{"check":null,"uid":"755d8672ad1e3259","title":"A. 682/26","title_generated":false,"country":"Колумбия","organ":"Конституционный суд Колумбии","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"es","date":"2026-05-20","summary":"Суд рассмотрел восемь исков студентов об исключении из программы подготовки судей за неуспех в общей фазе курса. Судебное решение подтвердило правомерность действий суда высшей инстанции, отказавшего студентам в доступе к судебным процедурам защиты своих прав. Решение также отклонило просьбу пересмотреть вопрос использования искусственного интеллекта при принятии решений и признать наличие непоправимого ущерба, требующего вмешательства судьи первой инстанции.","snippet":"","topics":["Искусственный интеллект"],"status":"ok","error":"HTTPStatusError: Client error '403 Forbidden' for url 'https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A682-26.htm'\nFor more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/403","text_len":84623,"versions":1,"url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2026/A682-26.htm","first_seen":"2026-10-30","last_checked":"2026-11-16 05:00","relevance":"hit","score":12,"query":"inteligencia artificial","source_key":"constitutional_co","verdict":{"relevance":"hit","score":12,"topics":["Искусственный интеллект"],"need_body":5,"authorities":[],"evidence":[{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":2436,"ctx":"rpuestos contra la resolución mencionada, entre ellas, el presunto uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (iag); y (iii) alegatos asociados al desconocimiento de la cláusula de igualda","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":4958,"ctx":"dministrativos. en lo atinente al segundo escenario , r elativo al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en la elaboración de actos administrativos, la sala concluyó que es el juez co","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":7660,"ctx":"echo y de las medidas cautelares. además, que se valore el impacto de las herramientas de inteligencia artificial generativa (iag) en la expedición de actos administrativos y su control jurisdiccional. a","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":13772,"ctx":"juez constitucional del análisis de decisiones judiciales y administrativas con el uso de inteligencia artificial (…) asunto que debe ser sometido a sala plena [10]  el peticionario afirmó que la sala se","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":19193,"ctx":"r la posibilidad de nulidad por indebida motivación, uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio de funciones públicas y afectación directa al principio constitucional de","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"algoritm","weak":true,"pos":20376,"ctx":"nto informado en todos los casos donde se incorporen sistemas automatizados de decisión o algoritmos en trámites judiciales.  10. tercera solicitud de nulidad presentada por un ciudadano sin","zone":"текст","weight":0}],"dropped":[{"topic":"Персональные данные","term":"datos personales","weak":false,"pos":76936,"ctx":"es; (iii) la existencia de instrumentos de analítica o automatización; y (iv) el flujo de datos personales y biométricos de los discentes”.  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ANTECEDENTES\n\n1. La\nSentencia T-008 de 2026 y las solicitudes de nulidad\n\n1. Asunto estudiado en la Sentencia T-008 de 2026. La\nSala Segunda de Revisión [1]\nestudió ocho acciones de tutela presentadas por 60 discentes del IX Curso de\nFormación Judicial contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Consejo\nSuperior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019. Lo\nanterior, luego de que la escuela los excluyera por reprobar la subfase general\ndel IX Curso de Formación Judicial de la Convocatoria n.° 27 de la Rama\nJudicial. En su conjunto, los accionantes solicitaron la protección de sus\nderechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos\npúblicos y de petición, así como de los principios de mérito, buena fe y\nconfianza legítima.\n\n2. Para el estudio de los casos, la Sala Segunda de Revisión agrupó\nlos reproches de los accionantes en tres escenarios de debate: (i)\ncuestionamientos sobre el proceso de evaluación de la subfase general que\nculminó con la adopción de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024,\nexpedida por la escuela judicial, por medio de la cual los excluyó del proceso\nde la convocatoria; (ii) controversias contra los actos administrativos\nde carácter individual mediante los cuales se resolvieron, en cada caso, los\nrecursos de reposición interpuestos contra la resolución mencionada, entre\nellas, el presunto uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa\n(IAG); y (iii) alegatos asociados al desconocimiento de la cláusula de\nigualdad en el acceso a cargos públicos en el concurso.\n\n3. Decisión adoptada por la Corte Constitucional. En la\nSentencia T-008 de 2026 la Sala Segunda de Revisión decidió: (i) confirmar\naquellas decisiones de instancia que declararon la improcedencia de las\nacciones de tutela y (ii) revocar los fallos que declararon la\nprocedencia de las acciones de tutela y ampararon los derechos alegados por los\naccionantes. Además, (iii) ordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara\nBonilla retirar a uno de los accionantes en la etapa del concurso en la que se\nencontrara tras declarar la improcedencia de la acción. Finalmente, (iv) instó\nal Consejo Superior de la Judicatura para que continuara de manera célere con\nel concurso de méritos, de conformidad con lo expuesto en la Sentencia SU-067\nde 2022.\n\n4. La Sala Segunda de Revisión sostuvo que, si bien las acciones de\namparo cumplieron los presupuestos generales de legitimación en la causa por\nactiva y pasiva, así como el requisito de inmediatez, no superaron el\npresupuesto de subsidiariedad. La Sala llegó a esta conclusión al considerar\nque: (i) la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de\ntutela es en general improcedente para controvertir actos administrativos,\ntanto de carácter general como particular. Esto porque existe un mecanismo\njudicial, en principio idóneo y eficaz, ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo, al que los propios accionantes acudieron y en el que\npresentaron un debate similar al expuesto ante los jueces de tutela, de acuerdo\ncon lo probado en el proceso. (ii) Esta regla general se extiende a los\nactos administrativos de trámite que disponen la exclusión de participantes en\nconcursos públicos de mérito, pues al definir situaciones jurídicas concretas,\naquellos pueden ser controvertidos por el medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho. Adicionalmente, (iii) ninguno de los\nescenarios debatidos por los actores habilitaba de forma automática la\nintervención del juez de tutela.\n\n5. En relación con el primer escenario respecto de los\nargumentos relacionados con el proceso evaluativo, la Sala concluyó que se\ntrataba de asuntos propios del control de legalidad que excedían la competencia\ndel juez constitucional y frente a los que se debía considerar la presunción de\nlegalidad de los actos administrativos. En lo atinente al segundo escenario ,\nr elativo al uso de herramientas de inteligencia\nartificial generativa en la elaboración de actos administrativos, la Sala\nconcluyó que es el juez contencioso administrativo, como autoridad\nespecializada en la materia, quien debe evaluar los impactos de las tecnologías\nemergentes en la producción de dichos actos, mediante la observancia\ncorrelacionada del principio de legalidad y la satisfacción de los derechos\nconstitucionales alegados. En cuanto al tercer\nescenario , la Sala consideró que se planteaban discusiones sobre el\ncumplimiento de los requisitos de la Convocatoria n.° 27, que son propias de la\ncompetencia del juez de lo contencioso administrativo.\n\n6. Por último, la Sala tampoco encontró acreditado un perjuicio\nirremediable que ameritara la intervención transitoria del juez de tutela.\nContrario a lo dispuesto por algunos de los jueces de instancia, la Sala hizo\nénfasis en que la celeridad propia de los concursos de mérito no se traduce\nautomáticamente en la configuración de un perjuicio irremediable, puesto que su\nconstatación depende de la acreditación de criterios objetivos y verificables\nque no se demostraron en estos casos acumulados. Sobre el particular encontró que\nel perjuicio no era inminente porque los accionantes no son titulares de\nun derecho, sino de una expectativa en cuanto a ser nombrados en los cargos\npara los que concursaron. No era impostergable porque durante el tiempo en que se acudió a la acción de tutela los\naccionantes pudieron haber tramitado las acciones administrativas, como lo\nhicieron. Y, finalmente, no era grave porque no se acreditó una actuación\nabiertamente arbitraria.\n\n7. Remisión del asunto a los jueces de tutela\nde primera instancia . El 3\nde febrero de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió [2] los\nexpedientes de los respectivos procesos acumulados [3] a los\njueces de instancia. Lo\nanterior, de conformidad con los artículos 23,\n27, 36 y 52 del\nDecreto Ley 2591 de 1991, pues dichas autoridades judiciales tienen a su cargo\ncomunicar la decisión y asegurar el cumplimiento de las órdenes impartidas en\nla Sentencia T-008 de 2026, como jueces de primera instancia.\n\n8. Primera solicitud de nulidad presentada por Karen Lorena Ramírez\nRodríguez en su condición de discente excluida del IX Concurso de Formación\nJudicial. El 5 de febrero de 2026 [4] , la\nsolicitante pidió que se declare la nulidad de la Sentencia T-008 de 2026. En\nconsecuencia, que se deje sin efectos la providencia y se ordene proferir una\nnueva decisión que analice el requisito de subsidiariedad frente a la\nineficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de\nlas medidas cautelares. Además, que se valore el impacto de las herramientas de\ninteligencia artificial generativa (IAG) en la expedición de actos\nadministrativos y su control jurisdiccional. Asimismo, solicitó que se disponga\nde medidas necesarias para restablecer el derecho al debido proceso. A\ncontinuación, se presentan los argumentos principales en que fundamenta su\nsolicitud:\n\nTabla 1. Supuestos de nulidad señalados por Karen Lorena Ramírez\nRodríguez\n\nArgumentos\n\nSupuesto [5]\n\nArgumentos\n\nArgumento 1\n\nDefecto de motivación (aparente o\ninsuficiente) en el juicio de subsidiariedad\n\nLa peticionaria señaló que\nla Sentencia T-008 de 2026 incurrió en un defecto de falta de motivación o\nmotivación aparente al afirmar que el medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho era el medio idóneo y eficaz, sin explicar cómo\nse evitaría un perjuicio irremediable en un concurso de mérito con etapas\npreclusivas. Señaló que no se valoraron hechos relevantes como: (i) la\nexistencia de múltiples procesos contenciosos sin finalizarse; (ii)\nsolicitudes de medidas cautelares negadas o sin decidir, y (iii) la\ntensión entre el avance del concurso de mérito y los tiempos de respuesta de\nla jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para ello, la peticionaria\nadjuntó cifras sobre el estado de las medidas cautelares en procesos\ncontenciosos que han adelantado algunos de los discentes y que demuestran, en\nsu criterio, la lentitud de esa jurisdicción [6] .\nPor otro lado, indicó que, en su caso concreto, la medida cautelar solicitada\naún no ha sido resuelta, lo cual reflejaría un patrón de demora que demuestra\nque la “tutela cautelar contenciosa” no está operando como un mecanismo\neficaz y oportuno para prevenir un daño. Por lo anterior, afirmó que la Sala\nSegunda debió justificar la inexistencia de perjuicio irremediable o\nconsiderar la tutela como mecanismo transitorio.\n\nArgumento 2\n\nMotivación insuficiente/incongruente\nfrente al “problema constitucional” por uso de IA generativa – defecto de\nmotivación con incidencia procesal\n\nLa\npeticionaria indicó que, si bien la providencia reconoció que los debates en\ngeneral sobre el uso de IAG en la motivación de actos administrativos podrían\n“resultar novedosos y con incidencia eventual en la protección de\nderechos fundamentales”, descartó, sin más, la procedencia de la acción de\ntutela en el escenario específico estudiado. Lo anterior, sin explicar, al\nmenos, por qué el posible uso de IAG en la motivación de actos\nadministrativos y su control no puede representar problemas de transparencia\ny explicabilidad algorítmica, ni por qué estos asuntos se reducen a un debate\nde legalidad. En esta línea sostuvo que, aunque los accionantes presentaron\ncuestionamientos concretos como indicios de uso de IAG en la motivación de\ndecisiones administrativas, la Sala remitió, por especialidad, el análisis al\njuez contencioso administrativo sin una justificación suficiente y\ncongruente.\n\nArgumento 3\n\nIrregularidad por afectación del derecho\nde contradicción probatoria (vicio por falta de garantía de contradicción y\nacceso a elementos probatorios decisivos)\n\nLa peticionaria señaló que\nsolicitó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla la expedición de copia de\nregistros audiovisuales de la prueba presentada en la subfase general del IX\nCurso de Formación Judicial para verificar sus respuestas. Sin embargo, la\nadministración nunca permitió el acceso a ese material. Al respecto,\nmanifestó que esta negativa fue generalizada para todos los discentes, lo que\ngeneró un “estado de indefensión probatoria”. Lo anterior, al impedirles\nverificar y controvertir la base de su calificación y exclusión, lo que vulneró\nel derecho fundamental al debido proceso, pues el video es una prueba directa\npara verificar fallas técnicas o la autenticidad de las respuestas. Asimismo,\nindicó que la Sentencia T-008 de 2026 no decretó tales pruebas ni analizó la\nimposibilidad que tenían los discentes de acceder al registro audiovisual.\nPara la peticionaria, aquello impidió la debida contradicción probatoria\nmediante el medio de convicción principal, lo cual era relevante, pues a su\njuicio, sin esta prueba se afectó el debido proceso. Esta omisión por parte\nde la Sala constituye, según la peticionaria, un “vicio sustancial” que\ncompromete la validez de la providencia.\n\nArgumento 4\n\nDefecto de trámite por indebida\nintegración del contradictorio en sede de revisión: omisión de vinculación de\nun tercero con interés directo y determinante (ETRAINING S.A.S.), con\nincidencia en la motivación y en el juicio de procedencia\n\nLa peticionaria sostuvo que,\nen el trámite de revisión, a través de los cuestionamientos reiterados por\nvarios participantes del IX Curso, se señaló que la sociedad E-TRAINING\nS.A.S. habría ejecutado materialmente los componentes del IX Curso de\nFormación Judicial. Sin embargo, la Sala en la Sentencia T-008 de 2026\ndeclaró la improcedencia de la acción sin haber integrado adecuadamente el\ncontradictorio [7]\nmediante la vinculación de la sociedad como tercero con interés directo,\nquien podría controvertir información técnica determinante. Por lo anterior,\nseñaló que la Corte decidió con una “asimetría informativa” y una\n“reconstrucción fáctica incompleta” sobre los aspectos técnicos cuestionados,\nlo que afecta el debido proceso.\n\n9. Segunda\nsolicitud de nulidad presentada por Rubén David Suárez Cañizares en su\ncondición de discente excluido del IX Concurso de Formación Judicial. El 9\nde febrero de 2026 [8] , el\nsolicitante pidió declarar la nulidad de la Sentencia T-008 de 2026 y que la\nSala Plena de la Corte Constitucional asuma el conocimiento del caso para\nunificar criterios sobre el uso de IAG en la emisión de actos administrativos y\nel control jurisdiccional de actos de la administración asociados a concursos\nde méritos. A continuación, se presentan los argumentos principales en que el\npeticionario fundamenta su solicitud:\n\nTabla\n2. Supuestos de nulidad señalados por Rubén David Suárez\nCañizares\n\nArgumentos\n\nSupuesto [9]\n\nArgumentos\n\nArgumento 1\n\nCambio de jurisprudencia al descartar al\nJuez Constitucional del análisis de decisiones judiciales y administrativas\ncon el uso de inteligencia artificial (…) asunto que debe ser sometido a\nSala Plena [10]\n\nEl peticionario afirmó que\nla Sala Segunda de Revisión incurrió en un cambio de jurisprudencia respecto\nde la Sentencia T-323 de 2024, la cual establece los criterios orientadores\nen cuanto al uso de IAG por parte de despachos judiciales, entre ellos, transparencia,\nresponsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana,\nprevención de riesgos, entre otros. Según el solicitante, la Sentencia T-008\nde 2026 modificó la jurisprudencia al descartar la intervención del juez\nconstitucional en el análisis de actos administrativos que hagan uso de IAG,\nlo cual debió ser llevado a la Sala Plena, conforme al reglamento interno de\nla corporación.\n\nArgumento 2\n\nCon la no vinculación de la sociedad\nETRAINING S.A.S. se dieron las causales de los numerales 4,5 8 del artículo\n133 del C.G.P. [11]\n\nEl peticionario indicó que\nse presentó una omisión al no vincular a la sociedad E-TRAINING S.A.S.,\nencargada del diseño de las pruebas y estructuración del IX Curso de\nFormación Judicial, lo que constituye una vulneración al debido proceso y\nconfigura varias causales de nulidad conforme a los numerales 4, 5 y 8 del\nartículo 133 del Código General del Proceso [12] . En\neste sentido, manifestó que varios discentes, incluido él, solicitaron a la\nCorte requerir a la sociedad con información sobre el curso, incluyendo pagos\ny contratos celebrados con la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 -UT-\n(integrada por E-DISTRIBUTION S.A.S. y la Universidad Pedagógica y\nTecnológica de Colombia). Sin embargo, la Sala de Revisión prescindió de vincular\na dicha entidad.\n\nArgumento 3\n\nSe impidió acceso a los sistemas de\nvideograbación de las pruebas evaluativas [13] y\nexisten graves denuncias de los Discentes del IX Curso de formación judicial\nde cambios intempestivos y sin comunicación de material académico [14]\n\nEl solicitante señaló que,\nen el proceso de evaluación de la subfase general, se impidió el acceso a\nsistemas de videograbación de las pruebas, al cual se accedió mediante orden\njudicial. Resaltó que el acceso era importante a efectos de verificar sus\ncalificaciones. Además, señaló que los discentes denunciaron cambios\nintempestivos y no comunicados en materiales académicos del IX Curso de\nFormación Judicial y que inicialmente fueron evidenciados en la plataforma\nvirtual, lo que afectó la confianza legítima y el debido proceso. A su\njuicio, dichos cambios generaron confusión y posibles irregularidades que\nimpactaron la validez de los resultados y los procesos de aprendizaje y\nevaluación, lo cual debe ser auditado e investigado por las autoridades\ncompetentes, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación.\n\nArgumento 4\n\nConflictos de interés, favorecimientos\nindebidos o posibles irregularidades contractuales que puedan haber afectado\nla imparcialidad y legitimidad del proceso de selección judicial por la\npresunta subcontratación de la entidad E TRAINING S.A.S [15] -\nnulidad (…) por vicios en la selección del contratista [16]\n\nEl peticionario alegó\npresuntas irregularidades en la contratación del IX Curso de Formación\nJudicial. Como fundamento de ello, presentó una investigación periodística [17] que\ndenuncia la presunta corrupción y “triangulación contractual” que involucra\nal representante legal suplente de la Unión Temporal 2019 y a la empresa\nE-TRAINING S.A.S. En particular, alegó presuntos conflictos de interés, un\nmanejo indebido de recursos públicos, sobrecostos, falta de firmas en actas\npublicadas en el Secop y doble facturación. También indicó que la\nrepresentante legal de E-DISTRIBUTION S.A.S podría estar inhabilitada para\ncontratar por cuenta de una sentencia del Consejo de Estado. En esta línea,\nrealizó solicitudes particulares a la Contraloría General de la República y a\nla Procuraduría General de la Nación, así como a la Agencia Nacional de\nDefensa Jurídica del Estado para que adelanten acciones sobre el asunto.\nFinalmente, manifestó que la Unión Temporal presuntamente incurrió en una\n“contratación/subcontratación/u delegación no autorizada o NO consentida por\nescrito”, al vincular a la empresa E-TRAINING S.A.S. También advirtió sobre\nla posible configuración de presuntos delitos contra la administración\npública.\n\nArgumento 5\n\nUnión Temporal Formación Judicial 2019\n(…) presentó una sábana de notas correspondiente a la subfase general del IX\nCurso de Formación Judicial (…) las notas suministradas no fueron publicadas\nde forma desagregada al público en general [18]\n\nEl peticionario indicó que\nla Unión Temporal (conformada por E-Distribución S.A.S. y la Universidad\nPedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) subcontrató presuntamente a\nETRAINING S.A.S) y presentó una versión consolidada de las notas sin detallar\nlos resultados por módulo. Lo anterior impidió la trazabilidad de la\nevaluación y vulneró la transparencia, el debido proceso, el derecho de\ndefensa y el principio de publicidad de los actos administrativos. Además,\nseñaló que no se acreditó que las calificaciones fueran realizadas por\nformadores de la Escuela Judicial, sino por la UT, “presuntamente\nprivatizando la selección de jueces en la administración de justicia de la\nRepública de Colombia”.\n\nArgumento 6\n\nVulneración directa al debido proceso\nacadémico y al derecho a una defensa (…), además de abrir la posibilidad de\nnulidad por indebida motivación, uso no autorizado de herramientas de\ninteligencia artificial en el ejercicio de funciones públicas y afectación\ndirecta al principio constitucional del mérito en la carrera judicial [19]\n\nFinalmente, el peticionario\nsostuvo que en el IX Curso de Formación Judicial, el uso de IAG en el diseño,\ncalificación y resolución de recursos administrativos no fue comunicado a los\nparticipantes, lo que vulneró los principios de legalidad, el debido proceso,\nla transparencia y el consentimiento informado. En esta línea, señaló que en\nla Resolución EJR24-1476 del 6 de diciembre de 2024 y en los actos\nadministrativos posteriores que resolvieron los recursos de reposición de los\ndiscentes, se usaron herramientas de IAG, sin realizarse en la sentencia un\nanálisis de fondo sobre los argumentos planteados. Eso, a su juicio (i)\nimplica una vulneración al “debido proceso académico y al derecho a una\ndefensa argumentativa real”; (ii) genera la nulidad de todas las\nactuaciones del IX Curso, y (iii) constituye una vulneración al\nprecedente contenido en la Sentencia T-323 de 2024, la cual exige información\nprevia, explícita y consentimiento informado en todos los casos donde se\nincorporen sistemas automatizados de decisión o algoritmos en trámites\njudiciales.\n\n10. Tercera solicitud de nulidad presentada por un ciudadano sin\nidentificarse de forma concreta [20] . El 16\nde febrero de 2026, a través de la página web de esta corporación, se registró\nuna solicitud de “nulidad de la sentencia T-008 de 2026” presentada como “ ANÓNIMO”\na través del correo electrónico garcia_brunal@yahoo.com [21] . De\nacuerdo con el escrito, la Convocatoria n.° 27 y el IX Curso de Formación\nJudicial presenta distintas irregularidades, entre ellas: (i) fallas\ncontractuales; (ii) abusos contra discentes; (iii) mal diseño de\nevaluaciones; (iv) desconocimiento de la confianza legítima, y (v)\nuso sesgado de herramientas de inteligencia artificial para responder a los\nrecursos administrativos. Asimismo, el remitente sostuvo que, dada la trascendencia\ndel asunto, la decisión debió ser asumida por la Sala Plena de la Corte\nConstitucional.\n\n2.\nTrámite del incidente de nulidad de la Sentencia T-008 de 2026\n\n11. Inicio del trámite incidental de nulidad. Mediante\noficios A-055 del 13 de febrero de 2026 y A-114 del 9 de abril de 2026, la\nSecretaría General de la Corte Constitucional comunicó a los jueces de primera\ninstancia de cada uno de los expedientes acumulados la presentación de las\nsolicitudes de nulidad radicadas por Karen Lorena Ramírez Rodríguez y Rubén\nDavid Suárez Cañizares, así como la solicitud de nulidad presentada por un “ Anónimo ”\ncontra la Sentencia T-008 de 2026, para el trámite de comunicación respectivo.\nIgualmente, se pidió a los despachos certificar la fecha de notificación de la\nreferida sentencia con sus anexos.\n\n12. Certificaciones de comunicación presentadas por los jueces de\ninstancia. Según dan cuenta las constancias secretariales recibidas, los\njueces de primera instancia certificaron, entre el 13 de febrero de 2026 y el 8\nde abril de 2026, que la Sentencia T-008 de 2026 se notificó a las partes del\nexpediente AC T-10.892.442, los días 3, 5, 9, 10, 12 y 18 de febrero de 2026 y\nel 27 de marzo siguiente [22] .\n\n13. En relación con los demás intervinientes, en particular, los\nparticipantes del IX Curso de Formación Judicial vinculados como terceros con\ninterés, la Secretaría informó que la Sala de Decisión de Tutela No. 1° de la\nSala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (expediente\nT-11.062.918) fijó aviso a fin de notificar a dichos terceros y a las demás\npersonas que pudieran verse impactadas con la decisión de la Corte\nConstitucional. Dicho aviso se fijó el 11 de febrero de 2026.\n\n14. Asimismo, la Sala de Decisión de Tutelas No. 3° de la Sala de\nCasación Penal de la Corte Suprema de Justicia (expediente T-11.062.918)\nreportó que el 12 de febrero de 2026, la Unidad de Administración de Carrera\nJudicial realizó publicación de la sentencia objeto de nulidad en la página web\nMicrositio Convocatoria n.° 27. Además, informó que efectuó la notificación\nelectrónica del fallo con el propósito de informar a “los integrantes del\nconcurso y demás participantes en el IX Curso de Formación Judicial inicial\npara aspirantes a cargos de magistrados/as y jueces de la república en todas\nlas especialidades, promoción 2020-2021” [23] ,\nsobre la Sentencia T-008 de 2026.\n\n15. Oposición de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del\nConsejo Superior de la Judicatura a las solicitudes de nulidad. El 20\nde febrero de 2026, como parte accionada, esa entidad solicitó que se rechacen\nlas solicitudes de nulidad por no cumplir con el carácter excepcional que\ndemanda este tipo de peticiones. Subsidiariamente, pidió negarlas por no\nacreditarse los vicios alegados al debido proceso. En su lugar, pidió que se\npreserve la cosa juzgada constitucional, se garantice la seguridad jurídica y\nse mantenga incólume la providencia judicial.\n\n16. La entidad enfatizó en que “el incidente de nulidad es un\nmecanismo estrictamente excepcional, concebido para corregir vicios graves y\ndeterminantes del debido proceso que se evidencien en la propia sentencia y que\nresulten decisivos para su sentido. Por ello, no puede transformarse en una vía\npara reabrir indefinidamente expedientes ya resueltos ni para instalar\n“cadenas” de nulidades que erosionen la cosa juzgada constitucional y la\nseguridad jurídica” [24] .\n\n17. En esa línea, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla refutó los\nplanteamientos presentados por los solicitantes bajo cuatro argumentos\nprincipales: primero, la sentencia no incurrió en un defecto de motivación en\nel juicio de subsidiariedad, puesto que expuso en detalle las razones por las\ncuales las acciones de tutela eran improcedentes ante la existencia de medios\nordinarios idóneos, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del\nderecho con medidas cautelares, medio al que acudieron los accionantes, además\nde que no se demostró un perjuicio irremediable. En su criterio, los argumentos\nexpuestos en las solicitudes de nulidad asociados al examen de subsidiariedad\n“reflejan es un desacuerdo con el criterio judicial adoptado, circunstancia que\nno configura causal de nulidad”.\n\n18. Segundo , los solicitantes citaron la Sentencia T-323 de\n2024, pero a juicio de la Escuela Judicial, aquella se dictó en un escenario\ndistinto en el que se debatía específicamente la actuación de jueces de tutela,\npor lo que no se trata de un precedente de unificación de Sala Plena. Además,\nsi bien la referida Sentencia T-323 orienta el uso de herramientas de\ninteligencia artificial en el ámbito judicial, dicha providencia no cambió ni\nreformó las reglas de subsidiariedad de la acción de tutela respecto de actos\nadministrativos ni su control judicial.\n\n19. Tercero, la Escuela también aclaró que la falta de entrega de\nvideos capturados por los sistemas de proctoring [25]\ndurante la aplicación de las pruebas no constituye un vicio de nulidad de la\nSentencia T-008 de 2026, pues dichos registros buscan documentar el entorno y\nla conducta de la persona evaluada, por lo que cualquier disputa técnica sobre\nellos debe ventilarse ante el juez de lo contencioso administrativo. Además, la\ncircunstancia alegada no se enfoca en la conducta de la Sala Segunda de\nRevisión, sino que pretende reabrir los múltiples debates expuestos en las\nacciones de tutela ante la inconformidad con lo decidido por la Corte.\nFinalmente, señaló que (iv) no es procedente la causal de nulidad por\nindebida integración del contradictorio de ETRAINING S.A.S., pues la Sentencia\nT-008 de 2026 no impuso órdenes, cargas ni obligaciones a dicho tercero que\nhubieran sugerido la necesidad de su vinculación y, por lo mismo, no se\nadvierte una afectación al debido proceso.\n\nII. CONSIDERACIONES\n\n1.\nCompetencia\n\n20. La\nSala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer las\nsolicitudes de nulidad interpuestas en el presente caso, de acuerdo con lo\ndispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 103 del\nReglamento Interno de la Corte Constitucional.\n\n2.\nEstructura\nde la decisión\n\n21.\nLa\nSala Plena de la Corte Constitucional explicará brevemente el alcance y\npresupuestos formales y materiales de las solicitudes de nulidad\ncontra sentencias de la Corte Constitucional, siguiendo la línea reiterada por\neste tribunal. Además,\ndado que las solicitudes de nulidad presentadas se sustentan en diferentes\nargumentos y que algunos de ellos se enmarcan en supuestos ya reconocidos por\nla jurisprudencia como tales, entre ellos el desconocimiento del precedente\nconstitucional y la indebida conformación del contradictorio, la Sala\ndescribirá su contenido.\n\n22.\nAhora\nbien, la primera solicitud de nulidad, presentada por Karen Lorena Ramírez Rodríguez formuló argumentos\nen el sentido de considerar que la sentencia incurrió en un defecto de\nfalta de motivación o motivación aparente, al afirmar que el medio de control\nde nulidad y restablecimiento del derecho era el medio idóneo y eficaz, sin\nexplicar cómo se evitaría un perjuicio irremediable en un concurso de mérito\ncon etapas preclusivas. Aunque se alegó la falta de motivación del fallo, los\nargumentos se dirigen a cuestionar la falta de consideración de un asunto\nrelevante para resolver el problema jurídico: el requisito de subsidiariedad.\nEn este sentido, la Sala entiende que lo que se plantea en este caso\ncorresponde al supuesto de nulidad por elusión arbitraria y absoluta\ndel análisis de asuntos de relevancia constitucional, por lo cual la Sala\ntambién describirá brevemente este supuesto.\n\n23.\nEnseguida,\nanalizará si se superan los presupuestos formales exigidos para el efecto. Solo\nde superarse esta fase, se abordará el estudio de fondo de los cargos\nmateriales de nulidad contra la Sentencia T-008 de 2026. Pasa la Sala entonces\na reiterar los requisitos de procedencia de este tipo de solicitudes.\n\n3. Régimen aplicable a las solicitudes de nulidad de las sentencias\nde tutela de la Corte Constitucional. Reiteración de la jurisprudencia\n\n24. El\ncarácter excepcional de las nulidades de sentencias de la Corte Constitucional.\nConforme lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución, los\nfallos proferidos por la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada\nconstitucional. Eso significa que una cualidad de las sentencias ejecutoriadas\nde la Corte Constitucional es que resultan definitivas, intangibles,\nincontrovertibles e inmutables [26] . Por\nlo tanto, un asunto que ha\nsido resuelto no puede volver a debatirse dentro del mismo proceso, ni en el\nfuturo a través de otro procedimiento entre las mismas partes y con el mismo\nobjeto [27] .\nAdemás, la jurisprudencia constitucional ha dotado a la cosa juzgada de un\ndoble carácter: negativo y positivo. A través del carácter negativo, su función\nes prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre\nasuntos ya resueltos. En cuanto al carácter positivo, la cosa juzgada dota de\nseguridad a las relaciones jurídicas y al propio ordenamiento jurídico [28] .\n\n25. Por su\nparte, el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 consagra que “[l]a nulidad de\nlos procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de\nproferido el fallo. Solo las irregularidades que impliquen violación del debido\nproceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.\nSin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que, de acuerdo con una\ninterpretación armónica de este artículo, la nulidad puede invocarse de forma\nexcepcional contra el fallo [29] . Igualmente, esta posibilidad\nexcepcional se encuentra prevista en el artículo 103 del Reglamento Interno de\nesta corporación, el cual regula lo relativo a nulidades y admite que se\ninvoquen (i) con anterioridad a la sentencia o (ii) respecto del\nfallo, caso en el cual es necesario que la solicitud se presente dentro de los\ntres días siguientes a la notificación del fallo objeto de cuestionamiento.\n\n26. Bajo\nesta línea, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima que\nse solicite la nulidad de las sentencias que ponen fin a los procesos de\ntutela. Ha precisado: (i) los incidentes de nulidad no constituyen un\nrecurso contra las decisiones judiciales de esta Corte, por lo que no pueden\nutilizarse para reabrir debates jurídicos ya resueltos; y (ii) no es un\nmedio para controvertir la postura jurídica que resolvió el problema jurídico,\nni para proponer nuevas controversias. En este sentido, la inconformidad frente\nal “ sentido del fallo” , sus “ fundamentos teóricos , probatorios\no procesales ”, así como su “redacción o estilo argumentativo”, no\nson motivos para anular una providencia [30] .\n\n27. En\nconsecuencia, el incidente de nulidad “no constituye\nuna nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya\nhan sido definidas” [31] . Como\nha mencionado esta corporación, “el debate en sede de nulidad, no es una suerte de segunda instancia\nde la decisión tomada en el fallo de revisión”. [32] Por lo anterior, “ la inconformidad del peticionario ante lo decidido o en una\ncrítica al estilo argumentativo utilizado por la Sala de Revisión carece de\neficacia para obtener la anulación de la sentencia”. En\nese orden, el incidente de nulidad solo procede ante presuntas irregularidades\nde tal magnitud que vulneren el derecho fundamental al debido proceso, por lo\nque, quien promueve la nulidad debe señalar de manera clara y detallada los\npreceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión\nadoptada [33] .\n\n28. Requisitos\nde las solicitudes de nulidad [34] . La\nCorte Constitucional ha desarrollado una metodología para el estudio de las\nsolicitudes de nulidad en contra de sus decisiones. Al respecto ha explicado\nque, para mantener el carácter excepcional de esta figura, el peticionario\ntiene la carga de acreditar dos clases de requisitos o presupuestos: formales\ny materiales. En esta línea, en primer lugar, deben cumplirse los\nrequisitos formales , los cuales deben valorarse\nde manera estricta [35] y, de no\nsatisfacerse, la solicitud será rechazada de plano [36] .\nEn segundo lugar, corresponde acreditar la configuración de al menos uno de los\nsupuestos materiales de nulidad definidos por la jurisprudencia [37] .\nA continuación, se desarrollan cada uno de estos requisitos:\n\nTabla 3. Requisitos formales y materiales de las solicitudes de nulidad\n\nRequisitos\n\nDescripción\n\nRequisitos formales\n\nLegitimación\n\nImplica que la solicitud\ndebe ser presentada por alguna de las partes, o por un tercero con interés\ndirecto que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión [38] .\n\nOportunidad\n\nExige que la solicitud se\ndebe interponer en el término de ejecutoria de la providencia, es decir,\ndentro de los tres días después de su notificación. Ahora, si lo que se alega\nson irregularidades ocurridas con anterioridad a la expedición de la providencia,\nde acuerdo con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, y los artículos 133\nal 136 del Código General del Proceso, aplicado en lo pertinente al trámite\nde la acción de tutela, la nulidad se debe alegar antes de que el juez\nprofiera el fallo.\n\nCarga argumentativa\n\nEl solicitante debe satisfacer un estándar de argumentación ,\nlo que implica, al menos (i) exponer de forma clara, seria, coherente\ny suficiente el supuesto de nulidad invocado y los hechos que la\nconfiguran; (ii) especificar en qué consiste la vulneración del debido\nproceso como consecuencia del supuesto alegado, lo cual requiere dar cuenta\nde una afectación cualificada , esto es, que sea evidente, probada,\nrelevante y trascendental [39] . Esto supone el deber de demostrar\n(iii) que la transgresión al debido proceso tiene repercusiones\nsustanciales y directas en la decisión o en sus efectos. En consecuencia,\nno son procedentes las solicitudes que se limiten a cuestionar la\ninterpretación realizada por las salas de revisión o la Sala Plena, ni\naquellas que obedezcan a un simple desacuerdo con la decisión adoptada, así\ncomo tampoco las que pretenden cuestionar la valoración probatoria efectuada\npor la Corte, o que discutan nuevamente los problemas jurídicos planteados.\n\nRequisito material o sustancial\n\nEn caso de que una solicitud\nde nulidad cumpla con los tres requisitos de procedencia formal, la Corte\nConstitucional debe examinar si se satisface el requisito material .\nSobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación ha identificado\nvarios supuestos que, aunque no son taxativos, permiten la presentación del\nincidente [40] . Estos son:\n\n(i)\nel desconocimiento del precedente de la Sala Plena o la\njurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión;\n\n(ii)\nel desconocimiento de las mayorías legalmente\nestablecidas,\n\n(iii)\nla elusión arbitraria y absoluta del análisis de asuntos de\nrelevancia constitucional,\n\n(iv)\nel desconocimiento de la cosa juzgada constitucional,\n\n(v)\nla indebida integración del contradictorio cuando se imparten\nórdenes a sujetos no vinculados [41] ,\n\n(vi)\nla incongruencia entre la parte motiva y resolutiva, y\n\n(vii)\nel desconocimiento del juez natural [42] .\n\n29. Es\nimportante señalar que esta corporación ha precisado que el supuesto de nulidad\ndebe estudiarse a partir de los principios de trascendencia y protección [43] .\nEl primero indica que “no cualquier irregularidad procesal da lugar a invalidar\nel procedimiento, sino solo aquellas que impliquen ‘violaciones ostensibles y\nprobadas’ del debido proceso” [44] y que afecten el sentido de la\ndecisión. En concordancia con este principio, solo dan lugar a la nulidad\naquellas irregularidades que tengan una incidencia “directa y sustancial” en la\ndecisión cuestionada. El segundo implica que la declaración de nulidad exige comprobar\nque exista una vulneración del derecho al debido proceso de quien la alega [45] .\n\n30. Desconocimiento\ndel precedente de la Sala Plena o de la jurisprudencia en vigor. Sobre\neste supuesto, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “[l]os\ncambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte\n[…]”. En virtud de esta disposición, la Corte ha señalado que el\ndesconocimiento del precedente puede configurar una causal de nulidad, en tres\nescenarios: (i) cuando una Sala de Revisión “modifica o contradice el\nprecedente establecido por la Sala Plena” [46] ; (ii) cuando la Sala Plena\ndesconoce su propio precedente, “sin observar las reglas que habitualmente\nrigen para el cambio de jurisprudencia” [47] ; (iii) cuando una Sala de\nRevisión “desconoce la jurisprudencia en vigor, dictada por la Sala Plena o por\nlas mismas Salas de Revisión” [48] .\n\n31. Ahora,\nsobre la jurisprudencia en vigor, esta corporación ha señalado que aquella se\nrefiere a una línea jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica sobre un\nasunto determinado, desarrollada por la Sala Plena o por las Salas de Revisión.\nEste concepto alude al precedente de la Corte que ha sido reiterado en varias\ndecisiones en las que se tratan problemas jurídicos similares, con presupuestos\nfácticos idénticos y en las que se adopta una regla de decisión de manera\nuniforme [49] .\n\n32. Para\nalegar la nulidad por este supuesto, la Corte Constitucional ha señalado que\ndeben cumplirse cuatro requisitos: (i) invocar la vulneración del debido\nproceso por desconocimiento o cambio de precedente; (ii) identificar la\njurisprudencia cuestionada y las decisiones que contienen el precedente; (iii)\nidentificar los hechos, el problema jurídico y la razón de la decisión de\nla sentencia cuya nulidad se reclama y de las decisiones que contienen el\nprecedente, y (iv) indicar con suficiencia por qué el precedente era\naplicable, evidenciando similitud fáctica y jurídica [50] .\nEn todo caso, tal como lo ha reconocido esta corporación “ [las] razones o interpretaciones jurídicas diferentes a las contenidas\nen la sentencia censurada, que obedezcan al disgusto e inconformidad del\nsolicitante con la decisión, solo constituyen meras apreciaciones connaturales\na su desacuerdo” [51] .\n\n33. Indebida\nconformación del contradictorio cuando se imparten órdenes a sujetos no\nvinculados. Esta corporación ha reiterado que el juez de tutela tiene el deber\nde identificar e integrar a todas las personas con interés legítimo en lo que\nse vaya a decidir, garantizándoles el ejercicio del debido proceso y el derecho\nde contradicción. Esta obligación implica la vinculación al proceso no solo de\nlos demandados, sino también de los terceros que puedan verse afectados con la\nactuación y las decisiones que se adopten [52] . Para tal efecto, “debe\nconstar de manera expresa o desprenderse del expediente la existencia del\ntercero o terceros interesados [53] .\n\n34. En\neste punto, es importante precisar que esta corporación ha reconocido que “ las\nSalas de Revisión de la Corte Constitucional y los jueces de tutela no están\nimposibilitadas para impartir órdenes a autoridades no vinculadas a un proceso,\ncuando sin comprometer su responsabilidad en la amenaza o violación de derechos\nfundamentales, se limita en la resolución del fallo a declarar las obligaciones\nya previstas en el ordenamiento legal o reglamentario ” [54] .\n\n35. En\neste orden de ideas, la jurisprudencia ha sostenido que no es necesario\nvincular a autoridades del orden nacional, regional o local, dado que tienen el\ndeber legal y constitucional de cumplir lo ordenado. Asimismo, ha indicado que\nlas Salas de Revisión de la Corte y los jueces de tutela pueden proferir\nórdenes a las autoridades no vinculadas dentro del trámite. Esto, con el fin de\nque “ ejerzan facultades jurídicas que le son propias, inclusive\nsi su ejercicio tiene algún tipo de efectos sobre los individuos que no\nparticiparon en el trámite” [55] , así como para que adelanten\nactuaciones coordinadas con las autoridades que sí son parte dentro del trámite\no con organismos estatales encargados de garantizar la protección de derechos\nfundamentales [56] .\n\n36. Elusión\narbitraria del análisis sobre asuntos de relevancia constitucional. En\nrelación con este supuesto de nulidad, la Corte ha señalado que se configura si\nel juez omite por completo el análisis de un asunto de relevancia sin\njustificación alguna [57] . Sobre este asunto, se ha resaltado\nque la relevancia a que se refiere la causal de nulidad no radica en la\nimportancia constitucional del asunto, sino en su carácter indispensable para\nresolver “correctamente los problemas jurídicos o las cuestiones planteadas en\nla demanda” [58] .\n\n37. La\nnulidad por elusión se configura cuando la sentencia omitió completamente\nexaminar asuntos relevantes, por el contrario, si existió algún análisis sobre\nla materia, no es posible revisar esos argumentos, pues ello implicaría un\n“nuevo escrutinio jurídico” [59] . Asimismo, este tribunal ha señalado\nque dicha omisión debe ser de tal entidad que: (i) de haberse considerado la\ndecisión o el trámite hubiera sido distinto o (ii) se trata de aspectos que no\npodían ser ignorados por su importancia constitucional en la protección de\nderechos fundamentales [60] . En todo caso, la Sala recuerda que\nla elusión de algún elemento frente al asunto analizado no supone, por sí\nmisma, una vulneración del debido proceso que conlleve a la nulidad [61] .\n\n38. Bajo\nesta línea, se ha determinado que, para acreditar la configuración de la\ncausal, el solicitante debe demostrar: “ (i) que\nla sentencia incurrió en una omisión arbitraria o irrazonable, (ii)\nrespecto de un asunto que reviste relevancia constitucional ―no legal ni\nde conveniencia―, y (iii) que, si tal asunto hubiese sido\nanalizado, la decisión habría sido distinta ” [62] .\n\n4. Análisis\nde las solicitudes de nulidad contra la Sentencia T-008 de 2026\n\n39. De\nacuerdo con los escritos de las solicitudes de nulidad referidas y las reglas\nconstruidas por la Corte Constitucional, la Sala Plena concluye que la\nsolicitud anónima debe rechazarse de plano porque es manifiestamente\nimprocedente. Por su parte, las restantes peticiones incumplen con los\nrequisitos de legitimación, oportunidad y carecen del estándar de carga\nargumentativa que se exige para invocar un supuesto de nulidad por violación\ndel debido proceso. A continuación, la Sala pasa a explicar cada una de estas\nconclusiones.\n\n4.1.\nLa solicitud de nulidad presentada de manera anónima debe ser\nrechazada de plano\n\n40. En el\ncaso concreto, la solicitud de nulidad se presentó por una persona que no se\nidentificó. En efecto, el escrito se radicó de la siguiente manera: “ ANÓNIMO-garcia_brunal@yahoo.com [63] .\n\n41. Lo\nanterior es relevante porque le impide a la Sala Plena verificar la calidad o\ninterés en que actúa el o la peticionaria. De esta manera, no resulta claro si\nquien interpuso la solicitud actuó como parte dentro de alguno de los ocho\nexpedientes acumulados al proceso AC T-10.892.442, o como tercero con interés\nvinculado al trámite de las acciones de tutela, como consecuencia, por ejemplo,\nde su participación como discente dentro del IX Concurso de Formación Judicial.\nAsí las cosas, como el solicitante no se identificó, la Sala Plena concluye que\nse trata de una solicitud abiertamente improcedente que debe rechazarse de\nplano.\n\n4.2.\nLas\nsolicitudes de nulidad presentadas por Karen Lorena Ramírez\nRodríguez y Rubén David Suárez Cañizares cumplen de forma parcial el presupuesto de\nlegitimación y el requisito de oportunidad e incumplen el estándar de carga\nargumentativa\n\n42. La Sala Plena de la\nCorte Constitucional encuentra que las solicitudes de Karen Lorena\nRamírez Rodríguez y Rubén David Suárez Cañizares satisfacen algunos de los\npresupuestos formales para el estudio de fondo del incidente de\nnulidad. En concreto, se encuentran demostrados parcialmente (i) la\nlegitimación para promover el incidente y (ii) el presupuesto de\noportunidad. Sin embargo, la Sala no advierte (iii) la acreditación de\nla carga argumentativa mínima exigida para estudiar de fondo alguno de los\nsupuestos de nulidad invocados. Esto se explica en seguida.\n\n43. Las solicitudes de\nnulidad cumplen parcialmente con el requisito de legitimación. Ambos peticionarios\nformularon las solicitudes de nulidad en su condición de terceros con interés.\nTal interés radica en su calidad de participantes excluidos del IX Concurso de\nFormación Judicial. Además, dicho carácter fue expresamente reconocido por los\njueces de instancia en el trámite de los expedientes de tutela acumulados en el\nexpediente AC T-10.892.442 y valorado por\nesta corporación mediante el Auto del 19 de agosto de 2025 [64] . En consecuencia, a todos los participantes del IX Concurso se\nles reconoció la calidad de intervinientes en su condición de terceros con\ninterés, entre otros, a los solicitantes, quienes acreditaron la condición\nde discentes de la subfase general del curso concurso [65] .\n\n44. No obstante, en\nrelación con los supuestos de nulidad relacionados con (i) el defecto de\ntrámite por indebida integración del contradictorio , alegado por la\nsolicitante Karen Lorena (argumento 4) y (ii) la omisión en la\nvinculación de la sociedad ETRAINING S.A.S invocada por Rubén Suárez,\n(argumento 2), la Sala concluye que tales cuestionamientos no superan el\npresupuesto de legitimación . Lo anterior, de conformidad con los criterios\nestablecidos por esta corporación según los cuales “esta supuesta irregularidad\nsolo podría ser alegada por quien, debiendo haber sido vinculado al proceso de\ntutela, no lo fue” [66] .\nEn consecuencia, la nulidad bajo dichos supuestos debió ser invocada directamente\npor ETRAINING S.A.S (sociedad contra la cual no se impartieron órdenes), como\nla sociedad excluida del contradictorio. En este sentido, Karen Lorena Ramírez\nRodríguez y Rubén David Suárez Cañizares carecen de legitimación para\nformular este reproche.\n\n45. Las solicitudes de\nnulidad cumplen de forma parcial con el requisito de oportunidad. Para analizar este\npresupuesto resulta relevante exponer los supuestos o argumentos de nulidad\nalegados. Lo anterior, dado que el tratamiento difiere si se trata, de un lado,\nde presuntas irregularidades cometidas con anterioridad a la expedición de la\nprovidencia y, de otro, de supuestos que se alegan como originados en la\nsentencia. En el primer escenario, de conformidad con el artículo 49 del\nDecreto 2067 de 1991 y los artículos 133 al 136 del Código General del Proceso\n(CGP) [67] ,\naplicado en lo pertinente al trámite de la acción de tutela, deben alegarse las\nsituaciones de nulidad antes de que el juez profiera el fallo y, de no hacerlo,\nse entienden saneadas. En el segundo evento, la oportunidad se debe valorar\nluego del término de ejecutoria de la providencia objeto de la solicitud.\n\n46. En la presente\nocasión, la Sala advierte que los peticionarios formularon varios supuestos o\nargumentos de nulidad. De estos, tres (agrupados en el punto 1) se fundamentan\nen presuntas irregularidades cometidas con anterioridad a la expedición de la\nprovidencia cuestionada. Por lo tanto, al no haberse alegado antes de que se profiriera\nel fallo, se concluye que incumplen con el requisito de oportunidad. Los tres\nsupuestos o argumentos restantes sí satisfacen el presupuesto de oportunidad.\nPara mostrar esta conclusión, la Sala procede a analizar los argumentos de\nmanera conjunta, en atención a su afinidad temática, como se explica en el\nsiguiente cuadro:\n\nTabla 4 . Oportunidad respecto de los argumentos o\ncausales de la nulidad\n\nNo.\n\nSolicitante\n\nArgumento o\nsupuesto alegado\n\nCumple/incumple\n\noportunidad\n\n1\n\nKaren Ramírez\n\nIrregularidad\npor afectación del derecho de contradicción probatoria, esto debido a (i) las\ndificultades para acceder a registros audiovisuales (argumento 3 Karen\nRamírez)\n\nIncumplen el\npresupuesto de oportunidad. Los jueces de instancia vincularon como\nterceros con interés dentro del trámite de las acciones de tutela a los\nsolicitantes y, por lo mismo, conocían y eran participes del trámite de\nrevisión del expediente acumulado AC T-10.892.442.\n\nDurante\nel trámite de tutela, en su calidad de terceros con interés vinculados al\nproceso tuvieron la oportunidad de alegar la nulidad del trámite por cuenta\nde que la Sala no decretó las pruebas que consideraban relevantes para el\npronunciamiento. Sin embargo, y aunque podían hacerlo, no presentaron tales\nalegatos antes de que se profiriera el fallo.\n\nRubén Suárez\n\nOmisión de\noportunidades para decretar y practicar pruebas relativas a (i) las\ndificultades para acceder a registros audiovisuales y denuncias de los\nDiscentes del IX Curso de formación judicial; (ii) valorar\nirregularidades en la contratación de la sociedad E-TRAINING S.A.S (argumento\n4 Rubén Suárez); y (iii) verificar la indebida publicación de las\nnotas del IX Concurso de Formación (argumento 6 Rubén Suárez);\n\n2\n\nKaren Ramírez\n\nDefecto\nde motivación (aparente o insuficiente) en el juicio de subsidiariedad (argumento 1)\n\nCumplen el\npresupuesto de oportunidad. Al respecto, los interesados presentaron los\nincidentes de nulidad el 5 y el 9 de febrero de 2026. De acuerdo con las\nconstancias secretariales (§13), los solicitantes pudieron conocer de la\nreferida providencia en un rango comprendido entre la primera notificación\nefectuada, esto es, el 3 de febrero de 2026 y la última, realizada el 27 de\nmarzo de 2026.\n\nAsí, incluso\ncontabilizada desde el primer acto de comunicación, promovieron el incidente\ndentro del término de ejecutoria. Lo anterior, dado que la comunicación se\nentiende surtida dos días hábiles después del respectivo envío del mensaje\nelectrónico, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 y tras\nello podía presentarse hasta 12 de febrero de 2026.\n\nAdemás, esta\ncorporación ha señalado que la oportunidad para promover el incidente de\nnulidad no puede entenderse de manera restrictiva. Por lo mismo, en su\ncondición de terceros con interés, actuaron antes del vencimiento del término\nde ejecutoria de la sentencia comunicada en el conjunto de procesos acumulados.\nPor lo anterior, se encuentra acreditado el requisito de oportunidad para\nestos alegatos pues se dirigen directamente contra el contenido de la\nSentencia T-008 de 2026. Lo anterior, en tanto se trata de presuntas\nirregularidades asociadas a su motivación y al desconocimiento de líneas\njurisprudenciales de la Corte Constitucional y que, a juicio de los\nsolicitantes, se originaron con la sentencia.\n\n3\n\nKaren Ramírez\n\nMotivación\ninsuficiente/incongruente frente al “problema constitucional” por uso de IA generativa\n– defecto de motivación con incidencia procesal (argumento 2 Karen Ramírez)\n\nRubén Suárez\n\nNulidad\npor indebida motivación, uso no autorizado de herramientas de inteligencia\nartificial (argumento 6 Rubén Suárez)\n\n4\n\nRubén Suárez\n\nCambio de\njurisprudencia al descartar al juez Constitucional del análisis de decisiones\njudiciales y administrativas con el uso de inteligencia artificial (…)\nasunto que debe ser sometido a Sala Plena (argumento 1)\n\n47. En consecuencia, a\ncontinuación, la Sala procederá a valorar la carga argumentativa como requisito\nrespecto de los escenarios en que se acreditó la legitimación y que se\npresentaron de manera oportuna.\n\n48. Las\nsolicitudes de nulidad no cumplen con la carga argumentativa mínima necesaria para\nun pronunciamiento de fondo por violación del debido proceso. Preliminarmente,\nla Sala advierte que, aunque los argumentos de los solicitantes no fueron\nenmarcados de manera expresa en alguno de los supuestos de nulidad definidos\npor esta corporación, del análisis de su fundamentación se advierte que guardan\nrelación con algunas de dichas causales. Por este motivo, para abordar\nel estudio de la carga argumentativa de las solicitudes presentadas por Karen\nLorena Ramírez Rodríguez y Rubén David Suárez Cañizares y facilitar el análisis\nde los reproches planteados, la Sala procederá a agrupar los argumentos\nformulados por aquellos y a identificarlos con los supuestos que esta\ncorporación ha definido en el marco de los incidentes de nulidad. Al respecto,\nes importante precisar que la labor de adecuación realizada no implica\nreconstruir integralmente causales no formuladas, sino únicamente ordenar\nmetodológicamente los reproches efectivamente planteados para verificar si\nsatisfacen el estándar mínimo exigido para habilitar el estudio material de las\ncausales de nulidad.\n\nTabla 5. Supuestos\nalegados por los solicitantes de la nulidad\n\nSolicitante\n\nArgumento general\nplanteado\n\nSupuesto de nulidad en la que se enmarca\n\nKaren Ramírez\n\nDefecto\nde motivación (aparente o insuficiente) en el juicio de subsidiariedad (argumento 1)\n\nElusión arbitraria\nde asuntos de relevancia constitucional\n\nKaren Ramírez y\nRubén Suárez\n\nMotivación\ninsuficiente/incongruente frente al “problema constitucional” por uso de IA\ngenerativa – defecto de motivación con incidencia procesal (argumento 2\nKaren) / nulidad por indebida motivación, uso no autorizado de herramientas\nde inteligencia artificial (argumento 6 Rubén)\n\nElusión arbitraria\nde asuntos de relevancia constitucional\n\nRubén Suárez\n\nCambio de\njurisprudencia al descartar al Juez Constitucional del análisis de decisiones\njudiciales y administrativas con el uso de inteligencia artificial (…)\nasunto que debe ser sometido a Sala Plena (argumento 1)\n\nDesconocimiento\ndel precedente de la Sala Plena o la jurisprudencia en vigor de las Salas de\nRevisión\n\n49. Ahora bien, la Sala no encuentra acreditada la carga\nargumentativa mínima exigida para estudiar de fondo los supuestos de nulidad\ninvocados de forma oportuna. Lo anterior, dado que tales argumentos se\nlimitaron a enunciar los escenarios sin desarrollar, respecto de cada uno en\nqué consiste la violación cualificada del debido proceso ni explicaron cómo\naquellos supuestos tienen implicaciones sustanciales y directas en la decisión\nadoptada en la Sentencia T-008 de 2026. Luego, no se cumplió con una carga\nargumentativa mínima, coherente y adecuada, sino que las razones se presentaron\nde forma genérica, vaga y abstracta.\n\n50. Así, la fundamentación se centró en reabrir el debate y\ncontrovertir directamente la postura asumida por la Sala de Revisión. Lo\nanterior evidencia una inconformidad con el sentido del fallo antes que la\npresentación de elementos de juicio que sugieran una afectación ostensible,\ngrave y probada al debido proceso. Esto, con fundamento en las siguientes\nrazones.\n\n51. Primera . El\nsupuesto sobre elusión arbitraria de asuntos de relevancia constitucional bajo\nel argumento de motivación aparente o insuficiente en el juicio de\nsubsidiariedad. Respecto\nde este supuesto, la solicitante manifestó que la Sentencia T-008 de 2026\nincurrió en motivación insuficiente o aparente, en la medida que la Sala de\nRevisión analizó el presupuesto de subsidiariedad sin explicar por qué el medio\njudicial era idóneo y por qué no había un perjuicio irremediable cuando, por\nejemplo, en su caso y de otros concursantes, se han negado las medidas\ncautelares solicitadas. Como se explicó, aunque de manera directa la\nsolicitante no invocó el supuesto de elusión arbitraria\ndel análisis de asuntos de relevancia constitucional, l a Sala Plena\nentiende que el argumento propuesto puede encuadrarse en dicho supuesto, pues\nlo que se alega es una posible omisión en el análisis de aspectos de relevancia\nconstitucional como el relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, lo\nque incluye la revisión en cuanto a la idoneidad y la eficacia del medio. Lo\nanterior, sin que se entienda que encuadrar el argumento en un supuesto implica\nuna tipificación taxativa de los supuestos en los que procede la nulidad.\n\n52. Sobre el particular,\nla Sala observa que la solicitante no satisfizo la carga argumentativa mínima\nexigida para la configuración de este supuesto, en la medida que no explicó\ncómo la sentencia omitió por completo el análisis de idoneidad del medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho en el examen del requisito de\nsubsidiariedad. Por el contrario, se encuentra que lo que la solicitante\ncuestiona es el sentido del fallo, en concreto, las reglas aplicadas por esta\ncorporación para declarar la improcedencia de las acciones de tutela y la\nvaloración de la idoneidad y eficacia del medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho, así como el de las medidas cautelares.\n\n53. En efecto, tales\nplanteamientos no muestran una violación cualificada del derecho al debido\nproceso, una omisión en el análisis del requisito de subsidiariedad de la\nacción, así como tampoco que la sentencia hubiera omitido el estudio de los\nelementos respecto de los cuales la solicitante presenta un desacuerdo. Se\ntrata entonces de la inconformidad y de un desencuentro con la decisión\nadoptada, específicamente, frente a la valoración realizada por la Sala de\nRevisión , lo que no cumple la carga argumentativa propia de estas\nsolicitudes y pretende reabrir el debate.\n\n54. Además, la\nsolicitante del incidente incumplió el estándar mínimo de argumentación, en la\nmedida en que (i) no expuso de manera debidamente estructurada ni con la\nargumentación suficiente cómo la Corte dejó de analizar la eficacia del medio\nordinario, y (ii) no explicó el defecto de forma concreta respecto de la\nSentencia T-008 de 2026, sino que construyó su alegato a partir de una crítica\ngenérica y externa a la labor de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo.\n\n55. Así, la Sala observa\nque la peticionaria señaló como supuesto de nulidad la falta de motivación o\nmotivación aparente, sin precisar cada una de estas modalidades, o cómo se\nadvierten en la fundamentación expuesta en el fallo T-008 de 2026. Por ejemplo,\ntratándose de una falta de motivación, la peticionaria no explicó cómo el\nrazonamiento expuesto en el fallo lleva a concluir que la decisión careció de\nforma completa o absoluta de un sustento para decidir la improcedencia de las\nocho acciones acumuladas. O, cuáles eran los argumentos faltantes para los\ncasos específicos.\n\n56. Tampoco precisó en\nqué consiste tal omisión o falta de análisis de un asunto de relevancia por parte\nde la Sala de Revisión. En ese orden, no identificó aquellas consideraciones o\nfundamentos respecto de los cuales la Sala debió, y no lo hizo, analizar el\nperjuicio irremediable frente a las condiciones particulares de cada uno de los\n60 accionantes de los ocho expedientes acumulados o cómo concluyó que la Sala\ndejó de estudiar la eficacia o falta de idoneidad del mecanismo jurisdiccional\nordinario. Es decir, la peticionaria no presentó una solicitud de nulidad con\nla argumentación suficiente que permitiera controvertir la motivación expuesta\nen la Sentencia T-008 de 2026, a partir de las condiciones específicas que se\ndesarrollaron, quedando la censura en un nivel de abstracción o generalidad que\nno cumple con la carga mínima de argumentación.\n\n57. Por tales razones,\npara la Sala Plena la solicitante cuestiona principalmente el sentido del\nfallo, en concreto, las reglas aplicadas por la Sala Segunda para declarar la\nimprocedencia de las acciones de tutela, así como la valoración de la eficacia\ndel medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de las medidas\ncautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, más que\ndecantarse por una explicación adecuada y detallada sobre la omisión de\nanálisis de un asunto de relevancia constitucional.\n\n58. Este alegato\nasociado al sentido del fallo es especialmente relevante en esta ocasión si se\ntiene en cuenta que la peticionaria afirmó que la argumentación de la\nprovidencia era insuficiente, pero no desarrolló ese reproche a partir del\nanálisis concreto de los fundamentos jurídicos 66 a 172 de la Sentencia T-008\nde 2026, que contienen las razones que sustentaron la decisión adoptada. En\nefecto, la solicitante no explicó con suficiencia la falta de motivación en el\nexamen de subsidiariedad, lo que impide establecer en qué consiste la omisión,\nla incongruencia o la ausencia de razonamiento que se alega y que implica una\nviolación cualificada del debido proceso.\n\n59. Por ejemplo, la peticionaria\nno argumenta cuál es la omisión en el análisis del requisito de subsidiariedad\nque vulnera el debido proceso, ni cómo la Sentencia T-008 de 2026 deja de\nfundamentar su decisión, aun cuando hizo alusión a la existencia del medio de\ncontrol [68] ,\nla radicación y estado de los procesos contenciosos y a un estudio sobre las\nmedidas cautelares presentadas por los accionantes [69] . Por el contrario,\nla solicitud de nulidad lo que refleja es la inconformidad de la solicitante\ncon la decisión adoptada, específicamente, frente a la valoración realizada por\nla Sala de Revisión .\n\n60. Además, aquella\ntampoco explicó cómo la Sentencia T-008 de 2026 dejara de analizar algún\nelemento propio de la procedencia de la acción o que haya ignorado las\ncircunstancias de los 60 accionantes en el estudio del perjuicio irremediable,\nen relación con el avance del concurso y las distintas fases que lo componen.\nAsimismo, no explicó si la Corte dejó de considerar las reglas que esta\ncorporación ha definido respecto de la excepcionalidad de la intervención del\njuez de tutela frente a debates de legalidad de actos administrativos\nde trámite que disponen la exclusión de participantes en concursos públicos. En contraste,\nsu argumentación parte de una interpretación propia sobre cómo debió resolver\nla Corte el requisito de subsidiariedad de la acción y estudiar la eficacia o\nidoneidad del medio de control y de las medidas cautelares.\n\n61. Por otro lado, la\nsolicitante presenta cifras e información respecto de las medidas cautelares\npedidas en el marco de procesos contenciosos administrativos por los discentes\ndel IX Curso de Formación Judicial. Sin embargo, dicha información no está\ndirigida a evidenciar una irregularidad del análisis efectuado por la Sala de\nRevisión sobre las medidas cautelares solicitadas por los accionantes, sino a\nampliar de manera genérica el debate hacia la situación de todos los discentes\ndel concurso, incluso respecto de su caso particular. La peticionaria no\npresenta argumentos suficientes sobre la falta de motivación del fallo y, en\nparticular, no tiene en cuenta que el análisis de subsidiariedad no se hizo en\nfunción de las medidas cautelares, las que también se consideraron, sino del\nmedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su conjunto y no\nde manera aislada. Esto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y 6\ndel Decreto 2591 de 1991.\n\n62. En consecuencia, la\nSala encuentra que la solicitante pretende reabrir el debate sobre la idoneidad\ny eficacia del medio ordinario, es decir, que se haga un nuevo\nescrutinio jurídico sobre el particular . Sin embargo, como se señaló, no cumplió con la\ncarga de señalar por qué aquel estudio no fue desarrollado y resuelto en la\nsentencia o por qué el mismo careció de fundamento en lo absoluto. De esta\nmanera, lo que busca la solicitante es que la Sala Plena de la Corte\nConstitucional adopte una determinación distinta sobre la procedencia de la\nacción de tutela, esto fundado en argumentos propios de un recurso.\n\n63. Segunda. El\nsupuesto sobre elusión arbitraria de asuntos de relevancia constitucional bajo\nel argumento de motivación insuficiente e incongruente e indebida motivación\npor uso de IAG en la expedición y control jurisdiccional de actos\nadministrativos no cumplen con la carga argumentativa . Por\nuna parte, Rubén David Suárez Cañizares sostuvo que, en el señalado curso, la\nadministración hizo uso de herramientas de IAG sin comunicarles previamente a\nlos discentes ni contar con un consentimiento informado, lo que, a su juicio,\nvulneró el debido proceso y los derechos de estos.\n\n64. Por otra parte, Karen Lorena Ramírez Rodríguez afirmó que la\nSentencia T-008 de 2026 incurrió en una motivación insuficiente o incongruente,\nal no explicar por qué el posible uso de IAG por parte de la administración,\nasí como los problemas de transparencia y explicabilidad algorítmica, no\nconfiguran un problema de naturaleza constitucional, ni por qué estos asuntos\nse reducen a un debate de legalidad, pese a la existencia de indicios del uso\nde IAG.\n\n65. Para la\nSala Plena de la Corte Constitucional los alegatos expuestos por los\npeticionarios no cumplen con el estándar mínimo de argumentación exigido para\nestructurar un escenario de nulidad a estudiarse de fondo, por dos razones.\n\n66. De un lado , porque los reproches asociados a la\nsupuesta violación del debido proceso se formularon en términos genéricos y\nabstractos, dirigidos en contra de las conductas de las accionadas y no para\nformular una violación cualificada del debido proceso. La carga argumentativa\npropia de un escenario de nulidad exige que los peticionarios expliquen en qué\nconsiste la violación al debido proceso sobre un supuesto específico y, además,\ncómo tal supuesto se configura en la providencia judicial y tiene un impacto\ncualificado sobre el debido proceso.\n\n67. De otro, los peticionarios tampoco explicaron en\nqué consistió la omisión absoluta o incongruencia en la motivación de la\nSentencia T-008 de 2026 sobre el escenario de IAG en la expedición y control\njurisdiccional de actos administrativos. De esta manera, la peticionaria\nreprochó que la providencia reconociera la novedad del tema o su incidencia\neventual en la protección de derechos, pero, sin más, declarara la\nimprocedencia de ese escenario específico.\n\n68. Sin embargo, la solicitante no presentó una argumentación, al\nmenos mínima, que confrontara directamente tal ausencia con las razones que en\nsu momento expuso la Sala Segunda para remitir el asunto ante el juez de lo\ncontencioso administrativo. A modo de ejemplo, la peticionaria dejó de\nanalizar y explicar de manera suficiente la presunta falta de motivación\nfrente a la fundamentación del fallo T-008 de 2026 en los siguientes puntos:\n(i) corresponde al juez contencioso administrativo valorar cómo las categorías\ndel derecho administrativo se aplican en el uso de IAG; (ii) el juez\nadministrativo debe analizar cómo el eventual uso de la inteligencia artificial\nen el ejercicio de la función administrativa puede modificar o alterar las\nformas de control judicial; y (iii) intervinientes y alguna literatura\ncoinciden en que el asunto involucra elementos y principios propios de la\nfunción administrativa.\n\n69. Además, (iv) aunque esta corporación ha estudiado algunos casos\nrelacionados con IAG, ha reiterado que la acción de tutela procede de manera excepcional\nante la inexistencia de mecanismo jurisdiccional ordinario o cuando ocurre su\nfalta de eficacia e idoneidad para resolver el problema jurídico concreto; (v)\nlos desarrollos tecnológicos plantean tanto una dimensión legal como\nuna dimensión constitucional correlacionada que no escapa del conocimiento del\njuez contencioso administrativo; y (vi) los accionantes no plantearon un\nproblema constitucional que justificara la intervención excepcional del juez de\ntutela.\n\n70. En consecuencia, la Sala Plena observa que, contrario a la\npresentación de una carga argumentativa mínima, coherente y completa que\nexplique con suficiencia la configuración de los escenarios de nulidad\nalegados, ya sea por indebida motivación o violación al debido proceso, los\nargumentos pretenden reabrir el debate sobre un punto estudiado en la Sentencia\nT-008 de 2026 (segundo escenario), desconociendo que la Sala Segunda de\nRevisión concluyó que tales aspectos, por sí solos, no habilitan de forma\nautomática la intervención del juez de tutela, máxime cuando se trataba de\ncasos en los que los propios accionantes ya habían radicado demandas similares\nante los jueces de lo contencioso administrativo.\n\n71. En ese orden de ideas, la Sala Plena advierte que los reproches de\nlos solicitantes nuevamente se dirigen a cuestionar la valoración de la Sala\nrespecto del requisito de subsidiariedad de la acción y la consecuente remisión\ndel debate al juez de lo contencioso administrativo, lo cual evidencia un\ndesacuerdo con el sentido del fallo, más no la existencia de una omisión o\nelusión en el análisis de un aspecto de relevancia constitucional. En\nconsecuencia, los argumentos planteados por los solicitantes no cumplen con la\ncarga argumentativa de explicar por qué la Sala Segunda de Revisión de manera\narbitraria incurrió en una omisión respecto del análisis de un asunto de\nrelevancia o en qué medida el fallo configura una irregularidad cualificada\nque impacta el debido proceso.\n\n72. Tercero . El supuesto sobre\ncambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional sin intervención de la Sala\nPlena y vulneración del precedente constitucional no satisface el requisito de\ncarga argumentativa. El solicitante Rubén David Suárez Cañizares sostuvo que la Sala\nSegunda de Revisión incurrió en un cambio de jurisprudencia respecto a la\nSentencia T-323 de 2024, la cual establece los criterios orientadores en cuanto\nal uso de IAG por parte de despachos judiciales, entre ellos, los de\ntransparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad\nhumana, prevención de riesgos, entre otros. A su juicio, la Sentencia T-008 de\n2026 modificó dicho precedente al descartar la intervención del juez\nconstitucional en el análisis de actos administrativos que incorporen IAG lo\ncual, conforme al reglamento interno de la Corte, debió ser decidido por la\nSala Plena.\n\n73. Sobre este alegato la Sala Plena encuentra que el solicitante\ntampoco cumplió con la carga argumentativa exigida para estructurar el supuesto\nde nulidad por desconocimiento del precedente. En efecto, no explicó cómo ni\npor qué la Sentencia T-323 de 2024 es un precedente directamente aplicable al\ncaso, pues no señaló cuál era la similitud fáctica y jurídica entre la referida\nsentencia y la T-008 de 2026. Además, no explicó por qué la Sentencia T-323 de\n2024 constituía una jurisprudencia en vigor aplicable necesariamente al caso\nbajo estudio.\n\n74. Tampoco desarrolló cómo la Sala Segunda de Revisión modificó el\nprecedente de la Corte, teniendo en cuenta que la Sentencia T-323 de 2024\nestablece los criterios orientadores en cuanto al uso de IAG por parte de\ndespachos judiciales en el ámbito de acciones de tutela y el asunto que se\nestudió en la T-008 de 2026 refiere al ejercicio de la función administrativa y\nla expedición de actos administrativos y su control jurisdiccional.\n\n75. Asimismo, el solicitante tampoco acreditó que la Sala Segunda de\nRevisión hubiera modificado o controvertido algún precedente fijado por la Sala\nPlena. Tampoco demostró que existiera alguna regla distinta que impusiera una\nconclusión diferente frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela\npara controvertir actos administrativos en el ámbito de concursos de méritos,\nasí como tampoco explicó, por ejemplo, cuál sería la jurisprudencia en vigor de\nlas salas de revisión y por qué aquella fue desconocida con ocasión de la\nexpedición de la Sentencia T-008 de 2026. En virtud de lo anterior, la Sala\nPlena concluye que el cargo propuesto por el solicitante no satisface el\nrequisito de carga argumentativa para alegar este supuesto.\n\n76. Conclusión. Por las razones expuestas, la Sala Plena\nde la Corte Constitucional procederá a rechazar las solicitudes de nulidad. Lo\nanterior, al advertir que (i) la solicitud presentada de forma\nanónima es abiertamente improcedente y debe rechazarse de plano y (ii) los\nargumentos de nulidad formulados por Karen Lorena Ramírez Rodríguez y Rubén\nDavid Suárez Cañizares no demostraron la satisfacción de la totalidad de los\nrequisitos formales, tanto por ausencia parcial de los presupuestos de\nlegitimidad y oportunidad y por la insatisfacción de la carga argumentativa\nmínima para un pronunciamiento de fondo.\n\nIII. DECISIÓN\n\nEn\nmérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando\njusticia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución\n\nRESUELVE\n\nPrimero.\nRECHAZAR , de\nplano , la solicitud de nulidad presentada de manera\nanónima contra la Sentencia T-008 de 2026.\n\nSegundo.\nRECHAZAR, por falta de legitimación, la solicitud de nulidad\npresentada por Karen Lorena Ramírez Rodríguez y Rubén David Suarez Cañizares,\npor la supuesta indebida integración del contradictorio, de conformidad\ncon las razones expuestas en esta providencia.\n\nTercero.\nRECHAZAR , por falta\nde oportunidad, las solicitudes de nulidad propuestas por Karen Lorena\nRamírez Rodríguez y Rubén David Suárez Cañizares, en relación con las\nactuaciones surtidas en el proceso que dio lugar a la Sentencia T-008 de\n2026, por las razones expuestas en esta providencia.\n\nCuarto.\nRECHAZAR , por\nausencia de carga argumentativa mínima, las solicitudes de nulidad\npropuestas por Karen Lorena Ramírez Rodríguez y Rubén David Suárez Cañizares,\nrespecto de la Sentencia T-008 de 2026, por las razones expuestas en esta\nprovidencia.\n\nQuinto.\nPor conducto de la Secretaría\nGeneral de la Corte Constitucional, COMUNICAR la presente\ndecisión a los solicitantes, a las partes y a terceros con interés\nlegítimo, con la advertencia de que contra esta providencia no procede recurso\nalguno.\n\nNotifíquese, comuníquese y cúmplase,\n\nPAOLA\nANDREA MENESES MOSQUERA\n\nPresidenta\n\nNATALIA\nÁNGEL CABO\n\nMagistrada\n\nCARLOS\nCAMARGO ASSIS\n\nMagistrado\n\nHECTOR\nALFONSO CARVAJAL LONDOÑO\n\nMagistrado\n\nJUAN\nCARLOS CORTÉS GONZÁLEZ\n\nMagistrado\n\nLINA\nMARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ\n\nMagistrada\n\nVLADIMIR\nFERNÁNDEZ ANDRADE\n\nMagistrado\n\nJORGE\nENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR\n\nMagistrado\n\nMIGUEL\nPOLO ROSERO\n\nMagistrado\n\nANDREA\nLILIANA ROMERO LOPEZ\n\nSecretaria\nGeneral\n\n[1] De conformidad con el Acuerdo 05\nde 2025 expedido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, a partir del 11\nde enero de 2026 se recompuso la integración de las Salas de Revisión de Tutela\nde esta Corporación. Sin embargo, el parágrafo transitorio del artículo primero\ndel citado acuerdo estableció expresamente que las salas conformadas con\nanterioridad a la fecha del cambio de composición conservarían su competencia\npara finalizar los procesos en los cuales ya se hubiera radicado el proyecto de\nsentencia hasta el 19 de diciembre de 2025.\n\n[2] Oficios: STA-015-2026\na STA-025-2026.\n\n[3] (i) Al Juzgado\n001 Penal del Circuito de Armenia, Quindío (T-10.892.442 y T-10.957.608); (ii)\nal Juzgado 003 Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío\n(T-10.914.949); (iii) al Juzgado 004 Penal del Circuito de Conocimiento\nde Armenia, Quindío (T-10.918.114); (iv) al Consejo de Estado Sala de lo\nContencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B (T-10.973.777); (v)\na la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia\n(T-11.021.108); (vi) a la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala\nde Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (T-11.062.918) y (vii) al\nJuzgado 003 de Familia del Circuito de Tunja, Boyacá (T-11.083.609).\n\n[4] Solicitud\nregistrada el 5 de febrero de 2026. Código de registro ECC-2026-000991. Ver, “227 T-10892442 Solicitud\nKaren Lorena Ramírez Rodríguez 05-02-2026 I.pdf”.\n\n[5] Nombres\nde supuestos tomados del escrito de la solicitante.\n\n[6] Por ejemplo, señala que el 71.3%\nde los procesos no cuentan con la decisión de las medidas presentadas; en más\ndel 50% de los casos no se ha resuelto la medida en primera instancia, y el\n35.2% de los recursos contra las decisiones de medidas que negaron no han sido\nresueltos. Entre otras cifras.\n\n[7] Sobre este punto, la peticionaria\nmanifestó que era relevante la vinculación “para la comprensión integral del\ndebate constitucional y, en particular, para valorar los alegatos sobre: (i)\nuso de IA o automatización; (ii) trazabilidad y control humano de decisiones;\n(iii) acceso y contradicción de evidencia digital; y (iv) idoneidad/eficacia\nreal del medio ordinario”. Igualmente, para explicar: “(i) el funcionamiento\nreal de la plataforma y del sistema de vigilancia/proctoring; (ii) la\ndisponibilidad y administración de registros audiovisuales u otros soportes;\n(iii) la existencia de instrumentos de analítica o automatización; y (iv) el\nflujo de datos personales y biométricos de los discentes”.\n\n[8] Solicitud remitida el 9 de febrero\nde 2026. Ver, “ 238\nT-10892442 Solicitud RUBEN DAVID SUAREZ CAÑIZARES 06-02-2026 I.pdf”.\nAdicionalmente, esta corporación recibió la misma\nsolicitud por traslado de (i) la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el\n17 de abril de 2026, y (ii) la Presidencia de la República, el 22 de abril de\n2026.\n\n[9] Nombres\nde supuestos tomados del escrito del solicitante.\n\n[10] Ver página 3, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[11] Ver página 4, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[12] “4. Cuando es indebida la\nrepresentación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado\njudicial carece íntegramente de poder . 5. Cuando se omiten las\noportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite\nla práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 8. Cuando\nno se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda\na personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque\nsean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban\nsuceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o\nno se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o\nentidad que de acuerdo con la ley debió ser citado ”. (Subrayados por el\nsolicitante).\n\n[13] Ver página 31, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[14] Ver página 32, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[15] Ver página 6, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[16] Ver página 14, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[17] Adjunta imágenes de “La Silla\nVacía” y enlaces de videos de espacios periodísticos de Daniel Coronell.\n\n[18] Ver página 30, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[19] Ver página 33, de la solicitud de Rubén David Suárez Cañizares.\n\n[20] Solicitud\nregistrada el 16 de febrero de 2026 por un solicitante anónimo. Código\nde registro ECC-2026-001388.\n\n[21] Conforme al informe de reparto de\nSecretaría General del 23 de febrero de 2026.\n\n[22] Estas\nnotificaciones se realizaron en diversas fechas debido a que la sentencia\nresolvió ocho procesos de tutela que fueron acumulados. En efecto, l as notificaciones\nse surtieron de la siguiente manera: (i) la Sala de Casación Laboral de\nla Corte Suprema de Justicia (T-11.021.108), el Juzgado 001 Penal del Circuito\nde Armenia, Quindío (T-10.892.442 y T-10.957.608) y el Consejo de Estado, Sala\nde lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B (T-10.973.777)\nnotificaron la sentencia el 3 de febrero de 2026; (ii) el Juzgado 004 Penal\ndel Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío (T-10.918.114), la notificó el\n5 de febrero de 2026; (iii) la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la\nSala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (T-11.062.918) efectuó\nla notificación los días 9 y 10 de febrero de 2026, con constancias adicionales\ndel 12 de febrero de 2026 (iv) el Juzgado 003 de Familia del Circuito de\nTunja, Boyacá (T-11.083.609) notificó la decisión el 18 de febrero de 2026. Por\nsu parte, (vi) el Juzgado 003 Penal del Circuito de Conocimiento de\nArmenia, Quindío (T-10.914.949) notificó la sentencia el 27 de marzo de 2025,\ntras un segundo requerimiento por parte de la Secretaría General de esta\ncorporación.\n\n[23] Ver respuesta de la Sala de Decisión\nde Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia\n(T-11.062.918).\n\n[24] Ver página 9 de la respuesta de la\nEJRLB.\n\n[25] Es un sistema de supervisión\nremota que monitorea exámenes en línea con herramientas tecnológicas.\n\n[26] Corte\nConstitucional, Sentencia C-501 de 2023.\n\n[27] Corte Constitucional,\nSentencia C-295 de 2021.\n\n[28] Corte Constitucional,\nSentencia C-019 de 2024.\n\n[29] Corte Constitucional, auto\nA-030 de 2018.\n\n[30] Corte Constitucional, auto\nA-556 de 2025.\n\n[31] Corte Constitucional, auto\nA-477 de 2017 citando el Auto 181 de 2007.\n\n[32] Corte Constitucional, auto\nA-309 de 2016.\n\n[33] Ib.\n\n[34] Corte Constitucional, auto\nA-502 de 2025.\n\n[35] Corte Constitucional, auto\nA-747 de 2018.\n\n[36] Corte Constitucional, auto\nA-1886 de 2024.\n\n[37] Corte Constitucional, auto\nA-588 de 2022.\n\n[38] Corte Constitucional, auto\nA-556 de 2025.\n\n[39] Corte Constitucional,\nautos A-1017 de 2024 y A-1341 de 2024.\n\n[40] Corte Constitucional, auto\nA-030 de 2018.\n\n[41] Corte Constitucional,\nautos A-2692 de 2023, A-913 de 2024, A-1341 de 2024 y A-1224 de 2025.\n\n[42] Corte Constitucional,\nautos A- 126\nde 2022 , A-502\nde 2025, A-1265 de 2025, A-1224 de 2025, entre otras.\n\n[43] Corte Constitucional, autos A-505\nde 2021, A-2042 de 2024 y A-1224 de 2025.\n\n[44] Corte Constitucional, auto\nA-2042 de 2024.\n\n[45] Corte Constitucional, auto\nA-1224 de 2025.\n\n[46] Corte Constitucional, auto\nA-082 de 2000, A-223 de 2016, A-126 de 2022 y A-2877 de 2023 entre otros.\n\n[47] Ib.\n\n[48] Ib.\n\n[49] Corte Constitucional, auto\nA-2877 de 2023.\n\n[50] Ib.\n\n[51] Corte Constitucional,\nautos A-2877 de 2023 y A-1310 de 2022.\n\n[52] Corte Constitucional, auto\nA-762 de 2025.\n\n[53] Ib.\n\n[54]\nCorte Constitucional,\nauto A1087 de 2022.\n\n[55]\nIb.\n\n[56]\nCorte Constitucional,\nauto A1087 de 2022 reiterando el Auto 294 de 2016..\n\n[57] Corte Constitucional,\nautos A1728 de 2025 y A822 de 2024.\n\n[58] Corte Constitucional, auto\nA1728 de 2025.\n\n[59] Corte Constitucional, auto\nA1728 de 2025 reiterando el auto 206 de 2023.\n\n[60] Corte Constitucional, auto\n1703 de 2023.\n\n[61] Corte Constitucional, auto\nA1728 de 2025.\n\n[62] Corte Constitucional, auto\nA822 de 2024 reiterando el Auto 546 de 2024.\n\n[63] Conforme al informe de\nreparto de Secretaría General del 23 de febrero de 2026.\n\n[64] En el marco del trámite de\nrevisión, varios participantes del IX Curso de Formación Judicial, solicitaron\nsu vinculación al trámite de los expedientes acumulados con el radicado\nT-10.892.442AC, así como de “todos” los participantes en aquel. Frente a estas\nsolicitudes, el magistrado ponente, mediante auto del 19 de agosto de 2025,\nconcluyó que no era procedente impartir una nueva orden de vinculación, toda\nvez que los peticionarios, así como todos los participantes en la subfase\ngeneral del IX Curso de Formación Judicial, ya se encontraban vinculados al\ntrámite de revisión acumulado. Lo anterior, en la medida en que, la totalidad\nde los participantes del IX Curso de Formación Judicial fueron previamente\nvinculados por los diferentes jueces de instancia en las acciones de tutela\nidentificadas con los números T-10.892.442, T-10.918.114, T-10.957.608,\nT-11.083.609 y T-11.062.918. En este sentido, el despacho determinó que los\njueces de instancia vincularon, como terceros con interés, a los participantes\ndel IX Curso de Formación Judicial, tanto los que fueron excluidos en la\nsubfase generalcomo los que continuaron con la subfase especializada, y bajo\ndicha calidad intervinieron dentro del trámite de revisión (ver, fj 1 y 49 de\nla Sentencia T-008 de 2026).\n\n[65] En efecto, ambos peticionarios\nparticiparon en el trámite del IX Curso de Formación Judicial, según consta en\nel anexo de la Resolución EJR23-349 del 9 de octubre de 2023 expedida por el\nConsejo Superior de la Judicatura y Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla.\n(Ver, páginas 36 y 75). Asimismo, en el caso de Rubén David Suárez Cañizares,\nla propia Sala Segunda de Revisión confirmó su condición de tercero con interés\nen la Sentencia T-008 de 2026 (fundamento jurídico 72).\n\n[66] Ver autos 821 de 2021, 2061 de\n2023, A678 de 2025 y 1728 de 2025.\n\n[67] Ver auto A-2042 de 2024.\n\n[68] Ver fundamentos jurídicos 61 a\n164 de la T-008 de 2026.\n\n[69] Ver fundamento jurídico 37 de la\nT-008 de 2026.","changes":[]}