepción,
(ii) razonamiento o toma de decisiones y (iii) actuación. Ahora
bien, aquellos capaces de aprender de la propia experiencia son conocidos como
Asimismo, explicó que los sistemas de IA
tienen tres habilidades básicas principales: (i) percepción, (ii)
razonamiento o toma de decisiones y (iii) actuación. Ahora bien,
aquellos capaces de aprender de la propia experiencia son conocidos como
… 2 строк без изменений …
sistemas racionales de aprendizaje y son caracterizados por la habilidad de
evaluar, por medio de la percepción, el nuevo estado del ambiente con el fin de
169.
Por ende, aunque
adujo que no existía una única y universalmente aceptada definición de IA, “puede
afirmarse que se trata de sistemas que tienen la capacidad para analizar el
ambiente o entorno en el que están inmersos y así emprender acciones, con algún
grado de autonomía, a efectos de alcanzar objetivos específicos.”
Por ende, aunque adujo que no existía una
única y universalmente aceptada definición de IA, “puede afirmarse que se
trata de sistemas que tienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno
en el que están inmersos y así emprender acciones, con algún grado de
autonomía, a efectos de alcanzar objetivos específicos.”
170.
En fecha más
reciente, el Consejo de Estado, en auto del 26 de mayo de 2026, reiteró que en
Colombia aún no existe una ley que regule de manera integral la inteligencia
artificial y que las iniciativas que cursan en el Congreso de la República se
encuentran en etapas iniciales de trámite. No obstante, aquel alto Tribunal
destacó que la Rama Judicial ha fijado lineamientos sobre la materia a través
de la Sentencia T-323 de 2024 y del Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior
de la Judicatura, y acudió a referentes del derecho comparado -como el enfoque
basado en riesgos del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea
y las guías adoptadas en Singapur, Argentina y España-, para ilustrar
estándares comparados sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en
el ámbito judicial. [97]
En fecha más reciente, el Consejo de
Estado, en auto del 26 de mayo de 2026, reiteró que en Colombia aún no existe
una ley que regule de manera integral la inteligencia artificial y que las
iniciativas que cursan en el Congreso de la República se encuentran en etapas
iniciales de trámite. No obstante, aquel alto Tribunal destacó que la Rama
Judicial ha fijado lineamientos sobre la materia a través de la Sentencia T-323
de 2024 y del Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura, y
acudió a referentes del derecho comparado -como el enfoque basado en riesgos
del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y las guías adoptadas
en Singapur, Argentina y España-, para ilustrar estándares comparados sobre el
uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. [97]
171.
En suma, en el
derecho comparado, la definición de inteligencia artificial ofrecida por la
OCDE, en su actualización de 2023: sistema basado en máquinas que infiere, a
partir de datos de entrada, salidas con distintos grados de autonomía y
adaptabilidad, se ha consolidado como el referente más influyente y ha sido
acogida con matices, por ejemplo, por la Unión Europea, que en su Reglamento de
IA articula un modelo basado en riesgos con catálogos cerrados de sistemas
prohibidos y de alto riesgo; por Chile, mediante el Decreto 12 de 2025; por los
Estados Unidos, cuya Orden Ejecutiva 14179 de 2025 remite a la definición legal
contenida en el 15 U.S.C. § 9401(3); y por el Reino Unido, que optó por un
esquema sectorial y descentralizado articulado en cinco principios
transversales.
En suma, en el derecho comparado, la
definición de inteligencia artificial ofrecida por la OCDE, en su actualización
de 2023: sistema basado en máquinas que infiere, a partir de datos de entrada,
salidas con distintos grados de autonomía y adaptabilidad, se ha consolidado
como el referente más influyente y ha sido acogida con matices, por ejemplo,
por la Unión Europea, que en su Reglamento de IA articula un modelo basado en
riesgos con catálogos cerrados de sistemas prohibidos y de alto riesgo; por
Chile, mediante el Decreto 12 de 2025; por los Estados Unidos, cuya Orden
Ejecutiva 14179 de 2025 remite a la definición legal contenida en el 15 U.S.C.
§ 9401(3); y por el Reino Unido, que optó por un esquema sectorial y
descentralizado articulado en cinco principios transversales.
172.
En el ordenamiento
colombiano, si bien no existe aún una regulación integral y vinculante de la
inteligencia artificial, dado el archivo sucesivo de varios proyectos de ley,
sí concurren referentes normativos suficientes para delimitar su alcance. La
Ley 2502 de 2025, la primera norma de rango legal vigente que incorpora la IA
como circunstancia de agravación punitiva que, al concurrir en la comisión del
delito, eleva el marco de la pena; los Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, que
ofrecen una definición funcional alineada con la de la OCDE; y la Sentencia
T-323 de 2024 de esta Corporación, en la que se precisó que, aunque no existe
una definición única y universalmente aceptada del concepto, sí puede afirmarse
que se trata de sistemas con capacidad de analizar el entorno y emprender
acciones, con algún grado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos.
La amplia
potestad de configuración del legislador en materia penal y límites a dicha
potestad. Reiteración de jurisprudencia
En el ordenamiento colombiano, si bien no
existe aún una regulación integral y vinculante de la inteligencia artificial,
dado el archivo sucesivo de varios proyectos de ley, sí concurren referentes
normativos suficientes para delimitar su alcance. La Ley 2502 de 2025, la
primera norma de rango legal vigente que incorpora la IA como circunstancia de
agravación punitiva que, al concurrir en la comisión del delito, eleva el marco
de la pena; los Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, que ofrecen una definición
funcional alineada con la de la OCDE; y la Sentencia T-323 de 2024 de esta Corporación,
en la que se precisó que, aunque no existe una definición única y
universalmente aceptada del concepto, sí puede afirmarse que se trata de
sistemas con capacidad de analizar el entorno y emprender acciones, con algún
grado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos.
La amplia potestad de
configuración del legislador en materia penal y límites a dicha potestad.
Reiteración de jurisprudencia
173.
De conformidad con
las reiteradas decisiones de la Corte Constitucional y con fundamento en los
artículos 114 y 150.2 de la Constitución, el Congreso de la República tiene la
competencia de regular mediante la expedición de leyes los diversos sectores
del ordenamiento jurídico, incluidos códigos de materias determinadas.
De conformidad con las reiteradas
decisiones de la Corte Constitucional y con fundamento en los artículos 114 y
150.2 de la Constitución, el Congreso de la República tiene la competencia de
regular mediante la expedición de leyes los diversos sectores del ordenamiento
jurídico, incluidos códigos de materias determinadas.
174.
Esta facultad particularmente
amplia también incluye el diseño de la política criminal del Estado y la
posibilidad de determinar el contenido concreto del derecho penal, [98] lo que permite inferir que la
regulación en esta materia cuenta con reserva de ley.
Esta facultad particularmente amplia
también incluye el diseño de la política criminal del Estado y la posibilidad
de determinar el contenido concreto del derecho penal, [98]
lo que permite inferir que la regulación en esta materia cuenta con reserva
de ley.
175.
El fundamento de
dicha competencia se circunscribe a los principios democráticos y de soberanía
popular, así como a la necesidad de que el diseño de las respuestas penales a
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social sean
producto de una discusión que integre al colectivo y en la cual prime la
participación democrática. Por estas razones, el juez sólo podrá iniciar y
adelantar un juicio con base en las normas proferidas por el Congreso de la
República. [99]
El fundamento de dicha competencia se
circunscribe a los principios democráticos y de soberanía popular, así como a
la necesidad de que el diseño de las respuestas penales a conductas
consideradas reprochables o causantes de perjuicio social sean producto de una
discusión que integre al colectivo y en la cual prime la participación
democrática. Por estas razones, el juez sólo podrá iniciar y adelantar un
juicio con base en las normas proferidas por el Congreso de la República. [99]
176.
Con todo, si bien
la facultad de configuración del legislador es amplia, esta se encuentra
limitada por los principios constitucionales, y en particular por los
principios de racionalidad y proporcionalidad. Dichas limitaciones encuentran
adicional sustento en el hecho de que en este campo están en juego, no
solamente importantes valores sociales como la represión y prevención del
delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a
la libertad y al debido proceso. [100]
En otras palabras, la potestad de configuración legislativa, por tratarse de
una expresión del ejercicio del poder público, no es ilimitada, comoquiera que
en un Estado constitucional se encuentran excluidos los poderes absolutos en
virtud del carácter vinculante de los valores superiores, los principios
fundamentales y los derechos constitucionales. [101]
Con todo, si bien la facultad de
configuración del legislador es amplia, esta se encuentra limitada por los
principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad
y proporcionalidad. Dichas limitaciones encuentran adicional sustento en el
hecho de que en este campo están en juego, no solamente importantes valores
sociales como la represión y prevención del delito, sino también derechos
fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido
proceso. [100] En otras palabras, la potestad de
configuración legislativa, por tratarse de una expresión del ejercicio del
poder público, no es ilimitada, comoquiera que en un Estado constitucional se
encuentran excluidos los poderes absolutos en virtud del carácter vinculante de
los valores superiores, los principios fundamentales y los derechos
constitucionales. [101]
177.
Así, el ejercicio
de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas
de control han fallado, [102]
esto es, dentro de los límites que impone la Constitución, la cual es, a un
tiempo, fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Desde esta
perspectiva, la libertad de configuración ha de entenderse en armonía con los
principios que orientan el ejercicio del ius puniendi , de manera que la
intervención penal conserve su carácter excepcional y responda a criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para que así mantenga su carácter
de ultima ratio. [103]
178. De este modo, si bien se trata de una
potestad generosa, encuentra límites implícitos y explícitos en su ejercicio.
En el primer escenario, el legislador penal debe velar por la realización de
los fines esenciales del Estado, entre ellos, el respeto por el contenido
material de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, [104] tales como la dignidad humana, la
solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el
orden justo, asegurando la protección ponderada de todos los bienes jurídicos
implicados. [105]
Así, el ejercicio de la facultad
sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han
fallado, [102] esto es, dentro de los límites que
impone la Constitución, la cual es, a un tiempo, fundamento y límite del poder
punitivo del Estado. Desde esta perspectiva, la libertad de configuración ha de
entenderse en armonía con los principios que orientan el ejercicio del ius
puniendi , de manera que la intervención penal conserve su carácter
excepcional y responda a criterios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, para que así mantenga su carácter de ultima ratio. [103]
178. De este modo, si bien se trata de una potestad generosa, encuentra
límites implícitos y explícitos en su ejercicio. En el primer escenario, el
legislador penal debe velar por la realización de los fines esenciales del
Estado, entre ellos, el respeto por el contenido material de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política, [104]
tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés
general, la justicia, la igualdad y el orden justo, asegurando la protección
ponderada de todos los bienes jurídicos implicados. [105]
… 3 строк без изменений …
Por otra parte, en cuanto se refiere a los límites expresos, se puede señalar
que se refieren al ejercicio de la potestad punitiva del Estado: la prohibición
34); entre otras. [106]
179. En virtud de los límites impuestos al
ejercicio de la amplia potestad de configuración del legislador en materia
penal, la jurisprudencia constitucional ha
sistematizado algunos límites basados en el principio de estricta legalidad , [107] el principio de exclusiva
179. En virtud de los límites impuestos al ejercicio de la amplia
potestad de configuración del legislador en materia penal, la jurisprudencia
constitucional ha sistematizado algunos límites basados
en el principio de estricta legalidad , [107] el principio de exclusiva
protección de bienes jurídicos, incluyendo la observancia de los instrumentos
internacionales ratificados en Colombia, [108]
y el deber de respeto por los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad. [109]
internacionales ratificados en Colombia, [108] y el deber de respeto por los
principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. [109]
… 1 строк без изменений …
Principio
Contenido
(i)
Principio de estricta legalidad
El
principio de legalidad se encuentra consagrado en el ordenamiento
constitucional, como desarrollo al debido proceso (Art. 29 CP), así como lo
dispuesto en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el
mismo sentido, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
(i) Principio de estricta legalidad
El principio de legalidad se encuentra consagrado en el
ordenamiento constitucional, como desarrollo al debido proceso (Art. 29 CP),
así como lo dispuesto en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En el mismo
sentido, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos consagra el principio de legalidad, al disponer que nadie será
condenado por actos u omisiones que, al momento de cometerse, no fueran
delictivos según el derecho nacional o internacional. [110]
El
principio de estricta legalidad ha sido entendido, desde un punto de vista
positivo, como el deber del legislador de actuar con el mayor nivel posible
de precisión y claridad, y desde una perspectiva negativa, en el sentido de
que son inadmisibles los supuestos de hecho y las penas redactadas en forma
incierta o excesivamente indeterminada. Por lo tanto, “ todos los
componentes de un tipo penal (sujetos, verbos rectores, ingredientes
El principio de estricta legalidad ha sido entendido, desde un
punto de vista positivo, como el deber del legislador de actuar con el mayor
nivel posible de precisión y claridad, y desde una perspectiva negativa, en
el sentido de que son inadmisibles los supuestos de hecho y las penas
redactadas en forma incierta o excesivamente indeterminada. Por lo tanto, “ todos
los componentes de un tipo penal (sujetos, verbos rectores, ingredientes
subjetivos y objetivos, sanción, agravantes, etc.) deben estar determinados o
ser razonablemente determinables por el intérprete .” [111]
En
atención a este principio, el Estado debe observar que: (a) existe reserva de
ley porque la creación de tipos penales es una competencia exclusiva del
Legislador; [112]
(b) la definición de la conducta punible y su sanción debe contemplarse de
forma clara, precisa e inequívoca; y, (c) las leyes penales no pueden
aplicarse de forma retroactiva, a menos que opere el principio de
favorabilidad penal.
En la
Sentencia C-507 de 2014 la Corte explicó que “ La reserva de ley exige que
la regulación de ciertas materias solo pueda adelantarse mediante ley, o
cuando menos se funde en ella, en ciertos casos bajo el concepto de ley en sentido
formal, es decir, emanada directamente del Congreso de la República, y
denominada estricta reserva legal; y en otros bajo la noción de ley en
sentido material, permitiendo la intervención del ejecutivo como
excepcionalmente facultado para dictar normas con fuerza de ley (art.
150.10 de la CP)”.
(ii)
Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos [113]
El
derecho penal implica valorar socialmente: (a) aquellos bienes jurídicos que
ameriten protección, es decir, los valores esenciales de la sociedad; [114] (b) las conductas reprochables
que puedan lesionar tales intereses; (c) los elementos para atribuir
responsabilidad al sujeto activo; y, (d) el quantum de la
sanción aplicable.
En
consecuencia, no cualquier afectación a estos bienes jurídicos puede ser
objeto de respuesta por parte del derecho penal. [115]
(iii)
Principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el
carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del
En atención a este principio, el Estado debe observar que: (a)
existe reserva de ley porque la creación de tipos penales es una competencia
exclusiva del Legislador; [112] (b) la definición de la conducta
punible y su sanción debe contemplarse de forma clara, precisa e inequívoca;
y, (c) las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva, a menos
que opere el principio de favorabilidad penal.
En la Sentencia C-507 de 2014 la Corte explicó que “ La
reserva de ley exige que la regulación de ciertas materias solo pueda
adelantarse mediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos
bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del
Congreso de la República, y denominada estricta reserva legal; y en otros
bajo la noción de ley en sentido material, permitiendo la intervención del
ejecutivo como excepcionalmente facultado para dictar normas con fuerza de
ley (art. 150.10 de la CP)”.
(ii) Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos [113]
El derecho penal implica valorar socialmente: (a) aquellos
bienes jurídicos que ameriten protección, es decir, los valores esenciales de
la sociedad; [114] (b) las conductas reprochables
que puedan lesionar tales intereses; (c) los elementos para atribuir responsabilidad
al sujeto activo; y, (d) el quantum de la sanción aplicable.
En consecuencia, no cualquier afectación a estos bienes
jurídicos puede ser objeto de respuesta por parte del derecho penal. [115]
(iii) Principio de necesidad de la intervención penal relacionado
a su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del
derecho penal
El ius
puniendi debe operar solamente cuando las demás alternativas de
control han fallado. [116]
No
existe obligación para el Estado de sancionar penalmente todas las conductas
reprochables. [117]
La
criminalización de un comportamiento es el último recurso en el espectro de
las sanciones al que puede recurrir. [118]
(iv)
Principio de culpabilidad
Conforme
al artículo 29 Superior, el derecho penal en Colombia es de acto y no de
autor. Esto implica que, en atención al postulado del Estado Social de
Derecho y a la dignidad de la persona humana, “ nadie podrá ser juzgado
sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. ”
(v)
Principios de proporcionalidad y razonabilidad en materia pena
La
Corte ha explicado que, si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad
de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado
y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente
que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se
dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento
jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales. [119]
(vi)
Bloque de constitucionalidad y otras normas superiores
Estas
normas deben ser observadas al momento de redactar las normas penales. Bajo
tal premisa, el Legislador debe atender de manera especial las reglas que:
(a) contienen garantías para los derechos fundamentales; y, (b) constituyen
parámetro de constitucionalidad de obligatoria consideración en los términos
establecidos por la jurisprudencia constitucional. [120]
El principio
de legalidad, los tipos penales abiertos y en blanco. Reiteración de
jurisprudencia
180. El principio de legalidad en el derecho
penal y sus dos vertientes. El
principio de legalidad constituye uno de los pilares fundamentales del derecho
penal moderno y un elemento esencial del estado constitucional, entendido como
barrera o dique a la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder. [121]
181. Su función principal consiste en limitar
el poder punitivo del Estado mediante la exigencia de que toda conducta
sancionable y toda pena aplicable se encuentren previamente definidas en la
ley. De esta manera, se busca evitar arbitrariedades, garantizar la seguridad
jurídica y proteger los derechos fundamentales de las personas frente al
ejercicio del ius puniendi estatal.
182. Este principio surge históricamente como
una reacción frente a los sistemas penales absolutistas, caracterizados por la
discrecionalidad judicial y la ausencia de límites claros al poder
sancionatorio. Su formulación clásica se atribuye al jurista alemán Paul Johann
Anselm Von Feuerbach, quien desarrolló la conocida máxima latina : nullum
crimen, nulla poena sine lege , es decir, “no hay delito ni pena sin ley
previa.”
183. En el derecho penal moderno puede
entenderse como la garantía conforme a la cual ninguna persona puede ser
investigada, juzgada o sancionada por una conducta que no haya sido previamente
descrita como delito en una ley vigente al momento de su realización, ni
sometida a penas no establecidas previamente por el legislador.
184. En términos generales, este principio
implica cuatro exigencias fundamentales. En primer lugar, que se trate de una ley
previa, es decir que la conducta y la sanción deben existir antes de la
realización del hecho. En segundo lugar, que se trate de una ley escrita,
pues sólo una ley formal puede crear delitos y penas. En tercer lugar,
que sea una ley cierta, para lo cual las conductas punibles deben
describirse de una manera clara y precisa y finalmente una ley estricta, lo
que implica la prohibición de la analogía en perjuicio del procesado. En
derecho penal no es posible extender una norma sancionatoria a casos no
previstos expresamente por el legislador cuando ello perjudique al procesado.
La analogía solo puede admitirse cuando favorezca al acusado, en aplicación del
principio pro homine y de favorabilidad penal . [122]
185. Este principio se divide principalmente en
dos especies consustanciales al derecho penal moderno. En primera medida, el
principio de mera legalidad que hace referencia a la reserva legislativa
para definir los tipos y las sanciones penales. Desde este punto de vista, el principio
supone que la libertad sólo es limitable en virtud de decisiones adoptadas en
el foro democrático del Congreso de la República y que los demás órganos que
ejercen el poder público (en especial las autoridades administrativas y los
jueces) tienen vedada la definición de las conductas prohibidas por la vía del
derecho penal. El destinatario de este principio, entendido como límite del
debido proceso es, principalmente, el juez, que sólo podrá iniciar y adelantar
un juicio con base en normas promulgadas por el Congreso de la República. [123]
186. En segundo lugar, el principio de estricta legalidad se
refiere a una forma de producción de las normas, consistente en la definición
precisa, clara e inequívoca de las conductas castigadas. Esta segunda dimensión
del principio de legalidad constituye el centro de un sistema garantista; es un
presupuesto para que los ciudadanos conozcan realmente las conductas permitidas
y prohibidas y no sean entonces sujetos de un poder plenamente discrecional o
de una amplitud incontrolable en manos de los jueces y es, por lo tanto, una
garantía epistémica de la libertad y la dignidad humana, en tanto la capacidad
de toda persona para auto determinarse. [124]
187. La definición precisa que exige el
principio de estricta legalidad (en adelante se preferirá esta expresión o la
de taxatividad en la definición del tipo) es el centro de un sistema de derecho
penal garantista, pues la definición clara de la conducta es también una
condición para verificar desde el punto de vista fáctico su ocurrencia y, por
lo tanto, para aportar pruebas a favor o en contra de su configuración; ejercer
el derecho de defensa e intentar el control de las decisiones, bien a través de
los recursos judiciales, bien mediante la crítica social a las providencias. [125]
188. El principio de estricta legalidad
y los tipos penales abiertos y en blanco. El principio de legalidad estricta,
tipicidad o taxatividad como comúnmente se le conoce y cuyo fundamento
constitucional se encuentra en los artículos 6, 28 y 29 de la Constitución
Política, obliga al legislador a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible, con el fin de
El ius puniendi debe operar solamente
cuando las demás alternativas de control han fallado. [116]
No existe obligación para el Estado de sancionar penalmente todas
las conductas reprochables. [117]
La criminalización de un comportamiento es el último recurso en
el espectro de las sanciones al que puede recurrir. [118]
(iv) Principio de culpabilidad
Conforme al artículo 29 Superior, el derecho penal en Colombia
es de acto y no de autor. Esto implica que, en atención al postulado del
Estado Social de Derecho y a la dignidad de la persona humana, “ nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa. ”
(v) Principios de proporcionalidad y razonabilidad en materia
pena
La Corte ha explicado que, si bien el Legislador cuenta con una
amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política
criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas
punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de
la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del
ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos
fundamentales. [119]
(vi) Bloque de constitucionalidad y otras normas superiores
Estas normas deben ser observadas al momento de redactar las
normas penales. Bajo tal premisa, el Legislador debe atender de manera
especial las reglas que: (a) contienen garantías para los derechos
fundamentales; y, (b) constituyen parámetro de constitucionalidad de
obligatoria consideración en los términos establecidos por la jurisprudencia
constitucional. [120]
El principio de legalidad, los
tipos penales abiertos y en blanco. Reiteración de jurisprudencia
180. El principio de legalidad en el derecho penal y sus dos
vertientes. El principio de legalidad constituye uno de los pilares
fundamentales del derecho penal moderno y un elemento esencial del estado
constitucional, entendido como barrera o dique a la arbitrariedad y el abuso en
el ejercicio del poder. [121]
181. Su función principal consiste en limitar el poder punitivo del
Estado mediante la exigencia de que toda conducta sancionable y toda pena
aplicable se encuentren previamente definidas en la ley. De esta manera, se
busca evitar arbitrariedades, garantizar la seguridad jurídica y proteger los
derechos fundamentales de las personas frente al ejercicio del ius puniendi
estatal.
182. Este principio surge históricamente como una reacción frente a los
sistemas penales absolutistas, caracterizados por la discrecionalidad judicial
y la ausencia de límites claros al poder sancionatorio. Su formulación clásica
se atribuye al jurista alemán Paul Johann Anselm Von Feuerbach, quien
desarrolló la conocida máxima latina : nullum crimen, nulla poena sine lege ,
es decir, “no hay delito ni pena sin ley previa.”
183. En el derecho penal moderno puede entenderse como la garantía
conforme a la cual ninguna persona puede ser investigada, juzgada o sancionada
por una conducta que no haya sido previamente descrita como delito en una ley
vigente al momento de su realización, ni sometida a penas no establecidas
previamente por el legislador.
184. En términos generales, este principio implica cuatro exigencias
fundamentales. En primer lugar, que se trate de una ley previa, es
decir que la conducta y la sanción deben existir antes de la realización del
hecho. En segundo lugar, que se trate de una ley escrita, pues
sólo una ley formal puede crear delitos y penas. En tercer lugar, que sea una ley
cierta, para lo cual las conductas punibles deben describirse de una
manera clara y precisa y finalmente una ley estricta, lo que
implica la prohibición de la analogía en perjuicio del procesado. En derecho
penal no es posible extender una norma sancionatoria a casos no previstos
expresamente por el legislador cuando ello perjudique al procesado. La analogía
solo puede admitirse cuando favorezca al acusado, en aplicación del principio
pro homine y de favorabilidad penal . [122]
185. Este principio se divide principalmente en dos especies
consustanciales al derecho penal moderno. En primera medida, el principio de
mera legalidad que hace referencia a la reserva legislativa para definir
los tipos y las sanciones penales. Desde este
punto de vista, el principio supone que la libertad sólo es limitable en virtud
de decisiones adoptadas en el foro democrático del Congreso de la República y
que los demás órganos que ejercen el poder público (en especial las autoridades
administrativas y los jueces) tienen vedada la definición de las conductas
prohibidas por la vía del derecho penal. El destinatario de este principio,
entendido como límite del debido proceso es, principalmente, el juez, que sólo
podrá iniciar y adelantar un juicio con base en normas promulgadas por el
Congreso de la República. [123]
186. En segundo lugar, el principio
de estricta legalidad se refiere a una forma de producción de las
normas, consistente en la definición precisa, clara e inequívoca de las
conductas castigadas. Esta segunda dimensión del principio de legalidad
constituye el centro de un sistema garantista; es un presupuesto para que los
ciudadanos conozcan realmente las conductas permitidas y prohibidas y no sean
entonces sujetos de un poder plenamente discrecional o de una amplitud
incontrolable en manos de los jueces y es, por lo tanto, una garantía
epistémica de la libertad y la dignidad humana, en tanto la capacidad de toda
persona para auto determinarse. [124]
187. La definición precisa que exige el principio de estricta legalidad
(en adelante se preferirá esta expresión o la de taxatividad en la definición
del tipo) es el centro de un sistema de derecho penal garantista, pues la
definición clara de la conducta es también una condición para verificar desde
el punto de vista fáctico su ocurrencia y, por lo tanto, para aportar pruebas a
favor o en contra de su configuración; ejercer el derecho de defensa e intentar
el control de las decisiones, bien a través de los recursos judiciales, bien
mediante la crítica social a las providencias. [125]
188. El principio de estricta legalidad y los tipos penales abiertos y
en blanco. El principio de legalidad
estricta, tipicidad o taxatividad como comúnmente se le conoce y cuyo
fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28 y 29 de la
Constitución Política, obliga al legislador a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible, con el fin de
… 3 строк без изменений …
que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por
las conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la
y Democrático de Derecho. [126]
189. En ese orden de ideas, ha insistido la
jurisprudencia de la Corte que el principio de estricta legalidad, aplicado a
la producción de normas, exige que haya una definición precisa, clara e
inequívoca de las conductas castigadas , aspecto que constituye el centro
de un sistema garantista que evita que los ciudadanos queden sujetos a un
poder plenamente discrecional en cabeza de los jueces. [127]
190. Así también lo ha referido esta Sala en
reiteradas decisiones cuando señala que este principio debe ser abordado desde
dos perspectivas: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva obliga al
legislador a regular con el mayor nivel posible de precisión y claridad todos
los componentes de un tipo penal (sujetos, verbos rectores, ingredientes
subjetivos y objetivos, sanción, agravantes, etc.), los cuales deben estar
determinados o ser razonablemente determinables por el intérprete. Y desde un
punto de vista negativo, implica que son inadmisibles desde el punto de vista
constitucional los supuestos de hecho y las penas redactadas en forma incierta
o excesivamente indeterminada.
189. En ese orden de ideas, ha insistido la jurisprudencia de la Corte
que el principio de estricta legalidad, aplicado a la producción de normas, exige
que haya una definición precisa, clara e inequívoca de las conductas castigadas ,
aspecto que constituye el centro de un sistema garantista que evita que
los ciudadanos queden sujetos a un poder plenamente discrecional en cabeza de
los jueces. [127]
190. Así también lo ha referido esta Sala en reiteradas decisiones
cuando señala que este principio debe ser abordado desde dos perspectivas: una
positiva y otra negativa. La dimensión positiva obliga al legislador a regular
con el mayor nivel posible de precisión y claridad todos los componentes de un
tipo penal (sujetos, verbos rectores, ingredientes subjetivos y objetivos,
sanción, agravantes, etc.), los cuales deben estar determinados o ser
razonablemente determinables por el intérprete. Y desde un punto de vista
negativo, implica que son inadmisibles desde el punto de vista constitucional
los supuestos de hecho y las penas redactadas en forma incierta o excesivamente
indeterminada.
191. Sin embargo, en el primer evento,
“esta obligación no puede cumplirse de forma absoluta, pues
el lenguaje natural, en el que se expresa el legislador, presenta un nivel
“esta obligación no puede cumplirse de forma absoluta, pues el
lenguaje natural, en el que se expresa el legislador, presenta un nivel
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irreductible de apertura semántica. En términos generales, son muy conocidos
los problemas de ambigüedad o polisemia de las palabras y de vaguedad de los
forma definitiva por una expresión determinada.” [128]
192. En efecto, no siempre puede cumplirse por
completo en el texto mismo del delito, en tanto que algunos fenómenos dinámicos
y complejos requieren de la remisión a un contexto más amplio para su
comprensión. Por esto, al momento de analizar la legalidad del delito, el
intérprete debe establecer si es posible, a partir de una interpretación
razonable y referentes objetivos y verificables , determinar la
conducta ilícita en que puede incurrir el sujeto activo. [129]
193. En la Sentencia C-539 de 2016 se indicó
que la ambigüedad y la vaguedad –y, por lo tanto, la textura abierta y la
relativa indeterminación de las expresiones– son características “consustanciales
y prácticamente ineliminables del lenguaje natural”. Como el legislador
dicta sus normas a través de enunciados que también pertenecen al lenguaje
natural, todo tipo penal sufrirá un mínimo de indeterminación, pero no por ello
resultan incompatibles con el principio de taxatividad penal. Al momento de
verificar el cumplimiento del principio de legalidad estricta, debe indagarse
si es posible, con fundamento en una interpretación razonable y a partir de
referentes objetivos y verificables, trazar la “frontera que divida con
suficiente claridad el comportamiento lícito del ilícito.” [130]
194. En vista de una fehaciente problemática
entre la obligación de una definición taxativa de las conductas penales y los
límites de precisión del lenguaje natural, surgen en la doctrina dos conceptos
que hacen referencia a tipos que, por presentar un nivel mayor al ordinario de
indeterminación, generan diversas discusiones constitucionales: los tipos en
blanco y los tipos abiertos, a los que se refiere la Sala a continuación.
195. Los tipos penales en blanco. Los tipos penales en blanco son aquellas
disposiciones del derecho penal cuya descripción de la conducta prohibida o de
alguno de sus elementos esenciales no se encuentra completa en la propia norma
penal, sino que requiere ser integrada o complementada mediante otra
disposición normativa, generalmente de carácter extrapenal.
196. En otras palabras, son figuras cuya
estructura normativa remite parcial o totalmente a otra norma jurídica para
precisar el contenido de la conducta punible, los sujetos, las circunstancias o
los elementos necesarios para determinar el alcance de la prohibición penal.
197. Su finalidad suele permitir que el derecho
penal regule materias técnicas, cambiantes o altamente especializadas –como el
derecho ambiental, financiero, sanitario o administrativo– sin necesidad de
reformar constantemente el Código Penal.
198. En virtud de esta figura jurídica, es
perfectamente viable que el legislador realice una remisión o reenvío
normativo a otra norma que se conocerá como propia si es de igual
jerarquía o impropia , si lo hace a una de inferior jerarquía.
199. Los tipos penales en blanco son
válidos, siempre que, una vez efectuada la remisión, se cumplan los requisitos
de certeza, claridad y precisión exigidos por el principio de estricta
legalidad, de manera que la norma objeto de remisión debe también respetar el
principio de definición taxativa, pues sólo así el juez penal y los ciudadanos
pueden conocer inequívocamente cuál es la conducta penalizada. Además, la norma
objeto de remisión debe existir al momento de la integración definitiva del
tipo, ser determinada, de público conocimiento, y respetar los derechos
fundamentales. [131]
200. Con todo, esta Corte ha reconocido que los tipos penales en
blanco generan tensiones con el principio de legalidad estricta. Esto es así,
porque al no definir de forma definitiva los elementos del tipo y exigir una
remisión a normas extrapenales para completar el tipo, introducen un grado de
incertidumbre en la determinación de sus elementos esenciales. Por esta razón,
esta Corporación ha desarrollado requisitos que los tipos penales en blanco
deben satisfacer para ser compatibles con la exigencia de tipicidad. Estos
requisitos buscan garantizar un grado razonable de previsibilidad en el proceso
de integración del tipo con otras normas no penales. [132] Conviene matizar, en todo caso, que
192. En efecto, no siempre puede cumplirse por completo en el texto
mismo del delito, en tanto que algunos fenómenos dinámicos y complejos
requieren de la remisión a un contexto más amplio para su comprensión. Por
esto, al momento de analizar la legalidad del delito, el intérprete debe
establecer si es posible, a partir de una interpretación razonable
y referentes objetivos y verificables , determinar la conducta
ilícita en que puede incurrir el sujeto activo. [129]
193. En la Sentencia C-539 de 2016 se indicó que la ambigüedad y la
vaguedad –y, por lo tanto, la textura abierta y la relativa indeterminación de
las expresiones– son características “consustanciales y prácticamente
ineliminables del lenguaje natural”. Como el legislador dicta sus normas a
través de enunciados que también pertenecen al lenguaje natural, todo tipo
penal sufrirá un mínimo de indeterminación, pero no por ello resultan
incompatibles con el principio de taxatividad penal. Al momento de verificar el
cumplimiento del principio de legalidad estricta, debe indagarse si es posible,
con fundamento en una interpretación razonable y a partir de referentes
objetivos y verificables, trazar la “frontera que divida con suficiente
claridad el comportamiento lícito del ilícito.” [130]
194. En vista de una fehaciente problemática entre la obligación de una
definición taxativa de las conductas penales y los límites de precisión del
lenguaje natural, surgen en la doctrina dos conceptos que hacen referencia a
tipos que, por presentar un nivel mayor al ordinario de indeterminación,
generan diversas discusiones constitucionales: los tipos en blanco y los tipos
abiertos, a los que se refiere la Sala a continuación.
195. Los tipos penales en blanco. Los tipos penales en blanco son aquellas disposiciones del derecho
penal cuya descripción de la conducta prohibida o de alguno de sus elementos
esenciales no se encuentra completa en la propia norma penal, sino que requiere
ser integrada o complementada mediante otra disposición normativa, generalmente
de carácter extrapenal.
196. En otras palabras, son figuras cuya estructura normativa remite
parcial o totalmente a otra norma jurídica para precisar el contenido de la
conducta punible, los sujetos, las circunstancias o los elementos necesarios
para determinar el alcance de la prohibición penal.
197. Su finalidad suele permitir que el derecho penal regule materias
técnicas, cambiantes o altamente especializadas –como el derecho ambiental,
financiero, sanitario o administrativo– sin necesidad de reformar
constantemente el Código Penal.
198. En virtud de esta figura jurídica, es perfectamente viable que el
legislador realice una remisión o reenvío normativo a otra norma que se
conocerá como propia si es de igual jerarquía o impropia , si lo
hace a una de inferior jerarquía.
199. Los tipos penales en blanco son válidos, siempre que, una vez efectuada
la remisión, se cumplan los requisitos de certeza, claridad y precisión
exigidos por el principio de estricta legalidad, de manera que la norma objeto
de remisión debe también respetar el principio de definición taxativa, pues
sólo así el juez penal y los ciudadanos pueden conocer inequívocamente cuál es
la conducta penalizada. Además, la norma objeto de remisión debe existir al
momento de la integración definitiva del tipo, ser determinada, de público
conocimiento, y respetar los derechos fundamentales. [131]
200. Con todo, esta Corte ha
reconocido que los tipos penales en blanco generan tensiones con el principio
de legalidad estricta. Esto es así, porque al no definir de forma definitiva
los elementos del tipo y exigir una remisión a normas extrapenales para
completar el tipo, introducen un grado de incertidumbre en la determinación de
sus elementos esenciales. Por esta razón, esta Corporación ha desarrollado
requisitos que los tipos penales en blanco deben satisfacer para ser
compatibles con la exigencia de tipicidad. Estos requisitos buscan garantizar
un grado razonable de previsibilidad en el proceso de integración del tipo con
otras normas no penales. [132] Conviene matizar, en todo caso, que
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el recurso a esta técnica no obedece únicamente a las limitaciones propias del
lenguaje natural, sino también a una decisión normativa consciente del
regulación frente a fenómenos cuyo contenido puede evolucionar con el tiempo.
201. En las Sentencias C-367 y C-411 de 2022, así como en la
Sentencia C-021 de 2023, la Corte Constitucional sistematizó estas exigencias
en los términos que se describen enseguida, tal como fueron sistematizadas en
la Sentencia C-080 de 2025:
201. En las Sentencias C-367 y C-411
de 2022, así como en la Sentencia C-021 de 2023, la Corte Constitucional
sistematizó estas exigencias en los términos que se describen enseguida, tal
como fueron sistematizadas en la Sentencia C-080 de 2025:
Legalidad estricta de los tipos penales en blanco
1. La
norma de remisión debe ser claramente identificable. Es deseable que la
remisión sea lo más expresa y explícita posible. Con todo, (a) la
remisión de los tipos penales a otros preceptos normativos no debe,
necesariamente, ser expresa; es posible que el reenvío sea tácito; y (b) es
constitucionalmente admisible que el legislador remita una normativa
dispersa, abundante y compleja. Lo anterior, siempre que el intérprete y el
destinatario de la norma penal puedan individualizar sin
ambages, anfibologías o equívocos la norma o normas complementarias que se integran a la disposición
penal para llevar a cabo el proceso de
adecuación típica.
2. La
norma de remisión debe existir y hacer parte del ordenamiento jurídico al momento de realizarse la
conducta y de llevarse a cabo el proceso de adecuación típica . Esta regla admite que la norma complementaria sea
expedida con posterioridad al tipo penal, siempre y cuando la adecuación
típica sea posterior a la norma complementaria. Esto garantiza el derecho a
ser juzgado solo con base en las leyes preexistentes.
3. La
norma de remisión debe permitir al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la
conducta penalizada y la sanción correspondiente, sin que haya lugar a ambigüedades ni a
indeterminaciones al respecto. La norma penal puede remitir a sistemas
normativos hiperregulados, abundantes y complejos de entender. Sin embargo,
en estos casos debe garantizarse que la tipicidad post-remisión normativa sea
clara y precisa.
4. Los
tipos penales de remisión impropia deben satisfacer, además
de los requisitos anteriores, dos condiciones adicionales:
(i) La norma de remisión de rango infra legal debe tener un
alcance general y ser de conocimiento público. Esto, con el fin de garantizar
su oponibilidad social y que los ciudadanos conozcan su contenido.
(ii) La norma de remisión debe respetar los principios y
valores constitucionales, sobre la base de los principios de razonabilidad y
1. La norma de remisión debe ser claramente
identificable. Es deseable que la remisión sea lo más expresa y explícita
posible. Con todo, (a) la remisión de los tipos penales a otros
preceptos normativos no debe, necesariamente, ser expresa; es posible que el
reenvío sea tácito; y (b) es constitucionalmente admisible
que el legislador remita una normativa dispersa, abundante y compleja. Lo
anterior, siempre que el intérprete y el destinatario de la norma penal
puedan individualizar sin ambages, anfibologías o equívocos la norma o normas complementarias que se integran a la
disposición penal para llevar a cabo el
proceso de adecuación típica.
2. La norma de remisión debe existir y hacer
parte del ordenamiento jurídico al
momento de realizarse la conducta y de llevarse a cabo el proceso de
adecuación típica . Esta regla admite que la
norma complementaria sea expedida con posterioridad al tipo penal, siempre y
cuando la adecuación típica sea posterior a la norma complementaria. Esto
garantiza el derecho a ser juzgado solo con base en las leyes preexistentes.
3. La norma de remisión debe permitir al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la
conducta penalizada y la sanción correspondiente, sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones
al respecto. La norma penal puede remitir a sistemas normativos
hiperregulados, abundantes y complejos de entender. Sin embargo, en estos
casos debe garantizarse que la tipicidad post-remisión normativa sea clara y
precisa.
4. Los tipos penales de remisión impropia deben
satisfacer, además de los requisitos anteriores, dos condiciones adicionales:
(i) La norma de remisión de rango infra legal debe tener un alcance
general y ser de conocimiento público. Esto, con el fin de garantizar su
oponibilidad social y que los ciudadanos conozcan su contenido.
(ii) La norma de remisión debe respetar los principios y valores
constitucionales, sobre la base de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
202. Los tipos penales abiertos. Por otro lado, los tipos penales abiertos
son aquellas descripciones típicas en las que el legislador no determina de
manera completamente precisa todos los elementos de la conducta punible, sino
que utiliza conceptos amplios o indeterminados que exigen una labor de
valoración e interpretación judicial para precisar el alcance de la conducta
prohibida.
203. Como se ha mencionado anteriormente, todos los tipos penales
tienen un nivel de indeterminación que es connatural al lenguaje y el derecho.
En este sentido, la apertura de las normas penales es, en realidad, una
cuestión de grados: hay tipos más cerrados y tipos más abiertos. Por lo tanto,
ha precisado la Corte, la calificación de un tipo penal como abierto strictu
sensu , está reservada para aquellas conductas punibles que están
tipificadas con un grado de indeterminación mayor al que es connatural al
lenguaje. [133]
204. Al tratarse de expresiones con un
contenido semántico amplio o de relativa vaguedad, porque así lo exige la
naturaleza de la conducta penalizada, “sólo serán ajustados a la
Constitución si dicha indeterminación está justificada, es moderada y existen
referencias que permitan precisar su contenido y alcance . ” [134]
205. Esto implica que la exigencia constitucional de precisión
y claridad en la tipificación de una conducta sólo es posible hasta donde se lo
permite su naturaleza. En este sentido, este tribunal ha reiterado que los
tipos penales abiertos se justifican cuando para el legislador es imposible
describir la conducta punible de forma absolutamente inequívoca, perfecta y
completa. Lo anterior, en atención a la naturaleza dinámica del bien jurídico
que buscan proteger o la multiplicidad de formas que la conducta punible puede
tomar en la realidad. [135]
206. Esta Corte ha admitido la validez de tipos
abiertos bajo determinadas condiciones: primero, que así lo exija la naturaleza
del tipo; segundo, que existan suficientes referentes normativos para “cerrar”
la indeterminación; y, tercero, que en una interpretación razonable ordinaria
sea posible comprender la conducta prohibida. [136]
207. En una mirada más profunda a tales
condiciones, vale la pena precisar que la naturaleza del tipo hace referencia a
la conducta que el legislador considera necesario sancionar. A fin de evitar esencialismos, que
remitan exclusivamente a la subjetividad de cada operador judicial, esta puede
entenderse de forma más apropiada como una alusión a los factores históricos,
sociales, contextuales, fácticos o de tipo similar que determinan el fenómeno
que se quiere erradicar, o que componen el conjunto de razones por las que el
bien jurídico a proteger ha sido objeto de violación, en concepto del
legislador.
208. En relación con los referentes
normativos que permiten cerrar la indeterminación, deben provenir de una fuente
con autoridad suficiente para proyectarse sobre la ley y deben ser accesibles
para la población. En efecto, pueden hallarse en otras normas de jerarquía
legal o supra legal, y en la interpretación de la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia. En
la Sentencia C-080 de 2025, esta Corte admitió un espectro más amplio de
referentes jurídico-normativos aptos para llenar de contenido el tipo penal
abierto: precedentes de los órganos de cierre, antecedentes legislativos, “una
larga tradición jurídica en el ordenamiento” y “las denominaciones de
los capítulos y títulos del código penal”, en cuanto permitan a un “destinatario
promedio” determinar el contenido y alcance de la conducta punible. Por lo mismo, tales referentes han
de tener carácter jurídico-normativo –la ley, el reglamento, los actos
administrativos de alcance general y la jurisprudencia de los órganos de
cierre–, sin que basten, por sí solos, los documentos de política pública, las
definiciones adoptadas por organismos multilaterales o las elaboraciones
doctrinarias, los cuales podrán servir como elementos de contexto o de
confirmación, mas no como fuente que aisladamente cierre la indeterminación del
tipo.
209. Además, tales referentes deben
estar establecidos con precisión y claridad, dado que cumplirán la delicada
función de cerrar la indeterminación relativa del tipo; y ser previos a
la configuración del delito en el caso concreto, pues sólo así contribuirán
eficazmente a la comprensión de la conducta penalizada.
210. No cumplen ese fin, por lo tanto,
propuestas doctrinales o discusiones dogmáticas inacabadas, ni es aceptable una
remisión genérica al momento de aplicación, pues ello supone simplemente una
confianza en la capacidad interpretativa de los jueces penales, pero no una
garantía para el ciudadano. Sin duda, el juez tiene un papel esencial en la
interpretación de las normas relevantes, pero deben mantenerse presentes los
límites que enfrentan los jueces en materia penal (prohibición de analogía o
202. Los tipos penales abiertos. Por
otro lado, los tipos penales abiertos son aquellas descripciones típicas en las
que el legislador no determina de manera completamente precisa todos los
elementos de la conducta punible, sino que utiliza conceptos amplios o
indeterminados que exigen una labor de valoración e interpretación judicial
para precisar el alcance de la conducta prohibida.
203. Como se ha mencionado anteriormente, todos los tipos penales tienen un nivel de indeterminación que es
connatural al lenguaje y el derecho. En este sentido, la apertura de las normas
penales es, en realidad, una cuestión de grados: hay tipos más cerrados y tipos
más abiertos. Por lo tanto, ha precisado la Corte, la calificación de un tipo
penal como abierto strictu sensu , está reservada para aquellas
conductas punibles que están tipificadas con un grado de indeterminación mayor
al que es connatural al lenguaje. [133]
204. Al tratarse de expresiones con un contenido semántico amplio o de
relativa vaguedad, porque así lo exige la naturaleza de la conducta penalizada,
“sólo serán ajustados a la Constitución si dicha indeterminación está
justificada, es moderada y existen referencias que permitan precisar su
contenido y alcance . ” [134]
205. Esto implica que la exigencia
constitucional de precisión y claridad en la tipificación de una conducta sólo
es posible hasta donde se lo permite su naturaleza. En este sentido, este
tribunal ha reiterado que los tipos penales abiertos se justifican cuando para
el legislador es imposible describir la conducta punible de forma absolutamente
inequívoca, perfecta y completa. Lo anterior, en atención a la naturaleza
dinámica del bien jurídico que buscan proteger o la multiplicidad de formas que
la conducta punible puede tomar en la realidad. [135]
206. Esta Corte ha admitido la validez
de tipos abiertos bajo determinadas condiciones: primero, que así lo exija la
naturaleza del tipo; segundo, que existan suficientes referentes normativos
para “cerrar” la indeterminación; y, tercero, que en una interpretación
razonable ordinaria sea posible comprender la conducta prohibida. [136]
207. En una mirada más profunda a
tales condiciones, vale la pena precisar que la naturaleza del tipo hace
referencia a la conducta que el legislador considera necesario sancionar. A fin de evitar esencialismos, que remitan exclusivamente a la
subjetividad de cada operador judicial, esta puede entenderse de forma más
apropiada como una alusión a los factores históricos, sociales, contextuales,
fácticos o de tipo similar que determinan el fenómeno que se quiere erradicar,
o que componen el conjunto de razones por las que el bien jurídico a proteger
ha sido objeto de violación, en concepto del legislador.
208. En relación con los referentes normativos que permiten cerrar la
indeterminación, deben provenir de una fuente con autoridad suficiente para
proyectarse sobre la ley y deben ser accesibles para la población. En efecto,
pueden hallarse en otras normas de jerarquía legal o supra legal, y en la
interpretación de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En la Sentencia C-080 de 2025, esta Corte admitió un espectro más
amplio de referentes jurídico-normativos aptos para llenar de contenido el tipo
penal abierto: precedentes de los órganos de cierre, antecedentes legislativos,
“una larga tradición jurídica en el ordenamiento” y “las
denominaciones de los capítulos y títulos del código penal”, en cuanto
permitan a un “destinatario promedio” determinar el contenido y alcance
de la conducta punible. Por lo mismo,
tales referentes han de tener carácter jurídico-normativo –la ley, el
reglamento, los actos administrativos de alcance general y la jurisprudencia de
los órganos de cierre–, sin que basten, por sí solos, los documentos de
política pública, las definiciones adoptadas por organismos multilaterales o
las elaboraciones doctrinarias, los cuales podrán servir como elementos de
contexto o de confirmación, mas no como fuente que aisladamente cierre la
indeterminación del tipo.
209. Además, tales referentes deben estar establecidos con precisión y
claridad, dado que cumplirán la delicada función de cerrar la
indeterminación relativa del tipo; y ser previos a la configuración del
delito en el caso concreto, pues sólo así contribuirán eficazmente a la
comprensión de la conducta penalizada.
210. No cumplen ese fin, por lo tanto, propuestas doctrinales o
discusiones dogmáticas inacabadas, ni es aceptable una remisión genérica al
momento de aplicación, pues ello supone simplemente una confianza en la
capacidad interpretativa de los jueces penales, pero no una garantía para el
ciudadano. Sin duda, el juez tiene un papel esencial en la interpretación de
las normas relevantes, pero deben mantenerse presentes los límites que
enfrentan los jueces en materia penal (prohibición de analogía o
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interpretaciones amplias de las normas sancionatorias, conocidas como mala
partem, del derecho penal), y que en nada se beneficia la autonomía de las
no cuenta con elementos suficientes para auto determinarse.
211. Finalmente, la interpretación ordinaria
razonable debe cumplir dos fines. Que los jueces puedan comprender el tipo
penal sin ejercicios interpretativos de excesiva complejidad (principalmente
basados en la literalidad, el contexto y el propósito de la disposición,
siempre que estos sean determinados) y que las personas puedan acceder al
conocimiento de la prohibición. [137]
212. Es por ello que, cuando una demanda cuestiona
un elemento normativo de un tipo penal o de una sanción por ser vago e
indeterminado, procede un juicio de estricta legalidad, pues l as normas penales usan un lenguaje técnico y pueden
presentar ambigüedades propias del lenguaje natural. [138] Por esa razón, no basta señalar una
imprecisión lingüística o plantear dudas hipotéticas para considerar vulnerado
el principio de legalidad. [139]
211. Finalmente, la interpretación ordinaria razonable debe cumplir dos
fines. Que los jueces puedan comprender el tipo penal sin ejercicios interpretativos
de excesiva complejidad (principalmente basados en la literalidad, el contexto
y el propósito de la disposición, siempre que estos sean determinados) y que
las personas puedan acceder al conocimiento de la prohibición. [137]
212. Es por ello que, cuando una demanda cuestiona un elemento
normativo de un tipo penal o de una sanción por ser vago e indeterminado,
procede un juicio de estricta legalidad, pues l as normas penales usan un lenguaje
técnico y pueden presentar ambigüedades propias del lenguaje natural. [138]
Por esa razón, no basta señalar una imprecisión lingüística o plantear dudas
hipotéticas para considerar vulnerado el principio de legalidad. [139]
Se requiere una indeterminación insuperable desde el punto de vista jurídico,
es decir, que el sentido de la norma no pueda establecerse mediante una
interpretación razonable. [140]
El juicio de estricta legalidad, entonces, consiste en verificar si la
disposición [141]
interpretación razonable. [140] El juicio de estricta legalidad,
entonces, consiste en verificar si la disposición [141]
… 2 строк без изменений …
“(i) resulta tan vaga o ambigua que impide delimitar con claridad la
frontera entre lo lícito y lo ilícito, lo que afecta la previsibilidad de sus
promoverse en protección de un bien jurídico.” [142]
213. En suma, el principio de legalidad penal,
con fundamento en los artículos 6, 28 y 29 de la Constitución, opera en dos
dimensiones: aquella según la cual se reserva al Congreso la definición de los
delitos y las penas, y la estricta legalidad o taxatividad, que exige que la
conducta y su sanción se describan de forma clara, precisa e inequívoca, de
manera que todos los componentes del tipo, incluidas sus circunstancias de
agravación, estén determinados o resulten razonablemente determinables. Esa
exigencia, sin embargo, no es absoluta, pues como el legislador se expresa en
lenguaje natural, todo tipo penal conserva un margen irreductible de
indeterminación que no lo torna, por sí solo, incompatible con la taxatividad.
De esa tensión surgen dos técnicas legislativas. Los tipos penales en blanco se
completan por remisión a otra norma y son válidos siempre que la norma de
reenvío sea identificable, preexistente, cierta, de público conocimiento y
respetuosa de los derechos fundamentales. Por su parte, los tipos penales abiertos
emplean conceptos amplios cuyo alcance se precisa mediante valoración judicial.
Estos últimos son constitucionalmente admisibles cuando concurren tres
condiciones: (i) que la naturaleza dinámica o técnica de la conducta
justifique la apertura; (ii) que existan referentes objetivos,
verificables y preexistentes que permitan cerrar la indeterminación relativa; y
(iii) que, mediante una interpretación razonable ordinaria, sea posible
trazar la frontera que separa lo lícito de lo ilícito y comprender la conducta
prohibida. En consecuencia, el juicio de estricta legalidad no consiste en
verificar si el legislador definió exhaustivamente cada expresión empleada,
sino en constatar si el ingrediente normativo cuestionado, pese a su relativa
indeterminación, satisface esas condiciones.
Solución al problema
jurídico planteado
214. En primer lugar, algunos intervinientes consideran que el
artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que modifica el artículo 296 del Código
Penal, es un tipo penal en blanco que, al no remitir a alguna norma que defina “inteligencia
artificial”, viola el principio de legalidad estricta en materia penal. Por
el contrario, otro grupo de intervinientes consideran que es un tipo penal
abierto que contiene un ingrediente normativo que, aunque no totalmente
determinado, es determinable por el operador jurídico. Por esa razón, concluyen
que la disposición acusada es constitucional.
215. El artículo 296 del Código Penal establece
que “ [e] l que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro,
o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad,
estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa,
siempre que la conducta no constituya otro delito.” De acuerdo con lo
anterior, entonces, el delito consiste en la suplantación de identidad,
integridad y uso de datos de manera abusiva por un tercero sin consentimiento o
autorización previa, expresa e informada. Esta conducta es realizada por
terceros no autorizados con la finalidad de causar un daño al titular de los
datos que pretenden ser suplantados. [143]
216. En este contexto, el inciso acusado, adicionado
por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, no crea un tipo penal autónomo, por
el contrario, cualifica el medio de comisión de la falsedad personal al
disponer que, “[c]uando la falsedad personal se realizare con la utilización
de Inteligencia Artificial la multa se aumentará hasta en una tercera parte,
siempre que la conducta no constituya otro delito.” De este modo, la
expresión “inteligencia artificial” opera como un ingrediente o elemento
normativo del tipo agravado, esto es, como un componente cuyo alcance no se
establece mediante la simple percepción de los hechos, sino que demanda del
operador jurídico una labor de valoración dirigida a precisar si la herramienta
efectivamente empleada se corresponde con dicho concepto.
217. La disposición acusada, además, no
introduce una pena privativa de la libertad. Se limita a prever una
circunstancia que incrementa hasta en una tercera parte la multa de una
conducta ya tipificada y querellable. Esta constatación no relaja las
exigencias del artículo 29 superior, que se predican plenamente de las
circunstancias de agravación, pero evidencia que la exequibilidad no descansa
en una reducción del estándar de legalidad, sino en la concurrencia de dos
elementos: que el ingrediente normativo es razonablemente determinable a partir
de referentes objetivos, accesibles y verificables, y que la respuesta punitiva
guarda proporción con la mayor lesividad atribuida al medio comisivo. Por ello,
el juicio de estricta legalidad no se dirige a establecer si dicho ingrediente
es determinable en abstracto o en sí mismo considerado, sino en relación con el
tipo penal al que accede y en atención a la función específica que cumple
dentro de la estructura de la disposición demandada. Comoquiera que el inciso
primero del artículo 296 del Código Penal define con claridad los elementos
esenciales de la falsedad personal –sujeto, verbos rectores, ingrediente
subjetivo y bien jurídico protegido–, la determinación exigida al ingrediente
normativo de la agravante se predica únicamente de la circunstancia que
intensifica el reproche, y no de la conducta base, cuya taxatividad no ha sido
cuestionada. Así, el parámetro de legalidad se satisface sin desligar la
213. En suma, el principio de legalidad penal, con fundamento en los
artículos 6, 28 y 29 de la Constitución, opera en dos dimensiones: aquella
según la cual se reserva al Congreso la definición de los delitos y las penas,
y la estricta legalidad o taxatividad, que exige que la conducta y su sanción
se describan de forma clara, precisa e inequívoca, de manera que todos los
componentes del tipo, incluidas sus circunstancias de agravación, estén
determinados o resulten razonablemente determinables. Esa exigencia, sin
embargo, no es absoluta, pues como el legislador se expresa en lenguaje
natural, todo tipo penal conserva un margen irreductible de indeterminación que
no lo torna, por sí solo, incompatible con la taxatividad. De esa tensión
surgen dos técnicas legislativas. Los tipos penales en blanco se completan por
remisión a otra norma y son válidos siempre que la norma de reenvío sea
identificable, preexistente, cierta, de público conocimiento y respetuosa de
los derechos fundamentales. Por su parte, los tipos penales abiertos emplean
conceptos amplios cuyo alcance se precisa mediante valoración judicial. Estos
últimos son constitucionalmente admisibles cuando concurren tres condiciones: (i)
que la naturaleza dinámica o técnica de la conducta justifique la apertura; (ii)
que existan referentes objetivos, verificables y preexistentes que permitan
cerrar la indeterminación relativa; y (iii) que, mediante una
interpretación razonable ordinaria, sea posible trazar la frontera que separa
lo lícito de lo ilícito y comprender la conducta prohibida. En consecuencia, el
juicio de estricta legalidad no consiste en verificar si el legislador definió
exhaustivamente cada expresión empleada, sino en constatar si el ingrediente
normativo cuestionado, pese a su relativa indeterminación, satisface esas
condiciones.
Solución al
problema jurídico planteado
214. En primer lugar, algunos
intervinientes consideran que el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que
modifica el artículo 296 del Código Penal, es un tipo penal en blanco que, al
no remitir a alguna norma que defina “inteligencia artificial”, viola el
principio de legalidad estricta en materia penal. Por el contrario, otro grupo
de intervinientes consideran que es un tipo penal abierto que contiene un
ingrediente normativo que, aunque no totalmente determinado, es determinable
por el operador jurídico. Por esa razón, concluyen que la disposición acusada
es constitucional.
215. El artículo 296 del Código Penal establece que “ [e] l que
con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya
o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad
que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta
no constituya otro delito.” De acuerdo con lo anterior, entonces, el delito
consiste en la suplantación de identidad, integridad y uso de datos de manera
abusiva por un tercero sin consentimiento o autorización previa, expresa e
informada. Esta conducta es realizada por terceros no autorizados con la
finalidad de causar un daño al titular de los datos que pretenden ser
suplantados. [143]
216. En este contexto, el inciso acusado, adicionado por el artículo 3
de la Ley 2502 de 2025, no crea un tipo penal autónomo, por el contrario,
cualifica el medio de comisión de la falsedad personal al disponer que, “[c]uando
la falsedad personal se realizare con la utilización de Inteligencia Artificial
la multa se aumentará hasta en una tercera parte, siempre que la conducta no
constituya otro delito.” De este modo, la expresión “inteligencia
artificial” opera como un ingrediente o elemento normativo del tipo
agravado, esto es, como un componente cuyo alcance no se establece mediante la
simple percepción de los hechos, sino que demanda del operador jurídico una
labor de valoración dirigida a precisar si la herramienta efectivamente
empleada se corresponde con dicho concepto.
217. La disposición acusada, además, no introduce una pena privativa de
la libertad. Se limita a prever una circunstancia que incrementa hasta en una
tercera parte la multa de una conducta ya tipificada y querellable. Esta
constatación no relaja las exigencias del artículo 29 superior, que se predican
plenamente de las circunstancias de agravación, pero evidencia que la exequibilidad
no descansa en una reducción del estándar de legalidad, sino en la concurrencia
de dos elementos: que el ingrediente normativo es razonablemente determinable a
partir de referentes objetivos, accesibles y verificables, y que la respuesta
punitiva guarda proporción con la mayor lesividad atribuida al medio comisivo.
Por ello, el juicio de estricta legalidad no se dirige a establecer si dicho
ingrediente es determinable en abstracto o en sí mismo considerado, sino en
relación con el tipo penal al que accede y en atención a la función específica
que cumple dentro de la estructura de la disposición demandada. Comoquiera que
el inciso primero del artículo 296 del Código Penal define con claridad los
elementos esenciales de la falsedad personal –sujeto, verbos rectores,
ingrediente subjetivo y bien jurídico protegido–, la determinación exigida al
ingrediente normativo de la agravante se predica únicamente de la circunstancia
que intensifica el reproche, y no de la conducta base, cuya taxatividad no ha
sido cuestionada. Así, el parámetro de legalidad se satisface sin desligar la
agravante de la conducta punible que la sustenta.
218. Esta comprensión de la inteligencia
artificial como medio comisivo y no como ingrediente autónomo del tipo es
coherente con la forma en que el ordenamiento penal emplea otros elementos de
contenido valorativo para graduar el reproche. Expresiones como “maniobras
engañosas”, “medios fraudulentos ” o “inducir en error” presentes
en diversos tipos y circunstancias de agravación carecen de una definición
legal exhaustiva y, sin embargo, no se reputan indeterminadas. Por el
contrario, su alcance se concreta, caso a caso, mediante una interpretación
razonable apoyada en referentes objetivos. La circunstancia de agravación aquí
examinada responde a esa misma lógica. Lo que el legislador reprocha con mayor
intensidad no es el empleo de una tecnología en abstracto, sino que el agente
se valga de una herramienta que por su sofisticación incrementa la
verosimilitud de la suplantación, amplía la escala del engaño y dificulta que
la víctima advierta la falsedad. Por ello, la aplicación del agravante no
depende de que la ley defina la IA, sino de que el juez pueda establecer, con
apoyo en los referentes jurídico-normativos ya identificados, que el medio
efectivamente utilizado corresponde a esa clase de herramienta.
219. En ese sentido, la Sala advierte que la
disposición acusada corresponde a un tipo penal abierto. Como se expuso
previamente, los tipos penales en blanco se caracterizan por que la descripción
del supuesto de hecho se integra mediante el reenvío a una norma extrapenal
determinada, que el intérprete debe identificar e incorporar al precepto para
completar su contenido. No altera lo anterior que el Decreto 1263 de 2022 y el
Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 contengan definiciones de IA. Aunque un tipo
penal en blanco admite la remisión impropia a normas de rango reglamentario, [144] para que ello ocurra el legislador
penal debe efectuar el reenvío y la norma reglamentaria debe estar llamada a
integrar el supuesto de hecho. Ninguna de esas condiciones concurre en este
caso, puesto que la Ley 2502 de 2025 no remite a dichas normas ni a ninguna
otra para definir la inteligencia artificial, y tales disposiciones no fueron
expedidas para completar la descripción de una conducta punible, sino para
fijar lineamientos de política pública y de gestión de la Rama Judicial en sus
respectivos ámbitos. Por ello, el Decreto 1263 de 2022 y el Acuerdo
PCSJA24-12243 no operan como normas de remisión que integren el tipo, sino como
referentes objetivos y verificables que, junto con otros, permiten al operador
jurídico decantar el núcleo funcional del concepto en el marco propio de los
tipos penales abiertos.
220. Esto quiere decir que el inciso demandado
no remite, de forma expresa o tácita, a una norma extrapenal específica que
defina la “inteligencia artificial” y se integre al tipo. De hecho, en
el ordenamiento colombiano no existe aún una ley que regule de manera integral
esa materia, circunstancia en la que coinciden tanto los intervinientes que
defienden la disposición como quienes la cuestionan. Por esa razón, el cargo no
puede resolverse con arreglo a los requisitos propios de los tipos de remisión,
pues no existe una norma de remisión cuya identificabilidad, preexistencia y
precisión deban verificarse.
221. La Sala considera necesario destacar,
además, que, con el auge de las tecnologías de la información, los delitos informáticos
en general, han aumentado de forma exponencial en los últimos años. Según los
datos reportados por el Ministerio de Justicia y del Derecho [145] el incremento ha sido exponencial,
218. Esta comprensión de la inteligencia artificial como medio comisivo
y no como ingrediente autónomo del tipo es coherente con la forma en que el
ordenamiento penal emplea otros elementos de contenido valorativo para graduar
el reproche. Expresiones como “maniobras engañosas”, “medios
fraudulentos ” o “inducir en error” presentes en diversos tipos y
circunstancias de agravación carecen de una definición legal exhaustiva y, sin
embargo, no se reputan indeterminadas. Por el contrario, su alcance se
concreta, caso a caso, mediante una interpretación razonable apoyada en
referentes objetivos. La circunstancia de agravación aquí examinada responde a
esa misma lógica. Lo que el legislador reprocha con mayor intensidad no es el
empleo de una tecnología en abstracto, sino que el agente se valga de una
herramienta que por su sofisticación incrementa la verosimilitud de la
suplantación, amplía la escala del engaño y dificulta que la víctima advierta
la falsedad. Por ello, la aplicación del agravante no depende de que la ley
defina la IA, sino de que el juez pueda establecer, con apoyo en los referentes
jurídico-normativos ya identificados, que el medio efectivamente utilizado
corresponde a esa clase de herramienta.
219. En ese sentido, la Sala advierte que la disposición acusada
corresponde a un tipo penal abierto. Como se expuso previamente, los tipos
penales en blanco se caracterizan por que la descripción del supuesto de hecho
se integra mediante el reenvío a una norma extrapenal determinada, que el
intérprete debe identificar e incorporar al precepto para completar su
contenido. No altera lo anterior que el Decreto 1263 de 2022 y el Acuerdo
PCSJA24-12243 de 2024 contengan definiciones de IA. Aunque un tipo penal en
blanco admite la remisión impropia a normas de rango reglamentario, [144]
para que ello ocurra el legislador penal debe efectuar el reenvío y la norma
reglamentaria debe estar llamada a integrar el supuesto de hecho. Ninguna de
esas condiciones concurre en este caso, puesto que la Ley 2502 de 2025 no
remite a dichas normas ni a ninguna otra para definir la inteligencia
artificial, y tales disposiciones no fueron expedidas para completar la
descripción de una conducta punible, sino para fijar lineamientos de política
pública y de gestión de la Rama Judicial en sus respectivos ámbitos. Por ello,
el Decreto 1263 de 2022 y el Acuerdo PCSJA24-12243 no operan como normas de
remisión que integren el tipo, sino como referentes objetivos y verificables
que, junto con otros, permiten al operador jurídico decantar el núcleo
funcional del concepto en el marco propio de los tipos penales abiertos.
220. Esto quiere decir que el inciso demandado no remite, de forma
expresa o tácita, a una norma extrapenal específica que defina la “inteligencia
artificial” y se integre al tipo. De hecho, en el ordenamiento colombiano
no existe aún una ley que regule de manera integral esa materia, circunstancia
en la que coinciden tanto los intervinientes que defienden la disposición como
quienes la cuestionan. Por esa razón, el cargo no puede resolverse con arreglo
a los requisitos propios de los tipos de remisión, pues no existe una norma de
remisión cuya identificabilidad, preexistencia y precisión deban verificarse.
221. La Sala considera necesario destacar, además, que, con el auge de
las tecnologías de la información, los delitos informáticos en general, han
aumentado de forma exponencial en los últimos años. Según los datos reportados
por el Ministerio de Justicia y del Derecho [145] el incremento ha sido exponencial,
… 6 строк без изменений …
pues de 5.000 procesos en 2010 se ha pasado a 93.000 procesos en 2025. El
incremento ha sido particularmente alto a partir del año 2020, en el que se
de delitos informáticos.
222. El aumento de estos delitos, que es
significativo a partir del año 2020, coincide con el desarrollo de la IA. El
uso de la IA, en particular de la IA generativa, incide en este tipo de
conductas delictivas, pues automatiza el reconocimiento de víctimas, puede
producir mensajes fraudulentos y permite que una sola persona opere decenas de
conductas punibles a la vez. [146]
222. El aumento de estos delitos, que es significativo a partir del año
2020, coincide con el desarrollo de la IA. El uso de la IA, en particular de la
IA generativa, incide en este tipo de conductas delictivas, pues automatiza el
reconocimiento de víctimas, puede producir mensajes fraudulentos y permite que una
sola persona opere decenas de conductas punibles a la vez. [146]
… 1 строк без изменений …
Específicamente, en el 2025, hubo 50.849 investigaciones por hurto utilizando
medios informáticos, 18.668 por acceso abusivo a sistemas informáticos, 5.011
4.557 por transferencia no consentida de activos. [147]
223. Si bien los anteriores reportes no
incluyen las estadísticas sobre el delito de falsedad personal con el uso de
IA, debido a que el delito de falsedad personal no pertenece al grupo de
delitos informáticos de la Ley 1273 de 2009, este fenómeno criminal no escapa a
la tendencia advertida, pues el uso de la IA ha venido creciendo también en
estos ámbitos. A su turno, debe destacarse que el agravante establecido en la
norma demandada, comienza a regir un año después de la promulgación de la Ley
2502 de 2025, es decir, a partir del 28 de julio de 2026. [148] En esa medida, aunque la fiscalía
223. Si bien los anteriores reportes no incluyen las estadísticas sobre
el delito de falsedad personal con el uso de IA, debido a que el delito de
falsedad personal no pertenece al grupo de delitos informáticos de la Ley 1273
de 2009, este fenómeno criminal no escapa a la tendencia advertida, pues el uso
de la IA ha venido creciendo también en estos ámbitos. A su turno, debe
destacarse que el agravante establecido en la norma demandada, comienza a regir
un año después de la promulgación de la Ley 2502 de 2025, es decir, a partir
del 28 de julio de 2026. [148] En esa medida, aunque la fiscalía
tiene la obligación de garantizar la trazabilidad de los casos relacionados con
uso de IA para cometer falsedad personal, [149]
esta apenas ha iniciado. En todo caso, el agravante incluido responde a la
nueva modalidad en la que hoy en día se puede cometer el delito de falsedad
personal, la cual puede aumentar, siguiendo el patrón de los demás delitos en
los que cabe el uso de la IA, dadas las facilidades que ello brinda a los
criminales para realizar este tipo de conductas punibles.
224. En segundo lugar, algunos intervinientes, al argumentar la
razón por la cual consideraban que la disposición correspondía a un tipo penal
en blanco, hicieron referencia al concepto de “deepfake” contenido en el
artículo 2 de la ley parcialmente demandada. Este concepto corresponde a “la
creación, modificación y utilización de un registro audiovisual, incluidas
fotografías, vídeos, imágenes o grabaciones de sonido falsos, mediante
Inteligencia Artificial -IA- de manera que el registro parezca auténtico del
discurso o conducta real de un individuo.”
225. Esta definición no cumple una función
integradora. Opera, en cambio, como un referente hermenéutico que, en una
lectura sistemática y finalista, ilustra la función que el legislador atribuyó
al medio comisivo y confirma el nexo funcional entre la IA y la falsedad
personal.
226. Que la relativa indeterminación del
concepto de “inteligencia artificial” obedeció a una decisión deliberada
del legislador y no a un descuido o a una omisión inadvertida se constata al
rastrear los antecedentes legislativos de la Ley 2502 de 2025, los cuales dan
cuenta de que el Congreso consideró y descartó de manera consciente la
inclusión de una definición cerrada de esta tecnología, en atención a su
naturaleza dinámica y a su tendencia a la obsolescencia. En la exposición de
motivos del entonces Proyecto de Ley No.360 de 2024 (Cámara) –No.225 de 2024
(Senado), “la
agravación punitiva de la falsedad personal a través de inteligencia
artificial tiene como objetivo proteger los derechos individuales, promover la
confianza en los sistemas digitales y establecer un marco legal que regule el
uso adecuado de la IA en beneficio de la sociedad y la fe pública”. [150]
227. De otro lado, el proyecto
original publicado en la Gaceta No.111 del 2 de febrero de 2024 contenía la
siguiente definición de “inteligencia artificial” en el artículo 2: “La
disciplina científica y tecnológica que se ocupa del diseño, desarrollo y
aplicación de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente
requieren inteligencia humana, tales como el reconocimiento de patrones, el
aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la generación de
contenidos, la síntesis de voz y la visión artificial.” [151]
228. Posteriormente, el articulado
del proyecto aprobado en segundo debate en el Senado de la República definía “Sistemas
de Inteligencia Artificial” en su artículo 2 como “ [s] istema basado en una máquina que,
para fines explícitos o implícitos, deduce, a partir de los insumos que recibe,
cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o
decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes
sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad después del
despliegue”. [152]
229. En el informe de ponencia
para primer debate en la Cámara de Representantes se señaló que:
“ del análisis
de la situación actual que amerita la realización del presente proyecto de ley,
es preciso indicar la necesidad de los gobiernos de regular con estamentos
normativos en la discusión de la política criminal, la penalización de las
acciones de suplantación de identidad en la que se vea involucrada le
utilización de la IA. […]
El día cinco (05) de abril de 2024, se llevó a cabo en la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, la Mesa
Técnica sobre las implicaciones de la IA en Colombia, con la finalidad de
escuchar a la academia, a las empresas y a los expertos en el tema, articulando
conceptos, ideas, problemáticas y expectativas frente a la regulación o no en
el país.
La Mesa Técnica se orientó a través de la pregunta de si la
IA debe ser regulada o no; la mayoría de los ponentes, concluyeron en sus
uso de IA para cometer falsedad personal, [149] esta apenas ha iniciado. En todo
caso, el agravante incluido responde a la nueva modalidad en la que hoy en día
se puede cometer el delito de falsedad personal, la cual puede aumentar,
siguiendo el patrón de los demás delitos en los que cabe el uso de la IA, dadas
las facilidades que ello brinda a los criminales para realizar este tipo de
conductas punibles.
224. En segundo lugar, algunos
intervinientes, al argumentar la razón por la cual consideraban que la
disposición correspondía a un tipo penal en blanco, hicieron referencia al
concepto de “deepfake” contenido en el artículo 2 de la ley parcialmente
demandada. Este concepto corresponde a “la creación, modificación y
utilización de un registro audiovisual, incluidas fotografías, vídeos, imágenes
o grabaciones de sonido falsos, mediante Inteligencia Artificial -IA- de manera
que el registro parezca auténtico del discurso o conducta real de un
individuo.”
225. Esta definición no cumple una función integradora. Opera, en
cambio, como un referente hermenéutico que, en una lectura sistemática y
finalista, ilustra la función que el legislador atribuyó al medio comisivo y
confirma el nexo funcional entre la IA y la falsedad personal.
226. Que la relativa indeterminación del concepto de “inteligencia
artificial” obedeció a una decisión deliberada del legislador y no a un
descuido o a una omisión inadvertida se constata al rastrear los antecedentes
legislativos de la Ley 2502 de 2025, los cuales dan cuenta de que el Congreso
consideró y descartó de manera consciente la inclusión de una definición
cerrada de esta tecnología, en atención a su naturaleza dinámica y a su
tendencia a la obsolescencia. En la exposición de motivos del entonces Proyecto
de Ley No.360 de 2024 (Cámara) –No.225 de 2024 (Senado), “la agravación punitiva de la falsedad personal a través de
inteligencia artificial tiene como objetivo proteger los derechos individuales,
promover la confianza en los sistemas digitales y establecer un marco legal que
regule el uso adecuado de la IA en beneficio de la sociedad y la fe pública”. [150]
227. De otro lado, el proyecto original publicado en la Gaceta No.111
del 2 de febrero de 2024 contenía la siguiente definición de “inteligencia
artificial” en el artículo 2: “La disciplina científica y tecnológica
que se ocupa del diseño, desarrollo y aplicación de sistemas informáticos
capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales
como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, el procesamiento
del lenguaje natural, la generación de contenidos, la síntesis de voz y la
visión artificial.” [151]
228. Posteriormente, el articulado del proyecto aprobado en segundo
debate en el Senado de la República definía “Sistemas de Inteligencia
Artificial” en su artículo 2 como “ [s] istema
basado en una máquina que, para fines explícitos o implícitos, deduce, a partir
de los insumos que recibe, cómo generar resultados tales como predicciones,
contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos
o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y
adaptabilidad después del despliegue”. [152]
229. En el informe de ponencia para primer debate en la Cámara de
Representantes se señaló que:
“ del análisis de la situación
actual que amerita la realización del presente proyecto de ley, es preciso
indicar la necesidad de los gobiernos de regular con estamentos normativos en
la discusión de la política criminal, la penalización de las acciones de
suplantación de identidad en la que se vea involucrada le utilización de la IA.
[…]
El día cinco (05) de abril de 2024, se llevó a cabo en la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, la Mesa Técnica
sobre las implicaciones de la IA en Colombia, con la finalidad de escuchar a la
academia, a las empresas y a los expertos en el tema, articulando conceptos,
ideas, problemáticas y expectativas frente a la regulación o no en el país.
La Mesa Técnica se orientó a través de la pregunta de si la IA
debe ser regulada o no; la mayoría de los ponentes, concluyeron en sus
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intervenciones que la IA no debe regularse de manera estricta o prohibitiva, en
tanto, debe permitirse la continuidad de su desarrollo y aplicación, en los
la tecnología y el bienestar de la comunidad en general.
A la par, los ponentes también llegaron a la conclusión que
de regularse la IA, la misma debería orientarse a la protección y prevención
ante el uso dañino o ilegal que perjudique o atente contra los derechos de las
A la par, los ponentes también llegaron a la conclusión que de
regularse la IA, la misma debería orientarse a la protección y prevención ante
el uso dañino o ilegal que perjudique o atente contra los derechos de las
personas.
En consecuencia, la presente iniciativa legislativa,
pretende extender la guarda de la identidad personal debidamente protegida a
través del artículo 296 del Código Penal Colombiano, en el marco preciso del
uso indebido de la IA, a cuyo propósito sea utilizada para suplantar o
sustituir la identidad de una persona; de allí que, el proyecto de Ley no
termina por constituir una regulación estructural, restrictiva o prohibitiva
sobre el tema”. [153]
230. En otras palabras, se indicó que la
regulación de la IA no debía contravenir su desarrollo de habilidades y
evolución, los cuales podían sobrepasar la capacidad de regulación legislativa.
Sin embargo, de existir dicha regulación, debía orientarse a la protección de
derechos y a evitar el uso dañino de esta herramienta.
231. Asimismo, en tal informe de ponencia se
definió “sistema de inteligencia artificial” como “ [s] istema
basado en una máquina que, para fines explícitos o implícitos, deduce, a partir
de los insumos que recibe, cómo generar resultados tales como predicciones,
contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos
o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y
En consecuencia, la presente iniciativa legislativa, pretende
extender la guarda de la identidad personal debidamente protegida a través del
artículo 296 del Código Penal Colombiano, en el marco preciso del uso indebido
de la IA, a cuyo propósito sea utilizada para suplantar o sustituir la
identidad de una persona; de allí que, el proyecto de Ley no termina por
constituir una regulación estructural, restrictiva o prohibitiva sobre el
tema”. [153]
230. En otras palabras, se indicó que la regulación de la IA no debía
contravenir su desarrollo de habilidades y evolución, los cuales podían
sobrepasar la capacidad de regulación legislativa. Sin embargo, de existir
dicha regulación, debía orientarse a la protección de derechos y a evitar el
uso dañino de esta herramienta.
231. Asimismo, en tal informe de ponencia se definió “sistema de
inteligencia artificial” como “ [s] istema basado en una máquina
que, para fines explícitos o implícitos, deduce, a partir de los insumos que
recibe, cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos,
recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o
virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y
adaptabilidad después del despliegue.” [154]
232. No obstante, se presentó una proposición
de enmienda al informe de ponencia para primer debate en la Cámara de
Representantes, mediante la cual se indicó la necesidad de realizar ajustes,
teniendo en cuenta las recomendaciones y realizadas por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En particular, la enmienda
se dirigió a proponer lo siguiente:
(i) En el artículo 1, eliminar la expresión “sistemas
de” con la finalidad de que el término de “Inteligencia Artificial”
fuera más amplio, genérico y menos restrictivo.
(ii) En el artículo 2 se excluyó la definición de Sistemas de
Inteligencia Artificial, con la finalidad de adoptar el concepto del Ministerio
de las TIC, que menciona que una definición de IA puede generar dificultades,
como la obsolescencia del mismo por la evolución de la IA, entre otras
modificaciones.
232. No obstante, se presentó una proposición de enmienda al informe de
ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, mediante la cual se
indicó la necesidad de realizar ajustes, teniendo en cuenta las recomendaciones
y realizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. En particular, la enmienda se dirigió a proponer lo siguiente:
(i) En el artículo 1, eliminar la expresión “sistemas de” con
la finalidad de que el término de “Inteligencia Artificial” fuera más
amplio, genérico y menos restrictivo.
(ii) En el
artículo 2 se excluyó la definición de Sistemas de Inteligencia Artificial, con
la finalidad de adoptar el concepto del Ministerio de las TIC, que menciona que
una definición de IA puede generar dificultades, como la obsolescencia del
mismo por la evolución de la IA, entre otras modificaciones.
(iii)
En el artículo 3,
retirar la expresión “ Sistemas de”, para dejar sólo la expresión
Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta que la palabra Sistemas podía
abarcar un ámbito más reducido y limitado. [155]
233.
Finalmente,
en el informe de conciliación, el texto acogido fue el aprobado en la Cámara de
Representantes, de conformidad con la Gaceta 877 de 2025.
234. De la reseña anterior se desprende que la
ausencia de una definición legal de “inteligencia artificial” en el
texto finalmente aprobado no obedeció a un vacío involuntario, sino a una
decisión informada del legislador. En efecto, tras evaluar sucesivas definiciones
a lo largo del trámite y acoger las recomendaciones técnicas del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Congreso optó de manera
consciente por la expresión genérica “inteligencia artificial”, al
advertir que cualquier definición cerrada devendría prontamente obsoleta frente
a la acelerada evolución de esta tecnología. Esta constatación resulta
relevante para el examen que sigue, pues confirma que la apertura del
ingrediente normativo demandado no es producto de una técnica legislativa
deficiente, sino una respuesta deliberada a la naturaleza cambiante del
fenómeno que se pretende reprochar, aspecto que incide de manera directa en la
primera de las condiciones que enseguida analiza la Sala.
235. Tampoco constituye un defecto que el
legislador haya empleado la expresión amplia inteligencia artificial y
no la más restringida de deepfake , pues los deepfakes son una de
las modalidades en que la IA puede instrumentalizar la suplantación. En
definitiva, la definición de “deepfake” no agota ni sustituye el
concepto de IA. En su lugar, orienta su sentido en el contexto del delito de
falsedad personal.
236. Debe recordarse que la Constitución no
exige que todo elemento normativo de un tipo penal venga acompañado de una
definición legal expresa. El principio de estricta legalidad demanda que la
conducta punible y sus consecuencias estén previa, clara y ciertamente
determinadas, mas no que el legislador defina de manera exhaustiva cada una de
las expresiones que emplea. Basta con que el ingrediente respectivo resulte
determinable a partir de criterios jurídicos objetivos. De ahí que, conforme a
la jurisprudencia reiterada en esta providencia, la técnica de los tipos
penales abiertos sea compatible con la legalidad siempre que la apertura se
justifique en la naturaleza de la materia regulada y que la conducta prohibida
pueda precisarse mediante una interpretación razonable. Exigir una definición
legal expresa de cada ingrediente normativo no sólo carecería de respaldo
constitucional, también desconocería la naturaleza misma de la legislación
penal, que necesariamente acude a conceptos cuyo contenido se concreta por vía
En el artículo 3, retirar la expresión “ Sistemas
de”, para dejar sólo la expresión Inteligencia Artificial, teniendo en
cuenta que la palabra Sistemas podía abarcar un ámbito más reducido y limitado. [155]
233. Finalmente, en el informe de conciliación, el texto acogido fue el
aprobado en la Cámara de Representantes, de conformidad con la Gaceta 877 de
2025.
234. De la reseña anterior se desprende que la ausencia de una
definición legal de “inteligencia artificial” en el texto finalmente
aprobado no obedeció a un vacío involuntario, sino a una decisión informada del
legislador. En efecto, tras evaluar sucesivas definiciones a lo largo del
trámite y acoger las recomendaciones técnicas del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, el Congreso optó de manera consciente por
la expresión genérica “inteligencia artificial”, al advertir que
cualquier definición cerrada devendría prontamente obsoleta frente a la
acelerada evolución de esta tecnología. Esta constatación resulta relevante
para el examen que sigue, pues confirma que la apertura del ingrediente
normativo demandado no es producto de una técnica legislativa deficiente, sino
una respuesta deliberada a la naturaleza cambiante del fenómeno que se pretende
reprochar, aspecto que incide de manera directa en la primera de las
condiciones que enseguida analiza la Sala.
235. Tampoco constituye un defecto que el legislador haya empleado la
expresión amplia inteligencia artificial y no la más restringida de deepfake ,
pues los deepfakes son una de las modalidades en que la IA puede
instrumentalizar la suplantación. En definitiva, la definición de “deepfake”
no agota ni sustituye el concepto de IA. En su lugar, orienta su sentido en el
contexto del delito de falsedad personal.
236. Debe recordarse que la Constitución no exige que todo elemento
normativo de un tipo penal venga acompañado de una definición legal expresa. El
principio de estricta legalidad demanda que la conducta punible y sus
consecuencias estén previa, clara y ciertamente determinadas, mas no que el
legislador defina de manera exhaustiva cada una de las expresiones que emplea.
Basta con que el ingrediente respectivo resulte determinable a partir de
criterios jurídicos objetivos. De ahí que, conforme a la jurisprudencia
reiterada en esta providencia, la técnica de los tipos penales abiertos sea
compatible con la legalidad siempre que la apertura se justifique en la
naturaleza de la materia regulada y que la conducta prohibida pueda precisarse
mediante una interpretación razonable. Exigir una definición legal expresa de
cada ingrediente normativo no sólo carecería de respaldo constitucional,
también desconocería la naturaleza misma de la legislación penal, que
necesariamente acude a conceptos cuyo contenido se concreta por vía
interpretativa.
237. Esa determinabilidad, además, se inscribe
en una respuesta punitiva que el legislador justificó en la mayor capacidad
lesiva del medio comisivo. La IA no opera aquí como un ingrediente autónomo del
tipo, sino como la herramienta de la que se vale el agente para suplantar o
sustituir a una persona. Su empleo agrava el reproche porque incrementa,
cualitativa y cuantitativamente, la verosimilitud y la escala del engaño, y
dificulta que la víctima detecte la falsedad. No basta, por tanto, la simple
presencia de una herramienta tecnológica, sino que su utilización guarde una
relación funcional con la suplantación y con la afectación del bien jurídico
protegido.
238. En consecuencia, el concepto de “inteligencia
artificial” demandado hace parte de un tipo penal abierto. En ese sentido,
la cuestión que debe resolver la Sala es si tal ingrediente normativo, pese a
su relativa indeterminación, admite una reconstrucción de su contenido con un
grado de precisión y previsibilidad compatible con el artículo 29 de la
Constitución. Su constitucionalidad, entonces, se supedita a tres condiciones: (i) que la naturaleza del tipo justifique la apertura; (ii)
237. Esa determinabilidad, además, se inscribe en una respuesta
punitiva que el legislador justificó en la mayor capacidad lesiva del medio
comisivo. La IA no opera aquí como un ingrediente autónomo del tipo, sino como
la herramienta de la que se vale el agente para suplantar o sustituir a una
persona. Su empleo agrava el reproche porque incrementa, cualitativa y
cuantitativamente, la verosimilitud y la escala del engaño, y dificulta que la
víctima detecte la falsedad. No basta, por tanto, la simple presencia de una
herramienta tecnológica, sino que su utilización guarde una relación funcional
con la suplantación y con la afectación del bien jurídico protegido.
238. En consecuencia, el concepto de “inteligencia artificial” demandado
hace parte de un tipo penal abierto. En ese sentido, la cuestión que debe
resolver la Sala es si tal ingrediente normativo, pese a su relativa
indeterminación, admite una reconstrucción de su contenido con un grado de precisión
y previsibilidad compatible con el artículo 29 de la Constitución. Su
constitucionalidad, entonces, se supedita a tres condiciones: (i) que la naturaleza del tipo justifique la apertura; (ii)
que existan suficientes referentes que permitan cerrar la indeterminación
relativa del concepto; y que, (iii) mediante una interpretación
razonable ordinaria, sea posible comprender la conducta prohibida . [156] La Sala examinará el cumplimiento
de cada una de estas condiciones.
239. En cuanto a la naturaleza del tipo que
justifica la apertura, c omo se ha reseñado en la presente providencia, la IA es una
razonable ordinaria, sea posible comprender la conducta prohibida . [156]
La Sala examinará el cumplimiento de cada una de estas condiciones.
239. En cuanto a la naturaleza del tipo que justifica la apertura, c omo se ha reseñado en la presente providencia, la IA es una
… 4 строк без изменений …
herramienta en constante evolución. En un principio, tan sólo podía resolver
problemas de lógica, simular conversaciones humanas y desempeñarse en ciertos
y cálculo mucho mayor que la de un ser humano.
240. En suma, el carácter de la IA
es dinámico y cambiante, cuyo alcance aún está por ser descubierto. En ese
sentido, exigir al legislador
una definición cerrada, exhaustiva y técnicamente detallada de “inteligencia
artificial” en el propio tipo penal no sólo resultaría impracticable, sino
contraproducente. Cualquier enumeración casuística quedaría superada por el
avance tecnológico de manera casi inmediata y, lejos de proteger la legalidad
estricta que supone el derecho penal, dejaría por fuera del reproche
modalidades de suplantación surgidas con posterioridad, tanto o más lesivas que
las ya conocidas. La relativa apertura del tipo responde, entonces, a la
naturaleza dinámica del medio comisivo y a la multiplicidad de formas que la
conducta puede adoptar.
241. Esta imposibilidad de una enumeración
casuística no es una particularidad del caso, sino una consecuencia estructural
del modo en que evoluciona la tecnología. La IA no designa un catálogo cerrado
de artefactos, sino la función de inferir, a partir de datos, resultados
propios de tareas que ordinariamente requerirían capacidades cognitivas
humanas, susceptible de materializarse en arquitecturas técnicas en permanente
transformación. Un listado legal de las tecnologías existentes al momento de
expedir la norma nacería desactualizado y obligaría a una reforma incesante del
tipo penal para no dejar impunes las modalidades de suplantación surgidas con
cada avance. Por ello, anclar el reproche a la función que el medio comisivo
cumple, y no a una denominación técnica determinada, es la opción que mejor
preserva la vigencia de la prohibición y la seguridad jurídica, opción que,
además, fue la conscientemente adoptada por el legislador, según se constató al
examinar los antecedentes de la Ley 2502 de 2025.
242. En lo que atañe a la existencia de
referentes idóneos para cerrar la indeterminación, resulta pertinente precisar,
ante todo, el estándar conforme al cual tales referentes cumplen esa función.
En la Sentencia C-204 de 2023, la Corte explicó que los tipos penales abiertos
no vulneran el principio de legalidad siempre que “(i) la naturaleza del
tipo impida su descripción exacta, pero se encuentran los elementos básicos
para delimitar la prohibición, y (ii) el destinatario pueda comprender cuál es
el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio
de actividad interpretativa ordinaria se puede precisar el alcance de la
prohibición o cuando existe un referente especializado que precisa los
parámetros específicos del contenido y alcance de la prohibición”. De la
segunda condición se desprende que la comprensión de la conducta sancionada
puede alcanzarse por dos vías alternativas: la interpretación ordinaria o la
remisión a un referente especializado. Esta última resulta especialmente idónea
cuando el ingrediente normativo posee un contenido técnico que, por su
complejidad, desborda el saber común, pues en tales casos son los referentes
técnicos y regulatorios los que fijan, con la precisión requerida, los
parámetros del concepto empleado por el legislador.
243. Aplicado ese estándar al caso, se tiene,
como se ha mostrado en esta sentencia, que el núcleo funcional de la IA se
ancla, en primer lugar, en referentes con fuerza jurídico-normativa: el Decreto
1263 de 2022, que incorpora una definición de inteligencia artificial; el
Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, y, en sede
jurisprudencial, la caracterización efectuada por esta Corte en la Sentencia
T-323 de 2024, así como en las Sentencias T-067 y T-256 de 2025. Estos
referentes, de carácter normativo y de público conocimiento, resultan
suficientes para delimitar el alcance del ingrediente. A ellos se suman, como
elementos de contexto y de confirmación de las mismas notas funcionales, sin
operar por sí solos como fuente que cierre la indeterminación, instrumentos
técnicos y de política pública recibidos por el ordenamiento, tales como los
documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la definición de la OCDE (2019, actualizada
en 2023), la Recomendación de la UNESCO (2021) a la que Colombia se adhirió, el
Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia (2021) y la definición
contenida en el Reglamento (UE) 2024/1689.
244. En cuanto a las dos últimas providencias citadas,
mediante la Sentencia T-067 de 2025 la Corte aclaró que estas herramientas
utilizan un proceso algorítmico para llegar a una decisión, es decir,
contribuyen a procesos de toma de decisiones que normalmente serían llevados a
cabo por humanos. En la Sentencia T-256 de 2025 se describió cómo la moderación
de contenidos se basa en IA, pues este ejercicio implica el procesamiento de
millones de datos cada segundo.
245. Adicionalmente, a título ilustrativo y sin
que operen como referentes que cierren la indeterminación del tipo, el concepto
de IA ha sido objeto de un amplio debate internacional, ético y aun filosófico,
del que dan cuenta las regulaciones adoptadas por distintos países -que van
desde una regulación exhaustiva de sus riesgos hasta un enfoque de menor
intervención, pasando por una perspectiva intermedia caracterizada por la
gradualidad-, las observaciones de organismos internacionales e, incluso,
pronunciamientos como la encíclica Magnifica humanitas del Papa León
XIV y exploraciones de otros escritores que imaginan los alcances que puede
tener la IA y la forma en que la humanidad tendría que enfrentarla. Estas
manifestaciones, producto de la necesidad de encauzar una tecnología con
incidencia directa en la materialización de derechos fundamentales, ponen de
presente que, aun cuando una definición unívoca de inteligencia artificial
resulte por ahora impracticable, existe consenso en torno a las características
esenciales que perfilan el concepto.
246. Esto no obsta para que el concepto de IA
sea inasible. El principio de estricta legalidad no exige la unicidad de la
definición, sino la posibilidad de reconstruir, a partir de referentes
objetivos y verificables, un núcleo de sentido que permita trazar la frontera
que divide con suficiente claridad el comportamiento lícito del ilícito.
247. En efecto, del conjunto de referentes
reseñados es posible decantar un núcleo conceptual común que, por hallarse
referido a la función que el sistema cumple y no a una técnica determinada,
resulta resistente a la evolución tecnológica. Sobre esta base, la Sala
concluye que, para los efectos del agravante acusado, hoy en día, a partir de
los aludidos referentes, una herramienta puede reconocerse como IA cuando en
ella se identifican, como criterios funcionales de reconocimiento, las
siguientes notas: (i) se trata de un sistema basado en máquinas o
soportado en programas y equipos computacionales; (ii) que, a partir de
los datos o entradas que recibe, infiere o procesa información para generar
salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones; (iii)
con el propósito de ejecutar tareas que ordinariamente requerirían capacidades
cognitivas humanas -como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la
percepción, el razonamiento o la generación de contenidos-; y (iv)
operando con algún grado de autonomía o de adaptabilidad. Lo anterior, sin
perjuicio de que, en un futuro, se actualicen estas características conforme
evolucione la IA, por lo que la Corte no pretende dar una definición de esta
herramienta.
248. Estos criterios constituyen las notas
comunes a los referentes normativos, técnicos y de política pública
preexistentes en el ordenamiento y en los instrumentos internacionales acogidos
por Colombia. Por estar formulados en términos funcionales, permiten subsumir
tanto las tecnologías hoy conocidas como las que surjan en el futuro, sin
necesidad de reformar el tipo penal, pues lo determinante no es la denominación
comercial ni la concreta arquitectura técnica del sistema, sino que este cumpla
la función descrita. De esta manera, la prohibición conserva su vigencia, con
independencia de cómo evolucione la tecnología.
249. Ahora bien, no se afirma que todos los
referentes reseñados reproduzcan, de manera idéntica y concurrente, la
totalidad de las características enunciadas, sino que de ellos es posible
decantar unas notas funcionales comunes que se reiteran y que permiten al
operador jurídico reconocer cuándo una herramienta pertenece al género. El
juicio de determinabilidad no exige unanimidad definicional, pues, de exigirla,
ningún ingrediente normativo de carácter técnico la satisfaría; lo que reclama
es que existan referentes objetivos, verificables y preexistentes que hagan
posible una interpretación razonable. Así, las notas antes descritas se
presentan como criterios funcionales de reconocimiento y no como una lista de
requisitos acumulativos, y cada una encuentra sustento en los referentes normativos,
técnicos y de política pública ya reseñados.
250. También conviene distinguir los dos
niveles conceptuales que subyacen a los referentes reseñados, pues mientras
algunos definen la “inteligencia artificial” y otros el “sistema de
inteligencia artificial”, la Ley 2502 de 2025 se refiere a la primera. Con
todo, se trata de conceptos complementarios y no excluyentes. De una parte, la
expresión “inteligencia artificial” designa el campo o la capacidad,
mientras que la de “sistema de inteligencia artificial” alude al
artefacto o herramienta en que dicha capacidad se materializa y a través de la
cual opera. No se trata, pues, de conceptos contrapuestos, sino de dos niveles
de abstracción de un mismo fenómeno, en el que el segundo constituye la
concreción operativa del primero. De otra parte, y sobre todo, unas y otras
definiciones –las del Decreto 1263 de 2022 y el Marco É tico para la Inteligencia Artificial en
Colombia, tanto como las de la OCDE, el Conpes 4144 de 2025, el Acuerdo
PCSJA24-12243 y el Reglamento (UE) 2024/1689– convergen en las mismas notas
funcionales ya reseñadas. Esa convergencia, que es precisamente lo que el
juicio de determinabilidad exige constatar, no se ve afectada por la diferencia
de nivel entre unas definiciones y otras.
251. Adicionalmente, el plano penalmente
relevante es el del sistema. Ello se desprende del propio texto del enunciado
acusado, que no sanciona la inteligencia artificial como fenómeno o disciplina,
sino la falsedad personal realizada “con la utilización de” inteligencia
artificial, esto es, la IA en su función de medio comisivo. El giro
instrumental empleado por el legislador remite necesariamente a la herramienta
concreta de la que se sirve el agente para suplantar o sustituir a una persona,
de modo que los referentes que definen el sistema de IA no resultan ajenos al
concepto empleado en la ley, sino que son precisamente los que permiten
identificar el objeto sobre el que recae la verificación judicial. Esta
lectura, además de ser la que se deriva del texto y de la estructura del tipo
agravado, es la más restrictiva del ámbito de aplicación de la agravante y, por
tanto, la exigida por la prohibición de analogía in malam partem , en
tanto excluye una comprensión difusa del agravante y lo ancla a un objeto
verificable a través de los medios de prueba pertinentes.
252. Finalmente, la supresión de la expresión “sistemas”
durante el trámite legislativo, conforme a las recomendaciones técnicas que
allí se documentan, obedeció al propósito de no atar el concepto a una
arquitectura tecnológica determinada ni exponerlo a una rápida obsolescencia, y
no al de extender el reproche agravado más allá del instrumento efectivamente
empleado.
253. Aplicado el anterior estándar al caso
concreto, la Sala verifica que los referentes normativos, técnicos y de
política pública reseñados –y, en particular, el núcleo funcional decantado a
partir de ellos– operan como el referente especializado a que alude la
Sentencia C-204 de 2023. En efecto, instrumentos como los documentos Conpes
3975 de 2019 y 4144 de 2025, la definición de la OCDE acogida en el orden
interno, el Decreto 1263 de 2022 y la caracterización efectuada en la Sentencia
T-323 de 2024 precisan los parámetros específicos del contenido y alcance de la
expresión “inteligencia artificial”, de suerte que el destinatario de la
norma puede comprender, con un grado admisible de previsibilidad, cuál es el
comportamiento sancionado. Por esta vía, la indeterminación relativa del
ingrediente normativo queda superada, con independencia de que la interpretación
ordinaria, por sí sola, pudiera resultar insuficiente frente a un concepto de
connotación técnica.
254. Dentro del anterior conjunto, la Sala
otorga particular relevancia a las definiciones de inteligencia artificial y de
sistema de inteligencia artificial incorporadas en la Sentencia T-323 de 2024.
Aunque esa providencia no constituye un precedente en sentido estricto para el
presente control abstracto, fue proferida por esta Corporación y sistematiza,
además, otras definiciones a las que ya se ha hecho referencia, de modo que sus
240. En suma, el carácter de la IA es dinámico y cambiante, cuyo
alcance aún está por ser descubierto. En ese sentido, exigir al legislador una definición cerrada, exhaustiva y
técnicamente detallada de “inteligencia artificial” en el propio tipo
penal no sólo resultaría impracticable, sino contraproducente. Cualquier
enumeración casuística quedaría superada por el avance tecnológico de manera
casi inmediata y, lejos de proteger la legalidad estricta que supone el derecho
penal, dejaría por fuera del reproche modalidades de suplantación surgidas con
posterioridad, tanto o más lesivas que las ya conocidas. La relativa apertura
del tipo responde, entonces, a la naturaleza dinámica del medio comisivo y a la
multiplicidad de formas que la conducta puede adoptar.
241. Esta imposibilidad de una enumeración casuística no es una
particularidad del caso, sino una consecuencia estructural del modo en que
evoluciona la tecnología. La IA no designa un catálogo cerrado de artefactos,
sino la función de inferir, a partir de datos, resultados propios de tareas que
ordinariamente requerirían capacidades cognitivas humanas, susceptible de materializarse
en arquitecturas técnicas en permanente transformación. Un listado legal de las
tecnologías existentes al momento de expedir la norma nacería desactualizado y
obligaría a una reforma incesante del tipo penal para no dejar impunes las
modalidades de suplantación surgidas con cada avance. Por ello, anclar el
reproche a la función que el medio comisivo cumple, y no a una denominación
técnica determinada, es la opción que mejor preserva la vigencia de la
prohibición y la seguridad jurídica, opción que, además, fue la conscientemente
adoptada por el legislador, según se constató al examinar los antecedentes de
la Ley 2502 de 2025.
242. En lo que atañe a la existencia de referentes idóneos para cerrar
la indeterminación, resulta pertinente precisar, ante todo, el estándar
conforme al cual tales referentes cumplen esa función. En la Sentencia C-204 de
2023, la Corte explicó que los tipos penales abiertos no vulneran el principio
de legalidad siempre que “(i) la naturaleza del tipo impida su descripción
exacta, pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición,
y (ii) el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado,
lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa
ordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un
referente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y
alcance de la prohibición”. De la segunda condición se desprende que la
comprensión de la conducta sancionada puede alcanzarse por dos vías
alternativas: la interpretación ordinaria o la remisión a un referente
especializado. Esta última resulta especialmente idónea cuando el ingrediente
normativo posee un contenido técnico que, por su complejidad, desborda el saber
común, pues en tales casos son los referentes técnicos y regulatorios los que
fijan, con la precisión requerida, los parámetros del concepto empleado por el
legislador.
243. Aplicado ese estándar al caso, se tiene, como se ha mostrado en
esta sentencia, que el núcleo funcional de la IA se ancla, en primer lugar, en
referentes con fuerza jurídico-normativa: el Decreto 1263 de 2022, que
incorpora una definición de inteligencia artificial; el Acuerdo PCSJA24-12243
de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, y, en sede jurisprudencial, la
caracterización efectuada por esta Corte en la Sentencia T-323 de 2024, así
como en las Sentencias T-067 y T-256 de 2025. Estos referentes, de carácter
normativo y de público conocimiento, resultan suficientes para delimitar el
alcance del ingrediente. A ellos se suman, como elementos de contexto y de
confirmación de las mismas notas funcionales, sin operar por sí solos como
fuente que cierre la indeterminación, instrumentos técnicos y de política
pública recibidos por el ordenamiento, tales como los documentos Conpes 3975 de
2019 y 4144 de 2025, la definición de la OCDE (2019, actualizada en 2023), la
Recomendación de la UNESCO (2021) a la que Colombia se adhirió, el Marco Ético
para la Inteligencia Artificial en Colombia (2021) y la definición contenida en
el Reglamento (UE) 2024/1689.
244. En cuanto a las dos últimas providencias citadas, mediante la
Sentencia T-067 de 2025 la Corte aclaró que estas herramientas utilizan un
proceso algorítmico para llegar a una decisión, es decir, contribuyen a procesos
de toma de decisiones que normalmente serían llevados a cabo por humanos. En la
Sentencia T-256 de 2025 se describió cómo la moderación de contenidos se basa
en IA, pues este ejercicio implica el procesamiento de millones de datos cada
segundo.
245. Adicionalmente, a título ilustrativo y sin que operen como
referentes que cierren la indeterminación del tipo, el concepto de IA ha sido
objeto de un amplio debate internacional, ético y aun filosófico, del que dan
cuenta las regulaciones adoptadas por distintos países -que van desde una
regulación exhaustiva de sus riesgos hasta un enfoque de menor intervención,
pasando por una perspectiva intermedia caracterizada por la gradualidad-, las
observaciones de organismos internacionales e, incluso, pronunciamientos como
la encíclica Magnifica humanitas del Papa León XIV y exploraciones de
otros escritores que imaginan los alcances que puede tener la IA y la forma en
que la humanidad tendría que enfrentarla. Estas manifestaciones, producto de la
necesidad de encauzar una tecnología con incidencia directa en la
materialización de derechos fundamentales, ponen de presente que, aun cuando
una definición unívoca de inteligencia artificial resulte por ahora
impracticable, existe consenso en torno a las características esenciales que
perfilan el concepto.
246. Esto no obsta para que el concepto de IA sea inasible. El
principio de estricta legalidad no exige la unicidad de la definición, sino la
posibilidad de reconstruir, a partir de referentes objetivos y verificables, un
núcleo de sentido que permita trazar la frontera que divide con suficiente
claridad el comportamiento lícito del ilícito.
247. En efecto, del conjunto de referentes reseñados es posible
decantar un núcleo conceptual común que, por hallarse referido a la función que
el sistema cumple y no a una técnica determinada, resulta resistente a la
evolución tecnológica. Sobre esta base, la Sala concluye que, para los efectos
del agravante acusado, hoy en día, a partir de los aludidos referentes, una
herramienta puede reconocerse como IA cuando en ella se identifican, como
criterios funcionales de reconocimiento, las siguientes notas: (i) se
trata de un sistema basado en máquinas o soportado en programas y equipos
computacionales; (ii) que, a partir de los datos o entradas que recibe,
infiere o procesa información para generar salidas tales como predicciones,
contenidos, recomendaciones o decisiones; (iii) con el propósito de
ejecutar tareas que ordinariamente requerirían capacidades cognitivas humanas
-como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la percepción, el
razonamiento o la generación de contenidos-; y (iv) operando con algún
grado de autonomía o de adaptabilidad. Lo anterior, sin perjuicio de que, en un
futuro, se actualicen estas características conforme evolucione la IA, por lo
que la Corte no pretende dar una definición de esta herramienta.
248. Estos criterios constituyen las notas comunes a los referentes
normativos, técnicos y de política pública preexistentes en el ordenamiento y
en los instrumentos internacionales acogidos por Colombia. Por estar formulados
en términos funcionales, permiten subsumir tanto las tecnologías hoy conocidas
como las que surjan en el futuro, sin necesidad de reformar el tipo penal, pues
lo determinante no es la denominación comercial ni la concreta arquitectura
técnica del sistema, sino que este cumpla la función descrita. De esta manera,
la prohibición conserva su vigencia, con independencia de cómo evolucione la
tecnología.
249. Ahora bien, no se afirma que todos los referentes reseñados
reproduzcan, de manera idéntica y concurrente, la totalidad de las
características enunciadas, sino que de ellos es posible decantar unas notas
funcionales comunes que se reiteran y que permiten al operador jurídico reconocer
cuándo una herramienta pertenece al género. El juicio de determinabilidad no
exige unanimidad definicional, pues, de exigirla, ningún ingrediente normativo
de carácter técnico la satisfaría; lo que reclama es que existan referentes
objetivos, verificables y preexistentes que hagan posible una interpretación
razonable. Así, las notas antes descritas se presentan como criterios
funcionales de reconocimiento y no como una lista de requisitos acumulativos, y
cada una encuentra sustento en los referentes normativos, técnicos y de
política pública ya reseñados.
250. También conviene distinguir los dos niveles conceptuales que
subyacen a los referentes reseñados, pues mientras algunos definen la “inteligencia
artificial” y otros el “sistema de inteligencia artificial”, la Ley
2502 de 2025 se refiere a la primera. Con todo, se trata de conceptos
complementarios y no excluyentes. De una parte, la expresión “inteligencia
artificial” designa el campo o la capacidad, mientras que la de “sistema
de inteligencia artificial” alude al artefacto o herramienta en que dicha
capacidad se materializa y a través de la cual opera. No se trata, pues, de
conceptos contrapuestos, sino de dos niveles de abstracción de un mismo
fenómeno, en el que el segundo constituye la concreción operativa del primero.
De otra parte, y sobre todo, unas y otras definiciones –las del Decreto 1263 de
2022 y el Marco É tico para la Inteligencia Artificial en Colombia, tanto como las
de la OCDE, el Conpes 4144 de 2025, el Acuerdo PCSJA24-12243 y el Reglamento (UE)
2024/1689– convergen en las mismas notas funcionales ya reseñadas. Esa
convergencia, que es precisamente lo que el juicio de determinabilidad exige
constatar, no se ve afectada por la diferencia de nivel entre unas definiciones
y otras.
251. Adicionalmente, el plano penalmente relevante es el del sistema.
Ello se desprende del propio texto del enunciado acusado, que no sanciona la
inteligencia artificial como fenómeno o disciplina, sino la falsedad personal
realizada “con la utilización de” inteligencia artificial, esto es, la
IA en su función de medio comisivo. El giro instrumental empleado por el
legislador remite necesariamente a la herramienta concreta de la que se sirve
el agente para suplantar o sustituir a una persona, de modo que los referentes
que definen el sistema de IA no resultan ajenos al concepto empleado en la ley,
sino que son precisamente los que permiten identificar el objeto sobre el que
recae la verificación judicial. Esta lectura, además de ser la que se deriva
del texto y de la estructura del tipo agravado, es la más restrictiva del
ámbito de aplicación de la agravante y, por tanto, la exigida por la
prohibición de analogía in malam partem , en tanto excluye una
comprensión difusa del agravante y lo ancla a un objeto verificable a través de
los medios de prueba pertinentes.
252. Finalmente, la supresión de la expresión “sistemas” durante
el trámite legislativo, conforme a las recomendaciones técnicas que allí se
documentan, obedeció al propósito de no atar el concepto a una arquitectura
tecnológica determinada ni exponerlo a una rápida obsolescencia, y no al de
extender el reproche agravado más allá del instrumento efectivamente empleado.
253. Aplicado el anterior estándar al caso concreto, la Sala verifica
que los referentes normativos, técnicos y de política pública reseñados –y, en
particular, el núcleo funcional decantado a partir de ellos– operan como el
referente especializado a que alude la Sentencia C-204 de 2023. En efecto,
instrumentos como los documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la
definición de la OCDE acogida en el orden interno, el Decreto 1263 de 2022 y la
caracterización efectuada en la Sentencia T-323 de 2024 precisan los parámetros
específicos del contenido y alcance de la expresión “inteligencia
artificial”, de suerte que el destinatario de la norma puede comprender,
con un grado admisible de previsibilidad, cuál es el comportamiento sancionado.
Por esta vía, la indeterminación relativa del ingrediente normativo queda
superada, con independencia de que la interpretación ordinaria, por sí sola,
pudiera resultar insuficiente frente a un concepto de connotación técnica.
254. Dentro del anterior conjunto, la Sala otorga particular relevancia
a las definiciones de inteligencia artificial y de sistema de inteligencia
artificial incorporadas en la Sentencia T-323 de 2024. Aunque esa providencia
no constituye un precedente en sentido estricto para el presente control
abstracto, fue proferida por esta Corporación y sistematiza, además, otras
definiciones a las que ya se ha hecho referencia, de modo que sus
… 1 строк без изменений …
caracterizaciones se articulan aquí, de manera expresa, como un referente
especializado en el sentido de la Sentencia C-204 de 2023, esto es, como fuente
por el legislador.
255. En tercer lugar, en relación a si es posible o no, mediante
una interpretación razonable, comprender la conducta prohibida, la Sala
constata que la circunstancia de agravación punitiva se presenta cuando el
sujeto activo utiliza una herramienta tecnológica que, debido a sus capacidades
de procesamiento de información, razonamiento, autonomía, adaptabilidad y
generación de contenido, facilita la suplantación o atribución de identidad en
que consiste el delito de falsedad personal. Lo anterior, aunado a la
definición de deepfake que el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025
incorpora, excluye los empleos triviales, incidentales o ajenos a la maniobra
falsaria y circunscribe el reproche agravado a los supuestos en que la IA
incrementa la verosimilitud de la suplantación o dificulta su detección, que
son, justamente, las razones que el legislador tuvo para agravar la sanción. En
otras palabras, el agravante obedece a un desvalor de acción que se concreta
cuando el sujeto activo utiliza una herramienta que facilita la comisión de la
conducta punible.
256. Este entendimiento se refuerza con la
intervención de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
cuanto advierte que la utilización de inteligencia artificial no supone una
indeterminación insuperable, precisamente porque se halla referida a un tipo
básico –la falsedad personal– cuyos supuestos de hecho están definidos con
claridad y cuyo contexto de aplicación se precisa con las definiciones del
artículo 2 de la Ley 2502 de 2025. La Sala acoge esta consideración para
complementar el análisis del cargo con el contexto normativo y con los demás
elementos del tipo, sin que ello comporte pronunciamiento alguno sobre la
determinación suficiente de esos otros elementos, que no fueron acusados y
podrían ser objeto de un cargo distinto.
257. Finalmente, debe resaltarse que la
interpretación y aplicación de la ley penal corresponden a su intérprete
autorizado, y no compete a esta Corte sustituirlo ni fijar reglas de subsunción
para casos concretos. Con todo, la verificación de la determinabilidad no puede
efectuarse en abstracto sin mostrar, siquiera, en qué consiste el contenido
determinable del ingrediente, pues si la Corte no pudiera articular núcleo
funcional alguno, la conclusión obligada sería la indeterminación insuperable
y, con ella, la inexequibilidad. En esa línea, la Sentencia C-021 de 2023
declaró la exequibilidad de las expresiones allí cuestionadas tras constatar la
existencia de las herramientas del ordenamiento que permiten determinarlas, lo
que supone identificarlas y examinar su aptitud para cerrar la indeterminación.
Por ello, la ponencia no pretende fijar el alcance concreto del agravante, sino
constatar que existen referentes que lo hacen determinable, en el entendido de
que la concreción de dicho alcance, en cada caso, corresponde al juez penal y,
en sede de unificación, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
258. De lo expuesto, la Sala concluye que el
ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta una
indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación
razonable apoyada en referentes objetivos, verificables y preexistentes, de
suerte que el inciso acusado no desconoce el principio de estricta legalidad
consagrado en el artículo 29 de la Constitución. La definición legal de la
inteligencia artificial, de estimarse necesaria, corresponde exclusivamente al
Congreso de la República; la constatación aquí efectuada no petrifica el
fenómeno ni excluye su evolución, pues el juez penal habrá de acudir a los
referentes vigentes al momento de los hechos.
259. Esta conclusión exige subrayar que la
aplicación de la circunstancia de agravación no opera de manera automática por
la sola invocación de la inteligencia artificial, sino que reclama acreditar,
con suficiencia probatoria y de manera concurrente, al menos tres elementos:
255. En tercer lugar, en relación a
si es posible o no, mediante una interpretación razonable, comprender la
conducta prohibida, la Sala constata que la circunstancia de agravación
punitiva se presenta cuando el sujeto activo utiliza una herramienta
tecnológica que, debido a sus capacidades de procesamiento de información,
razonamiento, autonomía, adaptabilidad y generación de contenido, facilita la
suplantación o atribución de identidad en que consiste el delito de falsedad
personal. Lo anterior, aunado a la definición de deepfake que el
artículo 2 de la Ley 2502 de 2025 incorpora, excluye los empleos triviales,
incidentales o ajenos a la maniobra falsaria y circunscribe el reproche
agravado a los supuestos en que la IA incrementa la verosimilitud de la
suplantación o dificulta su detección, que son, justamente, las razones que el
legislador tuvo para agravar la sanción. En otras palabras, el agravante
obedece a un desvalor de acción que se concreta cuando el sujeto activo utiliza
una herramienta que facilita la comisión de la conducta punible.
256. Este entendimiento se refuerza con la intervención de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto advierte que la
utilización de inteligencia artificial no supone una indeterminación
insuperable, precisamente porque se halla referida a un tipo básico –la
falsedad personal– cuyos supuestos de hecho están definidos con claridad y cuyo
contexto de aplicación se precisa con las definiciones del artículo 2 de la Ley
2502 de 2025. La Sala acoge esta consideración para complementar el análisis
del cargo con el contexto normativo y con los demás elementos del tipo, sin que
ello comporte pronunciamiento alguno sobre la determinación suficiente de esos
otros elementos, que no fueron acusados y podrían ser objeto de un cargo
distinto.
257. Finalmente, debe resaltarse que la interpretación y aplicación de
la ley penal corresponden a su intérprete autorizado, y no compete a esta Corte
sustituirlo ni fijar reglas de subsunción para casos concretos. Con todo, la
verificación de la determinabilidad no puede efectuarse en abstracto sin
mostrar, siquiera, en qué consiste el contenido determinable del ingrediente,
pues si la Corte no pudiera articular núcleo funcional alguno, la conclusión
obligada sería la indeterminación insuperable y, con ella, la inexequibilidad.
En esa línea, la Sentencia C-021 de 2023 declaró la exequibilidad de las
expresiones allí cuestionadas tras constatar la existencia de las herramientas
del ordenamiento que permiten determinarlas, lo que supone identificarlas y
examinar su aptitud para cerrar la indeterminación. Por ello, la ponencia no
pretende fijar el alcance concreto del agravante, sino constatar que existen
referentes que lo hacen determinable, en el entendido de que la concreción de
dicho alcance, en cada caso, corresponde al juez penal y, en sede de
unificación, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
258. De lo expuesto, la Sala concluye que el ingrediente normativo “inteligencia
artificial” presenta una indeterminación meramente relativa, superable
mediante una interpretación razonable apoyada en referentes objetivos,
verificables y preexistentes, de suerte que el inciso acusado no desconoce el
principio de estricta legalidad consagrado en el artículo 29 de la
Constitución. La definición legal de la inteligencia artificial, de estimarse
necesaria, corresponde exclusivamente al Congreso de la República; la
constatación aquí efectuada no petrifica el fenómeno ni excluye su evolución,
pues el juez penal habrá de acudir a los referentes vigentes al momento de los
hechos.
259. Esta conclusión exige subrayar que la aplicación de la
circunstancia de agravación no opera de manera automática por la sola
invocación de la inteligencia artificial, sino que reclama acreditar, con
suficiencia probatoria y de manera concurrente, al menos tres elementos:
… 7 строк без изменений …
primero, que la herramienta efectivamente utilizada corresponde a un sistema de
inteligencia artificial conforme a referentes objetivos y verificables;
y control judicial razonado.
260. Por lo demás, la conclusión de
exequibilidad no se sustenta en la premisa de que toda referencia legislativa a
la IA satisfaga, por sí sola, las exigencias del principio de legalidad, sino
en las particulares características de la disposición demandada, en el contexto
normativo en que se inserta y en la existencia de referentes objetivos que
permiten dotar de contenido al ingrediente normativo examinado.
261. En consecuencia, la Sala declarará la exequibilidad
del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el
artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado.
260. Por lo demás, la conclusión de exequibilidad no se sustenta en la
premisa de que toda referencia legislativa a la IA satisfaga, por sí sola, las
exigencias del principio de legalidad, sino en las particulares características
de la disposición demandada, en el contexto normativo en que se inserta y en la
existencia de referentes objetivos que permiten dotar de contenido al
ingrediente normativo examinado.
261. En consecuencia, la Sala declarará la exequibilidad del inciso
segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la
Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado.
… 5 строк без изменений …
III. DECISIÓN
RESUELVE
ÚNICO. Por el cargo analizado, declarar la EXEQUIBILIDAD
del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el
artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual se
modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000,
Código Penal Colombiano y se dictan otras disposiciones.”
ÚNICO.
Por el cargo analizado, declarar la EXEQUIBILIDAD del
inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3
de la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual se modifica y
establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal
Colombiano y se dictan otras disposiciones.”
… 51 строк без изменений …
Notifíquese,
General
[1] Notificado mediante el Estado
No.204 del 4 de diciembre de 2025. Auto disponible en web:
[1] Notificado mediante el Estado No.204 del 4 de diciembre de 2025.
Auto disponible en web:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=132665
[2] El
término para la subsanación transcurrió durante los días 5, 9 y 10 de diciembre
de 2025. El 4 de diciembre, el actor remitió corrección de la demanda dentro
del término concebido para tal efecto.
[3] Notificado mediante Estado
No.008 del 22 de enero de 2026. Auto disponible en web:
[2] El término para la subsanación
transcurrió durante los días 5, 9 y 10 de diciembre de 2025. El 4 de diciembre,
el actor remitió corrección de la demanda dentro del término concebido para tal
efecto.
[3] Notificado mediante Estado No.008 del 22 de enero de 2026. Auto
disponible en web:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=136120
[4] Diario oficial 53.198 del 31
de julio de 2025.
[5] Expediente
D-17052. Intervención del Ministerio de las Tecnologías de la Información de
las Comunicaciones, pág.4.
[6] Ibidem,
pág.5.
[7] Ibidem,
pág.6.
[8] Expediente
D-17052, intervención del Ministerio de justicia y del Derecho, págs.6-7.
[9] Ibidem,
pág.8.
[4] Diario oficial 53.198 del 31 de julio de 2025.
[5] Expediente D-17052.
Intervención del Ministerio de las Tecnologías de la Información de las
Comunicaciones, pág.4.
[6] Ibidem, pág.5.
[7] Ibidem, pág.6.
[8] Expediente D-17052,
intervención del Ministerio de justicia y del Derecho, págs.6-7.
[9] Ibidem, pág.8.
… 1 строк без изменений …
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] El
interviniente cita la Sentencia C-742 de 2012.
[13] Expediente
D-17052, intervención del Instituto de Derecho Procesal, pág. 7.
[14] Expediente
D-17052, intervención de la Pontifica Universidad Javeriana, pág. 6.
[15] Expediente
D-17052, intervención de la Universidad Pontificia Bolivariana, pág. 5.
[16] Para
sustentar esta postura, la universidad cita la Sentencia C-204 de 2023.
[17] Expediente
D-17052, intervención de la Clínica de Acciones y Litigio de Interés
Público de la facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad
Javeriana, pág.7.
[18] Proyecto
de Ley presentado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
[12] El interviniente cita la Sentencia
C-742 de 2012.
[13] Expediente D-17052,
intervención del Instituto de Derecho Procesal, pág. 7.
[14] Expediente D-17052,
intervención de la Pontifica Universidad Javeriana, pág. 6.
[15] Expediente D-17052,
intervención de la Universidad Pontificia Bolivariana, pág. 5.
[16] Para sustentar esta
postura, la universidad cita la Sentencia C-204 de 2023.
[17] Expediente D-17052,
intervención de la Clínica de Acciones y Litigio
de Interés Público de la facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana, pág.7.
[18] Proyecto de Ley
presentado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por medio del cual se regula la inteligencia artificial en
Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras
disposiciones. Disponible en:
Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras disposiciones.
Disponible en:
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/pl_ia_finalizado.pdf
[19] Proyecto
de ley presentado por la representante a la Cámara Olga lucía Vásquez el 20 de
julio de 2025: Disponible en:
https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/proyectos-ley/documentos/proyecto-33950/p_l_098_2025sc_marco_regulatorio_de_inteligencia_artificial-f6c87c61.pdf
[20] Expediente
D-17052, concepto del Procurador General de la Nación, pág. 5.
[21] Ibidem,
pág. 7.
[22] Ver,
por ejemplo, las sentencias C-431 de 2001, C-646 de 2001, C-760 de 2001, C-634
de 2011, C-083 de 2011 y C-495 de 2019.
[23] La cuestión de la eficacia
sólo resulta importante, cuando se trata del control de leyes derogadas, pero
que producen efecto. Ver, entre otras, las sentencias C-329 de 2001, C-896 de
2009, C-931 de 2009, C-819 de 2011 y C-502 de 2012.
[24] Corte Constitucional, Sentencias C-623 de
2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013, C-281 de 2013, C-169 de 2021 y C-031 de
2022. En ellas se reiteró que el examen de admisión a cargo del magistrado
sustanciador responde a una valoración apenas sumaria que no compromete ni
define la competencia de la Sala Plena.
[25] Corte Constitucional, sentencia
C-720 de 2007. La Sala Plena
puede proferir una decisión inhibitoria por inepta demanda en contra de lo
considerado en el auto admisorio.
[26] Decreto 2067 de 1991, art. 2, numeral 3.
La norma exige que la demanda contenga las razones por las cuales los textos
constitucionales se estiman violados.
[27] Corte Constitucional, sentencia
C-1052 de 2001. También,
pueden verse las Sentencias C-464 de 2025, C-429 de 2025, C-523 de 2019, entre
muchas otras.
[28] Cfr. Sentencia C-048 de 2004. También pueden verse las
Sentencias C-1052 de 2001, C-052 de 2015 y C-165 de 2019.
[29] Existen
otros métodos de interpretación. “ [El método histórico] intenta
[19] Proyecto de ley
presentado por la representante a la Cámara Olga lucía Vásquez el 20 de julio
de 2025: Disponible en: https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/proyectos-ley/documentos/proyecto-33950/p_l_098_2025sc_marco_regulatorio_de_inteligencia_artificial-f6c87c61.pdf
[20] Expediente D-17052,
concepto del Procurador General de la Nación, pág. 5.
[21] Ibidem, pág. 7.
[22] Ver, por ejemplo, las
sentencias C-431 de 2001, C-646 de 2001, C-760 de 2001, C-634 de 2011, C-083 de
2011 y C-495 de 2019.
[23] La cuestión de la eficacia sólo resulta importante, cuando se
trata del control de leyes derogadas, pero que producen efecto. Ver, entre
otras, las sentencias C-329 de 2001, C-896 de 2009, C-931 de 2009, C-819 de
2011 y C-502 de 2012.
[24] Corte Constitucional,
Sentencias C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013, C-281 de 2013, C-169 de
2021 y C-031 de 2022. En ellas se reiteró que el examen de admisión a cargo del
magistrado sustanciador responde a una valoración apenas sumaria que no
compromete ni define la competencia de la Sala Plena.
[25] Corte
Constitucional, sentencia C-720 de 2007. La Sala Plena puede proferir una decisión
inhibitoria por inepta demanda en contra de lo considerado en el auto
admisorio.
[26] Decreto 2067 de 1991,
art. 2, numeral 3. La norma exige que la demanda contenga las razones por las
cuales los textos constitucionales se estiman violados.
[27] Corte
Constitucional, sentencia C-1052 de 2001. También, pueden verse las Sentencias C-464 de
2025, C-429 de 2025, C-523 de 2019, entre muchas otras.
[28] Cfr. Sentencia C-048 de 2004.
También pueden verse las Sentencias C-1052 de 2001, C-052 de 2015 y C-165 de
2019.
[29] Existen otros métodos de
interpretación. “ [El método histórico] intenta
buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes y trabajos
preparatorios. De igual manera, el método teológico o finalista se basa en la
identificación de los objetivos de la legislación, de manera que resulta
justifica [da] una interpretación del precepto legal, cuando ese
entendimiento concuerda con tales propósitos. Por último, el método gramatical
es el que está más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de
ese legislador soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen
un sentido único, que no requiere ser interpretado.” Sentencia C-250 de
2019.
[30] ASIMOV, Isaac (1942). Círculo
Vicioso. Disponible en:
justifica [da] una interpretación del precepto
legal, cuando ese entendimiento concuerda con tales propósitos. Por último, el
método gramatical es el que está más profundamente vinculado con la hipótesis
de infalibilidad de ese legislador soberano, pues supone que en ciertas
ocasiones las normas tienen un sentido único, que no requiere ser interpretado.”
Sentencia C-250 de 2019.
[30] ASIMOV, Isaac (1942). Círculo Vicioso. Disponible en:
https://lecturia.org/cuentos-y-relatos/isaac-asimov-circulo-vicioso/4060/
[31] Ibidem,
[32]
Haelein, Michael; Kaplan, Andreas (2019). A Brief History of Artificial
Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. Berkeley:
Haas School of Business, pág.3.
[33] Ibidem,
pág.4.
[34]
Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein (2019). Siri, Siri, in My Hand: Who’s
the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and
Implications of Artificial Intelligence. Business Horizons, 62/1
(January/February 2019): 15-25.
[35]
McCarthy, John (2004). What is artificial intelligence? Stanford:
[32] Haelein, Michael; Kaplan, Andreas (2019). A Brief History of
Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial
Intelligence. Berkeley: Haas School of Business, pág.3.
[33] Ibidem, pág.4.
[34] Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein (2019). Siri, Siri, in
My Hand: Who’s the Fairest in the Land? On the Interpretations,
Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence. Business
Horizons, 62/1 (January/February 2019): 15-25.
[35] McCarthy, John (2004). What is artificial intelligence? Stanford:
Stanford University, pág.1. Disponible en:
http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf
[36]
Russell, Stuart; Norvig, Peter (2010). Artificial Intelligence: A Modern
Approach. Nueva Jersey: Prentice Hall, pág 2. Los autores toman la
definición dada por John Haugeland en 1985
[37] Ibidem. Esta
definición es tomada de R.E. Bellman de 1978.
[38] Ibidem. Esta
definición corresponde a la dada por Kurzweil en 1990.
[39] Ibidem. Esta
definición corresponde a la dada por Charniak and McDermot en 1985.
[40] Ibidem. Esta
definición corresponde a la brindada por Poole en 1998
[41] Ibidem. Esta
definición corresponde a la brindada por Nilsson en 1998.
[42]
MATHLAB Help Center. Alexnet. Disponible en:
[36] Russell, Stuart; Norvig, Peter (2010). Artificial
Intelligence: A Modern Approach. Nueva Jersey:
Prentice Hall, pág 2. Los autores toman la definición dada por John Haugeland
en 1985
[37] Ibidem. Esta definición es tomada de R.E. Bellman de 1978.
[38] Ibidem. Esta definición corresponde a la dada por Kurzweil
en 1990.
[39] Ibidem. Esta definición corresponde a la dada por Charniak
and McDermot en 1985.
[40] Ibidem. Esta definición corresponde a la brindada por
Poole en 1998
[41] Ibidem. Esta definición corresponde a la brindada por
Nilsson en 1998.
[42] MATHLAB Help Center. Alexnet. Disponible en:
https://es.mathworks.com/help/deeplearning/ref/alexnet.html
[43]
Jurafsky, Daniel; Martin, James H (2026). Neural Networks. Disponible
[43] Jurafsky, Daniel; Martin, James H (2026). Neural Networks. Disponible
en: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/6.pdf
[44] Ivan
Belcic & Cole Stryker, What is GPT (Generative Pretrained Transformer)?,
IBM, https://www.ibm.com/think/topics/gpt [https://perma.cc/Z277-M2UY]
[45] ALEC
RADFORD ET AL., LANGUAGE MODELS ARE UNSUPERVISED MULTITASK LEARNERS 7 tbl. 5
(2019),
[44] Ivan Belcic & Cole Stryker, What is GPT (Generative
Pretrained Transformer)?, IBM, https://www.ibm.com/think/topics/gpt
[https://perma.cc/Z277-M2UY]
[45] ALEC RADFORD ET AL., LANGUAGE MODELS ARE UNSUPERVISED MULTITASK
LEARNERS 7 tbl. 5 (2019),
https://cdn.openai.com/betterlanguagemodels/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf
[https://perma.cc/P4Z8-F9SR].
[46]
OPENAI, GPT-4 TECHNICAL REPORT 5 (2024), https://arxiv.org/pdf/2303.08774
[46] OPENAI, GPT-4 TECHNICAL REPORT 5 (2024), https://arxiv.org/pdf/2303.08774
[https://perma.cc/PM4X-PP6M
[47] Bhaskar, Michael; Suleyman,
Mustafa (2023). La Ola que viene. Bogotá
D.C.: Penguin Random House, pag.205.
[48]
Davison, N. (2017). A legal perspective:
Autonomous weapon systems under international humanitarian law.
UNODA, papers Nº 3
[49]
Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University (2025). Artificial
Intelligence Index Report 2025, pág.87 . Disponible
en: https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
[47] Bhaskar, Michael; Suleyman, Mustafa (2023). La Ola que viene. Bogotá D.C.: Penguin Random House, pag.205.
[48] Davison, N. (2017). A legal perspective:
Autonomous weapon systems
under international humanitarian law. UNODA, papers Nº 3
[49] Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University
(2025). Artificial Intelligence Index Report 2025, pág.87 . Disponible en: https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
… 3 строк без изменений …
[50] Ibidem, pág.92.
[52] Ibidem, pág.29.
[53] Bhaskar, Michael; Suleyman,
Mustafa (2023). La Ola que viene. Bogotá
D.C.: Penguin Random House, pags. 205 y 227.
[54]
Harari Noah, Yuval (2024). Nexus. A Brief History of Information Networks
from the Stone Age to AI. Nueva York: Penguin Random House, pág.24
[53] Bhaskar, Michael; Suleyman, Mustafa (2023). La Ola que viene. Bogotá D.C.: Penguin Random House, pags. 205 y 227.
[54] Harari Noah, Yuval (2024). Nexus. A Brief History of
Information Networks from the Stone Age to AI. Nueva York: Penguin Random
House, pág.24
[55] Ibidem, pág.244.
[56]
GIBSON, William (1984). Neuromante. México
D.F.: Minotauro, pág.45.
[57] Carta Encíclica Magnifica
Humanitas del Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el
tiempo de la inteligencia artificial. 2026.
[56] GIBSON, William (1984). Neuromante.
México D.F.: Minotauro, pág.45.
[57] Carta Encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV
sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia
artificial. 2026.
… 1 строк без изменений …
[58] Ibidem.
[59] Ibidem.
[60] Iksnext (2019). La OCDE
actualiza la definición del concepto “inteligencia artificial”. Disponible
en: https://www.lksnext.com/es/noticias_boletin/la-ocde-actualiza-la-definicion-del-concepto-inteligencia-artificial/
[61] OCDE. Inteligencia
artificial. Disponible:
[60] Iksnext (2019). La OCDE actualiza la definición del concepto
“inteligencia artificial”. Disponible en: https://www.lksnext.com/es/noticias_boletin/la-ocde-actualiza-la-definicion-del-concepto-inteligencia-artificial/
[61] OCDE. Inteligencia artificial. Disponible:
https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence.html
[62] Organización
Internacional del Trabajo, Un momento decisivo: aprovechar la inteligencia
artificial para promover el trabajo decente , Memoria del Director General,
Informe I(B), Conferencia Internacional del Trabajo, 114.ª reunión,
ILC.114/I(B), Ginebra, 2026, párr. 2.
[63] UNESCO, AI. Disponible
en: https://www.unesco.org/en/query-list/a/ai URL
8/04/2025.
[64] UNESCO
(2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Disponible
en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa, pág.20.
[62] Organización Internacional del
Trabajo, Un momento decisivo: aprovechar la inteligencia artificial para
promover el trabajo decente , Memoria del Director General, Informe I(B),
Conferencia Internacional del Trabajo, 114.ª reunión, ILC.114/I(B), Ginebra,
2026, párr. 2.
[63] UNESCO, AI. Disponible en: https://www.unesco.org/en/query-list/a/ai URL 8/04/2025.
[64] UNESCO (2021).
Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa, pág.20.
… 3 строк без изменений …
[65] Ibidem, págs..20-21.
[67] Ibidem, pág.22.
[68]
Reglamento 2024/1689, art.1.
[68] Reglamento 2024/1689, art.1.
… 3 строк без изменений …
[69] Ibidem, art.3.
[71] Ibidem, anexo III.
[72] Departamento de Ciencia,
Innovación y Tecnología (2023). A
pro-innovation approach to AI regulation, pág.28. Disponible
en:
[72] Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (2023). A pro-innovation approach to AI regulation, pág.28. Disponible en:
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64cb71a547915a00142a91c4/a-pro-innovation-approach-to-ai-regulation-amended-web-ready.pdf
[73] Ver Gaceta del Congreso
No.1068 del 14 de agosto de 2023.
[74] Ver la Gaceta del Congreso
No.1045 del 26 de julio de 2024, pág.2.
[75] Gaceta del Congreso No.738
del 20 de mayo de 2025. Proyecto de Ley No.422 de 2025 (Senado), pág.18.
[73] Ver Gaceta del Congreso No.1068 del 14 de agosto de 2023.
[74] Ver la Gaceta del Congreso No.1045 del 26 de julio de 2024,
pág.2.
[75] Gaceta del Congreso No.738 del 20 de mayo de 2025. Proyecto de
Ley No.422 de 2025 (Senado), pág.18.
[76] Ibidem.
[77] Gaceta del Congreso No.2348
del 12 de diciembre de 2025, pág.18.
[78] Conpes 3975 de 2019, pág.20.
Disponible en:
[77] Gaceta del Congreso No.2348 del 12 de diciembre de 2025, pág.18.
[78] Conpes 3975 de 2019, pág.20. Disponible en:
… 9 строк без изменений …
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
[83] Ibidem, 47-49.
[84] Ibidem,
págs.50-53.
[85] DAPRE (2021).
Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, pág. 20. Disponible
en:
[84] Ibidem, págs.50-53.
[85] DAPRE (2021). Marco Ético
para la Inteligencia Artificial en Colombia, pág. 20. Disponible en:
… 2 строк без изменений …
https://dapre.presidencia.gov.co/TD/MARCO-ETICO-PARA-LA-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-EN-COLOMBIA-2021.pdf
[87] Ibidem, ver págs.9-18.
[88] Ibidem,
págs.41-59 y 62-68.
[89] “ Las
entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos
planes de acción el componente de transformación digital siguiendo los
estándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la transformación
digital deberá incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes,
definidos como aquellos de la Cuarta Revolución Industrial, entre otros.
Las entidades
territoriales podrán definir estrategias de ciudades y territorios
inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el
componente de transformación digital que elabore el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
Los proyectos estratégicos
de transformación digital se orientarán por los siguientes principios (…)”
[90] Decreto
1263 de 2022, artículo 2.2.23.1.3., numeral 3.2.
[91] DAPRE
(2025). Conpes 4144, pág.35. Disponible en:
[88] Ibidem, págs.41-59 y 62-68.
[89] “ Las entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en
sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital
siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la
transformación digital deberá incorporar los componentes asociados a
tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución
Industrial, entre otros.
Las entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades
y territorios inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos
técnicos en el componente de transformación digital que elabore el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán
por los siguientes principios (…)”
[90] Decreto 1263 de 2022,
artículo 2.2.23.1.3., numeral 3.2.
[91] DAPRE (2025). Conpes
4144, pág.35. Disponible en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf
[92] Ver
todos los ejes problemáticos entre las páginas 46-81.
[92] Ver todos los ejes
problemáticos entre las páginas 46-81.
… 5 строк без изменений …
[93] Ibidem, pág.82.
[96] Ibidem, pág.83.
[97]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto
del 26 de mayo de 2026, Rad. 11001-03-26-000-2026-00056-00 (74200), C.P.
Adriana Polidura Castillo.
[98] Corte
Constitucional, Sentencia C-365 de 2012
[99] Corte
Constitucional, Sentencia C-411 de 2022
[100] Corte
Constitucional, Sentencia C-365 de 2012.
[101] Sentencia C-420 de 2002. Cfr.
Sentencias C-148 de 2005, C-475 de 2005 y C-1033 de 2006.
[102] Ver
las sentencias C-365 de 2012 y C-387 de 2014.
[103] Corte
Constitucional, Sentencia C-191 de 2016.
[104] Corte
Constitucional, Sentencias C-070 de 1996, C-420 de 2002, C-148 de 2005, C-475
de 2005, C-1033 de 2006, C-468 de 2009, C-108 de 2017
[105] Corte
Constitucional, Sentencias C-736 de 2002, C-296 de 2002 y C-1075 de 2002.
[106] Corte
Constitucional, Sentencia C-411 de 2022
[107] Corte
Constitucional, Sentencia C-939 de 2002.
[108] Corte
Constitucional, Sentencia C-939 de 2002, C-742 de 2012.
[109] Corte
Constitucional, Sentencia C-365 de 2012.
[110] En atención al principio de
legalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en
varias oportunidades, y ha señalado que (i) la calificación de un hecho como
ilícito y la fijación de sus efectos deben ser preexistentes a la conducta del
sujeto que se considera infractor; (ii) el principio de tipicidad se relaciona
con la elaboración de los tipos penales, en los cuales, es preciso utilizar
términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles.
Este implica una clara definición de la conducta y elementos que permita
deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas no sancionables
con medidas penales; (ii) la ambigüedad de los tipos penales abre un campo al
arbitrio de la autoridad. Ver, en este sentido, Caso Castillo Petruzzi y otros
Vs. Perú, Caso Norin Catriman y otros vs. Chile, entre otros.
[111] Corte
Constitucional, sentencia C-091 de 2017.
[112] Corte Constitucional,
Sentencia C-191 de 2016. la Corte precisó que el principio de legalidad de los delitos , los procedimientos y las penas exigen requisitos “formales, como la reserva de ley (art.
[97] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, auto del 26 de mayo de 2026, Rad. 11001-03-26-000-2026-00056-00
(74200), C.P. Adriana Polidura Castillo.
[98] Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012
[99] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2022
[100] Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012.
[101] Sentencia C-420 de 2002. Cfr. Sentencias C-148 de 2005, C-475 de
2005 y C-1033 de 2006.
[102] Ver las sentencias C-365
de 2012 y C-387 de 2014.
[103] Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 2016.
[104] Corte Constitucional, Sentencias C-070 de 1996, C-420 de 2002,
C-148 de 2005, C-475 de 2005, C-1033 de 2006, C-468 de 2009, C-108 de 2017
[105] Corte Constitucional, Sentencias C-736 de 2002, C-296 de 2002 y
C-1075 de 2002.
[106] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2022
[107]
Corte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002.
[108]
Corte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002, C-742 de 2012.
[109]
Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012.
[110] En atención al principio de legalidad, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se ha pronunciado en varias oportunidades, y ha señalado que
(i) la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos deben
ser preexistentes a la conducta del sujeto que se considera infractor; (ii) el
principio de tipicidad se relaciona con la elaboración de los tipos penales, en
los cuales, es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten
claramente las conductas punibles. Este implica una clara definición de la
conducta y elementos que permita deslindarla de comportamientos no punibles o
conductas ilícitas no sancionables con medidas penales; (ii) la ambigüedad de
los tipos penales abre un campo al arbitrio de la autoridad. Ver, en este sentido,
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Caso Norin Catriman y otros vs. Chile,
entre otros.
[111] Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2017.
[112] Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 2016. la Corte precisó
que el principio de legalidad de los delitos , los procedimientos y las penas exigen requisitos “formales, como la reserva de ley (art.
6, 114 y 150), como materiales (exigencia de
razonabilidad y proporcionalidad y respeto de los principios, valores y
derechos constitucionales).”
[113] Corte
Constitucional, sentencia C-387 de 2014.
[114] Corte
Constitucional, sentencia C-387 de 2014
[115] “[l]a opción de
criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está
constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha
considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir
a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse,
no obstante, su efecto limitativo de la libertad personal. Sin embargo, en el
Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando se ha producido
una grave afectación de un bien jurídico, mediante un comportamiento merecedor
de reproche penal y siempre que la pena resulte estrictamente necesaria ”.
Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2002.
[116] Corte
Constitucional, Sentencias C-365 de 2012, C-181 de 2016, C-042 de 2018.
[117] Corte Constitucional,
Sentencias C-636 de 2009, C-742 de 2012, C-387 de 2014, C-464 de 2014.
[118] “(…) la decisión de
criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles
en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de
imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en
su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que
puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses
sociales. La jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas
sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la
comunidad” . Ver al respecto: Sentencias C-636 de 2009, y C-742 de 2012.
Reiterada en Sentencia C-387 de 2014.
[119] Corte
Constitucional, Sentencia C-247 de 2004
[120] “Además de los límites
explícitos, fijados directamente desde la Carta Política, y los implícitos,
relacionados con la observancia de los valores y principios consagrados en la
Carta, la actividad del Legislador está condicionada a una serie de normas y
principios que, pese a no estar consagrados en la Carta, representan parámetros
de constitucionalidad de obligatoria consideración, en la medida en que la
propia Constitución les otorga especial fuerza jurídica por medio de las
cláusulas de recepción consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas
las normas que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad”. Sentencia
C-488 de 2009, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[121] Corte Constitucional,
Sentencia C-091 de 2017
[122] En aras de la
uniformidad terminológica, se precisa que la Sentencia C-080 de 2025
sistematizó estas garantías en tres subprincipios: la reserva de ley o “ley
escrita” ( lex scripta ), la irretroactividad o “ley previa” ( lex
[113] Corte Constitucional, sentencia C-387 de 2014.
[114] Corte Constitucional, sentencia C-387 de 2014
[115] “[l]a opción de criminalizar una conducta, en aquellos eventos
en que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el
legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es
necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que
podrían emplearse, no obstante, su efecto limitativo de la libertad personal.
Sin embargo, en el Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando
se ha producido una grave afectación de un bien jurídico, mediante un
comportamiento merecedor de reproche penal y siempre que la pena
resulte estrictamente necesaria ”. Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2002.
[116] Corte Constitucional, Sentencias C-365 de 2012, C-181 de 2016,
C-042 de 2018.
[117] Corte Constitucional, Sentencias C-636 de 2009, C-742 de 2012,
C-387 de 2014, C-464 de 2014.
[118] “(…) la decisión de criminalizar un comportamiento humano es
la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado
está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar
con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad,
es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un
comportamiento que afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la
descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real
de protección de los intereses de la comunidad” . Ver al respecto:
Sentencias C-636 de 2009, y C-742 de 2012. Reiterada en Sentencia C-387 de
2014.
[119] Corte Constitucional, Sentencia C-247 de 2004
[120] “Además de los límites explícitos, fijados directamente desde
la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de los
valores y principios consagrados en la Carta, la actividad del Legislador está
condicionada a una serie de normas y principios que, pese a no estar
consagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de
obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les
otorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción
consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen
parte del llamado bloque de constitucionalidad”. Sentencia C-488 de
2009, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[121] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017
[122]
En aras de la uniformidad terminológica, se precisa que la Sentencia C-080 de
2025 sistematizó estas garantías en tres subprincipios: la reserva de ley o
“ley escrita” ( lex scripta ), la irretroactividad o “ley previa” ( lex
… 1 строк без изменений …
praevia ) y la legalidad estricta o tipicidad ( lex stricta y lex certa ),
que agrupa la exigencia de claridad y precisión y la prohibición de analogía in
subprincipios y se emplean con fines expositivos.
[123] Corte
Constitucional, Sentencia C-091 de 2017
[123] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017
… 1 строк без изменений …
[124] Ibid.
[125] Ibid.
[126] Corte
Constitucional, Sentencia C-488 de 2009.
[127] Corte
Constitucional, Sentencia C-411 de 2022.
[128] Corte
Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[129] Corte
Constitucional, Sentencias C-121 de 2012 y C-091 de 2017.
[130] Corte
Constitucional, Sentencia C-204 de 2023.
[131] Corte
Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[132] Corte
Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.
[133] Corte
Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.
[134] Corte
Constitucional, Sentencia C-539 de 2016.
[135] Corte
Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.
[136] Corte
Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[137] Corte
Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[138] Corte
Constitucional Sentencia C-014 de 2023 y C-742 de 2012.
[139] Corte
Constitucional, Sentencia C-742 de 2012.
[126] Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 2009.
[127] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2022.
[128] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[129] Corte Constitucional, Sentencias C-121 de 2012 y C-091 de 2017.
[130] Corte Constitucional, Sentencia C-204 de 2023.
[131] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[132] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.
[133] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.
[134] Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2016.
[135] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.
[136] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[137] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.
[138] Corte Constitucional Sentencia C-014 de 2023 y C-742 de 2012.
[139] Corte Constitucional, Sentencia C-742 de 2012.
[140] Ibidem.
[141] Corte
Constitucional, sentencias C-204 de 2023, C-014 de 2023 y C-742 de 2012.
[142] Sentencia
C-198 de 2025.
[143] Tapias, Farid (2024). La
Falsedad personal en la red social digital. Bogotá: Universidad Externado
de Colombia, pág.25. Disponible en: https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/d6de7520-e4ee-4f21-b18d-17b4a8d83158/content
[144] Ver la
Sentencia C-080 de 2025. En esta, la Corte estableció que la remisión impropia
permite que el tipo penal remita a normas de rango infra-legal, lo que
constituye una herramienta de tipificación que permite que la norma penal
[141] Corte Constitucional, sentencias C-204 de 2023, C-014 de 2023 y
C-742 de 2012.
[142] Sentencia C-198 de 2025.
[143] Tapias, Farid (2024). La Falsedad personal en la red social
digital. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pág.25. Disponible en:
https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/d6de7520-e4ee-4f21-b18d-17b4a8d83158/content
[144] Ver la Sentencia C-080 de
2025. En esta, la Corte estableció que la remisión impropia permite que el tipo
penal remita a normas de rango infra-legal, lo que constituye una herramienta
de tipificación que permite que la norma penal
se actualice a esas dinámicas variables, por medio de la remisión a otras
normas no penales.
[145] Ministerio
de Justicia y del Derecho. Delitos informáticos. Disponible en:
[145] Ministerio de Justicia y
del Derecho. Delitos informáticos. Disponible en:
https://www.politicacriminal.gov.co/politica-criminal/Delitos-Inform%C3%A1ticos
URL 2/07/2026.
[146] Palabras
de Martha Sánchez, CEO de la Fundación Crece Digital y experta en
ciberseguridad, para el diario El Tiempo. Disponible en:
[146] Palabras de Martha
Sánchez, CEO de la Fundación Crece Digital y experta en ciberseguridad, para el
diario El Tiempo. Disponible en:
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/delitos-informaticos-al-alza-por-el-uso-de-la-ia-estas-son-las-modalidades-mas-frecuentes-de-los-ultimos-cuatro-anos-3568020
[147] Datos
extraídos de los datos abiertos presentados por la Fiscalía General de la
Nación en: https://www.politicacriminal.gov.co/politica-criminal/Delitos-Inform%C3%A1ticos
[148] Válgase
aclarar que la Corte tiene competencia para ejercer control de
constitucionalidad sobre normas que aún no están vigentes. Esto, dada la “vocación
de producción de efectos jurídicos futuros” de las disposiciones
controvertidas. En efecto, en varias ocasiones, la Sala
Plena de la Corte Constitucional ha tramitado demandas contra normas que
por existir pueden ser objeto de control de
constitucionalidad, a pesar de no estar vigentes aún. Tal fue el caso, por ejemplo, de los nuevos códigos penales y el
[147] Datos extraídos de los datos
abiertos presentados por la Fiscalía General de la Nación en:
https://www.politicacriminal.gov.co/politica-criminal/Delitos-Inform%C3%A1ticos
[148] Válgase aclarar que la
Corte tiene competencia para ejercer control de constitucionalidad sobre normas
que aún no están vigentes. Esto, dada la “vocación de producción de efectos
jurídicos futuros” de las disposiciones controvertidas. En efecto, en
varias ocasiones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional ha tramitado demandas contra normas que por existir pueden
ser objeto de control de constitucionalidad, a pesar de no estar vigentes aún. Tal fue el caso, por ejemplo, de los nuevos códigos penales y el
CPACA. Al respecto, ver, por ejemplo, las Sentencias C-644 de 2011 y C-699 de
2016.
[149] Ley
2502 de 2025, artículo 5.
[150] Gaceta
del Congreso No.111 del 2 de febrero de 2024, pág.15.
[151] Ibidem,
pág.13.
[152] Gaceta del Congreso No.1601
del 30 de septiembre de 2024, pág.6.
[153] Gaceta del Congreso No.1948
del 13 de noviembre de 2024, pág.20.
[149] Ley 2502 de 2025,
artículo 5.
[150] Gaceta del Congreso
No.111 del 2 de febrero de 2024, pág.15.
[151] Ibidem, pág.13.
[152] Gaceta del Congreso No.1601 del 30 de septiembre de 2024, pág.6.
[153] Gaceta del Congreso No.1948 del 13 de noviembre de 2024, pág.20.
[154] Ibidem.
[155] Gaceta del Congreso No.164
del 25 de febrero de 2025, pág.2-9.
[156] Ver, supra, las
consideraciones de esta providencia sobre los tipos penales abiertos. En el
mismo sentido, entre otras, las Sentencias C-422 de 2011, C-121 de 2012, C-742
de 2012, C-539 de 2016 y C-091 de 2017.
[155] Gaceta del Congreso No.164 del 25 de febrero de 2025, pág.2-9.
[156] Ver, supra, las consideraciones de esta providencia sobre los
tipos penales abiertos. En el mismo sentido, entre otras, las Sentencias C-422
de 2011, C-121 de 2012, C-742 de 2012, C-539 de 2016 y C-091 de 2017.