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Закон Колумбии об ответственном усыновлении домашних животных
Por medio de la cual se promueve la adopción responsable de animales de compañía, se establecen incentivos en especie y servicios de bienestar animal, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2026 Doctor
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Secretario General Cámara de Representantes Congreso de la República
Asunto: Radicación del Proyecto de Ley “Por medio de la cual se promueve la adopción responsable de animales de compañía, se establecen incentivos en especie y servicios de bienestar animal, y se dictan otras disposiciones”. Respetado Secretario: En ejercicio de la facultad legislativa prevista en los artículos 139 y 140 de la Ley 5ª de 1992, me permito radicar ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se promueve la adopción responsable de animales de compañía, se establecen incentivos en especie y servicios de bienestar animal, y se dictan otras disposiciones” para que se surta el trámite legislativo correspondiente. En consecuencia, someto a consideración del Honorable Congreso de la República la presente iniciativa legislativa, junto con su correspondiente exposición de motivos. Cordialmente, ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ Representante a la Cámara por Antioquia Partido Centro Democrático
ARLEDY ALVARADO PATIÑO
Representante a la Cámara Departamento de Casanare
PROYECTO DE LEY No. __
DE 2026
“Por medio de la cual se promueve la adopción responsable de animales de compañía, se establecen incentivos en especie y servicios de bienestar animal, y se dictan otras disposiciones”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto promover la adopción responsable de animales domésticos de compañía que se encuentren bajo custodia de las entidades u organizaciones responsables de los procesos de adopción y sean susceptibles de adopción, mediante incentivos temporales en especie y servicios, acciones de educación para la tenencia responsable, alianzas interinstitucionales y mecanismos de seguimiento posadopción y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley se aplicará en todo el territorio nacional y se implementará de manera articulada con las instancias y entidades que integran el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal — SINAPYBA—.
Su interpretación y aplicación se orientará por los principios de protección y bienestar animal, solidaridad, corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, enfoque interespecie, sostenibilidad fiscal, autonomía territorial, prevención del abandono y respeto por la intimidad y la dignidad de las personas adoptantes.
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se adoptarán las siguientes definiciones:
1. Adopción responsable: Es el acto mediante el cual una persona, de manera libre, informada y voluntaria, asume la custodia, protección y cuidado de un animal doméstico de compañía, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad u organización responsable del proceso de adopción, y se compromete a garantizar, durante la vida del animal, condiciones adecuadas de alimentación, alojamiento, atención médicoveterinaria, ejercicio, socialización y bienestar, así como el cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de la tenencia responsable.
2. Animal de compañía susceptible de adopción: Es el animal doméstico destinado principalmente a la compañía humana que se encuentre bajo custodia de la entidad u organización responsable del proceso de adopción y que, previa valoración de sus condiciones de salud, comportamiento y bienestar, pueda ser entregado en adopción. Esta definición no comprende animales silvestres ni aquellos cuya tenencia, comercialización o entrega esté prohibida o sometida a un régimen especial.
3. Entidad u organización responsable del proceso de adopción: Es aquella entidad pública, centro de bienestar animal, centro regional de bienestar animal o entidad privada sin ánimo de lucro legalmente constituida que tenga bajo su custodia animales domésticos de compañía y adelante procesos de adopción conforme a la legislación vigente. También comprenderá los refugios y hogares de paso formalmente vinculados a alguna de estas entidades u organizaciones.
4. Incentivo: Es la medida temporal no monetaria, otorgada en especie o mediante la prestación de servicios, destinada a facilitar la adaptación, el cuidado y el bienestar inicial del animal adoptado y a promover la permanencia de la adopción responsable. Los incentivos previstos en la presente ley no constituyen transferencias monetarias, prestaciones periódicas o subsidios permanentes.
5. Seguimiento posadopción:
Es el conjunto de acciones de acompañamiento, orientación y apoyo de carácter preventivo y pedagógico que se realizan con posterioridad a la adopción, con el propósito de conocer el proceso de adaptación del animal, brindar orientación a la persona adoptante, identificar oportunamente eventuales dificultades en la tenencia y contribuir a prevenir situaciones de abandono, maltrato o vulneración del bienestar animal.
6. Retorno seguro: Es el procedimiento excepcional mediante el cual la persona adoptante que, por circunstancias sobrevinientes, no pueda continuar con el cuidado del animal, comunica dicha situación a la entidad u organización responsable del proceso de adopción, con el fin de coordinar su entrega y garantizar la continuidad de su protección y bienestar. El retorno deberá realizarse de manera coordinada y segura, conforme con los protocolos aplicables, sin que constituya abandono cuando la persona adoptante informe oportunamente la situación y adopte las medidas necesarias para proteger al animal mientras se formaliza su entrega.
ARTÍCULO 4. ESTRATEGIA DE INCENTIVOS PARA LA ADOPCIÓN
RESPONSABLE. En el marco del Sistema Nacional de Protección y Bienestar
Animal —SINAPYBA—, el Gobierno nacional deberá formular los lineamientos de la Estrategia de Incentivos para la Adopción Responsable de Animales de Compañía y promover su implementación progresiva, a través de las instancias de coordinación del Sistema, de acuerdo con las competencias constitucionales y legales de las entidades participantes y las disponibilidades presupuestales.
Las entidades territoriales podrán implementar estrategias o programas en desarrollo de la presente ley, de conformidad con sus competencias, capacidades institucionales, instrumentos de planeación y disponibilidad presupuestal, con observancia de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y autonomía territorial.
La estrategia procurará aprovechar, de manera articulada y eficiente, la infraestructura, las jornadas de adopción, los sistemas de información, las apropiaciones presupuestales disponibles y las capacidades institucionales existentes.
PARÁGRAFO 1°. La estrategia se desarrollará mediante la institucionalidad existente y no implicará la creación de nuevas entidades, fondos con personería jurídica, patrimonios autónomos, dependencias administrativas o plantas de personal.
PARÁGRAFO 2°. Las entidades territoriales podrán adoptar una denominación propia para la estrategia o programas que implementen en desarrollo de la presente ley, siempre que observen los requisitos mínimos establecidos en esta ley y su reglamentación.
ARTÍCULO 5. MEDIDAS DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LA ADOPCIÓN RESPONSABLE. La Estrategia de Incentivos para la Adopción
Responsable podrá contemplar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, la capacidad institucional, los criterios de priorización y las alianzas existentes, las siguientes medidas de apoyo, acompañamiento y seguimiento:
1. Alimentación: entrega gradual y en especie de alimento adecuado para un periodo máximo de tres (3) meses, de acuerdo con la especie, edad, tamaño, condición corporal y requerimientos nutricionales del animal, conforme con la valoración o recomendación médico-veterinaria cuando resulte procedente.
2. Servicios médico-veterinarios: valoración médico-veterinaria, vacunación, desparasitación, esterilización, identificación individual y demás servicios requeridos para facilitar la adaptación y el bienestar inicial del animal, cuando no hubieren sido prestados antes de la adopción.
Estos servicios se prestarán de acuerdo con la edad, especie, condición clínica y características particulares del animal, dentro de los doce (12) meses siguientes a la adopción y con sujeción a los protocolos técnicos, criterios de priorización, disponibilidad presupuestal y alianzas existentes.
3. Medicamentos: suministro temporal de medicamentos previamente formulados para animales geriátricos, con discapacidad o con enfermedades crónicas controladas, por un periodo máximo de tres (3) meses, sujeto a valoración médico-veterinaria, disponibilidad presupuestal, donaciones y alianzas existentes.
4. Orientación e información: la entidad u organización responsable del proceso de adopción deberá proporcionar a la persona adoptante, antes de la entrega del animal y durante el periodo inicial de adaptación cuando resulte necesario, información y orientación suficiente sobre cuidado, nutrición, comportamiento, salud preventiva, protección y tenencia responsable.
5. Bienes básicos: entrega de recipientes para alimentación e hidratación, collar o pechera, correa, arenera, elementos de descanso u otros bienes necesarios, según la especie y las necesidades particulares del animal, siempre que sean aportados mediante donaciones, alianzas, convenios o con cargo a los recursos disponibles para la implementación de la estrategia.
6. Seguimiento posadopción: conjunto de acciones de acompañamiento, orientación y apoyo de carácter preventivo y pedagógico que se realizan con posterioridad a la adopción, con el propósito de conocer el proceso de adaptación del animal, brindar orientación a la persona adoptante, identificar oportunamente eventuales dificultades en la tenencia y contribuir a prevenir situaciones de abandono, maltrato o vulneración del bienestar animal.
PARÁGRAFO 1°. Los incentivos serán temporales, se entregarán en especie o mediante servicios, no podrán otorgarse en dinero directamente a las personas adoptantes y no constituirán un derecho adquirido, prestación periódica o subsidio permanente.
PARÁGRAFO 2°. La reglamentación definirá los estándares técnicos de calidad, trazabilidad, almacenamiento, transporte y entrega del alimento, medicamentos y demás bienes. En ningún caso podrán distribuirse productos vencidos, alterados, retirados del mercado o no aptos para el uso o consumo animal.
PARÁGRAFO 3°. La ausencia, indisponibilidad o agotamiento de los incentivos no podrá impedir una adopción que cumpla los requisitos de bienestar animal, idoneidad y responsabilidad.
ARTÍCULO 6. REQUISITOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. Para participar en un proceso de adopción responsable, la persona interesada deberá:
1. Ser mayor de edad. 2. Acreditar condiciones razonables para garantizar el cuidado y bienestar del animal. 3. Suscribir el acta o contrato de adopción correspondiente. 4. Participar en la orientación inicial sobre tenencia responsable. 5. Suministrar los datos de contacto necesarios y aceptar el seguimiento posadopción en los términos establecidos en la presente ley, en los protocolos de la entidad u organización responsable del proceso de adopción y en su reglamentación, sin que ello implique renuncia a los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. 6. No encontrarse sujeta a una prohibición vigente de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales, impuesta mediante decisión judicial ejecutoriada.
La evaluación deberá determinar la compatibilidad entre las necesidades particulares del animal, las condiciones del entorno y la capacidad de cuidado de la persona adoptante. La situación económica de esta última no podrá constituir, por sí sola, un criterio para aprobar o negar la adopción.
PARÁGRAFO 1°. PRIORIZACIÓN DE LOS ANIMALES. La entidad u organización responsable del proceso de adopción podrá adoptar medidas dirigidas a promover prioritariamente la adopción de animales:
1. Geriátricos o de edad avanzada. 2. Con discapacidad. 3. Con enfermedades crónicas controladas. 4. Con permanencia prolongada bajo custodia de centros de bienestar animal, hogares de paso, refugios o entidades privadas sin ánimo de lucro. 5. Que presenten características asociadas con una menor probabilidad de adopción. También podrá priorizarse la adopción conjunta de animales que hayan desarrollado vínculos sociales cuya separación pueda afectar su bienestar, de acuerdo con la valoración técnica correspondiente.
PARÁGRAFO 2°. FOCALIZACIÓN DE LOS INCENTIVOS. Los incentivos temporales previstos en la presente ley podrán focalizarse en hogares idóneos que enfrenten barreras económicas para asumir los costos iniciales de alimentación, adaptación, atención médico-veterinaria, medicamentos o adquisición de elementos básicos de cuidado.
La focalización se realizará mediante criterios objetivos, verificables y proporcionales definidos en la reglamentación y estará sujeta a la disponibilidad de bienes, servicios, recursos y alianzas. El cumplimiento de los criterios no generará un derecho automático a recibir los incentivos.
PARÁGRAFO 3°. La evaluación de idoneidad y la focalización de los incentivos deberán respetar la intimidad, la dignidad y la protección de los datos personales. No podrán fundarse en criterios discriminatorios ni exigir condiciones económicas, patrimoniales o habitacionales suntuarias que no guarden relación directa con el bienestar y las necesidades particulares del animal.
ARTÍCULO 7. SEGUIMIENTO POSADOPCIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y
PREVENCIÓN DEL ABANDONO Y DEL FRAUDE. La entidad u organización responsable del proceso de adopción que entregue el animal realizará seguimiento posadopción con enfoque preventivo y pedagógico por un periodo de hasta doce (12) meses, de conformidad con los protocolos aplicables y atendiendo las necesidades del animal, las circunstancias de la adopción y el nivel de riesgo identificado.
El seguimiento podrá efectuarse mediante comunicaciones, mecanismos virtuales o visitas previamente concertadas con la persona adoptante. Deberá ser razonable y proporcional y respetará la intimidad, la dignidad, la inviolabilidad del domicilio y la protección de los datos personales de la persona adoptante y de los demás integrantes del hogar.
La persona adoptante deberá:
1. Garantizar las condiciones de protección, cuidado y bienestar animal previstas en la legislación vigente. 2. Informar los cambios relevantes de ubicación o custodia del animal. 3. Abstenerse de venderlo, reproducirlo con fines comerciales, cederlo informalmente o abandonarlo. 4. Comunicar oportunamente la imposibilidad sobreviniente de continuar con su cuidado, con el propósito de activar el mecanismo de retorno seguro. El suministro deliberado de información falsa, la obtención fraudulenta de incentivos, la comercialización del animal, la venta no autorizada de los bienes recibidos y el incumplimiento grave de los compromisos asumidos darán lugar a la exclusión del acceso a los incentivos de la estrategia, sin perjuicio de las demás consecuencias legales aplicables, de acuerdo con la gravedad de la conducta y previo agotamiento del procedimiento establecido.
La exclusión deberá estar precedida de un procedimiento o protocolo previamente establecido que garantice a la persona adoptante el conocimiento de los hechos, la posibilidad de presentar explicaciones y pruebas y la adopción de una decisión motivada.
Cuando la decisión sea adoptada por una autoridad pública, procederán los recursos establecidos en ordenamiento jurídico administrativo. Cuando sea adoptada por una organización privada, deberán garantizarse mecanismos de revisión conforme con sus estatutos, protocolos y el respectivo acuerdo de adopción, sin perjuicio del derecho de la persona interesada de acudir ante las autoridades competentes.
Cuando durante el seguimiento se adviertan hechos que puedan constituir abandono, maltrato animal o cualquier otra conducta sancionable, la entidad u organización responsable del proceso de adopción deberá dar traslado inmediato a las autoridades competentes y activar las rutas de atención y protección previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de las medidas urgentes que legalmente procedan para proteger al animal.
La persona que se encuentre sujeta a una prohibición vigente de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales, impuesta mediante decisión judicial ejecutoriada, no podrá participar en un nuevo proceso de adopción durante el término establecido en la respectiva decisión.
PARÁGRAFO 1°. La imposibilidad sobreviniente y debidamente comunicada de continuar con el cuidado del animal no será considerada abandono ni dará lugar, por sí sola, a la exclusión de la persona adoptante, siempre que esta haga uso oportuno del mecanismo de retorno seguro y adopte las medidas necesarias para garantizar la protección del animal mientras se formaliza su entrega.
PARÁGRAFO 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 4.º del presente artículo, cuando no se haya comprobado una utilización indebida de los apoyos, únicamente podrá solicitarse la devolución de los bienes no consumibles que hayan sido entregados expresamente en calidad de préstamo o tenencia temporal, siempre que dicha condición conste en el acta de entrega correspondiente.
PARÁGRAFO 3°. Las entidades u organizaciones responsables de los procesos de adopción reforzarán las acciones de información, orientación y seguimiento durante las festividades y demás temporadas en las que se presente un incremento significativo de las adopciones, con el propósito de prevenir decisiones impulsivas y posteriores situaciones de abandono.
PARÁGRAFO. 4º. RESTITUCIÓN DE APOYOS POR USO INDEBIDO. Cuando, previa verificación de los hechos y con garantía del debido proceso, se determine que la persona adoptante comercializó, cedió a terceros o destinó para fines diferentes al bienestar del animal los alimentos, insumos o elementos recibidos en desarrollo de la estrategia, la entidad u organización responsable del proceso de adopción deberá exigir la devolución de los bienes no consumidos o el reintegro de su valor, según corresponda.
Esta medida se aplicará sin perjuicio de la exclusión del acceso a futuros incentivos, del traslado de los hechos a las autoridades competentes y de las demás acciones legales a que haya lugar. En ningún caso se exigirá la devolución o el pago de alimentos, medicamentos, servicios o elementos que hayan sido efectivamente utilizados para el cuidado y bienestar del animal.
ARTÍCULO 8. ALIANZAS Y FUENTES DE APOYO. La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios, contratos y alianzas con entidades u organizaciones responsables de los procesos de adopción, universidades, clínicas y profesionales veterinarios, productores y comercializadores de alimentos, medicamentos e insumos, cajas de compensación familiar, organizaciones de cooperación, empresas y demás actores públicos, privados o comunitarios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.
La estrategia podrá financiarse con:
1. Las apropiaciones presupuestales que las entidades competentes destinen para su implementación. 2. Recursos de las entidades territoriales. 3. Recursos de cooperación nacional o internacional. 4. Donaciones en dinero o en especie. 5. Aportes voluntarios. 6. Las demás fuentes legalmente permitidas. Los recursos y donaciones serán recibidos, administrados y ejecutados por las entidades públicas competentes o por las entidades privadas sin ánimo de lucro que participen en la estrategia mediante convenio, contrato o instrumento jurídico válido, de acuerdo con las normas presupuestales, contractuales, contables y de control aplicables.
En ningún caso los recursos en dinero podrán ser entregados directamente a las personas adoptantes.
La ejecución de la estrategia será gradual y estará sujeta a las disponibilidades presupuestales y al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Las disposiciones de la presente ley no podrán interpretarse como una obligación de apropiar partidas presupuestales específicas.
PARÁGRAFO. Las donaciones serán recibidas, valoradas, registradas, custodiadas y distribuidas con criterios de trazabilidad, publicidad y control. La participación de actores privados no otorgará exclusividad comercial ni permitirá publicidad engañosa o condicionamientos comerciales dirigidos a las personas adoptantes.
ARTÍCULO 9°. Las entidades u organizaciones responsables de los procesos de adopción podrán promover esquemas de apadrinamiento o aportes voluntarios destinados al sostenimiento, atención y bienestar de los animales de compañía que permanezcan bajo su custodia. Estos esquemas podrán incluir visitas previamente concertadas, de conformidad con la capacidad operativa y los protocolos de bioseguridad, bienestar animal y funcionamiento de cada entidad u organización.
El apadrinamiento o aporte voluntario no conferirá derechos de propiedad, custodia, tenencia o decisión sobre el animal, ni condicionará o sustituirá el correspondiente proceso de adopción.
ARTÍCULO 10. INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN. La información generada con ocasión de la implementación de la estrategia será reportada y consolidada mediante los mecanismos e instrumentos definidos en el marco del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal —SINAPYBA—, procurando la utilización de los sistemas de información existentes y evitando la creación de plataformas paralelas.
La información deberá permitir el seguimiento de los siguientes aspectos:
1. Número y características generales de los animales entregados en adopción. 2. Número y tipo de incentivos otorgados. 3. Permanencia de los animales en los hogares adoptantes. 4. Retornos y sus principales causas. 5. Número de animales priorizados beneficiados. 6. Fuentes generales de financiación. 7. Resultados del seguimiento posadopción y del bienestar de los animales adoptados. Las entidades públicas ejecutoras publicarán anualmente resultados agregados en sus sitios web o en los medios institucionales disponibles y reportarán la información correspondiente mediante los mecanismos establecidos por el SINAPYBA.
Las organizaciones privadas que participen en la ejecución de la estrategia entregarán la información correspondiente a la entidad pública con la cual hayan celebrado el convenio, contrato, alianza o instrumento jurídico respectivo, de acuerdo con las obligaciones pactadas.
El tratamiento de los datos personales se sujetará a la legislación vigente. La información publicada deberá presentarse de manera agregada o anonimizada y no podrá incluir la dirección, ubicación precisa ni otros datos que permitan identificar a las personas o a los hogares adoptantes.
PARÁGRAFO. La evaluación de la estrategia tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la reducción del tiempo promedio de permanencia de los animales bajo custodia, el porcentaje de adopciones sostenidas, las causas de retorno, los incentivos entregados y los resultados de bienestar animal.
ARTÍCULO 11. Incentivos por la adopción y el apadrinamiento responsable. Con el propósito de promover la adopción y el apadrinamiento responsable de animales de compañía, las personas que acrediten haber realizado alguna de estas acciones, de conformidad con los mecanismos de certificación establecidos en la presente ley, podrán acceder a los siguientes incentivos:
1. Incentivo en instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior de naturaleza privada podrán establecer, dentro de sus políticas institucionales, descuentos en el valor de la matrícula o en otros derechos pecuniarios a favor de los estudiantes que acrediten haber adoptado o apadrinado responsablemente un animal de compañía. El porcentaje, condiciones, vigencia y requisitos del beneficio serán determinados por cada institución, sin que pueda trasladarse al estudiante el valor del descuento mediante cobros adicionales.
2. Incentivo en prelación de empate en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior . Las instituciones de educación superior dentro de su autonomía universitaria podrán establecer como criterio de desempate en los resultados de los exámenes de ingreso la presentación del certificado de adopción o apadrinamiento expedido por las entidades responsables del proceso de adopción o apadrinamiento señalados en la presente ley.
3. Incentivo para el acceso a becas educativas. Las instituciones de educación superior dentro de su autonomía universitaria podrán establecer como criterio de preferencia para la adjudicación de becas el certificado de adopción o apadrinamiento expedido por las entidades responsables del proceso de adopción o apadrinamiento señalado en la presente ley.
4. Descuento por una sola vez de rebaja del cinco (5%) en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los dos (2) años siguientes a la expedición de la certificación de adopción o apadrinamiento de que trata la presente ley. Este valor se descontará del valor del pasaporte que se destina a la Nación.
Parágrafo 1°. La acreditación de la adopción o del apadrinamiento responsable se realizará mediante certificación expedida por la entidad pública, establecimiento, fundación u organización debidamente habilitada para tal efecto, conforme a los requisitos que determine la reglamentación.
Parágrafo 2°. El acceso a los incentivos previstos en el presente artículo estará sujeto a que la adopción o el apadrinamiento se mantengan bajo las condiciones de responsabilidad y bienestar animal establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias.
ARTÍCULO 12. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno nacional, bajo el liderazgo conjunto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y las demás entidades competentes que integran el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal —SINAPYBA—, reglamentará la presente ley dentro de los doce (12) meses siguientes a su promulgación.
La reglamentación establecerá, entre otros aspectos:
1. Los requisitos mínimos para acceder a los incentivos. 2. Los protocolos de adopción, seguimiento posadopción y retorno seguro. 3. Los criterios objetivos para la priorización de animales y la focalización de los incentivos. 4. Los estándares técnicos y sanitarios aplicables a los alimentos, medicamentos, bienes y servicios entregados. 5. Las reglas de trazabilidad, registro, seguimiento, reporte y evaluación. 6. Los mecanismos para prevenir la obtención fraudulenta de incentivos.
7. Los procedimientos para la exclusión del acceso a los incentivos, con garantía del debido proceso. 8. Los lineamientos diferenciales para los municipios de categorías 4, 5 y 6 y para las zonas rurales o de difícil acceso. 9. Los criterios, procedimientos y mecanismos aplicables a la devolución de bienes o al reintegro de su valor por utilización indebida de los apoyos, con garantía del debido proceso y reglas objetivas para determinar su cuantía.
PARÁGRAFO. La falta de expedición de la reglamentación no suspenderá ni impedirá la continuidad de los programas, jornadas y procesos de adopción responsable que adelanten las entidades u organizaciones responsables de los procesos de adopción, de conformidad con sus competencias y capacidades y con la legislación vigente.
ARTÍCULO 13. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. De los Honorables Congresistas,
ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ
Representante a la Cámara Departamento de Antioquia
ARLEDY ALVARADO PATIÑO
Representante a la Cámara Departamento de Casanare
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DE LEY No. DE 2026
“Por medio de la cual se promueve la adopción responsable de animales de compañía, se establecen incentivos en especie y servicios de bienestar animal, y se dictan otras disposiciones”.
I. OBJETO DE LA INICIATIVA
El proyecto tiene por objeto promover la adopción responsable de animales domésticos de compañía que se encuentren bajo custodia de entidades u organizaciones responsables de los procesos de adopción y sean susceptibles de adopción, mediante una estrategia de incentivos temporales en especie y servicios, acciones de educación para la tenencia responsable, articulación interinstitucional y mecanismos de seguimiento posadopción. Los incentivos podrán comprender alimentación, valoración médico-veterinaria, vacunación, desparasitación, esterilización, identificación, orientación y elementos básicos de cuidado. Estos apoyos tendrán carácter estrictamente temporal y estarán sujetos a la disponibilidad de bienes, servicios, recursos y alianzas. En ningún caso se entregarán en dinero ni darán lugar a una prestación periódica, un subsidio permanente o un derecho automático para quien adopte. El proyecto establece, además, criterios diferenciados para promover la adopción de animales que enfrentan mayores dificultades para encontrar hogar —geriátricos, con discapacidad, con enfermedades crónicas controladas, con permanencia prolongada en albergues o con vínculos que aconsejen su adopción conjunta— y contempla, de manera independiente, la posibilidad de focalizar los incentivos en hogares idóneos con barreras económicas para asumir los costos iniciales, sin que la situación económica sea, por sí sola, motivo para negar una adopción. Finalmente, busca fortalecer la coordinación entre la Nación, las entidades territoriales, los centros de bienestar animal, los refugios, las universidades, los profesionales veterinarios y el sector privado, aprovechando la infraestructura y las capacidades ya existentes. Con ello se espera aumentar las adopciones efectivas y sostenibles, reducir los retornos y prevenir nuevos casos de abandono.
II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
A. Antecedentes
La protección animal en Colombia ha tenido una evolución jurídica e institucional importante, en particular desde el reconocimiento de los animales como seres sintientes y la consolidación de deberes específicos de protección a cargo del Estado y de la sociedad. Dentro de ese proceso, la adopción responsable se ha consolidado como una de las principales alternativas para dar protección a los animales abandonados, perdidos, rescatados o vulnerables, al permitir su incorporación a un entorno familiar adecuado y reducir su permanencia en centros de bienestar animal, hogares de paso y refugios. El país cuenta hoy con un marco normativo relativamente reciente y en evolución, descrito con mayor detalle en el apartado de marco legal. Este marco ha fortalecido principalmente las etapas de rescate, atención temporal, esterilización y promoción de la adopción. Algunas entidades territoriales y organizaciones de protección animal ya han ensayado jornadas, campañas y apoyos puntuales para facilitar la adopción, con resultados alentadores pero desiguales: su alcance depende, en últimas, de las capacidades institucionales y presupuestales de cada territorio y de la disponibilidad de donaciones y alianzas. De ahí surge la necesidad de unos lineamientos nacionales que articulen esos esfuerzos dispersos.
B. Problema que se pretende atender
El abandono, la pérdida y la tenencia irresponsable de animales de compañía afectan su bienestar y generan, además, consecuencias para la convivencia ciudadana, la salud pública y la capacidad operativa de las entidades territoriales y de las organizaciones que los protegen. Cuando un animal permanece por tiempo prolongado en un centro de bienestar animal, un hogar de paso o un refugio, aumenta la presión sobre la infraestructura y los recursos disponibles, y se limita la capacidad de esas organizaciones para recibir nuevos animales en condición de abandono o riesgo. El problema, entonces, no está tanto en la etapa previa a la adopción, donde ya existen mecanismos de atención, albergue y esterilización, sino en la transición misma: el paso del animal desde el cuidado temporal hacia un hogar estable y adecuado. Ahí aparecen, al menos, tres dificultades concretas. La primera es económica: los costos iniciales de alimentación, adecuación del entorno, atención veterinaria, medicamentos, identificación y elementos básicos de cuidado, aunque forman parte de las responsabilidades normales de la tenencia, tienden a concentrarse justo en las primeras semanas, cuando pueden aplazar o incluso desincentivar la decisión de adoptar en personas y hogares que, por lo demás, reúnen condiciones razonables para hacerlo.
La segunda tiene que ver con la desigualdad entre los propios animales: los geriátricos, aquellos con discapacidad o enfermedades crónicas controladas, los de permanencia prolongada bajo custodia y aquellos que han desarrollado vínculos sociales cuya separación podría afectar su bienestar enfrentan obstáculos adicionales para encontrar un hogar. La tercera es la sostenibilidad del proceso una vez concretada la adopción. Entregar el animal no garantiza, por sí solo, que la adopción perdure: la falta de orientación sobre comportamiento, alimentación y salud preventiva, y el desconocimiento de las responsabilidades que implica la tenencia, pueden derivar en retornos evitables, cesiones informales o nuevos abandonos. A esto se suma una respuesta institucional desigual entre territorios: mientras algunos municipios y distritos cuentan con centros de bienestar animal, jornadas de adopción y mecanismos de seguimiento, otros dependen casi exclusivamente del trabajo de hogares de paso, refugios y entidades privadas sin ánimo de lucro. Cualquier estrategia nacional tiene que ser lo bastante flexible para acomodarse a esa diversidad. Por último, conviene anotar que incorporar incentivos a la adopción no está exento de riesgos si no se acompaña de controles adecuados: sin requisitos de idoneidad, trazabilidad y seguimiento podrían presentarse adopciones motivadas únicamente por el interés en los bienes o servicios ofrecidos, solicitudes fraudulentas, comercialización de lo entregado, reproducción del animal con fines económicos o abandono posterior. En síntesis, el problema que busca atender esta iniciativa no es simplemente aumentar el número de adopciones, sino mejorar las condiciones para que esas adopciones sean responsables y perduren en el tiempo: reduciendo las barreras iniciales, priorizando a los animales con mayores dificultades, focalizando los apoyos temporales y reforzando la orientación y el seguimiento durante la adaptación.
C. Justificación de la medida
La adopción responsable es, como ya se dijo, una alternativa de protección para animales abandonados, perdidos, rescatados o vulnerables. Pero para que funcione de manera sostenible necesita ir acompañada de medidas que faciliten la adaptación del animal, fortalezcan la capacidad de cuidado de quien adopta y reduzcan el riesgo de retorno, cesión irregular o abandono. Ahí es donde entran los incentivos temporales que propone este proyecto. Conviene ser claro sobre lo que estos incentivos no son: no se trata de pagarle a nadie por adoptar, ni de trasladar de manera permanente al Estado la responsabilidad de sostener al animal. Son apoyos iniciales, limitados en el tiempo y verificables —alimento por un periodo determinado, servicios médico-veterinarios, vacunación, desparasitación, esterilización, identificación, medicamentos en los casos que corresponda, orientación y elementos básicos— pensados para acompañar la etapa inicial de adaptación, especialmente durante los primeros meses. Entregarlos principalmente en especie o mediante servicios, y no en dinero, no es un detalle menor: facilita la trazabilidad, permite verificar su destinación real y reduce el riesgo de que los recursos terminen utilizándose para fines distintos al bienestar del animal. La estrategia tiene, además, un componente de focalización: los incentivos podrán dirigirse a hogares idóneos que enfrenten barreras económicas para asumir los costos iniciales, sin que la situación económica sea, por sí sola, un criterio para aprobar o negar la adopción. También incorpora una priorización a favor de los animales que enfrentan mayores dificultades para encontrar un hogar —geriátricos, con discapacidad, con enfermedades crónicas controladas, de permanencia prolongada o con vínculos que aconsejen una adopción conjunta—. Esta priorización no constituye un trato discriminatorio, sino una diferenciación razonable basada en criterios objetivos de bienestar animal y vulnerabilidad. Las salvaguardas frente al fraude y el abandono —la evaluación de idoneidad, el acta o contrato de adopción, la identificación individual, el seguimiento posadopción, la trazabilidad de los apoyos y el mecanismo de retorno seguro— completan el diseño. Institucionalmente, la propuesta se apoya en el SINAPYBA y aprovecha la infraestructura, las jornadas de adopción, los sistemas de información y las capacidades ya existentes; por eso no requiere crear una nueva entidad ni una estructura paralela. Respeta también la autonomía territorial, pues su implementación será progresiva y estará condicionada a las competencias, capacidades y disponibilidad presupuestal de cada entidad territorial, lo que permitirá esquemas diferenciados para los municipios con menor capacidad operativa y financiera. Finalmente, la posibilidad de celebrar alianzas con universidades, profesionales médico-veterinarios, productores y comercializadores de alimentos e insumos, empresas y organizaciones de cooperación permite ampliar las fuentes de apoyo y promover la corresponsabilidad social, con sujeción a las apropiaciones disponibles y a las normas presupuestales, contractuales, sanitarias, contables y de control aplicables.
III. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
A. Fundamento Constitucional
La presente iniciativa encuentra respaldo en los artículos 8, 58, 79, 80, 95 numeral 8, 150 y 154 de la Constitución Política. El artículo 8 impone al Estado y a las personas el deber de proteger las riquezas naturales de la Nación; el artículo 58 reconoce la función social y ecológica de la propiedad; los artículos 79 y 80 consagran el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de proteger la diversidad e integridad del ambiente; y el numeral 8 del artículo 95 impone a todas las personas el deber de proteger los recursos naturales. La Corte Constitucional ha leído estos mandatos, en conjunto, como fundamento del deber de protección animal y de la facultad del legislador para adoptar medidas dirigidas a prevenir el maltrato y promover el bienestar animal. Los artículos 150 y 154, por su parte, sustentan la competencia del Congreso y la iniciativa legislativa de sus miembros para tramitar proyectos como este. La promoción de la adopción responsable mediante incentivos temporales desarrolla, en consecuencia, ese deber constitucional de protección animal, siempre que su implementación respete la autonomía territorial, la sostenibilidad fiscal, la intimidad, el debido proceso y los demás principios constitucionales aplicables.
B. Marco Legal
El ordenamiento jurídico colombiano contiene ya varias disposiciones que reconocen a los animales como seres sintientes, previenen el maltrato, promueven su bienestar y fijan responsabilidades institucionales y ciudadanas frente a su protección. Este proyecto se integra a ese marco y lo complementa con medidas específicas de adopción responsable. La Ley 84 de 1989, que adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, sentó las bases generales para prevenir y sancionar el maltrato animal y consagró deberes de cuidado, alimentación y trato adecuado. La Ley 1774 de 2016 modificó el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la propia Ley 84, y reconoció expresamente que los animales son seres sintientes que merecen especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados por el ser humano; incorporó, además, los principios de protección animal, bienestar animal y solidaridad social, de los cuales se deriva que quien tiene un animal a su cargo debe garantizarle condiciones libres de hambre, sed, malestar, dolor injustificado y miedo, y la posibilidad de manifestar su comportamiento natural. La Ley 1801 de 2016, que expidió el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vinculó la tenencia de animales con la convivencia ciudadana y las competencias de las autoridades territoriales y de policía. La Ley 2054 de 2020 modificó su artículo 119 para reforzar las responsabilidades de municipios y distritos frente a animales perdidos, abandonados, rescatados o vulnerables, ordenó habilitar lugares seguros para su atención según la capacidad financiera de cada entidad territorial, reconoció la posibilidad de apoyar refugios o fundaciones mientras no existan centros propios y —esto es especialmente relevante para el proyecto— dispuso la realización periódica de jornadas de promoción de la adopción y esterilización. La Ley 2374 de 2024, conocida como “Esterilizar Salva”, estableció el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida para controlar ética y humanamente la población animal, prevenir la reproducción no controlada y contribuir a disminuir el abandono. Esta disposición complementa la adopción responsable, pues la esterilización constituye una herramienta preventiva frente al crecimiento de la población de animales en condición de calle o vulnerabilidad El artículo 31 de la Ley 2294 de 2023 creó el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal —SINAPYBA— como el conjunto de políticas, normas, programas, instituciones y actores encargados de articular la protección y el bienestar animal en el país; su organización y funcionamiento fueron reglamentados por el Decreto 810 de 2025, que lo incorporó al Decreto 1076 de 2015 y definió sus integrantes e instancias de coordinación. Precisamente porque el SINAPYBA ya existe, este proyecto no propone un sistema paralelo, sino que desarrolla la estrategia de incentivos dentro de esa institucionalidad. La Ley 2455 de 2025 (“Ley Ángel”) fortaleció la lucha contra el maltrato animal y actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, reforzando las medidas de prevención, atención, investigación y sanción; reconoce el abandono como una conducta contraria a la protección animal, razón por la cual este proyecto no crea un régimen sancionatorio propio, sino que remite esos casos a las autoridades y rutas ya previstas en la ley. La Ley 2480 de 2025 (“Ley Kiara”) reguló los servicios de cuidado para animales de compañía y las obligaciones de seguridad y bienestar exigibles a quienes los prestan, disposiciones que complementan los deberes de cuidado aplicables durante la adaptación posadopción. Y la Ley 2499 de 2025 creó los Centros Regionales de Bienestar Animal, fijó lineamientos para su operación y dispuso jornadas periódicas de adopción, fortaleciendo la capacidad regional para atender animales en condición de abandono o vulnerabilidad; estos centros podrán participar directamente en los procesos de adopción y articulación que prevé el proyecto. Por su parte, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 fija el régimen general de protección de datos personales, aplicable a la información que se recopile de las personas adoptantes durante la evaluación de idoneidad, la focalización de incentivos y el seguimiento posadopción; las organizaciones responsables deberán observar los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad, y la aceptación del seguimiento no podrá entenderse como renuncia a la intimidad, a la protección de datos o a la inviolabilidad del domicilio. Finalmente, el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 exige que los proyectos de ley que ordenen gasto hagan explícito su impacto fiscal y acrediten su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este proyecto responde a esa exigencia previendo que los incentivos serán temporales, se entregarán en especie o servicios, no constituirán transferencias monetarias ni derechos adquiridos, y estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y a las alianzas existentes, como se explica con más detalle en el capítulo de impacto fiscal.
C. Consideraciones
El recorrido normativo anterior muestra que Colombia ya cuenta con herramientas para reconocer a los animales como seres sintientes, sancionar el maltrato, atender el abandono, promover la esterilización y articular las actuaciones institucionales a través del SINAPYBA. Lo que falta, y lo que busca aportar este proyecto, es un puente más sólido entre el albergue temporal y el hogar estable y adecuado. Los incentivos que se proponen tienen una destinación directamente ligada al bienestar del animal, distinguen con claridad la evaluación de idoneidad de la focalización del apoyo económico, y priorizan de manera razonable —no discriminatoria— a los animales con mayores dificultades de adopción. El seguimiento posadopción se concibe como un mecanismo pedagógico y preventivo, no como vigilancia arbitraria, y el retorno seguro ofrece una salida responsable frente a la imposibilidad sobreviniente de continuar con el cuidado del animal. Cuando los hechos configuren abandono, maltrato u otra conducta sancionable, el proyecto remite el caso a las autoridades y rutas ya existentes, sin crear un régimen sancionatorio paralelo. Y en el plano institucional, al desarrollarse dentro del SINAPYBA y respetar la autonomía territorial, la propuesta no exige crear entidades, fondos o plantas de personal nuevas, ni duplica funciones ya asignadas a las autoridades nacionales o territoriales.
D. Marco Jurisprudencial
La Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial consolidada según la cual la protección de los animales constituye un deber constitucional que se deriva, entre otros, de los artículos 8, 79, 80 y 95 de la Constitución Política, así como del principio de dignidad humana, la función ecológica de la propiedad y la denominada Constitución Ecológica. En desarrollo de este mandato, el legislador se encuentra facultado para adoptar medidas razonables y proporcionadas dirigidas a prevenir el maltrato, promover el bienestar animal y fomentar formas responsables de relacionamiento entre los seres humanos y los animales. En la Sentencia C-666 de 2010, la Corte Constitucional determinó que la protección de los animales hace parte de los deberes que la Constitución impone tanto al Estado como a las personas. La corporación señaló que los animales son seres capaces de sentir dolor y que, por consiguiente, existe un deber de evitar sufrimientos innecesarios y de limitar las prácticas que impliquen crueldad o maltrato. Esta decisión constituye uno de los principales fundamentos jurisprudenciales de la presente iniciativa, pues permite entender que la actuación estatal en materia de bienestar animal no debe limitarse a sancionar las conductas de maltrato una vez ocurridas, sino que también puede comprender medidas preventivas, educativas y de promoción, como aquellas orientadas a facilitar la adopción responsable y reducir el abandono. Posteriormente, mediante la Sentencia C-283 de 2014, la Corte declaró ajustada a la Constitución la prohibición del uso de animales silvestres en circos. En esa providencia reiteró que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para establecer medidas de protección animal, incluso cuando estas puedan incidir sobre determinadas actividades económicas, siempre que persigan una finalidad constitucionalmente legítima y respeten criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Por su parte, en la Sentencia C-467 de 2016, al examinar las modificaciones introducidas por la Ley 1774 de 2016 al Código Civil, la Corte reconoció que la clasificación patrimonial aplicable a los animales no elimina su condición de seres sintientes ni los deberes especiales de protección que de ella se derivan. En consecuencia, las facultades jurídicas ejercidas sobre los animales se encuentran limitadas por el deber de garantizar su bienestar y evitar el maltrato y el sufrimiento injustificado. En la Sentencia C-045 de 2019, relacionada con la caza deportiva, la Corte profundizó en el alcance del mandato constitucional de protección animal y sostuvo que las actividades que ocasionen la muerte o el sufrimiento de animales exclusivamente con fines recreativos no encuentran una justificación constitucional suficiente. Esta providencia reafirmó que la protección animal es una finalidad constitucional relevante que puede sustentar decisiones legislativas de prevención y restricción. Asimismo, en la Sentencia C-148 de 2022, al estudiar disposiciones relacionadas con la pesca deportiva, la Corte reiteró que la protección animal constituye un límite constitucional a las actuaciones humanas y que el ordenamiento no debe admitir prácticas que produzcan sufrimiento o muerte animal cuando su finalidad sea exclusivamente recreativa. La decisión consolidó el deber de avanzar progresivamente en la protección de los animales y de interpretar las disposiciones legales de conformidad con su condición de seres sintientes. De esta línea jurisprudencial pueden extraerse los siguientes criterios relevantes para el proyecto de ley:
1. La protección de los animales constituye un deber constitucional exigible al Estado y a las personas. 2. La condición de los animales como seres sintientes impone el deber de prevenir el dolor, el abandono, el maltrato y los sufrimientos innecesarios. 3. El Congreso de la República cuenta con un margen amplio de configuración para establecer medidas preventivas, educativas y de promoción del bienestar animal. 4. Las políticas públicas pueden fomentar comportamientos responsables mediante incentivos, acompañamiento, educación y articulación institucional, sin limitarse a la imposición de sanciones. 5. Las medidas adoptadas deben respetar los principios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, debido proceso y sostenibilidad fiscal. 6. El deber de protección animal debe armonizarse con las competencias de las entidades territoriales, la autonomía administrativa y la disponibilidad presupuestal. En ese contexto, la creación de una estrategia para promover la adopción responsable, acompañada de incentivos temporales en especie y servicios, desarrolla el mandato constitucional de protección animal mediante instrumentos preventivos y de promoción. La iniciativa no convierte la adopción en una obligación ni reconoce automáticamente un derecho económico a favor de las personas adoptantes, sino que establece mecanismos de apoyo sujetos a requisitos de idoneidad, focalización, seguimiento, disponibilidad presupuestal y reglamentación. La medida también guarda correspondencia con el principio de proporcionalidad, debido a que los incentivos son temporales, se entregan en especie o mediante servicios de bienestar animal y se orientan principalmente a superar los costos iniciales que pueden dificultar la adopción. Al mismo tiempo, el proyecto contempla mecanismos de seguimiento y garantiza que cualquier exclusión del acceso a los incentivos esté precedida de un procedimiento que respete el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción.
E. Marco Normativo Internacional
Colombia no ha ratificado ningún tratado universal que regule de manera integral la adopción de animales de compañía. Sí existen, sin embargo, instrumentos internacionales de carácter ambiental, sanitario y técnico que reconocen la relación entre bienestar animal, salud pública, protección ambiental y desarrollo sostenible; conviene distinguir entre los compromisos vinculantes que Colombia ha ratificado y las resoluciones o estándares técnicos que funcionan, más bien, como criterios orientadores de política pública. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, aunque no regula directamente la adopción de animales de compañía, ofrece un marco general sobre la responsabilidad estatal frente a la fauna y el equilibrio ambiental; en esa lógica, promover la tenencia y la adopción responsables contribuye indirectamente a reducir el abandono y la reproducción no controlada, fenómenos que también pueden afectar los ecosistemas. La Organización Mundial de Sanidad Animal —OMSA, antes OIE— incluye en su Código Sanitario para los Animales Terrestres estándares de bienestar animal y manejo de poblaciones caninas que recomiendan, entre otras cosas, promover la tenencia responsable, identificar y registrar a los animales, educar a la ciudadanía, controlar la reproducción por métodos humanitarios, garantizar atención veterinaria y adoptar o reubicar responsablemente a los animales, con participación de autoridades, veterinarios y organizaciones sociales. Son estándares técnicos, no obligaciones exigibles, pero constituyen una referencia útil para diseñar políticas que integren adopción, esterilización, atención veterinaria y seguimiento. En la misma línea se inscribe el enfoque de “Una Salud”, impulsado conjuntamente por la OMS, la FAO, el PNUMA y la OMSA, que reconoce la estrecha relación entre salud humana, salud animal, sanidad vegetal e integridad de los ecosistemas; la adopción responsable, la atención veterinaria inicial, la vacunación y el seguimiento posadopción que propone este proyecto contribuyen, precisamente, a esa mirada integral. También son relevantes la Resolución 5/1 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (2022), que vincula el bienestar animal con el desarrollo sostenible sin crear obligaciones jurídicas directas, y la Agenda 2030, cuyos Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 15 (vida de ecosistemas terrestres) y 17 (alianzas para lograr los objetivos) se relacionan, cada uno a su manera, con la prevención de zoonosis, la convivencia ciudadana, la protección de la fauna silvestre y la articulación entre actores públicos, privados y comunitarios. En conjunto, estos instrumentos no imponen un modelo específico de incentivos, pero sí respaldan la conveniencia de políticas integrales, preventivas y sostenibles en materia de bienestar animal, en línea con lo que propone esta iniciativa.
IV. CONFLICTO DE INTERESES
De conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución Política, los artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992 y la Ley 2003 de 2019, corresponde a los congresistas declarar los conflictos de intereses que puedan surgir con ocasión del trámite de una iniciativa legislativa. Se considera que la discusión y votación del presente proyecto de ley no genera, en principio, conflictos de intereses, debido a que sus disposiciones son de carácter general, impersonal y abstracto y están dirigidas a promover la adopción responsable y el bienestar de los animales de compañía, sin reconocer beneficios particulares, actuales y directos a favor de congresistas determinados. La posibilidad de acceder a los incentivos previstos en la iniciativa se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos generales, criterios de idoneidad, reglas de focalización, disponibilidad presupuestal y procedimientos de adopción definidos por las autoridades y organizaciones responsables. En consecuencia, la sola condición de propietario, tenedor o adoptante de un animal de compañía no configura, por sí misma, un conflicto de intereses. Sin perjuicio de lo anterior, deberá analizarse cada situación particular. Podría presentarse un conflicto de intereses cuando un congresista, su cónyuge o compañero permanente, sus familiares en los grados establecidos por la ley o alguna persona jurídica con la cual tenga una relación relevante puedan obtener un beneficio particular, actual y directo como consecuencia de la aprobación de la iniciativa. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando exista un interés económico directo en una organización, establecimiento veterinario, proveedor de alimentos, operador o entidad que eventualmente pueda ser contratada o seleccionada para ejecutar los incentivos. En estos casos, corresponderá al congresista examinar las circunstancias concretas y, cuando haya lugar, declarar el impedimento respectivo conforme al régimen constitucional y legal vigente. La descripción anterior no constituye una relación taxativa y no exime a cada congresista del deber de identificar y declarar cualquier interés particular, actual y directo que pueda afectar su imparcialidad durante el trámite legislativo.
V. IMPACTO FISCAL.
El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 exige que los proyectos de ley que ordenen gasto hagan explícito su impacto fiscal y acrediten su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este proyecto lo satisface de la siguiente manera. Su implementación puede generar costos asociados con el otorgamiento temporal de incentivos en especie, la prestación de servicios veterinarios, la orientación a las personas adoptantes, el seguimiento posadopción, la gestión de información y las actividades de divulgación y educación ciudadana. Como ya se explicó, la iniciativa no crea un fondo especial, una nueva entidad ni una planta de personal, y no implica transferencias monetarias directas ni subsidios permanentes; los incentivos serán temporales, se entregarán en especie o mediante servicios, y su implementación será gradual, focalizada y condicionada a las apropiaciones que se incorporen en el Presupuesto General de la Nación y en los presupuestos de las entidades territoriales que decidan participar. Las medidas podrán financiarse con apropiaciones presupuestales de las entidades competentes, recursos incorporados en las respectivas leyes, ordenanzas o acuerdos anuales de presupuesto, convenios y alianzas con entidades públicas, organizaciones de protección animal, instituciones de educación superior y actores del sector privado, recursos de cooperación nacional e internacional, y donaciones u otras fuentes permitidas por el ordenamiento jurídico. La reglamentación y ejecución de la estrategia deberán ajustarse al Marco Fiscal y al Marco de Gasto de Mediano Plazo y a las reglas presupuestales aplicables; el Gobierno nacional determinará, dentro de sus competencias, las condiciones de implementación y la gradualidad de las medidas, sin que la expedición de esta ley implique una apropiación automática de recursos. La participación de las entidades territoriales será facultativa y estará sujeta a sus propias competencias y disponibilidad presupuestal, de manera que la ley no les impone obligaciones de gasto sin una fuente de financiación. Durante el trámite legislativo podrá solicitarse concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para precisar los costos, las fuentes de financiación y la compatibilidad de la iniciativa con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin que la ausencia de dicho concepto impida, por sí sola, la discusión del proyecto.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá D. C., 1991. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 5ª de 1992. “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 de 1989. “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 165 de 1994. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 576 de 2000. “Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 819 de 2003. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1774 de 2016. “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2003 de 2019. “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones”, en materia de conflicto de intereses de los congresistas. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2054 de 2020. “Por la cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, relacionadas con el bienestar de animales domésticos y la atención de animales en situación de abandono. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2294 de 2023. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’”. Artículo 31, Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal — SINAPYBA—. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2374 de 2024. “Por la cual se crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida de protección animal, ambiental y de salud pública, y se dictan otras disposiciones”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2455 de 2025. “Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, Ley 84 de 1989 —Ley Ángel—”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2480 de 2025. “Por medio de la cual se regulan los servicios de cuidado para animales de compañía, se protegen los derechos de los usuarios y se dictan otras disposiciones —Ley Kiara—”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2499 de 2025. “Por la cual se crean los Centros Regionales de Bienestar Animal, se formulan lineamientos para su adecuación, operación y funcionamiento y se dictan otras disposiciones”. COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1076 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 810 de 2025. “Por el cual se adiciona el Capítulo 3A al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015”, en lo relacionado con la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal —SINAPYBA—.
Jurisprudencia
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-666 de 2010. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-283 de 2014. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-467 de 2016. Magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-045 de 2019. Magistrado ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-148 de 2022. Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera.
Instrumentos y documentos internacionales
NACIONES UNIDAS. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro, 1992. Aprobado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resolución A/RES/70/1. “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Nueva York, 2015.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Resolución 5/1. “Nexo entre el bienestar animal, el medio ambiente y el desarrollo sostenible”. Nairobi, 2022. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL —OMSA—. Código Sanitario para los Animales Terrestres. Capítulo 7.7, “Gestión de poblaciones caninas”. París, versión vigente.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA; PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE; ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE SANIDAD ANIMAL. Plan de Acción Conjunto sobre Una Salud 2022-2026. Ginebra, 2022.
Fuentes institucionales de consulta
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Relatoría y buscador de jurisprudencia. Disponible en: www.corteconstitucional.gov.co. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Gestor Normativo. Disponible en: www.funcionpublica.gov.co. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE BOGOTÁ. Régimen Legal de Bogotá. Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co. SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. Base de datos de leyes y antecedentes legislativos. Disponible en: www.secretariasenado.gov.co.
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA —SUIN-JURISCOL—.
Ministerio de Justicia y del Derecho. Disponible en: www.suin-juriscol.gov.co. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL —OMSA—. Normas internacionales y Código Sanitario para los Animales Terrestres. Disponible en: www.woah.org.
De los Honorables Congresistas,
ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ
Representante a la Cámara Departamento de Antioquia
ARLEDY ALVARADO PATIÑO
Representante a la Cámara Departamento de Casanare
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Паспорт акта
- Юрисдикция
- Колумбия
- Официальное наименование
- Por medio de la cual se promueve la adopción responsable de animales de compañía, se establecen incentivos en especie y servicios de bienestar animal, y se dictan otras disposiciones.
- Вид и уровень акта
- законопроект
- Дата принятия
- внесение 22 сентября 2026 года
- Статус
- законопроект: на рассмотрении
- Регулятор
- Конгресс Республики Колумбия
Предмет и цель
- Проблема
- Проблема связана с необходимостью улучшения условий для ответственной адаптации домашних животных, снижения случаев возвращения животных обратно в приюты и предотвращения новых случаев жестокого обращения с животными.
- Цель
- Целью является продвижение ответственной адаптации домашних животных посредством временных материальных и сервисных стимулов, образовательных мероприятий, межинституциональной координации и механизмов последующего сопровождения.
- Сфера действия
- Территория всей страны, включая взаимодействие с государственными органами, учреждениями и общественными организациями, ответственными за защиту и благополучие животных.
- Исключения
- Нет информации о конкретных исключениях.
Субъекты
| Роль | Кто именно | Критерии отнесения | Оценка числа адресатов |
|---|---|---|---|
| Поставщик, платформа, оператор, потребитель, государственный орган | 1. Платформа: организации, занимающиеся процессом адаптации домашних животных;2. Госорган: государственные органы, участвующие в реализации политики защиты и благополучия животных;3. Потребитель: лица, желающие принять домашнее животное;4. Оператор: организации, осуществляющие процесс адаптации животных и предоставляющие соответствующие услуги. | Критериями являются наличие животных, находящихся под опекой организаций, участвующих в процессе адаптации, и соответствие условиям, установленным законом. | Нет данных. |
- Группы особой защиты
- Несовершеннолетние, потребители, уязвимые группы населения, такие как пожилые животные, животные с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, а также те, которые находятся длительное время в приютах.
Нормы 1
Каждая строка — одна норма: кто что должен, через что она меняет поведение, во что обходится и чем подкреплена.
-
Статья, часть, пункт Обязанность, запрет, ограничение, право, полномочие, ответственность Поставщик, платформа, оператор, потребитель, госорган
Обязанности и требования, установленные законодательством:1. Ст. 4 – разработка национальной стратегии по поддержке ответственной адаптации животных;2. Ст. 5 – предоставление временного материального и сервисного обеспечения лицам, принимающим животных, включая питание, ветеринарную помощь, медикаменты, информацию и базовые предметы ухода;3. Ст. 6 – установление требований к кандидатам на прием животных, таких как возраст, условия содержания, подписание договора, участие в образовательной программе и предоставление контактной информации;4. Ст. 7 – обеспечение последующего сопровождения лиц, принявших животных, путем проведения консультаций, мониторинга и выявления проблемных ситуаций;5. Ст. 8 – создание партнерств и альянсов с университетами, ветеринарами, производителями кормов и другими частными и общественными партнерами;6. Ст. 10 – публикация отчетов и мониторинг эффективности программы;7. Ст. 11 – введение льгот и привилегий для лиц, ответственных за адаптацию животных, например, скидки на образование и доступ к образовательным программам.
- Механизм воздействия
- Барьер входа, операционные издержки, информирование, ограничение модели, распределение риска
- Издержки: канал
- Прямой платеж, административные, содержательные, капитальные
- Издержки: характер
- Регулярные, по событию
- Событие-триггер
- До начала деятельности, при сборе, по обращению, при инциденте, по запросу
- Санкция
- Отсутствие санкций в явном виде, однако нарушение обязательств ведет к потере доступа к государственным ресурсам и механизмам поддержки.
- Отсылка к иным актам
- Требует проверки
- Форма исполнения
- Цифровая, бумажная, смешанная
- Российский аналог
- Требует проверкиОценка числа адресатов: Нет данных[ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ]Проблемы: Недостаточная координация усилий различных государственных и частных учреждений, отсутствие единых стандартов и процедур, недостаточное финансирование, риск злоупотребления ресурсами со стороны отдельных лиц, возможность возникновения конфликтов интересов среди членов законодательного собрания.Возможные риски: Финансовый кризис, коррупция, неэффективность программ, снижение уровня защиты животных, ухудшение качества жизни животных и граждан.
Реквизиты
| Страна | Колумбия |
| Орган | Палата представителей Колумбии |
| Вид | закон / законопроект |
| Язык | es |
| Дата документа | — |
| Объём | 65 314 знаков |
| Редакций | 1 |
| Впервые увидели | 2026-10-29 |
| Проверен | 2026-11-16 03:08 |
| full_text_url | https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/10/proyectos-ley/documentos/proyecto-36533/P.L.383-2026SC-ADOPCION-RESPONSABLE-Y-BIENESTAR-ANIMAL.pdf |
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Аннотация
Закон устанавливает меры поддержки и поощрения ответственного усыновления домашних животных в Колумбии. Он определяет понятия ответственной адаптации и животного, подходящего для усыновления, и предусматривает временные неденежные стимулы и услуги по уходу за животными после их усыновления. Закон также требует от государственных органов разработки стратегии стимулирования ответственного усыновления и координации действий с местными органами власти и организациями защиты животных.
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| Редакция 1 открыта | 2026-10-29 02:37 | 65 314 зн. | txt |