​ Bogotá, octubre de 2026 Secretario General ## MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ Cámara de Representantes E.S.D Referencia: Radicación de Proyecto de Ley Estatutaria En mi condición de miembro del Congreso de la República, me permito poner a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio de la cual se regula el uso de la inteligencia artificial en las actividades políticas, se establecen garantías de transparencia y protección de la participación democrática, se modifican las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, el cual busca generar un marco normativo que oriente y regule el uso de IA en actividades políticas y electorales, garantizando transparencia y la protección de derechos. Cordialmente DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ​ Representante a la Cámara Coordinador Ponente ## RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA Representante a la Cámara por Tolima - Pacto Histórico Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No. ____ DE 2026 CÁMARA ## Por medio de la cual se regula el uso de la inteligencia artificial en las actividades políticas, se establecen garantías de transparencia y protección de la participación democrática y se modifican las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 y se dictan otras disposiciones ## EL CONGRESO DE COLOMBIA ## DECRETA ## CAPÍTULO I​ ## Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente ley establece las condiciones de uso de la inteligencia artificial en las actividades políticas, los usos prohibidos, las obligaciones de transparencia y diligencia, los mecanismos de protección y las consecuencias de su incumplimiento, con el fin de garantizar la libertad de expresión, la autonomía de la decisión política, la igualdad en la participación democrática y los derechos de las personas. Asimismo, establece garantías para el uso de inteligencia artificial por las autoridades de la organización electoral y modifica disposiciones sobre divulgación política, organización partidista, financiación y propaganda electoral. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta ley se aplica a los usos de inteligencia artificial en actividades políticas desarrolladas en Colombia, durante los períodos electorales y fuera de ellos. Comprende la organización y deliberación partidista, la promoción o controversia de propuestas y decisiones públicas, el ejercicio de la oposición, las campañas, las consultas, los mecanismos de participación ciudadana y la comunicación política de quienes ejercen funciones públicas, sin habilitar actividades que les estén constitucional o legalmente prohibidas. Se aplica a partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, comités promotores, sus directivos, aspirantes, precandidatos, candidatos, gerentes, personas elegidas y demás personas naturales o jurídicas que intervengan en dichas actividades, de acuerdo con las obligaciones expresamente previstas para cada sujeto. Los proveedores y las plataformas estarán sujetos a esta ley respecto de los servicios que ofrezcan o presten para actividades políticas dirigidas al público en Colombia. La mera accesibilidad de un servicio desde el territorio nacional no determina su sujeción. Se valorarán la contratación para el país, la segmentación territorial y la comercialización dirigida de servicios políticos. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ La expresión ciudadana espontánea, el periodismo, la investigación y la creación artística están amparados por las garantías de esta ley. Las obligaciones de registro publicitario, financiación y supervisión partidista no se extenderán a ellos por el solo hecho de tratar asuntos políticos. La aplicación a comunicaciones privadas respetará su inviolabilidad. Esta ley no autoriza su vigilancia general, la ruptura del cifrado ni el acceso a información reservada sin los requisitos constitucionales y legales. Artículo 3. Definiciones. Para efectos de esta ley se entiende por: 1. Sistemas de inteligencia artificial: sistema basado en software y máquinas con distintos niveles de autonomía que, a partir de objetivos definidos por personas humanas, genera resultados como predicciones, recomendaciones, contenidos o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales, mediante técnicas de aprendizaje automático, lógica o representación del conocimiento. Esta definición no implica ni presupone la existencia de capacidades cognitivas, volitivas o de conciencia análogas a las humanas. 2. Contenido sintético: contenido de imagen, audio, video o texto generado o modificado sustancialmente mediante un sistema de IA. 3. Deepfake: para efectos de esta ley, se aplicará la definición establecida en el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025. 4. Comunicación política: para efectos exclusivos de esta ley, mensaje difundido en desarrollo de las actividades comprendidas en el artículo 2. Cuando constituya divulgación política o propaganda electoral, se sujetará a las definiciones y reglas legales correspondientes. 5. Publicidad política remunerada: comunicación política cuya producción por encargo, difusión o amplificación se realiza a cambio de dinero, bienes, servicios u otra contraprestación, incluidos los acuerdos con creadores de contenido. Comprende los casos en que únicamente se remunere la producción y la difusión sea gratuita. Esta circunstancia no determina por sí sola su carácter electoral. No comprende la actividad editorial independiente por el solo hecho de financiarse con publicidad general o suscripciones. 6. Interacción automatizada: comunicación en la que un sistema de inteligencia artificial genera respuestas o interviene ante las personas sin revisión humana individual previa de cada intervención. 7. Red automatizada engañosa: conjunto de cuentas o agentes operados coordinadamente mediante inteligencia artificial que ocultan su control común y simulan ser personas independientes para fabricar apoyo, rechazo, participación o testimonios políticos. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ 8. Plataforma de difusión: prestador de un servicio digital que aloja y permite difundir contenidos de usuarios al público. Los servicios de transmisión, infraestructura o almacenamiento que no intervienen en su presentación al público no quedan sujetos, por esa sola actividad, a las obligaciones de publicidad de esta ley. Los conceptos de divulgación política y propaganda electoral tendrán el alcance establecido, respectivamente, en el artículo 23 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011. Artículo 4. Principios y garantías de interpretación. La interpretación y aplicación de esta ley se sujetará a la libertad de expresión, el pluralismo, la neutralidad frente a las posiciones políticas, la protección de datos personales, la igualdad, el control humano, el debido proceso y la proporcionalidad. Ningún uso permitido requerirá autorización estatal previa. La utilización de inteligencia artificial no constituye, por sí misma, prueba de falsedad, ilicitud o responsabilidad. La crítica a personas que ejercen funciones públicas, las opiniones, la oposición y el debate sobre asuntos de interés público gozan de protección reforzada. No podrán sancionarse por ser incómodos, ofensivos, impopulares o contrarios a la posición de una autoridad, sin que se acrediten los elementos de una infracción legal. Las autoridades no podrán crear prohibiciones o sanciones mediante reglamentos, instrucciones técnicas o códigos de conducta. Toda restricción deberá responder a una conducta determinada y a una finalidad constitucionalmente admisible. ## CAPÍTULO II​ ## Usos permitidos y obligaciones de transparencia Artículo 5. Usos permitidos. Se permite el uso de inteligencia artificial para investigación, análisis de información obtenida lícitamente, elaboración de propuestas, apoyo a la redacción, organización de actividades, capacitación, traducción, subtitulación, accesibilidad, producción creativa y atención a la ciudadanía, con sujeción a esta ley y a los demás derechos aplicables. También se permiten las recreaciones sintéticas, las simulaciones y los asistentes automatizados que cumplan las condiciones de identificación, autorización y supervisión previstas en este capítulo. El empleo de inteligencia artificial no releva a quien publica, contrata o adopta una decisión de las obligaciones que le correspondan por dicha actuación. La participación humana deberá ser real y proporcional al riesgo del uso. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Artículo 6. Sátira, creación, información e investigación. La sátira, la parodia, la caricatura, la ficción y la creación artística podrán utilizar representaciones sintéticas de personas y acontecimientos sin autorización de la persona representada cuando su naturaleza resulte claramente reconocible por el contexto o mediante una advertencia visible o audible. La advertencia será obligatoria cuando una representación realista pueda confundirse razonablemente con un registro auténtico. Deberá indicar que se trata de sátira, ficción o recreación y que el registro no corresponde a un hecho real. El periodismo, la verificación y la investigación podrán reproducir contenidos sintéticos para informar o analizarlos, con identificación de su naturaleza cuando se conozca. No se exigirá adoptar como cierta una conclusión técnica que aún se encuentre en discusión. Estas garantías no amparan amenazas, hostigamiento discriminatorio ni contenido íntimo sintético no consentido. La invocación de una finalidad artística o informativa no exime de valorar el contexto, la necesidad de la reproducción y los derechos afectados. Artículo 7. Recreaciones autorizadas de imagen y voz. Fuera de los supuestos protegidos por el artículo anterior, la utilización de una recreación realista de la imagen o la voz de una persona para presentar declaraciones, actuaciones o respaldos políticos requerirá su autorización previa, expresa, informada y comprobable. La autorización precisará el propósito, el contenido o los límites de su generación, los canales y el plazo de utilización. No podrá presumirse por la condición de personaje público, la disponibilidad de grabaciones en internet ni la autorización para una finalidad distinta. La persona podrá revocar la autorización para usos futuros. Quien controle la difusión deberá detener las nuevas publicaciones y la pauta bajo su control a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la revocatoria, salvo un plazo menor convenido. La conservación probatoria y los archivos periodísticos se regirán por sus normas propias. La recreación deberá identificarse como tal. La autorización no permite atribuir respaldos de terceros, falsificar actuaciones oficiales ni realizar los usos prohibidos de esta ley. Artículo 8. Identificación del contenido sintético. Quien publique o encargue una comunicación política que contenga imágenes, audios o videos sintéticos susceptibles de ser percibidos como registros auténticos deberá advertir, de manera clara, accesible y próxima al contenido, que fueron generados o alterados mediante inteligencia artificial. En imágenes, la advertencia deberá incorporarse de manera legible; en videos, permanecer durante la secuencia sintética; y en audios, ser audible al inicio y en cada segmento distribuido separadamente. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Cuando se represente un hecho inexistente se indicará, además, que se trata de una recreación y que el hecho representado no ocurrió. No bastará una advertencia oculta en enlaces, descripciones desplegables, términos de uso o metadatos. Estos últimos podrán complementar la identificación y deberán conservarse cuando existan y sea técnicamente posible. No será obligatorio advertir el uso destinado exclusivamente a ortografía, diagramación, reducción de ruido, ajuste de iluminación u otras mejoras técnicas que no cambien el sentido, los hechos ni la identidad representada. La asistencia en la redacción de textos no requerirá aviso. Sí deberán identificarse los testimonios personales generados artificialmente y las interacciones automatizadas, sin que el aviso permita fabricar respaldos o testimonios auténticos inexistentes. Quien redistribuya un contenido con conocimiento de su carácter sintético deberá conservar la advertencia o añadir una equivalente. No se exige a la ciudadanía verificar técnicamente cada contenido antes de compartirlo. La ausencia de marca o metadatos no acredita autenticidad. Artículo 9. Asistentes y cuentas automatizadas. Quienes utilicen asistentes o cuentas automatizadas para comunicación política deberán informar, desde el comienzo de la interacción o en la identificación visible de la cuenta, su carácter automatizado y la organización o persona responsable de su operación. No podrán presentarlos como interlocutores humanos independientes ni usar la identidad de una persona real sin cumplir el artículo 7. Deberán ofrecer un canal de contacto humano y la posibilidad de finalizar las comunicaciones dirigidas al usuario. Cuando proporcionen información sobre inscripción, votación, escrutinio o reclamaciones electorales deberán identificar la fuente oficial y la fecha de actualización. Si no cuentan con información verificable deberán expresarlo y remitir al canal oficial correspondiente. Las organizaciones y campañas conservarán la configuración relevante y un registro de las correcciones realizadas, sin almacenar conversaciones personales más allá de lo necesario y autorizado. Artículo 10. Identificación de publicidad política con inteligencia artificial. La publicidad política remunerada producida, personalizada o difundida mediante inteligencia artificial deberá indicar su carácter publicitario e identificar a quien la contrata y a la persona u organización por cuya cuenta se realiza. Cuando el pago sea efectuado por un tercero, deberá identificarse también a este. El responsable conservará soporte de la verificación de dichas identidades. Los aportes destinados a su financiación se registrarán y reportarán conforme al régimen aplicable. La sola calidad de aportante no equivale a la de contratante o a la de persona por cuya cuenta se realiza la Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ publicidad, ni exige su identificación en cada pieza, sin perjuicio de las obligaciones de publicidad de la financiación política establecidas por la ley. El aviso indicará, cuando corresponda, que se utilizaron sistemas automatizados para seleccionar su audiencia y permitirá consultar las categorías generales empleadas, sin revelar datos personales de sus integrantes. La identificación no requerirá publicar números de documentos, direcciones particulares, datos de contacto personal ni listados de destinatarios. Se preservarán las obligaciones de reporte reservado a la autoridad competente. Los pagos a creadores de contenido, intermediarios y proveedores extranjeros estarán sujetos a estas reglas cuando la publicidad se dirija al público en Colombia. Artículo 11. Archivo público de publicidad. Las plataformas que comercialicen directamente publicidad política dirigida al público en Colombia deberán conservar un archivo público, gratuito y consultable de las piezas comprendidas en el artículo 10, desde su primera difusión y durante tres (3) años después de su última difusión. El archivo contendrá la pieza, la identificación del contratante, de la persona u organización por cuya cuenta se realiza y del tercero que efectúe el pago, cuando lo haya, las fechas de circulación, el valor pagado o su rango, el alcance agregado, las categorías generales de segmentación y la declaración del contratante sobre el uso de inteligencia artificial. Las organizaciones y campañas que contraten esa publicidad fuera de plataformas con archivo público deberán publicar la misma información en su sitio web o en el espacio digital que utilicen institucionalmente. Podrán cumplir por medio del archivo de la plataforma cuando contenga todos los datos exigidos. No se incorporarán datos de los destinatarios ni se mantendrán accesibles contenidos íntimos no consentidos o piezas cuya difusión haya sido prohibida judicialmente. En estos casos se conservará una ficha descriptiva que no reproduzca el daño y una copia de acceso restringido para fines probatorios. No se exige la creación de un registro público de opiniones ciudadanas, comunicaciones privadas o publicaciones editoriales independientes. Artículo 12. Trazabilidad documental y financiera. Las organizaciones políticas, los comités promotores y las campañas conservarán durante cinco (5) años los contratos, pagos, aportes en especie, piezas finales, autorizaciones y aprobaciones humanas correspondientes a los servicios de inteligencia artificial que utilicen en comunicación política. El registro identificará al proveedor y, cuando intervenga una agencia, a los subcontratistas que ejecuten la producción sintética, la segmentación o la operación de cuentas automatizadas. No se exigirá revelar información ajena a estos servicios, secretos profesionales ni fuentes periodísticas. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ La documentación quedará a disposición de las autoridades competentes con observancia de las reservas legales. El deber de conservación no autoriza retener indiscriminadamente conversaciones, perfiles de destinatarios o bases de datos utilizadas para segmentación. Las contribuciones gratuitas o con descuentos otorgados como aporte se identificarán y valorarán conforme a las reglas de financiación política aplicables. La contratación tecnológica no exceptúa el cumplimiento de límites, prohibiciones y deberes de reporte vigentes. Artículo 13. Adición al artículo 23 de la Ley 130 de 1994. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 130 de 1994, así: “Parágrafo. La divulgación política realizada mediante sistemas de inteligencia artificial estará sujeta a las obligaciones especiales de identificación de contenidos sintéticos, transparencia publicitaria y responsabilidad establecidas por la ley para el uso de inteligencia artificial en actividades políticas. Su aplicación será permanente y no convertirá por sí misma la divulgación política en propaganda electoral ni modificará los períodos permitidos para esta última”. Artículo 14. Adición al artículo 35 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese un parágrafo al artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, así: “Parágrafo. La propaganda electoral producida, personalizada o difundida mediante inteligencia artificial estará sujeta a las obligaciones especiales de identificación, transparencia, trazabilidad y responsabilidad establecidas por la ley, cualquiera que sea el medio empleado. La utilización de asistentes, cuentas automatizadas o intermediarios no excluye la naturaleza electoral de un mensaje que reúna los elementos de este artículo. Estas disposiciones no modifican los períodos legales de propaganda ni someten toda expresión política ciudadana a las obligaciones propias de una campaña”. Artículo 15. Adición al artículo 25 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese el parágrafo 3 al artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, así: “Parágrafo 3. Los informes de ingresos y gastos de campaña identificarán separadamente los servicios de generación o alteración de contenido mediante inteligencia artificial, operación de asistentes o cuentas automatizadas, segmentación y difusión publicitaria asistida por dichos sistemas. Se reportarán el contratante, el proveedor, el concepto, el valor y los aportes en especie asociados. La intermediación de agencias no excluirá la identificación de quienes ejecuten estos servicios. El Consejo Nacional Electoral adecuará los formularios y sistemas de reporte sin alterar por esta vía los topes, las fuentes permitidas ni los períodos de campaña establecidos en la ley”. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## CAPÍTULO III​ ## Usos prohibidos y protección de derechos Artículo 16. Usos prohibidos. Se prohíbe, en las actividades comprendidas en esta ley: 1. Producir para su difusión, encargar o divulgar conscientemente un deepfake, presentándolo como auténtico, con el propósito de engañar sobre declaraciones, conductas o respaldos políticos de una persona y con aptitud objetiva para afectar sus derechos o la decisión política de sus destinatarios. 2. Fabricar mediante inteligencia artificial y presentar conscientemente como auténticas pruebas, documentos, resultados, actos o comunicaciones oficiales, con el propósito de alterar la participación política o electoral. 3. Producir para su difusión o divulgar conscientemente información sintética falsa sobre fechas, lugares, requisitos o procedimientos de participación, con el propósito de impedir, desviar o dificultar el ejercicio de derechos políticos. 4. Crear, encargar o divulgar contenido sexual o íntimo sintético de una persona sin su consentimiento, para intervenir en la actividad política, desacreditarla, intimidarla o excluirla de ella. La advertencia de que el contenido es artificial no excluye la prohibición. 5. Operar, contratar o financiar conscientemente redes automatizadas engañosas para fabricar apoyo o rechazo político, testimonios o participación inexistentes. No se prohíben la coordinación ciudadana auténtica ni el uso de seudónimos. 6. Utilizar inteligencia artificial para ejecutar amenazas o acciones reiteradas de persecución digital dirigidas a forzar a una persona a abandonar, limitar o modificar el ejercicio de sus derechos políticos. La crítica intensa y el desacuerdo colectivo no constituyen, por sí solos, persecución. 7. Suprimir o alterar deliberadamente advertencias de origen sintético con el propósito de hacer pasar el contenido como auténtico en alguno de los supuestos de los numerales 1 a 3. El engaño, la aptitud de afectación y el propósito deberán acreditarse a partir del contenido y de las circunstancias verificables de producción y difusión. No se presumirán por la afinidad política, el anonimato, la viralidad o el resultado de un detector automático. Artículo 17. Datos personales y perfilamiento político. El tratamiento de datos personales mediante inteligencia artificial en actividades políticas se sujetará a la Ley 1581 de 2012. Los datos obtenidos por inferencia estarán sometidos a las mismas garantías cuando permitan identificar o hacer identificable a una persona. Se prohíbe seleccionar o excluir destinatarios de publicidad política mediante inteligencia artificial a partir de datos sensibles, incluidas las inferencias sobre orientación política, origen étnico, salud, religión, vida sexual Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ o biometría. También se prohíbe elaborar perfiles individualizados de menores de edad para dirigirles dicha publicidad. Estas prohibiciones no impiden la comunicación con personas que se hayan suscrito voluntariamente a un canal político, siempre que no se empleen sus datos sensibles para perfilar o diferenciar mensajes, ni los análisis estadísticos con información efectivamente anonimizada que no permitan reidentificación. La segmentación contextual o por ubicación territorial general podrá realizarse cuando no utilice categorías sensibles ni variables destinadas a reconstruirlas. El responsable deberá documentar los criterios empleados y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. No se podrán incorporar bases de datos reservadas de afiliados, electores o beneficiarios de programas públicos a herramientas de inteligencia artificial sin fundamento jurídico y garantías suficientes de finalidad, seguridad y control sobre su tratamiento. Las infracciones de este artículo serán investigadas y sancionadas por la autoridad de protección de datos conforme a la Ley 1581 de 2012, sin perjuicio del régimen aplicable a las autoridades públicas. Artículo 18. Violencia contra las mujeres en política. Las medidas de esta ley se aplicarán de manera coordinada con la Ley 2453 de 2025 cuando el uso de inteligencia artificial constituya violencia contra las mujeres en política. Se evaluarán el contexto, los patrones de discriminación y los efectos diferenciados, sin presumir responsabilidad por el solo sexo de la persona afectada o denunciada. Los canales de atención evitarán exigir a la víctima la difusión pública de la pieza y permitirán su entrega por medios reservados. Se priorizarán los casos de contenido íntimo sintético, amenazas y riesgo para la integridad personal. La protección especial no podrá condicionarse a la presentación de denuncia penal ni utilizarse para excluir la crítica legítima sobre la gestión pública. ## CAPÍTULO IV​ ## Deberes de los actores políticos y de los prestadores de servicios Artículo 19. Diligencia de organizaciones y campañas. Las organizaciones políticas, los comités promotores y las campañas que utilicen inteligencia artificial deberán: 1. Designar, dentro de su estructura existente, una persona responsable de coordinar el cumplimiento de esta ley, sin trasladarle automáticamente la responsabilidad de otros intervinientes. 2. Revisar antes de su difusión las piezas sintéticas realistas que produzcan o encarguen, verificar las autorizaciones e incorporar las advertencias exigibles. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ 3. Identificar a sus proveedores y pactar el cumplimiento de las prohibiciones, los deberes documentales y la atención de incidentes. 4. Establecer un canal de reclamación y medidas para corregir incumplimientos acreditados en contenidos o servicios bajo su control. 5. Instruir a quienes administren sus cuentas o contraten publicidad sobre las obligaciones de esta ley. No se exige supervisar permanentemente a simpatizantes independientes ni garantizar que nunca ocurra un incumplimiento. La diligencia se evaluará según las funciones, el control efectivo, los recursos disponibles y la previsibilidad del riesgo. Artículo 20. Adición al artículo 4 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese el numeral 19 al artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, así: “19. Reglas para el uso de inteligencia artificial en las actividades de la organización, que comprendan revisión humana, identificación de contenidos sintéticos, contratación y supervisión de proveedores, trazabilidad documental, protección de datos, atención de reclamaciones y procedimientos de investigación de incumplimientos. Estas reglas respetarán la libertad de expresión y no establecerán vigilancia general de las opiniones de afiliados y simpatizantes”. Artículo 21. Proveedores contratados. Quienes presten por encargo servicios de generación sintética, segmentación u operación automatizada para actividades políticas deberán identificar a su contratante, documentar el objeto del servicio, entregar los soportes necesarios de cumplimiento y abstenerse de ejecutar encargos que conozcan que realizan las conductas del artículo 16. El proveedor deberá comunicar al contratante los incidentes que detecte en la ejecución del servicio y conservar durante cinco (5) años la documentación contractual y las piezas finales que entregue, con las limitaciones del artículo 12. La responsabilidad del proveedor exige demostrar su intervención y culpabilidad. El desarrollo o suministro de herramientas de propósito general no constituye, por sí mismo, participación en la conducta de sus usuarios ni impone un deber general de vigilancia. Artículo 22. Obligaciones de las plataformas. Las plataformas de difusión sujetas a esta ley deberán habilitar un mecanismo accesible para recibir reclamaciones sobre contenidos sintéticos políticos, permitir adjuntar soportes de forma reservada y ofrecer revisión humana de las decisiones controvertidas. Cuando comercialicen directamente publicidad política, verificarán razonablemente las identidades declaradas del contratante, de la persona u organización por cuya cuenta se realiza y del tercero que Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ efectúe el pago, cuando lo haya; exigirán la declaración sobre uso de inteligencia artificial y facilitarán la incorporación de los avisos y del archivo público previstos en esta ley. La verificación no equivale a garantizar la veracidad de toda declaración. Cumplirán las órdenes judiciales y los requerimientos de las autoridades competentes dentro de su alcance legal. Deberán disponer de un punto de contacto electrónico para su recepción y comunicación. No se impone supervisión general de contenidos, identificación universal de usuarios, filtrado preventivo ni responsabilidad automática por publicaciones de terceros. La responsabilidad administrativa prevista en esta ley se limitará a las obligaciones propias de su actividad de comercialización de publicidad política. ## CAPÍTULO V​ ## Reclamación y protección judicial Artículo 23. Reclamación directa. La persona afectada podrá solicitar al responsable de la publicación, a la organización que la haya contratado o a la plataforma la identificación del contenido, su corrección, la incorporación de advertencias, el cese voluntario de la pauta o las demás medidas compatibles con sus derechos. Los sujetos obligados a disponer de canal conforme a los artículos 19 y 22 deberán acusar recibo y dar respuesta motivada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. En casos de contenido íntimo sintético o amenaza a la integridad personal, la respuesta se emitirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Estos plazos son de horas continuas. La reclamación deberá individualizar el contenido por enlace, copia u otro medio suficiente, explicar la afectación y aportar los elementos razonablemente disponibles. No se exigirá dictamen pericial. El reclamante podrá acreditar reservadamente su identidad. La recepción de una reclamación no presume la ilicitud ni obliga al retiro automático. La respuesta informará las medidas adoptadas, sus razones y el mecanismo de revisión humana disponible. Este procedimiento no constituye un requisito de procedibilidad adicional para acudir a la justicia ni modifica los requisitos de la acción de tutela establecidos en la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Artículo 24. Protección judicial y medidas urgentes. Las personas afectadas podrán acudir a los mecanismos judiciales existentes, incluida la acción de tutela cuando proceda, y solicitar las medidas provisionales previstas en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991. Al resolver, el juez competente valorará la apariencia de vulneración, la urgencia, el alcance de la difusión, la cercanía de una decisión electoral, la reversibilidad de la medida y la especial protección del discurso político. El uso de inteligencia artificial no permite prescindir de este análisis. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Dentro de sus competencias, podrá ordenar la preservación de evidencia, la identificación del origen sintético, una aclaración o rectificación, el cese temporal de la amplificación pagada o el retiro de una pieza determinada. La restricción de acceso o retiro procederá cuando medidas menos restrictivas no resulten suficientes para proteger los derechos afectados. Las órdenes identificarán el contenido, sus destinatarios obligados, su alcance y duración, y garantizarán la contradicción conforme al procedimiento aplicable. No podrán extenderse de manera indeterminada a futuras publicaciones ni exigir el bloqueo general de una plataforma. Las medidas protectoras no requieren una condena penal previa y no equivalen a una declaración de responsabilidad administrativa. Esta ley no atribuye al CNE una potestad general de retiro de contenidos por su supuesta falsedad. Artículo 25. Evidencia y preservación. La prueba se valorará conforme a las reglas procesales aplicables, la Ley 527 de 1999 y la sana crítica. Podrán examinarse los archivos, metadatos, versiones, contratos, pagos, autorizaciones, registros de difusión y demás elementos obtenidos lícitamente. El resultado de un detector de contenido sintético no podrá constituir la única prueba para declarar una infracción. Cuando se utilice deberá permitirse controvertir su metodología, limitaciones y margen de error, en cuanto sean relevantes para el caso. La ausencia de metadatos tampoco acredita falsedad o autenticidad. Recibida una reclamación suficientemente individualizada, la organización, proveedor contratado o plataforma que disponga del contenido conservará una copia restringida y los registros estrictamente necesarios bajo su control durante noventa (90) días. Una autoridad competente podrá ordenar su preservación por el tiempo necesario para la actuación, mediante decisión motivada y revisable. La preservación no habilita el acceso de particulares a datos reservados, la obtención de información que no se posea, ni el monitoreo de comunicaciones privadas. Vencida su finalidad se aplicarán las reglas de supresión y conservación legal. ## CAPÍTULO VI​ ## Competencias y régimen de responsabilidad administrativa Artículo 26. Distribución de competencias. El Consejo Nacional Electoral conocerá de las infracciones de esta ley imputables a partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, comités promotores, sus directivos, aspirantes que actúen por encargo o con recursos de tales organizaciones, precandidatos, candidatos y gerentes de campaña. También conocerá de las infracciones de quienes contraten, financien o ejecuten por encargo publicidad política remunerada y de los prestadores que la comercialicen directamente, exclusivamente respecto de Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ dicha actividad. La responsabilidad de las coaliciones se atribuirá a las organizaciones o personas que hayan intervenido, sin presumir solidaridad entre sus integrantes. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las funciones de protección de datos personales dentro de su competencia. Las autoridades disciplinarias, penales y judiciales conservarán sus atribuciones. El CNE no tendrá competencia sancionatoria, por esta ley, sobre la expresión ciudadana espontánea, el periodismo independiente o la creación artística por el solo hecho de su contenido político. Los incumplimientos en esos ámbitos podrán dar lugar a protección judicial, reparación y a las responsabilidades previstas en las demás leyes, cuando se configuren sus presupuestos. La atribución de competencia no autoriza vigilancia ideológica, elaboración de registros de opiniones individuales ni control previo de publicaciones. Artículo 27. Imputación y culpabilidad. Solo será responsable quien ejecute, ordene, autorice o financie una conducta tipificada, o incumpla un deber propio expresamente establecido y materialmente exigible. La autoridad deberá probar los hechos, la participación y el dolo o la culpa exigidos. Las prohibiciones del artículo 16 se sancionarán administrativamente a título de dolo, con acreditación de los propósitos allí previstos. Los incumplimientos de obligaciones de transparencia, conservación o diligencia podrán sancionarse por dolo o culpa. Corresponde a la autoridad demostrar que el sujeto pudo y debió actuar de otra manera. La responsabilidad de una organización exige acreditar una decisión o intervención de sus órganos, representantes o personas autorizadas, o un incumplimiento culpable de un deber de prevención o corrección por quien tuviera competencia y control efectivo para cumplirlo. No habrá responsabilidad objetiva, por el solo beneficio político, por la mera afiliación de un tercero ni por publicaciones independientes que la organización no haya encargado, autorizado o financiado. La contratación de un proveedor no exonera del incumplimiento de deberes propios. Artículo 28. Infracciones administrativas. Constituyen infracciones leves, respecto de los sujetos y actividades sometidos al CNE por el artículo 26: 1. Omitir o presentar de forma insuficiente los avisos de los artículos 8, 9 y 10, cuando no se configure una infracción grave. 2. Incumplir los plazos de respuesta del artículo 23 o el deber de designación y capacitación del artículo 19. 3. Omitir la creación o actualización del archivo publicitario, o incumplir los deberes documentales y de conservación de los artículos 11, 12, 21 y 25, cuando no exista destrucción, alteración u ocultamiento deliberado de información. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Constituyen infracciones graves: 1. Realizar cualquiera de las conductas del artículo 16. 2. Utilizar recreaciones en contravención del artículo 7 o continuar su difusión controlada después del plazo de revocatoria allí previsto. 3. Ocultar deliberadamente alguna de las identidades exigidas por el artículo 10, falsear su identificación o incumplir la verificación exigida en el artículo 22 cuando ello permita el ocultamiento que el prestador pudo razonablemente detectar. 4. Destruir, alterar u ocultar deliberadamente soportes o evidencia cuya conservación exijan los artículos 12, 21 y 25; o impedir de manera injustificada su entrega ante requerimiento legal de la autoridad competente. 5. Omitir la revisión humana de piezas realistas exigida en el artículo 19 cuando el incumplimiento culposo permita una conducta prohibida previsible y evitable en contenidos bajo control de la organización o campaña. 6. Persistir en una omisión de los artículos 8 a 11 después de una orden correctiva en firme y vencido el plazo fijado para cumplirla. Las obligaciones generales o los principios no constituyen tipos sancionatorios autónomos. Las infracciones sobre tratamiento de datos se someterán al régimen del artículo 17. Los incumplimientos del capítulo VII se regirán por los mecanismos de control y responsabilidad propios de las autoridades públicas y sus contratistas. Artículo 29. Adición al artículo 10 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese el numeral 11 al artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, así: “11. Ordenar, autorizar, ejecutar o financiar dolosamente usos de inteligencia artificial expresamente prohibidos por la ley en actividades políticas; o incumplir culpablemente, dentro de las funciones y del control efectivo del directivo, los deberes de revisión humana, identificación de quienes contratan la publicidad, de las personas u organizaciones por cuya cuenta se realiza y de los terceros que efectúan su pago, conservación documental y atención de reclamaciones establecidos por la ley a cargo de la organización. La atribución de esta falta requerirá individualizar la conducta y el deber incumplido. No procederá por el solo beneficio político de un contenido ni por actuaciones independientes de afiliados, simpatizantes o terceros”. Artículo 30. Adición al artículo 11 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese un parágrafo al artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, así: Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ “Parágrafo. Para las faltas previstas en el numeral 11 del artículo 10, los órganos de control interno distinguirán los incumplimientos de transparencia y diligencia de la intervención dolosa en usos prohibidos. La sanción observará la gravedad, culpabilidad, afectación acreditada y medidas de corrección. La destitución del cargo directivo o la expulsión no procederán por una omisión leve de advertencia subsanada y sin afectación relevante de derechos. Se preservarán la impugnación y las garantías establecidas en este artículo”. Artículo 31. Sanciones administrativas. El CNE podrá imponer las siguientes sanciones, expresadas en unidades de valor básico (UVB): 1. Por infracciones leves: amonestación pública o multa de hasta cien (100) UVB para personas naturales y hasta mil (1.000) UVB para personas jurídicas u organizaciones políticas. 2. Por infracciones graves: multa de hasta diez mil (10.000) UVB para personas naturales y hasta cien mil (100.000) UVB para personas jurídicas u organizaciones políticas. 3. El límite máximo de las multas por infracciones graves podrá elevarse hasta treinta mil (30.000) UVB para personas naturales y trescientas mil (300.000) UVB para personas jurídicas u organizaciones políticas cuando concurra y se acredite alguna de estas circunstancias: utilización deliberada de contenido íntimo sintético no consentido; operación financiada de una red automatizada engañosa que intervenga en varias circunscripciones; o reincidencia en una infracción grave de la misma naturaleza dentro de los tres (3) años siguientes a una sanción ejecutoriada. Las multas se impondrán individualmente. Cuando la organización carezca de personería jurídica, la sanción pecuniaria recaerá sobre las personas a quienes se acredite participación culpable, sin responsabilidad patrimonial automática de los demás integrantes. La mera reiteración de visualizaciones de una pieza no dará lugar a multas sucesivas. La multa se expresará en UVB y se liquidará según su valor al momento de la conducta, sin perjuicio de la favorabilidad. Estas sanciones no generan por sí mismas inhabilidad, pérdida de investidura, revocatoria de inscripción, pérdida del cargo ni cancelación de personería jurídica. Tales consecuencias solo procederán por las causales y procedimientos establecidos en las disposiciones que las regulan. Artículo 32. Graduación y medidas correctivas. La sanción deberá ser motivada y proporcional a la gravedad acreditada, el grado de culpabilidad, la capacidad económica, el alcance real de la difusión atribuible al investigado, el beneficio obtenido, la afectación demostrada y las acciones de corrección y reparación. No se considerará agravante una circunstancia que ya integre el tipo o que haya determinado el límite especial del numeral 3 del artículo anterior. La afinidad política, la posición frente al Gobierno o la crítica a una autoridad no podrán influir en la sanción. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Cuando una infracción leve se corrija voluntaria e íntegramente antes de la formulación de cargos, no exista reincidencia ni afectación relevante de derechos, se aplicará amonestación. La corrección posterior podrá valorarse como atenuante sin extinguir automáticamente la responsabilidad. En la decisión de fondo el CNE podrá ordenar completar avisos, archivos o reportes, adoptar medidas internas de cumplimiento y publicar la parte resolutiva de la decisión en los canales institucionales utilizados, con alcance proporcionado y protección de datos personales. La rectificación de afirmaciones controvertidas y el retiro forzoso de contenidos se solicitarán al juez competente. Artículo 33. Adición al artículo 12 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese el numeral 8 al artículo 12 de la Ley 1475 de 2011, así: “8. Amonestación o multa por infracciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en actividades políticas imputables a la organización, incluidas las derivadas del numeral 11 del artículo 10, con sujeción a la clasificación, los límites y los criterios de graduación establecidos por la ley. Este numeral no habilita, por sí mismo, la suspensión o cancelación de personería jurídica, la restricción de inscripción de candidaturas ni la suspensión de financiación. Tales medidas requerirán acreditar las causales que las autorizan y observar sus procedimientos. La sanción pecuniaria no se acumulará con otra impuesta al mismo sujeto por los mismos hechos y fundamento”. Artículo 34. Procedimiento y control. Las actuaciones contra partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos seguirán el procedimiento del artículo 13 de la Ley 1475 de 2011. Las actuaciones contra otros sujetos seguirán el procedimiento administrativo sancionatorio de la Ley 1437 de 2011. No se acumularán procesos sujetos a trámites incompatibles en detrimento del derecho de defensa. Se garantizarán la notificación de cargos, el acceso a las pruebas, su contradicción, la presentación de descargos, la decisión motivada y los recursos procedentes. Contra las decisiones definitivas dictadas directamente por el CNE procederá el recurso de reposición en los términos de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio del control judicial correspondiente. Para las infracciones creadas por esta ley se aplicarán las reglas de caducidad de la potestad sancionatoria, decisión de recursos y prescripción de la sanción previstas en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011. La permanencia pasiva de una publicación, sin nueva actuación de difusión atribuible al investigado, no reinicia por sí sola el término de caducidad. La autoridad podrá decretar la conservación de pruebas dentro de sus atribuciones, pero la presentación de una queja no habilitará sanciones anticipadas ni suspensión de derechos políticos. Artículo 35. Adición al artículo 13 de la Ley 1475 de 2011. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 de la Ley 1475 de 2011, así: Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ “Parágrafo. Las investigaciones de competencia del Consejo Nacional Electoral por infracciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en actividades políticas se sujetarán a este procedimiento y a las reglas especiales de imputación, prueba, sanción y caducidad establecidas por la ley. El numeral 6 de este artículo no será aplicable cuando la actuación se funde exclusivamente en dichas infracciones. La conservación de evidencia no podrá emplearse para suspender preventivamente derechos políticos. Lo anterior no impide decretar las medidas que correspondan a otras causales legales debidamente acreditadas ni solicitar protección judicial de los derechos afectados”. Artículo 36. Coordinación y prohibición de doble sanción. Las autoridades remitirán las actuaciones que no sean de su competencia e intercambiarán únicamente la información necesaria y legalmente accesible. La persona afectada no estará obligada a identificar correctamente la autoridad para que se reciba y tramite su solicitud. Se prohíbe imponer más de una sanción cuando exista identidad de sujeto, hechos y fundamento. La concurrencia de regímenes deberá motivarse y respetar el principio de non bis in idem. La multa prevista en esta ley para una organización política será la misma a la que remite el numeral 8 del artículo 12 de la Ley 1475 de 2011; no se impondrán dos multas por ambas disposiciones. La responsabilidad personal de directivos exige una imputación diferenciada. Las medidas de protección y reparación podrán concurrir con las sanciones en cuanto tengan finalidad distinta y sean proporcionadas. Esta ley no modifica los tipos penales ni permite aplicar por analogía el artículo 296 del Código Penal a conductas que no reúnan sus elementos. ## CAPÍTULO VII​ ## Garantías para la inteligencia artificial en la gestión electoral Artículo 37. Usos institucionales y límites. El CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil podrán emplear inteligencia artificial como apoyo a la gestión documental, accesibilidad, atención, planeación logística, ciberseguridad y análisis de información, dentro de sus competencias y con respeto a las garantías de este capítulo. No podrán delegar exclusivamente en estos sistemas decisiones que excluyan a una persona del censo o de un mecanismo de participación, rechacen una inscripción, impongan una sanción, resuelvan una reclamación o determinen resultados electorales con efectos jurídicos. La inteligencia artificial no sustituirá el escrutinio legal, los documentos electorales ni la decisión de las autoridades competentes. Las herramientas de apoyo no alterarán los procedimientos de votación o escrutinio establecidos en la ley. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Se prohíbe utilizarla para inferir el voto individual, elaborar perfiles ideológicos de ciudadanos o asignar niveles de riesgo por sus opiniones políticas. Las alertas de irregularidad deberán basarse en hechos y variables pertinentes y no constituirán por sí mismas una decisión adversa. Artículo 38. Evaluación de impacto y control humano. Antes de poner en operación o modificar sustancialmente un sistema que pueda incidir en derechos políticos, cada autoridad electoral realizará y documentará una evaluación de impacto que identifique su finalidad, fundamento jurídico, datos empleados, errores previsibles, riesgos de discriminación, seguridad, accesibilidad, controles humanos y alternativas disponibles. La evaluación deberá contar con revisión técnica de personas que no hayan participado en el desarrollo del sistema. Podrán intervenir equipos de la propia entidad que tengan independencia funcional respecto del proyecto, sin crear nuevos órganos. Se identificará al servidor competente para revisar y adoptar las decisiones. La revisión humana deberá permitir entender la recomendación, contrastarla y apartarse de ella; no podrá consistir en aprobar automáticamente el resultado. Cuando el sistema influya materialmente en una decisión que afecte a una persona, esta será informada de su utilización y podrá conocer las razones relevantes y controvertir los datos y resultados mediante los procedimientos vigentes. Se ofrecerá un canal de atención humana y una alternativa accesible cuando el sistema falle. Si no es posible controlar un riesgo grave para los derechos o verificar la fiabilidad de los resultados, se suspenderá ese uso y se aplicará el procedimiento alternativo legalmente previsto. Artículo 39. Transparencia, contratación y seguimiento institucional. Las autoridades electorales publicarán en sus sitios web un inventario actualizado de los sistemas de inteligencia artificial en uso, con su finalidad, proveedor, dependencia responsable, funciones asistidas y síntesis de la evaluación de impacto cuando sea exigible. Los contratos asegurarán el acceso de la entidad y de los órganos competentes a la documentación, registros y pruebas necesarias para controlar el sistema, preservar la evidencia, atender incidentes y garantizar continuidad o sustitución del servicio. Los acuerdos de confidencialidad no impedirán el ejercicio de competencias legales de auditoría y control. La publicidad respetará las reservas legales, los datos personales y la seguridad de los procesos. Toda limitación de acceso será motivada; la sola invocación de secreto empresarial no justificará negar toda explicación sobre una decisión que afecte derechos. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Las entidades realizarán revisión periódica de los sistemas que incidan en derechos políticos, al menos una vez al año y antes de su utilización en cada proceso electoral, y publicarán resultados agregados sobre errores, incidentes y medidas de mejora. ## CAPÍTULO VIII​ ## Implementación y vigencia Artículo 40. Implementación y reglamentación técnica. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación, el CNE expedirá, en su ámbito de competencia y con participación pública, las especificaciones de accesibilidad de avisos, interoperabilidad de archivos publicitarios y adecuación de reportes financieros. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones de protección de datos que correspondan a sus competencias. La reglamentación no podrá ampliar los sujetos sancionables, crear infracciones, exigir autorización previa para expresarse ni delegar en herramientas automáticas decisiones sobre la licitud de contenidos. Su ausencia no impedirá cumplir las obligaciones cuyo contenido esté determinado por esta ley. Las autoridades implementarán esta ley mediante sus estructuras existentes y programarán las necesidades de gasto conforme a las normas orgánicas presupuestales y de planeación. El CNE publicará anualmente un informe agregado de quejas, decisiones, sanciones y tiempos de atención, sin exponer datos reservados ni contenidos que reproduzcan afectaciones a víctimas. Artículo 41. Transición. Las obligaciones de avisos y autorización de los artículos 7 a 10 serán exigibles tres (3) meses después de la promulgación. Las obligaciones de archivo, trazabilidad, canales y adecuación estatutaria de los artículos 11, 12 y 19 a 23 serán exigibles seis (6) meses después de la promulgación. Los deberes del artículo 25 se aplicarán desde la promulgación. El régimen administrativo sancionatorio y las adiciones de los artículos 15, 29, 30, 33 y 35 entrarán a regir seis (6) meses después de la promulgación y solo se aplicarán a conductas realizadas a partir de ese momento. No se sancionará retroactivamente la omisión de registros que aún no eran exigibles. Las autoridades electorales evaluarán y adecuarán los sistemas existentes al capítulo VII dentro de los seis (6) meses siguientes. Los nuevos sistemas deberán cumplirlo desde su entrada en operación. La transición no autoriza los usos expresamente prohibidos por el artículo 37 ni suspende los deberes de protección de derechos ya vigentes. Los plazos de adecuación no habilitan las conductas del artículo 16 ni suspenden las acciones judiciales y las responsabilidades previstas en otras leyes. No se exigirá reconstruir archivos de publicidad difundida y finalizada antes de que fuera obligatorio conservarlos. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ Artículo 42. Vigencia y modificaciones expresas. La presente ley rige a partir de su promulgación, con las reglas de exigibilidad y transición previstas en el artículo anterior. Adiciona el artículo 23 de la Ley 130 de 1994 y los artículos 4, 10, 11, 12, 13, 25 y 35 de la Ley 1475 de 2011. No deroga otras disposiciones. ## DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ​ Representante a la Cámara Coordinador Ponente ## RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA Representante a la Cámara por Tolima - Pacto Histórico Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ## 1. Objeto, alcance y orientación del proyecto El presente proyecto de ley estatutaria establece un régimen específico para el uso de inteligencia artificial en las actividades políticas. Su finalidad es preservar la libertad de expresión, la autonomía de las decisiones políticas, la igualdad de participación y la protección de las personas frente a prácticas de suplantación, fabricación engañosa de contenidos y automatización encubierta. Al mismo tiempo, reconoce y permite las aplicaciones que facilitan la investigación, la elaboración de propuestas, la accesibilidad, la organización política y el diálogo con la ciudadanía. La propuesta comprende las actividades políticas durante los períodos electorales y fuera de ellos. Esta decisión responde a la naturaleza permanente de la democracia: la formación de opiniones, el ejercicio de la oposición, la deliberación partidista y la discusión de decisiones públicas no comienzan con la inscripción de candidaturas ni terminan el día de las elecciones. Una recreación engañosa puede afectar la participación de una lideresa, la credibilidad de una organización o la deliberación sobre una política pública sin coincidir con una campaña formal. La protección debe alcanzar esos escenarios, manteniendo las diferencias legales entre divulgación política, propaganda electoral y expresión ciudadana. El proyecto articula cuatro instrumentos: transparencia sobre contenidos y relaciones publicitarias; prohibiciones delimitadas por conductas y propósitos; mecanismos de reclamación, prueba y protección judicial; y responsabilidades administrativas proporcionales para sujetos expresamente determinados. Añade un capítulo acotado sobre el uso de estos sistemas por las autoridades electorales. Este último no reforma el sistema de votación o escrutinio: fija garantías para herramientas de apoyo que puedan incidir en derechos políticos. El criterio central consiste en regular las conductas de las personas y organizaciones que producen, encargan, financian o utilizan la tecnología. Un sistema de inteligencia artificial no sustituye a los sujetos jurídicamente responsables. Por esta razón, la definición propuesta describe su funcionamiento y aclara que no presupone capacidades cognitivas, volitivas o de conciencia equivalentes a las humanas. La eventual autonomía técnica de un sistema no crea una zona exenta de responsabilidad ni permite atribuirle obligaciones que corresponden a sus operadores. ## 2. Justificación: una respuesta específica y proporcionada a riesgos identificables ## 2.1. La autenticidad de una representación es una condición relevante del debate La controversia política admite exageración, ironía, crítica severa, defensa de intereses y desacuerdo sobre hechos y valores. Esa amplitud no elimina la diferencia entre interpretar una declaración auténtica y fabricar una grabación que atribuye a una persona palabras que nunca pronunció. En el segundo supuesto se altera la fuente aparente de la información: el destinatario puede creer que observa una evidencia directa cuando Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ recibe una representación producida por terceros. La ley debe atender esa diferencia sin convertir a la autoridad electoral en árbitro general de la verdad política. La propuesta se concentra en situaciones verificables: si existió autorización para una recreación; si se presentó como auténtico un hecho fabricado; quién contrató y pagó un anuncio; si una cuenta se hace pasar por una persona independiente; si se falsificó una comunicación oficial; o si se difundió información falsa sobre cómo ejercer un derecho político con el propósito de impedirlo. Estas preguntas permiten construir deberes y tipos sancionatorios más precisos que una prohibición genérica de la desinformación. La autenticidad tampoco depende exclusivamente de que el contenido use o no inteligencia artificial. Un registro real puede estar descontextualizado y una simulación artificial puede explicar correctamente una propuesta. El proyecto no declara veraz todo contenido humano ni ilícito todo contenido sintético. Establece obligaciones adicionales allí donde el uso de la tecnología modifica sustancialmente la representación de personas, acontecimientos, interlocutores o relaciones publicitarias. ## 2.2. Qué permite afirmar la evidencia empírica y cuáles son sus límites Groh y sus coautores realizaron cinco experimentos prerregistrados con 2.215 participantes sobre la identificación de discursos políticos auténticos y fabricados. Encontraron diferencias relevantes según la modalidad y el tipo de audio: ciertas voces sintéticas resultaron más difíciles de distinguir que las producidas por actores, mientras que las señales audiovisuales también ayudaron a detectar manipulaciones frente al texto aislado. El estudio desaconseja sostener que toda pieza audiovisual sintética engaña inevitablemente o que las personas carecen de capacidad de discernimiento.1 Bai y sus coautores documentaron que mensajes generados por grandes modelos de lenguaje pueden persuadir a las personas sobre asuntos de política pública. Este hallazgo acredita una capacidad relevante para la comunicación política, pero no demuestra por sí mismo la alteración de una elección, la permanencia de un cambio de opinión o la superioridad de toda estrategia automatizada en condiciones reales. La transferencia de resultados experimentales a campañas colombianas exige considerar exposición efectiva, contexto, idioma y competencia entre mensajes.2 La justificación legislativa no necesita afirmar que la inteligencia artificial ya decidió elecciones. Basta identificar derechos expuestos y mecanismos de afectación plausibles, establecer medidas idóneas y revisar sus costos constitucionales. De hecho, exagerar la omnipotencia de estas herramientas puede producir una regulación excesiva y desviar recursos hacia soluciones técnicas que prometen más de lo que pueden garantizar. 2 Bai, H., Voelkel, J. G., Muldowney, S., Eichstaedt, J. C., & Willer, R. (2025). LLM-generated messages can persuade humans on policy issues. Nature Communications, 16, artículo 6037. https://doi.org/10.1038/s41467-025-61345-5 1 Groh, M., Sankaranarayanan, A., Singh, N., Kim, D. Y., Lippman, A., & Picard, R. (2024). Human detection of political speech deepfakes across transcripts, audio, and video. Nature Communications, 15, artículo 7629. https://doi.org/10.1038/s41467-024-51998-z Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ El diseño propuesto toma en serio la incertidumbre. Las advertencias ayudan a interpretar un contenido, pero no se presentan como una garantía absoluta contra el engaño. Los detectores pueden aportar elementos, pero no sustituyen la valoración probatoria. La supervisión humana es necesaria, pero solo tiene valor si permite comprender y corregir resultados. El proyecto establece varias barreras complementarias porque ninguna medida aislada resuelve todas las formas de uso abusivo. ## 2.3. El daño puede consistir en incertidumbre y deterioro de la confianza El trabajo de Vaccari y Chadwick sobre video político sintético encontró que la exposición puede generar incertidumbre y afectar indirectamente la confianza en las noticias. Este resultado amplía la perspectiva: una pieza no tiene que convencer plenamente a su audiencia de una falsedad para introducir dudas sobre la posibilidad de conocer qué ocurrió.3 Chesney y Citron describen, además, el riesgo de que la existencia de falsificaciones convincentes facilite negar registros auténticos, fenómeno conocido como el dividendo del mentiroso. Su análisis examina también las afectaciones a la privacidad y a la democracia que pueden producir las suplantaciones sintéticas. Se trata de un argumento jurídico y conceptual sobre riesgos, no de una medición del efecto electoral de una tecnología en Colombia.4 De estas preocupaciones se deriva una razón adicional para conservar evidencia y contratos. La reacción frente a una controversia de autenticidad debe poder apoyarse en elementos comprobables y no depender exclusivamente de la palabra de quien publica o de quien aparece representado. Sin embargo, la obligación de conservar soportes se limita a quienes intervienen profesional u organizadamente y a información bajo su control. No se establece una carga de peritaje para cada ciudadano que recibe o comparte un mensaje. La publicidad sobre el origen sintético debe evitar un efecto contraproducente: sugerir que la ausencia de una etiqueta certifica autenticidad. Por ello, el articulado aclara que la falta de metadatos o marcas no prueba, por sí misma, que una pieza sea genuina. La transparencia proporciona información relevante, pero no transforma los avisos en certificados estatales de verdad. ## 2.4. Permitir usos legítimos protege también la igualdad política Una regulación que tratara toda inteligencia artificial como sospechosa podría imponer barreras a organizaciones con menos recursos, personas con discapacidad y equipos territoriales pequeños. La traducción, la subtitulación, la lectura accesible, el apoyo a la organización documental o la preparación de materiales pedagógicos pueden ampliar las posibilidades de participación. Su utilidad concreta dependerá 4 Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753–1820. https://www.californialawreview.org/print/deep-fakes-a-looming-challenge-for-privacy-democracy-and-national-security 3 Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. Social Media + Society, 6(1). https://doi.org/10.1177/2056305120903408 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ de la calidad del sistema y de la revisión humana, pero no existe fundamento para prohibirlos por su sola naturaleza tecnológica. El proyecto reconoce estos usos y descarta la autorización estatal previa. Una organización podrá apoyarse en sistemas de inteligencia artificial para organizar información pública, preparar borradores o explicar sus propuestas, conservando la responsabilidad sobre lo que publica. La decisión de no exigir avisos por correcciones ortográficas o mejoras técnicas que no cambian el sentido evita que obligaciones triviales desplacen la atención de alteraciones realmente significativas. Las recreaciones autorizadas de imagen y voz también pueden cumplir funciones legítimas. La autorización, sin embargo, debe ser específica y comprobable: la disponibilidad de videos en internet no equivale a consentir la fabricación de nuevas declaraciones. Separar consentimiento e identificación permite atender dos derechos distintos. La autorización protege a quien es representado; la advertencia informa al público que no está observando un registro original. Ninguno de estos requisitos reemplaza al otro. ## 2.5. Sátira, oposición y periodismo: garantías operativas La sátira y la caricatura suelen exagerar o alterar rasgos de personas públicas para comunicar una crítica. Exigir siempre su autorización permitiría que el objeto de la crítica controlara su circulación. Por ello, el proyecto protege estas expresiones cuando su naturaleza es reconocible por el contexto o mediante una advertencia, y reserva la identificación obligatoria para representaciones realistas susceptibles de confundirse con registros auténticos. La protección también comprende la reproducción de una pieza sintética con fines periodísticos, de verificación o de investigación. Informar sobre una falsificación exige, en ocasiones, mostrar una parte del contenido. La norma no obliga al periodista a adoptar como concluyente una evaluación técnica controvertida, pero sí exige identificar la naturaleza artificial cuando se conoce y valorar la necesidad de reproducir material que pueda lesionar derechos. Estas garantías se traducen en límites concretos a la autoridad: no hay control previo; la crítica a la gestión pública no constituye infracción por su dureza; el beneficio político no prueba participación; y el CNE no recibe competencia sancionatoria general sobre opiniones ciudadanas o periodismo independiente. La responsabilidad exige una conducta legalmente descrita y una imputación individualizada. Proteger la participación democrática incluye proteger a quienes incomodan al poder. ## 2.6. Transparencia publicitaria desde la producción por encargo La remuneración puede existir antes de que una pieza llegue a una plataforma. Un tercero puede pagar por producir un video y difundirlo después gratuitamente en sus cuentas; una campaña puede contratar a un creador de contenido sin adquirir pauta; o una agencia puede subcontratar la generación de voces y entregar el material a una organización. Limitar la transparencia al pago por distribución dejaría fuera estas relaciones económicas. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ El proyecto activa las obligaciones publicitarias cuando se remunera la producción por encargo, la difusión o la amplificación, incluso si solo se paga la primera. Esta regla no convierte automáticamente el mensaje en propaganda electoral: su calificación continúa dependiendo de los elementos previstos en el régimen colombiano. Tampoco transforma en publicidad política cada artículo periodístico financiado con suscripciones o anuncios comerciales generales. Se distinguen tres posiciones que pueden coincidir o estar separadas: quien contrata, la persona u organización por cuya cuenta se realiza la publicidad y el tercero que efectúa su pago. Esta identificación permite reconstruir la operación sin crear una figura general de “patrocinador” con efectos indeterminados sobre el régimen electoral. Los aportantes a la financiación conservan los deberes de registro y reporte que les corresponden, pero su sola contribución no los convierte en autores o responsables de cada pieza. La distinción evita dos problemas simultáneos. Por un lado, impide que una agencia o un pagador interpuesto oculte al actor por cuya cuenta se comunica. Por otro, evita atribuir responsabilidad automática a un donante que no intervino en la selección, producción o difusión del contenido. La transparencia identifica relaciones; la sanción exige probar conductas y culpabilidad. ## 2.7. Una estrategia pública que no dependa únicamente de sanciones La OCDE propone abordar la integridad de la información mediante transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento de capacidades sociales e institucionales y protección de un entorno informativo plural. Esta aproximación aporta una orientación útil: responder a la manipulación requiere mejorar las condiciones de circulación y evaluación de la información, además de perseguir infracciones determinadas.5 El Brennan Center examina las dificultades de regular falsificaciones políticas y destaca la necesidad de atender tanto la transparencia como las falsedades que afectan el ejercicio del voto. Su análisis también muestra la importancia de preservar expresiones protegidas. Estas consideraciones respaldan la conveniencia de diferenciar usos y remedios, sin trasladar automáticamente al derecho colombiano categorías constitucionales estadounidenses.6 En consecuencia, el articulado combina avisos, trazabilidad, formación interna, canales de atención, revisión humana y sanciones. La obligación de publicar informes agregados permite observar si la respuesta institucional funciona. El número de multas no será, por sí solo, una medida adecuada de éxito: también importan la corrección temprana, la atención a víctimas, la reducción de errores y la ausencia de restricciones injustificadas a la expresión. 6 Weiner, D. I., & Norden, L. (2023, 5 de diciembre). Regulating AI deepfakes and synthetic media in the political arena. Brennan Center for Justice. https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/regulating-ai-deepfakes-and-synthetic-media-political-arena 5 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Facts not fakes: Tackling disinformation, strengthening information integrity. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## 3. Marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente ## 3.1. Democracia participativa y derechos que deben armonizarse La Constitución establece una democracia participativa y pluralista y reconoce derechos a la igualdad, intimidad, expresión, información, honra, debido proceso y participación política. También regula la organización y financiación de partidos, las garantías de oposición y las competencias de las autoridades electorales. Estos mandatos conforman el fundamento y, simultáneamente, el límite de la intervención legislativa.7 La autonomía política presupone que las personas puedan formar y expresar preferencias sin suplantaciones dirigidas a atribuirles decisiones inexistentes. La igualdad exige atender prácticas que hagan materialmente más costosa o peligrosa la participación de determinados grupos. La intimidad y el habeas data obligan a controlar la utilización de información individual para inferir convicciones y orientar mensajes. La libertad de expresión, a su vez, impide responder a esos riesgos con una censura general de las opiniones políticas. La solución constitucional no consiste en hacer prevalecer siempre un derecho sobre los demás. Exige delimitar conductas, seleccionar medidas adecuadas y asegurar controles. Por ejemplo, incorporar una advertencia a una recreación lícita puede ser suficiente; frente a una amenaza o un contenido íntimo no consentido, la etiqueta no elimina el daño. La ley diferencia esos supuestos y permite al juez evaluar medidas menos restrictivas antes de ordenar el retiro de una publicación determinada. La neutralidad política de la aplicación es igualmente decisiva. Las obligaciones deben operar frente al gobierno y la oposición, organizaciones mayoritarias y minoritarias, actores nacionales y territoriales. La afinidad con una autoridad, el tono de una crítica o la impopularidad de una propuesta no pueden convertirse en criterios para graduar una sanción. El proyecto incorpora esta exigencia en sus principios y en las reglas de imputación y graduación. ## 3.2. Régimen de partidos, divulgación y propaganda La Ley 130 de 1994 define la divulgación política y contiene reglas sobre propaganda y publicidad política. Su artículo 23 permite reconocer una actividad permanente de difusión y promoción partidista distinta de la búsqueda de apoyo electoral. La Ley 1475 de 2011 desarrolla la organización de partidos, su responsabilidad, la financiación y las campañas; su artículo 35 delimita la propaganda electoral. El proyecto 7 Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia (arts. 1, 2, 13, 15, 20, 21, 29, 40, 107, 109, 112, 150, 152, 153, 265 y 266). https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ conserva estas categorías y utiliza “comunicación política” únicamente como concepto complementario para ordenar su ámbito material.89 La Ley 996 de 2005 contiene el régimen especial de elección presidencial, incluidas reglas sobre financiación y propaganda. Las nuevas obligaciones tecnológicas deben aplicarse de forma compatible con ese régimen: identificar una recreación o registrar un servicio de inteligencia artificial no amplía las fuentes permitidas de financiación, los montos autorizados o los períodos de propaganda.10 El ajuste a las normas existentes se propone mediante adiciones puntuales, ubicadas en los capítulos temáticos del proyecto. Esta técnica permite que las reglas especiales sobre inteligencia artificial se conecten con la divulgación política, la propaganda, los informes financieros, los estatutos partidistas y la responsabilidad de organizaciones y directivos. La remisión a obligaciones “establecidas por la ley” evita introducir en normas permanentes referencias informales a una futura ley sin identificación normativa. Las adiciones no reconstruyen integralmente el régimen de campañas. Su propósito es hacer explícito que la intermediación tecnológica no excluye deberes existentes y agregar obligaciones específicas cuya ausencia reduce la trazabilidad. La tecnología empleada no autoriza una campaña anticipada, una financiación prohibida ni una excepción a los límites de gasto. Del mismo modo, una obligación de transparencia sobre una actividad permanente no permite reclasificar automáticamente toda comunicación política como electoral. ## 3.3. Falsedad personal mediante inteligencia artificial La referencia vigente es la Ley 2502 de 2025. Su artículo 2 incorpora una definición de deepfake y su artículo 3 modifica el artículo 296 del Código Penal para aumentar hasta en una tercera parte la multa por falsedad personal cuando se emplea inteligencia artificial, dentro de los elementos de ese delito. La reforma no crea una prohibición penal universal de los contenidos sintéticos ni autoriza a sancionar cualquier uso de imagen sin analizar la tipicidad.11 El proyecto remite a esa definición y evita establecer otra que pueda competir con ella. Sin embargo, su objeto es diferente y complementario. La identificación de publicidad, la conservación de contratos, la supervisión de asistentes y la evaluación de sistemas electorales necesitan reglas prospectivas de 11 Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2502 de 2025, por medio de la cual se modifica el artículo 296 de la Ley 599 de 2000 —Código Penal—, con el fin de agravar el delito de falsedad personal mediante el uso de inteligencia artificial (arts. 2–4). https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=188454 10 Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 996 de 2005, por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República (arts. 14–16 y 24). https://www.cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/ley_0996_2005.htm 9 Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones (arts. 4, 10–13, 20, 23–25, 27, 34 y 35). https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1475_2011.htm 8 Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 130 de 1994, por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos (arts. 23, 24 y 28). https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/ley_0130_1994.htm Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ organización y cumplimiento, que no se deducen de una agravación penal. La respuesta administrativa y preventiva tiene una función propia. Tampoco se propone modificar nuevamente el artículo 296. Cuando una conducta reúna los elementos de falsedad personal u otro delito, procederá el régimen correspondiente. Cuando no los reúna, el uso de inteligencia artificial no permite extender la norma penal por analogía. Esta delimitación protege la legalidad y evita presentar una infracción de etiquetado como si fuera automáticamente una conducta criminal. ## 3.4. Datos personales, inferencias y publicidad segmentada La Ley 1581 de 2012 establece principios de finalidad, libertad, seguridad y circulación restringida, así como deberes de responsables y encargados. Reconoce como sensibles, entre otros, los datos que revelan orientación política, origen étnico, convicciones religiosas, salud, vida sexual y biometría. Su protección no pierde relevancia cuando el tratamiento se realiza mediante un sistema de inteligencia artificial.12 El proyecto precisa que las inferencias quedan sometidas a las garantías de protección de datos cuando hacen identificable a una persona. Una opinión política atribuida por un modelo puede ser errónea, pero continúa siendo información asociada a alguien y utilizada para decidir qué mensaje recibe. Excluir las inferencias permitiría obtener indirectamente categorías que el ordenamiento protege de forma especial. Se establece una prohibición específica de utilizar datos sensibles para seleccionar o excluir destinatarios de publicidad política mediante inteligencia artificial. Esta decisión legislativa va más allá de una simple reiteración de deberes de información: busca impedir una modalidad especialmente intrusiva de clasificación política individual. Su fundamento debe distinguirse de la comunicación voluntaria con simpatizantes, la segmentación contextual y los análisis verdaderamente anonimizados, que permanecen permitidos bajo las condiciones del articulado. La protección de menores comprende la prohibición de perfiles individualizados destinados a esta publicidad. No supone que las personas menores de edad carezcan de interés legítimo en asuntos públicos ni excluye contenidos cívicos generales. Se dirige a la construcción de perfiles para orientar de manera personalizada la comunicación política remunerada. La autoridad de protección de datos mantiene la competencia sancionatoria correspondiente, con las particularidades legales aplicables a sujetos públicos. ## 3.5. Violencia contra las mujeres en política La Ley 2453 de 2025 establece medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política. También modifica disposiciones del régimen partidista. El proyecto se coordina con ese 12 Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (arts. 4–7, 17, 18 y 23). https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ marco y respeta la numeración vigente de los artículos que adiciona, sin duplicar un régimen de protección ya existente.13 La fabricación de contenido íntimo o sexual puede dirigirse a expulsar a una persona del debate público mediante humillación e intimidación. Su afectación no desaparece al advertir que la imagen es artificial: la circulación misma puede constituir el medio de agresión. Por ello, la propuesta prohíbe este uso dentro de la actividad política y establece atención prioritaria, recepción reservada de soportes y conservación probatoria que no reproduzca públicamente el daño. La perspectiva de género exige examinar el contexto y los patrones de discriminación, sin presumir responsabilidad por el sexo de quien reclama o de quien es denunciado. Tampoco puede convertirse en inmunidad frente a cuestionamientos de gestión. La crítica sobre decisiones públicas y la violencia destinada a excluir a una mujer del ejercicio político deben distinguirse mediante hechos, contexto y finalidad acreditados. ## 3.6. Transparencia pública, prueba electrónica y procedimiento La Ley 1712 de 2014 proporciona el marco general de acceso a información pública y sus reservas. El inventario de sistemas institucionales previsto en el proyecto desarrolla esa orientación, preservando datos personales y seguridad de los procesos. La existencia de un proveedor privado no justifica mantener en secreto toda explicación sobre herramientas que influyen en decisiones públicas.14 La Ley 527 de 1999 reconoce la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos y establece criterios para su valoración y conservación. Sobre esa base, el proyecto identifica soportes útiles para controversias de autenticidad: versiones, archivos, metadatos, autorizaciones, contratos y registros de difusión. La lista no crea una tarifa probatoria ni convierte un metadato en prueba concluyente.15 El procedimiento administrativo sancionatorio del CPACA ofrece garantías y reglas sobre formulación de cargos, prueba, decisión y caducidad. El proyecto lo articula con el procedimiento especial de la Ley 1475 para organizaciones políticas, evitando acumular trámites incompatibles o dejar indeterminado el término de ejercicio de la potestad sancionatoria.16 16 Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (arts. 47–52 y 74). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249 15 Congreso de la República de Colombia. (1999). Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales (arts. 10–12). https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276 14 Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones (arts. 2, 3 y 18–21). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882 13 Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2453 de 2025, por medio de la cual se establecen medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles (incluidas sus modificaciones a la Ley 1475 de 2011). https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=177519 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ La tutela y sus medidas provisionales continúan disponibles cuando se cumplen sus presupuestos. El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 permite adoptar medidas urgentes de protección. La propuesta orienta la valoración del contexto tecnológico sin crear un requisito adicional de procedibilidad ni convertir la reclamación ante una plataforma en una condición universal para acudir al juez.17 3.7. Orientaciones jurisprudenciales relevantes La Sentencia C-490 de 2011, que examinó el proyecto posteriormente convertido en la Ley 1475, es pertinente para el encuadre estatutario de las reglas partidistas y electorales. Su examen de la propaganda y de las responsabilidades de organizaciones políticas recuerda que las condiciones del debate electoral tienen relevancia constitucional. La sentencia no resolvió los problemas actuales de inteligencia artificial; su utilidad consiste en proporcionar el marco institucional sobre el que se proponen las adiciones.18 La Sentencia SU-420 de 2019 desarrolla criterios para resolver conflictos entre libertad de expresión, honra y buen nombre en redes sociales. La valoración contextual —incluida la posición de los intervinientes y las condiciones de circulación— resulta relevante para evitar respuestas automáticas frente a cualquier publicación cuestionada. El proyecto no pretende sustituir las reglas jurisprudenciales de procedencia de la tutela, sino hacer explícitas garantías compatibles con ese análisis.19 La Sentencia T-323 de 2024 examinó el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia y formuló exigencias de transparencia, responsabilidad, privacidad, verificación y no sustitución de la racionalidad humana. No es una decisión sobre gestión electoral. Su incorporación a esta exposición tiene un alcance analógico y argumentativo: muestra la importancia constitucional de conservar una autoridad humana responsable cuando la tecnología apoya decisiones que afectan derechos.20 A partir de estos referentes, la propuesta adopta tres cautelas: ninguna clasificación algorítmica basta para declarar una infracción; las decisiones adversas deben ser motivadas y controvertibles; y la responsabilidad institucional no se desplaza al proveedor del sistema. 20 Corte Constitucional de Colombia. (2024, 2 de agosto). Sentencia T-323 de 2024 (uso de inteligencia artificial en la administración de justicia; transparencia, responsabilidad, privacidad y no sustitución de la racionalidad humana). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-323-24.htm 19 Corte Constitucional de Colombia. (2019, 12 de septiembre). Sentencia SU-420 de 2019 (libertad de expresión, redes sociales y protección de la honra y el buen nombre). https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/su-420_2019.htm 18 Corte Constitucional de Colombia. (2011, 23 de junio). Sentencia C-490 de 2011 (revisión de constitucionalidad del proyecto que se convirtió en la Ley 1475 de 2011; apartados sobre propaganda y responsabilidad de organizaciones políticas). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-490-11.htm 17 Presidencia de la República de Colombia. (1991). Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política (art. 7). https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5304 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## 4. La gestión electoral a la luz del informe de IDEA Internacional ## 4.1. Alcance de la fuente y situación colombiana El informe de Gómez y Martínez Elebi para IDEA Internacional ofrece un mapa de usos, capacidades y desafíos en América Latina y el Caribe. Su metodología incluye respuestas de trece autoridades electorales de diez países y entrevistas en profundidad. Es una investigación descriptiva que recoge información institucional; no constituye una auditoría independiente del rendimiento de todos los sistemas ni una prueba causal sobre resultados electorales. Esa distinción determina cómo deben utilizarse sus hallazgos en la legislación.21 En el caso colombiano, el informe describe diferencias entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral en grado de digitalización y utilización de herramientas. Recoge usos o desarrollos relacionados con biometría, gestión documental, logística y atención, y describe la verificación asistida de firmas con participación humana. Estos datos se presentan como información reportada en el estudio, sin convertirlos en una certificación legislativa de precisión, seguridad o eficacia.22 La relevancia para el proyecto consiste en que las autoridades no parten de una situación homogénea. Una obligación abstracta de “usar inteligencia artificial responsable” sería insuficiente para equipos con capacidades, proveedores y funciones diferentes. Se necesitan mínimos comunes verificables: identificación de la finalidad, evaluación de riesgos, responsable humano, documentación, posibilidad de impugnación y procedimientos alternativos cuando el sistema falla. La regulación tampoco debe incentivar el uso de inteligencia artificial por sí mismo. Si un procedimiento convencional ofrece resultados suficientes, menor costo y mejor explicabilidad, la autoridad debe poder preferirlo. La evaluación previa permite comparar alternativas y justificar la necesidad de incorporar un sistema. La modernización institucional se mide por la calidad del servicio y la protección de derechos, no por la cantidad de herramientas adquiridas. ## 4.2. Capacidades antes que automatización de decisiones Las recomendaciones de IDEA enfatizan la formación institucional, la gobernanza, el análisis de impacto, la supervisión humana, la transparencia y la reducción de dependencias tecnológicas. También advierten sobre ciberseguridad y sobre la necesidad de reglas ajustadas a la función electoral. Estas recomendaciones informan los artículos 37 a 39 del proyecto.23 23 Gómez, G., & Martínez Elebi, C. (2026). Inteligencia artificial y gestión electoral: Un mapa de América Latina y el Caribe (pp. 36–40, conclusiones y recomendaciones). IDEA Internacional. https://doi.org/10.31752/46252 22 Gómez, G., & Martínez Elebi, C. (2026). Inteligencia artificial y gestión electoral: Un mapa de América Latina y el Caribe (pp. 25–27, Colombia). IDEA Internacional. https://doi.org/10.31752/46252 21 Gómez, G., & Martínez Elebi, C. (2026). Inteligencia artificial y gestión electoral: Un mapa de América Latina y el Caribe (pp. 8–10, metodología). IDEA Internacional. https://doi.org/10.31752/46252 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ La evaluación de impacto exigida no es un formulario de aceptación del proveedor. Debe identificar qué decisión se apoya, qué datos se utilizan, qué errores son previsibles, quién puede resultar excluido y qué alternativa existe. Una herramienta que clasifica documentos administrativos presenta un riesgo diferente de otra que recomienda rechazar una inscripción. El análisis debe reflejar esa diferencia y concentrar el esfuerzo en las consecuencias para las personas. La supervisión humana tiene que ser material. Un funcionario que recibe una puntuación sin conocer sus límites y solo puede aprobarla no dispone de control suficiente. El proyecto exige que la persona competente pueda contrastar la recomendación, apartarse de ella y explicar la decisión. La revisión técnica independiente del equipo desarrollador contribuye a detectar errores sin obligar a crear una nueva entidad o una instancia nacional paralela. La continuidad operacional es parte de la garantía. El fallo de un sistema no puede convertirse en una barrera insuperable para inscribirse, reclamar o acceder a información oficial. Por eso se requieren canales humanos y procedimientos alternativos legalmente disponibles. La posibilidad de suspender un uso cuyo riesgo grave no pueda controlarse permite corregir una implementación defectuosa antes de que se consolide como práctica institucional irreversible. ## 4.3. Contratación, auditoría y autonomía institucional La dependencia de un proveedor puede ser jurídica además de técnica. Si el contrato impide acceder a registros, conocer cambios sustanciales o revisar incidentes, la autoridad conserva formalmente la competencia pero pierde capacidad efectiva de control. Los deberes contractuales propuestos aseguran acceso a la documentación y pruebas necesarias para auditoría, preservación de evidencia y continuidad del servicio. Esto no implica publicar código fuente, datos reservados o vulnerabilidades de seguridad en todos los casos. El proyecto distingue el acceso público de la información que debe estar disponible para la entidad y los órganos de control. Una síntesis pública de riesgos puede coexistir con documentación técnica de acceso restringido. Lo inadmisible es que el secreto empresarial se invoque de manera absoluta para impedir toda explicación sobre una decisión que afecta derechos políticos. La revisión periódica y previa a cada proceso electoral permite atender cambios en el contexto, en los datos o en el sistema. Una evaluación favorable inicial no garantiza que una actualización conserve el mismo comportamiento. La obligación de documentar modificaciones sustanciales evita que un proveedor altere de hecho las condiciones bajo las cuales la entidad consideró aceptable el riesgo. El marco voluntario de gestión de riesgos del NIST ofrece una referencia técnica complementaria: organiza actividades de gobernanza, identificación, medición y gestión de riesgos a lo largo del ciclo de uso. Se cita Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ como orientación, sin incorporarlo de manera obligatoria ni transferir a una entidad extranjera la definición del cumplimiento de la ley colombiana.24 ## 4.4. Seguimiento informativo sin vigilancia ideológica El informe de IDEA plantea la importancia de comprender el entorno informativo y fortalecer la respuesta institucional frente a riesgos. El proyecto adapta esta preocupación a las garantías colombianas: permite estudiar patrones agregados e incidentes, pero prohíbe inferir el voto individual, elaborar perfiles ideológicos de ciudadanos o asignarles niveles de riesgo por sus opiniones. La diferencia es sustancial. Verificar una comunicación que se presenta falsamente como oficial protege la participación. Construir un registro de opositores a partir de publicaciones políticas introduce una afectación distinta y no encuentra autorización en este proyecto. Las alertas deben basarse en hechos pertinentes y nunca equivaler por sí mismas a una decisión adversa. La confianza institucional requiere una doble rendición de cuentas: frente a quienes usan la tecnología para afectar derechos y frente a las propias autoridades que la emplean. Un régimen que solo impusiera deberes a las campañas, dejando sin garantías los sistemas públicos de decisión, sería incompleto. El capítulo institucional corrige esa asimetría dentro de un alcance limitado y compatible con las competencias existentes. ## 5. Comparación normativa internacional y criterios de adaptación La siguiente tabla distingue normas específicas sobre inteligencia artificial de instrumentos generales de transparencia publicitaria o tutela del debate electoral. La comparación no presupone equivalencia entre los sistemas constitucionales ni acredita, por la sola existencia de una norma, su eficacia. ## Jurisdicción y fuente ## Regla o instrumento relevante ## Aporte y límite para el proyecto colombiano Brasil. Resolución TSE 23.732 de 2024, modificatoria de la Resolución 23.610 de 2019.25 Introduce identificación del contenido sintético en propaganda, reglas para interacciones automatizadas y prohibición de deepfakes en el ámbito electoral regulado. Aporta identificación contextual y atención a la simulación de interlocutores. El proyecto colombiano permite recreaciones autorizadas y sátira bajo condiciones; no reproduce una prohibición absoluta. 25 Tribunal Superior Eleitoral. (2024, 27 de febrero). Resolução n.º 23.732 (modificaciones a los arts. 9-B y siguientes de la Resolução n.º 23.610 de 2019). https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2024/resolucao-no-23-732-de-27-de-fevereiro-de-2024 24 Tabassi, E. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## Jurisdicción y fuente ## Regla o instrumento relevante ## Aporte y límite para el proyecto colombiano Brasil. Resolución TSE 23.755 de 2026.26 Actualiza el régimen e incorpora una restricción temporal a la publicación y republicación de nuevos contenidos sintéticos con imagen, voz o manifestación de candidaturas o personas públicas, incluso etiquetados, entre las 72 horas anteriores y las 24 posteriores al término de la elección. Muestra la relevancia del tiempo disponible para reaccionar. El proyecto no incorpora esa ventana general de prohibición: prioriza respuesta urgente y valoración judicial individualizada. Unión Europea. Reglamento 2024/900.27 Establece transparencia de publicidad política, identificación de relaciones económicas y requisitos específicos para segmentación con datos personales. Su aplicación general comenzó el 10 de octubre de 2025, con excepciones previstas en su artículo 30. Aporta trazabilidad de quién encarga y paga, así como protección frente al perfilamiento. La figura europea de patrocinador no se traslada como categoría general al régimen colombiano. Unión Europea. Reglamento 2024/1689, artículo 50, y orientación de la Comisión sobre transparencia.2829 Distingue información a personas que interactúan con IA, marcado técnico de contenido y advertencias sobre deepfakes. Prevé un tratamiento adaptado para obras artísticas, satíricas y análogas. Aporta la diferencia entre una marca técnica y un aviso comprensible. El proyecto no exige etiquetar toda asistencia de redacción y no reproduce íntegramente el régimen europeo de proveedores y despliegue. 29 Comisión Europea. (2026). Transparency obligations under Article 50 of the AI Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/transparency-obligations-under-article-50-ai-act 28 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 13 de junio). Reglamento (UE) 2024/1689, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (art. 50). Comisión Europea, AI Act Service Desk. https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-50 27 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 13 de marzo). Reglamento (UE) 2024/900, sobre transparencia y segmentación en la publicidad política (arts. 3, 11, 12, 18, 19 y 30). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-80400 26 Tribunal Superior Eleitoral. (2026, 2 de marzo). Resolução n.º 23.755 (en particular, modificación del art. 9-B de la Resolução n.º 23.610 de 2019). https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2026/resolucao-no-23-755-de-2-de-marco-de-2026 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## Jurisdicción y fuente ## Regla o instrumento relevante ## Aporte y límite para el proyecto colombiano Reino Unido. Elections Act 2022, parte 6, y guía de la Electoral Commission.30 Exige identificaciones digitales para publicidad política y determinados materiales orgánicos. Distingue a quien promueve la publicación de la persona por cuya cuenta se realiza. Ayuda a separar funciones y donaciones generales. Su categoría de anuncio pagado no equivale a la propuesta colombiana, que incluye producción remunerada aunque la difusión sea gratuita. Singapur. Parliamentary Elections Act, artículo 61MA, y reglas publicitarias explicadas por Elections Department.31 Prohíbe, durante el período legal, representaciones digitales realistas y falsas de declaraciones o actos de candidatos. Exige identificar responsables y, en publicidad pagada, a quienes pagan; incluye pago por producción. Aporta el criterio de representación falsa y la trazabilidad desde la producción. El proyecto colombiano tiene alcance político permanente y no adopta sus potestades administrativas de retiro ni su régimen penal. Brasil ofrece una referencia especialmente cercana por su carácter electoral y por la regulación específica del contenido sintético. No obstante, la comparación debe diferenciar la regla introducida en 2024 de la actualización de 2026. Presentarlas como una sola resolución conduciría a atribuir a la norma inicial restricciones que fueron añadidas después. Para Colombia, el aprendizaje principal consiste en atender conjuntamente la identidad del contenido, la automatización de la interacción y la capacidad de respuesta, dejando explícitas las garantías de creación y crítica. La aproximación europea muestra que la transparencia tiene varias capas. Una pieza puede informar que utiliza inteligencia artificial y, aun así, ocultar quién la encargó o cómo se seleccionó su audiencia. Inversamente, identificar al contratante no informa si la grabación es una recreación. Por eso el proyecto colombiano distingue avisos de contenido, identificación publicitaria, archivo y trazabilidad financiera. Su cumplimiento debe ser coordinado, pero cada obligación responde a una pregunta diferente. La experiencia británica resulta útil para evitar confundir donaciones generales con publicaciones realizadas por cuenta de cada donante. La existencia de una contribución económica a una organización no implica, 31 Elections Department Singapore. (s. f.). Online campaigning (orientación oficial sobre el art. 61MA de la Parliamentary Elections Act 1954 y las Parliamentary Elections [Election Advertising] Regulations 2024). Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://www.eld.gov.sg/candidate_parliamentary_campaign_online.html 30 Parliament of the United Kingdom. (2022). Elections Act 2022 (parte 6). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/37/contents; Electoral Commission. (s. f.). Statutory guidance on digital imprints. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://www.electoralcommission.org.uk/full-guidance/statutory-guidance-digital-imprints Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ sin más, que todo su material se publique en nombre de quien aporta. La regla propuesta conserva esa distinción y exige identificar a un tercero cuando efectivamente paga la operación publicitaria, sin trasladar a cada aviso la totalidad de la contabilidad de una campaña. Singapur muestra un tratamiento expreso del pago por producción y de la representación falsa de candidatos, pero su respuesta se inscribe en un período y en un esquema institucional específicos. La propuesta colombiana adopta un ámbito más amplio de protección y mantiene una distribución distinta de competencias. La similitud del problema tecnológico no permite importar automáticamente facultades de retiro o sanciones de otro ordenamiento. ## 6. Conveniencia y proporcionalidad de las decisiones regulatorias ## 6.1. Deberes diferenciados por función y capacidad de control La persona que contrata una pieza, la campaña que la aprueba, el proveedor que la produce y la plataforma que vende su difusión no tienen las mismas posibilidades de prevención. El proyecto distribuye deberes según esas funciones: autorización y revisión del contenido, documentación del encargo, verificación razonable de identidades, archivo y atención de reclamaciones. La responsabilidad se construye sobre el incumplimiento de un deber propio o la participación probada en una conducta prohibida. La distinción es necesaria para evitar tanto vacíos como responsabilidades imposibles. Si todos pudieran atribuir el problema a un tercero, la intermediación eliminaría la rendición de cuentas. Si todos respondieran automáticamente por cualquier daño, se incentivaría el bloqueo preventivo de contenidos lícitos y se dificultaría la contratación de servicios legítimos. El criterio de control efectivo permite examinar qué podía exigirse razonablemente a cada interviniente. Las plataformas no quedan obligadas a revisar previamente cada publicación ni a identificar universalmente a sus usuarios. Los proveedores de herramientas de propósito general tampoco se convierten, por ese solo hecho, en partícipes de todos los usos posteriores. Las obligaciones específicas de comercialización publicitaria tienen un fundamento distinto: se refieren a operaciones que el prestador acepta y ejecuta directamente. Las directrices de UNESCO sobre gobernanza de plataformas sitúan la libertad de expresión y el acceso a la información en el centro de la distribución de responsabilidades. Su enfoque de participación de múltiples actores ofrece respaldo a una implementación abierta y a mecanismos que permitan controvertir decisiones, sin presentar la moderación privada o la intervención estatal como respuestas infalibles.32 32 UNESCO. (2023). Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales: Salvaguardar la libertad de expresión y el acceso a la información con un enfoque de múltiples partes interesadas. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387360 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## 6.2. Identificación accesible y conservación proporcionada Los avisos deben ser comprensibles en el medio de circulación. Una advertencia visual no cumple su función en un archivo de audio, y una nota oculta en condiciones generales difícilmente informa sobre una recreación concreta. El articulado exige proximidad, legibilidad o audibilidad y conservación de la identificación en segmentos difundidos separadamente. Estas exigencias responden a la forma en que el público recibe el mensaje. Los metadatos pueden complementar el aviso y apoyar una verificación posterior, pero no se presuponen persistentes ni visibles. La identificación perceptible no sustituye la documentación contractual; esta última permite determinar quién intervino, mientras el aviso ayuda a interpretar la pieza. Separar ambas funciones evita diseñar una obligación técnicamente sofisticada pero inútil para la ciudadanía. Los plazos de conservación también se diferencian. El archivo público de publicidad permite escrutinio ciudadano por tres años; los soportes contractuales de organizaciones y proveedores se conservan durante cinco; y la preservación puntual tras una reclamación opera por noventa días, susceptible de extensión mediante orden competente. No se trata de autorizar la retención indiscriminada de perfiles, conversaciones o datos de destinatarios. La finalidad determina qué información debe conservarse y quién puede acceder a ella. La publicidad de un archivo no debe perpetuar una vulneración. Si una pieza contiene material íntimo no consentido o ha sido objeto de prohibición judicial, el archivo público conserva una descripción y la evidencia queda restringida. La posibilidad de investigar y exigir responsabilidad no requiere seguir exponiendo a la víctima al contenido lesivo. ## 6.3. Prohibiciones precisas y ausencia de una infracción general de falsedad Los usos prohibidos se refieren a suplantación engañosa, fabricación de pruebas o comunicaciones oficiales, desorientación deliberada sobre procedimientos de participación, contenido íntimo sintético no consentido, redes que simulan apoyos independientes, amenazas o persecución digital y eliminación maliciosa de advertencias en supuestos definidos. La propuesta no convierte cualquier error, promesa incumplida o interpretación discutible en una infracción por uso de inteligencia artificial. Para los supuestos correspondientes, deben probarse conocimiento, propósito y aptitud objetiva de afectación. El número de visualizaciones puede servir para examinar alcance, pero no demuestra por sí solo la intención de engañar. La afiliación política o la afinidad del mensaje tampoco acreditan que una organización lo haya encargado. Estas cautelas son esenciales cuando una pieza circula por múltiples cuentas sin control de su destinatario beneficiado. La prohibición de redes automatizadas engañosas se concentra en la simulación de independencia y la fabricación de apoyo o participación. No impide que personas reales coordinen una campaña, utilicen seudónimos o compartan simultáneamente una consigna. La acción colectiva es parte de la libertad política; Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ el supuesto regulado es la producción artificial y encubierta de interlocutores que se presentan como ciudadanos independientes. ## 6.4. Reclamación rápida, prueba y protección judicial La atención temprana puede reducir la continuación de un daño sin esperar una decisión sancionatoria definitiva. Los plazos de cuarenta y ocho horas y de veinticuatro horas para supuestos especialmente graves se refieren a una respuesta motivada, no a una obligación de retirar automáticamente todo contenido denunciado. Esta diferencia permite atender urgencias y, al mismo tiempo, evita que una reclamación infundada funcione como veto inmediato. La persona afectada debe poder individualizar una pieza y explicar el problema sin adquirir previamente un peritaje. Exigir prueba técnica completa desde el primer contacto trasladaría el costo de investigación a quien puede estar en una situación de urgencia. La autoridad competente conserva la carga de demostrar la infracción cuando pretende sancionar, y los soportes aportados deben poder controvertirse. La preservación restringida de evidencia evita que la corrección voluntaria elimine los elementos necesarios para una investigación. A su vez, no autoriza interceptaciones, ruptura del cifrado ni búsqueda indiscriminada de comunicaciones privadas. La protección de derechos frente a contenido sintético no justifica crear una vigilancia general de la conversación política. El retiro forzoso se reserva al juez competente, con identificación de la pieza, alcance y duración de la medida. El proyecto no atribuye al CNE una facultad general de declarar falsa una publicación y eliminarla. Esta opción busca separar la vigilancia de obligaciones electorales y administrativas del control judicial de restricciones particularmente intensas a la expresión. ## 6.5. Sanciones, gradualidad y debido proceso La regulación distingue incumplimientos leves de transparencia o documentación de infracciones graves y actuaciones deliberadas. La omisión corregible de un aviso no merece el mismo tratamiento que la fabricación consciente de una prueba o una operación de suplantación. Las multas tienen máximos diferenciados para personas naturales y jurídicas, y su imposición exige motivación sobre gravedad, culpabilidad, alcance atribuible, daño demostrado y capacidad económica. Las cuantías en UVB se proponen como límites de una escala, no como multas automáticas ni como una estimación empírica del daño de cada publicación. Su discusión legislativa debe considerar la capacidad económica de los sujetos y la necesidad de impedir que una sanción se convierta en costo irrelevante de una operación organizada. La posibilidad de amonestación y el trato de la corrección temprana buscan preservar una respuesta proporcionada a omisiones menores. El límite agravado se vincula a circunstancias expresas: contenido íntimo sintético no consentido, operaciones financiadas que intervienen en varias circunscripciones y reincidencia definida. No se permite valorar dos veces la misma circunstancia para aumentar la sanción. Tampoco se multiplican multas por la Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ mera reiteración de visualizaciones de una pieza ni se presume solidaridad entre integrantes de una coalición. Las sanciones de esta ley no generan automáticamente pérdida de investidura, del cargo, de personería jurídica o de inscripción. Tales consecuencias afectan intensamente derechos políticos y requieren las causales y procedimientos previstos en sus regímenes propios. La adición al artículo 13 de la Ley 1475 excluye la medida allí señalada cuando la investigación se funde exclusivamente en las nuevas infracciones, sin neutralizar otras causales legales debidamente acreditadas. La coordinación entre autoridades preserva sus competencias y el principio de non bis in idem. La misma multa a una organización no puede imponerse dos veces mediante la regla especial y su remisión en la Ley 1475. La responsabilidad individual de un directivo necesita una imputación diferenciada. La coexistencia de medidas de protección, reparación y sanción debe examinarse según sus fundamentos y no resolverse mediante una acumulación automática. ## 6.6. Necesidad frente a alternativas menos exigentes La autorregulación voluntaria puede complementar el cumplimiento, pero no garantiza deberes uniformes frente a actores que deciden ignorarla. Una política interna de plataforma tampoco sustituye las garantías legales de prueba, competencia y defensa. Por ello se propone un mínimo legislativo común, dejando a la reglamentación aspectos técnicos de accesibilidad e interoperabilidad. Una prohibición general de inteligencia artificial sería más restrictiva que las medidas propuestas y eliminaría usos legítimos. Una respuesta exclusivamente penal actuaría sobre un conjunto limitado de conductas y no resolvería deberes de archivo, autorización y revisión. Un régimen basado únicamente en etiquetas sería insuficiente frente a amenazas, material íntimo o manipulación de procedimientos de votación. La combinación de instrumentos permite responder a problemas distintos con cargas diferenciadas. La propuesta tampoco confía toda la ejecución a nuevas estructuras administrativas. Aprovecha competencias existentes, prevé transición y obliga a identificar necesidades de gasto. Esta decisión favorece una implementación gradual, aunque no elimina la necesidad de recursos, formación y coordinación. La viabilidad deberá apoyarse en estimaciones institucionales y seguimiento, no en la suposición de que toda nueva obligación puede absorberse sin costo. ## 7. Contenido del proyecto y articulación con las leyes vigentes El articulado se organiza en ocho capítulos y cuarenta y dos artículos. Las adiciones a normas existentes se ubican junto a la materia que desarrollan, para facilitar su lectura y evitar que un capítulo separado de modificaciones oculte su relación con los deberes sustantivos. Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## Capítulo y artículos ## Contenido y relación normativa I. Artículos 1 a 4 Objeto, ámbito permanente, definiciones y garantías. Remisión a las definiciones legales de deepfake, divulgación política y propaganda electoral. II. Artículos 5 a 15 Usos permitidos, sátira, autorización, avisos, automatización, identificación publicitaria, archivo y trazabilidad. Adiciones al artículo 23 de la Ley 130 y a los artículos 35 y 25 de la Ley 1475. III. Artículos 16 a 18 Conductas prohibidas, datos personales y coordinación con la protección de las mujeres en política. IV. Artículos 19 a 22 Diligencia de organizaciones, proveedores y plataformas. Adición al artículo 4 de la Ley 1475 sobre contenidos estatutarios. V. Artículos 23 a 25 Reclamación, protección judicial y preservación de evidencia. Articulación con tutela y prueba electrónica. VI. Artículos 26 a 36 Competencia, culpabilidad, infracciones, sanciones, procedimiento y coordinación. Adiciones a los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley 1475. VII. Artículos 37 a 39 Límites, evaluación de impacto, control humano, contratación y transparencia de sistemas de las autoridades electorales. VIII. Artículos 40 a 42 Reglamentación técnica, implementación, transición y relación expresa de las disposiciones adicionadas. La modificación de estatutos busca que las reglas de revisión, contratación y atención se integren a la organización interna. Las adiciones sobre directivos exigen individualizar funciones y control efectivo. La conexión con el régimen sancionatorio de partidos no amplía automáticamente las consecuencias sobre personería o derechos de inscripción. Cada adición cumple una función delimitada y debe leerse junto con las garantías especiales del proyecto. Los informes de campaña deberán permitir identificar servicios de generación sintética, operación automatizada, segmentación y difusión asistida. Esta separación contable facilita el control sobre operaciones que pueden presentarse bajo conceptos genéricos de asesoría o publicidad. No se propone crear una nueva fuente de financiación ni modificar por reglamento los topes legales: se requiere que los servicios efectivamente prestados puedan reconstruirse documentalmente. El concepto complementario de comunicación política cumple una función de enlace entre actividades permanentes y electorales. No sustituye las categorías preexistentes ni permite aplicar de forma indiscriminada el régimen de campañas a cualquier opinión ciudadana. Del mismo modo, la noción de Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ publicidad remunerada activa obligaciones especiales de transparencia sin convertir cada relación económica en una autorización para realizar propaganda por fuera de sus períodos legales. ## 8. Implementación, impacto esperado y evaluación La transición diferencia obligaciones que pueden cumplirse con ajustes inmediatos de aquellas que requieren cambios documentales o tecnológicos. Los avisos y autorizaciones serán exigibles a los tres meses; los archivos, canales, trazabilidad y adecuaciones correspondientes, a los seis. El régimen administrativo sancionatorio se aplica a conductas posteriores a su entrada en vigor y no permite exigir retroactivamente registros que todavía no eran obligatorios. La reglamentación técnica deberá construirse con participación de organizaciones políticas, autoridades, sociedad civil, medios, personas con discapacidad, academia y prestadores. Su función es precisar accesibilidad e interoperabilidad, no definir nuevas infracciones o ampliar sujetos sancionables. Formularios sencillos y ejemplos públicos de cumplimiento pueden reducir costos, especialmente para organizaciones territoriales y campañas pequeñas. El impacto esperado comprende una mejor identificación del contenido sintético realista, mayor trazabilidad de operaciones publicitarias, atención temprana a personas afectadas y decisiones institucionales más controlables. Son resultados esperados de la intervención; no se presentan como efectos ya demostrados ni como promesas de eliminación de la manipulación política. El informe anual del CNE deberá permitir seguir quejas, decisiones, sanciones y tiempos de atención. Para evaluar el funcionamiento será conveniente observar, además, la proporción de correcciones voluntarias, las decisiones revocadas, las dificultades de acceso de víctimas y los costos de cumplimiento. El análisis agregado debe proteger datos personales y evitar la exposición de piezas que reproduzcan una afectación. La evaluación institucional de sistemas deberá examinar errores y medidas correctivas, sin reducirse a reportar adquisiciones o número de usuarios atendidos. Una herramienta eficiente en términos de volumen puede producir exclusiones injustificadas. La supervisión debe preguntar qué personas enfrentaron dificultades, si pudieron reclamar y si la intervención humana permitió corregirlas. La dimensión transfronteriza exige cooperación y canales de contacto, pero no justifica afirmar una capacidad de ejecución ilimitada. El ámbito territorial se vincula a servicios políticos dirigidos al público en Colombia y a elementos verificables como contratación o segmentación. La mera accesibilidad de una herramienta desde el país no basta. Este criterio busca hacer exigibles las obligaciones sin extenderlas indeterminadamente a toda infraestructura digital mundial. ## 9. Impacto fiscal y sostenibilidad de la implementación El proyecto no crea una nueva entidad, no ordena una ampliación determinada de plantas de personal ni establece un subsidio o beneficio tributario. Sin embargo, sí introduce tareas que pueden generar costos: ajustes en sistemas de reporte, atención de reclamaciones, conservación y análisis de evidencia, formación, Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ evaluaciones de impacto, auditoría contractual e inventarios públicos. Utilizar estructuras existentes no equivale a demostrar ausencia de impacto fiscal. El artículo 7 de la Ley 819 de 2003 exige hacer explícito el impacto fiscal de proyectos que ordenen gasto o concedan beneficios tributarios y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por ello, la discusión de las obligaciones operativas debe acompañarse de la identificación de costos y fuentes de financiación que resulten pertinentes, con intervención del Ministerio de Hacienda en los términos legales.33 Frente a la materia, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias. Una de estas, la sentencia C-502 de 2007, expresó que los requisitos establecidos en el artículo 7° de la norma previamente citada se constituyen como instrumentos de racionalización de la actividad legislativa que no pueden limitar el ejercicio de la función legislativa por parte del Congreso de la República ni pueden otorgar un poder de veto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con el trámite y aprobación de los proyectos de ley, pues ello vulneraría la autonomía del legislador y el principio de separación de las ramas del poder público. Así mismo, señaló que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el principal responsable de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003: “Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el ministro de Hacienda” (subrayado fuera del original). 33 Congreso de la República de Colombia. (2003). Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones (art. 7). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13712 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C. ​ ## 11. Consideraciones sobre conflictos de interés De conformidad con el régimen de la Ley 5 de 1992, modificado por la Ley 2003 de 2019, la evaluación de posibles conflictos de interés debe atender las circunstancias particulares de cada congresista y los beneficios particulares, actuales y directos que puedan derivarse de la decisión. La finalidad general de proteger la participación democrática no permite declarar anticipadamente que ningún conflicto pueda presentarse.34 Pueden requerir valoración individual vínculos económicos o de dirección con proveedores de generación sintética, agencias de publicidad política, plataformas o empresas que contraten sistemas para autoridades electorales, cuando concurran los elementos legales. Esta mención es orientadora y no constituye una declaración de impedimento ni releva del examen de cada situación. La condición de integrante de una organización política, por sí sola, tampoco resuelve automáticamente el análisis. La propuesta busca que las reglas sean generales, neutrales y aplicables a quienes intervienen en las actividades reguladas. La discusión legislativa deberá preservar esa generalidad y evitar excepciones que beneficien de manera particular a un proveedor, una plataforma o una organización determinada. ## DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ​ Representante a la Cámara Coordinador Ponente ## RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA Representante a la Cámara por Tolima - Pacto Histórico 34 Congreso de la República de Colombia. (2019). Ley 2003 de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones (modificaciones al régimen de conflicto de intereses). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=102872 Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 304-305, Edificio Nuevo del Congreso Teléfono: 3228974818 - 3904050 Ext 3472 Bogotá D.C.