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Закон Колумбии об ответственности при внедрении искусственного интеллекта в работу Конгресса

Por medio de la cual se adicionan las Leyes 1147 de 2007 y 5a de 1992, se crea la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa y se regula la incorporación responsable de inteligencia artificial en los servicios del Congreso de la República

закон / законопроект дата не указана 89 816 знаков Искусственный интеллектПерсональные данные
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Bogotá, D. C., octubre de 2026

Secretario General

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ​

Cámara de Representantes​ Ciudad

Referencia: Radicación de proyecto de ley orgánica

En mi condición de miembro del Congreso de la República, me permito poner a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Orgánica “Por medio de la cual se adicionan las Leyes 1147 de 2007 y 5ª de 1992, se crea la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa y se regula la incorporación responsable de inteligencia artificial en los servicios del Congreso de la República”, cuyo objeto es incorporar el uso responsable de inteligencia artificial en las funciones congresionales, la gestión documental y el acceso ciudadano a la información del Congreso, mediante el fortalecimiento del Sistema de Información Parlamentaria y la creación de la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa. Cordialmente, DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ​

Representante a la Cámara

Coordinador Ponente

RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA

Representante a la Cámara por Tolima - Pacto

Histórico

Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 607B, Edificio Nuevo del Congreso

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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA No. ____ DE 2026 CÁMARA

“Por medio de la cual se adicionan las Leyes 1147 de 2007 y 5ª de 1992, se crea la Oficina de

Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa y se regula la incorporación responsable de inteligencia artificial en los servicios del Congreso de la República”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

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DECRETA:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley tiene por objeto incorporar el uso responsable de sistemas de inteligencia artificial en el apoyo a las funciones congresionales, la gestión documental y el acceso ciudadano a la información del Congreso de la República, mediante el fortalecimiento del Sistema de Información Parlamentaria, la creación de la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa y la integración de canales de orientación y seguimiento de propuestas ciudadanas.

Sus disposiciones se aplican al Senado de la República, la Cámara de Representantes y sus dependencias, dentro de sus respectivas competencias. Los servicios apoyarán la actividad legislativa, constituyente, de control político y de gestión institucional, sin sustituir las decisiones ni las responsabilidades atribuidas por la Constitución y la ley a sus titulares.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para la aplicación de esta ley se entenderá por:

1.​ Memoria legislativa: conjunto de documentos, registros, datos y materiales audiovisuales producidos o recibidos por el Congreso en ejercicio de sus funciones, así como las fuentes oficiales complementarias necesarias para comprenderlos.

2. Asistente de Inteligencia Artificial del Congreso: servicio tecnológico conversacional creado por esta ley que permite consultar fuentes públicas parlamentarias y apoyar tareas congresionales mediante interacción en lenguaje natural por texto o voz.

3. Corpus institucional: conjunto organizado de fuentes públicas utilizadas por el asistente, con identificación de su procedencia, fecha y versión, integrado mediante mecanismos de consulta e intercambio de información.

4.​ Intervención audiovisual: segmento de una grabación vinculado, cuando la evidencia lo permita, con una persona interviniente, sesión, fecha, asunto y marca temporal de inicio y terminación.

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​ 5.​ Propuesta ciudadana: aporte presentado por una persona u organización para estudiar un problema o una posible solución normativa. Su registro no equivale a la radicación de un proyecto de ley ni acredita el ejercicio de una iniciativa popular.

6.​ Control institucional de la inteligencia artificial: capacidad efectiva del Congreso para decidir los usos autorizados, administrar sus datos, evaluar el servicio, auditar su funcionamiento y cambiar de proveedor o modelo sin perder sus activos ni comprometer la continuidad.

7. Sistema de inteligencia artificial: sistema basado en máquinas que, a partir de objetivos definidos por personas y de los datos o entradas recibidos, infiere cómo generar contenidos, predicciones, recomendaciones u otros resultados que pueden influir en entornos físicos o digitales, con distintos niveles de autonomía.

8. Supervisión humana: intervención efectiva de personas competentes para evaluar los resultados de un sistema, corregirlos, rechazar su utilización o detener su operación, de acuerdo con los riesgos y las funciones a su cargo.

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN. El sistema se regirá por los principios de publicidad, accesibilidad, pluralismo, igualdad de trato, calidad de la información, trazabilidad, protección de datos, seguridad, preservación documental, neutralidad tecnológica, responsabilidad humana y sostenibilidad fiscal.

El asistente estará disponible para la ciudadanía y para ambas Cámaras, sus comisiones, bancadas, congresistas y unidades de trabajo legislativo, sin discriminación. La pertenencia política o la conveniencia de un resultado para una autoridad no podrán determinar la inclusión, ocultamiento o alteración de fuentes.

La consulta pública no requerirá registro. La identificación se exigirá únicamente cuando resulte necesaria para una actuación determinada y con la menor cantidad de datos adecuada a su finalidad. Se mantendrán canales de atención que no requieran utilizar inteligencia artificial.

ARTÍCULO 4. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA.

Adiciónese los siguientes incisos al artículo 1 de la Ley 1147 de 2007:

“El Sistema de Información Parlamentaria incorporará el Asistente de Inteligencia Artificial del Congreso y un espacio de formulación y seguimiento de propuestas ciudadanas. Su implementación aprovechará los portales, archivos, sistemas y canales institucionales existentes, mediante mecanismos de integración e intercambio de información pública.

El Congreso garantizará su prestación gratuita, accesible y continua, de acuerdo con las etapas previstas en la ley, así como la actualización de sus fuentes y la posibilidad de sustituir tecnologías sin perder información ni interrumpir injustificadamente el servicio.”

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TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 5. SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MODERNIZACIÓN. Adiciónese los numerales 6 y 7 al artículo 5 de la Ley 1147 de 2007, así:

“6. Formular recomendaciones sobre el plan de implementación de los servicios de inteligencia artificial y memoria legislativa, sus prioridades e indicadores, y efectuar seguimiento a su ejecución, con participación de las dependencias responsables de ambas Cámaras.

7. Examinar, al menos una vez al año en sesión pública, el informe de cumplimiento de dichos servicios, formular recomendaciones y verificar su atención, preservando la información sometida a reserva legal. Para este examen se podrá escuchar a personas usuarias, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.”

ARTÍCULO 6. CALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA. Adiciónese el numeral 7 al

artículo 6 de la Ley 1147 de 2007, así:

“7. Coordinar la calidad jurídica y documental de las herramientas institucionales de asistencia mediante inteligencia artificial. Para ello establecerá criterios de verificación de fuentes y de revisión de borradores, con apoyo del Consejo Técnico previsto en el artículo 9 de esta ley. La aprobación de metodologías no sustituye la revisión de cada documento por quien deba suscribirlo o presentarlo.”

ARTÍCULO 7. CREACIÓN Y UBICACIÓN DE LA OFICINA. Adiciónese un parágrafo al artículo 6 de la Ley 1147 de 2007, así:

“Parágrafo. Créase la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa como dependencia técnica permanente de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa, UATL, integrada a la organización administrativa de la Cámara de Representantes y al servicio de ambas Cámaras. No tendrá personería jurídica, autonomía presupuestal ni facultades de ordenación del gasto.

La coordinación de la Oficina estará a cargo del Coordinador de la UATL. Las dependencias de tecnología de ambas Cámaras serán responsables de la operación tecnológica, infraestructura y seguridad dentro de sus competencias; la Oficina coordinará los requerimientos funcionales y el seguimiento del servicio. Los archivos, bibliotecas, secretarías y demás custodios conservarán sus responsabilidades legales.

La Oficina funcionará con los empleos existentes, en los términos del régimen de personal, sin crear un cargo de jefatura ni modificar salarios. La asignación de apoyos deberá respetar las funciones de los empleos, los perfiles y las cargas de trabajo. La creación de empleos adicionales requerirá ley y el respectivo soporte técnico y fiscal.

La Oficina tendrá continuidad durante los recesos y cambios de mesas directivas. No podrá destinarse al servicio exclusivo de una bancada, congresista o campaña política.”

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ARTÍCULO 8. FUNCIONES DE LA OFICINA. Son funciones de la Oficina:

1.​ Administrar funcionalmente el corpus institucional y el catálogo de fuentes, en coordinación con sus custodios.

2. Coordinar con las dependencias competentes el aprovechamiento de sus programas de digitalización, transcripción, descripción e integración de documentos y registros audiovisuales, sin crear un programa archivístico paralelo ni desplazar su custodia legal.

3. Definir los requerimientos funcionales del asistente y hacer seguimiento a su operación, en coordinación con las dependencias tecnológicas responsables de su desarrollo, operación y mantenimiento.

4.​ Integrar el seguimiento documental de proyectos, debates, votaciones y propuestas ciudadanas.

5. Coordinar con las dependencias competentes la atención de fallas de exactitud, accesibilidad, seguridad o trato discriminatorio reportadas en la operación del servicio.

6.​ Mantener documentación técnica suficiente para transferir la operación y cambiar de proveedor.

7.​ Publicar indicadores de cobertura, actualización, disponibilidad y corrección de errores.

8.​ Apoyar a la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana y a las secretarías en la operación de los canales previstos en esta ley.

9.​ Formular necesidades de capacidad y costos a las autoridades administrativas y presupuestales.

10.​ Coordinar formación y cooperación técnica, sin comprometer la independencia del Congreso ni conferir a terceros decisiones institucionales.

ARTÍCULO 9. COORDINACIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL. Adiciónese el numeral 11 al literal b) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1147 de 2007, así:

“11. Coordinar la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa, organizar su plan de trabajo, verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, presentar sus informes y formular a las autoridades competentes los requerimientos de capacidad técnica, personal y presupuesto.”

Las autoridades administrativas de cada Cámara identificarán los empleos, perfiles, dedicaciones y recursos disponibles para el servicio, sin desatender las funciones existentes. Los responsables de tecnología, archivo y atención ciudadana designarán enlaces entre sus servidores, dentro de sus atribuciones y sin crear nuevos empleos.

El diagnóstico de implementación determinará las brechas de capacidad y las medidas para atenderlas. La presente ley no faculta a las mesas directivas para crear empleos, alterar el régimen

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​ de personal o modificar remuneraciones. La contratación de servicios no podrá utilizarse para encubrir relaciones laborales ni para eludir el régimen de carrera.

ARTÍCULO 10. ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CIUDADANO. Adiciónese el numeral 7 al artículo

10 de la Ley 1147 de 2007, así:

“7. Operar, en coordinación con las secretarías competentes, los canales de orientación humana asociados a la asistencia mediante inteligencia artificial y el registro, remisión y seguimiento de propuestas ciudadanas. La recepción se integrará con los sistemas institucionales existentes y respetará los procedimientos y términos del derecho de petición y de participación en el trámite legislativo.”

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS FUENTES. Adiciónese el siguiente parágrafo al

artículo 14 de la Ley 1147 de 2007:

“Parágrafo 3. Las dependencias responsables de producir, recibir o publicar información suministrarán al Sistema de Información Parlamentaria las versiones oficiales, sus identificadores y sus actualizaciones mediante procedimientos interoperables. Cada registro indicará la dependencia responsable, la fecha del documento, la de incorporación y, cuando corresponda, su estado documental y, de manera separada, las condiciones legales de acceso. La integración tecnológica no traslada a la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa la competencia para certificar actuaciones ni exonera al productor o custodio de sus deberes de calidad, publicación y conservación.”

TÍTULO III. ASISTENCIA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 12. ASISTENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL CONGRESO. Créase el Asistente de Inteligencia Artificial del Congreso como componente del Sistema de Información Parlamentaria. Su gestión funcional estará a cargo de la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa creada por esta ley; su operación, infraestructura y seguridad corresponderá a las dependencias de tecnología de ambas Cámaras, dentro de sus competencias. La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana tendrá a su cargo la orientación humana a la ciudadanía.

El Asistente de Inteligencia Artificial del Congreso permitirá explicar leyes y procedimientos, reconstruir antecedentes, comparar versiones, localizar intervenciones, resumir debates con sus distintas posiciones y seguir el trámite de proyectos. Ofrecerá interacción por texto y voz, con continuidad de contexto cuando la persona la solicite y bajo su control.

El servicio incluirá una vía visible de consulta directa de los documentos utilizados como fuente y de acceso a los canales existentes de atención humana. No podrá exigir afiliación a una organización, pago, aceptación de publicidad comercial o entrega de datos innecesarios para acceder a información pública.

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ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDAD HUMANA Y LÍMITES DE USO. Las respuestas del asistente no tendrán carácter de ley, acta, certificación, concepto vinculante ni decisión administrativa. Su utilización no sustituye las competencias constitucionales y legales de los congresistas, las corporaciones y sus funcionarios.

Se prohíbe delegar en sistemas de inteligencia artificial el ejercicio de competencias constitucionales o legales decisorias. Estos sistemas no podrán emitir votos, adoptar decisiones legislativas, judiciales, electorales o disciplinarias, resolver peticiones, certificar actuaciones ni determinar autónomamente la admisión, archivo o inclusión de iniciativas en el orden del día. La asistencia documental o analítica no sustituirá la deliberación, valoración ni decisión de la persona u órgano competente.

Los documentos que una persona competente suscriba o radique deberán ser revisados por ella. El sistema conservará, cuando resulte procedente, la trazabilidad del apoyo automatizado utilizado, sin convertir esta obligación en publicidad de borradores o datos amparados por reserva.

ARTÍCULO 14. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS USUARIAS. El tratamiento de datos personales con ocasión del uso del asistente se sujetará a la Ley 1581 de 2012. La consulta de información pública no requerirá registro ni identificación. Solo se solicitarán datos adicionales cuando sean necesarios para una funcionalidad elegida por la persona o para una actuación que legalmente los exija.

Antes de recolectar datos personales, el servicio informará de manera clara quién es responsable de su tratamiento, para qué serán utilizados, durante cuánto tiempo se conservarán y cuáles son los canales para ejercer los derechos del titular. Se obtendrá autorización cuando sea legalmente exigible.

Las consultas, conversaciones y archivos aportados por las personas usuarias no se incorporarán a las fuentes de consulta disponibles para otros usuarios ni se utilizarán para entrenar o ajustar modelos de inteligencia artificial. Tampoco podrán emplearse para publicidad, elaboración de perfiles políticos o fines comerciales. Estas condiciones deberán exigirse a los proveedores que intervengan en la prestación del servicio.

Se adoptarán medidas para evitar el acceso no autorizado a los datos y se limitará su conservación al tiempo necesario para la finalidad informada, sin perjuicio de las obligaciones legales de conservación. La persona podrá solicitar su supresión en los casos legalmente procedentes.

Cuando una persona decida publicar una propuesta o remitir una solicitud para actuación institucional, el servicio distinguirá expresamente ese envío de la conversación de orientación e informará qué contenido será publicado o remitido. La incorporación de una propuesta voluntariamente publicada a la consulta pública se limitará al contenido destinado a divulgación y excluirá los datos que deban protegerse.

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ARTÍCULO 15. SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. Las medidas de este artículo se integrarán al programa de seguridad informática del artículo 15 de la Ley 2390 de 2024 y a los instrumentos institucionales de gestión de riesgos.

Antes de poner en operación cada componente y de introducir cambios sustanciales, las dependencias responsables evaluarán los riesgos de filtración, alteración de fuentes, respuestas falsas, suplantación, sesgo y uso indebido. Se documentarán medidas de prevención, responsables de respuesta y condiciones de recuperación.

Las pruebas comprenderán la separación de accesos, la resistencia a instrucciones maliciosas incluidas en documentos, la integridad de las grabaciones y la protección de las cuentas. Las fuentes externas y los aportes ciudadanos se identificarán por su procedencia y no podrán modificar por sí mismos las reglas del asistente.

Podrá suspenderse temporalmente un componente afectado por un incidente cuando sea necesario y proporcionado. Se mantendrán las formas alternativas de acceso y se publicarán la causa general, el alcance y las medidas de restablecimiento, sin revelar información que agrave el incidente ni incumplir los deberes legales de reporte.

ARTÍCULO 16. CONTROL INSTITUCIONAL Y CONTRATACIÓN. La selección de modelos, infraestructura y proveedores se basará en necesidades verificables, calidad, seguridad, accesibilidad, costo total y capacidad de sustitución. Podrán emplearse modelos abiertos, comerciales o desarrollos propios, siempre que el Congreso conserve el control institucional definido en esta ley.

La contratación deberá asegurar el acceso y la portabilidad de los datos institucionales, documentación de integraciones, exportación de configuraciones transferibles, continuidad, niveles de servicio, auditoría y devolución o supresión de información al terminar el vínculo, según corresponda. Se identificarán por separado los derechos sobre los desarrollos contratados y las licencias de componentes preexistentes.

No se transferirán al proveedor facultades de selección política de contenidos ni derechos exclusivos sobre los datos públicos. El uso de un modelo fundacional de terceros no exime de estas obligaciones. El entrenamiento de un modelo propio requerirá justificación técnica, presupuestal y de utilidad frente a otras alternativas.

El uso de estas herramientas no crea una causal de contratación directa, un régimen contractual especial ni una preferencia por marcas o proveedores. Las condiciones técnicas se definirán de manera proporcional al objeto y al riesgo. La cooperación y las pruebas gratuitas no permitirán eludir las reglas contractuales, de seguridad o de protección de datos.

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TÍTULO IV. INTEGRACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS E INTEROPERABILIDAD

ARTÍCULO 17. APROVECHAMIENTO E INTEGRACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS. El Asistente de Inteligencia Artificial del Congreso utilizará como fuentes documentales información de libre acceso proveniente de los portales, archivos y sistemas oficiales de ambas Cámaras y de las demás entidades públicas competentes. No tendrá acceso a repositorios institucionales de información clasificada o reservada. La publicación de un documento no exime del cumplimiento de las normas de protección de datos personales y derechos de autor aplicables a su tratamiento.

Las dependencias responsables facilitarán su consulta e integración tecnológica, conservando las competencias de custodia, actualización y publicación oficial. Se aprovecharán la infraestructura y los mecanismos de intercambio existentes. La creación de repositorios adicionales o la duplicación permanente de documentos requerirá justificación técnica y económica, sin impedir las copias de preservación ni el procesamiento necesario para la búsqueda y recuperación de información.

La integración empleará identificadores que permitan relacionar los documentos y las actuaciones de un mismo proyecto en ambas Cámaras, así como formatos y mecanismos de intercambio compatibles con la política de datos abiertos del Congreso. Se aprovecharán los expedientes y registros existentes, sin exigir su reconstrucción en un sistema paralelo. El estado de trámite se tomará de la fuente oficial y no se determinará exclusivamente mediante inferencias del modelo.

Cada respuesta factual relevante permitirá identificar y consultar las fuentes que la sustentan. El asistente distinguirá los documentos oficiales de sus síntesis y propuestas e informará cuando las fuentes sean insuficientes, contradictorias o no estén incorporadas. Sus explicaciones sobre vigencia y antecedentes serán informativas y no constituirán certificación ni interpretación vinculante.

Las dependencias archivísticas competentes, con apoyo de la Oficina, incorporarán progresivamente los fondos históricos de libre acceso a la consulta del asistente, mediante los instrumentos archivísticos existentes y conforme a su disponibilidad y estado de conservación. Se identificarán los materiales pendientes de digitalización o recuperación y las limitaciones de cobertura. El procesamiento automatizado no autorizará la eliminación de originales ni de versiones oficiales.

Los indicadores sobre asistencia, autoría, ponencias, citaciones, debates y mociones se obtendrán de registros oficiales e indicarán período, metodología, cobertura y fecha de actualización. Se distinguirán las ausencias de las excusas aceptadas y los registros pendientes de certificación. No se elaborarán calificaciones oficiales de idoneidad, integridad o responsabilidad mediante inferencias automatizadas.

Las personas podrán suscribirse voluntariamente a avisos gratuitos sobre cambios en el trámite de los proyectos de su interés. Los avisos se generarán a partir de actualizaciones de las fuentes oficiales. Solo se solicitarán los datos necesarios para su envío y se permitirá cancelar la suscripción de manera sencilla. Estos avisos tendrán carácter informativo y no sustituirán las publicaciones o comunicaciones exigidas por la ley.

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ARTÍCULO 18. ACCESO A INTERVENCIONES AUDIOVISUALES. Las dependencias competentes facilitarán la consulta de las grabaciones públicas oficiales mediante los canales y archivos existentes. La disponibilidad en plataformas externas de video no sustituirá las obligaciones de preservación institucional.

El sistema permitirá localizar intervenciones por fecha, corporación, comisión, persona interviniente, proyecto, tema y contenido expresado, incluyendo preguntas formuladas en lenguaje natural y consultas sucesivas dentro de una conversación.

Los resultados vincularán la respuesta con el segmento pertinente y con la grabación completa; indicarán las marcas temporales, la identificación de la sesión y las fuentes documentales relacionadas. La atribución de una intervención se sustentará en registros verificables y se marcará como incierta cuando corresponda.

Las transcripciones automáticas deberán identificarse como tales, permitir correcciones y conservar el vínculo con el audio original. La transcripción revisada o el acta oficial se distinguirán de las versiones provisionales. No se autoriza captar conversaciones privadas ni reconstruir expresiones que no consten en registros obtenidos lícitamente.

La consulta audiovisual se implementará progresivamente. Se priorizará la incorporación de las nuevas sesiones públicas de las plenarias de ambas Cámaras y se extenderá a las sesiones públicas de sus comisiones, conforme a las etapas y plazos previstos en esta ley.

La recuperación e incorporación de grabaciones históricas se realizará de manera paralela y progresiva, atendiendo a su disponibilidad, estado de conservación, calidad técnica, relevancia documental y demanda de consulta. El procesamiento de estos fondos no podrá suspender la incorporación de nuevas sesiones. El plan de implementación establecerá metas, responsables y fechas de incorporación y publicará la cobertura disponible y los fondos pendientes.

ARTÍCULO 19. ACTUALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS. La integración de fuentes para la consulta del asistente respetará los procedimientos, competencias y términos de elaboración, publicación, aprobación y corrección previstos en el Reglamento del Congreso y las demás disposiciones aplicables. La integración tecnológica no sustituye la publicación de las actas en la Gaceta del Congreso ni modifica el procedimiento establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley 5ª de 1992.

Las grabaciones de sesiones públicas y sus transcripciones automatizadas se identificarán como registros audiovisuales y documentos auxiliares, respectivamente. Su consulta no les atribuye la condición de acta oficial ni sustituye su elaboración, publicación o aprobación. La disponibilidad de estos registros no estará condicionada a la publicación o aprobación del acta correspondiente, sin perjuicio de las restricciones de acceso previstas en la Constitución y la ley.

Las dependencias responsables mantendrán actualizados los mecanismos de consulta e integración de fuentes. El plan de implementación establecerá y publicará los tiempos operativos de integración

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​ de grabaciones, transcripción e indexación, con indicación de los responsables y sin ampliar los términos de publicidad legalmente exigibles. La falta de indexación o una falla del asistente no justificará retrasar una publicación obligatoria.

Cada registro indicará su fuente, fecha de actualización y carácter oficial o auxiliar. Las actas se vincularán con la Gaceta en que fueron publicadas y se identificará su estado de aprobación conforme a la información de la secretaría competente. Las correcciones se reflejarán en los índices y contenidos derivados, conservando su trazabilidad.

TÍTULO V. ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 20. ESPACIO DE FORMULACIÓN CIUDADANA. El Sistema de Información

Parlamentaria incorporará un espacio para que personas y organizaciones describan problemas, consulten antecedentes y formulen propuestas de solución. Podrán utilizar texto, audio y documentos accesibles, con apoyo presencial o remoto de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana.

El espacio permitirá publicar voluntariamente una propuesta, recibir comentarios, mejorar versiones, buscar coincidencias y conocer su remisión y respuesta institucional. Se distinguirán los contenidos ciudadanos de los documentos oficiales y de las propuestas asumidas por sujetos con iniciativa legislativa.

La participación de niñas, niños y adolescentes se facilitará mediante mecanismos adecuados a su edad y a la protección de sus datos. Su intervención deliberativa no se confundirá con el ejercicio de derechos políticos sujetos a requisitos constitucionales o legales.

ARTÍCULO 21. APOYO A LA ELABORACIÓN DE TEXTOS. El asistente podrá ayudar a organizar el diagnóstico, identificar normas y proyectos relacionados, comparar alternativas y elaborar borradores de articulado y exposición de motivos. También señalará posibles restricciones de competencia, iniciativa, reserva de ley e impacto fiscal, con sus fuentes y límites.

Los borradores se identificarán como propuestas sujetas a revisión. La persona promotora decidirá sobre su publicación y podrá modificar o retirar su versión de trabajo, sin afectar los deberes de archivo de actuaciones ya recibidas oficialmente.

El sistema reconocerá la procedencia de los aportes publicados, facilitará la atribución de contribuciones y conservará las versiones relevantes. La utilización de una idea no convertirá a su promotor en autor formal de un proyecto ni generará un derecho a su aprobación. La publicación tampoco exigirá ceder derechos más amplios que los necesarios para la participación y la divulgación autorizadas.

ARTÍCULO 22. APOYOS Y PRIORIZACIÓN DE LA ASISTENCIA. Las personas podrán expresar apoyos a las propuestas publicadas. El sistema diferenciará los apoyos verificados de otras

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​ interacciones e implementará controles proporcionados contra duplicidad y automatización abusiva, sin exigir identificación biométrica.

La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana y la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa aplicarán criterios públicos para priorizar las jornadas de acompañamiento y los estudios disponibles: relevancia del problema, afectación de derechos, alcance territorial, población involucrada, calidad de la evidencia, diversidad de aportes, apoyos recibidos y atención a grupos con barreras de acceso.

Se reservarán oportunidades de acompañamiento para propuestas de comunidades con baja conectividad o menor capacidad de movilización. Las reglas, ponderaciones y resultados serán públicos y revisables por las unidades responsables.

ARTÍCULO 23. RECEPCIÓN Y TRAZABILIDAD DE PROPUESTAS. La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana registrará las propuestas enviadas para atención institucional, emitirá constancia de recepción e informará su identificación y ruta. Las solicitudes que constituyan peticiones se tramitarán conforme a la Ley 1755 de 2015, incluidos sus términos, reglas de competencia, traslado y respuesta de fondo. Una respuesta automatizada de orientación no equivale a su resolución.

Los canales distinguirán entre consultas informativas al asistente, borradores privados, aportes destinados a publicación voluntaria y solicitudes remitidas para actuación institucional. Esta distinción no podrá utilizarse para desconocer una petición por su contenido ni para exigir su nueva presentación. Las observaciones a proyectos en trámite se remitirán de inmediato al canal habilitado de la secretaría competente, con trazabilidad de recepción.

La UAC publicará trimestralmente un balance agregado de recepción, remisión, atención y selección para acompañamiento. La selección se motivará conforme al artículo 22, indicará la capacidad y programación disponibles y permitirá solicitar revisión humana. La falta de selección para asistencia técnica no exime de responder las peticiones procedentes.

Las propuestas podrán ser conocidas por todos los congresistas en condiciones de igualdad, con respeto de las reglas de acceso y de la voluntad de publicación. La remisión no compromete la radicación de un proyecto, la realización de un debate ni el voto de un congresista.

ARTÍCULO 24. PRESENTACIÓN FORMAL E INICIATIVA POPULAR. La plataforma explicará y distinguirá las siguientes rutas:

1.​ Remisión de una propuesta a un congresista u otro sujeto constitucionalmente habilitado, quien podrá asumirla y radicarla bajo su responsabilidad.

2.​ Formulación de observaciones a un proyecto en trámite por los canales legalmente habilitados.

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​ 3.​ Ejercicio de la iniciativa popular legislativa conforme a la Constitución, la Ley 1757 de 2015 y las demás disposiciones aplicables, con intervención de las autoridades competentes.

La plataforma podrá interoperar con los canales de radicación habilitados para los sujetos legitimados, mediante autenticación y cumplimiento de los requisitos vigentes. No atribuirá esa calidad a quien carezca de ella.

La presente ley no modifica los umbrales, las materias excluidas, la certificación de apoyos ni los procedimientos de los mecanismos de participación democrática. La recolección informal de apoyos en el sistema no reemplazará los requisitos de una iniciativa popular.

ARTÍCULO 25. OBSERVACIONES RECIBIDAS POR MEDIOS DIGITALES. Adiciónese un parágrafo al artículo 232 de la Ley 5ª de 1992, así:

“Parágrafo. Para los efectos de este artículo, la recepción de observaciones mediante los canales digitales habilitados de conformidad con el artículo 231 satisface el requisito de entrega personal. La secretaría competente dejará constancia de la fecha y hora de recepción.

El Sistema de Información Parlamentaria permitirá relacionar las observaciones con el proyecto respectivo, sin sustituir su remisión y publicación conforme al artículo 231. La utilización de resúmenes automatizados no reemplazará el acceso a los textos originales ni la valoración y motivación que corresponden al ponente. Se conserva el término de presentación previsto en este artículo.”

ARTÍCULO 26. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN TERRITORIAL. Los servicios cumplirán las normas de accesibilidad aplicables y ofrecerán lenguaje claro, navegación por teclado, compatibilidad con tecnologías de asistencia, subtítulos y alternativas a contenidos exclusivamente sonoros o visuales. Los canales de voz deberán permitir revisar y corregir la transcripción antes de enviar una actuación.

La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana desarrollará actividades de formación y atención territorial mediante acuerdos con entidades públicas, bibliotecas, instituciones educativas y organizaciones sociales, dentro de sus competencias y recursos. Se ofrecerán alternativas de bajo consumo de datos y atención sin dispositivo propio.

La incorporación de lenguas nativas se realizará con participación de las comunidades, evaluación de calidad y respeto por sus derechos. La ausencia de una traducción automatizada confiable no podrá suplirse presentando como oficial un contenido no verificado.

TÍTULO VI. SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD

ARTÍCULO 27. TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO. El Coordinador de la UATL incorporará en el informe semestral previsto en el numeral 7 del literal b) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1147 de 2007 un apartado sobre cobertura documental, actualización, disponibilidad, errores reportados y corregidos, accesibilidad, participación y costos de los servicios regulados por esta ley. Este

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​ apartado utilizará los registros de operación disponibles y no exigirá un informe separado ni un programa autónomo de evaluaciones periódicas a cargo de la Oficina.

El examen público del informe se realizará en los términos del artículo 5 de la Ley 1147 de 2007, adicionado por esta ley. Quienes participen como evaluadores o asesores informarán sus vínculos relevantes con proveedores. Los informes y evaluaciones se coordinarán con los previstos en el artículo 16 de la Ley 2390 de 2024 para evitar duplicación de reportes.

Las dependencias de control interno incorporarán la evaluación del servicio en sus planes según el riesgo y sus competencias. Podrá acudirse a evaluación externa bajo reglas de independencia, sin sustituir las funciones de control fiscal, disciplinario o de protección de datos atribuidas a otras autoridades.

ARTÍCULO 28. CORRECCIONES Y REVISIÓN HUMANA. Toda persona podrá reportar una cita inexistente, atribución errónea, omisión, barrera de acceso o trato discriminatorio mediante un canal sencillo. Se entregará constancia y se informará la dependencia responsable de su atención.

Los reportes que comprometan datos protegidos o la integridad de una fuente recibirán atención prioritaria. Las rectificaciones conservarán la trazabilidad necesaria y se reflejarán en los contenidos derivados. Los términos y procedimientos legales de petición, reclamo y protección de datos prevalecerán.

La moderación de aportes públicos se basará en reglas conocidas, necesarias y proporcionadas. Las restricciones deberán indicar su motivo y permitir revisión humana; la discrepancia política o la crítica a una autoridad no constituirán por sí solas motivo de exclusión. Esta ley no crea un régimen sancionatorio para las personas usuarias.

ARTÍCULO 29. CONTINUIDAD Y EMPALME. Las mesas directivas, secretarías y autoridades administrativas incluirán en sus procesos de empalme el inventario de fuentes, contratos, licencias, configuraciones, riesgos, compromisos presupuestales, responsables y planes de mantenimiento del sistema.

La Oficina y las obligaciones establecidas en esta ley no podrán suprimirse por acto administrativo. Las autoridades competentes garantizarán su continuidad dentro del marco legal, sin perjuicio de las reformas que adopte el legislador.

El cambio de proveedor o de tecnología requerirá un plan de transición, pruebas de transferencia y conservación de las fuentes. No podrá condicionarse el acceso institucional a sus datos al mantenimiento de un contrato con un proveedor determinado.

Las interrupciones necesarias por mantenimiento o seguridad serán temporales, motivadas y acompañadas de alternativas de consulta. La sustitución de una herramienta no podrá convertirse en la eliminación del servicio.

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TÍTULO VII. FINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

ARTÍCULO 30. PROGRAMACIÓN Y FINANCIACIÓN. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 1147 de 2007:

“Parágrafo. Las autoridades competentes del Senado y de la Cámara incorporarán en su programación presupuestal las necesidades de inversión y funcionamiento del Sistema de Información Parlamentaria, incluidos preservación documental, infraestructura, licenciamiento, seguridad, accesibilidad, asistencia técnica y evaluación. El financiamiento se realizará con las apropiaciones que se autoricen en el Presupuesto General de la Nación, en el marco de las reglas fiscales y presupuestales y de la distribución de gastos establecida en este artículo.

El plan de implementación identificará por anualidad las capacidades existentes, los costos incrementales, las fuentes y los responsables. Las solicitudes presupuestales deberán distinguir la puesta en marcha del sostenimiento y prever los costos de cambio de proveedor y recuperación ante incidentes. La cooperación podrá complementar estos recursos, sin condicionar el acceso ciudadano ni transferir el control institucional.”

La incorporación de estas necesidades a la programación presupuestal no constituye apropiación, autorización de vigencias futuras ni excepción a los requisitos de disponibilidad y registro presupuestal. No se modifica el régimen orgánico del presupuesto.

ARTÍCULO 31. ETAPAS Y PLAZOS. Contados desde la entrada en vigencia de la ley, se cumplirán las siguientes etapas:

1. Dentro de seis (6) meses, las mesas directivas de ambas Cámaras adoptarán un plan común de implementación, en el ámbito de sus atribuciones, con recomendaciones previas de la Comisión Especial de Modernización y soporte técnico y presupuestal de las autoridades administrativas. El plan incluirá inventario de fuentes y servicios existentes, diagnóstico de capacidades y riesgos, responsables, costos incrementales, fuentes de financiación y metas por anualidad.

2. Dentro de doce (12) meses se pondrá en funcionamiento un piloto público del asistente que permita consultar fuentes oficiales identificadas y el trámite de proyectos de la legislatura en curso, con acceso a los canales existentes de atención humana. En esta etapa se iniciará la recuperación e incorporación progresiva de fondos históricos.

3. Dentro de dieciocho (18) meses estarán en funcionamiento la interacción por texto y voz, la consulta de intervenciones de las nuevas sesiones públicas de las plenarias de ambas Cámaras, los avisos voluntarios sobre proyectos y el espacio de propuestas ciudadanas. Antes de su puesta en servicio se verificará su funcionamiento, seguridad y accesibilidad, dentro de las responsabilidades de las dependencias competentes.

4. Dentro de veinticuatro (24) meses la consulta audiovisual se extenderá a las nuevas sesiones públicas de las comisiones de ambas Cámaras. Se ampliará la integración de las fuentes

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​ documentales digitales disponibles y se publicarán los avances de recuperación histórica y las brechas pendientes.

El plan precisará las fechas a partir de las cuales las nuevas sesiones de cada corporación o comisión quedarán comprendidas en la incorporación continua y los tiempos operativos de procesamiento, sin exceder los plazos anteriores. Las grabaciones previas se incorporarán al programa de recuperación histórica.

La recuperación histórica se organizará mediante una programación inicial de cinco (5) años, contados desde la entrada en vigencia de la ley, con metas anuales ajustadas a la disponibilidad y conservación de los fondos. Esta programación se actualizará para dar continuidad a la recuperación de los materiales pendientes. La imposibilidad de recuperar un documento se registrará con su causa y las gestiones realizadas.

Las dificultades de ejecución deberán informarse públicamente con medidas correctivas y responsables. La actualización del plan no autoriza a modificar por acto administrativo los plazos fijados en esta ley ni a suspender obligaciones de publicación ya vigentes.

ARTÍCULO 32. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia, las mesas directivas y demás autoridades competentes de cada Cámara adoptarán, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2390 de 2024, los actos de ejecución necesarios. Se establecerán estándares comunes de archivo, interoperabilidad, seguridad, accesibilidad, recepción y continuidad, con respeto de la autonomía del Congreso y de las normas nacionales aplicables.

Los protocolos no podrán crear empleos, modificar salarios, alterar el procedimiento legislativo, establecer nuevas reservas, exigir pagos o imponer requisitos de participación no autorizados por la ley. La falta de un protocolo no impedirá cumplir las obligaciones que sean directamente exigibles.

ARTÍCULO 33. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación. Adiciona los artículos 1, 5, 6, 8, 10, 14 y 15 de la Ley 1147 de 2007 y el artículo 232 de la Ley 5ª de 1992 en los términos expresamente señalados.

DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ​

Representante a la Cámara

Coordinador Ponente

RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA

Representante a la Cámara por Tolima - Pacto

Histórico

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente exposición desarrolla el objeto de la iniciativa, sus antecedentes institucionales, el marco constitucional y normativo, la justificación y los referentes comparados, el impacto fiscal, la descripción del articulado y las consideraciones sobre conflictos de interés.

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

La iniciativa tiene por objeto incorporar responsablemente sistemas de inteligencia artificial en el apoyo a las funciones congresionales, la gestión documental y el acceso ciudadano a la información del Congreso. Para ello fortalece el Sistema de Información Parlamentaria, crea la Oficina de Inteligencia Artificial y Memoria Legislativa y establece un asistente que facilite la consulta de fuentes oficiales, la reconstrucción de antecedentes, la comprensión de los procedimientos y el seguimiento de propuestas ciudadanas.

El propósito democrático consiste en reducir las barreras que separan la disponibilidad formal de información de su utilización efectiva. Una persona debe poder identificar qué se discute, cómo ha cambiado una propuesta, cuáles posiciones se expresaron y dónde se encuentran los documentos que sustentan una respuesta. La consulta mediante lenguaje natural y voz, acompañada de enlaces verificables y atención humana, se concibe como un servicio público de orientación.

El proyecto conserva la responsabilidad humana sobre las decisiones parlamentarias y administrativas. Los resultados automatizados son auxiliares; no sustituyen la Gaceta del Congreso, las certificaciones de las secretarías, las actas aprobadas ni las competencias de quienes tienen iniciativa legislativa. Tampoco confieren a los apoyos recibidos en una plataforma el valor jurídico de firmas certificadas o de votos.

II. ANTECEDENTES Y CONTINUIDAD INSTITUCIONAL

La modernización del Congreso cuenta con una estructura legal previa. La Ley 1147 de 2007 adoptó el Sistema de Información Parlamentaria y creó la Comisión Especial de Modernización, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa y la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana. Integró al sistema la Biblioteca del Congreso, el Archivo Legislativo, la Hemeroteca y la Gaceta. Este antecedente permite organizar las nuevas capacidades alrededor de instituciones existentes, con responsabilidades identificables.1

La existencia de portales de las Cámaras y de servicios de consulta normativa constituye un activo que debe aprovecharse. La iniciativa no parte de afirmar que el Congreso carece de información pública en línea. Su aporte consiste en integrar fuentes, relacionar versiones e intervenciones y ofrecer una consulta comprensible y verificable sobre ellas. La interoperabilidad reduce la necesidad

1 Congreso de Colombia. (2007, 10 de julio). Ley 1147 de 2007, especialmente artículos 1, 5, 6, 8, 10, 14 y 15. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1147_2007.htm

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​ de replicar publicaciones y conserva la responsabilidad de las dependencias productoras y custodias.

La Ley Orgánica 2390 de 2024 avanzó en la incorporación de medios digitales al procedimiento legislativo. La Ley 2631 de 2026 fortaleció la rendición de cuentas individual de los congresistas. La propuesta continúa esas líneas mediante servicios de asistencia y recuperación documental: no vuelve a crear los deberes generales de publicidad ni condiciona su cumplimiento a la disponibilidad de una herramienta de IA.

La recuperación histórica forma parte de esta continuidad. Las decisiones actuales se comprenden mejor cuando pueden contrastarse con debates y proyectos anteriores, incluidos los archivados. El programa de recuperación permitirá conocer la cobertura disponible y las brechas pendientes, sin presentar un archivo incompleto como si contuviera toda la memoria del Congreso ni suspender la incorporación de nuevas sesiones mientras se procesan fondos antiguos.

III. MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

1. Democracia, publicidad y participación

Los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución definen el carácter democrático, participativo y pluralista del Estado, imponen facilitar la participación en las decisiones públicas y reconocen la soberanía popular. Los artículos 20, 23, 40 y 74 protegen, respectivamente, la información, la petición, la participación y control del poder político y el acceso a documentos públicos. Estos mandatos fundamentan servicios que hagan comprensible y utilizable la información parlamentaria.2

Los artículos 103 y 155 encuadran los mecanismos de participación y la iniciativa popular; el artículo 157 exige publicidad oficial de los proyectos. Los artículos 13 y 15 orientan la accesibilidad y la protección de datos. Los artículos 8 y 70 respaldan la preservación de la memoria cultural. El artículo 209 aporta criterios de publicidad, eficacia, economía y coordinación a la administración del Congreso.3

2. Reglamento y antecedentes específicos de modernización

La Ley 5ª de 1992 regula la publicidad y el procedimiento legislativo. Sus artículos 35 y 36 deben leerse con las modificaciones introducidas por la Ley 2390 de 2024: las actas de comisiones y plenarias se publican en la Gaceta y siguen el procedimiento de conocimiento, discusión y aprobación. Las transcripciones automáticas y grabaciones indexadas conservarán su condición

3 Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia, artículos 8, 13, 15, 70, 103, 155, 157 y 209. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

2 Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia, artículos 1, 2, 3, 20, 23, 40 y 74. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

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​ auxiliar y no alterarán esos trámites. Los artículos 230 a 232 encuadran la presentación y consideración de observaciones ciudadanas.4

La Ley Orgánica 2390 de 2024 permite utilizar medios tecnológicos en diversos trámites y, en su artículo 11, modifica el artículo 231 de la Ley 5ª para admitir observaciones digitales. Su artículo 13 atribuye a las mesas directivas, con asesoría de la Comisión de Modernización, la instalación y adopción de medios digitales. El artículo 16 dispone una política de datos abiertos, seguimiento e informes periódicos y evaluaciones independientes. La nueva iniciativa desarrolla capacidades de consulta y asistencia sobre esa base, sin atribuir a la Oficina las competencias de las mesas directivas ni generar reportes paralelos innecesarios.5

En relación con la Ley 1147 de 2007, la propuesta fortalece el sistema y las unidades existentes mediante adiciones expresas. La Oficina se ubica en la UATL, está al servicio de ambas Cámaras y carece de personería jurídica, autonomía presupuestal y ordenación del gasto. Su creación no sustituye las responsabilidades de archivos, bibliotecas, secretarías y dependencias de tecnología. Esta distribución busca continuidad institucional y una implementación compatible con las competencias administrativas vigentes.

3. Rendición de cuentas y transparencia congresional

La Ley 2631 de 2026 regula la apertura de información y el diálogo entre el Congreso y la ciudadanía. Sus artículos 3 y 4 contemplan un informe de gestión por legislatura y su publicación digital en datos abiertos; el artículo 4 vincula esa publicación al Sistema de Información Parlamentaria. Su parágrafo 4 reemplaza el informe del parágrafo 2 del artículo 14 de la Ley 1147. Por ello, el asistente debe facilitar el acceso a la información vigente y a sus fuentes certificadas, sin crear un informe individual adicional ni sustituir el diálogo público exigido por la ley.6

La Ley 1712 de 2014 establece el marco general de acceso a información pública, transparencia activa y divulgación. Sus principios de máxima publicidad, facilitación, calidad y accesibilidad orientan una consulta que permita localizar y reutilizar documentos. El carácter público de la actividad congresional no elimina la protección de datos personales ni las excepciones legales al acceso. La integración tecnológica no puede crear reservas nuevas ni desconocer las existentes.7

7 Congreso de Colombia. (2014, 6 de marzo). Ley 1712 de 2014, artículos 2–5, 7–11 y 18–21. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html

6 Congreso de Colombia. (2026, 28 de agosto). Ley 2631 de 2026, artículos 1–4, especialmente artículo 4, parágrafo 4. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=194130

5 Congreso de Colombia. (2024, 26 de julio). Ley Orgánica 2390 de 2024, artículos 2, 3, 11, 13 y 16. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=158697

4 Congreso de Colombia. (1992, 17 de junio). Ley 5ª de 1992, artículos 35, 36 y 230–232, en su texto modificado por la Ley 2390 de 2024. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0005_1992.html

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4. Datos personales, archivos y canales ciudadanos

La Ley 1581 de 2012 exige que el tratamiento de datos respete finalidad, libertad, calidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad. Las preguntas formuladas al asistente pueden revelar intereses o circunstancias personales aunque las respuestas se basen en documentos públicos. De ahí la necesidad de limitar la recolección, permitir controlar la continuidad del contexto y proteger conversaciones y borradores frente a usos de entrenamiento no autorizados.8

La Ley 594 de 2000 ofrece el marco de gestión y conservación documental: digitalizar o procesar un documento no autoriza destruir su original ni perder su procedencia. La Ley 1755 de 2015 conserva plena aplicación a las peticiones recibidas a través del sistema; una orientación automática no equivale a respuesta de fondo. La Ley 1757 de 2015 rige los mecanismos de participación y no es sustituida por la recepción de propuestas o apoyos informales. La Ley 1618 de 2013 exige considerar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad.9

5. Naturaleza orgánica y delimitación de la iniciativa

La iniciativa se presenta como ley orgánica porque interviene en el Reglamento y en la organización de los servicios del Congreso. El artículo 151 constitucional exige mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. La incorporación de canales tecnológicos no altera los umbrales de iniciativa popular, las competencias de los representantes ni el contenido esencial de los derechos fundamentales. Su función es instrumentar el ejercicio de derechos ya reconocidos y ordenar el apoyo institucional necesario.10

IV. JUSTIFICACIÓN Y EVIDENCIA COMPARADA

1. De la publicación a la comprensión de la actividad legislativa

Publicar información y posibilitar su comprensión son tareas relacionadas, pero diferentes. Reconstruir el trámite de una iniciativa puede exigir reunir textos radicados, ponencias, proposiciones, actas y grabaciones. Aun cuando cada pieza esté publicada, la carga de relacionarlas puede excluir de la discusión a quienes carecen de tiempo o conocimientos especializados. El proyecto responde a ese problema mediante consulta integrada, identificación de versiones y enlaces que permitan comprobar cada respuesta.

10 Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia, artículo 151. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

9 Congreso de Colombia. (2000, 2013 y 2015). Ley 594 de 2000; Ley 1618 de 2013; Ley 1755 de 2015; Ley 1757 de 2015. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0594_2000.html ; https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1618_2013.html ; https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html ; https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.html

8 Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012, artículos 4, 8, 9, 12 y 17. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

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​ La Hoja de ruta hacia la apertura legislativa 2.0 de ParlAmericas vincula transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética. También advierte sobre la brecha digital y promueve la gestión documental y el acceso comprensible. Este enfoque respalda que la modernización incluya atención humana, accesibilidad y canales de bajo consumo de datos. Incorporar un asistente es útil si mejora esas condiciones y si la ciudadanía conserva acceso directo a las fuentes.11

El Informe Parlamentario Mundial 2022, elaborado por la Unión Interparlamentaria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, examina la participación pública en la labor parlamentaria. Su perspectiva permite situar la tecnología dentro de una relación institucional sostenida: informar debe conducir a oportunidades de intervención, y recibir aportes exige comunicar su tratamiento. La trazabilidad de propuestas y la orientación de la UAC responden a ese objetivo.12

En Colombia, el balance legislativo 2023–2024 de Transparencia por Colombia identificó obstáculos políticos y estructurales para la agenda anticorrupción. Su diagnóstico no demuestra que la IA resuelva esos problemas; sí recuerda que las herramientas deben acompañarse de responsabilidad institucional y seguimiento público. Facilitar la localización de antecedentes puede fortalecer la vigilancia ciudadana, pero no reemplaza la voluntad política, la deliberación ni los controles sobre los conflictos de interés.13

2. Evidencia internacional y aportes académicos

El World e-Parliament Report 2024 recoge respuestas de 115 cámaras parlamentarias de 86 países y parlamentos supranacionales. La UIP reportó que el 29 % utilizaba herramientas de IA y señaló persistentes brechas de madurez digital asociadas con los recursos disponibles. Es una evidencia de adopción institucional, no una medición causal de mejor calidad legislativa ni un argumento para adquirir tecnología sin diagnóstico. Su principal enseñanza para esta iniciativa es organizar una estrategia gradual con capacidades, responsables y continuidad.14

La investigación de von Lucke, Fitsilis y Gagnon compara talleres realizados entre 2021 y 2023 en los parlamentos de Grecia, Argentina y Canadá, en los que se examinaron 210 propuestas de herramientas, servicios y cuestiones relacionadas con IA. El trabajo aporta una metodología de identificación de necesidades y prioridades para estrategias digitales, sistemas y formación. Su

14 Unión Interparlamentaria. (2024, 9 de octubre). New IPU report: Parliaments embrace technology but digital divide persists. https://www.ipu.org/news/press-releases/2024-10/new-ipu-report-parliaments-embrace-technology-digital-divide-persists

13 Transparencia por Colombia. (2024). Balance del Congreso 2023–2024 en materia de lucha contra la corrupción. https://transparenciacolombia.org.co/balance-congreso-20223-2024/ 12 Unión Interparlamentaria y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). Global Parliamentary Report 2022: Public engagement in the work of parliament. https://www.undp.org/publications/global-parliamentary-report-2022-public-engagement-work-parliament

11 ParlAmericas. (2022). Hoja de ruta hacia la apertura legislativa 2.0, pp. 6–11. https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Road_map_2.0_SPA.pdf

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​ utilidad es orientar la selección institucional de aplicaciones; no ofrece una tarifa trasladable a Colombia ni prueba que todas las soluciones sean necesarias.15

Fitsilis analizó la interacción experimental de la Comisión para el Futuro del Parlamento finlandés con una IA en abril de 2021. Su nota de investigación plantea implicaciones para los servicios parlamentarios y para la regulación de su uso. La experiencia debe entenderse como experimentación institucional, no como delegación de la función legislativa. Para el proyecto colombiano resulta pertinente la separación entre explorar capacidades técnicas y conservar la responsabilidad humana sobre las actuaciones.16

Las directrices editadas por Fitsilis, von Lucke y De Vrieze para la Westminster Foundation for Democracy, y las publicadas por la UIP con su centro de innovación, aportan marcos específicos para introducir IA en parlamentos. La existencia de guías elaboradas por especialistas y funcionarios parlamentarios respalda una adopción acompañada de gobernanza, formación y reglas de responsabilidad. Son referentes de orientación; no obligaciones jurídicas directamente aplicables al Congreso colombiano.17

3. Referentes parlamentarios y lecciones para Colombia

Brasil: apoyo a la asistencia técnica legislativa. La Cámara de Diputados informó en 2019 que Ulysses ya apoyaba la distribución de solicitudes entre áreas de su Consultoría Legislativa y realizaba clasificación temática de textos. La publicación diferencia esas funcionalidades de otras que estaban en aprendizaje. El caso muestra una aplicación concreta a tareas repetitivas de organización de información, conservando el trabajo especializado de los consultores. Es pertinente para fortalecer la UATL sin trasladar a un sistema la evaluación política o jurídica de los proyectos.18

18 Câmara dos Deputados. (2019, 9 de agosto). Consultoria Legislativa da Câmara utiliza inteligência artificial para agilizar trabalhos. https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/568452-consultoria-legislativa-da-camara-utiliza-inteligencia-artificialpara-agilizar-trabalhos/ 17 Fitsilis, F., von Lucke, J., y De Vrieze, F. (Eds.). (2024). Guidelines for AI in parliaments. Westminster Foundation for Democracy. Presentación institucional en Interoperable Europe; Unión Interparlamentaria. (2024). Guidelines for AI in parliaments. https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/egovernment/solution/hocrt/document/guidelines-ai-parliaments ; https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2024-12/guidelines-ai-in-parliaments

16 Fitsilis, F.. (2021). Artificial intelligence (AI) in parliaments – preliminary analysis of the Eduskunta experiment. The Journal of Legislative Studies, 27(4). https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1976947. Resumen publicado por el autor. https://fitsilis.gr/ai/ 15 von Lucke, J., Fitsilis, F., y Gagnon, S.. (2024). Comparative analysis of the relevance and priority for artificial intelligence tools, services and open questions in the Hellenic, Argentinian and Canadian parliaments. International Journal of Parliamentary Studies. https://doi.org/10.1163/26668912-bja10089. Resumen consultado en la publicación del coautor. https://gagnontech.org/comparative-analysis-of-the-relevance-and-priority-for-artificial-intelligence-tools-services-and-op en-questions-in-the-hellenic-argentinian-and-canadian-parliaments/ Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 607B, Edificio Nuevo del Congreso

​ Estonia: transcripción con revisión humana. El Riigikogu anunció el inicio de operación de HANS en septiembre de 2020. El sistema registra el audio y utiliza reconocimiento de voz; posteriormente, editores revisan el texto antes de su publicación. La lección es que automatizar una primera transcripción puede apoyar la producción documental sin eliminar la verificación. En Colombia, la búsqueda de intervenciones debe enlazar el segmento audiovisual y diferenciar claramente el texto automático del acta oficial.19

Italia: consulta en lenguaje natural. El Senado italiano aportó a la colección de la UIP un caso de uso para consultar el estado y contenido de leyes, proyectos y otros actos mediante lenguaje natural. Es un diseño funcional publicado en junio de 2024, no una evaluación de resultados de un servicio universal ya desplegado. Su afinidad con el proyecto radica en permitir preguntas comprensibles sin exigir al usuario dominar la estructura de una base legislativa.20

Finlandia: recuperación de información histórica. El Parlamento finlandés formuló un caso de uso para normalizar documentos de 2001–2014 y hacerlos compatibles con estructuras posteriores, facilitando su localización y reutilización. La ficha contempla controles y riesgos de inexactitud; sus metas de calidad no deben confundirse con resultados observados. El referente respalda la utilidad de trabajar sobre formatos y metadatos antes de ofrecer búsquedas integradas de archivos históricos.21

Estas experiencias muestran funciones diferenciadas: clasificación, transcripción, consulta y normalización documental. Su adaptación exige conocer los formatos, procedimientos y recursos del Congreso colombiano. No justifican copiar plataformas, adoptar un proveedor particular o presumir que un chatbot de preguntas frecuentes equivale a un asistente capaz de reconstruir el trámite legislativo y localizar intervenciones audiovisuales.

4. Beneficios esperados y condiciones de realización

El primer beneficio esperado es reducir el esfuerzo de búsqueda. Frente a una pregunta sobre un proyecto, el asistente podrá relacionar documentos y versiones, indicar su procedencia y explicar el estado del trámite. La utilidad dependerá de la actualización de los registros y de la precisión de los enlaces. Una respuesta fluida con una cita inexistente deteriora la transparencia; por eso deben existir avisos de incertidumbre, corrección y consulta directa.

El segundo beneficio es mejorar la accesibilidad del debate. La interacción por voz, los subtítulos y la consulta por temas pueden facilitar el acceso de personas con distintas capacidades y niveles de 21 Parliament of Finland. (2024, 2 de julio). Data normalization of historical parliamentary affairs and documents [Caso de uso 046]. Unión Interparlamentaria. https://www.ipu.org/ai-use-cases/data-normalization-historical-parliamentary-affairs-and-documents

20 Senate of Italy. (2024, 12 de junio). Natural-language querying of legislative processes and contents [Caso de uso 029]. Unión Interparlamentaria. https://www.ipu.org/ai-use-cases/natural-language-querying-legislative-processes-and-contents

19 Riigikogu. (2020, 14 de septiembre). The Riigikogu has a new system for making verbatim reports. https://www.riigikogu.ee/en/pressiteated/the-riigikogu-has-a-new-system-for-making-verbatim-reports/ Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 607B, Edificio Nuevo del Congreso

​ conocimiento. Sin embargo, una solución exclusivamente digital puede reproducir exclusiones. El proyecto mantiene orientación humana y prevé apoyos territoriales, accesibilidad y participación sin dispositivo propio, conforme a las capacidades institucionales.

El tercer beneficio es fortalecer la memoria y la continuidad. Vincular debates actuales con antecedentes puede evitar que el conocimiento institucional dependa exclusivamente de personas o periodos legislativos. La recuperación requiere identificar documentos faltantes, conservar originales y registrar correcciones. El asistente deberá reconocer los límites de cobertura: no encontrar una intervención en el índice no demuestra que esa intervención nunca ocurrió.

El cuarto beneficio es facilitar una participación con seguimiento. La ciudadanía podrá elaborar propuestas, consultar antecedentes y conocer su remisión. La asistencia para redactar no reemplaza la revisión jurídica ni habilita automáticamente la radicación. Los criterios para priorizar acompañamiento incorporan relevancia, diversidad y barreras de acceso, evitando que el número de apoyos digitales se convierta en la única medida del interés público.

5. Riesgos y salvaguardas

La Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial ofrece un referente de derechos humanos, privacidad, transparencia y supervisión. Aplicada al servicio parlamentario, esa orientación exige prevenir respuestas engañosas, sesgos y usos incompatibles con la finalidad pública. Los avisos sobre generación automatizada deben permitir comprender los límites del servicio, no funcionar como una exoneración de responsabilidad institucional.22

Una síntesis de debate debe reflejar posiciones distintas y evitar atribuir a una persona expresiones no verificadas. Las preguntas ciudadanas y borradores requieren protección propia; consultar información pública no implica autorizar el uso de la conversación para entrenar modelos. La posibilidad de revisar errores, recuperar datos y cambiar de proveedor protege tanto a los usuarios como a la autonomía del Congreso.

La ley fija objetivos, responsabilidades y garantías que deben sobrevivir a los cambios de mesa directiva y de proveedor. Los protocolos técnicos concretarán estándares y operación dentro de las competencias existentes. La puesta en marcha gradual permite verificar seguridad, calidad y accesibilidad antes de ampliar funciones, sin imponer un programa separado de evaluaciones periódicas a la Oficina ni duplicar los reportes institucionales.

22 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021, 23 de noviembre). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence

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V. IMPACTO FISCAL

1. Alcance del análisis y costos posibles

La iniciativa puede generar costos de inversión y funcionamiento. La utilización de empleos, portales e infraestructura existentes reduce duplicaciones potenciales, pero no acredita por sí sola suficiencia presupuestal ni costo fiscal nulo. Deben considerarse la integración de fuentes, digitalización y recuperación histórica, procesamiento de audio y texto, licencias o servicios de cómputo, almacenamiento, seguridad, accesibilidad, capacitación, mantenimiento y continuidad. Los volúmenes documentales y la demanda de consulta incidirán en el costo efectivo.

El presente análisis reúne antecedentes de entidades públicas para mostrar diversidad de valores y alcances. La cuantificación específica deberá realizarse con las necesidades de las Cámaras, las capacidades disponibles y las obligaciones de la ley, separando la puesta en marcha del sostenimiento.

2. Antecedentes públicos de precios y alcances

Concejo Distrital de Medellín, 2026: $80.000.000. El plan de acción de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas asigna ese recurso a avanzar en la implementación del chatbot corporativo, con la meta de un chat funcional. Se trata de una previsión de planeación, no de un valor adjudicado o ejecutado. Su interés para este análisis reside en ser una referencia de atención digital en una corporación pública de representación.23

Universidad del Tolima, 2026: $63.000.000. La invitación pública de menor cuantía 045 de 2026 contempla 23 planes de chatbot web para WhatsApp de 10.000 mensajes mensuales cada uno, 23 complementos de inteligencia artificial y dos suscripciones IA Business, con un plazo de cuatro meses y quince días. La referencia comprende un paquete específico de servicios para la entidad; no equivale al precio aislado de un asistente parlamentario ni a su costo anual. Se registra como presupuesto del proceso, sin equipararlo a pago ejecutado.24

Ministerio de Justicia y del Derecho, adquisición en 2021: $97.699.000. El registro oficial de SECOP II identifica el contrato 551 de 2021, celebrado con Natura Software mediante compraventa, para entregar un sistema de chatbot destinado a facilitar el acceso ciudadano a información de los portales y sistemas del Ministerio.25

25 Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (s. f.). SECOP II – Contratos electrónicos: contrato 551 de 2021 del Ministerio de Justicia y del Derecho, identificador CO1.PCCNTR.2705305 [Registro de datos]. Consultado el 26 de octubre de 2026. https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json?id_contrato=CO1.PCCNTR.2705305

24 Universidad del Tolima. (2026). Invitación pública de menor cuantía 045 de 2026, pp. 4–6. https://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/Contratacion/menor_cuantia_2026/045-2026/INVITACI%C3%93N_P% C3%9ABLICA_CHATBOT_IDEAD_1_1_1_1.pdf

23 Concejo de Medellín. (2026). Plan de acción de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, p. 1. https://www.concejodemedellin.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/2_Plan_accion_-2026__crc_v01.pdf

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​ Ministerio de Justicia y del Derecho, soporte y actualización en 2023: $22.601.529. Corresponde al contrato 1201 de 2023 y a la contratación autorizada mediante Resolución 1978 del 23 de noviembre de 2023. Es una referencia posterior de sostenimiento del sistema, distinta de la adquisición inicial.26

ICFES, 2024: hasta $26.621.280. El expediente 460 de 2024 contempla la plataforma Turn.io para el chatbot de la Unidad de Atención al Ciudadano durante doce meses. El documento fija un límite contractual, incluidos tributos y otros costos. Es un servicio sobre una plataforma existente y no una adquisición de todas las capacidades previstas para el Congreso.27

Alcaldía de Funza: $27.092.000 en 2022 y $34.548.820 en 2023. El estudio de mercado del ICFES relaciona esos valores para los procesos MC-066-2022 y MC-044-2023 sobre soluciones de chatbot. Se incluyen como antecedentes reportados por otra entidad pública, con un nivel de verificación diferente al de los registros originales consultados. No se deducen de ellos prestaciones no descritas ni costos unitarios aplicables al Congreso.28

Los antecedentes anteriores muestran importes entre $22.601.529 y $97.699.000, en pesos nominales de sus respectivas vigencias y para objetos diferentes. Este intervalo describe exclusivamente las referencias enumeradas; no constituye un rango estimado del costo de la ley. No se han actualizado por inflación ni igualado plazos, consumos o prestaciones. La recuperación histórica, la consulta audiovisual y la interoperabilidad bicameral pueden representar componentes adicionales que esas contrataciones no cubren.

3. Criterios para la cuantificación y programación

La estimación institucional deberá partir de un inventario de fuentes y capacidades: documentos disponibles y por recuperar, horas de grabación, formatos, servicios vigentes, necesidades de integración y niveles de atención. Sobre esa base podrán separarse costos iniciales, costos recurrentes y costos variables por uso. Las autoridades competentes deberán contrastar alternativas, comprobar qué recursos pueden reutilizarse y valorar los gastos de migración, contingencia y cambio de proveedor.

La recuperación histórica se programa inicialmente a cinco años, con metas anuales según disponibilidad y conservación. Esta gradualidad distribuye el esfuerzo operativo, pero no elimina

28 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2024). Expediente ICFES-460-2024-Turn-IO, estudio de mercado, pp. 22–23, antecedentes de contratación de Funza. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/ICFES-460-2024-Turn-IO.pdf

27 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2024). Expediente ICFES-460-2024-Turn-IO, estudios previos, pp. 5–6, y registro presupuestal. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/ICFES-460-2024-Turn-IO.pdf

26 Ministerio de Justicia y del Derecho. (2023, 23 de noviembre). Resolución 1978 de 2023, artículos 1 y 2; Colombia Compra Eficiente. (s. f.). Registro SECOP II del contrato 1201-2023, CO1.PCCNTR.5592951. https://www.minjusticia.gov.co/normatividad-co/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%201978%20del%2023%20de %20noviembre%20de%202023.pdf ; https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json?id_contrato=CO1.PCCNTR.5592951

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​ costos ni autoriza a desconocer obligaciones vigentes. La incorporación continua de nuevos registros debe evitar que la tarea histórica produzca nuevos rezagos. La información del plan permitirá ajustar la programación presupuestal a productos verificables y no a una promesa genérica de digitalización total.

El artículo 30 del proyecto prevé atender las necesidades con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación, conforme a las reglas fiscales y presupuestales y al reparto institucional previsto en la Ley 1147. No crea un tributo ni identifica una nueva fuente específica de ingreso. La posibilidad de financiar costos incrementales mediante recursos existentes deberá acreditarse durante el trámite; no puede darse por demostrada mediante una cláusula general de disponibilidad. Si los recursos son insuficientes, corresponde precisar la fuente adicional o los ajustes de financiación necesarios.

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003 exige hacer explícitas las incidencias fiscales de las iniciativas que ordenan gasto o conceden beneficios tributarios, indicar costos y financiación y examinar su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este apartado identifica cargas y antecedentes disponibles; su desarrollo durante el trámite requiere información administrativa y presupuestal de las Cámaras y valoración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.29

Frente a la materia, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias. Una de estas, la sentencia C-502 de 2007, expresó que los requisitos establecidos en el artículo 7° de la norma previamente citada se constituyen como instrumentos de racionalización de la actividad legislativa que no pueden limitar el ejercicio de la función legislativa por parte del Congreso de la República ni pueden otorgar un poder de veto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con el trámite y aprobación de los proyectos de ley, pues ello vulneraría la autonomía del legislador y el principio de separación de las ramas del poder público. Así mismo, señaló que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el principal responsable de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003:

“Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de 29 Congreso de Colombia. (2003, 9 de julio). Ley 819 de 2003, artículo 7. https://www.cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/ley_0819_2003.htm

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​ veto legislativo en cabeza del ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el ministro de Hacienda” (subrayado fuera del original).

VI. DESCRIPCIÓN DEL ARTICULADO E IMPLEMENTACIÓN

El articulado comprende treinta y tres artículos organizados en siete títulos. El título I establece objeto, definiciones y principios. El título II fortalece el Sistema de Información Parlamentaria, distribuye responsabilidades y crea la Oficina en la UATL. El título III crea el asistente y regula responsabilidad humana, protección de datos, seguridad y control institucional de la contratación. El título IV integra fuentes públicas y memoria histórica y habilita consulta audiovisual sin sustituir las publicaciones oficiales.

El título V desarrolla orientación y participación: formulación de propuestas, apoyo a borradores, criterios para priorizar asistencia, trazabilidad, rutas de iniciativa y accesibilidad. El título VI regula seguimiento, correcciones y continuidad. El título VII incorpora programación financiera, etapas de implementación, instrumentos de ejecución y vigencia. El seguimiento aprovecha informes existentes y registros de operación para evitar una carga autónoma de evaluaciones periódicas a la Oficina.

La implementación contempla cuatro hitos: plan común dentro de seis meses; piloto público dentro de doce meses, con inicio de recuperación histórica; texto y voz, consulta de nuevas plenarias, avisos voluntarios y espacio ciudadano dentro de dieciocho meses; y extensión audiovisual a nuevas sesiones de comisiones dentro de veinticuatro meses. La programación histórica inicial de cinco años se actualiza para continuar con fondos pendientes. Estos plazos no modifican los términos legales de publicación ni de respuesta a peticiones.

La distribución de responsabilidades es una condición de viabilidad. La Oficina define y coordina requerimientos funcionales; tecnología atiende operación, infraestructura y seguridad; la UAC conserva orientación humana; y los custodios responden por sus fuentes. La ley no crea automáticamente empleos adicionales ni habilita modificaciones salariales por protocolo. Esa decisión reduce una fuente de gasto directo, sin desconocer que la capacidad real de los equipos debe ser examinada en el plan.

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VII. CONSIDERACIONES SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

De conformidad con lo establecido en el artículo 286 de la Ley 5 de 1992 y en el artículo 3o de la Ley 2003 de 2019, que modifica el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, estableciendo la obligación de los ponentes del proyecto de presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación de la iniciativa y en concordancia con la jurisprudencia que interpreta la materia; frente al presente proyecto, se considera que conlleve a los congresistas a incurrir en un posible conflicto de interés Tampoco se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de interés en los congresistas para que puedan discutir y votar este proyecto de ley. No obstante, se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés o impedimentos que se puedan presentar frente al trámite del mismo no exime del deber al congresista de identificar causales adicionales. En este sentido, el artículo 182 de la Constitución Política de Colombia dispone que los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, y que la Ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones. En consecuencia, el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado por la Ley 2003 de 2019, definió lo relativo al Régimen de Conflicto de Interés de los Congresistas, en ese sentido dispuso:

“(...) Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista. a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado. b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión. c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.” Sobre el conflicto de interés el Consejo de Estado se ha pronunciado en Sentencia del año 2022, estableciendo que:

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​ “Siempre que se produzca un resultado provechoso por el simple ejercicio de una función oficial, que convenga al agente o a otra persona allegada, en el orden moral o material, surgirá un conflicto de intereses. Si la ley protege el interés, será lícito; pero si se persigue con fines personales, particulares, que sobrepasen el interés social, será ilícito”. También el Consejo de Estado el año 2010 sobre el conflicto de interés, conceptuó:

“La institución del conflicto de intereses apunta a trazar un límite entre el ejercicio legítimo de la función legislativa y el aprovechamiento de esta función por parte del congresista para obtener beneficios personales o en favor de aquellas personas allegadas que determina la ley. Así las cosas, no se presenta conflicto entre el interés personal del congresista y el interés general cuando la ley tiene por destinataria a la generalidad de la sociedad, en abstracto, hipótesis en la cual quedan incluidos los amplios sectores sociales que son objeto de determinadas leyes, como por ejemplo las minorías étnicas o culturales, las profesiones, los contribuyentes o, como el caso que nos ocupa, las víctimas de la violencia en Colombia. No sería razonable, por consiguiente, afirmar que por el hecho de ser abogado un congresista estaría impedido para participar en la aprobación de una ley que expida el estatuto de esa profesión; que por ser indígena estaría impedido para participar en el trámite de la ley orgánica que reglamente las entidades territoriales indígenas; que por ser propietario estaría impedido para intervenir en la discusión de una ley sobre impuesto predial; o que por encajar en la definición legal de víctima del conflicto estaría impedido para intervenir en los debates a un proyecto de ley que establece de manera general las reglas de resarcimiento a las víctimas de la violencia en Colombia. En todos estos casos, ciertamente, podría el congresista derivar de la ley en cuya discusión interviene un beneficio personal, pero no por la circunstancia de ser miembro del Congreso ni porque la ley se dirija a un grupo de personas tan restringido y exclusivo (y por tanto excluyente) que convierta al congresista en un destinatario predilecto. En los anteriores ejemplos las leyes no se dirigen a todos los colombianos sino a grupos muy significativos: los abogados, los indígenas, los propietarios de inmuebles, las víctimas del conflicto. No todos los congresistas forman parte necesariamente de estos grupos, pero por la amplitud social de dichos sectores en la nación y la generalidad de las prescripciones de la ley a ellos dirigida, normalmente algunos de los congresistas podrían quedar incluidos. Pues bien, en estos casos no cabe la figura de conflicto de intereses, pues a pesar de que un congresista podría convertirse en destinatario de alguna de las disposiciones legales, tal hecho no obedece a que la ley busque favorecerlo directa, exclusiva y especialmente.” En consecuencia, se considera que la Ley y la jurisprudencia han dado los criterios orientadores que determinan circunstancias en las cuales se podría estar incurso en un conflicto de interés. Para lo cual será necesario que respecto del asunto objeto de conocimiento de parte del congresista (discusión o votación) se reporte un beneficio en el que concurran tres características simultáneas, a Carrera 7 No. 8 – 68, Oficina 607B, Edificio Nuevo del Congreso

​ saber, ser actual, particular y directo. Define la Ley también las circunstancias bajo las cuales se considera que no existe un conflicto de interés, en esa medida, se señala que aun cuando el congresista pueda reportar un beneficio, pero este se funde en el interés general, en el interés de sus electores, se dará lugar a que no exista tal conflicto. .30

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

La iniciativa propone que la memoria y la información del Congreso puedan consultarse con mayor facilidad, sin separar la innovación de la responsabilidad pública. Su necesidad se sustenta en la posibilidad de relacionar fuentes hoy disponibles, recuperar fondos históricos y acompañar la participación mediante servicios accesibles y verificables. El valor de la herramienta dependerá de su calidad documental, neutralidad, actualización y capacidad para remitir a las personas a las fuentes y a la atención humana.

El proyecto aprovecha la institucionalidad creada en 2007, la modernización procedimental de 2024 y la rendición de cuentas regulada en 2026. La experiencia comparada permite identificar aplicaciones concretas y límites; el análisis fiscal reconoce las cargas posibles y evita trasladar mecánicamente precios de servicios distintos. Con estos fundamentos se somete la iniciativa a consideración del Congreso de la República.

DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ​

Representante a la Cámara

Coordinador Ponente

RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA

Representante a la Cámara por Tolima - Pacto

Histórico

30 Congreso de Colombia. (2019, 19 de noviembre). Ley 2003 de 2019, modificaciones a los artículos 286 y 291 de la Ley 5ª de 1992. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2003_2019.html

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Перевод на русский: GigaChat-2, 12.11.2026. Машинный перевод, вычитывается редакцией.