{"check":null,"uid":"58f6a4aab68b1e53","title":"CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CONCURSO DE MÉRITOS -Improcedencia del","title_generated":false,"country":"Колумбия","organ":"Конституционный суд Колумбии","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"es","date":"2026-01-30","summary":"Суд рассмотрел восемь действий граждан против решений администрации, принятых при отборе участников курсов судебной подготовки. Суд пришёл к выводу, что действие административного акта может быть оспорено через обычные судебные процедуры, а не через действие защиты прав человека (тутель). 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(...) Es en el\nmarco de los mecanismos ordinarios y los medios de control previstos para tal\nfin en el que, en principio, debe abordarse este tipo de controversias que\ninciden en el conocimiento especializado del juez y su valoración directa sobre\nlos retos que traen las tecnologías emergentes, como la IA, en la expedición,\nmotivación y control de actos administrativos.\n\nCONCURSO DE\nMERITOS -Oposición\na resultados de calificación\n\n(...) Las\nsupuestas irregularidades se explicaron en los actos administrativos a través\nde los cuales se publicó el resultado de la evaluación de la subfase general y,\nde manera consecuente, en los actos administrativos que resolvieron los\nrecursos de reposición, definiendo así cada situación jurídica. En este\ncontexto, y como se indicó, esos actos son susceptibles de ser debatidos ante\nla jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de\nnulidad y restablecimiento del derecho.\n\nPRINCIPIO DE\nSUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS -Reglas\njurisprudenciales\n\nMEDIO DE DEFENSA\nJUDICIAL -Concurso\nde méritos\n\nACCION DE NULIDAD\nY RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -Medio de defensa judicial eficaz para\ncontrovertir la legalidad de los actos administrativos\n\nACCIÓN DE TUTELA -Improcedencia por\nno existir perjuicio irremediable\n\nDERECHO AL DEBIDO\nPROCESO -Uso\nde inteligencia artificial en la motivación de actos administrativos\n\nSOLICITUD DE\nMEDIDAS PROVISIONALES PARA SUSPENDER LOS EFECTOS DE UNA PROVIDENCIA JUDICIAL -Requisitos de\nprocedencia\n\nMEDIDAS\nPROVISIONALES -Procedencia\nsegún Decreto 2591/91 artículo 7\n\nACCIÓN DE TUTELA -Improcedencia\npara controvertir asuntos de mera legalidad\n\nCARRERA JUDICIAL -Obligatoriedad\ndel concurso\n\nACTO DE TRAMITE Y\nACTO DEFINITIVO -Diferencias\n\nMEDIDAS CAUTELARES\nEN EL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -Contenido y\nalcance\n\nREPÚBLICA\nDE COLOMBIA\n\nCORTE\nCONSTITUCIONAL\n\n-Sala Segunda de Revisión-\n\nT-008 DE 2026\n\nReferencia: expedientes\nacumulados AC (i) T-10.892.442, (ii) T-10.914.949, (iii) T-10.918.114,\n(iv) T-10.957.608, (v) T-10.973.777, (vi) T-11.021.108,\n(vii) T-11.062.918 y (viii) T-11.083.609\n\nAsunto: acciones\nde tutela interpuestas por Diego Alexander Marín Bedoya y otras 59 personas\ncontra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros\n\nTema: improcedencia\nde la acción de tutela para controvertir actos administrativos que excluyen a\nparticipantes en concursos públicos\n\nMagistrado\nponente:\n\nJuan Carlos Cortés González\n\nBogotá, D. C., treinta (30) de\nenero de dos mil veintiséis (2026)\n\nLa\nSala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la\nmagistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández\nAndrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en\nejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente\n\nSENTENCIA\n\nEsta decisión\nse adopta en el trámite de revisión de fallos de tutela proferidos en ocho\nacciones de tutela presentadas por 60 discentes del IX Curso de Formación\nJudicial, excluidos de la subfase especializada, en contra de la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal\nFormación Judicial 2019. En (i) cuatro\nacciones de amparo los jueces de tutela decidieron proteger los derechos\nfundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos de los\naccionantes y, en consecuencia, adoptar medidas definitivas y transitorias a su\nfavor. En contraste, (ii) en las otras cuatro, los jueces declararon la\nimprocedencia de las acciones de tutela, al considerar la idoneidad y eficacia\nde los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\n\nSÍNTESIS DE LA DECISIÓN\n\n¿Qué estudió la Corte?\n\nLa Sala Segunda de Revisión\nestudió ocho acciones de tutela presentadas por 60 discentes del IX Curso de\nFormación Judicial contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el\nConsejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial\n2019. Las conductas se alegaron sobre el desarrollo de la Convocatoria n.° 27\nde la Rama Judicial y puntualmente en la ejecución de la subfase general del\nIX Curso de Formación Judicial. En su conjunto, los accionantes solicitaron\nla protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,\nal acceso a cargos públicos y al derecho de petición, así como los principios\nde mérito, buena fe y confianza legítima.\n\nLas acciones de tutela se\ninterpusieron por diversos hechos fácticos y jurídicos que la Sala Segunda de\nRevisión agrupó en tres escenarios de debate. Primer escenario ,\nalegatos en contra del proceso de evaluación de la subfase general que\nculminó con la adopción de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de\n2024. Mediante esta decisión, los accionantes fueron excluidos de continuar\nen el proceso de formación judicial. Los cuestionamientos abarcaron aspectos\ngenerales y específicos desde el diseño del modelo pedagógico hasta la\nvalidez y confiabilidad técnica de los resultados obtenidos. Segundo\nescenario , controversias contra los actos administrativos de carácter\nindividual mediante los cuales se resolvieron, en cada caso, los recursos de\nreposición interpuestos contra la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de\n2024. Alegaron deficiencia en la motivación de los actos administrativos por\nel uso poco transparente y sin control humano de herramientas de inteligencia\nartificial generativa que desconocen las reglas dispuestas en la Sentencia\nT-323 de 2024. Tercer escenario , disputas asociadas a la\nmaterialización de la cláusula de igualdad en el acceso a los cargos de\njueces y magistrados de la Rama Judicial, así como la primacía del mérito\ncomo eje central y rector del concurso.\n\n¿Qué consideró la Corte?\n\nLa Sala Segunda de Revisión\nconstató que , si bien las acciones de amparo lograron satisfacer los presupuestos\nde legitimación en la causa por activa y pasiva, así como el requisito de\ninmediatez, no ocurrió lo mismo con el presupuesto de subsidiariedad.\nContrario a lo expuesto en cuatro decisiones que declararon la procedencia y\ndecidieron amparar los derechos fundamentales alegados y ordenar la\nvinculación de los participantes al concurso de méritos, la Sala Segunda de\nRevisión consideró que no existía mérito para, de manera excepcional y en\nestos casos concretos, admitir la procedencia de las acciones de tutela\nrevisadas. La Sala llegó a esta conclusión al constatar que:\n\n(i) La\njurisprudencia constitucional ha consolidado, de manera reiterada y uniforme,\nla regla general según la cual la acción de tutela es improcedente para\ncontrovertir actos administrativos, sean de carácter general o particular.\nEsto en la medida en que existe un mecanismo judicial, en principio idóneo y\neficaz, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al que los\npropios accionantes acudieron y presentaron un debate similar al expuesto\nante los jueces de tutela, de acuerdo con lo probado en el proceso.\n\n(ii) Esta\nregla general se extiende a los actos administrativos de trámite que disponen\nla exclusión de participantes en concursos públicos, pues al definir\nsituaciones jurídicas concretas, aquellos pueden ser controvertidos mediante\nla acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuestión que se verificó\nen los casos estudiados.\n\nDe forma excepcional, la\njurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia de la acción de\ntutela contra actos administrativos y, con ello, actos de trámite en el marco\nde concursos públicos. Sin embargo, en esta oportunidad y en el análisis de\nlos casos concretos, la Sala consideró que ninguno de los escenarios de\ndebate alegados por los accionantes demostró circunstancias que justificaran\nel conocimiento directo del juez de tutela y, con ello, el desplazamiento de\nlos medios judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\n\n(iii)\nEl primer escenario, relacionado con cuestionamientos generales\ny específicos del proceso evaluativo, se refiere a asuntos propios del\ncontrol de legalidad que exceden la competencia del juez de tutela y que\ndeben evaluarse de forma estricta en atención a la presunción de legalidad de\nlos actos. En este análisis, la Sala destacó que\nlos casos acumulados dan cuenta de los efectos disímiles que\npueden producir distintas decisiones de los jueces de tutela para\nconcursantes que se encuentran en condiciones fácticas y jurídicas similares.\nLa Sala indicó que, si bien las distinciones en el trámite de los procesos de\ntutela y en el acceso a los medios ordinarios dependen de varios factores,\nentre otros, la autonomía e independencia judicial, en esta oportunidad el tratamiento\njurídico diferenciado obedeció principalmente a entendimientos disímiles\nsobre los criterios de procedencia de la acción de tutela que exigen llamar\nla atención al respecto.\n\n(iv)\nEl segundo escenario, relativo al uso de herramientas de\ninteligencia artificial generativa en la elaboración de actos\nadministrativos, aun cuando resulta novedoso y con incidencia eventual en\nla protección de derechos fundamentales, no habilita de forma automática la\nintervención del juez de tutela. El engranaje constitucional previsto en la\nCarta Política de 1991 conlleva a considerar que le corresponde al juez\ncontencioso administrativo, como autoridad especializada en la materia,\nevaluar los impactos de las tecnologías emergentes en la producción de los\nactos administrativos, mediante la observancia correlacionada del principio\nde legalidad y la satisfacción de los derechos constitucionales alegados.\n\n(v)\nEl tercer escenario planteó discusiones sobre el cumplimiento de\nrequisitos de la Convocatoria n.° 27, igualmente atribuibles al conocimiento\nde la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\n\n(vi)\nPor último, la Sala tampoco encontró acreditado un perjuicio\nirremediable que ameritara un conocimiento urgente y transitorio del juez de\ntutela. Contrario a lo dispuesto por algunos de los jueces de instancia, la\nSala hizo énfasis en que la celeridad propia de los concursos de mérito no se\ntraduce de forma automática en la configuración de un perjuicio irremediable,\npuesto que su constatación depende de la acreditación de criterios objetivos\ny verificables que no se demostraron en estos casos acumulados.\n\n¿Qué decidió la Corte?\n\nEn consecuencia, la Sala\nSegunda de Revisión (i) confirmó aquellas decisiones de instancia que\ndeclararon la improcedencia de la acción de tutela y (ii) revocó los\nfallos de tutela que declararon la procedencia de las tutelas y ampararon los\nderechos alegados por los accionantes. Frente a estos últimos jueces, (iii)\nllamó la atención en el sentido de observar las reglas de procedencia de la\nacción de tutela contra actos administrativos, de acuerdo con la ley y la\njurisprudencia constitucional. Además, (v) instó al Consejo Superior\nde la Judicatura para que continue de manera célere con el proceso del\nconcurso de méritos, de conformidad con lo expuesto en el fallo SU-067 de\n2022.\n\nI. ANTECEDENTES\n\n1. Aclaración preliminar sobre la estructura de la decisión\n\n1. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revisará\nlos fallos proferidos en ocho acciones de tutela presentadas por 60 discentes\ndel IX Curso de Formación Judicial (ver, anexo n.°3) en contra del Consejo\nSuperior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión\nTemporal Formación Judicial 2019 . Los\njueces de instancia vincularon, como terceros con interés, a los participantes\ndel IX Curso de Formación Judicial, tanto los que fueron excluidos en la\nsubfase general, como los que continuaron con la subfase especializada.\n\n2. Para\nrevisar los casos, la Sala Segunda de Revisión aplicará una metodología de\nanálisis por escenarios comunes. Para ello, procederá a exponer los\nantecedentes identificando y agrupando los elementos fácticos y jurídicos que\ncomparten entre sí los casos acumulados. Lo anterior, dado que todos los\naccionantes fueron excluidos del IX Curso de Formación Judicial y comparten\nalegatos que permiten facilitar un examen conjunto sobre las presuntas\nafectaciones de sus derechos fundamentales. Posteriormente, analizará los\npresupuestos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, así como el requisito\nde inmediatez y el presupuesto de subsidiariedad para controvertir actos\nadministrativos. En caso de superarse el análisis de procedencia, se estudiará\nel caso concreto. A continuación, la Sala sigue la metodología expuesta.\n\n2. Hechos\ncomunes y relevantes que comparten los accionantes\n\n3. Los accionantes participaron en la Convocatoria\nn.° 27 de la Rama Judicial. Los accionantes acreditaron su\nparticipación en la Convocatoria n.° 27, por la que se adelanta el concurso de\nméritos para la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama\nJudicial, reglamentado por el Acuerdo PCSJA18-11077, expedido el 16 de agosto\nde 2018 por el Consejo Superior de la Judicatura [1] . En su conjunto, los accionantes explicaron que en este concurso público inicialmente\nse inscribieron 46.000 personas, que lleva más de siete años en desarrollo y\nque ha sido objeto de diferentes decisiones judiciales, como la contenida en la\nSentencia SU-067 de 2022 de la Corte Constitucional.\n\n4. Para el momento de la presentación de las acciones de tutela, los\naccionantes narraron que se encontraban en la fase II de la etapa de selección\ndel IX Curso de Formación Judicial, en concreto, en la ejecución de la subfase\ngeneral. Explicaron que se inscribieron al Curso aproximadamente 3.800\ndiscentes, entre ellos, los aquí accionantes. La cronología de hechos\nrelevantes que señalaron los accionantes sobre la Convocatoria n.° 27 y la\nsubfase general se explica en seguida:\n\nTabla 1. Etapas de la Convocatoria n.° 27 de Rama Judicial y desarrollo\nde la subfase general\n\nEtapa\n\nFase\n\nDescripción\n\nEtapa Inicial\n\nConvocatoria\nal concurso de méritos\n\nAcuerdo\nPCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018. Mediante este acuerdo\nse adelantó el proceso de selección y de convocatoria al concurso de méritos\ny se expidieron los siguientes actos alegados por los accionantes:\n\n(i) Acuerdo\nPCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019- Acuerdo Pedagógico. Este\nacuerdo rige el IX Curso de Formación Judicial y facultó a la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla para la expedición de los actos administrativos\nque desarrollan el Curso.\n\n(ii) Acuerdo\nPCSJA19-11405 del 25 de septiembre de 2019- Aclaración del Acuerdo pedagógico . Se\ncorrigieron contenidos de la modalidad de la subfase general, asegurando su\narmonización con la subfase especializada.\n\n(iii)\nEl contrato CO1.PCCNTR.1240112 de 2019. El contrato se\nsuscribió entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal\nFormación Judicial 2019, conformada por la Universidad Pedagógica y\nTecnológica de Colombia y la sociedad E-DISTRIBUTION S.A.S. Su objeto fue\ndiseñar, estructurar y desarrollar las modalidades académicas presenciales y\nvirtuales del proceso de formación judicial [2] .\n\nEtapa de Selección\n\nFase I: pruebas de aptitudes\ny conocimientos\n\nEl\n24 de julio de 2022 se realizó la prueba definitiva de aptitudes y\nconocimientos y psicotécnica. El 1° de septiembre de 2022 se publicaron los\nresultados de los participantes que pasaron la prueba de conocimiento [3] ,\nsegún da cuenta la Resolución n.° CJR22-0351.\n\nFase\nII: Verificación requisitos mínimos\n\nMediante\nla Resolución n.° CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 se continuó el proceso\ncon 3.367 participantes. Dicha resolución fue modificada mediante diversas\nresoluciones posteriores , y se\ndispuso la admisión de varias personas en el curso.\n\nFase\nIII:\n\nIX\nCurso de Formación Judicial\n\nEl IX\nCurso fue diseñado con una subfase general integrada por 8 módulos [4]\ny una subfase especializada compuesta por otros 8 módulos [5] .\nEn el desarrollo de la subfase general se dispuso un proceso de evaluación de\ncarácter eliminatorio: quienes no aprobaran dicha subfase no podrían\ncontinuar a la fase especializada. Según el relato de los accionantes, la\nsubfase general aconteció de la siguiente manera:\n\n(i) El\n23 de abril de 2023 se presentaron las solicitudes de homologaciones y\nexoneraciones al IX Curso de Formación Judicial, las cuales debían resolverse\npor la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.\n\n(ii)\nEl 9 de octubre de 2023, mediante Resolución n.° EJR23-349, se\npublicó el listado de inscritos al IX Curso de Formación Judicial, en el que\nse registraron 3.148 personas admitidas.\n\n(iii)\nEl 17 de octubre y el 10 de noviembre de 2023 se desarrollaron\nuna mesa introductoria y la inducción metodológica, en la que se explicó el\nproceso de formación, las sesiones presenciales y virtuales, así como la\nmetodología evaluativa.\n\n(iv)\nEntre el 3 de diciembre de 2023 y el 27 de abril de 2024 se\ndesarrolló el proceso formativo de la subfase general, en sus 8 módulos.\n\n(v) El\n19 de mayo y el 2° de junio de 2024, mediante la plataforma virtual\ndenominada Klarway, se presentaron las evaluaciones correspondientes a la\nsubfase general, con carácter eliminatorio.\n\n(vi)\nEl 21 de junio de 2024, mediante Resolución n.° EJR24-298, se\npublicaron los resultados de la evaluación de la subfase general, con un\nregistro de 3.047 participantes. De aquellos, aprobaron 1543 y reprobaron\n1504 [6] .\n\n(vii)\nEntre el 15 y el 26 de julio de 2024, gran parte de los\nparticipantes reprobados interpusieron recursos de reposición contra el acto\nadministrativo que publicó los resultados de la evaluación de la subfase\ngeneral.\n\n5. Los accionantes fueron excluidos en la subfase general del IX\nCurso de Formación Judicial. Los\naccionantes demostraron que fueron excluidos del concurso por no superar la\nsubfase general IX Curso, al no alcanzar el puntaje mínimo exigido para\ncontinuar en la subfase especializada. Dicho puntaje correspondía a un\nresultado igual o superior a 800 puntos, de conformidad con el Acuerdo\nPCSJA18-11077 de 2018 [7] . En efecto, mediante\nResolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, emitida por la directora de\nla Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura,\nse publicaron los resultados de la subfase general. En ese acto administrativo,\nsegún las pruebas aportadas, los accionantes obtuvieron puntajes inferiores a\n800 puntos, quedando en el estado “reprobado”.\n\n6. La\nmayoría de los accionantes presentaron recurso de reposición contra la\nresolución administrativa que los excluyó del concurso de méritos. Entre el 15 y el 26 de julio de 2024 [8] ,\nde manera individual, 59 accionantes [9] interpusieron recurso de reposición\ncontra la Resolución n.° EJR24-298 del 21\nde junio de 2024.\n\n7. En\nprimer lugar, los accionantes explicaron las razones por las cuales, desde una\nperspectiva general, consideraban equivocado el proceso de evaluación de los\nocho módulos que integraban la subfase general. En segundo lugar, desde una\nperspectiva concreta, expusieron los problemas de validez y confiabilidad\ntécnica que presentaban determinadas preguntas puntuales, las cuales se\nprecisan en el anexo n.° 1. El conjunto de inconformidades se expone de la\nsiguiente forma:\n\nTabla 2. Alegatos de los recursos de reposición\n\nAlegatos contra el proceso de evaluación\nde la subfase general que culminó con la adopció n de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024\n\nInconformidades\nsobre aspectos generales del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Los accionantes manifestaron: (i)\nla falta de aplicación de las directrices y las reglas dispuestas en los\nAcuerdos que rigen la Convocatoria n.° 27 y el acuerdo pedagógico, así como\nel Syllabus para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial; (ii)\nla omisión del software Klarway en grabar los videos de 85 discentes\nen las jornadas evaluativas que se llevaron a cabo el 19 de mayo y el 2 de\njunio de 2024; (iii) la obligación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara\nBonilla de adelantar directamente el Curso y, por lo mismo, la inviabilidad\njurídica de contratar a la unión temporal para “el diseño, estructuración\nacadémica y desarrollo, virtual y presencial” del IX Curso; (iv) el\ndesconocimiento del principio de andragogía y, en concreto, el perfil de\nadulto de los discentes del curso, que exigía aprovechar la experiencia y\nconocimiento previo de los participantes. Además, dejó de considerar: (v)\nla existencia de fallas técnicas, de tiempo y de conectividad que afectaron\nel desempeño adecuado en el proceso de evaluación no imputables a los\ndiscentes; (vi) la inaplicabilidad de la modalidad B-learning\n(semipresencial) estipulada en el enfoque pedagógico dispuesto en el acuerdo\ny el Syllabus, desarrollándose de forma 100% virtual y asincrónico; (vii)\nla falta de técnica del proceso evaluativo basado en lecturas\ndesactualizadas, descontextualizadas o antipedagógicas, y (viii)\ndebilidades del protocolo de seguridad implementado en las jornadas de\nevaluación, así como cercanía con los formadores, lo que impidió un proceso\nde evaluación adecuado.\n\nInconformidades\nsobre preguntas específicas que consideraban incurrieron en problemas de\nvalidez y confiabilidad técnica. En su conjunto, los accionantes plantearon los siguientes\nproblemas en las preguntas: (i) las preguntas tenían la posibilidad de\nresponderse con respuestas “multiclave” o “doble clave”; sin embargo, y a\npesar de que la respuesta seleccionada conservaba el sentido del texto [10] ,\nno se reconoció el puntaje; (ii) los textos de los interrogantes\nresultaron incoherentes, contradictorios, ambiguos, confusos o sin conexión\ncon las respuestas; (iii) las preguntas se calificaron con referencias\nbibliográficas que no eran de obligatoria lectura o que no se encontraban\ndentro del rango determinado para cada módulo; (iv) las preguntas\ncarecían de criterios básicos comunicativos y fueron construidas con\ninformación no relevante, errores de ortografía, sintaxis o redacción que\ndificultaron de forma significativa su comprensión, y (v) las\npreguntas no valoraron competencias del ser, hacer o saber, ni la práctica\njudicial; por el contrario, las preguntas fueron basadas en la memoria [11] .\n\n8. Respuesta\nde la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre de 2024,\nmediante actos administrativos de carácter individual, la directora de la\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla repuso parcialmente la decisión adoptada\ny aumentó el puntaje de evaluación de los accionantes. En general, revisó las\npreguntas y evidenció que algunas de ellas no cumplían con los estándares de\nvalidez y confiabilidad requeridos y, en consecuencia, ajustó la calificación\nde la siguiente manera:\n\nTabla 3 . Ajustes a las calificaciones de la evaluación de la\nsubfase general\n\nExpediente\n\nActo\nAdministrativo\n\nInicial\n\nAjuste\n\nEstado\n\n1\n\nT-10.892.442\n\nResolución\nn.° EJR24-1676 del 7/11/24\n\n750,42\n\n760\n\nReprobado\n\n2\n\nT-10.914.949\n\nResolución\nn.° EJR24-948 del 5/11/24\n\n756,26\n\n767\n\nReprobado\n\n3\n\nT-10.918.114\n\nResolución\nn.° EJR24-978 del 5/11/24\n\n787,52\n\n796\n\nReprobado\n\n4\n\nT-10.957.608\n\nResolución\nn.° EJR24-1383 del 6/11/24\n\n760,02\n\n770\n\nReprobado\n\n5\n\nT-10.973.777\n\nResolución\nn.° EJR24-1475 del 6/11/24\n\n762,50\n\n774\n\nReprobado\n\n6\n\nT-11.021.108\n\nResoluciones n.° EJR24-604 a EJR24-1792 del 28 /10/24-7/11/24\n\n649,59\n(mínimo) 789,59 (máximo)\n\n653\n(menor) 799 (máximo)\n\nReprobado\n\n7\n\nT-11.062.918\n\nResolución\nn.° EJR24-1713 del 7/11/24\n\n768,36\n\n783\n\nReprobado\n\n8\n\nT-11.083.609\n\nResolución\nn.° EJR24-944 del 5/11/24\n\n783,77\n\n792\n\nReprobado\n\n9. La Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla respondió los recursos de reposición con los\nargumentos que se sintetizan a continuación. En primer lugar, y sobre los\ncuestionamientos generales, adujo que (i) el proceso de evaluación se\nejerció de conformidad con el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que reglamenta la\nConvocatoria n.° 27 y el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 2019, que regula\nel IX Curso de Formación Judicial.\n\n10. En ese orden,\nindicó que (ii) cumplió con las reglas de desarrollo del IX Curso\nde Formación Judicial, ejerciendo su potestad reglamentaria y contractual para\nel desarrollo del mismo; (iii) el IX Curso de Formación Judicial Inicial\nno se había desarrollado en un formato 100% virtual, pues aún no había\nculminado la fase especializada; (iv) el IX Curso no desconoció el\nprincipio de andragogía, pues se fundamentó en la metodología del modelo\npedagógico de la Escuela Judicial, basado en la formación integral y la\nformación por competencias para funcionarios, jueces y magistrados; y, por\núltimo, (v) aunque existieron dificultades técnicas y de tiempo, el\nequipo de la Escuela Judicial y la Unión Temporal aseguraron adecuadamente el\ndesarrollo del proceso evaluativo, al punto que todos los participantes\npudieron presentar las pruebas y lograr la validación segura de los resultados.\n\n11. En segundo lugar\ny en relación con las preguntas específicas, la Escuela Judicial en cada acto\nadministrativo de carácter particular expuso los resultados de las preguntas\ndebatidas, a partir de los criterios técnicos dispuestos por la Unión Temporal\nFormación Judicial 2019. En ese orden, identificó algunas preguntas que no\ncumplieron con los estándares esperados y reconoció como válidas las respuestas\nde los recurrentes. Además, durante la revisión se identificaron preguntas con\nalerta de “doble clave”, razón por la cual se reconoció el punto a los\ndiscentes que contestaron cualquiera de las opciones válidas.\n\n3. Fundamentos\nde las acciones de tutela\n\n12. Acciones\nde tutela . Entre el 15 y\nel 29 de noviembre de 2024, los 60 discentes presentaron acciones de tutela [12]\nen contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo\nLara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 2019. En su conjunto,\nalegaron la presunta violación de los derechos fundamentales: (i) al debido\nproceso, (ii) a la igualdad, (iii) al acceso a cargos públicos y (iv) al\nderecho de petición, así como el desconocimiento de los principios de (v)\nmérito, (vi) buena fe y (vii) confianza legítima.\n\n13. Los accionantes atacaron los resultados de la\nsubfase general del IX Curso de Formación Judicial y que los excluyeron de la\nConvocatoria n.° 27, reprocharon la Resolución n.° EJR24-298\ndel 21 de junio de 2024, a través de la cual se publicaron los resultados de la\nsubfase general, así como los actos administrativos\nparticulares emitidos por la dirección de la Escuela Judicial Rodrigo Lara\nBonilla, que resolvieron los recursos de reposición. Los actores soportaron sus\nreparos en las siguientes razones principales:\n\n14. Primera. Los demandantes reiteran las\ninconformidades sobre aspectos generales y preguntas específicas que culminaron\ncon la adopción de la Resolución\nn.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024 . Los accionantes afirmaron que la manera en que se llevó a cabo el\nproceso de evaluación vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a\ncargos públicos, así como los principios que deben orientar todo concurso\npúblico. Ello, porque dicho proceso se apartó de los lineamientos previstos en\nel acuerdo pedagógico y en las reglas de la convocatoria, los que constituyen\nparámetros objetivos, válidos y de orientación general para los participantes.\nDesde esta línea, los accionantes reiteraron las inconformidades expuestas,\nresaltando que no es cierto que se haya valorado el contenido académico\nenfocado a la práctica judicial ni que se haya buscado desarrollar las\ncompetencias sobre la función judicial. Tampoco se formularon adecuadamente las\npreguntas, en tanto se incluyeron lecturas que no eran obligatorias o que\nestaban fuera de los rangos establecidos, ni se aplicó el criterio de validación\nsobre las preguntas con doble clave de respuesta que fueron solicitadas.\n\n15. Segunda.\nLos demandantes aseveran que los actos administrativos que resolvieron los\nrecursos de reposición carecieron de motivación respecto de los reproches\nformulados individualmente y, al contrario, fueron emitidos con uso de\ninteligencia artificial generativa. Los accionantes indicaron que, aunque la Escuela Judicial exigió a\ncada discente una argumentación puntual sobre los problemas detectados y las\nfallas técnicas en cada pregunta, la respuesta incluida en los actos\nadministrativos fue altamente general y discrecional. Ello, considerando que en\ntodos los actos administrativos se siguió la misma estructura general y la\nmisma respuesta para cada pregunta objetada [13] .\n\n16. En\nese orden, en las acciones de tutela controvirtieron que (i) la\nrespuesta fuera generalizada, incluso respecto de los planteamientos\nespecíficos que efectuaron a cada pregunta considerando las diferencias en las\ncalificaciones iniciales y corregidas en cada caso; (ii) la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla no respondiera los argumentos planteados en el\nrecurso de reposición sino que en algunos eventos se modificaron los resultados\nde las preguntas, sin información clara; y (iii) no se indicaran las\nrazones por las cuales se consideraron acertadas algunas de las respuestas que,\nen principio, fueron calificadas como incorrectas, lo que impedía conocer los\ncambios en los resultados con trasparencia.\n\n17. En\nparticular, en los expedientes T-10.892.442, T-10.918.114, T-10.957.608,\nT-10.973.777, T-11.021.108 y T-11.083.609, los accionantes asociaron\ndirectamente la insuficiente e inadecuada motivación de los actos\nadministrativos con un uso indebido y opaco de herramientas\nde inteligencia artificial –en adelante IAgen – que afecta los derechos fundamentales alegados.\n\n18. Esta aseveración la soportaron probatoriamente en dos hechos.\nEn primer lugar, adujeron que en los actos administrativos de carácter\nparticular, en específico en la pregunta 57 del módulo\nde argumentación judicial y valoración probatoria, quedó un rastro del uso de “ prompt” ,\nesto es, una instrucción de un usuario a una inteligencia artificial generativa\npara que realizara una tarea específica . En segundo lugar, y como\nconsecuencia de tal rastro, los accionantes utilizaron detectores de IAgen en\nlos actos administrativos que acreditaron un alto porcentaje de contenido\ngenerado por inteligencia artificial (entre 86% al 93%). Sus argumentos se detallan\nenseguida:\n\nTabla 4. Argumentos\nsobre el uso indebido y opaco de inteligencia artificial\n\nArgumentos del uso de IAgen en la expedición de actos\nadministrativos\n\n1. Expusieron que la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla empleó inteligencia artificial en sus\nargumentaciones, pues en los actos administrativos se registra el siguiente\ndiálogo de instrucción a la IAgen, en relación con la pregunta 57 del módulo\nde argumentación judicial y valoración probatoria: “[p]or\nfavor estudia cuidadosamente la pregunta, contéstala y sustenta con suficiencia\nla respuesta correcta y explica por qué las incorrectas son incorrectas”. En\nrespuesta se lee: “Ciertamente. Analizaré la pregunta en detalle,\nproporcionaré la respuesta correcta con una sustanciación completa y\nexplicaré por qué las otras opciones son incorrectas”. En consecuencia,\naludieron a un presunto rastro que quedó consignado en los actos\nadministrativos respecto del diálogo sostenido entre “el programador” y la\nIAgen.\n\n2. Afirmaron que ese diálogo\nevidencia una sustitución de la racionalidad humana y la falta de efectivo\ncontrol humano en la elaboración de un argumento que validara el diseño,\nestructuración y claves de respuesta del operador del concurso. En su sentir,\neso comprueba un sesgo, toda vez que la pretensión del programador fue la de\nobtener un texto que sustentara con suficiencia la respuesta correcta, y no\nutilizarlo como apoyo, total o parcial, en la gestión de la decisión\nadministrativa.\n\n3. Aseveraron que para\nconfrontar tal situación realizaron un trabajo de verificación del texto\ncreado por un humano mediante programas de detección de IAgen—como sucede con\nTurnitin o Justdone—. En ambos casos los resultados arrojaron un alto\nporcentaje de uso de IAgen en cada una de las resoluciones, en especial, en\naquellos acápites en los que la Escuela Judicial esgrimió sus consideraciones\npara validar el correcto diseño y estructuración de los ítems controvertidos.\n\n4. Señalaron que empleo de\nIAgen en la motivación de los actos no cumple las cargas previstas en la\nSentencia T-323 de 2024. En concreto, incumplen la carga de transparencia,\npues no se advirtió a los discentes sobre el uso del IAgen, aunque sí se\nencontró el rastro de su uso en los actos que desataron los recursos. Asimismo,\nmanifestaron que se incumplió con principios de responsabilidad y no\nsuplantación de la racionalidad humana.\n\n19. Tercera. Los accionantes señalaron afectaciones a la cláusula de\nigualdad y al acceso efectivo y meritocrático a la carrera judicial. Los\naccionantes del expediente T-11.021.108 señalaron, de una parte, la violación\nal derecho a la igualdad en el acceso a cargos públicos entre los discentes y\nla población exonerada o a quienes les homologaron el requisito del IX Curso de\nFormación Judicial y, por ende, no realizaron las subfases general y\nespecializada. De otra parte, reclamaron la necesidad de garantizar una\nprotección efectiva del principio de mérito mediante una convocatoria que logre\nel nombramiento de la totalidad de los cargos requeridos en la Rama Judicial.\nDichos argumentos se desarrollan en seguida:\n\nTabla 5. Argumentos\nsobre la igualdad y el mérito judicial\n\nArgumentos\nsobre el derecho a la igualdad en el marco de acceso a cargos públicos y el\nproceso de mérito judicial\n\n1. Vulneración\ndel derecho fundamental al acceso igualitario a los cargos públicos con\nocasión de la calificación de la subfase general del IX Curso de Formación\nJudicial . Los demandantes realizaron una comparación entre los discentes homologados [14]\n(grupo 1.a) y/o exonerados [15] (grupo 1.b) respecto de los\ndiscentes del IX Curso (grupo 2.a) reprobados y (grupo 2.b) aprobados, con el\nfin de justificar que existe un trato desigual. Alegaron que a los segundos\n(reprobados y aprobados) se les otorgó un trato desigual respecto de los\nprimeros, pues se les aplicó una evaluación irregular y desproporcionada que\ndesconoce el principio del mérito. En cambio, al grupo de homologados o\nexonerados, a quienes se les evaluó sin dichas irregularidades, se les otorgó\nuna ventaja o posición de favorabilidad injustificada [16] .\nSe aplicó un test estricto de igualdad argumentando que: (i) la medida\nde homologación y/o exoneración del IX Curso de Formación Judicial no\npersigue un fin constitucional legítimo e imperioso [17] ;\n(ii) la medida empleada no es adecuada ni efectivamente conducente [18]\ny (iii) no es necesaria [19] .\n\n2. Protección efectiva del principio de\nmérito y del acceso a cargos públicos en la Rama Judicial. Según\nel apoderado, este proceso público tiene menos concursantes que vacantes disponibles,\npor lo que incumple su objetivo respecto de la carrera judicial pues, a la\nfecha, existen 2.767 vacantes en la Rama Judicial y\naproximadamente solo siguen 2.105 personas en el concurso. En este sentido,\nel apoderado argumentó que la Sentencia SU-067 de 2022 ordenó dar celeridad\nal concurso. Sin embargo, al terminar la Convocatoria n.° 27 no se van a\nproveer las vacantes disponibles, debido al número reducido de profesionales\nque superaron las primeras fases del concurso. Desde su perspectiva, lo anterior\ndesconoce la carrera judicial como sistema especial de la carrera, que se\nestructura bajo el principio de mérito, generando un bloqueo institucional.\nPor ello, sostiene que debería ajustarse la metodología del Curso y su\nevaluación, así como ordenar la inclusión de sus poderdantes a la subfase\nespecializada del IX Curso de Formación Judicial.\n\n20. Pretensiones.\nEn su conjunto, los accionantes solicitaron que, como pretensiones\nprincipales, (i) se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla\nque expida nuevos actos administrativos que, en cada caso particular,\nreconozcan como acertadas las preguntas que estiman desconocen los requisitos\nde validez técnica y confiabilidad, según las fallas o inconformidades\nadvertidas sobre el proceso de evaluación, así como las preguntas específicas y\nla motivación de los actos administrativos previos; y, por lo mismo, (ii) se\nles permita continuar con el IX Curso de Formación Judicial o (iii) su\ninclusión, definitiva o transitoria, en la subfase especializada del mencionado\nCurso.\n\n21. Como medidas\nsecundarias, los accionantes solicitaron (iv) que se ordene a las accionadas\ncumplir con el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, el Documento\nMaestro y el Anexo Técnico del IX Curso de Formación Judicial, así como con el\nPlan de Formación de la Rama Judicial 2022; (v) se ordene emitir un acto\nadministrativo que anule la fase general del IX Curso de Formación Judicial; y\n(vi) se disponga el acceso de los accionantes a los videos que contienen los\nregistros de la presentación de la evaluación de la subfase general. Por\núltimo, los accionantes solicitaron a los jueces de instancia que dispusieran\nmedidas provisionales, como la inclusión en la subfase especializada, hasta\ntanto el juez de tutela adoptara una decisión, ya fuera de forma transitoria o\nde manera definitiva, ante el riesgo de un perjuicio irremediable.\n\n22. Debate\nparticular planteado por la accionante del expediente T-10.957.608 en relación\ncon la presunta vulneración del derecho de petición. La actora en\nesta actuación, además de los reproches generales respecto a la metodología y\nel proceso evaluativo del IX Curso de Formación Judicial, alegó la vulneración\ndel derecho de petición por falta de respuestas claras, completas y congruentes\na las objeciones y solicitudes de aclaración elevadas a la Escuela Judicial por\nsu parte y otros participantes del proceso evaluativo. Además, explicó que\ntambién se desconoció este derecho por la falta de pronunciamiento respecto de\nlas preguntas que fueron calificadas como correctas. Al respecto, citó la\nrespuesta de la Escuela, según la cual: “[en] ese mismo sentido, se precisa que\nno serán objeto de pronunciamiento las preguntas que se hayan puntuado y se\nhayan tomado como marcadas correctamente para la recurrente”.\n\n4. Trámite\nde las acciones de tutela\n\n23. Admisión de las acciones de tutela. Entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024,\ndistintos juzgados del Circuito de Armenia, la Sala de lo Contencioso\nAdministrativo (Sección Segunda del Consejo de Estado) y las Salas de Casación\nLaboral y de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, admitieron las\nacciones de tutela objeto de revisión contra el Consejo Superior de la\nJudicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal\nFormación Judicial 2019. Además, negaron las medidas provisionales y vincularon\ncomo terceros con interés a la totalidad de participantes del IX Curso de\nFormación Judicial [20] .\n\n24. Respuesta de las autoridades demandadas y\nvinculadas. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el\nConsejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, entidades accionadas y/o vinculadas\npor los jueces de instancia dentro del trámite de las ocho (8) acciones de\ntutela, solicitaron declarar la improcedencia de las acciones de tutela por\nfalta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad o, en su defecto, negarlas\nante la inexistencia de la afectación a los derechos fundamentales alegada.\nLos argumentos principales expuestos fueron los siguientes:\n\nTabla 6. Argumentos\nautoridades demandadas y vinculadas\n\nArgumentos principales\n\n1. La acción de tutela no procede como mecanismo definitivo\nni transitorio. Consideraron que, por regla general, existen\notros recursos o medios de defensa judiciales, además de que no se probó un\nperjuicio irremediable. En estos eventos, los actos administrativos pueden\nser controvertidos a través del medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho previsto en el Código de Procedimiento\nAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla es una unidad administrativa del Consejo\nSuperior de la Judicatura, por lo tanto, de acuerdo con las reglas de reparto\nlas acciones de tutela en su contra deben ser resueltas en primera instancia\npor la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, y no por jueces\nde menor jerarquía.\n\n2. No existe vulneración de los derechos fundamentales en el\ntrámite del proceso evaluativo. Las\nentidades actuaron en cumplimiento de los acuerdos PCSJA18-11077 del 16 de\nagosto de 2018 y PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, aclarado\nmediante el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre de 2019. A sí , las\npreguntas fueron construidas con criterios psicométricos, lingüísticos, técnicos\ny jurídicos avalados por expertos, y la evaluación midió de forma objetiva\nlas competencias de los participantes.\n\n3. Los actos administrativos particulares resolvieron cada una\nde las inconformidades de los accionantes. En\nla resolución de cada discente se resolvieron los motivos de la inconformidad\ngenerales y específicos respecto al cuestionario aplicado en las jornadas de\nevaluación de la subfase general. Además, los mecanismos audiovisuales y\napoyos tecnológicos solicitados tienen como finalidad prevenir, constatar y\nsancionar faltas relacionadas con fraude, no se orientan a la revisión de los\nresultados de la evaluación.\n\n4. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no utilizó\nherramientas basadas en IAgen para el análisis y expedición de las resoluciones.\nEn relación con las afirmaciones de los\naccionantes sobre el uso de IAgen, la Escuela manifestó que no se emplearon\nherramientas de inteligencia artificial en ninguna de las etapas del proceso\nde evaluación, ni en la elaboración o expedición de resoluciones [21] .\nSegún la Escuela Judicial, l as respuestas a los\nrecursos y solicitudes fueron atendidas de manera individual y con fundamento\nen la razonabilidad y el juicio profesional del equipo de la unidad\ncorrespondiente del Consejo Superior de la Judicatura. Con todo, la Corte\nConstitucional, en la Sentencia T-323 de 2024, ya admitió el eventual uso de\nherramientas de inteligencia artificial como un apoyo a la gestión judicial.\n\n5. Decisiones\njudiciales objeto de revisión\n\n25. Decisiones judiciales que conceden el amparo a\nlos derechos alegados. En los expedientes (i)\nT-10.892.442, (ii) T-10.914.949, (iii) T-10.918.114 y (iv)\nT-10.957.608, en primera o segunda instancia, los jueces de tutela decidieron amparar\nlos derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos\ninvocados por los accionantes. Así, ordenaron a la Escuela Judicial Rodrigo\nLara Bonilla excluir una serie de preguntas del consolidado de la evaluación\ndel IX Curso de Formación Judicial, así como resolver de fondo los reclamos de\nlos recursos de reposición y recalcular la evaluación de quienes accionaron, en\ntérminos más favorables. Adicionalmente, mientras se cumple con ese trámite, se\ndispuso la participación provisional de los accionantes en la subfase\nespecializada del Curso y, en el evento de que el recálculo sea inferior,\naquellos debían retirarse del concurso.\n\n26. Las decisiones de las autoridades judiciales se\nsoportaron, principalmente, en que: (i) la acción de tutela era\nprocedente como mecanismo temporal o definitivo, dado que el propósito último\nera continuar en el proceso del concurso de méritos, en su subfase\nespecializada, que tiene términos preclusivos que no pueden retrotraerse; (ii)\nla entidad accionada no se pronunció de fondo respecto de la totalidad de los\nargumentos expuestos en los recursos de reposición, ni justificó de forma clara\ny adecuada sus decisiones; (iii) la Escuela debió excluir del\nconsolidado de evaluación las preguntas que tuvieron fundamento en material de\nestudio no obligatorio, como sucedió con interrogantes sobre argumentación\njudicial y derechos humanos; (iv) existieron justificaciones vagas e\nincoherentes sobre la procedencia o no de las preguntas solicitadas por los\naccionantes o el motivo por el cual se realizaba la calificación de cero en\nalgunas otras reclamadas. Por lo anterior, los jueces consideraran errores de\nvalidez técnica y confiabilidad en las preguntas 47, 48, 53, 54, 55, 57 del\nítem de argumentación judicial y valoración probatoria, así como en las\npreguntas 58, 60, 63 y 77 del programa de derechos humanos y género.\n\n27. Decisiones judiciales que declararon\nimprocedentes las acciones de tutela. Por otra parte, en los expedientes (v)\nT-10.973.777, (vi) T-11.021.108, (vii) T-11.062.918 y (viii)\nT-11.083.609 los jueces de tutela declararon la improcedencia de las\nacciones por no superar el requisito de subsidiariedad. Estas decisiones se\nfundamentaron en los siguientes argumentos: (i) existen mecanismos\njudiciales ordinarios para la defensa de los derechos alegados, en particular,\nlos accionantes tienen a su disposición el medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho para controvertir las resoluciones impugnadas; (ii)\ndentro las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo\npueden solicitar medidas cautelares o de urgencia para proteger sus derechos; (iii)\nla acción de tutela solo procede cuando no existen otros mecanismos judiciales\neficaces, lo que no se cumple en estos casos; y (iv) no se acreditó un\nperjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela como\nmecanismo transitorio. A continuación, se resumen las sentencias de instancia\nobjeto de revisión.\n\nTabla 7 . Sentencias\nobjeto de revisión\n\nExpediente\n\nSentencias\nque se revisan\n\nDecisión\n\n(i)\nT-10.892.442\n\nSentencias\ndel 25 de noviembre y el 18 de diciembre de 2024, proferidas por el Juzgado\n001 Penal del Circuito de Armenia, Quindío y la Sala\nPenal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío,\nrespectivamente.\n\nNegó\nla medida provisional.\n\nEn\nsegunda instancia se concedió el amparo definitivo de los derechos\nfundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos.\n\n(ii)\nT-10.914.949\n\nSentencias\ndel 2 de diciembre de 2024 y el 29 de enero de 2025, proferidas por el\nJuzgado 003 Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío y la Sala\nPenal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia,\nrespectivamente.\n\nNegó\nla medida provisional.\n\nEn\nsegunda instancia se concedió el amparo definitivo de los derechos\nfundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos.\n\n(iii)\nT-10.918.114\n\nSentencias\ndel 28 de noviembre de 2024 y el 29 de enero de 2025, proferidas por el\nJuzgado 004 Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío y la Sala\nPenal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, respectivamente\n\nNegó\nla medida provisional.\n\nSe\nmodificó el amparo transitorio otorgado por el juez de primera instancia y,\nen segunda instancia, se concedió el amparo definitivo de los derechos\nfundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos.\n\n(iv)\nT-10.957.608\n\nSentencias\ndel 9 de diciembre de 2024 y el 4 de febrero de 2025, proferidas por el\nJuzgado 001 Penal del Circuito de Armenia, Quindío y la Sala Penal del\nTribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, respectivamente.\n\nNegó\nla medida provisional.\n\nEn\nsegunda instancia se concedió el amparo definitivo de los derechos\nfundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos\n\n(v) T-10.973.777\n\nSentencia\ndel 16 de enero de 2025, proferida por la Sala de lo Contencioso\nAdministrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. No hubo\ndecisión de segunda instancia.\n\nSe\ndeclaró improcedente la acción de tutela.\n\n(vi) T-11.021.108\n\nSentencias\ndel 11 de diciembre de 2024 y el 25 de febrero de 2025, proferidas por la\nSala de Casación Laboral y la Sala de decisión de tutela n.° 1 de la Sala de\nCasación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.\n\nSe\ndeclaró improcedente la acción de tutela.\n\n(vii)\nT-11.062.918\n\nSentencias\ndel 5 de diciembre de 2024 y el 12 de marzo de 2025, proferidas por la Sala\nde decisión de tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal y la Sala de\nCasación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,\nrespectivamente.\n\nSe\ndeclaró improcedente la acción de tutela.\n\n(viii)\nT-11.083.609\n\nSentencias\ndel 9 de diciembre de 2024 y el 26 de marzo de 2025, proferidas por el\nJuzgado 003 de Familia del Circuito de Tunja, Boyacá y la Sala Civil Familia\ndel Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Boyacá,\nrespectivamente.\n\nEn\nsegunda instancia se revocó la decisión de amparo transitorio y se declaró\nimprocedente la acción de tutela.\n\n6. Actuaciones\nen sede de revisión ante la Corte Constitucional\n\n28. Selección, acumulación y reparto de los expedientes de tutela. El 28\nde marzo de 2025 [22] , la\nSala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional seleccionó para\nrevisión y acumuló los expedientes (i) T-10.892.442, (ii)\nT-10.914.949, (iii) T-10.918.114 y (iv) T-10.957.608 por unidad\nde materia. Esto bajo el criterio objetivo de necesidad de pronunciarse\nsobre una determinada línea jurisprudencial y la exigencia de aclarar el\ncontenido y alcance de un derecho fundamental. Por sorteo, los expedientes\nacumulados se asignaron a la Sala Segunda de Revisión y, e l 21\nde abril siguiente, fueron remitidos al despacho del magistrado sustanciador\npara lo de su competencia. Posteriormente, e l 29 de abril de 2025 [23] , la Sala de\nSelección de Tutelas Número Cuatro dispuso seleccionar y acumular los\nexpedientes (v) T-10.973.777 y (vi) T-11.021.108 al trámite ya repartido a la Sala Segunda de Revisión.\nIgualmente, a través del auto del 30 de mayo de 2025 [24] ,\nla Sala de Selección de Tutelas Número Cinco acumuló los expedientes (vii) T-11.062.918 y (viii) T-11.083.609 al mismo asunto.\n\n29. Autos de pruebas. El 7 [25] ,\n27 [26]\nde mayo y el 27 [27] de agosto de 2025 [28] ,\nel magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas de\noficio, con el propósito de contar con mayores elementos probatorios para\nefectuar la revisión de las decisiones judiciales de instancia [29] .\n\n30. Actuaciones de trámite. Dentro del trámite de revisión\nse adelantaron diferentes actuaciones que se resumen enseguida:\n\n31. (i) El 16 de junio de 2025, el magistrado sustanciador formuló\nimpedimento para conocer del presente expediente al considerar que podría\nconfigurarse la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de\nProcedimiento Penal. La Sala declaró infundado el impedimento mediante el Auto\n1177 del 31 de julio de 2025, informado al despacho sustanciador el 4 de agosto\nsiguiente [30] , momento en que se reactivó el\ntrámite judicial.\n\n32. (ii) Mediante auto del 19 de agosto de 2025, se resolvieron diversas\nsolicitudes de vinculación presentadas por participantes del IX Curso de\nFormación Judicial, así como peticiones de acceso al expediente y copia de\npiezas procesales, conforme a la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991\ny el Reglamento Interno de esta Corporación.\n\n33. (iii) Mediante autos del 5 y el 29 de septiembre de 2025, se ordenó\nconceder el acceso a la totalidad del expediente a varios solicitantes en\ncalidad de terceros con interés.\n\n34. (iv) Mediante auto del 16 de octubre de 2025, la Sala Segunda de\nRevisión hizo uso de la facultad prevista en el artículo 63 del Acuerdo 01 de\n2025, con fundamento en la necesidad de concluir con el recaudo de las pruebas\ndecretadas y adelantar su adecuada valoración. Por tal motivo, procedió a\nsuspender los términos judiciales del proceso por treinta (30 días).\n\n35. Respuesta a\nlos autos de prueba, intervenciones y traslados de los accionantes. Los\naccionantes insistieron en los alegatos presentados en los recursos de amparo.\nAfirmaron que sus escritos deben ser conocidos, al menos provisionalmente, por\nlos jueces de tutela y no por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,\nal existir un perjuicio irremediable dado el avance acelerado del IX Curso de\nFormación Judicial y de la eventual finalización de la Convocatoria n.° 27, de\nla que los excluyeron sin justificación. En ese sentido, presentaron los\nsiguientes argumentos que, a su juicio, justifican la intervención excepcional\nde los jueces constitucionales:\n\n36. En primer\nlugar, los actores alegaron que los medios de control ante la jurisdicción de\nlo contencioso administrativo no constituyen una vía idónea y efectiva, en\ntanto los procesos no han avanzado de forma significativa, no se han tomado decisiones\ndefinitivas en ellos y tampoco se han adoptado las medidas cautelares\nsolicitadas. Además, el debate gira principalmente en torno a problemas de\nnaturaleza constitucional.\n\n37. Sobre el\nparticular, y de las pruebas aportadas, la Sala registra los siguientes\nprocesos y su estado actual:\n\nTabla 8. Acciones\ncontenciosas presentadas por los accionantes\n\nTutela\n\nMedio de control\n\nEstado actual\n\n(1)\nT-10.892.442\n\nRadicado\n2025-096 : El 18 de junio de 2025 (después de\nla acción de tutela) presentó la acción de nulidad y restablecimiento del\nderecho. En ese medio de control reclamó que se declare la nulidad de la Resolución\nn.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y la resolución que resolvió su recurso\nde reposición.\n\nEstado del proceso contencioso: el 3 de septiembre de 2025 se admitió\nla demanda. A esa fecha no se había adoptado medida cautelar. El 21 de\noctubre de 2025, la UT contestó la demanda y formuló excepciones de mérito.\n\nEstado dentro del concurso: el actor fue\nvinculado a la fase especializada por orden del juez de tutela, pero\nposteriormente fue retirado al no superar el puntaje mínimo exigido [31] .\n\n(2)\nT-10.914.949 [32]\n\nRadicado 2025-074 . El\n25 de abril de 2025 (después de la acción de tutela) presentó medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho con solicitud de medida provisional. En ese medio de control reclamó que se declare la\nnulidad de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la\nResolución n.° EJR24-317 del 28 de junio de 2024 y el acto administrativo que\nresolvió el recurso de reposición, planteando argumentos similares a la\ntutela.\n\nEstado del proceso contencioso: el 24 de julio de 2025, el expediente\nfue remitido por reparto al Juzgado 057 Administrativo de Bogotá, pendiente\nde decisión de admisión y medida cautelar.\n\nEstado dentro del concurso : l a actora fue vinculada a la fase\nespecializada por orden del juez de tutela, pero posteriormente fue retirada\nal no superar el puntaje mínimo exigido [33] .\n\n(3) T-10.918.114 [34]\n\nRadicado\n2025-047 . El 31 de marzo de 2025 (después de la acción de tutela) presentó\nmedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese medio de control reclamó que se declare la\nnulidad parcial del acto administrativo que resolvió el recurso de\nreposición y a título de restablecimiento se corrija el puntaje de varias\npreguntas, planteando argumentos similares a la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: e l 30 de abril de 2025, la demanda se\nadmitió. El 4 de julio de 2025, el apoderado de la parte actora presentó\nreforma de la demanda, la cual fue admitida el 13 de agosto de 2025 .\n\nEstado dentro del concurso: e l accionante\nfue vinculado a la fase especializada al superar el puntaje mínimo tras la\nrecalificación ordenada por el juez de tutela y se mantiene en el concurso.\n\n(4) T-10.957.608 [35]\n\nDe\nacuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, la Sala Segunda\nde Revisión evidenció que la accionante no contestó los autos de pruebas.\nAsimismo, según lo indicado por el Consejo de Estado, la accionante participa\nde la acción de nulidad simple con radicado 2024-431. Sin embargo, no existe\nregistro de otro medio de control radicado de manera individual por la actora\nante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\n\nEstado dentro del concurso: l a actora fue vinculada a la fase especializada por orden del\njuez de tutela, pero tras la recalificación no superó el puntaje mínimo\nexigido para continuar en la subfase [36] .\n\n(5)\nT-10.973.777\n\nRadicado\n2025-126 : El 20 de mayo de 2025 (después de la acción de tutela) radicó\ndemanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con medidas cautelares,\ncontra la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y el acto\nadministrativo que resolvió el recurso de reposición. El demandante expuso\nlos escenarios similares a los expuestos en la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: Mediante auto del 3 de junio de 2025,\nel Jue z 010 Administrativo del Circuito de\nCartagena se declaró impedido, y el expediente se remitió al Juzgado 011\nAdministrativo de Cartagena.\n\nRadicado\n2025-187 : El expediente fue remitido por el Juzgado 011\nAdministrativo del Circuito de Cartagena y repartido al despacho el\n26 de agosto de 2025. El demandante expuso los escenarios similares a los expuestos\nen la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: el 9 de octubre de 2025, se inadmitió\nla demanda. El 21 de octubre siguiente el demandante presentó escrito de\nsubsanación.\n\nEstado dentro del concurso : e l actor no se\nencuentra en la fase especializada.\n\n(6)\nT-11.021.108\n\nRadicado\n2024-392: E l accionante no presentó recurso de reposición [37] , el\n29 de octubre de 2024 (antes de la acción de tutela) presentó el medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución n.°\nEJR24-298 del 21 de junio de 2024 y la guía de orientación al discente y\nsolicitó la adopción de medidas cautelares. En este proceso, alegó escenarios\nsimilares a los expuestos en la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: el 7 de octubre de 2025, el despacho\nnegó la solicitud de medidas cautelares al considerar que no se acreditaba la\napariencia de un buen derecho.\n\nRadicado\n2024-393: En relación con los otros 52 accionantes, el 21 de\nnoviembre de 2024 (antes de la acción de tutela) se radicó el medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución n.°\nEJR24-298 del 21 de junio de 2024, los actos administrativos que resolvieron\nlos recursos de reposición y la guía de orientación al discente y solicitó la\nadopción de medidas cautelares. En este proceso, alegaron escenarios\nsimilares a los expuestos en la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: el 18 de septiembre de 2025, el despacho\nnegó las medidas cautelares de urgencia al no configurarse los supuestos para\nsu procedencia. El 17 de octubre siguiente se admitió reforma del medio de\ncontrol.\n\nEstado dentro del concurso: los accionantes no se encuentran en la fase especializada.\n\n(7)\nT-11.062.918 [38]\n\nRadicado\n2025-142: El 5 de junio de 2025 (después de la acción de tutela) la\nactora radicó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con\nmedidas cautelares, contra la Resolución n.° EJR24-298 del\n21 de junio de 2024 y la resolución que resolvió el recurso de reposición. Presentó\nargumentos similares a la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: El 7 de octubre de 2025, la UT contestó\nla demanda.\n\nEstado dentro del concurso: l a actora no se encuentra en la fase especializada.\n\n(8)\nT-11.083.609 [39]\n\nRadicado\n2025-173 : El 23 de mayo 2025 (después de la acción de tutela) el actor radicó\nel medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la\nResolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y la resolución que resolvió\nsu recurso de reposición y solicitó la adopción de medidas cautelares. Alegó\nplanteamientos similares a la acción de tutela.\n\nEstado del proceso contencioso: el 23 de mayo de 2025 se radicó la demanda\ne ingresó al despacho el 27 de mayo de 2025.\n\nEstado dentro del concurso: e l actor no se encuentra en la fase especializada.\n\n38. En segundo\nlugar, los accionantes reiteraron todos los reparos contra el proceso de\nevaluación del IX Curso, puesto que estiman que esta es la primera vez que la\nRama Judicial adopta esta metodología, la cual evidencia numerosas fallas y\nerrores ya conocidos en el proceso y, por lo mismo, se generó una calificación\nequivocada sobre las respuestas. Insistieron en que no se trata de errores en\ndos o tres preguntas, sino que numerosas preguntas presentan equívocos técnicos\ny de validez no imputables a su conducta, respecto de los cuales la entidad\nalega indebidamente reserva de la información.\n\n39. En tercer\nlugar, y en lo que se refiere puntualmente al uso de herramientas de\ninteligencia artificial generativa, los actores hicieron referencia a que no\nson expertos en la materia y que su uso lo comprobaron por herramientas a las\nque tienen acceso en plataformas tecnológicas, las cuales arrojaron altos\nporcentajes de creación en cada acto administrativo mediante IAgen [40] . También insistieron en que su referencia\nal uso de tales tecnologías emergentes no obedece a una mera apreciación\nsubjetiva, sino al hecho concreto de que en los actos administrativos se lee\nexpresamente “ prompts ”, en los que se solicita directamente una opción\ncorrecta a las preguntas, sin valorar los argumentos que en cada caso\nexpresaron los accionantes en los recursos de reposición.\n\n40. Por último, al realizar el traslado de las\npruebas, expusieron que la propia respuesta de las accionadas resulta\ncontradictoria, en tanto, de un lado, niegan el uso de IAgen y, de otro,\nindicaron que la Corte Constitucional en Sentencia T-323 de 2024 no lo prohibió . Por esto, insistieron en que las\naccionadas incumplieron los\nrequisitos establecidos en la Sentencia T-323 de 2024, como el principio de\ntransparencia y de no suplantación de la racionalidad humana, el cual es un\ndebate propio de la justicia constitucional.\n\n41. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura [41] , la\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla [42] y la\nUnión Temporal Formación Judicial 2019 [43] . Ante\nla Corte Constitucional la parte accionada insistió en la improcedencia de la\nacción de tutela para controvertir actos administrativos de carácter general y\nparticular en los que se discute la exclusión de participantes en un proceso de\nméritos. Los argumentos principales fueron los siguientes:\n\nTabla 9. Respuesta\nde la parte accionada\n\nArgumentos\nprincipales de la parte accionada\n\n1. Los accionantes evaden\nreglas de competencia mediante la práctica del “forum shopping” (elección\ndel foro judicial) . Las entidades afirmaron que las decisiones de los\njueces de tutela que ampararon definitivamente los derechos fundamentales de\nlos accionantes en los expedientes T-10.892.442, T-10.914.949, T-10.918.114 y\nT-10.957.608, no corresponden a asuntos propios del juez constitucional. Criticaron\nque las decisiones realizaran un examen propio de legalidad, al cuestionar\ncriterios técnicos y de confiabilidad de las preguntas y ordenar con soporte\nen ello una recalificación, lo cual introdujo un trato diferenciado e\ninjustificado con el resto de los participantes. Además, expusieron que las\ntutelas no reflejan un escenario generalizado de presunta desprotección de\nlos derechos fundamentales, sino que se trata de la situación de un grupo\nreducido de participantes reprobados inconformes. Precisaron que de los 1217\ndiscentes reprobados, solo 61 presentaron acciones ante la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo. Insistieron en que se necesita avanzar de forma\ncélere en la definición de la situación jurídica de los 1877 participantes\nque sí pasaron a la fase especializada, como lo ordena la Sentencia SU-067 de\n2022.\n\n2. El proceso de\nevaluación del IX Curso respetó el debido proceso, la igualdad y el mérito y\nsiguió el principio de autotutela corrigiendo los errores detectados. Las\naccionadas sostuvieron que el IX Curso se desarrolló de conformidad con el\nmarco legal y los criterios técnicos definidos en los acuerdos y contratos\nvigentes. Desde una perspectiva general, negaron fallas en el diseño y\nseguridad del proceso evaluativo, en el campus virtual o en la plataforma\nKlarway. Respecto de las preguntas específicas, manifestaron que la mayoría\ncumplieron con los estándares técnicos y de confiabilidad que exigió la\nConvocatoria n.° 27. Además, en ejercicio del principio de autotutela, desde\nla expedición de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, se identificaron\nproblemas en 5 preguntas que fueron reconocidas a los aspirantes [44] .\nLuego, a quienes formularon recurso de reposición se le reconocieron otras\npreguntas por errores de configuración o inconsistencias [45] .\nPor último, se recalificaron otros ítems por órdenes judiciales [46] .\n\n3. La\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no hizo uso de inteligencia artificial\ngenerativa. La entidad concluyó que: (i) “no hubo\nuso de tecnologías de inteligencia artificial como herramienta de\ncalificación ni en la formulación de las preguntas” [47] ;\n(ii) “la evaluación y calificación de las preguntas fueron resultado\nde un trabajo humano y profesional, realizado con rigor académico y técnico” [48] ;\ny (iii) “la supuesta incidencia de IAgen se relaciona únicamente con\nuna verificación durante la etapa de recursos, y no formó parte de la\nmetodología general de evaluación”, por lo tanto los cuestionamientos a las\npreguntas, en específico la 57, gozan de presunción de legalidad [49] .\n\n4. La unión temporal\nindicó que “la posible incidencia de IAgen fue analizada con juicio humano”. La\nentidad expuso que (i) “no (…) existió un apoyo parcial de tecnologías\ngenerativas por parte de los evaluadores para decidir el recurso” [50] ;\n(ii) contaron con diferentes controles de verificación interna:\nconstrucción de preguntas, revisión por partes y expertos, y consolidación\nfinal de los resultados, lo que demuestra una metodología que protege el\njuicio del evaluador y (iii) la posible incidencia de IAgen, en\nparticular respecto de la pregunta 57, trató de una “acción de verificación y\nno de evaluación”. Es decir, “el prompt referido en dicha pregunta fue\nutilizado con posterioridad a la aplicación de la evaluación y a la\nelaboración del informe psicométrico, por lo cual no intervino en la\nconstrucción de las preguntas” [51] . Se aclaró que (iv) no\ntienen conocimiento de que el personal encargado hiciera uso de tales\ntecnologías ni han iniciado un proceso de seguimiento, en tanto confían en la\nintegridad y profesionalismo del equipo; tampoco consideraron que (v)\nlas herramientas de detección de IAgen constituyen pruebas técnicas\nconcluyentes, pues no desvirtúan la presunción de autoría humana.\n\n5. Otras acciones\nconstitucionales en el marco del concurso de méritos por la exclusión de los\nparticipantes. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla indicó que (i)\ncon corte al 10 de octubre de 2025, 477 personas presentaron acciones de\ntutela con ocasión de su exclusión del concurso de méritos en la subfase\ngeneral; de aquellas, (ii) se han emitido 40 decisiones a favor de los\nparticipantes [52] ; de esta manera, (iii) hay\n41 concursantes activos debido a fallos o medidas provisionales o cautelares\nadoptadas por los jueces de tutela. Además, (iv) las acciones de\ntutela se clasifican en dos grupos. El primero de ellos, que comprende los\nprocesos en que se demandan los resultados de la prueba de la subfase general\ndel IX Curso y se incluyen temas como informe psicométrico, solicitud de\nvideo o proctoring, formularios de preguntas, entre otros. El segundo grupo\nde acciones se interpusieron contra las decisiones judiciales que ordenaron\nel reingreso de tutelantes que habían reprobado el examen. Según las\naccionadas, tales decisiones desconocen los principios de mérito e igualdad\nfrente a otros discentes.\n\n42. Respuestas de las entidades del Estado con competencias legales y\nreglamentarias en las materias analizadas. Entre el 4 de septiembre y el 10 de octubre de 2025, las\nsiguientes entidades presentaron información a la Corte Constitucional: (i)\nla Agencia Nacional Digital [53] , (ii) la Unidad de Transformación Digital e\nInformática del Consejo Superior de la Judicatura [54] , (iii) el Ministerio de Tecnologías de la Información y de\nlas Comunicaciones [55] , (iv) el Ministerio de Justicia y del Derecho [56] , (v) el Departamento Administrativo de la Función Pública [57] , (vi) la Escuela Superior de Administración Pública [58] y (vii) el Ministerio\nde Ciencia, Tecnología e Innovación [59] .\n\n43. En su conjunto, los intervinientes expusieron que en Colombia no\nexiste una regulación específica sobre el uso de inteligencia artificial\ngenerativa en la administración pública, ni en la expedición de actuaciones\nadministrativas en general y tampoco en concursos de méritos. En ese orden,\naunque la IAgen ofrece beneficios en eficiencia y gestión en la toma de\ndecisiones administrativas, su análisis por parte de los operadores y los\njueces, sean estos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de la\nconstitucional, debe considerar vacíos normativos, riesgos en los derechos\nfundamentales y la aplicación de principios éticos y jurídicos básicos. Los\nargumentos principales se exponen enseguida:\n\nTabla\n10 . Argumentos de entidades estatales que integran la Rama\nEjecutiva\n\nArgumentos principales\n\n1.\nNo existe una\nregulación específica en la materia analizada. Aclararon que existen lineamientos generales (Marco Ético IAgen\n2021, CONPES 4144, Sentencia T-323 de 2024, Acuerdo PCSJA24-12243\nde 2024, entre otros ). Sin embargo, “en Colombia aún no existe una ley específica que\nregule la inteligencia artificial (IA), así como tampoco un protocolo\nespecífico sobre [su] uso en las entidades del Estado y, particularmente,\npara la adopción de decisiones o actuaciones administrativas” [60] . Expusieron que en el caso específico de concursos de\nméritos, “no hay regulación concreta sobre el uso de IA”. En ese orden,\nrecomendaron que “cualquier consideración sobre el uso de sistemas de IAgen\nen estos procesos se encuentre debidamente reglamentado y sea precedido por\nun análisis normativo, técnico y ético riguroso, y que se establezcan\ndirectrices claras que regulen su aplicación de manera responsable y\nequitativa” [61] .\n\n2. Beneficios de la IAgen en la adopción de actuaciones\nadministrativas. Expusieron\nque este tipo de tecnologías puede aportar diferentes beneficios a la\nadministración pública y al desarrollo de procesos de méritos a cargo del\nEstado, entre ellos: (i) mejorar la eficiencia\noperativa; (ii) optimizar procesos internos como la gestión documental\ny la ejecución de tareas repetitivas; (iii) facilitar la clasificación\ny análisis de grandes volúmenes de información; (iv) estandarizar\nflujos de trabajo y fortalecer la gestión en la seguridad de los datos y (v)\naportar al beneficio social al generar soluciones tecnológicas para problemas\nespecíficos, incrementando la eficiencia de la Administración .\n\n3. Desafíos y riesgos que enfrenta la Administración Pública para la implementación de la IA. Reseñaron, desde una perspectiva general y en el punto\nespecífico del uso de IAgen para argumentar respuesta en un concurso de méritos, los siguientes desafíos: (i)\nautenticidad y autoría, en tanto se podría cuestionar la autenticidad de las\nrespuestas presentadas, pues no reflejarían el conocimiento o capacidad de\nrazonamiento del órgano competente; (ii) transparencia y\nexplicabilidad, pues las respuestas generadas por IAgen pueden carecer de la\nclaridad y justificación adecuadas p ara la evaluación; (iii) conocimiento técnico, capacidad\ninstitucional y brechas tecnológicas, dada la falta de infraestructura y de\nrecursos para implementarla a nivel nacional y territorial, lo que generaría\nuna marcada desigualdad; (iv) vacíos operativos por la falta de un\nregistro nacional de modelos, de estándares de auditoría y de mecanismos de\ndenuncia, monitoreo y reporte de casos; y (v) los problemas\nrecurrentes de los grandes modelos de lenguaje natural (LLM): sesgos,\nalucinaciones, filtración de datos, opacidad, entre otros.\n\n4. Principios\nque deben regir para el uso de IAgen en la Administración Pública . En lo que se refiere al uso responsable y ético de la IAgen en\nla administración pública , las entidades resaltaron que las autoridades y los jueces\ndeben considerar un diseño “human-in-the-loop” (humano en el circuito) para\nlas decisiones relevantes y prever rutas efectivas para los administrados.\nEsto implica la existencia de un control y supervisión humano que aseguren: (i)\nlegalidad, (ii) transparencia y explicabilidad, (iii)\nprivacidad y protección de datos personales, (iv) voluntad de la\nAdministración y (v) responsabilidad y rendición de cuentas.\n\n44. Intervención de instituciones invitadas a emitir concepto sobre el\nacceso a cargos públicos y la motivación de actos administrativos mediante el\neventual uso de herramientas IAgen. Entre el 15 de septiembre y el 1° de octubre de 2025, rindieron\nconcepto ante esta Corporación: (i) la Universidad de los Andes [62] , (ii) Access Now para Latinoamérica [63] y (iii) la Universidad del Externado Colombia [64] . Los\nargumentos principales de los invitados se exponen en seguida:\n\nTabla 11. Intervenciones\nde instituciones invitadas a emitir concepto\n\nArgumentos\nprincipales\n\n1. Implicaciones éticas y jurídicas del uso de IAg en en\nel ejercicio de la función administrativa. Los intervinientes advirtieron varias limitaciones, riesgos\njurídicos y éticos del uso de IAgen. En particular, señalaron como limitante\nla dificultad u opacidad de dichos sistemas como cajas negras , en\nlos cuales se desconoce o es difícil entender cómo funcionan o cómo se llega a una respuesta. En el contexto específico del ejercicio de\nfunciones administrativas, señalaron una posible afectación a dos derechos\nfundamentales: (i) el debido proceso, pues no hay certeza del correcto\nfuncionamiento de la herramienta y no es fácil cuestionar o debatir sus\nresultados, y (ii) el derecho a la información, dada la imposibilidad\nde conocer el origen de los datos y comprobar su veracidad. Además, indicaron\nque las herramientas de IAgen pueden (i) generar “información no\nveraz” [65] o “alucinaciones” e n tanto se producen respuestas aparentemente correctas, pero que no\ntienen un sustento real; (ii) presentar baja calidad de las\nrespuestas; (iii) contener sesgos o imprecisiones. Ello constituye un riesgo\ncuando son usadas por entidades que ejercen funciones administrativas.\nTambién resaltaron la importancia de la privacidad y la protección de datos\nfrente al uso de IAgen. Bajo este marco, resaltaron la responsabilidad de las\nentidades en el manejo de información legal y de los datos personales y la\nnecesidad de realizar un análisis de impacto en materia de privacidad y propiedad\nintelectual.\n\n2. Impacto del uso de IAgen en la elaboración de actos\nadministrativos. De acuerdo con los intervinientes, el uso de IAgen para\nla elaboración de actos administrativos que requieran motivación o que\nimpliquen la revisión de situaciones jurídicas debe realizarse de manera\nresponsable, informada, crítica, segura y transparente, y en todo caso, deben\nrespetarse los principios constitucionales de la función pública [66] . Además, la respuesta que genere la herramienta debe ser\ncorroborada por el responsable de elaborar el acto administrativo, pues de lo\ncontrario, se podría vulnerar el principio de legalidad. Además, podría\nafectarse el principio de moralidad pública, ya que las respuestas de la\nIAgen no tienen la capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, lo\nbueno y lo malo, lo justo o lo injusto en cada caso concreto. En este\nsentido, si la autoridad motiva un acto administrativo con u n fundamento\nincorrecto o impreciso se comprometerían las expectativas legítimas que “la\nsociedad deposita en un servidor público” [67] . Por otro lado, las instituciones también señalaron que la\ntransparencia algorítmica [68] en el uso de IAgen es indispensable para garantizar derechos\nfundamentales como el debido proceso. Para ello, es necesario conocer cuál es\nel uso que los funcionarios le dan a los sistemas algorítmicos que fueron\ncreados para la toma de decisiones, así como la tecnología que usan.\n\n3. Impacto del uso de herramientas de IAgen en concursos de\nméritos. En\nparticular a los concursos de méritos, las herramientas de IAgen pueden\nresultar de gran utilidad para apoyar diferentes aspectos del proceso, tanto\ndel diseño del concurso (ej. diseño de pruebas) como de la implementación\n(ej. procesamiento de información). Además, otras herramientas de IAgen\nbasadas en técnicas de aprendizaje automático pueden contribuir a funciones\ntales como supervisar y evitar fraude cuando las pruebas se realizan de\nmanera remota. Lo anterior, siempre y cuando el sistema funcione de manera\nadecuada. Los intervinientes señalaron que estas ventajas se justifican\nsiempre y cuando: “ (i) las herramientas utilizadas\nse usen de forma ética, transparente y responsable por parte de entidades que\nejercen funciones administrativas; (ii) todas las personas que deban\nusarla se encuentren en igualdad de condiciones; y (iii) las entidades\nse aseguren de que no existió ningún tipo de falla durante su aplicación” [69] .\n\n4. Falencias\nde los detectores de IAgen. Las entidades concuerdan en que no existen herramientas\noficiales de la administración pública\npara la detección de IAgen en los procesos administrativos. Mencionaron\nherramientas como Justdone, Turnitin, GPTZero, y Copyleaks, pero advierten\nque su confiabilidad es limitada o baja, pues arrojan\nindicios basados en patrones estadísticos y estilísticos, pero no pueden\nasegurar con certeza el grado de participación humana o automática. En ese\norden, “distinguir entre creación autónoma de máquina y apoyo parcial no se\npuede hacer de manera confiable solo a partir del producto final. Los\ndetectores operan sobre el texto observable y no sobre el proceso de\nproducción. La determinación responsable requiere evidencias de proceso:\nhistorial de versiones, borradores intermedios, prompts, metadatos de\nedición, registros de control de versiones o cuadernos de trabajo”. S eñalaron que el medio más adecuado consiste en\narticular la buena fe del servidor para reportar el uso de IAgen con las\npolíticas de las entidades en donde se establezca la obligación de declarar\nel uso de herramientas generativas en la elaboración de documentos o en la emisión\nde actos administrativos, así como en la definición del alcance de\nintervención de la IA, por ejemplo, generar un borrador, revisar estilos o\nformas, elaborar resúmenes, etc.\n\n45. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación [70] y de\nla Defensoría del Pueblo [71] . Los\ndías 15 y 19 de septiembre de 2025, las entidades que conforman el Ministerio\nPúblico dieron respuesta al auto de pruebas.\n\n46. (i) La Procuraduría General de la Nación informó que no se\nencontraron registros de solicitudes, peticiones ni escritos relacionados con\nposibles amenazas a derechos fundamentales por el uso de herramientas de IAgen\nen decisiones administrativas.\n\n47. Por su parte, (ii) la Defensoría del Pueblo señaló que es\nnecesario regular el uso de inteligencia artificial en la administración\npública y concursos de méritos con el fin de proteger los derechos\nfundamentales y fortalecer el Estado Social de Derecho. En su intervención\nresaltó que la IAgen debe usarse (i) conforme a los principios de\nlegalidad, igualdad, transparencia y responsabilidad; (ii) bajo\nsupervisión humana —modelo human in the loop—; y (iii)\ngarantizando la transparencia algorítmica y previniendo sesgos\ndiscriminatorios. Además, indicó que la motivación de los actos administrativos\nno puede delegarse a la IA, sino que la decisión debe atribuirse al funcionario\npúblico y, en todo caso, deberá explicarse cómo intervino la IAgen y qué juicio\nhumano se validó aquella para garantizar el debido proceso y la responsabilidad\nadministrativa.\n\n48. Finalmente, (iv) solicitó a la Corte Constitucional que (i)\nreitere la adoptación de sistemas de IAgen en función administrativa bajo los\nprincipios constitucionales; (ii) disponga que las entidades garanticen\nla motivación de actos administrativos cuanto intervengan sistemas de IA; (iii)\nordene que en los concursos de méritos, los modelos algoritmos se acompañen de\ntrazabilidad metodológica, pruebas de validez y confiabilidad y análisis de\nsesgos; (iv) exija a las entidades la implementación de contrapesos\nefectivos, con explicaciones claras y mecanismos rápidos para corregir errores\ny registros que permitan auditorias algorítmicas; (v) inste a que la\nadopción de IAgen en el sector público tenga supervisión humana, y (vi) exhorte\na las entidades del Estado a crear mecanismos de participación ciudadana que\npermita auditar, comprender y cuestionar sistemas algorítmicos que puedan\nafectar derechos fundamentales.\n\n49. Intervenciones\nde terceros con interés [72] en sede de revisión. En relación con el régimen de intervención\nde terceros con interés, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 señala que\n“quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir\nen él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra\nquien se hubiere hecho la solicitud”. Sobre estos, la jurisprudencia\nconstitucional ha precisado que “las facultades para su actuación dentro del\ntrámite de tutela no son absolutas, sino que se limitan en principio a la\ncoadyuvancia”. Asimismo, ha señalado que la intervención debe: (i) presentarse\n“hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela” y\n(ii) estar relacionada “con las posiciones y pretensiones presentadas por el\naccionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular\npretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales” [73] .\n\n50. En el\nmarco del trámite de revisión de las acciones de tutela acumuladas se\npresentaron diversas intervenciones de participantes del IX Curso de Formación\nJudicial, quienes fueron vinculados por los jueces de instancia en calidad de\nterceros con interés. En las intervenciones, algunos de los participantes\nreiteraron varios de los argumentos presentados por los accionantes como\nerrores en la formulación de preguntas, uso presuntamente indebido, opaco y no\ntransparente de herramientas de inteligencia artificial e irregularidades en la\nejecución del concurso. Además, solicitaron dejar sin efectos la evaluación de\nla subfase general, suspender las subfases del curso, entre otras peticiones.\nTambién, otro grupo de intervinientes solicitó el rechazo de la acción de\ntutela, destacando que no es la vía idónea para revisar las pruebas del\nconcurso, y alegó que conceder el amparo podría afectar la confianza legítima\nde los discentes que superaron todas las etapas o subfases.\n\nII. CONSIDERACIONES\n\n1. Competencia\n\n51. La\nCorte Constitucional, a través de su Sala Segunda de Revisión, es competente\npara revisar los fallos de tutela seleccionados, con fundamento en los\nartículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.\n\n2. Cuestión previa: respuesta a las solicitudes de medidas\nprovisionales\n\n52. Solicitud de medidas provisionales. El 6\nde junio y el 14 de agosto de 2025, Carlos Libardo Bernal Pulido, en calidad de\napoderado judicial de Sandra Pérez Henao y otros 52 discentes del IX Curso de\nFormación Judicial, que obran como parte accionante en el expediente\nT-11.021.108, presentó dos solicitudes de medidas provisionales. La primera,\nconsistente en la inclusión urgente de los accionantes en la subfase\nespecializada del IX Curso, en las mismas condiciones que los discentes cuya\nnota de la subfase general fue aprobatoria. La segunda, referida a la\nsuspensión de las evaluaciones de la subfase especializada del IX Concurso de\nFormación Judicial o de la totalidad del concurso, hasta tanto se emita una\ndecisión de fondo en el presente trámite de tutela.\n\n53.\nComo fundamento de sus\nsolicitudes, el apoderado expuso un perjuicio irremediable a los derechos\nfundamentales al debido proceso y al acceso igualitario de sus\nrepresentados a cargos públicos. Alegó la intensa vulneración de los\nderechos fundamentales de los accionantes que representa. En relación con la pertinencia\nde las medidas, agregó que estas no generan un impacto económico ni logístico\npara las accionadas si son concedidas mientras el Curso esté en ejecución.\nAsimismo, el apoderado manifestó que existe una afectación grave y\ndesproporcionada a los derechos de los accionantes por su exclusión\ninjustificada, así como por los efectos que no se pueden retrotraer y que\npueden conllevar la continuidad del proceso sin su efectiva participación, ante\nerrores y fallas evidentes que no les son imputables.\n\n54. En ese\norden, reiteró que: (i) un dictamen pericial [74] concluyó que la prueba no cumplió con estándares de calidad, no\nse implementó un protocolo de revisión para garantizar los mínimos de\npertinencia y relevancia, y las preguntas se limitaron evaluar la memoria sobre\nlos textos, lo que no permite valorar la capacidad de los discentes; (ii)\nse presentaron preguntas elaboradas con base en la literalidad de los materiales\nde estudio no obligatorios; (iii) no se otorgó el mismo tratamiento a\nlos discentes respecto de la totalidad de preguntas identificados como\n“altamente difíciles”, pues aun cuando la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla\nllegó a la conclusión de reconocer los aciertos de ciertas preguntas, se\nregistran inconsistencias y desigualdad en su reconocimiento y ponderación.\nAdicionalmente, allegó pruebas documentales, entre las que se incluyen:\ninformes sobre (i) el uso de inteligencia artificial en la resolución de\nlos recursos sobre la calificación [75] y (ii) análisis psicométrico\nsubfase general, así como, “la metadata” del informe y respuestas emitidas por\nlas entidades accionadas a solicitudes presentadas por los accionantes. Desde\nsu perspectiva, estos argumentos demuestran la viabilidad, proporcionalidad y\npertinencia de las medidas provisionales en este asunto para evitar daños\nmayores más graves [76] .\n\n55. Presupuestos\npara el decreto de una medida provisional en sede de tutela . La Corte Constitucional, en múltiples\npronunciamientos, se ha referido a la naturaleza de las medidas provisionales\nen el trámite de una acción de tutela y a sus requisitos [77] .\nAl ser una prerrogativa excepcional que otorga un margen amplio de actuación al\njuez de tutela, la jurisprudencia constitucional, al menos desde 2018 [78] ,\nsistematizó tres requisitos para su decreto. Ello con el propósito de que\ndichas medidas se encuentren debidamente sustentadas y su uso sea razonable,\nresponsable y justificado [79] . Estos requisitos son: (i)\nvocación aparente de viabilidad (fumus boni iuris) [80] ,\n(ii) riesgo probable (periculum in mora) [81]\ny (iii) proporcionalidad de la medida [82] .\nEn todo caso, el decreto de las medidas provisionales es excepcional,\nrazón por la cual el juez de tutela debe velar porque su determinación sea “ razonada,\nsopesada y proporcionada a la situación planteada ” [83] .\n\n56. En principio, la facultad de adoptar medidas provisionales está\nhabilitada hasta antes de dictar sentencia, puesto que al momento del fallo lo\nque corresponde es determinar es si la medida se mantiene o, por el contrario,\ndebe ser revocada. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que la\nsolicitud de medidas provisionales puede ser analizada dentro de la propia\nsentencia cuando se estima más adecuado emitir una decisión definitiva que\nresolver la solicitud de medida provisional, la cual por demás ha sido resuelta\nen sede de instancia. Al respecto, la jurisprudencia ha contemplado situaciones\nen las que las medidas han sido decididas en la sentencia que resuelve de\nmanera definitiva el asunto, por ejemplo, en los fallos T-103 de 2018, T-116 de\n2023 y T- 302 de 2025.\n\n57.\nEn dichas\nprovidencias, la Corte ha precisado los siguientes criterios relevantes para\nevaluar de este tipo de medidas provisionales al momento de proferirse la\nsentencia: (i)\nceleridad y urgencia , esto es, cuando la Sala dispone de los elementos de juicio\nsuficientes para concluir, en el contexto del caso, que resulta más adecuado\nuna decisión definitiva que decretar una medida provisional [84] ;\n(ii)\neconomía procesal y prevalencia del derecho sustancial, en la medida en que no se\njustifica resolver de manera separada una petición previa que, en todo caso,\nserá decidida en el fallo [85] ; y (iii) necesidad de un análisis integral y\nactualizado del caso, por ejemplo, cuando las peticiones incorporan hechos o\nelementos del fondo del caso que exceden los inicialmente planteados en la\ntutela, o cuando existe un cambio significativo en las circunstancias del\nasunto [86] .\n\n58. La Sala\nestima que en el caso procede un análisis de la medida en la presente decisión.\nD ado que la jurisprudencia\nde esta Corte ha dispuesto como excepcionalmente válido decidir la medida al\nmomento de emitir la sentencia definitiva, en esta oportunidad la Sala\nconsidera apropiado resolver tal cuestión en\nel estudio del fallo, efectuando un examen integral y actualizado de los\nexpedientes acumulados, a fin de garantizar una decisión adecuada, ajustada a\nlos estándares constitucionales y jurisprudenciales vigentes y respetuosa de\nlos principios de prevalencia del derecho sustancial, economía,\nceleridad y eficacia.\n\n59. En esta\nocasión, la Sala considera pertinente adoptar está determinación con fundamento\nen tres razones principales: (i) se cuenta con los elementos de juicio\nnecesarios para preferir una decisión definitiva, en la medida en que las\nsolicitudes de medidas provisionales, tanto la inclusión de los accionantes en\nel IX Curso de Formación Judicial y la suspensión del proceso de evaluación, se\nsoportan en un debate estrechamente vinculado con el fondo del asunto; (ii) en\nvirtud de los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía\nprocesal y eficacia, no resulta justificado resolver de manera separada y\nprovisional la situación de algunos accionantes, sino privilegiar una decisión\npronta y ajustada a la situación de la totalidad de los accionantes en los ocho\nexpedientes acumulados; y (iii) las peticiones del apoderado exigen un\nanálisis integral, actualizado y suficiente del estado y los avances de la\nConvocatoria n.° 27 de la Rama Judicial que excede el marco inicialmente\nplanteado en la tutela y, por lo tanto, se estima apropiado estudiarlas con la\nsentencia definitiva.\n\n3. Análisis sobre la procedencia de la acción de tutela\n\n60. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional\ncontinuará con el examen formal de procedencia de las acciones de tutela, el\ncual se adelantará de manera conjunta. Ello obedece, como se dijo, a la\nnecesidad de mantener una coherencia con la lógica de los antecedentes, puesto\nque las controversias planteadas por los accionantes comparten ejes que exigen\nun análisis correlacionado respecto de la parte accionada.\n\n3.1. Las acciones de tutela cumplen con el requisito de legitimación en\nla causa por activa\n\nTabla 12 . Análisis\nde la legitimación en la causa por activa\n\nRequisito\n\nCumple/No\ncumple\n\nLegitimación en la causa por\nactiva\n\nSe cumple .\nLos artículos 1° y 10° del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de\ntutela puede ser ejercida por cualquier persona, por sí misma, por quien\nagencie sus derechos, por los defensores públicos o través de representantes.\nRespecto de estos últimos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que\nopera el derecho de postulación en materia de tutela cuando se demuestre: (i)\nel apoderamiento judicial mediante un acto jurídico formal que se presume\nauténtico; (ii) la existencia de un poder especial para la\npresentación de la acción de tutela, puesto que se confiere para la\nprotección y defensa de derechos fundamentales en un escenario específico; y,\nadicionalmente, (iii) el destinatario del poder otorgado acredite su\ncalidad de profesional del derecho, habilitado con tarjeta profesional.\nAdemás, siguiendo el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022 [87] ,\nlos poderes pueden conferirse mediante mensajes de datos y no requieren de\nninguna presentación personal o reconocimiento.\n\nEn los ocho expedientes acumulados se cumple el\nrequisito de legitimación en la causa por activa. En los expedientes\nT-10.892.442, T-10.914.949, T-10.918.114, T-10.957.608, T-10.973.777,\nT-11.062.918 y T-11.083.609 las acciones de tutela fueron ejercidas\ndirectamente por siete personas que consideraron vulnerados sus derechos\nfundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos\npúblicos y al derecho de petición, entre otros. Estas personas, además de\nacreditar la titularidad de los derechos fundamentales, demostraron su\nparticipación en el IX Curso de Formación Judicial (ver, antecedente 12).\n\nPor su parte, la acción de\ntutela T-11.021.108 fue interpuesta por intermedio de apoderado judicial, en\nrepresentación de 53 titulares de los derechos fundamentales alegados (ver,\nantecedente 12 y pie de página 17). Mediante la acción de tutela el abogado (i)\nallegó los actos jurídicos mediante los cuales cada titular, mediante mensaje\nde datos, le confirió poder especial para presentar la acción de tutela, los\ncuales, según la jurisprudencia constitucional, el artículo 10 del Decreto\n2591 de 1991 y la Ley 2213 de 2022, se presumen auténticos. También, (ii) el\napoderado allegó copia de su tarjeta profesional de abogado, la\nque se encuentra vigente. Adicionalmente, los representados acreditaron su\nparticipación en el IX Curso de Formación Judicial y alegan la vulneración de\nderechos fundamentales, por lo que concurren plenamente los requisitos de\ntitularidad y afectación directa, en términos equiparables a los demás expedientes.\n\n3.2. Las acciones de tutela satisfacen el requisito de legitimación en\nla causa por pasiva\n\nTabla 13. Análisis\nde la legitimación en la causa por pasiva\n\nRequisito\n\nCumple/No\ncumple\n\nLegitimación en la causa por\npasiva\n\nSe cumple . De\nacuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 5° del Decreto 2591 de\n1991, la afectación de un derecho fundamental puede provenir de la acción u\nomisión de cualquier autoridad del Estado y, excepcionalmente, de los\nparticulares cuando estén encargados de la prestación de un servicio público.\nEn lo que se refiere a particulares que se integran en uniones temporales o\nque participan en concursos públicos, la Corte Constitucional ha admitido la\nprocedencia excepcional de acción de tutela, considerando que puede tratarse\nde (i) particulares en ejercicio de funciones públicas [88]\no (ii) respecto de actuaciones desplegadas por aquellos que se\nencuentran estrechamente vinculadas a la posible vulneración de los derechos\nfundamentales que se alegan [89] . En los asuntos que ahora conoce\nla Sala, las accionadas están legitimadas en la causa por pasiva, por los\nmotivos que se exponen en seguida.\n\nEn primer lugar,\nla Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se encuentra legitimada en la causa\npor pasiva, dado que se trata de una unidad adscrita a la Sala Administrativa\ndel Consejo Superior de la Judicatura, que ejerce funciones relacionadas con\nlas causas que dieron lugar a la interposición de las acciones de tutela [90] .\nDe conformidad con los Acuerdos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y el Acuerdo\nPCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, la Escuela tiene bajo su\nresponsabilidad el desarrollo de las actividades de inscripción,\nimplementación, evaluación, notificación y publicación de los resultados del IX\nCurso de Formación Judicial. Igualmente, le corresponde resolver cada una de\nlas solicitudes de exoneración y homologación, así como los recursos\nadministrativos que se presenten contra los puntajes obtenidos en cada una de\nlas fases. En consecuencia, tiene a su cargo el desarrollo de las fases\ngeneral y especializada que discuten los accionantes. Además, es la autoridad\nque profirió las decisiones administrativas objeto de controversia. En\nparticular, la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, así como\ncada uno de los actos administrativos referidos a los 59 accionantes que\nresolvieron los recursos de reposición (ver, anexo n.° 2.).\n\nEn segundo lugar, la Unión\nTemporal del IX Curso de Formación Judicial también está legitimada en la\ncausa por pasiva. Ello, en virtud del Contrato CO1.PCCNTR.1240112\nde 2019, cuyo objeto es: “ el diseño,\nestructuración académica y desarrollo en modalidad virtual y presencial del IX\nCurso de formación Judicial”. De acuerdo con lo anterior, le correspondió a\nesa Unión el diseño formativo para la subfase general y la especializada, la\nestructuración de los contenidos académicos y de las evaluaciones de cada\nactividad, así como dar respuesta a requerimientos que realiza la Escuela\nJudicial. Dicho objeto está directamente relacionado con las omisiones y\nacciones que los accionantes alegan, tales como los problemas generales del\nproceso de evaluación y las discusiones sobre la validez y confiabilidad\ntécnica de las preguntas, aspectos que -según los actores- impactan\ndirectamente la garantía de sus derechos fundamentales. En consecuencia, aun\ncuando la Corte ha sostenido que la acción de tutela contra particulares solo\nprocede en eventos excepcionales. En el presente caso la legitimidad se\nverifica por la calidad de contratista de una entidad estatal, que actúa como\noperador logístico de la Administración en la ejecución de una función\npública, razón por la cual sus actuaciones están vinculadas directamente con\nla presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados y pueden ser\nanalizadas en sede de tutela.\n\nPor\núltimo, el Consejo Superior de la Judicatura está legitimado en la causa por\npasiva, toda vez que, según el parágrafo del artículo\n162 de la Ley 270 de 1996, es la autoridad encargada de reglamentar la forma,\nclase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas del\nproceso de selección para el ingreso a cargos de la carrera judicial.\nAsimismo, el artículo 164 de la misma normativa señala que le corresponde\ndeterminar de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de\nlas etapas, y señalar los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas\nque conforman la primera etapa. En consecuencia, a su cargo están varios de\nlos reclamos de los accionantes, los cuales están relacionados con la\nestructura de la Convocatoria n.° 27 a su cargo, y las eventuales órdenes a\nadoptarse según el marco de pretensiones formuladas por los actores (ver,\nantecedentes 21), lo cual lo convierte en un sujeto necesario frente a las\nmismas.\n\n3.3. Las acciones de tutela cumplen con el requisito de inmediatez\n\nTabla 14. Análisis\ndel requisito de inmediatez\n\nRequisito\n\nCumple/No\ncumple\n\nInmediatez\n\nSe\ncumple . La inmediatez como requisito de procedibilidad implica que la\nacción de tutela debe presentarse dentro de un plazo razonable, contabilizado\na partir de la última actuación u omisión que genera presuntamente la\nvulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados. De esta forma,\nel amparo responde a la exigencia constitucional de ser un instrumento de\naplicación inmediata y urgente de cláusulas iusfundamentales.\n\nComo se explica en detalle\nen los antecedentes, los 60 accionantes controvierten una secuencia de hechos\nocurridos durante la subfase general del IX Curso de Formación Judicial, que\ninicia con la suscripción del Acuerdo\nPCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y culmina con la\ndecisión de los recursos de reposición interpuestos contra los actos\nadministrativos particulares. En concreto, los accionantes cuestionan actos y\nomisiones relacionados con: (i) la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de\njunio de 2024, a través de la cual se publicaron los resultados de la subfase\ngeneral y los excluyeron del concurso. Además, como última actuación\nregistrada por los accionantes antes del recurso de amparo, discuten (ii)\nlos actos administrativos particulares emitidos por la Escuela Judicial al\nresolver los recursos de reposición, expedidos entre 28 de octubre y el 7 de\nnoviembre de 2024.\n\nDesde la última actuación\nque los accionantes consideran como vulneradora de sus derechos\nfundamentales, la Sala Segunda de Revisión constata el cumplimiento del\npresupuesto de inmediatez. Lo anterior, porque entre la fecha en que se\nresolvió cada recurso de reposición en cada uno de los casos y el día en que\nse interpuso la respectiva acción de tutela, no transcurrió -según consta en\nlas actas de reparto- un lapso superior a 30 días, tiempo que se considera\nclaramente razonable.\n\nEn el caso de Christian\nMedina Rojas, uno de los accionantes del expediente T-11.021.108, quien no\ninterpuso recurso de reposición contra el acto administrativo que publicó las\ncalificaciones de la subfase general del IX Curso, la Sala tomará como hecho\nvulnerador la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024. En este sentido,\ndado que la acción de tutela fue radicada el 28 de noviembre de 2024, se\ncumple con el requisito de inmediatez, pues entre ambos eventos\ntranscurrieron 5 meses y 7 días, lo que es un término igualmente razonable.\n\nSi bien el 29 de octubre de\n2024, antes de interponer la acción de tutela, el actor presentó el medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución n.°\nEJR24-298 del 21 de junio de 2024, ello no implica que dicho plazo opere como\nun límite para realizar el examen del requisito de inmediatez. De acuerdo con\nlo previsto por la jurisprudencia, el requisito de inmediatez debe analizarse\nde acuerdo con las circunstancias particulares y bajo un criterio de\nrazonabilidad propio de la acción de tutela [91] . Por lo tanto, aunque el término\nde caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4\nmeses, dicho término resulta relevante para efectos de acudir al juez de lo\ncontencioso administrativo, pero no afecta ni reduce la razonabilidad\ntemporal de la acción de tutela.\n\nEn el caso de aquel actor es\nimportante resaltar que la acción de tutela se presenta para proteger una\npresunta vulneración actual de sus derechos fundamentales, originada por su\nexclusión del concurso de méritos correspondiente a la Convocatoria n.° 27 de\nRama Judicial, el cual aún se encuentra activo. Asimismo, la interposición de\nla acción encuentra justificación en tanto busca garantizar la continuidad\ndel accionante en el IX Curso de Formación Judicial y, según alega el actor,\nevitar un perjuicio irremediable, lo cual resulta razonable. Además, no puede\nignorarse que se trata de una acción de tutela presentada por 52 actores,\nrespecto de los cuales la exposición de hechos requiere tiempo para su\nacumulación y análisis.\n\n3.4. Las\nacciones de tutela no cumplen el presupuesto de subsidiariedad\n\n61. De acuerdo con los alegatos expuestos por los accionantes y las\nreglas construidas por la Corte Constitucional, la Sala Segunda de Revisión de\nTutelas concluye que las acciones de tutela presentadas por 60 participantes\ndel IX Curso de la Rama Judicial contra la Escuela Judicial\nRodrigo Lara Bonilla, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal\nFormación Judicial 2019, resultan improcedentes por incumplir con el\npresupuesto de subsidiariedad.\n\n62. La Sala Segunda de Revisión llega a esta conclusión al constatar\nque: (i) la jurisprudencia constitucional ha consolidado, de manera\nreiterada y uniforme, la regla general según la cual la acción de tutela es\nimprocedente para controvertir actos administrativos, sean de carácter general\no particular. (ii) Esta regla general se extiende a los actos\nadministrativos de trámite que disponen la exclusión de participantes en\nconcursos públicos puesto que, al definir situaciones jurídicas concretas,\ndeben ser controvertidos por el medio de control de nulidad y restablecimiento\ndel derecho.\n\n63. De forma excepcional, la jurisprudencia constitucional ha admitido\nla procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, con ello,\nrespecto de actos de trámite en el marco de concursos públicos. Sin embargo, en\nesta oportunidad, la Sala considera que ninguno de los escenarios de debate\nalegados por los accionantes demuestra circunstancias excepcionales que\njustifiquen el conocimiento directo del juez de tutela y, con ello, el\ndesplazamiento de las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\nLos accionantes no cumplieron con la carga argumentativa necesaria para\ndemostrar la habilitación de la justicia constitucional. Al contrario, los actos administrativos debatidos cuentan con presunción\nde legalidad y actualmente los accionantes discuten dichos actos ante la\njurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de\nnulidad y restablecimiento del derecho, lo cual exige valorar de manera\nestricta la procedencia de la acción de tutela.\n\n64. (iii) El primer escenario, relacionado con cuestionamientos generales y\nespecíficos del proceso evaluativo, se refiere a asuntos propios del control de\nlegalidad, que exceden la competencia del juez de tutela. (iv) El\nsegundo escenario, relativo al uso de herramientas de inteligencia artificial\ngenerativa en la elaboración de actos administrativos, aun cuando resulta\nnovedoso y con posible incidencia en la efectividad de derechos, no habilita de\nforma automática la intervención del juez de tutela, ni neutraliza el carácter\nsubsidiario de la acción de tutela, cuyo conocimiento sigue siendo excepcional\ny depende del análisis de disponibilidad y suficiencia del medio ordinario. El\nengranaje institucional previsto en la Carta Política de 1991 lleva a concluir\nque le corresponde al juez contencioso administrativo, como autoridad\nespecializada en la materia, evaluar los impactos de las tecnologías emergentes\nen la producción de los actos administrativos, mediante la observancia\ncorrelacionada del principio de legalidad y la satisfacción efectiva de los\nderechos involucrados. (v) El tercer escenario plantea discusiones sobre\nel cumplimiento de los requisitos contenidos en la Convocatoria n.°27,\nigualmente atribuibles al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo.\n\n65. Por último, (vi) tampoco se acreditó un perjuicio\nirremediable que ameritara un conocimiento urgente y transitorio del juez de\ntutela. En esta oportunidad, la Sala hace énfasis en que la celeridad propia de\nlos concursos de mérito no se traduce per se en la configuración de un\nperjuicio irremediable, puesto que su constatación depende de la acreditación\nde criterios objetivos y verificables que no se demostraron en los casos objeto\nde examen. A continuación, la Sala pasa a explicar cada una de estas razones.\n\n3.4.1. La\nacción de tutela es, por regla general, improcedente para controvertir actos\nadministrativos de carácter general o particular\n\n66. De\nforma reiterada y uniforme, la Corte Constitucional ha establecido una regla\ngeneral según la cual los medios de control dispuestos ante la jurisdicción de\nlo contencioso administrativo son el medio idóneo y eficaz para controvertir el\nalcance y contenido de los actos administrativos de carácter general y\nparticular [92] .\n\n67. Esta\nCorporación ha sostenido que el diseño constitucional previsto por el\nconstituyente es claro en establecer, a partir de la interpretación de los\nartículos 86 y 241.9 superiores, así como conforme lo dispuesto en el Decreto\n2591 de 1991, que la acción de tutela procede cuando el afectado no disponga prima\nfacie de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. De esta manera, se\ngarantiza que la acción de tutela conserve su naturaleza eminentemente\nsubsidiaria o supletoria. Asimismo, el artículo 237 de la Constitución\nestablece que corresponde al Consejo de Estado ejercer las funciones de\ntribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de\nacuerdo con las reglas fijadas por el legislador (núm. 1).\n\n68. En lo\nque se refiere a los debates sobre el contenido y alcance de actos\nadministrativos, de carácter general o particular, esta Corte ha señalado que,\nen principio, el legislador ha diseñado mecanismos que resultan idóneos y\nefectivos para la contradicción de las actuaciones de la administración.\nEstos mecanismos no solo permiten un control integral sobre los actos\ncuestionados, sino que están diseñados de tal manera que facilitan la práctica\namplia de pruebas y la posibilidad de definición de diferentes situaciones\njurídicas. No solo resuelven la eventual nulidad de tales actos de la\nAdministración, sino que tienen un alcance que se proyecta al restablecimiento\nefectivo de los derechos o la indemnización de los perjuicios por los daños\ncausados. Además, como consecuencia de la transversalización del derecho\nconstitucional, todas las decisiones judiciales y administrativas tienen a su\ncargo incorporar un grado preferente de protección de los derechos fundamentales,\ncomo concreción del principio de eficacia de aquellos.\n\n69. Sobre\nlos actos de carácter general, por regla general, el medio de control de\nnulidad (artículo 137 del CPACA) se proyecta como un mecanismo adecuado e\nintegral para que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un acto que\nconsidera inválido por contrariar la Constitución o las leyes. Igualmente, el\nmedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el\nartículo 138 del CPACA, se dispone, en principio, como un mecanismo de control\nprincipal y definitivo, de naturaleza subjetiva e individual, por medio del\ncual las personas pueden solicitar la nulidad de los actos administrativos por\nsu inconstitucionalidad o ilegalidad y, como consecuencia de ello, demandar el\nrestablecimiento de sus derechos [93] .\n\n70. En\nconsecuencia, la persona que estime que un acto administrativo de carácter\ngeneral o particular afecta sus derechos constitucionales, fundamentales o\nlegales, no está desprovista de mecanismos jurisdiccionales ordinarios. Por\nello, debe cumplir con una carga argumentativa reforzada para desvirtuar la\npresunción de legalidad de dichos actos, desplazar al juez natural y habilitar\nexcepcionalmente la intervención del juez constitucional. De hecho, la\njurisprudencia de esta Corporación ha considerado que tales medios disponen de\nun régimen robusto de garantías, como sucede con la posibilidad que tiene el\ndemandante de solicitar, desde la formulación de la demanda y en cualquier\nestado del proceso, la adopción de medidas cautelares. Así, ante la eventual\ndemora en la decisión de fondo, las partes pueden solicitar la adopción de\ntales medidas transitorias con la finalidad de asegurar una protección\nprovisional de sus derechos mientras se resuelve de fondo el asunto.\n\n71. El\nartículo 229 del CPACA establece que el juez o magistrado competente podrá\ndecretar cualquier medida que considere necesaria para proteger y garantizar el\nobjeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Además, el artículo 230 de\nla misma norma prevé la posibilidad de ordenar la suspensión de un acto,\nprocedimiento o actuación administrativa que se acuse, ordenar la adopción de\nuna decisión administrativa específica, incluso, impartir a cualquiera de las\npartes del proceso obligaciones de hacer o no hacer [94] .\nTambién, el artículo 233 dispone que “[l]a medida cautelar podrá ser\nsolicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del\nproceso”. Y el CPACA, en su artículo 234, contempla medidas cautelares de\nurgencia, las cuales deberán ceñirse a un procedimiento o trámite abreviado.\n\n72. Como\nconsecuencia de la existencia de estos medios de control, la Corte\nConstitucional ha declarado la improcedencia de las solicitudes de amparo que\npretenden controvertir actos administrativos de carácter general y particular\npendientes de decisión por parte de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo [95] . Esta Corte ha insistido en que el\ncarácter subsidiario del mecanismo constitucional proscribe que este se\nsuperponga o suplante al medio de control ordinario y a la competencia que el\njuez administrativo tiene para decidir acerca de la legalidad de los actos\nsometidos a su conocimiento [96] . Además, ha considerado que dichas\nactuaciones están revestidas con la presunción de legalidad, en virtud de la\ncual se tiene que la Administración actuó única y exclusivamente en\ncumplimiento de las disposiciones legales en vigor. En consecuencia, la\npresunción de legalidad exige una valoración estricta de la procedencia de la\nacción de tutela, pues se parte del reconocimiento de la validez jurídica de\nlos actos de la Administración hasta que no exista prueba de su ilicitud [97] .\n\n73. En\nesta oportunidad, la discusión se plantea sobre distintos actos administrativos\ndictados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en el marco de la Convocatoria\nn.° 27 para proveer cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial. Por un\nlado, respecto de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024 “por\nmedio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso\nde Formación Judicial Inicial”. Prima facie , se trata de un acto\nadministrativo de carácter particular [98] en la medida en que crea, modifica o\nextingue situaciones jurídicas de personas identificables. En este caso, dichas\nsituaciones se refieren a la continuación o exclusión de los participantes\ndentro del IX Curso. Por el otro, en relación con las 59 resoluciones que\nresolvieron de forma particular e individual los recursos de reposición.\n\n74. Respecto\nde estos actos administrativos, y de conformidad con el precedente\nconstitucional expuesto, la Sala Segunda de Revisión considera que las\npretensiones formuladas por los actores, así como los tipos de actos que\ndemandan, no escapan de la regla general de improcedencia de la acción de\ntutela respecto de actos administrativos. En ese orden, los mecanismos\njudiciales previstos por el legislador corresponden en principio a aquellos\ncontemplados para conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo y no de la justicia constitucional.\n\n3.4.2. Los\nactos administrativos de trámite que disponen la exclusión de participantes en\nconcursos públicos deben ser controvertidos mediante el medio de control de\nnulidad y restablecimiento del derecho\n\n75. Tanto la Corte Constitucional [99] como el Consejo de Estado [100]\nhan manifestado que, en lo relativo a la discusión específica relacionada con\nlos actos administrativos de trámite dictados en el marco de\nconcursos públicos, —en particular, aquellos que definen situaciones\njurídicas individuales, como sucede con la exclusión de un participante—, la\nacción idónea y eficaz para controvertirlos es el medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho.\n\n76. En el ordenamiento jurídico colombiano los actos administrativos\nse clasifican igualmente en actos administrativos definitivos y de trámite. De\nacuerdo con el artículo 43 del CPACA, los actos administrativos definitivos son\naquellos que deciden “directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan\nimposible continuar la actuación”, es decir, a través de estos actos la\nAdministración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Por su parte,\nlos actos de trámite son aquellos en los que no existe una manifestación\nexplícita de voluntad por parte de aquella, sino que se consideran como\nactuaciones preparatorias para una decisión futura [101] .\n\n77. En el escenario puntual de los concursos de mérito esta distinción\nentre actos definitivos y de trámite ha servido para sustentar un criterio\njurisprudencial relevante. En efecto, tanto el Consejo de Estado como la Corte\nConstitucional han considerado que los actos administrativos que se dictan\ndentro de un concurso de méritos son, por regla general, actos de trámite. La\njurisprudencia ha afirmado que el único acto definitivo dentro de un concurso\nde méritos es aquel que fija la lista de elegibles [102] .\n\n78. Esta regla jurisprudencial ha incidido directamente en la\ndeterminación de la jurisdicción para que los afectados cuestionen los actos\nadministrativos proferidos en el marco de concursos de méritos. Desde tiempo\natrás, el Consejo de Estado ha sostenido, a título de regla general que, dentro\nde estos procesos, los actos preparatorios, de trámite o de mera ejecución,\nesto es, aquellos que impulsan o preparan la actuación administrativa y que\nanteceden a la decisión definitiva sobre la lista de elegibles, no son\nsusceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [103] .\n\n79. Ahora bien, y producto de la diversidad y complejidad de los actos\nadministrativos emitidos en el marco de un concurso público de méritos, más\nrecientemente, el Consejo de Estado ha reconocido que cuando se trate de\naquellos actos de trámite que impiden al aspirante continuar su participación\ndentro del concurso público, estos deben entenderse, para la persona afectada,\ncomo actos que definen su situación jurídica concreta [104] .\nAl respecto, el órgano de cierre en materia administrativa ha precisado que “el\nque un acto sea definitivo, no depende siempre de hallarse situado en el final\ndel trámite, pues puede ser que cierre un ciclo autónomo de la actuación\nadministrativa claramente definido y que como tal pueda ser impugnado” [105] .\nEn consecuencia, dicho acto que definió la situación particular de una persona\npuede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por\nel medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el\nartículo 138 del CPACA.\n\n80. Por su parte, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-067 de\n2022 unificó las subreglas aplicables al examen de los actos administrativos de\ntrámite dictados en el contexto de los concursos de mérito, precisando el\nalcance de la acción de tutela y su relación con los medios de control a cargo\nde la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\n\n81. En primer lugar, la Corte Constitucional puntualizó que,\naun cuando determinados actos de trámite no son susceptibles de control ante la\njurisdicción de lo contencioso administrativo —como ocurre con aquellos de\ncarácter preparatorio o de mera ejecución, dictados antes de la conformación de\nla lista de elegibles—, ello no implica que la acción de tutela proceda de\nforma automática y en todos los casos para controvertirlos.\n\n82. La Corte Constitucional expuso aquel criterio argumentando que la\nacción de tutela no puede ser interpretada de modo que obstruya el avance y la\nconclusión de las actuaciones administrativas, pues “de ninguna manera se trata\nde extender la tutela a los actos de trámite o preparatorios, hasta el extremo\nque se haga un uso abusivo de ella, con el propósito de impedir que la\nadministración cumpla con la obligación legal que tiene de adelantar los\ntrámites y actuaciones administrativas” [106] . Además, a la luz de la\ninterpretación sostenida por el Consejo de Estado, el control judicial de los\nactos preparatorios y de trámite se ejerce mediante la revisión del acto\ndefinitivo que concluye la actuación administrativa. Tales actos usualmente\nsolo buscan impulsar el procedimiento y rara vez implican decisiones\nsustanciales capaces de afectar directamente los derechos de los administrados [107] .\nPor lo tanto, esta circunstancia sobre los actos de trámite no modifica la\nregla general de improcedencia de la acción de tutela contra actos\nadministrativos, sean de carácter general o particular.\n\n83. En segundo lugar, “la acción de tutela instaurada contra actos de\ntrámite, aprobados con ocasión de un concurso de méritos, solo procede de\nmanera excepcional , cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de\ndefinir una situación especial y sustancial dentro de la actuación\nadministrativa ” [108] . Esto ocurre, por ejemplo, con el\nacto que modifica, altera o suprime la realización de una etapa o fase del\nconcurso y que tiene efectos sobre la totalidad de los concursantes. En estos\ncasos, la acción de tutela se erige como el mecanismo procedente, en la medida\nen que no existe un medio judicial ordinario. Así, el juez constitucional\núnicamente es competente para conocer de estos actos de trámite en los\nconcursos públicos cuando, dado el contexto del caso y en las condiciones\nparticulares expuestas, el acto incide de forma real, significativa y directa\nen la vulneración y amenaza de derechos fundamentales.\n\n84. En la Sentencia SU-067 de 2022, la Corte Constitucional reiteró la\nregla general según la cual la acción de tutela no procede para controvertir\nactos administrativos adoptados en concursos de méritos. Además, reconstruyó\nlos supuestos en los que la jurisprudencia constitucional ha reconocido dos\nexcepciones aplicables a los actos administrativos que admiten la procedencia\nde la competencia del juez de tutela [109] . Dichas reglas fijadas por la jurisprudencia\nse sintetizan a continuación a partir de su relevancia para el caso concreto:\n\nTabla 15 . Subreglas\nde la tutela respecto de actos administrativos en concursos públicos\n\nRegla\ngeneral de improcedencia y excepciones para la tutela\n\nImprocedencia general de la\nacción de tutela respecto del acto administrativo definitivo o de aquellos de\ntrámite que definen situaciones jurídicas concretas, salvo que se presente\nuno se los siguientes supuestos: (i) se formule un problema constitucional\nque desborde las competencias del juez administrativo o (ii) se configure un\nperjuicio irremediable.\n\nEn\nel caso del acto administrativo que conforma la lista de elegibles y aquellos\nde trámite que definen situaciones jurídicas concretas, como la exclusión de\nun participante, tales se constituyen en actos administrativos definitivos,\npor regla general, susceptibles de control principal y directo ante la\njurisdicción de lo contencioso administrativo. Solo de manera excepcional\nserán de conocimiento del juez de tutela, cuando (i) se plantee un problema\nde naturaleza constitucional que desborde las competencias del juez\nadministrativo o (ii) se busque evitar la consolidación de un perjuicio\nirremediable.\n\nPrimera\nexcepción: cuando el problema constitucional desborde el marco de\ncompetencias del juez administrativo: La acción de tutela puede ser admisible\ncuando el planteamiento del caso revela un problema de significativa\ntrascendencia constitucional que desborda la competencia del juez\nadministrativo y, con ello, se desvirtúa la eficacia e idoneidad del medio\nordinario. Es decir, no se advierte que el juez contencioso cuente con la\nidoneidad, experticia o conocimiento para conocer del debate que resulta un\nasunto principalmente constitucional [110] .\n\nImprocedencia general de la\nacción de tutela respecto de los actos administrativos de mero trámite,\npreparatorios o de ejecución en concursos públicos que no tienen una vía\nordinaria, a menos que exista una situación especial, sustancial, real,\nsignificativa y concreta de afectación a los derechos fundamentales\n\nCuando\nse trata de actos administrativos de trámite en concursos de mérito que, por\nregla general, no cuentan con un mecanismo ordinario de control, la vía\nidónea es demandar el acto definitivo ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo.\n\nSolo\nde manera excepcional procede la acción de tutela frente a dichos\nactos, siempre que se demuestren los siguientes presupuestos: “ (i) que\nla actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya\nconcluido; ( ii) que el acto acusado defina una situación\nespecial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y ( iii) que\nocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional\nfundamental” [111] .\n\n85. En\nesta oportunidad, valorar la procedencia de la acción de tutela implica\nreconocer que (i) el conflicto surge a partir de la exclusión del\nconcurso de méritos de 60 personas que no alcanzaron el puntaje mínimo exigido\npara continuar en el concurso de méritos en la Rama Judicial; (ii) su\nobjeto es la protección de un conjunto amplio de derechos y principios\nfundamentales [112] , y (iii) sus pretensiones se\nencaminan, de un lado, a que se expidan nuevos actos administrativos y dejar\nsin efectos las resoluciones que produjeron la exclusión, y, de otro, a obtener\nel reingreso al concurso (ver, antecedentes 19 y 20).\n\n86. En\neste contexto, para la Sala de Revisión no existe duda de que las controversias\nplanteadas se refieren principalmente a la exclusión de los participantes,\nderivadas de actos administrativos adoptados en la Convocatoria n.° 27 de la\nRama Judicial. No obstante, frente a tales actuaciones alegadas no es posible\nconsiderar la procedencia directa y principal de la acción de tutela, al\nacreditarse la existencia de un mecanismo judicial ordinario e idóneo y\neficaz.\n\n87. Respecto\nde los actos administrativos alegados, —tanto la Resolución n.° EJR24-298\ndel 21 de junio de 2024, como cada uno de los 59 actos administrativos que\ndecidieron los recursos de reposición—, la Sala concluye que aquellos\nconstituyen actos administrativos que, aunque en principio se consideran de\ntrámite, decidieron una situación jurídica particular, esto es, la exclusión de\nlos participantes de la subfase especializada y, por ende, del concurso, lo que\npermite entenderlos como definitivos al decidir de fondo situaciones concretas.\nDe esta manera, según las reglas precedentes, dichos actos pueden, en\nprincipio, ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del\nderecho, previsto en el artículo 138 del CPACA.\n\n88. Como se explicó, tal medio judicial resulta (i) idóneo,\nporque permite un control integral de legalidad sobre los actos\ncuestionados y el restablecimiento del derecho. Además (ii) efectivo ,\nen la medida en que, ante la eventual demora en la decisión de fondo, las\npartes pueden solicitar la adopción de medidas cautelares o de urgencia que\naseguren una protección provisional de sus derechos mientras se resuelve el\nfondo del asunto.\n\n89. En las presentes acciones acumuladas, según se expuso en el antecedente\n36, los medios de prueba arrojaron que (i) los accionantes ya\npresentaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,\ntanto de manera individual como conjunta; (ii) esos medios de control\ntienen como elemento común las mismas pretensiones formuladas en las acciones\nde tutela, en tanto discuten la legalidad de los mismos actos administrativos\nque concluyeron con su exclusión del concurso. (iii) En dichos medios de\ncontrol los accionantes también plantearon un escenario similar al expuesto en\nla solicitud de amparo constitucional, en el que reprochan el proceso de\ncalificación y evaluación del IX Curso de Formación Judicial y debaten el\npresunto uso de herramientas de inteligencia artificial para resolver los\nrecursos. En consecuencia, pretenden que se declare la nulidad de los actos\nadministrativos y a título de restablecimiento del derecho solicitan como\nremedio que se recalifiquen las pruebas, su reintegro al concurso y/o que se\nhomologuen sus resultados.\n\n90. En este sentido, resulta claro que las pretensiones formuladas por\nlos actores, así como los argumentos que exponen, ya están siendo conocidas por\nla autoridad judicial que es competente para conocer del asunto.\n\n91. Ahora bien, ante la\nCorte Constitucional los accionantes alegaron que los medios de control que\nradicaron, en su mayoría, con posterioridad a la acción de tutela, no\nconstituyen una vía idónea y eficaz, puesto que los procesos no han avanzado de forma significativa, no se\nhan tomado decisiones definitivas y tampoco se habían adoptado las medidas\ncautelares solicitadas.\n\n92. Sobre este punto, como se mencionó, en el marco del medio de\ncontrol ejercido por los accionantes, se ha considerado que tales vías son\nidóneas y eficaces en tanto existen instrumentos procesales como las medidas\ncautelares y las medidas urgentes, que permiten al juez contencioso\nadministrativo adoptar remedios que protejan y garanticen provisionalmente los\nderechos invocados mientras se resuelve el proceso. Debe tenerse en cuenta que\naunque el medio de control sea idóneo y se tengan tales herramientas, ello no\nimplica que tales medidas deban aplicarse de manera automática y generalizada,\nya que su procedencia está sujeta al cumplimiento de unos requisitos mínimos\nestablecidos, entre ellos: (i) que se acredite la apariencia de un buen\nderecho “fumus boni iuris”; (ii) el perjuicio de la mora “periculum in\nmora”, y (iii) que sea procedente después de hacer una ponderación de\nlos intereses en controversia, es decir, que supere el juicio de idoneidad,\nnecesidad y proporcionalidad de la medida [113] .\n\n93. Igualmente, es importante resaltar que el Consejo de Estado,\nen relación con la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos\nadministrativos, ha sostenido que “(…) con la expedición la Ley 1437 de (…)\n2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios de control\nordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente\nconculcados en casos como el estudiado (…)” [114] . Esto, teniendo en\ncuenta que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con diversas herramientas\njurídicas que permiten, entre otras cosas, solicitar medidas cautelares,\nincluso de urgencia. Así las cosas, ya no es admisible en abstracto y sin\nconsiderar el caso particular, afirmar que los medios ordinarios como el de\nnulidad y restablecimiento de derecho son ineficaces o inoportunos para la\nprotección de derechos en el marco de concursos de méritos.\n\n94. En efecto, de acuerdo con el material probatorio\nrecolectado en sede de revisión, expuesto en el fundamento 37, varios\naccionantes han radicado solicitudes de medidas cautelares, la mayoría se\nencuentran en trámite y en algunos casos han sido negadas por el juez de lo\ncontencioso administrativo. Sin embargo, aquello no implica per se que\nel medio de control no sea idóneo o eficaz, puesto que, según las pruebas\naportadas, dichos procesos siguen avanzando para obtener una decisión\ndefinitiva, no se acredita por parte de los actores una dilación injustificada\no una decisión arbitraria, más allá de mencionar que no se han concedido tales\nmedidas cautelares o no se ha adoptado una decisión definitiva. De hecho,\ndichas medidas han estado sujetas al cumplimiento de unos mínimos que\ncorresponde verificar al juez natural y que, para algunos de estos casos, se\nestimaron inobservados.\n\n95. En este punto, la Sala insiste en que la acción de tutela no es un\ninstrumento para reemplazar o pretender darle celeridad a otra actuación\njudicial. Eso convertiría la acción de tutela en un sistema paralelo destinado\na suplir la gestión natural de los medios ordinarios, lo cual desconoce el\ncarácter excepcional y subsidiario del amparo constitucional. En consecuencia,\nexistiendo procesos contenciosos activos y en trámite, su uso excluye, por\nregla general, la acción de tutela.\n\n96. La postura que sugieren los actores llevaría a\nconsiderar la acción de tutela como un medio “exprés” frente a la presunta\ndemora de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, dicho\nargumento, por sí solo, no puede servir para sustentar la competencia de los\njueces constitucionales. La jurisdicción constitucional no está diseñada para\nofrecer una respuesta jurisdiccional más rápida ante posibles deficiencias o\nuna presunta demora judicial. Su competencia, derivada del artículo 86 de la\nConstitución, se orienta a asegurar una protección integral y efectiva en\naquellos casos en los que se demuestre la amenaza o la vulneración de derechos\nfundamentales. Por tal motivo, contrario a lo pretendido por los actores, la\nsola alegación de falta de una respuesta definitiva o cautelar no habilita, por\nsí misma, la competencia del juez de tutela.\n\n97. Adicionalmente, la posibilidad de\nrestablecer el derecho como consecuencia de la nulidad del acto supone que el\njuez contencioso tiene la posibilidad de tomar medidas para restituir los\nderechos vulnerados o indemnizar al perjudicado por el daño antijuridico\ncausado. Sobre el restablecimiento, la Corte Constitucional ha sostenido que el\nmedio de control de nulidad y restablecimiento de derechos permite el\nresarcimiento de los perjuicios in natura o por equivalente [115] .\nLa primera forma, implica una orden propiamente dicha de restablecimiento, que\nsupone que el juez dicte una medida para poner al sujeto en la misma situación\nen la que se encontraba antes de la producción del acto. Por su parte, la\nejecución por equivalente supone la indemnización del daño ante la\nimposibilidad de colocar al sujeto en la posición en la que se encontraba antes\nde la expedición del acto.\n\n98. En el presente caso, algunos accionantes, que a su vez\nacudieron al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,\nsolicitaron ante la vía ordinaria, además de la anulación de los actos\nparticulares: (i) que en caso de que el concurso avance o culmine hasta la\npublicación de la lista de elegibles, se disponga que el Consejo Superior de la\nJudicatura modifique la lista e incluya al accionante (en cada caso) en la\ndicha lista para el cargo correspondiente; o (ii) indemnizar el daño con el\npago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir por su exclusión del\nconcurso, dependiendo del cargo para el cual concursó [116] .\n\n99. Para la Sala esto da cuenta que en este asunto el medio\nordinario es idóneo y eficaz, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591\nde 1991, según el cual la existencia de medios debe ser evaluada en el caso\nconcreto. Incluso, como los mismos accionantes lo advirtieron, el concurso\nofertó una mayor cantidad de vacantes que las que se van a proveer [117] .\nEsto, al menos en principio, sugiere que el restablecimiento del derecho in\nnatura podría operar. En efecto, si en sede contenciosa se llegara a\nconstatar alguna irregularidad o invalidez de la actuación administrativa,\nexistiría un margen del juez contencioso para disponer de medidas de\nrestablecimiento, sin que la eventual terminación anticipada del concurso se\nconvierta en un obstáculo para el restablecimiento del derecho. En otras\npalabras, y al margen de la medida cautelar, el juez contaría con un espacio de\nmaniobra que facilitaría la reincorporación o vinculación del participante al\nconcurso como consecuencia de la existencia de una mayor cantidad de cargos\nofertados, tal como lo señalaron los accionantes.\n\n100. En seguida, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas valorará,\nconforme a las reglas excepcionales de procedencia de la acción de tutela, si\naun existiendo un mecanismo jurisdiccional ordinario, que en el caso es idóneo\ny eficaz, se configuran algunos de los supuestos que permiten su intervención\nexcepcional, a saber: (i) cuando el problema constitucional desborda de\nforma abierta y significativa el marco de competencias del juez administrativo\no (ii) se demuestra la urgencia de evitar la ocurrencia de un perjuicio\nirremediable.\n\n4. El\nprimer escenario debatido, relacionado con problemas generales y específicos\ndel proceso evaluativo del concurso de méritos, constituye un asunto de\nlegalidad\n\n101. Según se detalló en los hechos 6, 7 y 14 de los antecedentes, como\nprimer escenario debatido los accionantes presentaron un conjunto amplio de\nalegatos contra, de un lado, el proceso de evaluación de la subfase general que\nculminó con la expedición de la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de\n2024 y, de otro, la validez técnica y la confiabilidad de los resultados\nobtenidos respecto de ciertas preguntas. Sobre el primer aspecto general, los\ncuestionamientos abarcaron críticas desde el diseño evaluativo hasta el\naplicativo Klarway utilizado. En relación con las preguntas específicas, los\nsolicitantes objetaron preguntas concretas aduciendo deficiencias en su\nconstrucción o en los criterios de evaluación aplicados. Sobre estos puntos, la\nSala Segunda de Revisión de Tutelas considera que tales alegatos no constituyen\nproblemas de naturaleza constitucional, sino de legalidad.\n\n102. Un asunto es de naturaleza constitucional y propio de los jueces\nde tutela cuando la controversia no puede resolverse adecuadamente sin acudir a\nla Constitución y a la interpretación sobre el contenido y alcance directo de\nlos derechos fundamentales. En cambio, un asunto es de legalidad cuando, por\nejemplo, (i) puede resolverse con la interpretación de leyes, códigos o\nnormas infraconstitucionales, sin que persista una afectación directa, real o\ngrave a un derecho fundamental; (ii) los alegatos se soportan\nesencialmente en discusiones procedimentales o administrativas, como el\ncumplimiento de requisitos, trámites o actuaciones, más que en la vigencia\ndirecta del derecho fundamental presuntamente comprometido o (iii) cuando\nel debate tiene como trasfondo un desacuerdo técnico o probatorio sobre un\nasunto legal que se presenta como un debate constitucional.\n\n103. Debates\nsobre problemas generales del IX Curso. En lo que respecta a la\nvaloración de los problemas generales del proceso de evaluación, la Sala\nconcluye que aquello sucede en esta oportunidad, puesto que los problemas que\nse presentan se asocian directamente con el incumplimiento de normas\ninfraconstitucionales (acuerdos y reglamentos), con el presunto desconocimiento\nde trámites y actuaciones administrativos, así como con desacuerdos técnicos y\nprobatorios, como se expone en seguida:\n\nTabla\n16 . Primer escenario debatido\n\nRazones de los accionantes\n\nAnálisis concreto\n\nFalta\nde aplicación de las directrices y las reglas dispuestas en los Acuerdos que\nrigen la Convocatoria n.° 27 y el acuerdo pedagógico, así como el Syllabus\npara el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial.\n\nLos\nreproches que plantearon los accionantes exponen un debate\ninfraconstitucional sobre la legalidad de los actos administrativos y las\nreglas que se fijaron en la convocatoria –como ley del concurso-.\n\nOmisión\ndel software Klarway en grabar los videos de 85 discentes en el marco\nde las jornadas evaluativas que se llevaron a cabo el 19 de mayo y el 2 de\njunio de 2024.\n\nCuestionan\nun aspecto netamente técnico del concurso asociado a una presunta\nirregularidad del trámite administrativo, lo cual no se asocia directamente\ncon la grave, real y directa afectación de un contenido ius fundamental.\n\nIncumplimiento\nde obligaciones contractuales por parte de la EJRLB para adelantar\ndirectamente el curso.\n\nConstituye\nuna discusión de nivel legal, que implica analizar si las normas\ncontractuales impusieron un deber indelegable en esta materia, más que la\ninobservancia de normas de carácter fundamental.\n\nDesconocimiento\ndel principio de andragogía y, en concreto, el perfil adulto de los discentes\ndel curso.\n\nLos\ncuestionamientos relacionados con las reglas establecidas en los documentos\nde la convocatoria, así como la forma en que se desarrollaría el concurso y\nsus distintas etapas, son inconformidades de carácter administrativo sobre\nlas modalidades pedagógicas empleadas.\n\nFallas\ntécnicas, de tiempo y de conectividad que afectaron el desempeño adecuado en\nel proceso de evaluación, las cuales no deberían ser imputables a los\ndiscentes.\n\nCuestiona\nun aspecto netamente técnico sobre el desarrollo del proceso evaluativo del\nconcurso, sin claridad sobre el desconocimiento de una fase o contenido de un\nderecho fundamental de manera concreta.\n\nInaplicación\nde la modalidad B-learning (semipresencial) estipulada en el acuerdo y\nel syllabus, desarrollándose 100% virtual asincrónico.\n\nEs\nun asunto que supone la interpretación de normas de nivel puramente administrativo\no procedimental que debe ser discutido ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo, como juez natural de la función administrativa, pues se\ncuestiona la legalidad de actos administrativos en torno a normas legales.\n\nFallas\nen técnicas del proceso evaluativo basado en lecturas desactualizadas,\ndescontextualizadas o antipedagógicas\n\nCuestiona\nun aspecto netamente técnico y metodológico del concurso, que implica un\nexamen sobre la validez, pertinencia o contenido de las preguntas planteadas\nen el marco del proceso evaluativo. Este examen probatorio, por regla\ngeneral, debe realizarse ante el juez natural respectivo.\n\nDebilidades\ndel protocolo de seguridad implementado en las jornadas de evaluación.\n\nDebate\nun aspecto netamente administrativo o procedimental del concurso, que se\nrelaciona con asuntos meramente legales e incluso de normas infralegales, sin\nincidencia directa demostrada en los derechos fundamentales alegados.\n\nFalta\nde cercanía con los formadores, lo que impidió un proceso de evaluación\nadecuado.\n\nLa\nforma en que se desarrolla el concurso y las modalidades empleadas son\nasuntos de naturaleza administrativa o procedimental que deben ser debatidos\nante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Nuevamente se pone en\ndiscusión del juez de tutela una materia de legalidad, sin una valoración\nconstitucional concreta.\n\n104. Conforme\na lo expuesto, para la Sala los argumentos señalados en la tabla anterior no se\nenmarcan en una controversia de carácter constitucional, sino que se inscriben\nen el marco del ejercicio propio de un control de legalidad, pues se reprochan\nirregularidades sobre el cumplimiento de reglas y lineamientos dispuestos en\nlos distintos actos administrativos que rigen el concurso de méritos —acuerdos\nPCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y el PCSJ19-11400 del 19 de septiembre\nde 2019—. En efecto, asuntos como la validez de la modalidad B-learning, las\ntécnicas pedagógicas empleadas, los sistemas y protocolos de seguridad, así\ncomo acciones u omisiones de la Administración durante la ejecución del\nproceso evaluativo, son materias que deben ser discutidas ante la jurisdicción\nde lo contencioso administrativo, ya que tal como lo ha reconocido esta\nCorporación, dicha jurisdicción goza de una amplia competencia para valorar de\nforma integral, completa y detallada asuntos legales que pudieran tener alguna\nincidencia en la satisfacción de derechos fundamentales [118] .\n\n105. Debates\nsobre preguntas específicas. Igualmente, en relación con\nlas discusiones sobre la validez y confiabilidad técnica de las preguntas, la\nSala observa que los debates se centran en desacuerdos técnicos y probatorios\nrelativos al diseño, alcance y pertinencia de las preguntas controvertidas.\nTales cuestionamientos, por su naturaleza, no acusan de manera directa el\ncontenido de un derecho fundamental desconocido, sino que corresponden a\ndiscrepancias propias del ámbito legal y de la valoración especializada que\ncorresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, en la\nmedida en que el debate trata de (i) la controversia sobre si la entidad\ndiseñó, aplicó y calificó adecuadamente el instrumento de evaluación; (ii)\nsi se cumplieron con los parámetros legales, reglamentarios y técnicos para\ngarantizar un adecuado proceso de calificación; (iii) así como el\nanálisis de evidencias y pruebas que demuestren la idoneidad de cada pregunta\ncontrovertida de los ocho módulos que conformaban la fase general del IX Curso\nde Formación Judicial.\n\n106. Tales discusiones requieren un escenario probatorio adecuado,\npropio del proceso contencioso administrativo, y por sí solas no tienen la\nentidad suficiente para configurar un problema de naturaleza constitucional que\nhabilite la procedencia de la acción de tutela. Su análisis se circunscribe a\nconfrontar el contenido de las preguntas con parámetros de legalidad, o incluso\ncon actos de carácter puramente administrativo, como la convocatoria. En ese\norden, para la Sala Segunda de Revisión, el debate sobre la confiabilidad\ntécnica de las preguntas se constituye como un asunto primordialmente de\nlegalidad.\n\n107. Por tal razón, aquellas decisiones judiciales de instancia que en\neste caso acumulado declararon la procedencia de la acción de tutela y\notorgaron un amparo definitivo con base en fallas técnicas de las pruebas o\ncuestionamientos sobre preguntas puntuales resultan desacertadas. Lo anterior,\nocurre directamente en el trámite de los expedientes de tutela T-10.892.442,\nT-10.914.949, T-10.918.114 y T-10.957.608 en los que, en primera o segunda instancia, los jueces de tutela decidieron amparar\nlos derechos fundamentales alegados.\n\n108. De acuerdo con el material probatorio que existe\nen aquellos expedientes, los jueces sostuvieron que la Escuela Judicial Rodrigo\nLara Bonilla debió excluir del consolidado de evaluación las preguntas que\ntuvieron fundamento en material de estudio no obligatorio, se construyeron de\nforma vaga e incoherente o que no se habían resuelto previamente los motivos\npor los cuales se realizaba la calificación de cero. Esto habilitó a que los\njueces consideraran errores de validez técnica y confiabilidad, entre otras, de\nlas preguntas 47, 48, 53, 54, 55, 57 del ítem de argumentación judicial y\nvaloración probatoria, así como de las preguntas 58, 60, 63 y 77 del programa\nde derechos humanos y género. A su vez, esto produjo que los accionantes fueran\nvinculados al concurso de méritos en la fase especializada y, en la actualidad,\nse mantenga en dicho concurso al accionante de la acción de tutela con radicado\nT-10.918.114.\n\n109. A diferencia de lo expuesto por estos jueces de\ntutela, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional no encuentra\nelementos de prueba mínimos y conducentes para concluir que la EJRLB incurrió\nen deficiencias técnicas en la construcción de los ítems cuestionados con\nalcance superior que habiliten, de forma excepcional, el conocimiento directo\nde los jueces de tutela, por tratarse de asuntos que incidan o tengan\npreeminencia constitucional. Para la Sala, los planteamientos expuestos por los\njueces de tutela no demostraron que el debate sobre las preguntas\ncontrovertidas versara directamente sobre la interpretación o alcance de un\nderecho fundamental, ni revelaran la existencia de vacíos que exigían acudir\ndirectamente a un parámetro constitucional.\n\n110. En contraste, esta Sala advierte que los casos\nexaminados dan cuenta de los efectos disímiles que pueden producir\ndistintas decisiones de los jueces de tutela para concursantes que se\nencuentran en condiciones fácticas y jurídicas similares. Estas diferencias en\nel curso de los procesos de tutela y en el acceso a los medios de control\nordinarios pueden responder a varios factores, entre ellos, las pretensiones\nindividuales de los aspirantes, las respuestas concretas de las accionadas en\ncada caso, incluso a la valoración efectuada en virtud de la autonomía e\nindependencia judicial de los despachos. Sin embargo, en esta oportunidad, la\nSala estima que el tratamiento jurídico diferenciado obedeció principalmente a\nentendimientos disímiles sobre los criterios de procedencia de la acción de\ntutela.\n\n111. En su momento, los expedientes de tutela se\nacumularon porque, de forma transversal y relevante, existía unidad de materia\nsobre el problema a resolverse asociado a la exclusión de los participantes de\nla Convocatoria 27, mediante actos administrativos que resultaban\ncontrovertidos por los demandantes. En cuatro acciones, los jueces declararon\nla improcedencia de las acciones de tutela, al considerar la idoneidad y\neficacia de los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo. En las cuatro acciones restantes, en cambio, el fundamento\ncentral para el efecto se apoyó en el carácter preclusivo de las etapas del\nconcurso y en la consideración de que al momento en que la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo adoptara una decisión, este ya habría avanzado de\nforma significativa.\n\n112. Como se expuso, la sola circunstancia de que un\nconcurso de méritos se encuentre en curso, o avance con celeridad, no\nconstituye por sí misma la única razón para habilitar de manera excepcional la\nintervención del juez constitucional, pues se reitera que el juez contencioso\npuede restablecer el derecho in natura y colocar a los demandantes en la\nsituación en la que estaban antes de expedirse los actos, así como adoptar\nremedios pertinentes al efecto. Además, el juez de tutela no debe entrar a\ncalificar la validez de las respuestas de la administración ni a verificar si\ndichas respuestas se ajustaban al contenido de estudio o a los criterios\ntécnicos del concurso, pues tal actuación podría prima facie poner en\ndesventaja a los participantes que no acudieron a la acción de tutela para\ncontrovertir las resoluciones y sobre quienes no se dictaron órdenes de\nrecalificación de la evaluación.\n\n113. Por lo tanto, para la Sala, no era suficiente\nafirmar que la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial se\ndesarrollaba de forma escalonada y sus términos eran preclusivos para\nconsiderar que se superaba la subsidiariedad de la acción o para justificar que\nse podría configurar un perjuicio irremediable [119] .\nLos jueces debieron analizar con mayor rigurosidad los requisitos de\nprocedencia de la acción de tutela contra actos administrativos expedidos\ndentro de concursos de méritos y, en caso de apartarse de la regla general de\nimprocedencia dispuesta por esta Corporación, exponer y robustecer la carga\nargumentativa necesaria al efecto.\n\n114. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha\nestablecido que entre los deberes sustantivos, procedimentales e\ninstitucionales, a los jueces de tutela les corresponde: (i) verificar\nla procedencia antes de abordar el fondo, comprobando de manera real y suficiente\nla inexistencia de un mecanismo judicial ordinario idóneo y efectivo, así como\nla configuración cierta y real de un perjuicio irremediable; (ii) identificar,\ninterpretar y aplicar el precedente constitucional, a partir de la verificación\nde los hechos relevantes y de los elementos probatorios mínimos que lo\nsoporten; y (iii) considerar otros elementos de juicio o razones,\nmotivar la decisión de forma suficiente, pertinente y coherente, demostrando la\nrazonabilidad y proporcionalidad del fallo, actuar con rigor e imparcialidad, y\nprocurar evitar decisiones dispares en casos equivalentes [120] .\n\n115. En consecuencia, las decisiones adoptadas por los jueces de\ntutela frente a participantes que se encuentran en condiciones fácticas y\njurídicas similares, sustentadas sin presentar una carga argumentativa\nsuficiente para apartarse de la regla general de improcedencia, generaron un\ntratamiento judicial diferenciado. Lo anterior, dado que llevó a que algunos\nconcursantes que acudieron a esta acción de amparo lograron ser reincorporados\nal concurso de méritos, sin una suficiente justificación, mientras que otros en\nsituación análoga esperan la decisión de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo.\n\n116. En conclusión, los reproches de los accionantes concluyeron\nen una inconformidad sobre la calificación obtenida, la cual, a su juicio\nresulta injusta o errada debido a presuntas o alegadas irregularidades en la\nmetodología evaluativa. Las supuestas irregularidades se explicaron en los\nactos administrativos a través de los cuales se publicó el resultado de la\nevaluación de la subfase general y, de manera consecuente, en los actos\nadministrativos que resolvieron los recursos de reposición, definiendo así cada\nsituación jurídica. En este contexto, y como se indicó, esos actos son\nsusceptibles de ser debatidos ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del\nderecho.\n\n5. El\nsegundo escenario, relacionado con el uso de inteligencia artificial generativa\nen la elaboración de actos administrativos, corresponde inicialmente al\nconocimiento del juez contencioso administrativo\n\n117. En el\npresente asunto, como segundo escenario de discusión, los demandantes\nplantearon un debate específico relacionado con el eventual uso de IAgen para\nmotivar los actos administrativos de carácter particular que resolvieron los\nrecursos de reposición por ellos formulados. Según aseveraron, dicha herramienta\nhabría sido empleada para responder de forma negativa las preguntas que, a su\njuicio, presentaban problemas de validez técnica y confiabilidad. En concreto,\nlo aducen de la pregunta 57 del módulo de argumentación judicial y valoración\nprobatoria.\n\n118. La\nmayoría de los accionantes y algunos intervinientes [121]\nseñalaron que ese uso genera problemas de legalidad en la motivación de los\nactos administrativos, y también podría comprometer la efectividad de derechos\nfundamentales y principios supralegales, entre ellos, el debido proceso, el\nacceso a cargos públicos, la buena fe y la confianza en las instituciones. Por\nello, advirtieron que la forma en que se diseñó y ejecutó el “prompt” podría\nhaber desconocido los estándares de la Corte Constitucional en la Sentencia\nT-323 de 2024 y, por lo mismo, este asunto debería ser conocido por los jueces\nde tutela.\n\n119. Ciertamente,\nen este escenario, en el que confluye un debate actual entre derechos y\ntecnologías emergentes, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas reconoce que se\ntrata de un tema novedoso para la jurisprudencia constitucional, que tendría\nuna posible relación con la materialización de derechos fundamentales. Los\ndemandantes no solo hacen referencia a un conjunto amplio de prerrogativas\niusfundamentales, sino que también refieren un precedente directo en la materia\ndel cual aducen un abierto desconocimiento.\n\n120. No\nobstante, la referencia amplia a la afectación de un derecho fundamental o una\nsentencia, no habilita de manera automática, de forma exclusiva y para todos\nlos casos, la competencia del juez constitucional. Para la Sala Segunda de\nRevisión, asumir el conocimiento directo y principal de este asunto\ndesnaturalizaría el diseño institucional de las competencias entre la\njurisdicción de lo contencioso administrativo y la justicia constitucional, y\nvaciaría de competencias a una jurisdicción que, en principio, tiene a su cargo\nla evaluación de la motivación de los actos administrativos y, en concreto, la\nalegada motivación por medio de IAgen y su impacto en la legalidad de los\nactos.\n\n121. En su\nargumentación los demandantes dejaron de justificar puntos que la Sala estima\nesenciales para determinar la habilitación excepcional del juez de tutela en el\nescenario que se alega como un problema constitucional que desborda el marco de\ncompetencia de la jurisdicción natural: ¿por qué la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo no podría analizar un debate sobre transparencia y\nexplicabilidad respecto del eventual uso de IAgen en la motivación de un acto\nadministrativo y su impacto en el juicio de validez de dicho acto? ¿por qué no\npodría examinar el eventual uso de IAgen por parte de los órganos competentes y\ndeterminar sus responsabilidades, incluso siguiendo precedentes constitucionales\no la normatividad vigente? ¿por qué considerar que su decisión estaría basada\nexclusivamente en un juicio de mera legalidad, sin estimar el debate\ncorrelacionado de derechos para asegurar una adecuada motivación de los actos\nadministrativos en una época de transformación digital? o ¿cómo y por qué la\nSentencia T-323 de 2024 es un precedente directamente aplicable al caso, a\npesar de que se ocupó del uso de IAgen y su impacto en el debido proceso en una\ncausa judicial y no administrativa?\n\n122. En\neste caso concreto, la Corte Constitucional concluye que, en virtud de los\nretos que traen las tecnologías emergentes para el sistema de justicia en\ngeneral y no solamente para la justicia constitucional, así como de las reglas\nprecedentemente explicadas sobre la competencia de los jueces de tutela, la\njurisdicción de lo contencioso administrativo no solo tiene la competencia,\nsino también el deber y la experticia necesaria para conocer de la expedición y\nmotivación de actos administrativos en los que intervengan o se apliquen\ntecnologías emergentes, entre ellas herramientas de inteligencia artificial\ngenerativa, lo que se explica enseguida.\n\n123. Primero. En\nprincipio y como regla general, corresponde al juez natural, especializado en\nderecho administrativo, valorar cómo las categorías clásicas de esta disciplina\nse proyectan sobre las tecnologías de inteligencia artificial y los sistemas\nalgorítmicos. Desde hace años, distintas entidades estatales han diseñado y, en\nalgunos casos, implementado herramientas tecnológicas destinadas a auxiliar los\nprocesos de toma de decisiones administrativas y la gestión pública [122] .\nCada mecanismo ha supuesto una transformación en la manera de entender el\nsector público y la función administrativa en general [123] ,\ncon la respectiva competencia y el examen de los jueces administrativos.\n\n124. Hoy,\nla irrupción de la inteligencia artificial en general y de la inteligencia\nartificial generativa en particular, plantea desafíos cualitativamente\ndistintos —varios de aquellos expuestos por los intervinientes—, pero ello no\nlos sustrae del ámbito propio de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo. Por el contrario, es precisamente esa jurisdicción, por su\nespecialidad y experiencia en la materia, la llamada a resolver, en primera\ninstancia, los problemas jurídicos derivados del uso de estas tecnologías en la\nactuación del Estado y, particularmente, en la elaboración y motivación de los\nactos administrativos, pues la ausencia de motivación es una posible\nirregularidad del acto administrativo cuyo conocimiento corresponde, como regla\ngeneral, al juez contencioso.\n\n125. La\ndoctrina especializada expone cómo el derecho administrativo se enfrenta a una\nsituación que hace poco era impensable: “que quien toma la decisión final no\nsea un servidor público, sino una IAgen o sistema algorítmico, o cómo esta\npuede servir de apoyo, total o parcial, para la decisión final administrativa\n(decisión semiautomatizada) o bien tomarla directamente, sin supervisión humana\nprevia” [124] . En ese orden de ideas, el campo\ndel derecho administrativo tiene el reto de analizar el impacto de los sistemas\ntecnológicos —y en particular de la IAgen— atendiendo a las características, el\nalcance o el proceso administrativo específico, a fin de determinar si, por\nejemplo, se trata de una herramienta de apoyo o de automatización total o\nparcial [125] .\n\n126. Esto\nmismo entendieron los accionantes, quienes acudieron —antes o después de\nradicar la acción de tutela— ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo y plantearon las implicaciones del eventual uso de IAgen en la\nexpedición y motivación de los actos administrativos particulares. Al efecto\nhicieron referencia a los derechos fundamentales presuntamente afectados, así\ncomo a la Sentencia T-323 de 2024, para justificar que la falta adecuada de\nmotivación conllevaba la eventual nulidad de tales decisiones y, además, un\nexamen desde la responsabilidad y la confianza en la administración.\n\n127. Segundo.\nEs el juez administrativo quien en principio y en este caso,\ndebería estudiar cómo el eventual uso de la inteligencia artificial en el\nejercicio de la función administrativa puede modificar o alterar las formas de\ncontrol judicial frente a la diversidad y complejidad de actos o actuaciones\nadministrativas existentes.\n\n128. Al\nrespecto, la doctrina especializada expone que los jueces administrativos, en\nlo que se refiere al control judicial de los actos administrativos y los\ndebates tecnológicos, tienen retos en cuanto a: (i) identificar\nadecuadamente los tipos de actos y en cuáles resulta incluso admisible el uso\nde IAgen u otras tecnologías emergentes, mediante una investigación\nsignificativa de su incidencia en el derecho administrativo; (ii)\nestudiar cómo los sujetos de las decisiones pueden conocer, determinar o\ncontrovertir si su caso se adoptó con tales tecnologías y los efectos en cuanto\na su legalidad o ilegalidad; (iii) valorar las potestades de la\nadministración, cuáles podrían verse mediadas por sistemas algorítmicos, los\nrequisitos y límites aplicables a cargo del funcionario público; (iv)\ndecidir si el acto administrativo tiene alguna reserva de control humano o qué\ntipo de control resultaría exigible, incluso (v) comprobar que la\nmotivación de la decisión finalmente adoptada, se verifique que, en caso de\nhaberse empleado IAgen, se consideren sus impactos reales [126] .\n\n129. Esto\nlo reconoce la propia jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según lo\nexpuesto en el encuentro Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de\n2024 , el derecho administrativo contemporáneo no solo asume la\nresponsabilidad de desarrollar los principios o las reglas que orientan el\nproceso de toma de decisiones de la Administración por medio de estas\ntecnologías, sino que también enfrenta el reto de evaluar cómo la evolución\ntecnológica transforma, integra o impacta los parámetros tradicionales del\ncontrol jurisdiccional [127] . Igualmente, la doctrina señala que\nel uso de tecnologías emergentes en la administración pública plantea desafíos\nespecíficos que no escapan al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo y que, por lo tanto, la Sala estima no pueden ser asumidos de\nentrada y en forma general por la justicia constitucional.\n\n130. Además,\nla literatura especializada en derecho administrativo advierte que el acceso a\nla administración de justicia puede verse comprometido desde el momento en que\nlas personas carecen de información suficiente, transparente y comprensible\npara determinar si una decisión administrativa fue adoptada mediante nuevas\ntecnologías y, con ello, para saber cómo se produjo dicha decisión. Esta\nopacidad ciertamente constituye una barrera de acceso efectivo a la\nadministración de justicia, la cual se agrava por la complejidad técnica y la\ndiversidad de los sistemas y el volumen de datos que se procesan [128] .\nNo obstante, este escenario no desplaza la función del juez contencioso\nadministrativo. Por el contrario, refuerza el papel de aquel en la valoración\ntécnica y experta de tales decisiones, pues a él le corresponde interpretar y\naplicar el derecho administrativo a la luz de los desafíos actuales [129] .\n\n131. Tercero.\nVarios de los intervinientes, así como la literatura consultada,\ncoinciden en que este asunto plantea el examen de elementos y principios\npropios de la función administrativa. Dado que el examen del ejercicio de la\nfunción administrativa corresponde, en principio y por mandato constitucional,\na la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es en ella en la que debe\nabordarse inicialmente la evaluación de los actos administrativos expedidos\neventualmente por o con el uso de IAgen en relación con el ejercicio de la\nfunción administrativa.\n\n132. Como\nse expuso precedentemente, sobre la función administrativa varios de los\nintervinientes y la literatura consultada exponen la posibilidad de valorar su\nincidencia en: (i) la configuración de la voluntad administrativa,\nentendida como la expresión racional, deliberada y responsable del ente público\na través de sus servidores; (ii) la motivación del acto administrativo,\nque debe garantizar transparencia y explicabilidad respecto de la forma en que\nse expidió; (iii) el principio de legalidad, que exige la existencia de\nuna base jurídica expresa que sustente toda potestad ejercida por la\nAdministración, incluso cuando intervienen sistemas algorítmicos; (iv) la\ndiscrecionalidad administrativa, en la medida en que la tecnología puede\nincidir en la ponderación de los fines que la ley asigna a cada decisión; (v)\nla presunción de legalidad del acto administrativo, que se ve tensionada cuando\nexiste incertidumbre sobre la voluntad o la motivación de un acto adoptado con\napoyo de inteligencia artificial; y (vi) la responsabilidad\nadministrativa y estatal, particularmente en lo relativo a la delegación\nalgorítmica y al deber de supervisión humana [130] .\n\n133. Estos temas se relacionan con varias de las pretensiones\nformuladas por los accionantes en las tutelas ahora conocidas por la Sala y con\nposterioridad puestas en consideración del juez contencioso en el medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho. Dichos cuestionamientos\nabarcan diferentes dimensiones, pero en su conjunto asociadas al ejercicio de\nla función administrativa, a saber: (i) los\nprincipios y las reglas que deberían regir la elaboración de dichos actos\nadministrativos, entre ellos la transparencia, la trazabilidad y la\nexplicabilidad algorítmica; (ii) la ausencia de una regulación\nespecífica que permita al órgano competente valorar la legalidad de los actos\nen los que interviene IAgen y el control humano en la administración pública; y\n(iii) los riesgos que esta tecnología puede generar frente a principios\ntradicionales como la moralidad administrativa, así como su potencial impacto\nen la confianza ciudadana en las decisiones estatales.\n\n134. Por\neste motivo, contrario a lo expuesto por los accionantes, esta Sala de Revisión\nestima que el debate sobre la eventual incorporación de sistemas de\ninteligencia artificial en la adopción de decisiones administrativas, en el\npresente caso, no reduce ni sustituye la función del juez contencioso\nadministrativo, al contrario, la reafirma, al tratarse del examen mismo de una\nde las expresiones de la función administrativa y comprender un asunto\nrelacionado con una posible irregularidad que corresponde prima facie\nvalorar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\n\n135. Cuarto. A un cuando en algunos pronunciamientos recientes esta\nCorporación ha decidido analizar de fondo problemáticas relacionadas con el uso\nde inteligencia artificial, el principio de transparencia y el alcance de\naquellas en los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha reiterado y\naplicado la regla general según la cual debe acreditarse la inexistencia de un\nmecanismo jurisdiccional ordinario o su falta de eficacia e idoneidad para\nresolver el problema jurídico concreto. En particular, es importante referirse\na las Sentencias T-323 de 2024 y la T-067 de 2025.\n\n136. En la Sentencia T-323 de 2024, la Sala Segunda de Revisión\nestudió una acción de tutela promovida por la madre de un niño con Trastorno de\nEspectro Autista contra su EPS. Además, como parte del derecho al debido\nproceso, analizó el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa\npor el juez de tutela para extender los argumentos de la decisión adoptada. En\nlo que se refiere a estos asuntos, la Sala Segunda de Revisión concluyó que no\nexistían mecanismos jurisdiccionales eficaces para conocer de forma integral la\ndecisión revisada respecto de la situación del niño. De una parte, siguiendo el\nprecedente reiterado sobre las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, expuso su ineficacia dada las\nfallas estructurales que persistían.\n\n137. De otra parte y en lo que interesa en esta oportunidad, la\nSala Segunda de Revisión señaló que era competente para conocer del problema de\nIAgen al tratarse de un fallo de tutela emitido por un juez en ejercicio de\nfunciones constitucionales y, por lo mismo, de competencia amplia y exclusiva\nde la Corte Constitucional, en virtud de su facultad para revisar toda la\nactuación de tutela. La Sala concluyó que tenía “la facultad de realizar un\nestudio de validez, bien sea oficioso o rogado, tanto del procedimiento y de\nlas actuaciones surtidas en el proceso de tutela ante las instancias, como de\nsus propias determinaciones en sede del trámite de revisión de los fallos allí\nproferidos”. Por lo mismo, la Corporación determinó su competencia para\nestudiar los efectos de la IAgen en la satisfacción de los derechos\nfundamentales del niño, al tratarse de una decisión de tutela en la que el\nmecanismo que se activó no es algún otro proceso ordinario, sino el propio\ntrámite de revisión previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución.\n\n138. Por su parte, en la Sentencia T-067 de 2025, la Sala Novena\nde Revisión analizó la acción de tutela presentada por un ciudadano en contra\nde la Agencia Nacional Digital, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio\nde Salud y Protección Social, por la presunta vulneración de su derecho\nfundamental de acceso a la información pública ante la negativa de publicar el\ncódigo fuente de la aplicación CoronApp. En este caso, la Corte consideró que\nla acción superaba el requisito de subsidiariedad dado que la accionada negó la\ninformación solicitada sin invocar causales de reserva relacionadas con\nseguridad, defensa nacional o relaciones internacionales, que son las únicas\nque exigen acudir al recurso de insistencia ante la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo según el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014. Además,\nel accionante había agotado el recurso de reposición, supuesto que, de acuerdo\ncon la norma referida, lo habilitaba para acudir a la acción de tutela. Luego,\nno existía un mecanismo jurisdiccional ordinario distinto a la acción de tutela\npara conocer el problema jurídico de fondo.\n\n139. Como se evidencia de lo expuesto, el caso objeto de revisión\nno se enmarca en la aplicación de las reglas de procedencia utilizadas en las\nprovidencias señaladas. En particular, las acciones difieren en sus fundamentos\nfácticos y jurídicos, considerando además que en ninguno de los asuntos\nreferidos se debatió un problema de eventual motivación de actos\nadministrativos por medio de IAgen. Adicionalmente, en los casos señalados, se\nsuperó el presupuesto de subsidiariedad porque estaba suficientemente\nacreditado que los medios ordinarios eran abiertamente ineficaces y carentes de\nidoneidad para garantizar los derechos fundamentales, el debate sobre IAgen era\npropio de las actuaciones del juez de tutela o la propia ley ordinaria permitía\nacudir a la acción de tutela tras agotarse los procedimientos administrativos.\n\n140. Quinto.\nE n la actualidad los desafíos que\nplantean este tipo de tecnologías representan para el caso concreto tanto una\ndimensión legal como una dimensión constitucional correlacionada que no escapa\ndel conocimiento del juez contencioso administrativo. Desde el ámbito\nlegal, como se explicó en los antecedentes, las acciones de tutela\ncontrovierten la configuración de las causales de nulidad previstas en el\nartículo 137 del CPACA, especialmente la falsa motivación o debida motivación\nde los actos administrativos. En consecuencia, las pretensiones se dirigen de\nforma principal a la declaratoria de nulidad de tales decisiones\nadministrativas.\n\n141. Al\nrespecto, cabe insistir en que, en relación con la motivación de los actos,\nante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es posible alegar la\nfalta o ausencia de motivación, lo que constituye un vicio de procedimiento, y,\nen consecuencia, una causal de nulidad por la expedición irregular del acto\nadministrativo [131] .\n\n142. De\nacuerdo, con el Consejo de Estado “[la] motivación de los actos administrativos\nes una carga que el derecho constitucional y administrativo contemporáneo\nimpone a la administración, según la cual ésta se encuentra obligada a exponer\nlas razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado\nsentido. Así, el deber de motivar los actos administrativos, salvo excepciones\nprecisas, se revela como un límite a la discrecionalidad de la administración” [132] .\n\n143. En\neste sentido, al juez contencioso le corresponde valorar si la manifestación de\nla voluntad de la Administración se ajusta a criterios de legalidad, y\nconfirmar si los motivos en que se fundamenta el acto administrativo son\nciertos, claros y objetivos. Asimismo, deberá verificar si efectivamente se\ncomunicaron al administrado las razones de hecho y de derecho que sustentaron\nla decisión.\n\n144. Desde un ámbito constitucional, como expusieron algunos\nintervinientes [133] , las reglas y principios adoptados hasta ahora para analizar\ntemas de IAgen se encuentran vinculados con la Constitución y con principios y\nnormas éticas y jurídicas generales, especialmente relacionados con los\nderechos humanos y fundamentales. En consecuencia, cuando la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo analice los actos administrativos en los que se\ndiscuta el eventual uso de la inteligencia artificial, no se puede únicamente\nafirmar que su examen considerará exclusivamente el cumplimiento de las normas\nlegales, sino también y, de forma correlacionada, otros parámetros como los\nconstitucionales e internacionales aplicables en materia de derechos humanos .\n\n145. En\nconsecuencia, el juez contencioso administrativo no solo está habilitado, sino\nque además le corresponde por mandato superior verificar que la utilización de\nherramientas de inteligencia artificial generativa en la expedición de actos\nadministrativos garantice plenamente los derechos fundamentales, tales como el\ndebido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos.\n\n146. Esta\nes, precisamente, la postura de los accionantes, quienes al interponer las\nacciones de nulidad y restablecimiento de derecho solicitaron a la justicia de\nlo contencioso administrativo un análisis correlacionado entre los problemas de\nlegalidad y el posible impacto sobre sus derechos derivado del uso eventual de\nIAgen para la motivación de los actos administrativos recurridos. Así, tanto la\nexposición de los hechos, como las razones y las pretensiones, se circunscriben\nal mismo núcleo problemático del que conoce o puede conocer la jurisdicción de\nlo contencioso administrativo.\n\n147. Sexto.\nLos demandantes no presentaron un problema constitucional en el\nque, prima facie , se advierta la necesidad de intervención excepcional\ndel juez de tutela, sino que, al contrario, formularon elementos en los que se\nevidencia un debate probatorio complejo, técnico y especializado.\n\n148. Ciertamente\nuno de los debates permanentes en la jurisprudencia ha girado en torno a la\ndelimitación de cuáles problemas constitucionales deben ser conocidos\nprincipalmente por los jueces de tutela y cuáles corresponden a la órbita\ncompetencial de la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo.\nEn otras palabras, ¿cuáles el ámbito del juez de tutela en el sistema de\njusticia en general y cómo definir que asuntos corresponden a su conocimiento\nprincipal? A lo largo del tiempo, estos debates han generado algunas\ncontradicciones, dilemas y tensiones acerca de esta frontera competencial.\n\n149. En\ntérminos generales, la Corte Constitucional ha expresado que un asunto adquiere\n“relevancia constitucional”, “importancia constitucional”, “interés\nconstitucional” o constituye un verdadero “problema constitucional” [134]\ncuando una actuación arbitraria e injustificada produce un impacto\ndesproporcionado sobre un contenido o faceta de un derecho fundamental; este es\nde tal entidad que desborda cualquier análisis de mera legalidad o de\nnaturaleza exclusivamente económica o se trata de la necesidad de definir\ncontenidos o aspectos esenciales de un derecho o principio constitucional [135] .\nSi bien esta noción ha sido aplicada principalmente en el escenario de las\nacciones de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha\nreconocido, en algunos de sus pronunciamientos, como en las sentencias T- 773\nde 2015 y T-566 de 2016, que la relevancia constitucional es un elemento que\npueden resultar aplicable dentro del examen de procedencia excepcional de las\nacciones de tutela contra actos administrativos, especialmente cuando estos\nplantean tensiones constitucionales que afecta los derechos fundamentales de\nlas partes y desbordan el marco del control de legalidad.\n\n150. Así,\nla jurisprudencia de esta Corporación también ha desarrollado estas categorías\nsobre la trascendencia constitucional en otros contextos, como ocurre con la\nejecución de un concurso público de méritos [136] . Lo anterior, para referirse a\naquellos problemas constitucionales que no pueden ser abordados de manera\ncompleta, idónea ni efectiva por la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo y, por lo tanto, para su adecuada resolución pueden ser\nexaminados por la justicia constitucional. Igualmente, en los eventos que se\nconsidera necesario definir algún alcance o contenido concreto de un derecho o\nmandato fundamental que no podría abordarse integralmente y de forma adecuada\npor la justicia ordinaria o de lo contencioso administrativo. Sin embargo, para\nla Sala Segunda de Revisión tal hipótesis tampoco se presenta en esta\noportunidad.\n\n151. Si\nbien los debates puestos a consideración por los accionantes plantean\ndiscusiones complejas, incluso a la luz del antecedente de la Sentencia T-323\nde 2024 de esta Corporación —que por demás se refiere al ejercicio de función\njudicial y no administrativa—, lo cierto es que, en el presente caso, los\nactores no presentaron elementos de juicio suficientes y pertinentes que\ndemuestren que la determinación de este asunto desborda cualquier tipo de decisión\na adoptarse por aquella jurisdicción.\n\n152. En\nesta oportunidad, como ya se ha indicado, el problema se circunscribe a la\nforma en que se dio respuesta a los recursos de reposición presentados por los\ndiscentes dentro del concurso de méritos de la Convocatoria n.° 27,\nespecíficamente respecto de la pregunta 57. Si bien los demandantes, con base\nen un presunto prompt y un detector de plagio IA, cuestionaron la respuesta a\nesta pregunta, no aportaron un acervo probatorio o elementos de juicio que permitieran\ninferir que ese eventual yerro aislado produjo, por sí mismo, un impacto\ngeneral sobre la etapa alegada del concurso de formación judicial y su\nincidencia en la decisión de exclusión de este, que deba ser conocida por la\njusticia constitucional de forma preferente. En ese orden, es importante\naclarar que aun si se hubiera presentado mayor material o un acervo probatorio\nmás robusto sobre el posible error en la respuesta, la valoración de tales\nelementos corresponde, en principio, a la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo y solo excepcionalmente a esta jurisdicción en el evento que se\ndemuestre que se trata de un asunto de carácter estrictamente constitucional\nque desborda la competencia de aquella.\n\n153. Tampoco\nhicieron referencia a elementos de juicio que incidieran de manera determinante\nen el resultado del concurso, comprometieran la validez del proceso de\nselección de méritos y, con ello, se justificara la declaratoria de nulidad de\nlos actos administrativos, como era solicitado. Pretensión que en todo caso\ncorrespondería ser analizada por el juez contencioso dentro del control de\nlegalidad, incluso si los actores hubieran allegado elementos adicionales.\nIgualmente, el alegato de los actores no plantea la necesidad de definir un\ncontenido de un derecho o darle un nuevo alcance a un derecho fundamental en el\ncontexto tecnológico actual, sino se relaciona con la aplicación de reglas de\ntransparencia, explicabilidad o suplantación de la racionalidad humana ya\ndesarrollados por la jurisprudencia en el contexto específico de la expedición\ny motivación de actos administrativos.\n\n154. Así,\nlos actores no cumplieron con la carga de acreditar como la presunta falla\nsobre la pregunta 57 reunía las condiciones de gravedad y relevancia requeridas\npara desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados y convertir\nese desacuerdo puntual en un asunto de especial trascendencia constitucional,\nque desplace a la jurisdicción competente y habilite el conocimiento\nexcepcional del asunto por los jueces de tutela.\n\n155. Asimismo,\nes pertinente señalar que la parte demandada controvierte que se cuestione la\nmotivación de la totalidad de los actos administrativos. De acuerdo con lo\nmanifestado por aquella, desde 2023, en el proceso de formulación del curso ya\nse tenía prevista la justificación técnica de las respuestas correctas, los\nargumentos presentados por los recurrentes tuvieron un análisis técnico y la\ndecisión estuvo sometida a control humano y la intervención de la autoridad se\nmantuvo en todo momento, sin que se delegara su responsabilidad a un algoritmo.\nAdemás, expusieron las entidades accionadas que no existen pruebas sobre que la\npregunta considerada como correcta en realidad no cumpliera con criterios\ntécnicos y de validez. Tales afirmaciones, en todo caso, deberán ser valoradas\npor la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marco del análisis\nde fondo que se adelante sobre el asunto.\n\n156. Por lo\ntanto, es al juez contencioso administrativo a quien le corresponde, por regla\ngeneral, valorar la legalidad de los actos administrativos y la posible\nincidencia de la IAgen en la expedición y motivación de tales actos, lo cual\npodría incluir debates sobre transparencia, responsabilidad o suplantación del\nórgano administrativo competente, asuntos alegados aquí por los accionantes.\n\n157. Lo\ndicho en esta providencia tampoco significa que, de ahora en adelante y para\ntodos los casos, los jueces de tutela carezcan de la competencia excepcional\npara conocer de este tipo de debates en lo que se refiere a la expedición o\nmotivación de actos administrativos o eventuales discusiones entre tecnología e\nIAgen, derechos fundamentales y función administrativa. Lo que se concluye\núnicamente es que, en este caso concreto y según las condiciones particulares\nexpuestas en las acciones de tutela, los actores no demostraron la\nconfiguración de las condiciones de excepcionalidad que justifican el\ndesplazamiento del juez natural de la causa, ni la necesidad de que el juez\nconstitucional asuma directamente el examen principal sobre la validez de los\nactos administrativos cuestionados.\n\n158. Así\nlas cosas, lo explicado para este caso específico no excluye que, en\nsituaciones excepcionales y tras superarse el análisis de procedencia, puedan\nsurgir cuestiones que requieran la intervención del juez constitucional. Por lo\ntanto, si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene, por\nregla general, la competencia para abordar controversias derivadas por la\nexpedición de actos administrativos con apoyo de sistemas algorítmicos\ninteligentes y para adelantar el debate probatorio correspondiente, ello no\nimpide que, en situaciones excepcionales y con los elementos de juicio\nnecesarios, en casos en los que se advierta una afectación, prima facie ,\ndesproporcionada, grave y arbitraria de derechos fundamentales, el asunto pueda\ncorresponder al conocimiento del juez constitucional.\n\n159. En conclusión, la Sala Segunda de Revisión encuentra que la acción\nde tutela no es procedente en este escenario dado que el diseño institucional\nprevisto en la Constitución de 1991 exige considerar que la arquitectura de la\njusticia le encarga a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la\nfunción y el deber de valorar el alcance y contenido de los actos\nadministrativos y el ejercicio de la función administrativa.\n\n160. Es en el marco de los mecanismos ordinarios y los medios de\ncontrol previstos para tal fin en el que, en principio, debe abordarse este\ntipo de controversias que inciden en el conocimiento especializado del juez y\nsu valoración directa sobre los retos que traen las tecnologías emergentes,\ncomo la IA, en la expedición, motivación y control de actos administrativos. Además,\nen vez de presentarse los elementos de juicio necesarios para sustentar la\ngravedad, desproporcionalidad y arbitrariedad de la respuesta de la\nAdministración, el caso plantea un debate probatorio técnico y especializado\nque requiere abordarse en el proceso judicial ordinario correspondiente. De\nesta manera, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la instancia\nidónea para ajustar y responder a los desafíos que deparan los avances\ntecnológicos, los cuales se asocian en este caso de forma directa con los\nalegatos de las acciones de tutela.\n\n6. El\ntercer escenario plantea discusiones atribuibles al conocimiento de la\njurisdicción de lo contencioso administrativo\n\n161. De\nacuerdo con el apoderado del expediente T-11.021.108 se vulneró el derecho a la\nigualdad en el marco del acceso a cargos públicos, al comparar los discentes\nque cursaron y fueron evaluados con irregularidades en el IX Curso de Formación\nJudicial con aquellos que fueron exonerados u homologados, quienes no\nrealizaron las subfases del curso y obtuvieron una ventaja competitiva. El\napoderado alegó que se configuró un trato desigual e injustificado que vulneró\nademás el principio del mérito. También señaló cómo esta situación incide en el\npropósito último del concurso, cual es la vinculación efectiva y en carrera de\njueces y magistrados.\n\n162. Sobre\neste escenario, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas encuentra que el núcleo\ndel asunto se centra en (i) determinar la legalidad o validez de los\nactos que establecieron las reglas dentro del concurso de méritos, lo que\nincluye las condiciones para beneficiarse de las alternativas de homologación\ndel curso, (ii) declarar la nulidad de los actos administrativos que\ndispusieron la exoneración de algunos participantes y (iii) modificar\nlas reglas del concurso para habilitar un tratamiento más favorable para los\nparticipantes, a partir de las necesidades del servicio judicial.\n\n163. Las reglas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura\npara adelantar el concurso, incluyendo los criterios de homologación y\nexoneración, son la “ley del concurso” [137] . Esto significa que tales pautas\nconstituyen las normas que guían el desarrollo de dicho concurso de méritos y\nson decisivas para la resolución de los casos concretos, así como obligatorias\npara las entidades en el proceso de selección de los participantes. Luego, el\nconcurso de méritos “se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que\nimpone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y\nciertas cargas a los participantes” [138] . Además, tales actuaciones deben\nobservar los principios de legalidad, transparencia y debido proceso.\n\n164. Siendo\nello así, el alegato contra tales reglas corresponde al control que se ejerce a\ntravés del medio de nulidad y restablecimiento del derecho o de simple nulidad.\nEs precisamente el juez contencioso la autoridad judicial que debe determinar\nsi las reglas del concurso fueron aplicadas de manera objetiva y con respeto\ndel derecho a la igualdad de todos los participantes o, si, por el contrario,\nel desconocimiento de las reglas consignadas en la convocatoria o su aplicación\nirrestricta acarrea la nulidad de los actos administrativos y la violación de\nlos preceptos constitucionales que de manera correlacional amparan la igualdad\ny el mérito.\n\n7. Las\nacciones de tutela no acreditaron un perjuicio irremediable que ameritara un\nconocimiento urgente y transitorio del juez de tutela\n\n165. En el trámite de los expedientes de tutela T-10.892.442,\nT-10.914.949, T-10.918.114 y T-10.957.608, en\nprimera o segunda instancia, los jueces de tutela declararon la procedencia de\nlas acciones de amparo. Los argumentos para considerar procedentes estos casos\nfueron, de un lado, la existencia de un perjuicio irremediable debido a los\ntérminos prolongados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de\notro, que la Convocatoria n.° 27 de la Rama Judicial avanzaba con rapidez, según los términos publicados. A juicio de\nesas autoridades, y para cuando la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo adoptara una decisión, el concurso ya habría terminado y se\nhabría producido un daño irreparable.\n\n166. Contrario a lo expuesto por los jueces de tutela en estos casos y\nlo expuesto por el apoderado judicial de algunos de los accionantes, la Sala\nSegunda de Revisión considera que, de acuerdo con el material probatorio del\nexpediente de tutela acumulado, los accionantes no acreditaron el acaecimiento\nde un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional y\ntransitoria del juez constitucional, por las razones que pasan a explicarse:\n\n167. En primer lugar, porque los accionantes no demostraron la inminencia\ndel perjuicio, es decir, la existencia de un peligro real y concreto para\nsus derechos fundamentales, pues sus alegatos se basaron en una expectativa y\nno en la demostración de una afectación desproporcionada de un derecho del cual\nacreditasen ser titulares. Al respecto, esta Corporación ha señalado que no se\nconfigura un perjuicio irremediable cuando los accionantes “contaban con una\nmera expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales concursaron, sin\nque se haya consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos\npúblicos” [139] . En relación con la existencia de un\nderecho adquirido en materia de concursos de méritos, se ha precisado\njurisprudencialmente que se requiere acreditar: (i) que la persona\nparticipó en el concurso; (ii) que su nombre haya sido incluido en la\ncorrespondiente lista de elegibles; y (iii) que exista una vacante para\nser designado [140] . Ninguna de estas circunstancias fue\nacreditada en estos casos particulares.\n\n168. En segundo lugar, los actores tampoco acreditaron la urgencia de\nlas medidas ni el carácter impostergable de las órdenes que se\npretendían obtener con carácter transitorio por parte del juez de tutela, pues\nlos medios de prueba demostraron que, al momento de la presentación de la\nacción de tutela y hasta la fecha de registro de este fallo, la Convocatoria\nn.° 27 se encontraba en curso. Esto implica que durante el tiempo en que se\nacudió a la acción de tutela los accionantes podían haber tramitado las\nacciones administrativas, judiciales o cautelares por las vías pertinentes,\nsiempre que acreditaran las condiciones objetivas para su procedencia.\n\n169. Sobre este punto se recuerda que, de conformidad con lo\nestablecido en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la\nConvocatoria n.° 27 dispone de dos etapas. La primera, una etapa de selección,\nla cual a su vez está compuesta de tres fases: (i) las pruebas de\naptitudes y conocimientos, (ii) verificación de requisitos mínimos y (iii)\nel curso de formación judicial inicial, que actualmente se discute y se compone\nadicionalmente de una subfase general y de otra especializada. La segunda etapa\nes la clasificatoria. Ese segundo momento exige tiempo y desarrollo para\nvalorar los diferentes puntajes obtenidos por los discentes en la etapa\nanterior. En este sentido, dado que la Convocatoria n.° 27 de la Rama Judicial\nse encuentra en curso y que aún quedan etapas por cumplir, es plausible que los\naccionantes puedan acudir a las vías jurisdiccionales ordinarias y demostrar\nlas condiciones respectivas que ameritarían por aquellos procedimientos, la\nadopción de las medidas cautelares o transitorias solicitadas. De esta manera,\nse insiste en que la acción de tutela no es una vía paralela ni alternativa para\nsuplir los trámites ordinarios por considerarse más rápida. Su procedencia no\ndepende de la celeridad en la toma de decisiones, sino de la configuración de\nlos presupuestos objetivos que, de forma excepcional, habilitan el conocimiento\npor parte del juez de tutela.\n\n170. En tercer y último lugar, los accionantes tampoco acreditaron la gravedad\ndel perjuicio demostrando que, aun tratándose de una mera expectativa, la\nactuación de las entidades demandadas fue abiertamente arbitraria,\ndesproporcionada o injustificada. Al contrario, y sin que ello implique\nanticipar un juicio de validez sobre los actos administrativos cuestionados —materia\nreservada al juez contencioso administrativo—, la Sala observa que las\ndecisiones cuestionadas fueron adoptadas con base en parámetros que tienen\npresunción de legalidad: (i) las pautas generales y las preguntas se\najustaron en términos generales a las reglas establecidas en los acuerdos del\nconcurso de méritos; (ii) los actores tuvieron la oportunidad para\nimpugnar los actos administrativos y (iii) las decisiones se presentaron\nmotivadas. De hecho, de acuerdo con lo manifestado por el Consejo Superior de\nla Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, ante los jueces de\ninstancia y en sede de revisión, las pruebas fueron elaboradas en diciembre de\n2023 y cada decisión se justificó por un profesional del derecho asignado a\ncada caso.\n\n171. Adicionalmente, el proceso evaluativo estuvo sujeto a controles de\nverificación interna desarrollados en cuatro etapas: (1) las preguntas de la\nevaluación se generaron a través de una ruta con intervención de expertos y\npares académicos, así como psicómetras; (2) recibidos los recursos de los\ndiscentes, se asignó un profesional experto quien proyectó la respuesta técnica\na las impugnaciones con base en el material de estudio; (3) las respuestas\nproyectadas fueron sometidas a una segunda revisión por parte de un comité de\npares y expertos en evaluación. Este comité verificaba la coherencia,\nsuficiencia y claridad de la argumentación; y (4) un coordinador académico\nconsolidó las revisiones y emitió la aprobación final a la respuesta.\n\n172. En consecuencia, si bien varios de los alegatos de los actores\nplantean divergencias con las decisiones administrativas, algunas relacionadas\ncon el alcance de la protección de los derechos fundamentales, aquello, por sí\nsolo, no permite concluir que existe un perjuicio irremediable que haga\nprocedente, de manera transitoria, la intervención del juez de tutela.\n\n8. Cuestiones\nadicionales de improcedencia\n\n173. La accionante del expediente T-10.957.608 alegó\nadicionalmente la vulneración del derecho de petición por la falta de\nrespuestas claras, completas y congruentes a las objeciones y solicitudes de\naclaración elevadas a la Escuela Judicial por parte de esta y otros\nparticipantes del proceso evaluativo. También basó su alegato en la falta de\npronunciamiento respecto de las preguntas que fueron calificadas como\ncorrectas. Al respecto, la actora citó la respuesta de la Escuela, que\nmanifestó: “[en] ese mismo sentido, se precisa que no serán objeto de\npronunciamiento las preguntas que se hayan puntuado y se hayan tomado como\nmarcadas correctamente para la recurrente”.\n\n174. Frente a los argumentos presentados por la demandante en relación\ncon la vulneración del derecho de petición, la Sala Segunda de Revisión de\nTutelas advierte que la accionante no formuló, dentro de sus pretensiones, una\nsolicitud específica en relación con una petición particular que deba ser\natendida por la Administración o de la cual no se tenga una respuesta clara,\ncongruente o de fondo. Esta omisión impide a la Sala realizar un estudio\nmaterial sobre la presunta vulneración del derecho de petición.\n\n175. Así las cosas, el examen sobre la resolución que resolvió el\nrecurso de reposición presentado por la actora en contra de la Resolución n.°\nEJR24-298 del 21 de junio de 2024 implica el control de legalidad del acto, lo\nque no corresponde al ámbito del derecho de petición. En consecuencia, dicho\ncontrol de legalidad, en principio, debe realizarse ante la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho, y no mediante la solicitud de amparo de este\nderecho a través de la acción de tutela, como previamente se ha explicado. De\nesta manera, al no existir una petición concreta frente a la que se demuestre\nel incumplimiento de los estándares jurisprudenciales, la Sala estima que lo\nprocedente es declarar la improcedencia adicional sobre esta materia en el caso\ndel expediente T-10.957.608.\n\n9. Decisión\npor adoptar\n\n176. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la\nCorte Constitucional concluye que, contrario a lo expuesto por los jueces de\ntutela de los expedientes T-10.892.442, T-10.914.949, T-10.918.114 y\nT-10.957.608, las ocho acciones de tutela acumuladas resultan improcedentes\npara ser conocidas, de forma transitoria o definitiva, por la jurisdicción\nconstitucional. Esto, tras reafirmar que la\nacción de tutela es un mecanismo subsidiario y no una vía adicional o supletiva\nque permita acelerar la resolución de asuntos que por su naturaleza competen al\njuez natural.\n\n177. Por los motivos previamente expuestos, esta Sala\n(1) revocará los fallos de segunda instancia en las acciones de tutela\n(i) T-10.892.442, (ii) T-10.914.949 y (iv) T-10.957.608 y,\nen su lugar, confirmará las sentencias de primera instancia que declararon la\nimprocedencia de las acciones. Asimismo, (2) revocará el fallo de segunda\ninstancia del expediente (iii) T-10.918.114, el cual modificó la\ndecisión de primera instancia y concedió el amparo definitivo de los derechos\ninvocados por el accionante. En su lugar, la Sala declarará la improcedencia de\nla acción de tutela. Finalmente, (3) la Sala confirmará las decisiones\nproferidas por los jueces de primera y segunda instancia que declararon la\nimprocedencia de las acciones en los expedientes (v) T-10.973.777, (vi)\nT-11.021.108, (vii) T-11.062.918 y (viii) T-11.083.609.\n\n178. Por lo tanto, al declararse la improcedencia de\nlas acciones de tutela, ninguna de las decisiones objeto de revisión podrá\nservir de fundamento para mantener a los accionantes en la subfases del IX\nCurso de Formación Judicial ni para garantizar su continuidad en la\nConvocatoria n.° 27 de la Rama Judicial. En consecuencia, con fundamento en el\nmaterial probatorio allegado al expediente de tutela acumulado y en las\ndecisiones aquí adoptadas, se dispone que el accionante Rubiel\nAdolfo Berrío Medina , quien, a diferencia de los demás accionantes, continúa en el\nconcurso, quedará automáticamente retirado de la etapa del Concurso en la que\nse encuentre a partir de la notificación de esta providencia. Estas decisiones\nno afectan las determinaciones que deban ser adoptadas o revisadas por la\njurisdicción de lo contencioso administrativo, a la cual corresponde la\ncompetencia para pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos y\nlas pretensiones formuladas por los actores.\n\nIII. DECISIÓN\n\nEn\nmérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte\nConstitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución\n\nRESUELVE\n\nPrimero. REVOCAR\nla sentencia proferida el 18 de diciembre de 2024, por la Sala\nPenal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que revocó la\ndecisión del juez de primera instancia y concedió el amparo definitivo. En su\nlugar, CONFIRMAR el fallo del 25 de noviembre de 2024 del\nJuzgado 001 Penal del Circuito de Armenia, Quindío, en el sentido de DECLARAR\nIMPROCEDENTE la acción de tutela T-10.892.442 presentada por Diego Alexander\nMarín Bedoya, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.\n\nSegundo. REVOCAR\nla sentencia proferida el 29 de enero de 2025, por Sala Penal del\nTribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que revocó la decisión del\njuez de primera instancia y concedió el amparo definitivo. En su lugar, CONFIRMAR\nla decisión del 2 de diciembre de 2024 del Juzgado 003 Penal del\nCircuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, en el sentido de DECLARAR\nIMPROCEDENTE la acción de tutela T-10.914.949 presentada por Gilma Elena\nFernández Nisperuza , de acuerdo con lo expuesto en esta\nprovidencia.\n\nTercero. REVOCAR\nla sentencia proferida el 29 de enero de 2025, por Sala Penal del\nTribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, que modificó la\ndecisión del 28 de noviembre de 2024 del Juzgado 004 Penal del Circuito de\nConocimiento de Armenia, Quindío, y concedió el amparo definitivo. En su lugar,\nDECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela T-10.918.114 presentada por\nRubiel Adolfo Berrío Medina, de acuerdo con lo expuesto en esta\nprovidencia.\n\nEn\nconsecuencia, ORDENAR a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla conforme a su\ncompetencia retirar al señor Rubiel Adolfo Berrío Medina de la etapa del\nconcurso en la que se encuentre, a partir de la notificación de esta\nprovidencia.\n\nCuarto. REVOCAR\nla sentencia proferida el 4 de febrero de 2025, por Sala Penal del\nTribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, que revocó la\ndecisión del juez de primera instancia y concedió el amparo definitivo. En su\nlugar, CONFIRMAR la decisión del 9 de diciembre de 2024 del\nJuzgado 001 Penal del Circuito de Armenia, Quindío, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la\nacción de tutela T-10.957.608 presentada por Diana María González Guauque, de\nacuerdo con lo expuesto en esta providencia.\n\nQuinto. CONFIRMAR\nla sentencia proferida el 16 de enero de 2025 por la Sala de lo\nContencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado\nque DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela\nT-10.973.777 promovida por Carlos Javier Bustillo Vergara, de\nacuerdo con lo expuesto en esta providencia.\n\nSexto. CONFIRMAR\nla sentencia proferida por la Sala de decisión de tutelas n.° 1 de\nla Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de febrero de\n2025, que confirmó la sentencia del 11 de diciembre de 2024 de la Sala de Casación\nLaboral de la Corte Suprema de Justicia, que DECLARÓ IMPROCEDENTE la\nacción de tutela T-11.021.108 promovida por Carlos Libardo Bernal Pulido,\nen calidad de apoderado judicial de Sandra Pérez Henao y otros 52\nparticipantes del IX Curso de Formación Judicial, de\nacuerdo con lo expuesto en esta providencia.\n\nSéptimo. CONFIRMAR\nla sentencia proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y\nRural de la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2025, que confirmó la\nsentencia del 5 de diciembre de 2024 de la Sala de decisión de tutelas n.° 3 de\nSala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que DECLARÓ\nIMPROCEDENTE la acción de tutela T-11.062.918 promovida por Delewsky Susan\nYellyzza Contreras Álvarez, de acuerdo con lo expuesto en esta\nprovidencia.\n\nOctavo. CONFIRMAR\nla sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal\nSuperior del Distrito Judicial de Tunja, Boyacá, el 26 de marzo de 2025, que\nrevocó la sentencia del 9 de diciembre de 2024 del Juzgado 003 de Familia del\nCircuito de Tunja, Boyacá, y en su lugar DECLARÓ IMPROCEDENTE la\nacción de tutela T-11.083.609 promovida por Andrés Díaz Salinas, de acuerdo\ncon lo expuesto en esta providencia .\n\nNoveno. INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que continúe de\nmanera célere con el desarrollo del proceso del concurso de méritos que\ncorresponde a la Convocatoria n.° 27 de la Rama Judicial, de conformidad con lo\ndispuesto en la Sentencia SU-067 de 2022.\n\nDécimo. Por\nSecretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la\ncomunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.\n\nNotifíquese, comuníquese y cúmplase.\n\nJUAN CARLOS\nCORTÉS GONZÁLEZ\n\nMagistrado\n\nLINA MARCELA\nESCOBAR MARTÍNEZ\n\nMagistrada\n\nVLADIMIR\nFERNÁNDEZ ANDRADE\n\nMagistrado\n\nANDREA\nLILIANA ROMERO LOPEZ\n\nSecretaria\nGeneral\n\nANEXO\n1\n\nEXPEDIENTES\nINDIVIDUALES\n\nCASO 1\n\nEXPEDIENTE T-10.892.442\n\nD emandante\n\nDiego\nAlexander Marín Bedoya\n\nD emandado\n\nEscuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla\n\nPuntaje inicial\n\n750,42\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nEl\n24 de julio de 2024 el actor interpuso recurso de reposición contra la\nResolución EJR24-298 del 21 de junio siguiente. Como fundamentos generales de\nsu solicitud, alegó: (i) vulneración de la metodología B-learning,\ncuya naturaleza exige la combinación entre presencialidad y virtualidad; (ii)\nla falta de interacción con los formadores; y (iii) ausencia de\nencuentros sincrónicos.\n\nEn\ncuanto a los argumentos específicos y respecto a sus resultados, el actor\nobjetó 71 preguntas y presentó justificaciones frente a cada una de ellas.\nAlegó que varias preguntas se fundamentaron en textos no incluidos en las\nlecturas obligatorias, como ocurrió en las preguntas 4 y 41 de habilidades humanas;\n44, 57, 58 y 68 del módulo de interpretación judicial y estructura de la\nsentencia; 47, 48, 54 y 55 de argumentación judicial y valoración probatoria;\n8 de ética e independencia judicial; y 58, 63, 64 y 77 de derechos humanos.\nAsimismo, señaló la existencia de preguntas con sinónimos válidos, como la 37\nde habilidades humanas, 40 de justicia restaurativa, 83 de argumentación\njudicial y valoración probatoria, y 19 de TIC, por lo que solicitó se\nvaloraran como correctas.\n\nRespuesta del recurso de reposición\ncon énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nRespecto\nde la decisión adoptada por la Escuela, el accionante alegó que: (i)\nse le reconocieron como válidas a favor del accionante las preguntas 50\n(interpretación judicial), 35 (ética judicial), 54, 71 y 78 (derechos\nhumanos), y 43 y 72 (filosofía del derecho), que suman un total de 18.75\npuntos. Razón por la cual su puntaje debía ser 769.17 y no 760 como fue\nregistrado; (ii) no se dio respuesta individual y concreta a los\nargumentos planteados en el recurso; (iii) varias de las preguntas\nobjetadas se fundamentaron en bibliografía no referenciada en el curso; (iv)\nlas respuestas coinciden con las dadas a otros participantes aunque los\nargumentos eran distintos; y (v) las resoluciones fueron generadas\nmediante inteligencia artificial, lo que fue soportado con pantallazos de la\ncomprobación realizada en páginas de detección de IA como “justdone”, en las\ncuales al colocar el texto del acto administrativo, arrojó un porcentaje de\n86%, generado por la IA.\n\nPuntaje tras reposición\n\n760\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl 15 de\nnoviembre de 2024, el accionante, actuando en nombre propio, presentó acción\nde tutela en contra de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la presunta\nvulneración de sus derechos al debido proceso y acceso a cargos públicos. En\nla acción, el actor solicitó como medida provisional que se disponga su\ncontinuación en la convocatoria 27, especialmente la inclusión en la subfase\nespecializada del curso concurso de formación judicial hasta que se resuelva\nla validez de las resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-1676\ndel 7 de noviembre siguiente. Basado en los siguientes hechos relevantes:\n\nEl actor relató\nque participó en el concurso de méritos para la provisión de cargos de jueces\ny magistrados de la Rama Judicial, convocado a través del Acuerdo\nPCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 (Convocatoria 27).\n\nSeñaló que, en\n2022, presentó la segunda prueba de conocimiento del concurso y avanzó a la\netapa del IX Curso Concurso de Formación Judicial, cuya ejecución se delegó a\nla Unión Temporal Formación Judicial 2019.\n\nEl 30 de marzo\nde 2023 y el 6 de octubre siguiente, se publicaron los cronogramas del\nconcurso, donde se estableció una evaluación para el 4 y 5 de mayo de 2024.\nSin embargo, en abril de 2024 las fechas fueron modificadas para el 19 de\nmayo y 2 de junio del mismo año.\n\nEl 19 de mayo de\n2024, el accionante presentó la primera evaluación, en la cual alega que tuvo\nproblemas para acceder a la plataforma. Posteriormente, el 2 de junio\npresentó la segunda parte de la prueba.\n\nMediante\nResolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, se publicaron los resultados de\nlas evaluaciones, en los que al actor se le asignó un puntaje de 750.420,\ncalificación que corresponde a un resultado reprobado y le impidió continuar\nen la subfase especializada.\n\nContra dicha\nresolución, el accionante interpuso un recurso de reposición ante la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla, en el cual planteó argumentos de manera\ngeneral y especifica.\n\nEl recurso de\nreposición fue resuelto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla mediante\nResolución EJR24-1676 del 7 de noviembre de 2024, en la que se modificó\nparcialmente el puntaje pasando de 750.420 a 759.17, redondeado a 760.\n\nEl actor en su\nescrito reconoce que debe acudir la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo, sin embargo, debe agotar la conciliación prejudicial obligatoria\ny advierte que dicho trámite sería ineficaz debido a los plazos cortos del\nconcurso. Por tanto, solicita tutela como mecanismo transitorio para evitar\nun perjuicio irremediable y poder continuar provisionalmente en el proceso\nmientras se resuelve la legalidad de los actos administrativos.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl\n25 de noviembre de 2024, el Juzgado 001 Penal del Circuito de Armenia declaró\nimprocedente la acción de tutela. Argumentó que los actos administrativos\ndeben controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.\nEn este sentido, la tutela solo procede de forma excepcional si se cumplen\nciertas condiciones, como la existencia de un cargo con periodo fijo, trabas\nal nombramiento del elegible, relevancia constitucional o una afectación\ndesproporcionada de los derechos fundamentales. En este caso, el accionante\nno acreditó ninguna de estas circunstancias. La decisión fue impugnada por el\naccionante.\n\nImpugnación\n\nEl accionante\nimpugnó el fallo de primera instancia. En sus argumentos expuso que: (i)\nno desconoce la necesidad de acudir ante el juez contencioso administrativo\npara denunciar la juridicidad de los actos; no obstante, precisó que dicho\ntrámite exige agotar un requisito de procedibilidad, el cual puede tardar\nhasta tres meses, plazo que coincide con la finalización de la subfase\nespecializada del concurso, (ii) el argumento según el cual la entidad\naccionada cumplió los acuerdos PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019\ndesconoce la metodología B-learning; y (iii) se ejecutó una indebida\nvaloración probatoria.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl\n18 de diciembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito\nJudicial de Armenia, revocó el fallo impugnado y, en su lugar, amparó los\nderechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos del actor. En\nconsecuencia, ordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla excluir una\nserie de preguntas del consolidado de la evaluación del IX Curso de Formación\nJudicial, resolver de fondo los reclamos del recurso de reposición y\nrecalcular la evaluación del actor en términos más favorables. Finalmente,\nmientras se cumple lo anterior, se dispuso la participación provisional del\naccionante en la subfase especializada del curso.\n\nEl\nTribunal consideró que, la acción era procedente para evitar la posible\nconfiguración de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el\nobjetivo del tutelante es participar en la subfase especializada del\nconcurso, que ya avanza y tiene términos preclusivos hasta el 22 de diciembre\nde 2025, fecha en que se enviara el listado de discentes con notas\ndefinitivas. Frente a la respuesta al recurso de reposición, determinó\nque la accionada se pronunció de forma puntual respecto de algunas preguntas.\nSin embargo, en relación con otras, consideró que la accionada no emitió\nrespuestas claras y fundamentadas.\n\nAdemás,\nmencionó que la entidad no abordó adecuadamente las preguntas y omitió\nexplicar sus decisiones ya que justificó sus respuestas de manera vaga o\nincoherente. Y finalmente, que no tuvo en cuenta las referencias específicas\ndel material de estudio, lo que afectó las respuestas y la respectiva\ncalificación.\n\nCASO 2\n\nEXPEDIENTE T-10.914.949\n\nD emandante\n\nGilma Elena Fernández Nisperuza\n\nD emandado\n\nEscuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla y Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial\n20219\n\nPuntaje inicial\n\n756,26\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nEl 26 de julio\nde 2024, el actor interpuso recurso de reposición contra la Resolución\nEJR24-298 del 21 de junio del mismo año. Señaló que existen múltiples\npreguntas que no se ajustan a los propósitos de la evaluación, pues fueron\ncalificadas sin considerar la apropiación del contenido académico orientado a\nla práctica judicial, el desarrollo de competencias propias de la función\njudicial, la interpretación de textos jurídicos, la lógica del razonamiento\npara la solución de problemas jurídicos, ni los rangos de lecturas\nobligatorias.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nRespecto de la\ndecisión adoptada por la Escuela, la actora manifestó las siguientes\ninconformidades: (i) se calificaron varias preguntas sin considerar criterios\nfundamentales como la aplicación práctica del contenido académico, el\ndesarrollo de competencias judiciales, la interpretación jurídica, el\nrazonamiento lógico y las lecturas obligatorias; (ii) se evalúo la memoria\ntextual de 200 textos; (iii) algunas preguntas admitían respuestas con\nsinónimos y, aunque en ciertos casos la respuesta no coincidía con la palabra\nexacta esperada —como, por ejemplo, el término “parámetro”—, la opción\nseleccionada, como “criterio”, era igualmente válida, ya que ambos términos\nson utilizados como sinónimos por la Corte Constitucional y en nada cambia el\nsentido de la oración.\n\nAsimismo, alegó\n(iv) falta de claridad y coherencia en las preguntas; y que (v) las\nresoluciones fueron generadas mediante inteligencia artificial, lo que fue\nsoportado con pantallazos de la comprobación realizada en páginas de\ndetección de IA como “justdone”, en las cuales, al colocar el texto del acto\nadministrativo, arrojó un porcentaje de 93%, generado por la IA.\n\nPuntaje tras resolución\n\n767\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos relevantes\n\nEl 19 de\nnoviembre de 2024, la accionante actuando en nombre propio, presentó acción\nde tutela en contra de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión\nTemporal IX Curso de Formación Judicial 2019, por la presunta vulneración de\nsus derechos al debido proceso, a la confianza legitima, a la buena fe y al\nacceso a cargos públicos.\n\nLa actora\nsolicitó que: (i) se tutelen sus derechos al debido proceso, a la confianza\nlegítima, a la buena fe y al acceso a cargos públicos; y (ii) se ordene a la\naccionada que en el término de 48 horas disponga su inclusión en la subfase\nespecializada del IX curso de formación judicial. Subsidiariamente que: (i)\nse disponga su inclusión provisional hasta que un juez ordinario resuelva la\ndemanda contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de\nformación judicial. De no concederse las pretensiones descritas, solicita que\n(ii) la accionada cumpla con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19\nde septiembre de 2019, el Documento Maestro y el Anexo Técnico del IX Curso\nde Formación Judicial, así como el Plan de Formación de la Rama Judicial\n2022, para lo cual, solicita que se expida un acto administrativo que anule\nla fase general del curso y corrija las irregularidades y acciones contrarias\na la normativa establecida. Basada en los siguientes hechos:\n\nLa accionante\nnarró que participó en el concurso de méritos para la provisión de cargos en\nla Rama Judicial (Convocatoria 27), conforme al Acuerdo PCSJA18-11077 del 16\nde agosto de 2018. Indicó que el IX Curso de Formación Judicial,\naún se encuentra en desarrollo, habiendo finalizado la subfase general e\niniciado la subfase especializada el 16 de noviembre de 2024, conforme con\nlos lineamientos del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, que establece las etapas\ndel curso.\n\nMediante\nResolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo, se publicaron los\nresultados de las evaluaciones, en los que a la actora se le asignó un\npuntaje de 756,26, calificación que corresponde a un resultado reprobado y le\nimpidió continuar en la subfase especializada.\n\nContra dicha\nresolución, la accionante interpuso un recurso de reposición ante la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla. El recurso fue resuelto por la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla mediante Resolución EJR24-948 del 5 de\nnoviembre de 2024, en la que se modificó parcialmente el puntaje pasando de\n756,26 redondeado a 767.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl 2 de\ndiciembre de 2024, el Juzgado 003 Penal del Circuito de Conocimiento de\nArmenia declaró improcedente la acción de tutela. Argumentó que, tratándose\nde actos administrativos proferidos en el desarrollo de concursos de méritos,\nla acción de tutela, por regla general, es improcedente dado que existen\notros mecanismos de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo para controvertir las preguntas realizadas en la prueba de\nconocimiento. Asimismo, indicó que no se evidenció un perjuicio irremediable,\nya que no se evidencia una afectación a los derechos fundamentales de la\naccionante y no indicó encontrarse desempleada o en una situación económica\nprecaria que afecte su mínimo vital. Además, la controversia se basa en una\ndiscusión de carácter legal y no constitucional. La decisión fue\nimpugnada por la accionante.\n\nImpugnación\n\nLa accionante\nimpugnó el fallo de primera instancia. Expuso que, si bien cuenta con el\nmedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir\nla legalidad de los actos demandados, este no resulta eficaz ni idóneo debido\nal tiempo que requiere su trámite.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl 29 de enero\nde 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia,\nrevocó el falló impugnado y en su lugar, amparó los derechos al debido\nproceso y acceso a cargos públicos invocados por la actora. En consecuencia,\nordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla emitir un pronunciamiento\nde fondo respecto a los argumentos planteados en el recurso de reposición.\nAsimismo, excluir una serie de preguntas del consolidado de la evaluación del\nIX Curso de Formación Judicial debido a que corresponden a temas de estudio\nno obligatorios y efectuar una nueva sumatoria de la evaluación de la subfase\ngeneral. Además, ordenó la participación provisional del accionante en la\nsubfase especializada y que se habilitara el acceso completo a la plataforma.\nEsta medida se mantendrá vigente mientras se resuelve de fondo la situación.\nSi su nueva puntuación alcanza o supera los 800 puntos, su permanencia será\ndefinitiva; en caso contrario, deberá ser retirada.\n\nEl Tribunal\nconsideró que, la respuesta al recurso de reposición determinó que la\naccionada no se pronunció de fondo frente a los argumentos planteados por la\nactora ya que en algunas respuestas no explicó el motivo de su calificación\nde cero puntos, lo que constituye una afectación a los derechos de la actora.\nAdemás, omitió excluir preguntas de los módulos de argumentación judicial y\nderechos humanos que no correspondían al material obligatorio de estudio, lo\ncual afectó la calificación de la accionante.\n\nCASO 3\n\nEXPEDIENTE T-10.918.114\n\nD emandante\n\nRubiel Adolfo Berrio Medina\n\nD emandado\n\nConsejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo\nLara Bonilla\n\nPuntaje inicial\n\n787,52\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nEl accionante\npresentó recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio\nde 2024. Como fundamento de su inconformidad, alegó que: (i) en la\npregunta 81 del cuestionario de Filosofía del Derecho e Interpretación\nConstitucional se le desconocieron respuesta como validas, pese a que los\ntérminos escogidos parámetro/criterio y fundamentan/determinan son empleados\nde forma indistinta por la Corte Constitucional y la Escuela Judicial, lo que\nhacía procedente otorgar mayor puntaje; (ii) en la pregunta 79 no se\nreconoció como acertada la opción criterio en lugar de parámetro; (iii) en\nla pregunta 40 sobre ética judicial se redujo la valoración a la\nmemorización; y (iv) el aplicativo Klarway presentó fallas técnicas\nque retrasaron su ingreso a la sesión más de una hora, lo cual afecto el\ntiempo para realizar su evolución.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nEl recurso de\nreposición fue resuelto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,\nrespecto a los argumentos planteados por la Escuela, el accionante indicó\nque: (i) la entidad se limitó a otorgar una respuesta general, omitiendo efectuar\nun análisis individual de argumentos y peticiones concretas; y (ii) el acto\nadministrativo que resolvió su recurso fue generado mediante inteligencia\nartificial.\n\nPuntaje tras reposición\n\n796\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl\n15 de noviembre de 2024, el actor presentó acción de tutela contra el Consejo\nSuperior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante\nla cual solicitó: (i) el amparo transitorio de sus derechos fundamentales al\ndebido proceso y el acceso a cargos públicos; (ii) modificación en la\ncalificación de las preguntas 79 y 81, por corresponder a ejercicios\nmeramente memorísticos y contener varias opciones de respuestas correctas;\n(iii) inclusión en la subfase especializada del concurso de méritos.\nSubsidiariamente, solicitó: (i) el amparo transitorio de los derechos\nfundamentales alegados y (ii) su inclusión en la subfase especializada del\nconcurso de méritos, mientras el asunto se resuelva por vía judicial\nordinaria o el amparo se materialice a través de medida cautelar en el marco\nde un proceso jurisdiccional. Fundado en los siguientes hechos:\n\nEl\naccionante manifestó que, luego de haber superado las etapas de la\nConvocatoria 27 (Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto\nde 2018), fue admitido al concurso de méritos correspondiente (Resolución\nCJR23-0061 de 8 de febrero de 2023).\n\nAsimismo,\nnarró que, luego de haber superado la subfase general, fue reprobado ( Resolución EJR24-298 de 21 de junio 2024) y, en consecuencia,\nrecurrió el respectivo acto administrativo, el cual fue resuelto a través de\nla Resolución EJR24-978 del 5 de noviembre de 2024. En la referida decisión,\nse le asignó un puntaje de 796 de 800 que necesitaba.\n\nEl\naccionante reprochó la formulación de la pregunta 81 del componente de\nfilosofía del derecho e interpretación constitucional, sobre la cual afirmó\nque pretendía una reproducción exacta de un apartado de la Sentencia C-1287\nde 2001.\n\nDe\nigual modo, señaló que hubo 3 opciones de respuesta correcta y 3\ndistractoras. Además, sostuvo que dicha pregunta pretendía establecer\ndiferencias entre los conceptos de “parámetro” y “criterio” cuando la misma\njurisprudencia constitucional los ha utilizado de manera indistinta.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl 28 de\nnoviembre de 2024, el Juzgado 004 Penal del Circuito de Conocimiento de\nArmenia, Quindío, concedió el amparo requerido por la parte actora como\nmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En consecuencia,\nordenó a la accionada continuar acatando la medida provisional impuesta en el\nauto del 20 de noviembre de 2024. Asimismo, instó al accionante a ejercer el\nmedio de control de corresponda ante la jurisdicción\ncontencioso-administrativa, dentro del término legal cuatro (4) meses.\n\nImpugnación\n\nLa Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla impugnó el fallo de primera instancia. Alegó\nque el juez de primer grado desconoció el requisito de subsidiariedad, toda\nvez que en el asunto demando no se evidencia configuración de un perjuicio\nirremediable, ya que la entidad ha protegido todos los derechos fundamentales\nde los participantes. Además, refirió que la acción de tutela se torna\nimprocedente, dado que el tutelante cuenta con los mecanismos idóneos ante la\njurisdicción contenciosa.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl 19 de enero\nde 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia,\nQuindío, modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de ordenar a\nla directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla excluir una serie de\npreguntas del consolidado de la evaluación del IX Curso de Formación\nJudicial. Asimismo, realizar una nueva calificación a la evaluación del\naccionante, y excluir las prerrogativas anunciadas, sin que dicha actuación\nle genere un perjuicio. Finalmente, disponer la participación de accionante\nen la subfase especializada del IX curso de formación judicial, por lo cual\ndeberá suministrarle los módulos y actividades correspondientes.\n\nEl tribunal\nconsideró que, la Escuela Rodrigo Lara Bonilla vulneró los derechos\nfundamentales del accionante, al incluir, en la evaluación, preguntas basadas\nen texto establecidos como lectura obligatoria en el Syllabus, y al no\nreferirse adecuadamente a los argumentos planteado en el recurso de\nreposición. Concluyó que, respecto al caso concreto, la acción de tutela\nresulta ser el mecanismo más eficaz, con la finalidad de evitar un perjuicio\nirremediable, razón por la cual modificó el fallo de primera instancia.\n\nCASO 4\n\nEXPEDIENTE T-10.957.608\n\nD emandante\n\nDiana María González Guauque\n\nD emandado\n\nEscuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla y la Temporal IX Curso de Formación Judicial\n2019\n\nPuntaje inicial\n\n760,02\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nLa accionante\ninterpuso recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de\njunio de 2024, dentro del periodo comprendido entre el 15 y el 26 del mismo\nmes. En relación con los aspectos generales, expuso: (i) la aplicación\nde un instrumento de evaluación con múltiples errores, que carecía de las\ncaracterísticas propias de una evaluación objetiva; y (ii) que el\ninstrumento Klarway no garantizó el principio de igualdad para los discentes,\nen lo que respecta a las jornadas de aplicación, las fechas y la duración de\nla prueba.\n\nPor su parte,\nrespecto de los argumentos específicos, señaló: (i) la inclusión de\npreguntas de memoria en la Guía de orientación al discente para la evaluación\nvirtual de la subfase general; (ii) el cambio de evaluaciones\nparciales a evaluaciones acumuladas; (iii) la formulación de preguntas\nque no correspondían a las lecturas obligatorias; y (iv) la inclusión\nde preguntas que no cumplían con el requisito de validez.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nLa Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla respondió el recurso de reposición; frente a\nlos argumentos de la Escuela, la accionante señaló tener múltiples\ninconformidades, dentro de las cuales afirmó que: (i) objeto 13\npreguntas, de las cuales la Escuela no emitió ningún pronunciamiento; (ii)\nel retiro de la calificación inicial dada en la pregunta 23 del módulo TICS,\nsin argumentación; (iii) la calificación de varias preguntas sin\nconsiderar criterios fundamentales como la práctica judicial, la interpretación\njurídica, el razonamiento lógico y las lecturas obligatorias; (iv) las\ninconsistencia en las preguntas objetas que equivalen a 10.8 puntos, por lo\nque el puntaje otorgado debía ser 771 y no 770; (v) el uso de inteligencia\nartificial en la resolución del recurso de reposición, concretamente en la\nparte final de la página 94, pregunta 57, de la Resolución EJR24-1383, donde\nconstan indicios de la utilización de dicha herramienta tecnológica.\n\nPuntaje tras reposición\n\n770\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl 29 de\nnoviembre de 2024, Diana María González Guauque, presentó acción de tutela en\ncontra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Temporal IX Curso de\nFormación Judicial 2019 por la presenta vulneración de sus derechos\nfundamentales al debido proceso, petición, confianza legitima y el acceso a\ncargo públicos. La accionante solicitó: (i)\nel amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a\ncargos públicos; (ii) se ordene a la accionada en el término de 48 horas\nexpida un acto administrativo en el que reconozca como acertadas las\nrespuestas a las preguntas referidas. (iii) disponga su inclusión en la\nsubfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de\nformación judicial). Subsidiariamente, solicitó: (i) el amparo transitorio de\nlos derechos fundamentales alegados y (ii) su inclusión en la subfase\nespecializada del concurso de méritos, mientras el asunto se resuelva por vía\njudicial ordinaria.\n\nLa accionante\nmencionó que participó en el concurso de méritos para la provisión de cargos\nen la Rama Judicial (Convocatoria 27), conforme al Acuerdo CSJA18-11077 del\n16 de agosto de 2018.\n\nExpuso que\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, desconoció las reglas que rigen la\nconvocatoria, debido a las diferentes fallas que se presentaron, como la\nfalta de retroalimentación, encuentro sincrónico o contacto con los\nformadores.\n\nArguyó que, el\n19 de mayo de 2024, presentó la primera evaluación; no obstante, durante la\njornada de la mañana tuvo inconvenientes, ya que tardo aproximadamente veinte\n(20) minutos en ingresar a la prueba. De igual forma, en la jornada de la\ntarde perdió cuarenta (40) minutos debido a fallas en la plataforma de\nKlarway, situación que informó al Chat de soporte, sin obtener respuesta.\n\nMediante resolución\nEJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo, se publicaron los resultados de\nlas evaluaciones, en los que a la actora se le asignó un puntaje de 760.020.\n\nEn virtud de lo\nanterior, interpuso recurso contra la mencionada resolución. El recurso fue resuelto\npor la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante la Resolución\nEJR24-1383, por medio de la cual le modificó el resultado parcialmente\npasando de 760.020 a 760.020 aproximado a 770 de 800 que necesitaba, para\ncontinuar a la subfase especializada.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl 9 de\ndiciembre de 2024, el Juzgado 001 Penal del Circuito de Armenia declaró\nimprocedente la acción de tutela. Al considerar que, la parte demanda cuenta\ncon la jurisdicción contenciosa administrativa para cuestionar la legalidad\nde los actos administrativos que considera desacertados, procesos en los\ncuales, puede solicitar medidas cautelares, con la finalidad de evitar un\nperjuicio irremediable. Asimismo, indicó que no se evidenció un perjuicio\nirremediable, toda vez que no se derivan de los presupuestos facticos la\ntitularidad del derecho subjetivo a ocupar el cargo al cual aspiraba la parte\nactora.\n\nImpugnación\n\nLa accionante\nrecurrió la decisión de primera instancia. Aseveró que reconoce que existe un\nmecanismo ordinario de defensa judicial; sin embargo, resulta ineficaz,\nporque se contrapone a la celeridad requerida para la protección de sus\nderechos, ya que el proceso podría extenderse por un lapso superior a doce\nmeses.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl 14 de febrero\nde 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de\nArmenia, revocó el fallo impugnado y, en su lugar, amparó los derechos al\ndebido proceso y al acceso a cargos públicos de la actora. En consecuencia,\nordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla emita un pronunciamiento de\nfondo respecto a los argumentos plantados en el recurso de reposición frente\na una serie de preguntas correspondientes a los módulos Gestión judicial y\ntecnología de la información y telecomunicaciones, Filosofía del derecho e\nInterpretación constitucional. De igual forma, excluya del consolidado de la\nevaluación un compilado de preguntas por ser de estudio no obligatorio. Así\nmismo, emita una nueva sumatoria de la evaluación, mediante acto\nadministrativo motivado. Además, ordenó la participación provisional de la\naccionante en la subfase especializada del IX Curso de formación judicial.\nDicha medida se mantendrá mientras la accionada resuelva de fondo lo\nrequerido por la actora y, en el evento de que la nueva sumatoria sea igual o\nmayor a 800 puntos.\n\nEl Tribunal\nconsideró que, existe una vulneración de los derechos fundamentales de la\naccionante, toda vez que evidenció que la entidad accionada no emitió ningún\npronunciamiento respecto a los argumentos alegados en el recurso de\nreposición. Frente a las preguntas ajenas a los temas de lecturas\nobligatorias, determinó que la demandada evaluó contenido que no corresponden\na lecturas obligatorias.\n\nCASO 5\n\nEXPEDIENTE T-10.973.777\n\nD emandante\n\nCarlos\nJavier Bustillo Vergara\n\nD emandado\n\nEscuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla\n\nPuntaje inicial\n\n762,5\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nEl accionante\ninterpuso recurso de reposición el 25 de julio de 2024 contra la Resolución\nEJR24-298 del 21 de junio de 2024. Sostuvo que: (i) no se valoró la\napropiación del contenido académico enfocado a la práctica Judicial, ni se\npromovió el desarrollo de competencias sobre la función judicial, la\ninterpretación de textos jurídicos y la lógica del razonamiento para la\nsolución de problemas jurídicos previstas, previstas para el denominado\ntaller virtual; y (ii) se incluyeron temas que no debían ser objeto de\nevaluación.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nRespecto\nde la decisión adoptada por la Escuela, el actor manifestó las siguientes\ninconformidades: (i) se calificaron varias preguntas sin considerar\ncriterios fundamentales como la aplicación práctica del contenido académico,\nla apropiación del contenido académico enfocado en la práctica judicial ni el\ndesarrollo de competencias sobre la función judicial; (ii) la\nejecución de IX Curso de Formación Judicial, atentó contra la legalidad, pues\ndocumentos académicos modificaron entre otras cosas las formas de\nevaluación, entre ella el concepto de taller; (iii) las preguntas\nplanteadas únicamente midieron la memoria textual de las lecturas; (iv)\nse realizaron preguntas fuera del rango de lecturas obligatorias o no hacían\nparte del insumo principal del examen.\n\nAsimismo,\nalegó que las resoluciones fueron generadas mediante inteligencia artificial,\nlo que fue acreditado mediante capturas de pantalla en las que se evidencia\nel siguiente prompt: “por favor estudia cuidadosamente la pregunta,\ncontéstala y susténtala con suficiencia la respuesta correcta y explica por\nqué las incorrectas son incorrectas” ; “Ciertamente. Analizaré la\npregunta en detalle, proporcionaré la respuesta correcta con una\nsustanciación completa y explicaré por qué las otras opciones son\nincorrectas” . A juicio del accionante, el uso de la IA impidió la\nverdadera valoración a los argumentos del recurso de reposición, pues se evidencian\nparámetros sugestivos con el que fue manipulada la tecnología para dar\napariencia de legalidad a la actuación surtida. Además, desconoció los\ncriterios de transparencia establecidos en la Sentencia T-323 de 2024.\n\nPuntaje tras reposición\n\n774\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl\n27 de noviembre de 2024, el accionante actuando en nombre propio, presentó\nacción de tutela en contra de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el\nConsejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus\nderechos al debido proceso, a la confianza legitima, a la buena fe y al\nacceso a cargos públicos. El actor solicitó que: (i) se tutelen sus\nderechos al debido proceso, la confianza legitima, la buena fe y el acceso a\ncargos públicos; (ii) se expida un acto administrativo que reconozca\ncomo acertadas las respuestas a las preguntas de noveno a décimo sexto, las\ncuales sumas 40.82 puntos redondeado a 41 puntos. Este puntaje, sumado a los\n774 puntos previamente reconocidos en la Resolución EJR24-1475 del 6 de\nnoviembre de 2024, da un total de 815 puntos, cumpliendo con la calificación\nrequerida para avanzar a la fase especializada del concurso; y (iii)\ndisponga su inclusión definitiva o transitoria en la subfase especializada\ndel IX curso de formación judicial.\n\nEl\naccionante narró que participó en el concurso de méritos para la provisión de\ncargos en la Rama Judicial (Convocatoria 27), conforme al Acuerdo\nPCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.\n\nIndicó\nque mediante Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo, se\npublicaron los resultados de las evaluaciones, y en la cual se le\nasignó un puntaje de 762,500, equivalente a un\nresultado reprobado y le impidió continuar a la subfase especializada.\n\nContra\ndicha resolución, la accionante interpuso un recurso de reposición ante la\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El recurso fue resuelto por la Escuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla mediante Resolución EJR24\n1475 del 6 de noviembre de 2024 , en la que se reconoció un\npuntaje de 774 puntos, es decir, 26 puntos menos de los requeridos para\ncontinuar a la subfase especializada.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl\n16 de enero de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\nSegunda, Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de\ntutela por no superar el requisito de subsidiariedad de la acción. La Sala\nargumentó que: (i) el\naccionante cuestionó el acto administrativo, ya que a su juicio no se brindó\nrespuesta de fondo a las inconformidades planteadas; (ii) existen\nmecanismos judiciales ordinarios para la defensa de los derechos, en\nparticular, el demandante tiene a su disposición la acción de nulidad y\nrestablecimiento de derecho para controvertir la resolución impugnada; (iii)\ndentro las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo\nel actor puede solicitar medidas cautelares o de urgencia para proteger sus\nderechos; y finalmente señaló que (vi) la acción de tutela solo\nprocede cuando no existen otros mecanismos judiciales eficaces, lo cual no se\ncumple en el caso objeto de estudio. La decisión no fue impugnada.\n\nImpugnación\n\nN/A\n\nDecisión de segunda instancia\n\nN/A\n\nCASO 6\n\nEXPEDIENTE T-11.021.108\n\nD emandante\n\nSandra\nPérez Henao y otros\n\nApoderado judicial\n\nCarlos\nLibardo Bernal Pulido\n\nD emandado\n\nConsejo Superior\nde la Judicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla\n\nPuntaje\n\nVer anexo 2\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nLos accionantes,\na excepción de Christian Medina Rojas, recurrieron la Resolución EJR24-298 de\n21 de junio de 2024. Dentro de los argumentos destacaron que: (i)\nmúltiples preguntas presentaron errores en su formulación; (ii)\nalgunas preguntas incluían respuestas multiclave; y (iii) se evaluó la\nmemoria en preguntas que no lo requerían.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nRespecto a la\ndecisión adoptada por la Escuela, los actores alegaron que: (i) la\nEscuela realizó consideraciones generales en relación con el cumplimiento de\nlos acuerdos reglamentarios; (ii) se pronunció de manera particular\nsobre los puntos de inconformidad; (iii) precisó la calificación de los\n336 ítems que conformaban la evaluación, pero no especificó cuáles preguntas\nfueron recalificadas a los dicentes; (iv) las resoluciones fueron\ngeneradas mediante inteligencia artificial, lo cual se compró mediante un\nanálisis realizado en la plataforma “Turnitin” , en la que, al\nintroducir los actos administrativos, se arroja un porcentaje distinto\ngenerado por IA para cada uno de los dicente accionantes; (v) la\nEscuela no calificó ni una sola pregunta relacionada con el componente de “Taller\nvisual” ; (vi) en la resolución cuestionada no se informó las\nrazones por las cuales se consideraron acertadas algunas de las preguntas\nque, en principio, habían sido calificadas como incorrectas, ni se reflejó la\ncantidad de preguntas reconocidas a unos accionantes; y (vii) se\nevidenció un error en la calificación inicial de los actores Gladys Teresa\nHerrera Monsalve y Diana Lizzeth León Lozada y Yesid Arturo Correa.\n\nPuntajes tras reposición\n\nVer anexo 2\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl 2 de\ndiciembre de 2024, los accionantes actuando a través de apoderado judicial,\npresentaron acción de tutela en contra de Consejo Superior de la\nJudicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la presunta vulneración\nde sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la\nadministración de justicia. En virtud de lo anterior, solicitaron que: (i)\nse tutelen sus derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la\nadministración de justicia; (ii) se ponga a disposición de los\ntutelantes los videos que contienen sus registros de la presentación de la\nEvaluación desarrollada en las jornadas del 19 de mayo y 02 de junio de 2024;\ny (iii) disponga su inclusión definitiva o transitoria en la subfase\nespecializada del IX curso de formación judicial.\n\nManifestaron que\nmediante la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 publicaron los\nresultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, donde obtuvieron un\npuntaje aprobatorio, es decir más de 800 puntos sobre 1.000. Seguidamente,\nsuperaron la fase II de verificación de requisitos mínimos, lo cual los\nhabilito para la Fase III-Curso de Formación Judicial Inicial.\n\nEl Consejo\nSuperior de la Judicatura, expidió el Acuerdo Pedagógico del IX Curso de\nFormación Judicial Inicial, mediante el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de\nseptiembre de 2019, por medio del cual se estableció que el curso se\ndesarrollaría bajo el modelo pedagógico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara\nBonilla.\n\nEl 30 de marzo\nde 2023 y el 6 de octubre siguiente, se publicaron los cronogramas del\nconcurso, donde se estableció que la actividad 13 denominada: “Evaluación\npresencial en línea en sede, de la Subfase General del IX Curso de Formación\nJudicial” se realizaría entre el 5 y 6 de mayo de 2024. Sin embargo, en\nabril de 2024 las fechas fueron modificadas para el 19 de mayo y 2 de junio\nde 2024.\n\nEl día 19 de\nmayo y 02 de junio de 2019, presentaron las actividades evaluativas relativas\na la subfase general del concurso de formación judicial, por medio de la\nplataforma Klarway.\n\nEl 24 de junio\nde 2024, la Escuela notificó la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y\nsu anexo, mediante la cual se publicaron los resultados de las evaluaciones,\nen la que a los accionante se les asignó un puntaje reprobatorio.\n\nMediante la\nresolución referida, la Escuela Rodrigo Lara Bonilla certificó que las\npreguntas P35, P50, P143 y P295 se calificaron como acierto a todos\nlos dicentes, toda vez que no cumplían con los estándares de validez y confiabilidad;\nademás, reconoció la pregunta P275 por tener respuesta multiclase.\n\nLos accionantes,\na excepción de Christian Medina Rojas, solicitaron la exhibición de la\nevolución, la cual se llevó a cabo los días 7 y 14 de julio de 2024. Con base\nen la exhibición, los actores presentaron recurso de reposición contra la\nResolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024.\n\nEl recurso fue\nresuelto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante resoluciones\ndel 5 de noviembre de 2024, por medio de la cual les modificó parcialmente;\nno obstante, no lograron el mínimo para pasar a la siguiente fase.\n\nPor otro lado,\nel 5 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección\nPrimera, Subsección B accedió a un recurso de insistencia, radicado por el\nAlberto Mario Quintana Majul en contra la Escuela Rodrigo Lara Bonilla\nconcerniente a la reserva de información alegada por la demandada.\n\nSeguidamente, el\n11 de septiembre de 2024 la Escuela en cumplimiento de un fallo de tutela,\ncertificó que el software Klarway no grabó los videos de 85 discentes en el\ndesarrollo de las jornadas evaluativas del 19 de mayo y 02 de junio de 2024.\n\nFinalmente,\nseñalaron que el accionante Christian Medina Rojas presentó demanda ante la\njurisdicción contenciosa administrativa, la cual quedó registraba bajo el\nradicado 20240039200. Posteriormente, el resto de los accionantes, el día 8\nde noviembre presentaron demanda ante la misma jurisdicción bajo radicado\n20240039300, asuntos que se encuentran en trámite.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl 11 de\ndiciembre de 2025, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de\nJusticia declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito\nde subsidiariedad de la acción. La Sala argumentó que: (i) los\naccionantes interpusieron el medio de control de nulidad y restablecimiento\ndel derecho ante los Juzgados 12 y 17 Administrativos de Bogotá; y (ii)\nque dentro las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo\nlos accionantes pueden la suspensión provisional del acto demandado.\n\nImpugnación\n\nEl 2 de\ndiciembre de 2024, los accionantes, actuando a través de apoderado judicial,\npresentaron impugnación en la que argumentaron el juez de primera instancia\nno sustentó debidamente la tesis del incumplimiento del requisito de\nsubsidiariedad, pues indicó que las pretensiones objeto de la acción de\ntutela debían ventilarse ante la jurisdicción contenciosa, a pesar de que ya\nse había interpuesto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.\n\nAsí mismo,\nplantearon su inconformidad frente a la falta de demostración de un perjuicio\nirremediable, toda vez que, según señalaron, este quedó debidamente\nacreditado en el escrito de tutela. Finalmente, consideró que los medios\njudiciales referidos no resultan idóneos debido al tiempo que requiere su\ntrámite. En virtud de lo anterior, solicitaron que se revoque la sentencia\nproferida por la Sala de Casación Laboral el 11 de diciembre de 2024, y, en\nsu lugar, se declare la vulneración de los derechos fundamentales al acceso a\nlos cargos públicos, igualdad y debido proceso de los tutelantes.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl 25 de febrero\nde 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó\nel fallo impugnado. La sala argumentó que el amparo constitucional resulta\nimprocedente, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez\nque el juez constitucional no puede trasladar al Juez natural que actualmente\nconoce del incidente de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto\npor los accionantes.\n\nCASO 7\n\nEXPEDIENTE T-11.062.918\n\nD emandante\n\nDelewsky\nSusan Yelliyzza Contreras Álvarez\n\nD emandado\n\nEscuela\nJudicial Rodrigo Lara Bonilla\n\nPuntaje inicial\n\n768,360\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nLa\naccionante presentó recurso de reposición contra la Resolución n° EJR21-298\nde 21 de junio de 2024, el 26 de julio de 2024. Como fundamento de su\ninconformidad, alegó que: (i) en la pregunta 79 del módulo de Filosofía\nDerecho e Interpretación Constitucional, no se le reconoció 3.33 puntos por\nhaber escogido el vocablo “criterio” en vez de “parámetro”, aunque son usados\nde forma indistinta por la Corte Constitucional; (ii) en la pregunta 37 del\nmódulo gestión judicial y tecnología de la información y de las\ntelecomunicaciones se le desconocieron respuesta como validas, por haber\nescogido el vocablo “mejora” en vez de “optimización”, aun cuando las dos\npalabras lleva al mismo significado; y (iii) diferentes preguntas admitían\nmulticlave dentro de la opciones presentadas.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nRespecto\nde la decisión adoptada por la Escuela, la accionante presentó los siguientes\nreproches: (i) se calificaron varias preguntas sin considerar\ncriterios fundamentales como la aplicación práctica del contenido académico,\nla apropiación del contenido académico enfocado en la práctica judicial ni el\ndesarrollo de competencias sobre la función judicial; (ii) algunas\npreguntas únicamente midieron la memoria textual de las lecturas; (iii) existían preguntas de completar palabras con claves\nsinónimas y no reconoció como válidas aquellas respuestas que guardaban\ncoherencia con el contenido del texto evaluado; (iv) las resoluciones\nfueron generadas mediante inteligencia artificial, en las cuales se observan\n“prompt” como “por favor estudia cuidadosamente la pregunta, contéstala y\nsusténtala con suficiencia la respuesta correcta y explica por qué las\nincorrectas son incorrectas” . Según la accionante, ese tipo de\ninstrucciones registran la clave de respuesta de la Escuela Judicial Rodrigo\nLara Bonilla, lo que permite deducir que se le proporcionaron a la IA\nindicaciones o prompt con sesgos; y (v) que se realizaron preguntas\nfuera del rango de lecturas obligatorias o no hacían parte del insumo\nprincipal del examen.\n\nPuntaje tras reposición\n\n783\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl\n27 de noviembre de 2024, la accionante actuando en nombre propio, presentó\nacción de tutela en contra de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el\nConsejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus\nderechos al debido proceso y acceso a cargos públicos, así como los\nprincipios de confianza legitima y buena fe. En consecuencia, solicitó que: (i)\nse tutelen sus derechos al debido proceso, la confianza legitima, la buena fe\ny el acceso a cargos públicos; (ii) se expida un acto administrativo\nque reconozca como acertadas las respuestas a las 27 preguntas que admiten\ndoble clave de respuestas, para un total de 75.81 puntos. Este puntaje,\nsumado al puntaje previamente reconocido en la Resolución EJR24-1713 del 7 de\nnoviembre de 2024, según la actora da un total de 858.81 puntos, cumpliendo\ncon la calificación requerida para avanzar a la fase especializada del\nconcurso; y subsidiariamente que (iii) disponga su inclusión\ntransitoria en la subfase especializada del IX curso de formación judicial y\nsubsidiariamente disponga su inclusión provisional en la subfase\nespecializada del curso, hasta que un juez ordinario resuelva la demanda\ncontra los resultados de la subfase general del mencionado curso. Lo\nanterior, basado en lo siguiente:\n\nLa\naccionante indicó que participó en el concurso de méritos para la provisión\nde cargos en la Rama Judicial (Convocatoria 27), conforme al Acuerdo\nPCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.\n\nMediante\nResolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo, se publicaron los\nresultados de las evaluaciones de la subfase general del IX curso de\nformación judicial, en el que a la actora se le asignó un puntaje de\n768.36, calificación que no alcanzó el puntaje\nmínimo requerido para continuar en la subfase especializada.\n\nFrente\na dicha resolución, la accionante presentó un recurso de reposición ante la\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el cual fue resuelto mediante\nResolución EJR24-1713 del 7 de noviembre de 2024 , en\nla que se ajustó la calificación de la evaluación de la subfase general del IX\nCurso de Formación Judicial Inicial a 783 puntos, equivalente a un estado\nreprobado.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nEl 5\nde diciembre de 2024, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Sala de\nCasación Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró improcedente la\nacción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad de la acción.\nEl despacho manifestó que: (i) por regla general la tutela es\nimprocedente para cuestionar actos administrativos de carácter particular, excepcionalmente, es procedente cuando se trate de un\nacto de trámite , ante la urgencia de evitar la ocurrencia de un\nperjuicio irremediable y cuando se propone un debate constitucional que no\npuede analizar el juez de lo contencioso administrativo. En el caso concreto,\nconsideró que: (i) la actora tiene a su disposición el medio de\ncontrol de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuyo trámite puede\nsolicitar que se practiquen medidas provisionales para evitar la ocurrencia\nde un perjuicio irremediable; (ii) señaló que no se acredita un\nperjuicio; (iii) no se trata de un acto de trámite; y (iv) el\nasunto planteado no constituye un debate de naturaleza estrictamente\nconstitucional que no pueda ser resuelto por la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo.\n\nImpugnación\n\nEl 4 de\nfebrero de 2025, la accionante presentó escrito de impugnación, mediante el\ncual alegó que reconoce que cuenta con un mecanismo ordinario como recurso\npara salvaguardar sus garantías fundamentales; sin embargo, los términos\ndentro del trámite contencioso no resultan efectivos, ya que está sujeta en\nun cronograma.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl 12 de marzo\nde 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de\nJusticia confirmó el fallo de primera instancia. Argumentó que la\nlegalidad de los actos administrativos debe ser controvertida ante la\njurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que el juez constitucional\nno tiene competencia para asumir funciones propias de esa jurisdicción, como\nsuspender o anular dichos actos. Bajo esta línea, indicó que la sentencia\nimpugnada no supera el requisito de subsidiariedad, dado que la accionante\ncuestiona un acto administrativo para lo cual se han dispuesto otros\nmecanismos de defensa, que en principio serían los medios idóneos y eficaces\npara proteger sus derechos. Además, para la Sala la accionante no logró\nacreditar las mínimas exigencias de estar frente a un perjuicio irremediable.\n\nCASO 8\n\nEXPEDIENTE T-11.083.609\n\nD emandante\n\nAndrés Díaz Salinas\n\nD emandado\n\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla\n\nPuntaje inicial\n\n792\n\nFecha y argumentos del\nrecurso de reposición\n\nLa\naccionante presentó recurso de reposición el 25 de julio de 2024 en contra la\nResolución n° EJR21-298 de 21 de junio de 2024. Como fundamento de\ninconformidad, señaló que: (i) múltiples preguntas no se ajustaban a\nlos propósitos de la evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que rige\nel IX curso de formación judicial; (ii) se evaluó la memoria en\npreguntas que no lo requerían; y (iii) el cambio de evaluaciones\nparciales a evaluaciones acumuladas.\n\nRespuesta del recurso de\nreposición con énfasis en los defectos de las preguntas y el uso de IA\n\nRespecto de la\ndecisión adoptada por la Escuela, el actor presentó las siguientes\ninconformidades: (i) se evaluó múltiples preguntas sin considerar la\napropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial, el\ndesarrollo de competencias sobre la función judicial, la interpretación de\ntextos jurídicos, la lógica del razonamiento para la solución de problemas\njurídicos ni los rangos de lecturas obligatorias; (ii) la ilegalidad\nen la ejecución del taller virtual debido a la modificación de las formas de\nevaluación; (iii) el cambio de evaluaciones parciales a evaluaciones\nacumuladas, según la Guía de orientación al discente para la evaluación\nvirtual de la subfase general; (iv) se evaluó preguntas de completar\npalabras con claves sinónimas y no reconoció como válidas aquellas respuestas\nque guardaban relación con el texto evaluado; y (v) la respuesta a su\nrecurso de reposición fue generada mediante indiligencia artificial, en la\ncual se evidencia parámetros sugestivos dados a la IA para que se enfocara en\nrespaldar las respuestas consideradas como correctas por la accionada, sin\nconsiderar sus objeciones.\n\nPuntaje tras reposición\n\n792\n\nFecha de la acción de\ntutela, derechos solicitados, pretensiones transcritas y argumentos\nrelevantes\n\nEl 25 de\nnoviembre de 2024, el accionante actuando en nombre propio, presentó acción\nde tutela en contra de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la presunta\nvulneración de sus derechos al debido proceso y acceso a cargos públicos, así\ncomo los principios de confianza legitima y buena fe. Por lo tanto, solicitó\nque: (i) se tutelen sus derechos al debido proceso, la confianza\nlegitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos; (ii) se expida un\nacto administrativo que reconozca como acertadas las respuestas a las\npreguntas 37 y 38; y subsidiariamente que (iii) disponga su inclusión\ntransitoria en la subfase especializada del IX curso de formación judicial y\nsubsidiariamente disponga su inclusión provisional en la subfase\nespecializada del curso, hasta que un juez ordinario resuelva la demanda\ncontra los resultados de la subfase general del mencionado curso. Lo\nanterior, fundamentado en los siguientes argumentos:\n\nEl accionante\nindicó que participó en el concurso de méritos para la provisión de cargos en\nla Rama Judicial (Convocatoria 27), conforme al Acuerdo PCSJA18-11077 del 16\nde agosto de 2018.\n\nMediante\nResolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo, se publicaron los\nresultados de las evaluaciones de la subfase general del IX curso de\nformación judicial. Respecto a dicha resolución, el accionante presentó\nrecurso de reposición ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el cual\nfue resuelto mediante Resolución No. EJR24-944 del 5 de noviembre de 2024, por\nmedio la cual se le reconoció un resultado de 792 puntos, menos de los\nrequeridos para continuar a la subfase especializada.\n\nDecisión de primera\ninstancia\n\nDecisión de\nprimera instancia. El 9 de diciembre de 2024, el Juzgado 003 de Familia del\nCircuito de Tunja, concedió el amparo requerido por el actor como mecanismo\ntransitorio para evitar un perjuicio irremediable. En consecuencia, ordenó a\nla accionada dispusiera la inclusión provisional del accionante en la subfase\nespecializada del concurso de formación judicial, hasta que el juez\ncontencioso resolviera la medida cautelar.\n\nImpugnación\n\nEl 13 de\ndiciembre de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla presentó escrito\nde impugnación, mediante el cual alegó que en el caso objeto de estudio no se\nsuperaba el requisito de subsidiariedad, como quiera que la parte demandante\ncontaba con otros medios ordinarios de defensa, como el medio de control de\nnulidad y restablecimiento del derecho, ya que no se demostró la\nconfiguración de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción\nde tutela como mecanismo transitorio.\n\nDecisión de segunda\ninstancia\n\nEl 26 de marzo\nde 2025, la Sala Civil Familia, del Tribunal Superior del Distrito Judicial\nde Tunja revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró a la\nimprocedencia del amparo requerido. Argumentó que la accionante cuenta, con\nmecanismos idóneos, como lo es el medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho, en el cual tiene la posibilidad de peticionar\nmedidas cautelares. Además, alegó que, en el caso concreto, la circunstancia\ndel demandante no lo ubican en una eventual configuración de un perjuicio\nirremediable que no tenga posibilidad de ser reparado mediante los mecanismos\nordinarios idóneos.\n\nANEXO 2\n\nActos administrativos\nindividuales\n\nExpediente\n\nNombre accionante\n\nCalificación inicial\n\nAnexo Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024\n\nActo Administrativo\nIndividual- resolución de recursos [141]\n\nPuntaje de recalificación\n\nT-10892442\n\nDiego Alexander Marín Bedoya\n\n750,42\n\nResolución EJR24-1676 del 7 de noviembre de 2024\n\n760\n\nT-10914949\n\nGilma Elena Fernández Nisperuza\n\n756,26\n\nResolución EJR24-948 del 5 de noviembre de 2024\n\n767\n\nT-10918114\n\nRubiel Adolfo Berrio Medina\n\n787,52\n\nResolución EJR24-978 del 5 de noviembre de 2024\n\n796\n\nT-10957608\n\nDiana María González Guauque\n\n760,02\n\nResolución EJR24-1383 del 6 de noviembre de 2024\n\n770\n\nT-10973777\n\nCarlos Javier Bustillo Vergara\n\n762\n\nResolución EJR24-1475 del 6 de noviembre de 2024\n\n774\n\nT-11021108\n\nSandra Liliana Pérez Henao\n\n777,1\n\nResolución EJR24-784 del 1\nde noviembre de 2024\n\n790\n\nPedro Javier Barrera Varela\n\n775,85\n\nResolución EJR24-1147 del 5\nde noviembre de 2024\n\n785\n\nGladys Teresa Herrera\nMonsalve\n\n779,19\n\nResolución EJR24-1570 del 7\nde noviembre de 2024\n\n790\n\nCarlos Andrés Otalora\nFonseca\n\n784,59\n\nResolución EJR24-1169 del 5\nde noviembre de 2024\n\n794\n\nYackson Eustaquio Chaverra\nMena\n\n787,93\n\nResolución EJR24-1340 del 6\nde noviembre de 2024\n\n797\n\nHéctor Mario Londoño Ríos\n\n753,76\n\nResolución EJR24-1792 del 7\nde noviembre de 2024\n\n763\n\nCatalina Bedoya López\n\n738,5\n\nResolución EJR24-808 del 1\nde noviembre de 2024\n\n750\n\nDiana Lizzeth León Lozada\n\n789,59\n\nResolución EJR24-1629 del 7\nde noviembre de 2024\n\n799\n\nEdgardo de la Ossa\nMonterrosa\n\n762,93\n\nResolución EJR24-753 del 31\nde octubre de 2024\n\n776\n\nVladimir Enrique Herrera\nMoreno\n\n754,19\n\nResolución EJR24-758 del 31\nde octubre de 2024\n\n765\n\nElkin Jesús Gil Rojas\n\n673,37\n\nResolución EJR24- 1553 del 7\nde noviembre de 2024\n\n684\n\nAna Paula Puerta Mejía\n\n788\n\nResolución EJR24-1380 del 6\nde noviembre de 2024\n\n798\n\nNancy Liliana Aguirre\nGiraldo\n\n742,08\n\nResolución EJR24-1087 del 5\nde noviembre de 2024\n\n756\n\nEdwin Alfonso Ariza Fragozo\n\n765,01\n\nResolución EJR24-1036 del 5\nde noviembre de 2024\n\n777\n\nJosé Luis Restrepo Méndez\n\n752,51\n\nResolución EJR24-709 del 30\nde octubre de 2024\n\n765\n\nSandra Isabel Bernal Castro\n\n649,59\n\nResolución EJR24-813 del 1\nde noviembre de 2024\n\n653\n\nIsaac Rafael Cienfuegos\nGallet\n\n765,6\n\nResolución EJR24-1741 del 7\nde noviembre de 2024\n\n775\n\nWilliam Andrés Buitrago Betancourt\n\n781,68\n\nResolución EJR24-607 del 28\nde octubre de 2024\n\n794\n\nMaria Fernanda Portilla\nMuñoz\n\n767,94\n\nResolución EJR24-1160 del 5\nde noviembre de 2024\n\n782\n\nJhon Jairo Álvarez Salazar\n\n787,949\n\nResolución EJR24-782 del 1\nde noviembre de 2024\n\n797\n\nChristian Medina Rojas\n\n763,76\n\nNo presentó recurso de\nreposición\n\nN/A\n\nJohn Eduardo Matiz Gaitán\n\n746,67\n\nResolución EJR24-884 del 5\nde noviembre de 2024\n\n756\n\nCamilo Alexander Bustamante\nCarvajal\n\n772,5\n\nResolución EJR24-974 del 5\nde noviembre de 2024\n\n783\n\nGinna Margarita Araque\nEsquivel\n\n785,02\n\nResolución EJR24-1674 del 7\nde noviembre de 2024\n\n796\n\nAnna Maria Caro Rivera\n\n780,45\n\nResolución EJR24-1218 del 5\nde noviembre de 2024\n\n794\n\nEliana Isaid Pulido Torres\n\n685,42\n\nResolución EJR24 -1023 del 5\nde noviembre de 2024\n\n700\n\nDiana Eva López Giraldo\n\n762,92\n\nResolución EJR24-866 de 5 de\nnoviembre de 2024\n\n777\n\nLaura Ximena Sánchez Ortiz\n\n774,6\n\nResolución EJR24-924 del 5\nde noviembre de 2024\n\n785\n\nJuan Sebastián Cruz Álvarez\n\n772,94\n\nResolución EJR24-1132 del 5\nde noviembre de 2024\n\n782\n\nFabian Enrique Cotes Mozo\n\n787,51\n\nResolución EJR24-994 del 5\nde noviembre de 2024\n\n799\n\nFabio León Cardona Calle\n\n787,09\n\nResolución EJR24-1751 del 7\nde noviembre de 2024\n\n795\n\nVerónica María Valderrama\nRivera\n\n730,84\n\nResolución EJR24-1534 del 6\nde noviembre de 2024\n\n739\n\nEliana Marcela Estupiñán\nCetina\n\n773,35\n\nResolución EJR24-1731 del 7\nde noviembre de 2024\n\n781\n\nHeriberto Gallo Machado\n\n773,77\n\nResolución EJR24-1771 del 7\nde noviembre de 2024\n\n788\n\nYiber Eduardo Jiménez Quiroz\n\n748,34\n\nResolución EJR24-951 del 5\nde noviembre de 2024\n\n758\n\nMelissa Eugenia Cabarcas\nSolano\n\n733,78\n\nResolución EJR24-604 del 28\nde octubre de 2024\n\n743\n\nElmer Leonardo Rodríguez\nEnciso\n\n759,15\n\nResolución EJR24-1665 del 7\nde noviembre de 2024\n\n770\n\nEdilberto Samir Choles\nTirado\n\n754,16\n\nResolución EJR24-976 del 5\nde noviembre de 2024\n\n769\n\nJuly Katerine Durán Ayala\n\n757,94\n\nResolución EJR24-1130 del 5\nde noviembre de 2024\n\n767\n\nDavid Vélez Mendoza\n\n766\n\nResolución EJR24- 1250 del 5\nde noviembre de 2024\n\n781\n\nYuliana Velásquez Valencia\n\n783,34\n\nResolución EJR24-1194 del 5\nde noviembre de 2024\n\n791\n\nJuan Esteban Patiño Ciro\n\n765,44\n\nResolución EJR24-761 del 31\nde octubre de 2024\n\n781\n\nPaula Andrea García Gómez\n\n789,2\n\nResolución EJR24-1524 del 6\nde noviembre de 2024\n\n798\n\nDaniela Escudero Marín\n\n744,59\n\nResolución EJR24-1005 del 5\nde noviembre de 2024\n\n755\n\nDuban Darío del Castillo\nAlemán\n\n722,92\n\nResolución EJR24-740 del 31\nde octubre de 2024\n\n737\n\nMaría Angélica Arriola\nSalgado\n\n749,16\n\nResolución EJR24-1262 del 5\nde noviembre de 2024\n\n762\n\nAndrés Fernando Insuasty\nIbarra\n\n768,77\n\nResolución EJR24-1157 del 5\nde noviembre de 2024\n\n781\n\nGina Alejandra Pecha Garzón\n\n784,6\n\nResolución EJR24-1059 del 5\nde noviembre de 2024\n\n798\n\nElvira Rodríguez Gualteros\n\n779\n\nResolución EJR24-841 del 1\nde noviembre de 2024\n\n790\n\nYesid Arturo Correa\nFigueredo\n\n766,28\n\nResolución EJR24-749 del 31\nde octubre de 2024\n\n778\n\nÁngela Sofía Solarte Lucero\n\n784,19\n\nResolución EJR24-677 del 30\nde octubre de 2024\n\n797\n\nNeyla Yadira López Contreras\n\n765,01\n\nResolución EJR24-1644 del 7\nde noviembre de 2024\n\n774\n\nNelson Enrique Cuta Sánchez\n\n750,87\n\nResolución EJR24-984 del 5\nde noviembre de 2024\n\n765\n\nT-11062918\n\nDelewsky\nSusan Yellyzza Contreras Álvarez\n\n768,36\n\nResolución EJR24-1713 del 7 de noviembre de 2024\n\n783\n\nT-11083609\n\nAndrés Díaz Salinas\n\n783,77\n\nResolución EJR24-944 del 5 de noviembre de 2024\n\n792\n\nANEXO 3\n\nExpediente\n\nNombre\n\nLegitimación en la causa por\nactiva\n\nPoder\n\nT-10892442\n\nDiego Alexander Marín Bedoya\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\nT-10914949\n\nGilma Elena Fernández Nisperuza\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\nT-10918114\n\nRubiel Adolfo Berrio Medina\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\nT-10957608\n\nDiana María González Guauque\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\nT-10973777\n\nCarlos Javier Bustillo Vergara\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\nT-11021108 [142]\n\nSandra Liliana Pérez Henao\n\nApoderado\n\nSI\n\nPedro Javier Barrera Varela\n\nApoderado\n\nSI\n\nGladys Teresa Herrera Monsalve\n\nApoderado\n\nSI\n\nCarlos Andrés Otalora Fonseca\n\nApoderado\n\nSI\n\nYackson Eustaquio Chaverra Mena\n\nApoderado\n\nSI\n\nHéctor Mario Londoño Ríos\n\nApoderado\n\nSI\n\nCatalina Bedoya López\n\nApoderado\n\nSI\n\nDiana Lizzeth León Lozada\n\nApoderado\n\nSI\n\nEdgardo de la Ossa Monterrosa\n\nApoderado\n\nSI\n\nVladimir Enrique Herrera Moreno\n\nApoderado\n\nSI\n\nElkin Jesús Gil Rojas\n\nApoderado\n\nSI\n\nAna Paula Puerta Mejía\n\nApoderado\n\nSI\n\nNancy Liliana Aguirre Giraldo\n\nApoderado\n\nSI\n\nEdwin Alfonso Ariza Fragozo\n\nApoderado\n\nSI\n\nJosé Luis Restrepo Méndez\n\nApoderado\n\nSI\n\nSandra Isabel Bernal Castro\n\nApoderado\n\nSI\n\nIsaac Rafael Cienfuegos Gallet\n\nApoderado\n\nSI\n\nWilliam Andrés Buitrago Betancourt\n\nApoderado\n\nSI\n\nMaría Fernanda Portilla Muñoz\n\nApoderado\n\nSI\n\nJhon Jairo Álvarez Salazar\n\nApoderado\n\nSI\n\nChristian Medina Rojas\n\nApoderado\n\nSI\n\nJohn Eduardo Matiz Gaitán\n\nApoderado\n\nSI\n\nCamilo Alexander Bustamante Carvajal\n\nApoderado\n\nSI\n\nGinna Margarita Araque Esquivel\n\nApoderado\n\nSI\n\nAnna María Caro Rivera\n\nApoderado\n\nSI\n\nEliana Isaid Pulido Torres\n\nApoderado\n\nSI\n\nDiana Eva López Giraldo\n\nApoderado\n\nSI\n\nLaura Ximena Sánchez Ortiz\n\nApoderado\n\nSI\n\nJuan Sebastián Cruz Álvarez\n\nApoderado\n\nSI\n\nFabian Enrique Cotes Mozo\n\nApoderado\n\nSI\n\nFabio León Cardona Calle\n\nApoderado\n\nSI\n\nVerónica María Valderrama Rivera\n\nApoderado\n\nSI\n\nEliana Marcela Estupiñán Cetina\n\nApoderado\n\nSI\n\nHeriberto Gallo Machado\n\nApoderado\n\nSI\n\nYiber Eduardo Jiménez Quiroz\n\nApoderado\n\nSI\n\nMelissa Cabarcas Solano\n\nApoderado\n\nSI\n\nElmer Leonardo Rodríguez Enciso\n\nApoderado\n\nSI\n\nEdilberto Samir Choles Tirado\n\nApoderado\n\nSI\n\nJuly Katerine Durán Ayala\n\nApoderado\n\nSI\n\nDavid Alonso Vélez Mendoza\n\nApoderado\n\nSI\n\nYuliana Velásquez Valencia\n\nApoderado\n\nSI\n\nJuan Esteban Patiño Ciro\n\nApoderado\n\nSI\n\nPaula Andrea García Gómez\n\nApoderado\n\nSI\n\nDaniela Escudero Marín\n\nApoderado\n\nSI\n\nDuban Darío del Castillo Alemán\n\nApoderado\n\nSI\n\nMaría Angélica Arriola Salgado\n\nApoderado\n\nSI\n\nAndrés Fernando Insuasty Ibarra\n\nApoderado\n\nSI\n\nGina Alejandra Pecha Garzón\n\nApoderado\n\nSI\n\nElvira Rodríguez Gualteros\n\nApoderado\n\nSI\n\nYesid Arturo Correa Figueredo\n\nApoderado\n\nSI\n\nAngela Sofia Solarte Lucero\n\nApoderado\n\nSI\n\nNeyla Yadira López Contreras\n\nApoderado\n\nSI\n\nNelson Enrique Cuta Sánchez\n\nApoderado\n\nSI\n\nT-11062918\n\nDelewsky Susan Yellyzza Contreras Álvarez\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\nT-11083609\n\nAndrés Díaz Salinas\n\nEn nombre propio\n\nN/A\n\n[1]\nCada accionante allegó copia de los actos administrativos en los que constan\nlas decisiones asociadas a cada etapa de la Convocatoria n.° 27. Por ejemplo,\nlos actos administrativos que negaron sus recursos de reposición ante la\nreprobación de la subfase general.\n\n[2]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo T-11.021.108: “Anexo condiciones\ncontractuales”.\n\n[3]\nEl 27 de octubre de 2020, la directora de la Unidad de Administración de la\nCarrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución n.° CJR20-0202, “[p]or medio de la cual se corrige\nuna actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27”, con el fin de\nsubsanar los errores incurridos por la Universidad Nacional de Colombia, debido\na las inconsistencias presentadas en la construcción de la prueba de aptitudes\ny conocimientos. Decisión que fue revisada por la Corte Constitucional a través\nde la Sentencia SU-067 de 2022. En consecuencia, se retrotrajo la actuación\nadministrativa y los participantes del concurso fueron citados a la\npresentación de las pruebas el 24 de julio de 2022.\n\n[4]\n(i) Filosofía del Derecho e interpretación Constitucional; (ii) Derechos\nHumanos y Género; (iii) Ética, Independencia y Autonomía Judicial; (iv)\nInterpretación Judicial y Estructura de la Sentencia; (v) Argumentación\nJudicial y Valoración Probatoria; (vi) Justicia Transicional y Justicia\nRestaurativa; (vii) Habilidades Humanas; y (viii) Gestión Judicial y\nTecnologías de la información y Comunicaciones.\n\n[5]\n(i) Derecho Contencioso Administrativo; (ii) Derecho Civil y Restitución de\nTierras; (iii) Derecho Penal; (iv) Juzgados Promiscuos y Salas Únicas; (v)\nConsejos Seccionales de la Judicatura; (vi) Derecho de Familia; (vii) Derecho\nDisciplinario; (viii) Derecho Laboral y de la Seguridad Social.\n\n[6]\nInformación tomada del anexo de la Resolución n.° EJR24-298\ndel 21 de junio de 2024.\n\n[7]\nSegún el Acuerdo, en la Fase III “es indispensable aprobar cada una de las\nsubfase previstas con un puntaje mínimo de 800 puntos en una escala de 1 a\n1.000. La aprobación de la subfase general es prerrequisito para cursar la\nsubfase especializada, de manera que sólo los aspirantes que aprueben ambas\nsubfase y obtengan un puntaje final ponderado igual o superior a 800 puntos,\ncontinuarán en el proceso de selección e integrarán el correspondiente Registro\nNacional de Elegibles”.\n\n[8]\nDe acuerdo con lo establecido en la Resolución n.° EJR24-317 del 28 de junio de\n2024, artículo 3.\n\n[9]\nCon excepción de uno de los accionantes -expediente T-11.021.108\n(Christian Medina Rojas)-, quien no presentó ningún recurso. Lo anterior, debido a que el 28\nde octubre de 2024 radicó demanda a través del medio de control de nulidad y\nrestablecimiento del derecho. Su demanda correspondió por reparto al Juzgado\n012 Administrativo de Bogotá.\n\n[10]\nExpedientes T-10.914.949, T-10.918.114, T-10.973.777, T-11.021.108, T-11.062.918 y T-11.083.609.\n\n[11]\nLos accionantes afirmaron fallas técnicas y de confiabilidad en: (i) las\npreguntas 4 y 41 del módulo de habilidades humanas; (ii) las preguntas\n44, 57, 58 y 68 del módulo de interpretación judicial y estructura de la sentencia;\n(iii) las preguntas 47, 48, 54 y 55 del módulo de argumentación judicial\ny valoración probatoria; (iv) la pregunta 8 del módulo de ética e\nindependencia judicial; y (v) las preguntas 58, 63, 64 y 77 del módulo\nde derechos humanos, entre otras.\n\n[12]\nEstas acciones corresponden a los expedientes T-10.892.442, T-10.914.949,\nT-10.918.114, T-10.957.608, T-10.973.777, T-11.021.108, T-11.062.918 y\nT-11.083.609.\n\n[13]\nLos accionantes expusieron que la parte considerativa de las resoluciones\ntuvieron la misma estructura y respuesta. “Primero, hace unas consideraciones\ngenerales en relación con el cumplimiento de los acuerdos que reglamentan el\ncurso, los criterios de evaluación, metodología, lecturas obligatorias, entre\notros aspectos. Segundo, se pronuncian de manera particular sobre los ítems\nmateria de inconformidad. Los actos emplearon 8 tablas, cada una corresponde a\nun programa académico, y es donde se concentra la mayor parte de las\nresoluciones. Tercero, en una tabla final precisa la calificación uno a uno de\nlos 336 ítems que componían la Evaluación. en este último acápite, no se\nespecífica cuáles son las preguntas que se le recalifican al discente”.\nExpediente T-11.021.108. Archivo: Acción de tutela, folio 25.\n\n[14]\nEl numeral 3 del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 establece la posibilidad de\nhomologación para “los discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario\nen carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial\ncomo etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores, podrán\nsolicitar la homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de\nformación judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases,\nsiempre que la calificación sea superior a 800 puntos. De haber cursado y\naprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará como\nsustitutiva la mayor calificación obtenida”.\n\n[15]\nEl numeral 3 del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 señala la posibilidad de\nexoneración en los siguientes términos: “los discentes que sean o hayan sido\nfuncionarios(as) judiciales de carrera, podrán solicitar la exoneración del IX\nCurso de Formación Judicial Inicial y en tal caso se tomará la última\ncalificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2)\nsubfases, siempre que sea superior a 80 puntos”.\n\n[16]\nLos accionantes argumentaron que varias personas homologadas o exoneradas\ntuvieron una calificación superior a 900. En cambio, los resultados del IX\nCurso evidencia que solo el 0,229% obtuvo un puntaje por encima de 900 puntos.\nA su juicio, la homologación de los concursantes es un trato “irrazonable y\ndesproporcionado”. Expediente T-11.021.108. Archivo: Acción de tutela, p. 46.\n\n[17]\nPara el apoderado, las ediciones anteriores la mayoría de los participantes\n—98%— obtuvieron una calificación aprobatoria, con un puntaje superior a 900\npuntos. En contraste con los aprobados en el IX Curso, con una tasa que se\nredujo casi en un 50%, lo que lo convirtió en “un privilegio”.\n\n[18]\nEl medio empleado (homologación y/o exoneración) no es adecuado ni\nefectivamente conducente, porque a aquellos les resulta más fácil acceder a los\nprimeros lugares del concurso. El apoderado considera que la Escuela pudo\nadelantar diferentes acciones con el fin de evaluar de manera distinta a los\ndiscentes sin que fuera incompatible con la homologación o exoneración. Además,\nla evaluación de la subfase general no cumplió con el protocolo de seguridad y\nque en la evaluación los discentes se enfrentaron a otros factores como la\nconsulta de un total de 5.329 de lecturas obligatorias, 28.608 páginas en total\nsumadas con las lecturas complementarias y 1181 diapositivas compiladas en 18\npresentaciones, que no ocurrió en versiones anteriores.\n\n[19]\nEl apoderado argumentó que el medio empleado no es necesario para contribuir\ncon el principio del mérito y el propósito de la formación judicial. Por el\ncontrario, resulta un “despropósito” homologar el curso de años anteriores,\ncuando el ordenamiento jurídico es dinámico.\n\n[20]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivos: (i) T10892442- auto admisorio\ndentro del expediente digital 2024-10701 de Diego Alexander Marín Bedoya.; (ii)\nT10914949- auto admisorio dentro del expediente digital 2024-10501 de Gilma\nElena Hernández Nisperuza; (iii) T10918114- auto que integra el\ninterrogatorio dentro del expediente digital 2024-10701 de Rubiel Adolfo Berrio\nMedina; (iv) T10957608- auto admisorio dentro del expediente digital\n2024-11201 de Diana Maria Gonzalez Guaque; (v) T10973777- auto admisorio\ndentro del expediente digital 2024-6526 de Carlos Javier Bustillo Vergara ; (vi)\nT11021108- auto admisorio dentro del expediente digital de Sandra Pérez Henao y otros; (vii)\nT11062918- auto admisorio dentro del expediente digital de Delewvsky Susan\nYellyzza Contreras Álvarez y (viii) T11083609- auto admisorio dentro del\nexpediente digital Andrés Díaz Salinas .\n\n[21]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivos: (i) T10892442- Oficio No.\nEJO25-2411 del 9 de septiembre de 2025.\n\n[22]\nNotificado el 21 de abril de 2025.\n\n[23]\nNotificado el 13 de mayo de 2025.\n\n[24]\nNotificado el 16 de junio de 2025.\n\n[25]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo: “009 T-10892442 AC Auto de Pruebas\n07-May-2025.pdf”.\n\n[26]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo: “016 T-10892442 AC Auto de Pruebas\n27-May-2025.pdf”.\n\n[27]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo: “129 T-10892442 AC Auto de Pruebas 27-Ago-2025.pdf”.\n\n[28]\nMediante auto del 6 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador requirió al\nMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en atención a que la entidad no\ndio respuesta a la solicitud efectuada en el numeral tercero del auto de pruebas\ndel 27 de agosto de 2025. Asimismo, solicitó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara\nBonilla aclaración de la respuesta emitida en relación con los literal e) y g)\ndel numeral 4 del mencionado auto. Expediente T-10.892.442AC. Archivo\nT-10.892.442: “164 T-10892442 AC Auto de Pruebas 06-Oct-2025.pdf”.\n\n[29]\nEl decreto de pruebas tuvo cuatro objetivos principales: (i) oficiar a\nlos accionantes para indagar sobre eventuales demandas en la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo, su situación actual en la Convocatoria 27 y las\nrazones de la alegada afectación de sus derechos, en especial por el uso de\ninteligencia artificial; (ii) requerir a las entidades accionadas la\nremisión de información sobre la Convocatoria 27, las reglas del IX Concurso de\nFormación Judicial y las dudas en torno a los derechos controvertidos, en\nparticular, sobre la motivación de actos administrativos y la calificación de\nrespuestas mediante IA; (iii) solicitar a diversas entidades del Estado\ninformación sobre el marco normativo y la implementación de guías técnicas en\nmateria de inteligencia artificial aplicada a decisiones administrativas; e (iv)\ninvitar a instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y\ndivulgación académica sobre IA, para que emitieran concepto en relación con sus\nposibles impactos en la adopción de decisiones administrativas.\n\n[30]\nDe acuerdo con el informe de Secretaría General de la Corte Constitucional.\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo: “078\nT-10892442_AC_Auto_1177-2025_Impedimento_Infundado_JCCG.pdf”.\n\n[31]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo: “027 T-10892442 AC Rta. Diego Alexander\nMarin.pdf”.\n\n[32]\nEl actor precisó que el 11 de septiembre de 2024 (antes de la acción de tutela)\npresentó con más de 500 participantes el medio de control de nulidad simple\n(2024-431), contra los acuerdos de 2018 y 2019 que dispusieron las reglas de la\nConvocatoria n.° 27 y del acuerdo pedagógico. Mediante auto del 26 de\nseptiembre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda\nSubsección A, decretó la acumulación de la demanda con radicado 2024-495\n(5746-2024) al proceso 2024-431 (5141-2024). Asimismo, en la misma fecha, a\ntravés de auto independiente negó el trámite de urgencia de la suspensión\nprovisional como medida cautelar solicitada por los demandantes.\n\n[33]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivo: “029 T-10892442 AC Rta. Gilma Elena\nFernandez.pdf”.\n\n[34]\nEl actor participó de la acción de nulidad simple con radicado 2024-431, pero\npresentó desistimiento.\n\n[35]\nLa accionante también participa de la acción de nulidad simple con radicado\n2024-431.\n\n[36]\nExpediente T-10.892.442AC. Archivos: “028 T-10892442 AC Rta. Escuela Judicial\nRodrigo Lara Bonilla.pdf” y “141 Rta. Escuela Judicial Rodrigo Lara\nBonilla.pdf”, p. 47.\n\n[37]\nCristián Medina Rojas.\n\n[38]\nEl actor también participa de la acción de nulidad simple con radicado\n2024-431.\n\n[39]\nEl actor también participa de la acción de nulidad simple con radicado\n2024-431.\n\n[40]\nAl respecto, se mencionaron las resoluciones n.° EJR24-1340 (p. 84), EJR-974\n(p. 135), EJR24-1132 (p. 157), EJR24-749 (p. 145), EJR24-740, EJR24-1644\n(p.68), EJR24-1792 (p. 104), EJR-1644 (p.68), EJR24-1655 (p.77), EJR24-1792\n(pp.103-104), EJR24-866 (p.91), EJR24-1147 (p.79), EJR24-1087 (p. 129),\nEJR24-813 (p. 180), EJR24-1771 (p. 82), EJR24-1741 (p. 82), EJR24-1553 (p. 132),\nEJR24-604 (p. 82), EJR24-1380 (p. 64), EJR24-1578 (p.102), entre otras.\n\n[41]\nIntervenciones del 16 de mayo y 8 de septiembre de 2025.\n\n[42]\nIntervenciones del 2, 16 de mayo, 4, 20 de junio, 9 de septiembre y 14 de\noctubre de 2025.\n\n[43]\nIntervenciones del 19 de mayo, 6, 20 de junio y 9 de septiembre de 2025.\n\n[44]\nEn el informe del 9 de septiembre señala que se tratan de las preguntas P23,\nP35, P43, P50 y P59.\n\n[45]\nEn el informe del 9 de septiembre señala que se tratan de las preguntas P30,\nP41, P54, P68, P71 y P78.\n\n[46]\nEn el informe del 9 de septiembre se señala que se trata de las preguntas P2,\nP47, P48, P53, P54, P55, P57, P77, P58, P60, P63.\n\n[47]\nExpuso que “el acto administrativo, en lo que atañe a los antecedentes,\nconsideraciones, caso concreto, pruebas, inconformidades generales, no se\nconstruyó con base en respuestas generadas por IA, sino mediante un trabajo\narticulado entre el equipo profesional de la Escuela Judicial”. Oficio del 9 de\nseptiembre de 2025. Folio 103.\n\n[48]\nExpuso un trabajo articulado entre Escuela Judicial y el contratista técnico\nespecializado, la Unión Temporal Formación Judicial 2019. La Escuela contó con\n36 profesionales encargados de la elaboración de los actos, 14 profesionales de\nrevisión y 2 personas como segunda revisión. Oficio del 9 de septiembre de\n2025. Folio 103.\n\n[49]\nExpuso que “aunque en la sustentación técnica se\npuede evidenciar un texto que puede considerarse como un “ prompt ” en una\nplataforma de inteligencia artificial, (…) el acto administrativo que resolvió\nel recurso de reposición de los accionantes no fue realizado con base a\nrespuestas de inteligencia artificial”. Oficio del 9 de septiembre de\n2025. Folio 103.\n\n[50]\nOficio del 9 de septiembre de 2025. Folio 2.\n\n[51]\nOficio del 9 de septiembre de 2025. Folio 2.\n\n[52]\nEste número incluye tanto las decisiones definitivas de segunda instancia como\naquellas en las que, en primera instancia, se ampararon sus derechos y\nactualmente están pendientes de resolver la impugnación.\n\n[53]\nIntervención del 8 de septiembre de 2025.\n\n[54]\nIntervención del 8 de septiembre de 2025.\n\n[55]\nIntervención del 9 de septiembre de 2025.\n\n[56]\nIntervención del 11 de septiembre de 2025.\n\n[57]\nIntervención del 4 de septiembre de 2025.\n\n[58]\nIntervención del 8 de septiembre de 2025.\n\n[59]\nIntervención del 10 de octubre de 2025.\n\n[60]\nMin Tic, folio 1.\n\n[61]\nExpusieron que: “es importante indicar que, en el caso de las entidades del\norden nacional, el ente constitucional encargado de adelantar los concursos de\nméritos para proveer los empleos en vacancia definitiva es la Comisión Nacional\ndel Servicio Civil y hasta la fecha no existen directrices específicas que\nregulen el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de los\nenunciados, opciones de respuesta, presentación y respuesta a las reclamaciones\ny resultados. Por tanto, si bien la inteligencia artificial ofrece\noportunidades para mejorar la eficiencia de la administración pública, su uso\nen los concursos de mérito debe ser cuidadosamente evaluado”.\n\n[62]\nIntervención recibida por la Secretaría General de la Corte el 15 de septiembre\nde 2025.\n\n[63]\nIntervención recibida por la Secretaría General de la Corte el 16 de septiembre\nde 2025.\n\n[64]\nIntervención recibida por la Secretaría General de la Corte el 1° de octubre de\n2025.\n\n[65]\nIntervención Universidad de los Andes, folio 4.\n\n[66] Igualdad,\nmérito, accesibilidad, universalidad, moralidad, eficacia, economía,\nimparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.\n\n[67]\nIntervención Universidad de los Andes, folio 14.\n\n[68]\nDe acuerdo con la Universidad de los Andes, esta se refiere a la disponibilidad\nde la información sobre los sistemas de algoritmos usados que permita conocer\nsu operación y evaluar su rendimiento. Folio 14.\n\n[69]\nIntervención Universidad de los Andes, folio 12.\n\n[70]\nIntervención del 15 de septiembre de 2025.\n\n[71]\nIntervención del 19 de septiembre de 2025.\n\n[72]\nEntre el 28 de mayo y el 15 de diciembre de 2025, se recibieron intervenciones\nde distintos participantes del IX Curso de Formación Judicial en su calidad de\nterceros con interés: (i) Andrés Fernando Mejía Tabares; (ii)\nÁngela Patricia Castro Suárez; (iii) Anyela Patricia Castro Suárez; (iv)\nCamilo Bermúdez Rivera; (v) Daileth Arévalo Medina; (vi) Daniel\nEduardo Romero Vitola; (vii) Carlos Eduardo Salinas Alvarado y otros; (viii)\nCarolina González Molina; (ix) David Esteban Bayer Aristizábal; (x)\nFaisy Llerena Martínez; (xi) Gabriel Alfonso García Brunal; (xii)\nJohanna Alexandra Palacios Valencia; (xiii) Jorge Hernán Pineda Guerra; (xiv)\nJuan Guillermo Fernández Medina; (xv) Olga Milena Taborda Vargas ;\n(xvi) Paola Andrea Cadavid Acevedo; (xvii) Rubén David Suárez\nCañizares ; (xviii) William Eduardo Gómez Henao; (xix) Lina\nMarcela Gaitán; (xx) Juan Carlos Suárez Sandoval ; (xxi) Juan\nDavid Restrepo Benjumea; (xxii) Adolfo Mario Toscano; (xxiii) Fredy\nAlexander Niño; (xxiv) Jorge Ignacio Tamayo Gómez; (xxv) Luis\nAlejandro Barreto Moreno; (xxvi) Andrés Camilo Giraldo; (xxvii) Ángela\nIvonne González Londoño; (xxviii) Ángela María Chacón Penagos; (xxix)\nDaniel Guillermo Carrillo Corzo; (xxx) Francisco Javier Solís Enríquez; (xxxi)\nGustavo Adolfo Castro Capera ; (xxxii) Hernando Alonso Fernández Guerra; (xxxiii)\nIván Humberto Galvis Macias; (xxxiv) Jaime Vega García; (xxxv)\nJuan Sebastián Villamil; (xxxvi) Manuel Alejandro Troya España; (xxxvii)\nMayra Alejandra Charry; (xxxviii) Paola Alexandra Dávila Torres; (xxxix)\nRicardo Ordoñez López; (xl) Richard Ordoñez López y otros; ( xli)\nViviana Carolina Benavides Herrera; (xlii) Walter Alexander Delgado\nAmaya; ( xliii) Carlos Andrés Ospina Villamil; (xliv) Carlos\nEnrique Acosta Valencia ; (xlv) Deisy Johana Castañeda Vargas; (xlvi)\nLiliana Guzmán Lozano; (xlvii) Leonardo Castro Manrique; (xlviii)\nNelson Alejandro Sánchez; (xlix) Constanza Toro Gómez; (l) Eric\nLondoño Arias; (li) Michael Anderson Botello; (lii) Daniel Camilo\nAgudelo Tolosa; (liii) Camilo Andrés Flórez; (liv) Ana Patricia\nRodríguez Martínez ; (lv) Jorge Rivera Tejada ; (lvi) Alexander Gil\nAguirre; (lvii) María Patricia Gil; (lviii) Moisés Enrique Sáenz;\n(lix) Diego Mauridio Cubides Barrero.\n\n[73]\nVer sentencia T-320 de 2021.\n\n[74]\nDe la profesional Flor Ángela León Grisales.\n\n[75]\nInforme rendido por Jorge Mario Calvo Londoño, Profesor Universitario de\nInteligencia Artificial en Universidad Externado, Universidad de Los Andes,\nUniversidad Javeriana y Universidad Central.\n\n[76]\nDe una parte, entre el 6 de junio y el 27 de agosto de 2025, mediante\npeticiones individuales, varios discentes coadyuvaron la solicitud de medida\nprovisional. En general, señalaron el perjuicio irremediable que representa no\ncontinuar en la subfase especializada, mientras otras personas, en su misma\nsituación jurídica, reconocidos mediante fallos de tutela, sí adelantaron los\nmódulos en el IX Curso de Formación Judicial. De otra parte, entre el 6 de\njunio y el 4 de septiembre de 2025, mediante peticiones individuales, otros\ndiscentes presentaron oposición a las solicitudes de medidas provisionales.\nAlegaron el incumplimiento de requisitos para su procedencia, así como la\nafectación de los derechos fundamentales de las personas que aprobaron las\netapas previas del concurso y han cumplido con el cronograma de la Escuela.\n\n[77] Ver Corte Constitucional, Auto 259 de 2021 y Auto 312 de 2018, entre otros .\n\n[78] Corte Constitucional, Auto 312 de 2018.\n\n[79] Corte Constitucional, Auto 498 de 2024.\n\n[80]\nQue la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de\ntutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en\nfundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que\nexista la apariencia de un buen derecho. Aquí\nse exige un mínimo estándar de veracidad con base en los hechos del expediente\ny en apreciaciones jurídicas razonables soportadas en la jurisprudencia de la\nCorte Constitucional. Corte Constitucional, Auto 680 de 2018.\n\n[81]\nQue exista un riesgo probable de que la protección constitucional pretendida\npueda verse afectada considerablemente por el tiempo trascurrido durante el\ntrámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora. El juez debe\nconvencerse de que la amenaza de perjuicio irremediable es cierta; y que,\nfrente al daño, por su gravedad e inminencia, se requieran medidas urgentes e\nimpostergables para evitarlo. Corte Constitucional,\nAuto 680 de 2018.\n\n[82]\nQue la medida provisional solicitada no genere un daño desproporcionado\na quien afecta directamente” . Este requisito\nexige un análisis de ponderación “entre los derechos que podrían verse\nafectados [y] la medida”, con el fin de evitar\nque se adopten medidas que, aunque tengan algún principio de justificación,\n“podrían causar un perjuicio grave e irreparable a otros derechos o intereses\njurídicos involucrados. Ver Autos 680 de 2018 y 262 de 2019.\n\n[83]\nIbidem.\n\n[84]\nCorte Constitucional, Sentencia T-103 de 2018.\n\n[85]\nCorte Constitucional, Sentencia T-116 de 2023.\n\n[86]\nCorte Constitucional, Sentencia T-302 de 2025.\n\n[87]\n“Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto\nlegislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías\nde la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar\nlos procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio\nde justicia y se dictan otras disposiciones”.\n\n[88]\nEn la Sentencia T-227 de 2019 la Corte Constitucional admitió la procedencia de\nla acción de tutela considerando que, según el numeral 8° del artículo 42 del\nDecreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra particulares cuando\nactúan en ejercicio de funciones públicas. En dicha sentencia, la Corte\ndeterminó la legitimación de la Universidad de Medellín (universidad privada)\ndebido a la habilitación otorgada a aquella por el contrato de prestación de\nservicios 314 de 2017, que le permitió colaborar con la Comisión Nacional del\nServicio Civil para cumplir con los artículos 125 y 130 de la Constitución.\n\n[89]\nEsta Corporación ha reconocido la legitimación por pasiva de Uniones\nTemporales, tal como lo hizo en Sentencias T-271 de 2024 y T- 242 de 2023. En\nel primer caso, la acción de tutela se dirigió contra la Unión Temporal 1,\nconformada por la Clínica 1 y la Sociedad Clínica 2, encargada de prestar servicios\nde salud a los afiliados al FOMAG en la región de Tolima y Huila. Esta unión\ntemporal tenía la obligación contractual de garantizar la prestación de\nservicios de salud, lo que la legitimó en la causa por pasiva, al estar\nvinculada directamente con la posible vulneración de los derechos fundamentales\nde la afiliada. En el segundo caso, el amparo se presentó contra la Unión\nTemporal B&M y la Unión Temporal Maya B, en el marco de dos contratos de\nobra pública cuya ejecución fue cuestionada por los accionantes al considerar\nque vulneraba sus derechos fundamentales. En ese caso, la Corte dispuso la\nlegitimación en la causa por pasiva de aquellas uniones temporales que, en su\ncalidad de contratistas encargados de ejecutar contratos suscritos con entidades\nestatales, desplegaron conductas que podrían derivar en la vulneración de los\nderechos.\n\n[90]\nEl artículo 177 de la Ley 270 de 1996 dispuso que a partir del 1° de enero de\n1998 la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” haría parte del Consejo\nSuperior de la Judicatura. En el año 1998 la Escuela fue incorporada a la Rama\nJudicial, como unidad adscrita a la Sala Administrativa del Consejo Superior de\nla Judicatura.\n\n[91]\nVer, Sentencia T-180 de 2023.\n\n[92] Corte Constitucional, Sentencias T-156 de 2024, T-149 de\n2023, T-381 de 2022, T-253 de 2020, T-260 de 2018, T-324 de 2015. T-972 de\n2014, T-060 de 2013, entre otras.\n\n[93] Corte Constitucional, Sentencia SU-691 de 2017.\n\n[94] Corte Constitucional, Sentencias SU-335 de 2015 y SU-691 de\n2017. La Constitucional ha concluido que la jurisdicción de lo contencioso\nadministrativo cuenta con instrumentos idóneos y eficaces para garantizar la\nprotección de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento de\nlos asuntos por jueces especializados y, particularmente, la posibilidad de\ndecretar medidas cautelares de protección. Lo anterior, en atención a que la\nLey 1437 de 2011 dotó a los jueces administrativos con la facultad para adoptar\ncualquier tipo de medida de protección, con el fin de atender las necesidades\nespecíficas del solicitante, tal y como sucede con la solicitud de suspensión\nde los efectos de acto administrativo.\n\n[95]\nCorte Constitucional, Sentencias T-033 de 2025, T-035 de 2025, T-423 de 2024,\nT-156 de 2024, T-092 de 2024, T- 149 de 2023, T-081 de 2022, T- 456 de\n2022, T-381 de 2022, T-253 de 2020, T-425 de 2019, T-260 de 2018, T-511 de\n2016, T-090 de 2013, T-841 de 2009, T-536 de 2009, T-629 de 2008, T-193 de\n2007, T-965 de 2004 , T-1198\nde 2001, entre otras.\n\n[96] Ibidem.\n\n[97] Corte Constitucional, Sentencia T-393 de 2021.\n\n[98]\nDe acuerdo con la sentencia 11001-03-25-000-2022-00348-00 del Consejo de\nEstado, el acto particular “crea, modifica o extingue situaciones jurídicas\npersonales y subjetivas, generando consecuencias directas e inmediatas sobre\npersonas que la misma decisión identifica o que podrían ser identificables”.\n\n[99]\nCorte Constitucional, Sentencias T-156 de 2024, SU-067 de 2022, T-081 de 2022,\nT-425 de 2019, T-386 de 2016, T-306 de 2007, entre otras.\n\n[100]\nConsejo de Estado, Sentencias con radicado 110010315000-2023-02016-00,\n11001-03-15-000-2023-06706-01, 11001-03-15-000-2023-01936-00,\n11001-03-15-000-2023-01326-00, 11001-03-15-000-2021-06518-00,\n52001-23-33-000-2017-00626-01, entre otras.\n\n[101] Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2018.\n\n[102]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022.\n\n[103]\nConsejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera y\nSección Quinta, respectivamente. Radicados 11001-03-24-000-2004-00334-01 y\n11001-03-28-000-2018-00050.\n\n[104]\nPosición asumida en las siguientes providencias: Consejo de Estado Sala de lo\nContencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A y Sección Primera,\nrespectivamente. Radicaciones: 05001-23-31-000-2008-01185-01(2271-10),\n25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), 11001-03-15-000-2023-01936-00,\n11001-03-15-000-2023-01326-00.\n\n[105]\nConsejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda\nSubsección B consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación:\n11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10)\n\n[106]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022 reiterando la SU-201 de 1994.\n\n[107]\nLa Corte resaltó que: “la procedencia indiscriminada de la acción de tutela\ncontra los actos administrativos de trámite comprometería gravemente el\ndesarrollo y la culminación oportuna de las actuaciones administrativas. Tal\nsituación resulta contraria a los principios constitucionales que, con arreglo\nal artículo 209 superior, orientan la función administrativa, particularmente\nlas máximas de eficiencia y celeridad. Igualmente, en la medida en que\nsupondría un obstáculo desproporcionado para el cumplimiento de los fines de la\nAdministración, también afectaría el principio de colaboración armónica entre\nlos poderes públicos, consignado en el artículo 113 de la carta, pues el eficaz\nsometimiento de la Administración a los dictados de la Constitución y la ley en\nmodo alguno puede conducir al anquilosamiento de las autoridades por la vía de\nla judicialización de todos y cada uno de sus actos”.\n\n[108]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022.\n\n[109]\nEn el caso de la Sentencia SU-067 de 2022, la Corte reconoció la procedencia\nexcepcional de la acción de tutela tras analizar la naturaleza del acto\nadministrativo controvertido, esto es, la Resolución CJR20-0202, por la cual se\ncorrigió una actuación administrativa dentro de la Convocatoria n.° 27 de Rama\nJudicial. La Corte determinó que la mencionada resolución era un acto\nadministrativo de trámite que no podía ser debatido ante la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo a través de los medios de control ordinarios. Esto\nsustentado en que el Consejo de Estado ha sostenido que los actos\npreparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a\npreparar, impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la\ndecisión no son demandables ante la JCA al tenor de lo previsto en el artículo\n43 del CPACA. En este orden de ideas, dado que no había un instrumento\nordinario para debatir un acto de trámite, la Corte consideró que la acción de\ntutela contra actos de trámite en concursos de méritos es excepcional y procede\nde acuerdo con las subreglas que se sintetizan en la Tabla 15.\n\n[110]\nEsto ocurre, por ejemplo, cuando “las pretensiones\ndel accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos\nadministrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la\ncual puede acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo\ncontencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de\nestas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales”. Corte\nConstitucional, Sentencia T-156 de 2024, que reitera la Sentencia SU-067 de\n2022.\n\n[111]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022, que reitera Sentencia SU-077 de\n2018.\n\n[112]\nLos accionantes alegaron la vulneración de los derechos fundamentales (i) al\ndebido proceso, (ii) a la igualdad, (iii) al acceso a cargos públicos y (iv) al\nderecho de petición, así como los principios de (v) mérito, (vi) buena fe y\n(vii) confianza legítima.\n\n[113]\nConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera.\nRadicación: 11001-03-24-000-2016-00291-00.\n\n[114]\nEl Consejo de Estado estudió una acción de tutela promovida por un participante\ndel Concurso de Méritos (Convocatoria n.°27 de Rama Judicial) contra la Escuela\nJudicial y otros, por la presunta vulneración de sus derechos al debido\nproceso, de petición y a la igualdad en conexidad con los principios de\nconfianza legitima, transparencia y moralidad administrativa. De acuerdo con el\nactor, mediante la Resolución n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024 se\npublicaron los resultados de la subfase general de manera errónea, ya que solo\nse publicaron los resultados de forma general, sin desglosar las notas por\nmódulos, situación que, a su juicio, vulneraba el principio de transparencia.\nDebido a esto y otras circunstancias, el accionante elevó una petición ante el\nConsejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara,\nsolicitando, entre otras cosas, la exhibición y remisión de la grabación y\naudio de las pruebas, la publicación desagregada de las asignaciones de los 8\nmódulos. En relación con dicha petición el Consejo de Estado declaró carencia\nactual de objeto, debido a que en el trámite de la acción las accionadas\ndemostraron haber dado respuesta de fondo al accionante. Respecto a la\ncontroversia sobre la Resolución n.° EJR24-298, se declaró la improcedencia de\nla acción de tutela por incumplir con el requisito de subsidiariedad, dado que\nexisten otros mecanismos ordinarios de defensa como el medio de control de\nnulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de dicho\nacto administrativo, los cuales se estiman idóneos y efectivos. Ver sentencia\ndel Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n22 de agosto de 2024, radicación: 11001-03-15-000-2024-03694-00. Además, se\ncita las sentencias: (i) sentencia del 1° de marzo de 2018 de la misma\nCorporación, expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01 y (ii) sentencia\ndel 24 de junio de 2021, expediente número 110010315000202102428-00.\n\n[115]\nPor ejemplo, ver la Sentencia T-149 de 2023 de la Corte Constitucional y la\naclaración de voto del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez en la sentencia\ndel Consejo de Estado con radicado 11001032500020170015100.\n\n[116]\nVer demanda de nulidad y restablecimiento de derecho con radicados\n110013335017202400393 y 110013335012202400392 radicadas por el apoderado\njudicial Carlos Libardo Bernal Pulido en nombre de Christian Medina Rojas,\nSandra Pérez Henao y otros.\n\n[117]\nEn términos de los accionantes, “los actuales aprobados de la convocatoria 27\nno alcanzaran para proveer la totalidad de las actuales vacantes”. Ver acciones\nde tutela de los expedientes T10957608 , T11021108 , T10973777 y T11083609 .\n\n[118] Corte Constitucional. Sentencia C-186 de 2011.\n\n[119] Expediente T-11.021.108. Archivos: T10892442\n“32FalloSegundaInstancia.pdf”, T10914949 “028FalloSegundaInstancia.pdf”,\nT10918114 “49FalloSegundaInstancia.pdf”, y T10957608\n“002FalloSegundaInstancia.pdf”.\n\n[120]\nCorte Constitucional, Sentencias T-386 de 2016, SU-406 de 2016, T-343 de 2015,\nT-702 de 2014, T-489 de 2013, T-267 de 2013, entre otras.\n\n[121]\nVer, al respecto, los argumentos efectuados por los intervinientes y los\nconceptos, como sucede con el Ministerio Ciencia, Tecnología e innovación, la\nUniversidad Externado de Colombia, la Agencia Nacional Digital, la Unidad\nTransformación Digital del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de\nTecnologías de la Información y de las Comunicaciones.\n\n[122]\nVelasco Fuentes, P., & Venturini, J. Derechos Digitales. Decisiones\nautomatizadas en la función pública en América Latina: Una aproximación\ncomparada a su aplicación en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay . Derechos\nDigitales. Con apoyo del International Development Research Centre (IDRC). 2021. https://ia.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/2021/03/CPC_informeComparado.pdf\n\n[123] Jennifer Cobbe,\n“Administrative law and the machines of government: Judicial review of\nautomated public-sector decision-making”. En Legal\nStudies , Vol. 39, No. 4 (2019): 636-655.\n\nhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3226913\n\n[124]\nJuli Ponce Solé, “Inteligencia artificial, decisiones administrativas\ndiscrecionales totalmente automatizadas y alcance del control judicial:\n¿indiferencia, insuficiencia o deferencia?”. En Revista de Derecho Público:\nTeoría y Método , Vol. 9 (2024): 171-220.\n\nhttps://revistasmarcialpons.es/revistaderechopublico/article/view/ponce-inteligencia-artifical-decisiones-administrativas\n\n[125]\nConsejo de Europa, Artificial Intelligence and Administrative Law. Diciembre de\n2022.\n\nhttps://www.coe.int/en/web/cdcj/ai-administrative-law\n\n[126]\nConsejo de Europa, Artificial Intelligence and Administrative Law. Diciembre de\n2022.\n\n[127] Consejo de Estado\n(2024, 20 de septiembre). Encuentro Jurisdicción de lo Contencioso\nAdministrativo. Desafíos de la IA en el proceso Contencioso-administrativo:\ndemostración práctica. [Video]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fhlsxVnpo2s\n\n[128] Jennifer Cobbe,\n“Administrative law and the machines of government: Judicial review of\nautomated public-sector decision-making” En Legal Studies , Vol.\n39, No. 4 (2019): 636-655.\n\n[129]\nConsejo de Europa, Artificial Intelligence and Administrative Law. Diciembre de\n2022\n\n[130]\nConsejo de Europa, Artificial Intelligence and Administrative Law. Diciembre de\n2022\n\n[131]\nConsejo de Estado. Sentencia 00064 de 2018. Consejero Ponente: Gabriel Valbuena\nHernández.\n\n[132]\nIbidem.\n\n[133]\nVer, al respecto, tablas 10 y 11 de los antecedentes.\n\n[134]\nCorte Constitucional, Sentencias, T- 495 de 2024, SU-128 de 2021, SU-573 de\n2019, T-428 de 2018, SU-611 de 2017, T-414 de 2009, C-590 de 2005 y T-335 de\n2000.\n\n[135]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-049 de 2024.\n\n[136]\nCorte Constitucional, Sentencias T-156 de 2024, SU-067 de 2022, T-081 de 2022,\nT-425 de 2019, T-386 de 2016, T-306 de 2007, entre otras.\n\n[137]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022.\n\n[138]\nCorte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022.\n\n[139]\nCorte Constitucional. Sentencia T-156 de 2024.\n\n[140]\nIbidem.\n\n[141]\nExpediente digital T-11.021.108, archivo “143252 Demanda.pdf”, anexos Google\nDrive “Los documentos anunciados en las pruebas / PRUEBAS-ACCIÓN DE TUTELA /\nPRUEBA 27”.\n\n[142]\nDe acuerdo con Certificado No. 1123506 expedido por la Unidad del Registro\nNacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la\nJudicatura el 21 de agosto de 2025, se constató que, CARLOS LIBARDO BERNAL\nPULIDO registra como abogado en el Registro Nacional de Abogados y su tarjeta\nprofesional se encuentra en el estado “vigente”.","changes":[]}