{"check":null,"uid":"83371cfa2df933a8","title":"A. 1462/26","title_generated":false,"country":"Колумбия","organ":"Конституционный суд Колумбии","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"es","date":"2026-10-26","summary":"Суд рассмотрел жалобу женщины на нарушение её права на личную жизнь вследствие публикации интервью в цифровом формате без согласия. Суд постановил признать нарушенными её права на неприкосновенность личной жизни и изображение, обязал ответчика публично извиниться и запретил дальнейшее использование её личных данных без явного согласия. Решение также содержит рекомендации государственным органам регулировать цифровые платформы и ответственность создателей контента за защиту персональных данных.","snippet":"","topics":["Цифровые платформы и сервисы"],"status":"ok","error":"HTTPStatusError: Client error '403 Forbidden' for url 'https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A1462-26.htm'\nFor more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/403","text_len":56542,"versions":1,"url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A1462-26.htm","first_seen":"2026-11-01","last_checked":"2026-11-16 05:00","relevance":"hit","score":12,"query":"redes sociales","source_key":"constitutional_co","verdict":{"relevance":"hit","score":12,"topics":["Цифровые платформы и сервисы"],"need_body":3,"authorities":[],"evidence":[{"topic":"Цифровые платформы и сервисы","term":"plataforma digital","weak":false,"pos":1739,"ctx":"como consecuencia de la publicación, difusión y por mantener disponible su entrevista en plataformas digitales sin su consentimiento. lo anterior, debido a que, según manifestó, nunca existió un conse","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Цифровые платформы и сервисы","term":"redes sociales","weak":false,"pos":1926,"ctx":"istió un consentimiento expreso por su parte para que su vida personal fuera difundida en redes sociales mediante el pódcast y, adicionalmente, por identificar que pese a su solicitud de eliminar la mism","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Цифровые платформы и сервисы","term":"plataforma digital","weak":false,"pos":2389,"ctx":"sta de que tras constatar la existencia de la entrevista objeto de la controversia en las plataformas digitales indicadas en el escrito de tutela, el despacho identificó que esta no se encontraba publi","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Цифровые платформы и сервисы","term":"redes sociales","weak":false,"pos":7206,"ctx":"es de estos en colombia teniendo presente que el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales encuentra como límite los derechos fundamentales y la constitución política de 1991.  oct","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Цифровые платформы и сервисы","term":"plataforma digital","weak":false,"pos":7710,"ctx":"sta providencia con los creadores de contenido e influencers colombianos que utilicen sus plataformas digitales mediante podcasts.  noveno. desvincular del presente trámite a la clínica sanemos y a la","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Цифровые платформы и сервисы","term":"redes sociales","weak":false,"pos":8485,"ctx":"en su resolutivo cuarto, le ordenó presentar disculpas públicas a mariana a través de las redes sociales de audiovisuales la pradera , previa autorización de esta última. explicó que solicitó di","zone":"текст","weight":1}],"dropped":[{"topic":"Интеллектуальная собственность в цифровой среде","term":"contenido digital","weak":false,"pos":6312,"ctx":"ra que, en adelante, actúe con la debida diligencia que exige la producción y difusión de contenidos digitales que involucren información íntima, datos sensibles, imagen, voz, salud o relatos de viole","why":"одиночное упоминание (нужно 3)"}]},"last_changed":"2026-11-01","meta":{"full_text_url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A1462-26.htm"},"source_url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A1462-26.htm","text":"REPÚBLICA DE COLOMBIA\n\nCORTE CONSTITUCIONAL\n\n-Sala Sexta de Revisión-\n\nAUTO 1462 de 2026\n\nReferencia: Expediente T-11.758. 862\n\nAsunto: Solicitudes\nde aclaración y cumplimiento presentadas por Diana y Mariana en\nrelación con la Sentencia T-241 de 2026.\n\nMagistrado ponente:\n\nVladimir Fernández Andrade\n\nBogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil\nveintiséis (2026).\n\nEn ejercicio de sus\ncompetencias constitucionales y legales, la Sala Sexta de Revisión procede\na resolver las solicitudes de aclaración y cumplimiento de la Sentencia T-241\nde 2026 :\n\nI.\nANTECEDENTES\n\n1.\nAclaración previa\n\nEn\natención a que, en el proceso de tutela se hizo referencia a hechos que pueden\nafectar la intimidad personal de la entonces accionante, con el objetivo de\nproteger su intimidad y privacidad, se registrarán dos versiones de esta\nprovidencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte\nremitirá a las partes y los vinculados, y otra con nombres anonimizados que\nseguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información\npública. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la\nCorte Constitucional [1]\ny la Circular Interna No. 10 de 2022 [2] .\n\n2.\nSíntesis de la Sentencia T-241 de 2026\n\n1.\nEl 17 de septiembre de\n2025, la señora Mariana , instauró tutela en contra de Diana ,\nalegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y\nfamiliar, a la propia imagen, a la honra y al buen nombre, a la dignidad\nhumana, a la salud mental e integridad psicológica, a la seguridad personal, a\nla vida, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión,\ncomo consecuencia de la publicación, difusión y por mantener disponible su\nentrevista en plataformas digitales sin su consentimiento. Lo anterior, debido\na que, según manifestó, nunca existió un consentimiento expreso por su parte\npara que su vida personal fuera difundida en redes sociales mediante el pódcast\ny, adicionalmente, por identificar que pese a su solicitud de eliminar la misma\nde todas las plataformas, su entrevista seguía disponible en iVoox y podcast.nu [3] .\n\n2.\nMediante fallo del 26 de septiembre de\n2025 [4] , el Juzgado de Pequeñas Causas y\nCompetencia Múltiple negó el amparo constitucional a la accionante. Lo\nanterior, en vista de que tras constatar la existencia de la entrevista objeto\nde la controversia en las plataformas digitales indicadas en el escrito de\ntutela, el despacho identificó que esta no se encontraba publicada en los\nperfiles de dominio de la accionada. En la plataforma YouTube se pudo encontrar\nuna video reacción a tal entrevista que correspondía a un canal que no tiene\nrelación alguna con el pódcast Audiovisuales La Pradera . De otro lado,\nel juez de instancia concluyó que de las pruebas aportadas por la accionante no\nse pudo determinar actos que menoscabaran sus derechos a la honra o buen nombre\npor parte de la accionada y declaró la improcedencia de las pretensiones\nrelativas a la compensación económica pretendida.\n\n3.\nEl 29 de septiembre de 2025, la señora Mariana\nimpugnó el fallo de primera instancia [5] .\n\n4.\nEl 4 de noviembre de 2025 [6] , el Juzgado Civil del Circuito de\nBogotá confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia. Determinó\nque, ante la inexistencia de la entrevista en las plataformas de la accionada,\nse configuró una carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la\npretensión de eliminación de la entrevista de las plataformas de la accionada.\n\n5.\nMediante Auto del 26 de febrero de\n2026, la Sala de Selección Número Dos de 2026 escogió el expediente T- 11.758.862 para su revisión\ny repartió su sustanciación a la Sala Sexta de Revisión [7] .\n\n6.\nEl 10 de agosto de 2026, la Sala Sexta\nde Revisión profirió la Sentencia T-241 de 2026 que resolvió el presente caso,\nen el cual revocó los fallos de instancia y, en su lugar, resolvió conceder la\ntutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de la\naccionante y adoptar garantías de no repetición a su favor. A continuación, se\ntranscribe la parte resolutiva de la providencia:\n\n“ PRIMERO. REVOCAR los fallos del 26 de\nseptiembre de 2025 del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple y del\n4 de noviembre de 2025 del Juzgado Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar,\nCONCEDER el amparo a los derechos\nfundamentales a la intimidad y a la propia imagen de la señora Mariana.\n\nSEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Mariana, en relación con la vulneración de\nlos derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, así como la pretensión\nrelativa a la restitución o compensación de cualquier beneficio económico o\nmonetización como resultado de la difusión de su entrevista en un episodio del\npódcast Audiovisuales La Pradera.\n\nTERCERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por la configuración\nde un hecho superado, respecto de la pretensión relativa a la\neliminación del episodio del pódcast Audiovisuales La Pradera en el que participó\nMariana.\n\nCUARTO. ORDENAR a la señora Diana que, dentro del término de veinte (20)\ndías calendario, contados a partir de la notificación de esta decisión, emita DISCULPAS\nPÚBLICAS a la señora Mariana en los términos indicados en el fundamento\njurídico 233 de esta sentencia, siempre que la señora Mariana así lo autorice.\n\nQUINTO. ORDENAR , como medida de no repetición, a Diana que se abstenga,\ndirectamente o por intermedio del pódcast Audiovisuales La Pradera, de sus\ncuentas, canales, perfiles, equipos de trabajo, agencias de distribución o\nterceros relacionados con ese proyecto, de publicar, divulgar, reproducir,\ncompartir, alojar, distribuir, promocionar o monetizar nuevamente la entrevista\nrealizada a la señora Mariana, así como cualquier fragmento, audio, video,\nimagen, transcripción, extracto, pieza promocional o contenido derivado de\naquella que involucre su historia personal, imagen, voz, información íntima,\ndatos sensibles o aspectos relacionados con su salud física o mental, salvo que\ncuente previamente con el consentimiento libre, informado, específico, vigente\ny revocable de la accionante, otorgado en los términos descritos en la parte\nmotiva de esta providencia.\n\nSEXTO. PREVENIR a Diana para que, en adelante, actúe con la debida\ndiligencia que exige la producción y difusión de contenidos digitales que\ninvolucren información íntima, datos sensibles, imagen, voz, salud o relatos de\nviolencia de sus invitadas. En particular, se le advierte que, cuando una\npersona solicite la eliminación de contenidos respecto de los cuales haya\nrevocado o limitado su consentimiento, deberá desplegar de manera oportuna,\ncompleta y verificable todas las actuaciones razonables para procurar su retiro\nefectivo de las plataformas y canales de distribución en los que hayan sido\npublicados, según sea requerido en cada caso.\n\nSÉPTIMO . EXHORTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las\nComunicaciones y al Congreso de la República para que, en el marco de sus\nfunciones, regulen lo relativo a los derechos y deberes de los creadores de\ncontenido, influencers e intermediadores comerciales de estos en Colombia\nteniendo presente que el ejercicio de la libertad de expresión en redes\nsociales encuentra como límite los derechos fundamentales y la Constitución\nPolítica de 1991.\n\nOCTAVO. INSTAR a las compañías iVoox Global Podcasting Service, S.L., Podcasts.nu,\nSpotify Colombia S.A.S., Google LLC, Apple Colombia S.A.S., Amazon Inc., Meta\nPlatforms Inc., TikTok Colombia Technologies S.A.S. y X Corp para que, conforme\na sus propios criterios y haciendo uso de su autorregulación, difundan esta\nprovidencia con los creadores de contenido e influencers colombianos que\nutilicen sus plataformas digitales mediante podcasts.\n\nNOVENO. DESVINCULAR del presente trámite a la Clínica Sanemos\ny a la Fiscalía General de la Nación.\n\nDÉCIMO . Por Secretaría General de la Corte\nConstitucional, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere\nel artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 ”.\n\n3.\nLas solicitudes de cumplimiento y\naclaración de la Sentencia T-241 de 2026\n\n7.\nEl 27 de agosto de 2026, la señora Diana\npresentó una “[s] olicitud Precisión (sic) alcance y forma del\nfundamento jurídico 233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026 ” [8] .\n\n8.\nEn dicha solicitud, la accionada\ninformó que había adelantado actuaciones para cumplir la Sentencia T-241 de\n2026, la cual, en su resolutivo cuarto, le ordenó presentar disculpas públicas\na Mariana a través de las redes sociales de Audiovisuales La Pradera ,\nprevia autorización de esta última. Explicó que solicitó dicha autorización y\nremitió un borrador de la publicación elaborada conforme a los parámetros\nfijados por la Corte. Sin embargo, aunque inicialmente la accionante otorgó una\nautorización condicionada, posteriormente manifestó de manera expresa que no\nautorizaba la publicación en los términos propuestos y supeditó cualquier\nautorización futura a la incorporación de determinados contenidos y a la\nidentificación previa de los perfiles donde se realizaría la difusión.\n\n9.\nCon fundamento en lo anterior, la\naccionada sostuvo que se configuró una dificultad objetiva para cumplir la\norden judicial, pues publicar sin autorización de la accionante podía\ndesconocer los derechos protegidos por la sentencia, mientras que modificar\nunilateralmente el texto para atender todas las exigencias posteriores de la\naccionante podía exceder lo ordenado por la Corte.\n\n10.\nEn consecuencia, realizó las siguientes\nsolicitudes a la Sala Sexta de Revisión:\n\n“ PRIMERO . Tener por informadas las\nactuaciones adelantadas por la suscrita accionada, para dar cumplimiento\noportuno y de buena fe a lo dispuesto en la Sentencia T-241 de 2026.\n\nSEGUNDO . Precisar el alcance jurídico de la\ncondición contenida en el fundamento 233 y en el numeral cuarto de la parte\nresolutiva, frente a la última manifestación de la señora Mariana mediante la\ncual indicó expresamente que no autoriza la publicación en los términos\npropuestos.\n\nTERCERO . Determinar, como consecuencia de lo\nanterior, si mientras subsista la ausencia de autorización expresa para la\npublicación correspondiente existe una imposibilidad jurídica de ejecutar la\norden de disculpas públicas, sin que dicha circunstancia temporal que me fue\nindicada (20 días) pueda ser atribuida a la accionada como incumplimiento de la\nprovidencia.\n\nCUARTO . Subsidiariamente, si la Honorable Corte\nconsidera que la publicación debe efectuarse pese a la controversia surgida\nentre las partes, solicito respetuosamente que se fije de manera taxativa el\ncontenido que debe tener la disculpa pública, así como el alcance de la\nexpresión “perfiles de redes sociales de Audiovisuales La Pradera”, indicando\nlos canales o criterios concretos que deben observarse para su publicación.\n\nQUINTO . Se precise el cómputo del término de\ncumplimiento mientras se resuelve esta situación, teniendo en cuenta que la\naccionada ha actuado dentro del plazo concedido y que la publicación se\nencuentra actualmente condicionada por una circunstancia ajena a mi voluntad.”\n\n11.\nCon ocasión de la solicitud presentada\npor la señora Diana , la accionante allegó escrito con fecha del 28 de\nagosto de 2026 a la Sala Sexta de Revisión [9] .\n\n12.\nLa señora Mariana se pronunció\nfrente al informe de cumplimiento presentado por la accionada y sostuvo que su\noposición no buscaba obstaculizar la ejecución de la Sentencia T-241 de 2026,\nsino garantizar que la medida de reparación simbólica cumpliera efectivamente\nsu finalidad constitucional. Afirmó que la accionada pretendió reducir el\nalcance de las disculpas públicas a un comunicado escrito difundido en\nplataformas secundarias de distribución de podcasts, lo que, en su criterio,\nvaciaba de contenido la orden judicial y desconocía que la afectación original\nse produjo y difundió masivamente a través de las principales redes sociales de\nAudiovisuales La Pradera .\n\n13.\nDe otro lado, señaló que la reparación\ndebía guardar equivalencia con el medio mediante el cual se produjo la\nvulneración de sus derechos, razón por la cual solicitó que las disculpas se\nrealizaran en formato audiovisual y en los perfiles principales del podcast,\nparticularmente Instagram, TikTok y YouTube. Consideró que una publicación\nescrita en canales de menor alcance desnaturalizaba el propósito restaurativo\nde la sentencia y no garantizaba una reparación proporcional a la exposición\npública que sufrió.\n\n14.\nAsimismo, manifestó que, pese al alivio\nque le generó el fallo, continuó enfrentando episodios de hostigamiento digital\ny revictimización, situación que atribuía, en parte, a la percepción de que el\ncumplimiento se limitaría a una formalidad escrita.\n\n15.\nEn consecuencia, solicitó a la Sala\nSexta de Revisión ( i ) desestimar los argumentos de la accionada, ( ii )\nacoger la solicitud de precisar taxativamente los canales y la modalidad de\ncumplimiento de las disculpas públicas y ( iii ) valorar la alternativa de\nque la reparación se materialice en formato audiovisual, para que de esta\nmanera cese el hostigamiento digital y se restablezcan sus derechos\nfundamentales.\n\n16.\nDe otro lado, el 23 de septiembre de\n2026, la señora Mariana remitió a la Sala Sexta de Revisión [10] un memorial en el que informó sobre\nla existencia del Fallo n.° 0000 de 2026 del 15 de septiembre de 2026,\nproferido por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento en\nuna tutela posterior entre las mismas partes, en el que se le ordenó rectificar\nla afirmación según la cual la señora Diana tardó injustificadamente en\nretirar el episodio del pódcast, pese a que ese hecho había sido declarado\nprobado por la Sentencia T-241 de 2026. Con fundamento en ello, solicitó a la\nSala valorar el ejercicio de su facultad preferente y excepcional de\nseguimiento al cumplimiento de sus propias decisiones y tener en cuenta la\nconexidad entre ambos asuntos en caso de eventual revisión.\n\n4.\nEl trámite de las solicitudes de\naclaración y cumplimiento\n\n17.\nLa Secretaría General de la Corte\nConstitucional remitió al suscrito magistrado ponente la solicitud de la señora\nDiana el 27 de agosto de 2026 [11]\ny la de la señora Mariana el 31 de agosto de 2026 [12] .\n\n18.\nEl 28 de agosto de 2026, la Secretaría\nGeneral remitió al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple el\nOficio B-272/26, mediante el cual solicitó la constancia de notificación de la\nSentencia T-241 de 2026 a las partes.\n\n19.\nEl 3 de septiembre de 2026, el Juzgado\nde Pequeñas Causas y Competencia Múltiple respondió al oficio mediante el\ncual remitió las constancias de notificación de la Sentencia T-241 de 2026 a\nlas partes y a los terceros interesados [13] ,\na partir del cual se constató que esta fue notificada el 28 de agosto de 2026 a\nlas 17:13 horas.\n\n20.\nEn todo caso, la Sala advierte que la\nconstancia remitida por el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple\nda cuenta de que la comunicación de la Sentencia T-241 de 2026 fue enviada el\n28 de agosto de 2026 a las 17:13 horas. Sin embargo, al haber sido realizada\ncon posterioridad a las 5:00 p.m., sus efectos se entienden producidos el día\nhábil siguiente, esto es, el 31 de agosto de 2026. Por consiguiente, para\nefectos procesales y del cómputo de los términos correspondientes, la Sala toma\ncomo fecha de notificación el 31 de agosto de 2026.\n\nII.\nCONSIDERACIONES\n\n1.\nLa procedencia excepcional de las\nsolicitudes de aclaración respecto de las providencias dictadas por la Corte\nConstitucional\n\n21.\nLa Sala Sexta de Revisión es\ncompetente para conocer, tramitar y decidir las solicitudes de aclaración\ninterpuestas en relación con la sentencia T-241 de 2026, de conformidad con el\nartículo 285 del Código General del Proceso y el artículo 104 del Acuerdo 1 de\n2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) [14] .\n\n22.\nEsta Corporación ha reiterado\nque las sentencias expedidas en el trámite de revisión de tutelas no son\nrevocables ni reformables y una vez proferidas, hacen tránsito a cosa juzgada\nconstitucional, por lo que, en su contra, no procede ningún recurso [15] . Sin embargo, ha admitido que, excepcionalmente, cuando una providencia requiere ser aclarada, corregida o adicionada , el funcionario judicial tiene la facultad de subsanar esa\nsituación en los términos establecidos en el Código General del Proceso, a\ntravés de las figuras de la aclaración , la corrección o la adición ,\ndispuestas en los artículos 285, 286 y 287, respectivamente [16] , esto de conformidad con el artículo 2.2.3.1.1.3\ndel Decreto 1069 de 2015 [17] , norma que prevé la aplicación del\nestatuto general procesal al trámite de tutela en todo aquello que no regule el\nDecreto 2591 de 1991.\n\n23.\nEl artículo 285 del Código General del\nProceso establece que la sentencia podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud\nde parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de\nduda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o\ninfluyan en la ratio decidendi [18] . En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional\nha fijado la posibilidad de asumir el\nconocimiento de una solicitud de aclaración siempre que se encuentren\nsatisfechos los siguientes requisitos [19] :\n\na) Legitimación\nen la causa , de modo que la solicitud debe haber sido formulada por alguno\nde los sujetos con interés legítimo en la decisión.\n\nb) Oportunidad ,\nde tal forma que la solicitud debe ser presentada dentro del término de\nejecutoria de la providencia, que corresponde a los tres días siguientes a su\nnotificación.\n\nc) Carga\nargumentativa , en virtud de la cual se demuestre la necesidad de\nexcepcionar la regla general de improcedencia de este tipo de solicitudes.\nSobre este último punto, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que las\nsolicitudes de aclaración que se presenten respecto de las providencias de este\nTribunal exigen una argumentación calificada [20] , en tanto “ debe\nfundamentarse en la existencia de palabras o frases que generen verdaderas\ndudas sobre el sentido o el contenido de la providencia. Tales expresiones\nambiguas o confusas deben estar incluidas en la parte resolutiva de la decisión\no incidir en ella ” [21] . Así las cosas, las\nsolicitudes de aclaración resultan improcedentes cuando pretenden controvertir\nnuevamente aspectos definidos en el fallo [22] ,\nampliar el análisis a aspectos adicionales [23]\no esclarecer argumentos marginales “ incluidos en la parte motiva, que no\nguardan inescindible relación con la declaración contenida en la parte\nresolutiva de la sentencia ” [24] .\n\n24.\nEsta Corporación ha estimado que el\nanálisis de los anteriores presupuestos debe ser riguroso debido a la\nexcepcionalidad de la procedencia de este tipo de solicitudes [25] .\n\n25.\nResulta importante insistir en que,\nsolo una vez superados los anteriores requisitos, la Corte podrá aclarar únicamente\naquello que ofrece una duda objetiva y razonable respecto de lo resuelto [26] , esto es “ (…) que [sea] susceptible de ocasionar\nperplejidad en su intelección y solamente respecto de la parte\nresolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en\naquella. Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a\nplenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de\nnuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para\nel juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla,\naún a pretexto de aclararla ” [27] .\n\n26.\nAl tiempo, la Corte también ha\nsido muy clara al advertir que la solicitud de aclaración no prosperará cuando,\npor medio de ella, se busque ampliar el sentido o el alcance de la providencia,\ncuando pretenda controvertir nuevamente aspectos cuya definición quedó zanjada\nen la providencia y sea utilizada para abordar aspectos que no fueron objeto de\nestudio, cuando busque esclarecer argumentos secundarios y marginales de la\nparte motiva de la providencia que no tienen incidencia en la parte resolutiva\no para absolver consultas, pues este Tribunal no es un órgano consultivo [28] . Por último, la Corte ha reiterado de manera\nconstante en su jurisprudencia que las solicitudes de aclaración que pretenden\nadicionar nuevos argumentos jurídicos a la providencia no podrán ser resueltas\nde fondo [29] .\n\n27.\nEn conclusión, aunque esta Corte ha\nacogido el principio del derecho procesal del “ agotamiento de la\ncompetencia funcional del juez una vez proferida la sentencia que culmina el\nproceso ” de manera que, por regla general, la sentencia no es\nrevocable ni reformable por la autoridad judicial que la pronunció [30] , es factible remitirse a la figura de la aclaración\nprevista en el Código General del Proceso, en aquellos casos de duda o\nambigüedad, siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia\nconstitucional, previa solicitud de un sujeto legitimado para ello u\noficiosamente.\n\n2.\nCompetencia excepcional de la Corte\nConstitucional respecto de solicitudes de cumplimiento y de desacato\n\n2.1\nEl trámite de cumplimiento de\nlos fallos de tutela y el incidente de desacato\n\n28.\nEl Decreto 2591 de 1991 [31] tiene previstos dos tipos de mecanismos\npara garantizar el cumplimiento de las ordenes emitidas en las sentencias de\ntutela ( i ) el cumplimiento del fallo y ( ii ) la imposición de\nsanciones a la persona natural o jurídica renuente, mediante el incidente de desacato.\n\n29.\nEn relación con el\ncumplimiento, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, establece que mediante\neste trámite el juez podrá requerir al responsable o a su superior jerárquico,\npara que a través de todas las herramientas que tenga en su poder haga\nefectivas las órdenes emitidas en el fallo de tutela [32] . Su propósito es ( i ) analizar\nobjetivamente si la orden de amparo se ha cumplido —lo cual no implica la\ndeterminación de la responsabilidad subjetiva del obligado— y, en caso de que\nno sea así, ( ii ) adoptar todas las medidas necesarias para su cabal\ncumplimiento [33] .\nPor su parte, el incidente de desacato, previsto en el artículo 52 del citado\nDecreto 2591 de 1991 [34] ,\nes un mecanismo procesal que puede conducir a la imposición de una sanción a la\npersona natural o jurídica obligada que incumple con la orden fijada en la\nsentencia de tutela.\n\n30.\nPese a que se trata de instituciones\ndiferentes, esa distinción no excluye el hecho de que, estas figuras converjan en dos aspectos\nconcretos: ( i ) ambos trámites tienen origen en el incumplimiento de la\norden emitida por el juez constitucional, y ( ii ) su finalidad es conminar\na la autoridad al cumplimiento del mandato establecido en la sentencia de\ntutela. Sobre esto, en la sentencia C-367 de\n2014, la Sala Plena de esta corporación consideró que, pese a que tanto el\ncumplimiento como el desacato comparten ciertas similitudes, lo cierto es que\nello no implica que el primero sea una condición sine qua non para que\nel juez pueda iniciar el incidente de desacato o al contrario. Tampoco es\nobligación activar ambos mecanismos de manera paralela [35] .\n\n2.2\nCompetencia para hacer cumplir los\nfallos de tutela . Reiteración de\njurisprudencia [36]\n\n31.\nEl artículo 36 del Decreto\n2591 de 1991 establece que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en\nsede de revisión de tutela “ sólo surtirán efectos en el caso concreto\ny deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de\nprimera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y\nadoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por\nésta ”. En similar sentido, el artículo 59 del Acuerdo 01 de 2025 [37] precisa que las decisiones adoptadas en sede de revisión “ deberán\nser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y\nsegunda instancia ”.\n\n32.\nEn tal virtud, esta corporación ha\nconcluido que, por regla general, corresponde al juez de primera instancia\nadoptar las medidas necesarias para que el cumplimiento de las órdenes\nadoptadas en las sentencias de tutela, tanto en el caso de que la decisión sea\ntomada por el juez de segunda instancia, como por la Corte Constitucional en\nsede de revisión [38] .\nSobre el particular, la Corte, en el Auto 136A de 2002, refirió que “ existen\ncuatro razones constitucionales fundadas en el debido proceso constitucional y\nen la interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991, que sirven de\nsustento a esta interpretación: (a) la plena eficacia de la garantía procesal\ndel grado jurisdiccional de consulta, (b) la necesidad de garantizar la\nigualdad en las reglas de competencia, (c) el poder de irradiación del\nprincipio de inmediación en el trámite de tutela, y (d) la interpretación\nsistemática del [D] ecreto 2591, en lo que respecta a las funciones del\njuez de primera instancia” [39] .\n\n33.\nPese a lo anterior, lo cierto es que la\njurisprudencia constitucional ha reiterado que existen algunas hipótesis en las\ncuales es posible que la Corte Constitucional, de manera excepcional , asuma el\ncumplimiento de órdenes proferidas por un juez de tutela en una sentencia [40] . Justamente, en el Auto 2060 de 2025\nse explicó que la competencia de la Corte Constitucional en estos casos opera\nante factores extraordinarios de carácter orgánico, funcional o material:\n\n(i)\nFactor orgánico: hace referencia a la jerarquía o la naturaleza especial de la\nautoridad accionada. Por ejemplo , “ (a) ´cuando la autoridad\ndesobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior funcional\nque pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato´ [41] , regla que debe matizarse a\npartir del reconocimiento que se hace por vía reglamentaria, de la posibilidad\nde dividirse en salas, secciones o subsecciones, para conocer del recurso de\namparo promovido contra sus propias actuaciones (Decreto 1069 de 2015), lo que\npodría autorizar su participación como autoridad de cumplimiento [42] , salvo casos excepcionales [43] ; o (b) cuando se trata de una\n´embajada´, en tanto ´cuentan con inmunidad para abstenerse de ejecutar un\nfallo, en virtud de lo establecido en el numeral 3º del artículo 31 de la\nConvención de Viena de 1961´ [44] ”.\n\n(ii)\nFactor funcional: en este caso se valora la incapacidad o ineficacia de la\nautoridad judicial que fungió como juez de tutela de primera instancia para\nasegurar el cumplimiento de la decisión. Por ejemplo “ (a) ´cuando el\njuez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia\ndictada por la Corte, no adopta medidas conducentes´; (b) ´cuando se ha\npresentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela, sin que el\njuez de primera instancia haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la\norden de protección, o cuando dichas medidas han sido insuficientes o\nineficaces´; o (c) ´cuando el juez de primera instancia ha ejercido su\ncompetencia y la desobediencia persiste´ [45] ”.\n\n(iii)\nFactor material: En atención a la complejidad o la gravedad de los\nacontecimientos que derivaron en la tutela de los bienes constitucionales. Por\nejemplo: “(a) ´cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional,\nque afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas,\npara cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de\nnuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que\nse prolonga en el tiempo´ ; (b) ´cuando la intervención de la Corte sea\nindispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales\nvulnerados o amenazados´ ; o (c) ´cuando resulte imperioso\nsalvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional´ [46] ”.\n\n34.\nAsí, una vez la decisión de la Corte\nConstitucional se encuentra en firme y es comunicada al juez de primera\ninstancia, la competencia de esta corporación para conocer de la solicitud de\ncumplimiento está condicionada a la configuración de alguna de las causales\nexcepcionales referenciadas anteriormente. Una interpretación contraria, según\nla cual se asuma una competencia directa y preferente de la Corte Constitucional\nsobre este tipo de trámites, transformaría de manera automática la regla\ngeneral de competencia fijada en cabeza del juez de tutela de primera instancia [47] .\n\n3.\nCaso concreto\n\n3.1\nCaracterización del asunto y problemas\njurídicos a resolver\n\n35.\nDe conformidad con las solicitudes\npresentadas por las señoras Diana y Mariana , para la Sala fue\nposible determinar que las pretensiones están encaminadas, por un lado, a que\nla Sala aclare apartes de la Sentencia T-241 de 2026 y, por otro, a revisar las\ncondiciones en las que corresponde cumplir las órdenes dispuestas en la citada\nprovidencia.\n\n36.\nEn efecto, aunque las solicitantes no\ncatalogaron expresamente sus escritos como solicitudes de aclaración y/o\ncumplimiento; lo cierto es que el contenido sí obedece a esa naturaleza, por lo\nque la Sala clasificará las solicitudes con base en su contenido para efectos\nde determinar su procedencia:\n\nSolicitante\n\nAclaración\n\nCumplimiento\n\nDiana\n\n1.\nSEGUNDO. Precisar\nel alcance jurídico de la condición contenida en el fundamento 233 y en el\nnumeral cuarto de la parte resolutiva, frente a la última manifestación de la\nseñora Mariana mediante la cual indicó expresamente que no autoriza la\npublicación en los términos propuestos.\n\n2.\nCUARTO.\nSubsidiariamente, si la Honorable Corte considera que la publicación debe\nefectuarse pese a la controversia surgida entre las partes, solicito\nrespetuosamente que se fije de manera taxativa el contenido que debe tener la\ndisculpa pública, así como el alcance de la expresión “perfiles de redes\nsociales de Audiovisuales La Pradera”, indicando los canales o criterios\nconcretos que deben observarse para su publicación.\n\n1.\nPRIMERO. Tener\npor informadas las actuaciones adelantadas por la suscrita accionada, para\ndar cumplimiento oportuno y de buena fe a lo dispuesto en la Sentencia T-241\nde 2026.\n\n2.\nTERCERO.\nDeterminar, como consecuencia de lo anterior, si mientras subsista la\nausencia de autorización expresa para la publicación correspondiente existe\nuna imposibilidad jurídica de ejecutar la orden de disculpas públicas, sin\nque dicha circunstancia temporal que me fue indicada (20 días) pueda ser\natribuida a la accionada como incumplimiento de la providencia.\n\n3.\nQUINTO. Se\nprecise el cómputo del término de cumplimiento mientras se resuelve esta\nsituación, teniendo en cuenta que la accionada ha actuado dentro del plazo\nconcedido y que la publicación se encuentra actualmente condicionada por una\ncircunstancia ajena a mi voluntad.\n\nMariana\n\nAcoger la solicitud de precisión y\ndisponer de manera taxativa que las disculpas públicas se ejecuten de forma\nprincipal, íntegra y obligatoria en los perfiles de redes sociales de mayor\nimpacto del podcast Audiovisuales La Pradera (Instagram, TikTok y YouTube).\n\n1.\nDesestimar\nlos argumentos de la accionada orientados a confinar el cumplimiento de la\nsentencia a un comunicado escrito en plataformas secundarias de audio.\n\n2.\nValorar la\nalternativa de ordenar que la medida de reparación simbólica se materialice\nmediante una publicación en formato audiovisual, garantizando la equivalencia\nrestaurativa con el medio lesivo original y contribuyendo de manera efectiva\na la cesación del hostigamiento digital y al restablecimiento de mis derechos\nfundamentales.\n\n37.\nEn consecuencia, le corresponde a la\nSala resolver los siguientes problemas jurídicos:\n\n38.\n¿En el presente caso se cumplen los\npresupuestos legales y jurisprudenciales para que la Sala Sexta de Revisión de\nla Corte Constitucional aclare el fundamento jurídico 233 y el resolutivo\ncuarto de la Sentencia T-241 de 2026, conforme a las solicitudes de las señoras\nDiana y Mariana ?\n\n39.\n¿La Sala Sexta de Revisión tiene\ncompetencia para adelantar el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-241 de\n2026 en las circunstancias narradas por las señoras Diana y Mariana ?\n\n40.\nLa Sala procede entonces a resolver\nestos asuntos. En primer lugar, analizará las solicitudes de aclaración\nrespecto de la Sentencia T-241 de 2026 y, en segundo lugar, se pronunciará\nsobre el cumplimiento de la mencionada providencia.\n\n3.2\nLas solicitudes de aclaración no\ncumplen los requisitos de procedencia\n\n41.\nCon el objetivo de resolver las\nsolicitudes de aclaración presentadas por las señoras Diana y Mariana ,\nrespectivamente, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional procederá\na verificar si se acreditaron los presupuestos de ( i ) legitimación; ( ii )\noportunidad; y ( iii ) carga argumentativa.\n\n42.\nLas solicitantes se encuentran\nlegitimadas. Ambas solicitantes se\nencuentran legitimadas para presentar las solicitudes de aclaración en relación\ncon la Sentencia T-241 de 2026, puesto que fungen como parte procesal en dicho\ntrámite, la señora Mariana en calidad de accionante y Diana como\naccionada, respectivamente.\n\n43.\nLas solicitudes se presentaron de\nmanera oportuna . La Sala considera que las\nsolicitudes fueron presentadas de manera oportuna, en la medida en que fueron\ninterpuestas con anterioridad al término de ejecutoria de la providencia, de\nacuerdo con lo que pasa a exponerse a continuación.\n\n44.\nEn lo que tiene que ver con la\nnotificación en los procesos de tutela, los artículos 16 [48] y 30 [49] del Decreto 2591 de 1991, establecen\nque las providencias que se dicten en materia de tutela se notificarán por el\nmedio que el juez considere más expedito y eficaz [50] . En ese sentido, el artículo 36 del Decreto\n2591 de 1991 prevé que las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, en\nsede de revisión, deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal\ncompetente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a\nlas partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo\ndispuesto por ésta.\n\n45.\nAhora bien, como se mencionó\nanteriormente, el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 establece que,\npara interpretar las disposiciones del Decreto 2591 de 1991 se pueden aplicar\nlos principios generales del Código General del Proceso. Por ende, aunque la\nnotificación personal es el medio ideal de notificación de una sentencia de\ntutela, en todo caso estas providencias pueden ser puestas en conocimiento de\nlas partes y de los terceros con interés a través de cualquiera de los otros\nmedios previstos en los artículos 289 al 301 del Código General del Proceso.\n\n46.\nPrecisamente, el inciso primero del\nartículo 301 del Código General de Proceso prevé la notificación por conducta concluyente\ny establece que “ cuando una parte o un tercero manifieste que conoce\ndeterminada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o\nverbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se\nconsiderará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la\nfecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal ”. En ese\nsentido, el mismo supuesto normativo refiere que dicha hipótesis surte los\nmismos efectos de una notificación de carácter personal.\n\n47.\nEn el presente caso, de conformidad con\nla constancia de notificación remitida por el Juzgado de Pequeñas Causas y\nCompetencia Múltiple , la providencia objeto de estudio fue notificada el 31\nde agosto de 2026. Sin embargo, las solicitudes presentadas por las señoras Diana\ny Mariana fueron remitidas a esta corporación los días 27 y 28 de agosto\nde 2026, respectivamente.\n\n48.\nTeniendo en cuenta lo anterior, la Sala\nconcluye que las partes —hoy solicitantes— se notificaron de la sentencia el 27\nde agosto de 2026 y el 28 de agosto de 2026, respectivamente, por conducta\nconcluyente en los términos del artículo 301 del Código General del\nProceso, ya que, en dichas fechas presentaron sus respectivas solicitudes de\naclaración, antes de haber sido notificadas por el juez de primera instancia,\npor lo que la Sala considera que, para ese entonces, la Sentencia T-241 de 2026\nya era de su conocimiento [51] .\n\n49.\nEn ese sentido, ambas solicitudes\ncumplen con el requisito de oportunidad puesto que se presentaron durante la\nejecutoria de la notificación por conducta concluyente.\n\n50.\nLas señoras Diana y Mariana no\ncumplieron con la carga argumentativa exigida . De conformidad con el estándar legal y jurisprudencial aplicable, una\nsolicitud de aclaración cumple con el requisito de carga argumentativa cuando ( i )\nse señalan las palabras o frases contenidas en el resolutivo de la sentencia o\nque están directamente relacionadas con este; y ( ii ) se argumenta de\nforma suficiente las razones por las cuales esas palabras o frases generan\nverdaderas dudas respecto del sentido o el contenido de la providencia.\n\n51.\nNinguna de las peticiones de las\nsolicitantes acredita la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia\nconstitucional, por los motivos que pasan a explicarse a continuación.\n\n52.\nEn primera medida, la segunda\npetición de la señora Diana tiene por objeto que se “[p]recise el\nalcance jurídico de la condición contenida en el fundamento jurídico 233 y en\nel numeral cuarto de la parte resolutiva, frente a la última manifestación de\nla señora Mariana, mediante la cual indicó expresamente que no autoriza la\npublicación en los términos propuestos” . En ese contexto, la solicitante se\nlimitó a expresar su inconformidad con la decisión de la señora Mariana\nde no otorgar su consentimiento para la publicación de la disculpa ordenada en\nla Sentencia T-241 de 2026. En particular, su planteamiento se circunscribió a\nconfrontar el contenido del fundamento jurídico 233 y del numeral cuarto de la\nparte resolutiva con la postura asumida posteriormente por la accionante, mas\nno con el contenido, alcance o sentido de la providencia. En otras palabras, la\nsolicitud de aclaración formulada no surge de una presunta falta de claridad,\nambigüedad o contradicción de la sentencia, sino de la discrepancia de la\nsolicitante frente a la negativa de la señora Mariana de autorizar la\npublicación en los términos propuestos.\n\n53.\nAdicionalmente, la Sala advierte que la\nsolicitante ( i ) no identifica una palabra, expresión o pasaje concreto\ncontenido en el fundamento jurídico 233 o en el numeral cuarto de la parte\nresolutiva que genere una duda objetiva y razonable sobre su sentido o alcance,\nni que sea susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección; y ( ii )\ntampoco expone las razones por las cuales dichas disposiciones resultarían\nambiguas, oscuras o confusas. Por el contrario, su planteamiento se fundamenta\nen circunstancias surgidas durante la etapa de cumplimiento de la sentencia y\nen las discrepancias existentes entre las partes respecto de la materialización\nde la orden impartida. De esta manera, la solicitud de aclaración no está\norientada a despejar una incertidumbre derivada del texto de la providencia,\nsino a obtener un nuevo pronunciamiento de la Sala sobre el alcance y\naplicación de una decisión ya adoptada.\n\n54.\nPor otro lado, en la cuarta petición ,\nla señora Diana solicitó fijar una lista taxativa de plataformas en las\ncuales se debería publicar el contenido de las disculpas y aclarar el alcance\nde la expresión “perfiles en redes sociales de ‘Audiovisuales La Pradera’”\ndel fundamento jurídico 233 del fallo —al cual remite su resolutivo cuarto—.\nSin embargo, aunque la peticionaria identifica una expresión concreta de la\nprovidencia, no satisface la carga argumentativa exigida para la procedencia\nexcepcional de la aclaración. En efecto, no expone razones encaminadas a\ndemostrar que dicha expresión sea ambigua, oscura o confusa, ni explica por qué\ngeneraría verdaderas dudas sobre el sentido o contenido de la decisión. Tampoco\nidentifica una incertidumbre objetiva y razonable respecto de lo resuelto, ni\nacredita que la expresión cuestionada sea susceptible de ocasionar perplejidad\nen su intelección.\n\n55.\nPor el contrario, el escrito se limita\na señalar que las precisiones solicitadas resultarían necesarias para prevenir\nuna eventual declaración de incumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026. De\nesta manera, la petición no está orientada a esclarecer una duda derivada del\ntexto de la providencia, sino a obtener orientaciones adicionales sobre la\nforma en que debe ejecutarse la orden impartida. Incluso, la solicitud pretende\nque la Sala complemente el contenido de la decisión mediante la determinación\nde criterios específicos sobre los canales en los que deben publicarse las\ndisculpas, aspecto que no fue planteado como una duda interpretativa real respecto\nde lo decidido.\n\n56.\nAsí las cosas, la solicitud busca\nampliar el alcance de la providencia e incorporar precisiones adicionales para\nsu aplicación práctica, finalidad que resulta incompatible con la naturaleza\nexcepcional de la aclaración. En efecto, este mecanismo no puede ser utilizado\npara complementar, reformular o adicionar las órdenes impartidas en la\nsentencia, ni para obtener pronunciamientos sobre aspectos relativos a su\nejecución.\n\n57.\nEn relación con el escrito remitido por\nla señora Mariana , se observa que aquella solicita que la Sala ordene a\nla señora Diana “que las disculpas públicas se ejecuten de forma\nprincipal, íntegra y obligatoria en los perfiles de redes sociales de mayor\nimpacto del podcast ‘Audiovisuales La Pradera’ (Instagram, TikTok y YouTube)”. Sin\nembargo, dicha petición tampoco satisface la carga argumentativa exigida para\nla procedencia excepcional de la aclaración. En efecto, la solicitante no\nidentifica una palabra, frase o expresión concreta contenida en el numeral\ncuarto de la parte resolutiva o en el fundamento jurídico 233 que, por su\nambigüedad o falta de claridad, genere verdaderas dudas sobre el sentido o\ncontenido de la providencia. Tampoco expone razones que permitan concluir que\nexiste una duda objetiva y razonable respecto de lo resuelto o que alguno de\nlos apartes de la sentencia sea susceptible de ocasionar perplejidad en su\nintelección.\n\n58.\nPor el contrario, la petición está\norientada a que la Sala incorpore precisiones adicionales sobre la forma\nespecífica en que debe ejecutarse la orden de disculpas públicas,\nparticularmente en lo relativo a los canales o plataformas en los cuales estas\ndeben difundirse. De esta manera, la solicitud no busca esclarecer una\nincertidumbre derivada del texto de la providencia, sino obtener un nuevo\npronunciamiento que complemente y detalle el contenido de la decisión adoptada.\n\n59.\nEn consecuencia, las solicitudes de\naclaración presentadas por las señoras Diana y Mariana no\nsatisfacen la carga argumentativa requerida para excepcionar la regla general\nde improcedencia de las solicitudes de aclaración. En particular, las\npeticionarias no demostraron la existencia de expresiones ambiguas o confusas\nque generen verdaderas dudas sobre el sentido o contenido de la Sentencia T-241\nde 2026, ni acreditaron la existencia de una duda objetiva y razonable\nsusceptible de ocasionar perplejidad en su intelección. Por el contrario, sus\nplanteamientos están orientados a obtener precisiones adicionales sobre el\nalcance y la ejecución de lo resuelto. En consecuencia, la Sala rechazará las\nsolicitudes de aclaración por incumplimiento del requisito de carga\nargumentativa, en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia\nconstitucional.\n\n3.3.\nNo se acreditan las condiciones para\nque la Corte Constitucional estudie el cumplimiento de la Sentencia T-241 de\n2026\n\n60.\nLa señora Diana solicitó a la\nSala: ( i ) declarar que se tuvieran por informadas las actuaciones\nadelantadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-241 de 2026, ( ii )\ndeterminar que existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento en virtud\nde la negativa de la señora Mariana a la propuesta de publicación\nremitida y ( iii ) precisar el cómputo del término de cumplimiento\nmientras se supera la diferencia generada con la entonces accionante. Por parte\nde la señora Mariana , sus peticiones fueron: ( i ) desestimar los\nargumentos de la señora Diana y ( ii ) valorar la alternativa de\nque el cumplimiento del resolutivo cuarto de la providencia objeto de estudio\ndebe realizarse en un medio audiovisual.\n\n61.\nDe acuerdo con lo expuesto en la parte\nconsiderativa de esta providencia, a la Corte Constitucional no le corresponde,\nen principio, pronunciarse acerca del cumplimiento de la Sentencia T-241 de\n2026, en la medida en que esta competencia corresponde a la autoridad judicial\nque fungió como juez constitucional de primera instancia. En ese orden de\nideas, el trámite de la eventual solicitud de cumplimiento corresponde al Juzgado de Pequeñas\nCausas y Competencia Múltiple .\n\n62.\nDe otro lado, en aplicación de las\nsubreglas previstas en la jurisprudencia constitucional, la Sala considera que\nno se configura ninguna de las hipótesis excepcionales que habilitan a la Corte\nConstitucional para asumir el trámite de cumplimiento del presente caso. En\nefecto, no se acredita ( i ) el factor orgánico, como quiera que la parte accionada no es una alta corte o una embajada ; ( ii ) el factor funcional, en la medida en que no\nse advierte que las señoras Diana y Mariana hubiesen puesto en conocimiento\ndel Juzgado de Pequeñas Causas y\nCompetencia Múltiple la controversia\nacerca del cumplimiento de las órdenes emitidas en la Sentencia T-241 de 2026, por lo que éste no ha tenido la oportunidad\nde intervenir en el trámite; y ( iii ) el factor material, debido a que no se trata de órdenes complejas emitidas en el marco de un\nestado de cosas inconstitucional y tampoco se evidencia la imperiosa necesidad\nde intervención de esta Sala de Revisión para lograr el cumplimiento de la\nsentencia en cuestión, salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento\nconstitucional o lograr la protección efectiva de derechos fundamentales.\n\n63.\nEn consecuencia, en el caso concreto\ncorresponde al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple\nadelantar las actuaciones pertinentes y adoptar las medidas necesarias para\ngarantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por la Corte\nConstitucional en la Sentencia T-241 de 2026, conforme a lo previsto en los\nartículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.\n\nCon\nfundamento en lo anterior, esta Sala\n\nRESUELVE\n\nPRIMERO. RECHAZAR las solicitudes de aclaración de la Sentencia T-241\nde 2026 que fueron presentadas por las señoras Diana y Mariana ,\ndebido al incumplimiento del requisito de carga argumentativa.\n\nSEGUNDO. RECHAZAR las solicitudes de cumplimiento de la Sentencia T-241 de 2026 que\nfueron presentadas por las señoras Diana y Mariana , por las\nrazones expuestas en la presente providencia.\n\nTERCERO.\nPor Secretaría General de la\nCorte Constitucional , REMITIR al Juzgado\nde Pequeñas Causas y Competencia Múltiple [52] las solicitudes de cumplimiento de la Sentencia\nT-241 de 2026 presentadas por las señoras Diana y Mariana , para\nlo de su competencia y en los términos dispuestos en esta providencia.\n\nCUARTO. INFORMAR a las solicitantes que contra el presente\nauto no procede ningún recurso.\n\nQUINTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte\nConstitucional, COMUNICAR la presente providencia a las solicitantes [53] .\n\nNotifíquese, comuníquese y\ncúmplase,\n\nVLADIMIR FERNÁNDEZ\nANDRADE\n\nMagistrado\n\nJORGE ENRIQUE IBÁÑEZ\nNAJAR\n\nMagistrado\n\nPAOLA ANDREA MENESES\nMOSQUERA\n\nMagistrada\n\nANDREA LILIANA ROMERO\nLOPEZ\n\nSecretaria General\n\n[1]\nAcuerdo 1 de 2025 “ Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento\nde la Corte Constitucional ”.\n\n[2]\nDe conformidad con el artículo 61 del Reglamento de\nla Corte Constitucional, “[e] n la publicación de sus providencias, las Salas\nde la Corte o el Magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se\nomitan nombres o circunstancias que identifiquen a las partes ”. Asimismo,\nla Circular Interna No. 10 de 2022 emitida por la Presidencia de esta\ncorporación dispone que se deben omitir de las providencias que se publican en\nla página web de la entidad los nombres reales de las personas cuando se trate\nde niñas, niños o adolescentes, se haga referencia a una historia clínica o\ninformación relativa a la salud, o se pueda poner en riesgo la vida, integridad\npersonal o la intimidad personal y familiar.\n\n[3]\nExpediente digital, documento “ 002_002EscritoTutelayAnexos ”, folio 2.\n\n[4]\nExpediente digital, documento “ 012_012SentenciaHonra-BuenNombre-Niega ”.\n\n[5]\nExpediente digital, documento “ 014_014Impugnacion ”.\n\n[6]\nExpediente digital, documento “ 003FalloSegundaInstancia\n(7) ”.\n\n[7] Notificado el 12 de marzo de 2026.\n\n[8]\nCorreo electrónico del 27 de agosto de 2026, con asunto “ RV:\nCUMPLIMIENTO FALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico\n233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026 ” remitido por la\naccionada a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Dicho escrito fue\ncomplementado mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2026, con asunto\n“ RV: URGENTE—CORRECCIÓN ERROR EN ADJUNTO- CUMPLIMIENTO\nFALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico 233 y\nnumeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026. Ref.: Expediente T-11.758.862 ”\nen el que se actualizó el documento que da cuenta del contacto entre las partes\ncon ocasión de la Sentencia T-241 de 2026.\n\n[9]\nCorreo electrónico del 28 de agosto de 2026 a las 08:00\nhoras, con asunto “ Memorial de pronunciamiento técnico-jurídico y oposición\nal informe de cumplimiento – Exp. T-11.758.862 (Sentencia T-241 de 2026) ”.\n\n[10]\nCorreo electrónico del 23 de septiembre de 2026, con asunto\n“ RV: Memorial informativo sobre providencia judicial posterior que ordena\nrectificar un hecho declarado probado en la Sentencia T-241 de 2026 ”,\nremitido al magistrado ponente por la Secretaría General de la Corte\nConstitucional el 24 de septiembre de 2026.\n\n[11]\nCorreo electrónico del 27 de agosto de 2026, con asunto “ RV:\nCUMPLIMIENTO FALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico\n233 y numeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026 ” remitido por la\naccionada a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Dicho escrito fue\ncomplementado mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2026, con asunto\n“ RV: URGENTE—CORRECCIÓN ERROR EN ADJUNTO- CUMPLIMIENTO\nFALLO--Solicitud Precisión alcance y forma del fundamento jurídico 233 y\nnumeral cuarto de la Sentencia T-241 de 2026. Ref.: Expediente T-11.758.862 ”\nen el que se actualizó el documento que da cuenta del contacto entre las partes\ncon ocasión de la Sentencia T-241 de 2026.\n\n[12]\nCorreo electrónico del 31 de agosto de 2026, con asunto “ RV:\nMemorial de pronunciamiento técnico-jurídico y oposición al informe de cumplimiento\n– Exp. T-11.758.862 (Sentencia T-241 de 2026) ”.\n\n[13]\nCorreo electrónico del 3 de septiembre de 2026, con asunto “ RV:\nRespuesta Oficio B-272/26 Constancia Notificación Fallo tutela T-241 de 2026 ”.\n\n[14]\nArtículo 104. Sobre las aclaraciones y correcciones. Una vez\npresentada oportunamente una solicitud de aclaración, adición o corrección, la\nmisma deberá ser resuelta por la Sala de Revisión o la Sala Plena, en el\ntérmino máximo de quince días siguientes al envío de la solicitud a la\nmagistrada o al magistrado ponente por la Secretaría General. // La Sala Plena\no las salas de revisión, según corresponda, tienen la competencia oficiosa para\naclarar o corregir los fallos.\n\n[15]\nCorte Constitucional. Autos A-190 de 2015, A-148 de 2018 y A-417 de 2023, entre\notros.\n\n[16]\nCorte Constitucional. Auto 212 de 2015.\n\n[17]\nARTÍCULO 2.2.3.1.1.3 De los principios aplicables para interpretar el\nprocedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la\ninterpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas\npor el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código\nGeneral del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.\n// Cuando el juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la\nsolicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley\nrinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la\nrespectiva certificación.\n\n[18]\nEsta Corporación ha procedido con la aclaración de sus\nprovidencias de oficio en anteriores oportunidades, como en los Autos A-388 de\n2020 y A-415 de 2021. De otro lado, también ha procedido con la corrección de\noficio en el Auto A-636 de 2018 y con la adición de oficio en el Auto A-251 de\n2019.\n\n[19]\nCorte Constitucional, Auto 586 de 2021; reiterado en el Auto\n1485 de 2025.\n\n[20]\nTal como se reiteró en el Auto 344 de 2025.\n\n[21]\nCorte Constitucional. Auto 417 de 2023.\n\n[22] Corte Constitucional. Autos\n285 de 2010 y 417 de 2023.\n\n[23] Corte Constitucional. Autos\n179 y 171 de 2014 y 417 de 2023.\n\n[24] Corte Constitucional. Autos\n290 de 2015 y 417 de 2023.\n\n[25]\nAutos A-104 de 2017, A-1173 de 2022 y A-417 de 2023.\n\n[26]\nCorte Constitucional, Auto 534 de 2022.\n\n[27] Corte Constitucional, Auto\n344 de 2014.\n\n[28] Ver Autos 710 de 2018\ny 966 de 2021.\n\n[29]\nCorte Constitucional, Auto 1007 de 2026.\n\n[30]\nAuto A-388 de 2020.\n\n[31]\n“Por el cual se reglamenta la acción de tutela”.\n\n[32] Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el\nfallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá\ncumplirlo sin demora. // Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas\nsiguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para\nque lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario\ncontra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra\nel superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará\ndirectamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez\npodrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su\nsentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del\nfuncionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos\ndel fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté\ncompletamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.\n\n[33] Sentencias T-632 de 2006\ny T-564 de 2011.\n\n[34] Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una\norden de una juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en\ndesacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20\nsalarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado\nuna consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a\nque hubiere lugar. // La sanción será impuesta por el mismo juez mediante\ntrámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá\ndentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se\nhará en el efecto devolutivo.\n\n[35]\nEn la sentencia C-367 de 2014 esta Corte estableció que: “el trámite del\ncumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite de desacato\nes la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y\nel desacato. Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el\ncumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como\nposibilidad el incidente de desacato”.\n\n[36]\nAutos A-052 de 2020 y A-161 de 2021.\n\n[37] “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento\nde la Corte Constitucional”.\n\n[38] Autos 270 de 2012, 143 de 2013, 060 de 2014, 046 de 2017 y 746 de\n2022.\n\n[39]\nPosición reiterada en los Autos -028 de 2009, A-389 de 2014, A-625 de 2017, A-357 de 2019\ny A-1412 de 2025.\n\n[40]\nAuto A-1003 de 2025, reiterando los Autos A-662 de 2023 y A-308 de 2024.\n\n[41] Corte Constitucional, autos 662 de 2023, 308 de 2024 y 1003 de 2025.\n\n[42] Corte Constitucional, autos 450 de 2019, 288 de 2020, 997 de 2022 y\n663 de 2023, entre otros.\n\n[43] Corte Constitucional, auto 1844 de 2025.\n\n[44] Corte Constitucional, auto 528 de 2015.\n\n[45] Corte Constitucional, auto 033 de 2016.\n\n[46] Corte Constitucional, autos 358 de 2014 y 033 de 2016.\n\n[47]\nAuto del 20 de marzo de 2025 que reitera los Autos 080 de 2014, 259 de 2014,\n192 de 2016, 300 de 2019 y 288 de 2020.\n\n[48]\nARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se\nnotificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere\nmás expedito y eficaz\n\n[49]\nARTICULO 30. NOTIFICACION DEL FALLO . El fallo se notificará\npor telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más\ntardar al día siguiente de haber sido proferido.\n\n[50]\nEl artículo 30 establece que, tratándose del fallo, debería\nrealizarse mediante telegrama o cualquier medio que el juez considera expedito.\n\n[51]\nEn similar sentido, ver Auto A-241 de 2025.\n\n[52]\njpccm @cendoj.ramajudicial.gov.co\n\n[53]\ninfo@ audiovisualeslapradera .co ,\ncomercial@ audiovisualeslapradera .co ,\ndiana @hotmail.com y mariana @gmail.com","changes":[]}