{"check":null,"uid":"49739cd5a34ae9ea","title":"REPÚBLICA DE COLOMBIA","title_generated":false,"country":"Колумбия","organ":"Конституционный суд Колумбии","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"es","date":"2026-10-27","summary":"Суд рассмотрел дело о гендерном насилии в социальных сетях против женщины, известной своей общественной деятельностью. Установлено, что выражения, направленные на сексуализацию, объективацию или унижение женщин, не защищены свободой слова. Суд определил критерии анализа таких случаев, включая контекст публикаций, их периодичность и влияние на публичное участие женщин. 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Derecho de las mujeres a vivir libre de\nviolencias por razón del género incluso en entornos digitales\n\nMagistrado ponente:\n\nJuan\nCarlos Cortés González\n\nBogotá\nD.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026)\n\nLa Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte\nConstitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los\nmagistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la\npreside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha\nproferido la presente\n\nSENTENCIA\n\nEn\nel trámite de revisión del fallo de primera instancia, proferido el 4 de\nnoviembre de 2025 por el Juzgado 001 Civil Municipal de Arauca que amparó los\nderechos fundamentales a la honra, buen nombre, dignidad humana, intimidad\npersonal y familiar, imagen, igualdad y no discriminación por razón de género\nde Stephany Dayana Ortiz Tafur y de la sentencia de segunda instancia, proferida\nel 15 de diciembre de 2025 por el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, por\nmedio de la cual se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, se\nnegó la acción de tutela.\n\nSÍNTESIS DE LA DECISIÓN\n\n¿Qué\nestudió la Corte?\n\nLa Sala Cuarta de Revisión revisó el fallo de primera instancia, proferido el 4 de\nnoviembre de 2025 por el Juzgado 001 Civil Municipal de Arauca que amparó los\nderechos fundamentales a la honra, buen nombre, dignidad humana, intimidad\npersonal y familiar, imagen, igualdad y no discriminación por razón de género\nde Stephany Dayana Ortiz Tafur. Así como de la sentencia de segunda\ninstancia, proferida el 15 de diciembre de 2025 por el Juzgado Civil del\nCircuito de Arauca, por medio de la cual se revocó el fallo de primera\ninstancia y, en su lugar, se negó la acción de tutela.\n\n¿Qué consideró la Corte?\n\nLuego de resolver como cuestión\nprevia la inexistencia de carencia actual de objeto por hecho superado y de verificar\nel cumplimiento de los requisitos de procedencia, la Sala planteó el\nsiguiente problema jurídico: ¿las\npublicaciones que el accionado divulgó en Facebook constituyeron un ejercicio\nlegítimo de la libertad de expresión y la participación política o vulneraron\nlos derechos de la accionante, mujer públicamente visible por su labor como gestora\nsocial, a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la honra, al\nbuen nombre, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la\nintimidad personal y familiar?\n\nLa Sala señaló que la\nlibertad de expresión y la participación política son garantías\nconstitucionales de especial relevancia para la consolidación de la\ndemocracia, la conformación de la opinión pública y el control del ejercicio\nde los poderes del Estado. Asimismo, indicó que las restricciones a estos\nderechos deben valorarse conforme con un juicio estricto de proporcionalidad,\nal considerar que el estándar amplio se justifica en que los discursos sobre\nasuntos de interés público, sobre personajes públicos o sustentados en la\nparticipación ciudadana están especialmente protegidos. No obstante, señaló\nque, en relación con personajes públicos, el estándar de tolerancia a la\ncrítica depende de que los cuestionamientos se relacionen con el interés\ngeneral que reviste su labor o representatividad social, por lo que no se\nextiende respecto de asuntos relacionados con la intimidad o privacidad de\naquellos.\n\nPor otro lado, indicó que las\ny los gestores sociales no\nostentan el carácter de servidor público, no ejercen empleo público y son\nparticulares ante la administración pública. En consecuencia, no se encuentran investidos de una competencia\nadministrativa general. Aquellos ejercen funciones de acompañamiento en tareas protocolarias e institucionales,\nasistencia social, beneficencia pública o actividades análogas.\n\nAdicionalmente, se destacó\nque los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres no\nestán protegidos por la libertad de expresión. Asimismo, evidenció que la\ninstrumentalización y cosificación del cuerpo femenino en los espacios\ndigitales constituye una manifestación particularmente grave de violencia de\ngénero cuando utiliza el cuerpo como\nobjeto de discusión, desplaza el debate sobre las ideas o actuaciones\npúblicas de una mujer y convierte su corporalidad en el centro de la\nagresión.\n\nAdemás, indicó que los casos\nrelacionados con tensiones entre el derecho de las mujeres a una vida libre\nde violencia y otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y\nla participación, deben ser analizados con fundamento en los siguientes\ncriterios: (i) No basarse exclusivamente en un criterio de literalidad o\ncontenido explícito del mensaje, para examinar la existencia de estereotipos\nde género o patrones de discriminación. (ii) Adoptar un enfoque\ninterseccional con el fin de identificar si existen múltiples patrones de\nviolencia contra la mujer víctima. (iii) Identificar el aparte específico que\nse considera constitutivo de violencia de género. (iv) Examinar el contexto\nen el que se insertan estos contenidos o actos. (v) Valorar en su conjunto\nlos contenidos, actos o mensajes que se alegan violentos, para lo cual debe\nanalizarse la periodicidad de los mismos y su reiteración e identificar el\nestereotipo de género o factor de discriminación en el que se fundamentan. (vi)\nEfectuar un juicio estricto de proporcionalidad para resolver la tensión de\nderechos.\n\nIgualmente, en los eventos\nen los que una mujer ha sido\nobjeto de ataques digitales relacionados con su cuerpo o apariencia física,\nel juez constitucional debe determinar, entre otros aspectos, (i) si la mujer\nvíctima tiene voz y reconocimiento público; (ii) si las expresiones se\nsustentan en estereotipos de género, sexualización, cosificación o\ndegradación de la mujer; (iii) si existe una dinámica reiterada de violencia,\nacoso, hostigamiento o desprestigio y (iv) si por sus características, estos\ncontenidos pueden producir un efecto inhibidor o silenciador sobre su\nparticipación en el espacio público. Finalmente, reiteró jurisprudencia sobre\nla administración de justicia con perspectiva de género.\n\n¿Qué decidió la Corte?\n\nEn primer lugar, la Corte\nConstitucional señaló que el caso concreto se resolvería conforme al enfoque\nde género, en consideración al contexto que rodea el litigio bajo estudio,\nlas condiciones particulares de la accionante, los argumentos presentados por\naquella sobre la ocurrencia de actos de violencia de género en su contra en\nmedios digitales, el contexto de violencia contra mujeres con reconocimiento\npúblico y la relevancia constitucional de erradicar todas las formas de\ndiscriminación y violencia contra la mujer. Posteriormente, identificó las\nreglas jurisprudenciales aplicables y los hechos probados y, con fundamento\nen estos, resolvió el asunto bajo examen con fundamento en los siguientes\nargumentos:\n\nPrimero, indicó que la accionante, en su rol como gestora\nsocial y en el uso de su perfil en Facebook para el desarrollo de su labor,\nejerce sus derechos políticos y de participación con una amplia\nvisibilización pública, no solo por su papel en la gestión de los asuntos\npúblicos sino también por el alto número de seguidores. Lo anterior, en la\nmedida en que pretende fortalecer su credibilidad, confianza ciudadana y\nliderazgo frente a la comunidad, participa activamente en la ejecución de\nprogramas y proyectos propios de la agenda de gobierno de la alcaldía\nmunicipal de Arauca y promueve la relación entre la ciudadanía y la\ninstitucionalidad. En ese sentido, el perfil de la accionante en Facebook, aunque es de\ntitularidad personal, es usado para la difusión tanto de contenidos\npersonales como para la divulgación de información de interés general\nrelacionada con su labor como gestora social, por la que participa en actividades\nde la alcaldía municipal de Arauca. Por lo expuesto, se constituye como un\nespacio de acceso a información pública, debate y participación.\n\nSegundo, las cuentas del\naccionado en Facebook son públicas y son utilizadas para ejercer control\npolítico y social sobre la gestión de diversas entidades y servidores\npúblicos, especialmente de la alcaldía del municipio de Arauca. En efecto,\ndivulga noticias y opiniones sobre distintos asuntos relacionados con la\nactualidad nacional y por medio de sus perfiles participa en debates\npolíticos e interactúa con instituciones estatales.\n\nTercero, la Corte\nConstitucional tuvo por acreditada la ocurrencia de actos de violencia de\ngénero contra la accionante. Lo anterior, en la medida en que el demandado\nrealizó manifestaciones que se dirigían a sexualizar, cosificar,\ninstrumentalizar, minimizar, desacreditar o descalificar a la tutelante, en\ncuanto gestora social del municipio de Arauca.\n\nEn efecto, la Sala determinó\nque las expresiones usadas por el accionado constituían ataques personales\nque tenían el fin de degradar a la demandante y así afectar su participación\nen espacios públicos, su representatividad e imagen pública. Lo anterior, a\ntravés de manifestaciones y cuestionamientos sustentados en estereotipos de\ngénero como: el cuerpo de\nla accionante y su apariencia física, específicamente de naturaleza sexual;\nlas cirugías estéticas a las que, presuntamente, se ha sometido la tutelante\ny el rol que, a juicio del accionado, debería ejercer la accionante en la\nsociedad, asociado a estereotipos las labores de cuidado y del hogar.\n\nCuarto, las publicaciones\nrelacionadas con la labor de la accionante, en calidad de gestora social, la\ngestión del alcalde de Arauca y de dicha institución y que no se refieren a\nla apariencia física, el cuerpo, las calidades o la intimidad de la\naccionante están amparados por los derechos a la libertad de expresión y a la\nparticipación política del accionado y, por tanto, no vulneran el buen nombre\ny la honra de la tutelante. Lo anterior, al tratarse aquella de una persona\npúblicamente visible y que desde su rol participa activamente en la gestión\nde lo público, por lo que es destinataria del control ciudadano, lo que\nincluye críticas y expresiones incómodas que están protegidas por la libertad\nde expresión.\n\nQuinto, la Sala valoró, bajo\nel juicio estricto de proporcionalidad, las pretensiones propuestas por la accionante.\nAl respecto evidenció que:\n\n(i) la prohibición dirigida\nal accionado con el fin de que no se vuelva a pronunciar directa o\nindirectamente sobre la gestora social constituye censura previa y, por ende,\nvulnera las presunciones a favor de la libertad de expresión.\n\n(ii) Las medidas sobre la\neliminación de contenidos violentos y la presentación de disculpas públicas\nsuperan el juicio estricto de proporcionalidad porque: (a) se dirigen a una\nfinalidad imperiosa, dado que buscan asegurar la materialización efectiva del derecho de\nlas mujeres a una vida libre de violencias y, en consecuencia, a amparar los derechos\nfundamentales de la accionante. (b) Son idóneas y efectivamente conducentes\npara proteger los derechos vulnerados. Esto en la medida en que: impiden la\nreproducción o difusión de contenidos violentos contra la demandante; dan a\nconocer a la ciudadanía, especialmente a quienes interactúan con el accionado\nen Facebook, que la violencia de género digital no está amparada bajo la\nlibertad de expresión y la participación política y también aseguran la\nadopción de medidas de reparación simbólica. (c) Son necesarias ante la\ninexistencia de mecanismos específicos para reportar contenidos constitutivos\nde violencia de género y ante la naturaleza pública y masiva de las redes\nsociales. Y (d) son proporcionales en sentido estricto, pues no implican un\nsacrificio de los derechos en tensión, sino por el contrario, su\nreconocimiento y garantía.\n\n¿Qué ordenó la Corte?\n\nPRIMERO. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el 15 de diciembre de\n2025 por el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, por medio de la cual se\nnegó la acción de tutela presentada por Stephany Dayana Ortiz Tafur contra\nCristian Camilo Paredes Forero. En su lugar, CONCEDER el amparo de los\nderechos fundamentales a una vida libre\nde violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la\nintegridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar de la\naccionante , por las razones expuestas en\nesta providencia.\n\nSEGUNDO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el término máximo de\ncuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta\nprovidencia, si no lo ha hecho, retire de sus cuentas en Facebook los\ncontenidos identificados con los n.° 1,\n5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 40,\n41, 42, 45, 46, 78, 79 y 80 en el anexo reservado de esta sentencia. Lo anterior, en tanto constituyen actos de violencia\nde género digital contra la accionante. También deberá eliminar aquellos\ncontenidos sustancialmente similares a los identificados, en los que se aluda\na la accionante de forma sexualizada, estereotipada o degradante.\n\nTERCERO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el ejercicio de sus derechos\na la libertad de expresión y participación política, se ABSTENGA de\nrealizar publicaciones que instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o\ndegraden a la accionante con fundamento en estereotipos de género y que, por\nende, tal y como se advirtió en esta sentencia, vulneren los derechos a la\ndignidad humana, integridad, intimidad personal y familiar y a una vida libre\nde violencia de aquella.\n\nCUARTO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, dentro de los cinco (5) días\nsiguientes a la notificación de esta providencia, publique en cada una de sus\ndos cuentas de Facebook una disculpa a Stephany Dayana Ortiz Tafur por los\nactos de violencia de género digital acreditados. La publicación no podrá\nincluir imágenes de la accionante y tampoco difundir, de ninguna manera, el contenido del anexo reservado de esta\nprovidencia.\n\nQUINTO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el término de veinte (20)\ndías siguientes a la notificación de esta providencia, participe y culmine un\ncurso o jornada de capacitación o de autoaprendizaje sobre igualdad de género\ny violencia contra las mujeres en espacios digitales. Para el efecto, podrá\nacudir a los cursos gratuitos de autoaprendizaje, que se ofertan en idioma\nespañol por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres y que están disponibles\nen el siguiente enlace https://trainingcentre.unwomen.org o de aquellos ofertados por Amnistía Internacional y\nque se encuentran en https://academy.amnesty.org/learn/courses/306/combatir-la-violencia-de-genero-en-internet . Adicionalmente, en el informe que el accionado\nremita al juez de primera instancia, en cumplimiento del numeral séptimo de\nla parte resolutiva de esta sentencia, aquel deberá acreditar la culminación\ndel curso que se ordena en el presente numeral.\n\nSEXTO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el término de cuarenta y ocho\n(48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, publique\ny difunda la sentencia a través de las cuentas que administra en la\nplataforma Facebook. En dicha publicación deberá informar a su audiencia que\nen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la\nparticipación política no puede incurrirse en actos de violencia de género\ndigital. De igual manera, en cumplimiento de esta orden, de ninguna forma\npodrá difundir el contenido del anexo reservado de esta providencia.\n\nSÉPTIMO. ADVERTIR que el Juzgado 001 Civil Municipal de Arauca, en cuanto autoridad de\nprimera instancia, supervisará el cumplimiento de las órdenes proferidas en\nesta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del\nDecreto 2591 de 1991. Para el efecto, ORDENAR a Cristian Camilo\nParedes Forero que, en el término de treinta (30) días hábiles, contados a\npartir de la notificación de la presente providencia, remita al juez de\nprimera instancia un informe sobre el cumplimiento de las órdenes\nprecedentes.\n\nOCTAVO. REITERAR\nEL EXHORTO contenido en las\nsentencias T-280 de 2022, T-087 de 2023 y SU-432 de 2025, dirigido al\nCongreso de la República, para que atienda las recomendaciones formuladas por\nel Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y\npor la Organización de los Estados Americanos en relación con la prevención,\nprotección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género\ndigital.\n\nNOVENO. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional,\nLÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de\n1991.\n\nÍNDICE\n\nI. ANTECEDENTES . 5\n\n1.\nHechos y pretensiones . 5\n\n2.\nTrámite de la acción de tutela . 8\n\n3.\nDecisiones judiciales objeto de revisión . 8\n\n4.\nActuaciones en sede de revisión . 9\n\nII.\nCONSIDERACIONES . 24\n\n1.\nCompetencia . 24\n\n2.\nCuestión previa. La carencia actual de objeto . 24\n\n3.\nProcedencia de la acción de tutela . 26\n\n4.\nDelimitación del objeto de la decisión, planteamiento del problema jurídico y\nmetodología 31\n\n5.\nLa participación pública y política y el control social a la gestión pública en\nel contexto de la ciudadanía y la democracia digital 33\n\n6.\nLa naturaleza jurídica y las funciones de las y los gestores sociales . 36\n\n7.\nEl derecho fundamental a la libertad de expresión . 39\n\n8.\nLa violencia digital de género . 50\n\n9.\nLa administración de justicia con enfoque de género . 65\n\nIII.\nCASO CONCRETO .. 67\n\n1.\nMetodología de la decisión . 67\n\n2.\nReglas jurisprudenciales aplicables . 69\n\n3.\nHechos probados . 70\n\n4.\nLa naturaleza del perfil de la accionante en Facebook y de su labor como\ngestora social 72\n\n5.\nLa naturaleza y el uso de las cuentas del accionado en Facebook y su labor como\nactivista político y social y veedor ciudadano . 74\n\n6.\nAnálisis de las publicaciones acusadas . 75\n\n7.\nLa proporcionalidad de las pretensiones propuestas por la accionante en el\nescrito de tutela. El juicio integrado de proporcionalidad de intensidad\nestricto . 86\n\n8.\nRemedios constitucionales . 92\n\nIV.\nDECISIÓN .. 93\n\nI. ANTECEDENTES\n\n1.\nHechos y pretensiones [1]\n\n1. En octubre de 2025, Stephany Dayana Ortiz\nTafur, gestora social y esposa del alcalde del municipio de Arauca, por medio de apoderado judicial promovió\nacción de tutela contra Cristian\nCamilo Paredes Forero , creador de\ncontenido digital, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la dignidad\nhumana, a la intimidad personal y familiar, a la imagen, a la igualdad y a no\nser discriminada por razón de género. Lo anterior, con ocasión de la\npublicación de contenidos que adujo violentos, degradantes y estigmatizantes en\nsu contra por medio de los perfiles en Facebook del accionado.\n\n2. En concreto manifestó que, desde mayo de\n2025, el demandado ha desplegado en su contra una conducta sistemática de\nhostigamiento, difamación y exposición pública en redes sociales,\nprincipalmente en Facebook. Al respecto, indicó que las publicaciones difundidas en formato de texto,\nimágenes, fotomontajes y videos, han tenido como finalidad desacreditar,\nridiculizar, afectar el honor, la dignidad, la imagen y la intimidad personal y familiar\nde la accionante, utilizando expresiones humillantes y de contenido misógino.\n\n3. Señaló que el conjunto de publicaciones\nevidencia un patrón sostenido de hostigamiento y acoso digital y violencia\nsimbólica, caracterizado por el uso de lenguaje humillante, insinuaciones de\nconnotación sexual, imputaciones infundadas de conductas ilícitas y la\nmanipulación no consentida de su imagen, elementos que, en su totalidad, configuran\nuna forma de violencia de género mediática y psicológica. En efecto, señaló que el accionado emite afirmaciones\ne insinuaciones reiteradas sobre el origen del patrimonio de la accionante, su\napariencia física y su vida personal con el propósito de ridiculizarla,\ndesacreditar su honra y representatividad, afectar su intimidad y exponerla\npúblicamente, excediendo los límites de la libertad de expresión y configurando\nun escenario de difamación y violencia basada en estereotipos de género.\n\n4. Al respecto, indicó que tales actuaciones\nvulneran los derechos invocados, porque “no se enmarcan en la crítica pública\nlegítima o en la vigilancia ciudadana del poder público, sino que constituyen\nun ataque personal de carácter degradante y sexista, dirigido a menoscabar la\nhonra, el buen nombre, la intimidad personal y familiar, la imagen y la\ndignidad […]” [2] .\nAdemás, tienen el fin de “ridiculizar, caricaturizar y degradar públicamente a\nuna mujer que cumple un rol social, convirtiéndola en objeto de burla ante la\ncomunidad araucana” [3] .\nLo anterior, a través de la referencia permanente a aspectos personales y\nprivados que no se relacionan en nada con el ejercicio de labores públicas y\nsociales o con un debate de interés general.\n\n5. En el escrito de tutela se anexaron varias\ncapturas de pantalla de los contenidos publicados por el accionado en sus\ncuentas en Facebook. Al respecto, la Sala estima necesario adoptar una medida\nde protección en tanto tales publicaciones se relacionan con la intimidad e\nimagen de la accionante. En consecuencia, en aras de evitar un escenario de\nrevictimización y siguiendo la metodología adoptada en la Sentencia T-158 de\n2026, la\nSala elaboró un anexo adjunto a la presente providencia en el que se incorporan\nlas imágenes objeto de estudio. Dicho anexo será remitido exclusivamente a las\npartes. Además, no será publicado junto con la presente decisión judicial. No obstante, en la siguiente tabla se\ndescribirán de manera general dichas publicaciones, con el fin de tener un\ncontexto adecuado de los hechos. Para ello se seguirá la misma numeración que\nse adopta en el anexo.\n\nTabla\n1. Capturas de pantalla anexadas al escrito de tutela [4]\n\nImagen 1\n\nImagen 2\n\nEsta publicación contiene una imagen en la\nque se incluye una fotografía de la accionante y, de fondo, se observan dos\nmujeres en lo que parece ser una habitación de hospital. Una de ellas tiene\nel cuerpo cubierto de vendajes.\n\nA esta imagen la acompaña una frase alusiva a\ncirugías estéticas. Adicionalmente, se evidencia que esta publicación, para\nel momento en que se aportó el pantallazo, contaba con 75 reacciones, 65\ncomentarios y fue 13 veces compartida.\n\nEn esta publicación se divulgan dos imágenes\nde dos mujeres, una de ellas la accionante. En este contenido se hace alusión\na una presunta pelea entre las dos personas representadas. Se evidencia que\nesta publicación, para el momento en que fue aportada, contaba con 32\nreacciones, 14 comentarios y fue 2 veces compartida.\n\nImagen 3\n\nImagen 4\n\nEn esta publicación se divulga un fotomontaje\ncon varias imágenes de una ciudad y una foto de la accionante junto con su\nesposo. Esta publicación está acompañada de un mensaje alusivo al uso de\nrecursos públicos para pagar viajes vacacionales del alcalde del municipio de\nArauca y su familia. No se evidencian datos sobre la cantidad de reacciones,\ncomentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se comparte una imagen de\nla accionante junto con su esposo. Está acompañada de un mensaje alusivo al\nuso de recursos públicos para pagar viajes vacacionales del alcalde del\nmunicipio de Arauca y su familia. Se evidencia que, para el momento en que\nfue aportado el pantallazo, la publicación contaba como 166 reacciones, 103\ncomentarios y fue 7 veces compartida.\n\nImagen 5\n\nImagen 6\n\nEn esta publicación se divulga una imagen de\nla accionante, en lo que parece ser un acto público o institucional. La misma\nestá acompañaba de un mensaje que invita a los seguidores del accionado a\nparticipar y opinar sobre el aspecto físico de la demandante. Asimismo, hace\nalusión a la realización de cirugías estéticas. En el pantallazo aportado en\nel escrito de tutela se evidencian 4 reacciones y que el contenido fue\nreposteado 1 vez.\n\nEn esta publicación, el accionado divulga un\nfotomontaje que incluye la imagen de la accionante, de su esposo y de una\nartista musical. Está acompañaba de un mensaje en modo de burla que se\nrefiere al aspecto físico de la demandante y su esposo. No se evidencian\ndatos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 7\n\nImagen 8\n\nEn esta publicación, se divulga\nuna fotografía personal de la accionante en un viaje. Está acompañada de un\nmensaje alusivo al uso de recursos públicos para el pago de viajes\nvacacionales de la gestora social. Adicionalmente, menciona a otras mujeres\nque presuntamente habrían acompañado a la accionante. No se evidencian datos\nsobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se divulgan\nimágenes del alcalde del municipio de Arauca y se hace alusión a una presunta\nseparación de su esposa. Se evidencia que este contenido, al momento de ser\naportado al proceso, contaba con 27 reacciones y 34 comentarios.\n\nImagen 9\n\nImagen 10\n\nEsta publicación contiene un fotomontaje\ncon varias fotografías de la accionante y de dos mujeres más. Con este\ncontenido se pretende hacer ver un antes y después de la imagen y aspecto\nfísico de estas mujeres. Esta publicación está acompañada de un mensaje\nalusivo al uso de recursos públicos para el pago de procedimientos estéticos.\nSe evidencia que esta publicación, al momento de allegarse al proceso,\ncontaba con 65 reacciones, 27 comentarios y fue 4 veces compartida.\n\nEn esta publicación se divulga una imagen\nde la accionante en lo que parece ser un acto público o institucional. Está acompañada\nde un mensaje que hace referencia a viajes de la gestora social y a su\naspecto físico. En específico, sobre este último asunto, el accionado realiza\nuna encuesta en la que invita a participar a sus seguidores, para opinar\nsobre el cuerpo y la apariencia física de la accionante. Se evidencia que este contenido, al momento\nde ser aportado al proceso, contaba con 9 reacciones y 12 comentarios.\n\nImagen 11\n\nImagen 12\n\nEsta publicación contiene un fotomontaje\ncon varias imágenes de la accionante y de su esposo. La acompaña un mensaje\nen el que se critica la gestión del alcalde y de la institucionalidad del\nmunicipio de Arauca. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEsta publicación contiene una imagen de\nla accionante junto con un mensaje alusivo a la ausencia de recursos para\natender a la población, pero si para costear lujos. Se evidencia que este\ncontenido, al momento de ser aportado\nal proceso, contaba con 21 reacciones, 9 comentarios y 2811 visualizaciones.\n\nImagen 13\n\nImagen 14\n\nEn esta publicación se divulga un\nfotomontaje que consta de imágenes de la accionante y de su esposo. Con este\ncontenido se pretende hacer ver un antes y después de la imagen y aspecto\nfísico de estas personas. Adicionalmente, se acompaña con un mensaje alusivo\nal uso de recursos públicos para pagar cirugías estéticas. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se divulga una\nimagen de la accionante junto con un mensaje alusivo a cirugías estéticas, a\nsu cambio físico y a que su esposo “la está transformando”. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 15\n\nImagen 16\n\nEn esta publicación se\ndivulga una imagen personal de la accionante junto con su esposo. Se incluye\nun mensaje alusivo al aspecto físico de ambos y a una presunta investigación\nen fiscalía. No se evidencian\ndatos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se\nincluye una imagen de la accionante (la parte superior de su cuerpo) en lo\nque parece ser un acto público o institucional. Se acompaña del siguiente\nmensaje: “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”. Esta publicación, al momento\nde ser allegada al proceso, contaba con 28 reacciones, 6 comentarios y fue\ncompartida una vez.\n\nImagen 17\n\nImagen 18\n\nEn esta publicación se divulga una\nimagen de la accionante y su esposo en lo que parece ser un evento público.\nSe acompaña de un mensaje alusivo a una discusión entre ambos y, asimismo, a\nlas cirugías estéticas a las que se habría sometido la demandante por\ndisposición de su esposo. Se evidencia que este contenido, al momento de ser\naportado al proceso, contaba con 32 reacciones, 9 comentarios y fue\ncompartido una vez.\n\nEn esta publicación se divulgan dos\nimágenes de la accionante, una junto a su esposo y, la otra, junto con otro\nhombre. Se acompaña con un mensaje alusivo a las relaciones interpersonales\nde la demandante, al uso irregular de recursos públicos para el pago de\ncirugías estéticas y al aspecto físico de la gestora social. Esta\npublicación, al momento de ser allegada al proceso, contaba con 58\nreacciones, 27 comentarios y fue compartida 3 veces.\n\nImagen 19\n\nImagen 20\n\nEn esta publicación se\nreplica el contenido descrito en la Imagen 1 de esta tabla junto con la\nimagen de la accionante. Adicionalmente, se acompaña con un mensaje alusivo\nal uso de recursos públicos por parte del alcalde del municipio de Arauca\npara el pago de cirugías estéticas. No se evidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o\nreposteos.\n\nEn esta publicación se\ndivulga un mensaje sobre la situación de vulnerabilidad de menores de edad\npertenecientes a comunidades indígenas. Asimismo, se cuestiona el uso de\nrecursos públicos por parte de la accionante, en su calidad de gestora\nsocial, para presuntamente financiar viajes y lujos. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 21\n\nImagen 22\n\nEn esta publicación se divulga una\nfotografía de la accionante y se acompaña dicha imagen con un mensaje sobre\nsu apariencia física y la presunta realización de tratamientos estéticos. El\naccionado por medio de esta publicación invita a sus seguidores a opinar\nsobre la imagen de la accionante. Esta publicación, al momento de ser\nallegada al proceso, contaba con 50 reacciones, 22 comentarios y fue\ncompartida 3 veces.\n\nEn esta publicación se divulga una\nfotografía de la accionante y su esposo que parece haber sido tomada del\nperfil de aquel. Se añade un mensaje alusivo a la gestión del alcalde del\nmunicipio de Arauca y a presuntos usos irregulares de recursos públicos. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\n6. Con fundamento en lo anterior, solicitó el\namparo de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la dignidad\nhumana, a la intimidad personal y familiar, a la imagen, a la igualdad y a no ser\ndiscriminada por razón de género y, en consecuencia, solicitó que: (i) se\nordenara la eliminación de las publicaciones, imágenes, videos y comentarios en\nlos que se haga referencia directa o indirectamente a la accionante; (ii) se\nprohibiera al accionado realizar nuevas publicaciones o manifestaciones en\ncualquier medio digital, red social o espacio público en las que se refiera a la\naccionante; (iii) ordenarle al demandado que, en los mismos medios en los\ncuales efectuó las publicaciones ofensivas, emita una retractación pública,\nclara y proporcional en la que reconozca que sus afirmaciones carecieron de\nsustento y vulneraron derechos fundamentales y, asimismo, se comprometa a\nabstenerse de reproducirlas y (iv) que se ordenara al accionado ofrecer una\ndisculpa pública como acto de reconocimiento del daño causado y de restauración\nde la dignidad e imagen de la accionante.\n\n2.\nTrámite de la acción de tutela\n\n7. El 21 de octubre de 2025, el proceso de la\nreferencia le fue asignado por reparto al Juzgado 001 Civil Municipal de Arauca [5] . Esa autoridad judicial, el mismo día ,\nadmitió la acción de tutela, vinculó a Cristian Camilo Paredes Forero y le\nordenó que rindiera informe sobre los hechos propuestos en el escrito de tutela [6] .\n\n2.1. Respuesta de Cristian Camilo Paredes Forero [7]\n\n8. El accionado negó haber vulnerado los\nderechos fundamentales de la accionante y sostuvo que sus publicaciones\nconstituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, opinión e\ninformación. Afirmó que, en su calidad de ciudadano, activista político y\nveedor social, ejerce control sobre la gestión pública de los servidores del Estado\ny respecto de la actuación de personajes públicos. Lo anterior, mediante\ncríticas y opiniones sobre asuntos de interés general, las cuales, según\nindicó, no constituyen difamación ni ataques personales, sino manifestaciones\npropias del debate democrático que difunde a través de redes sociales. Sostuvo\nque sus publicaciones se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de\nexpresión e información, el derecho a la manifestación pública y pacífica, el\nderecho a la conformación, ejercicio y control del poder político y el control\nsocial y la participación ciudadana. Asimismo, señaló que la gestora social es\nuna figura pública y debe soportar un mayor nivel de escrutinio y crítica.\n\n3. Decisiones judiciales objeto de revisión\n\n3.1.\nSentencia de primera instancia [8]\n\n9. El 4 de noviembre de 2025 el Juzgado 001\nCivil Municipal de Arauca amparó los derechos\nfundamentales invocados por Stephany Dayana Ortiz Tafur por considerar que las publicaciones del accionado presentaban como\nciertas acusaciones de conductas delictivas contra la accionante y su esposo\nsin respaldo probatorio ni verificación suficiente, por lo que excedían la\nlibertad de expresión y vulneraban sus derechos a la honra y al buen nombre. En\nconsecuencia, determinó que los mensajes tenían un carácter difamatorio e\ninsultante. Por ello, amparó los derechos fundamentales de la accionante a la\nhonra, el buen nombre, la dignidad humana, la intimidad personal y familiar, la\nimagen, la igualdad y la no discriminación por razón de género, y ordenó al\naccionado eliminar las publicaciones, rectificar su contenido en Facebook y\nabstenerse de realizar nuevas afirmaciones sin sustento ni verificación.\n\n3.2. Impugnación [9]\n\n10. El 7 de noviembre de 2025, Cristian\nCamilo Paredes Forero presentó escrito de impugnación y solicitó la suspensión\nprovisional del cumplimiento del fallo de tutela impugnado hasta que se\nresolviera la segunda instancia.\n\n11. En específico, argumentó que el fallo de\nprimera instancia vulnera su\nderecho a la libertad de expresión, pues sus publicaciones constituyen críticas\nsobre asuntos de interés general, se dirigen respecto de una figura pública y\nse basan en información e imágenes de acceso público. Sostuvo que no existe\nprueba de una afectación real a los derechos de la accionante y que el juez de\ninstancia omitió realizar la ponderación exigida por la jurisprudencia\nconstitucional entre la libertad de expresión y los derechos al buen nombre y\nla honra. Asimismo, señaló que la acción de tutela debía declararse\nimprocedente por existir mecanismos judiciales ordinarios al alcance de la\naccionante, como la acción penal o el proceso civil de responsabilidad\nextracontractual.\n\n12. Finalmente, manifestó que la demandante, por\nsu condición de gestora social y cónyuge del alcalde, está sometida a un mayor nivel\nde escrutinio público, por lo que las órdenes de eliminación de contenidos,\nrectificación y abstención de divulgar futuras manifestaciones constituyen\nmedidas desproporcionadas y equivalentes a una forma de censura.\n\n3.3. Sentencia de segunda instancia [10]\n\n13. El 15 de diciembre de 2025 el Juzgado Civil del\nCircuito de Arauca revocó el fallo de primera instancia por considerar que la\naccionante no logró acreditar la vulneración de los derechos invocados en el\nescrito de tutela. En específico, señaló que los contenidos acusados\nconstituyen opiniones o comentarios sobre su gestión dentro de la\nadministración municipal y sobre el manejo de los bienes estatales de la alcaldía\nmunicipal, por lo que no se demostró la configuración de actos de\nhostigamiento, acoso o violencia de género digital. Adicionalmente, el juez de\nsegunda instancia señaló que “muchas de esas publicaciones son replicaciones\nfundadas en imágenes y hechos públicos, difundidos previamente por la misma\n[a]lcaldía o por la gestora social en redes sociales institucionales y\npersonales” [11] . Finalmente, aseguró que, en todo caso, la\naccionante cuenta con los mecanismos ordinarios penales y civiles para\ncuestionar las actuaciones del accionado.\n\n4.\nActuaciones en sede de revisión\n\n14. Selección del expediente . El 28 de mayo de 2026, la Sala de\nSelección de Tutelas Número 5 profirió auto mediante el cual seleccionó el\nexpediente T-12.046.373 para revisión con fundamento en los criterios subjetivos\nde urgencia de proteger un\nderecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Este fue repartido a la Sala Cuarta de\nRevisión de Tutelas [12]\ny remitido el 12 de junio de 2026 [13]\npor la Secretaría General de la Corte Constitucional al despacho del magistrado\nsustanciador para lo de su competencia.\n\n4.1. Decreto oficioso de pruebas\n\n15. Auto de pruebas. Mediante Auto de 22 de junio de 2026 [14] , el magistrado\nsustanciador, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para\nsoportar la decisión, ofició a la accionante para que informara: (i) si se\nhabían presentado nuevos actos de violencia de género y hostigamiento digital\ncon posterioridad al fallo de segunda instancia; (ii) si instauró mecanismos\njudiciales o reclamaciones ante las plataformas digitales respectivas para\ndefender sus derechos; (iii) sobre las características y el uso de sus perfiles\nen redes sociales y la naturaleza jurídica y sus funciones como gestora social\ndel municipio de Arauca; (iv) sobre las afectaciones a nivel personal,\nfamiliar, psicológico y reputacional por los hechos que sustentan la acción de\ntutela y el impacto que ha tenido en el desarrollo de su rol como gestora\nsocial y (v) señalara si deseaba que se anonimizara el trámite de revisión.\n\n16. Asimismo, ofició al accionado para que informara sobre las actuaciones que desarrolla\ncomo veedor ciudadano; identificara las cuentas o perfiles de redes sociales y\nplataformas digitales que administra, indicando su alcance, estadísticas de\ninteracción y si es el único responsable de las publicaciones, e\nindividualizara las publicaciones relacionadas con la accionante. Al respecto,\nse solicitó información sobre el medio en que se publicaron, el número de\nvisualizaciones e interacciones y se ofició al accionado para que aportara los\nsoportes correspondientes y explicara las razones que motivaron la difusión de\ndichos contenidos.\n\n17. Por otro lado, ofició al Departamento\nAdministrativo de la Función Pública para que informara si existe regulación o conceptos sobre la\nnaturaleza jurídica y las funciones de las gestoras sociales, en particular de\nlas esposas de los alcaldes y precisara si quienes desempeñan ese rol están\nsujetos a deberes de transparencia y rendición de cuentas.\n\n18. Finalmente , invitó a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, facultades de\nDerecho, organismos internacionales y expertos para que, si lo consideraban pertinente, conceptuaran\nsobre el trámite de la referencia.\n\n19. Requerimiento de pruebas. Mediante Auto de 8 de julio de 2026 [15] , el\nmagistrado sustanciador r equirió\na Cristian Camilo Paredes Forero y al Departamento Administrativo de la Función\nPública para que dieran cumplimiento a las órdenes impartidas en el Auto del 22\nde junio de 2026.\n\n20. Inspección judicial. Mediante Auto de 17 de julio de 2026 [16] , el\nmagistrado sustanciador decretó\nla práctica de una inspección judicial sobre los perfiles de Facebook de la\naccionante y del accionado, así como respecto de dicha plataforma digital. Lo\nanterior, con el fin de verificar la naturaleza de las cuentas que administran\nlas partes del proceso; la publicación y permanencia de contenidos relacionados\ncon la accionante y la existencia y operatividad de herramientas disponibles\nque puedan incidir en escenarios de violencia de género digital.\n\n21. En dicho auto, se delegó a un\nmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional para la práctica de la\ninspección judicial, de conformidad con el literal f) del artículo 17 del\nAcuerdo 01 de 2025. Aquel, mediante auto del 23 de julio de 2026, fijó como\nfecha y hora para la ejecución de la diligencia el 27 de julio de 2026 a las\n10:00 a. m. por medio de la plataforma Microsoft Teams [17] , la\ncual fue realizada en los términos descritos [18] .\n\n22. A continuación , se\nexpondrán las respuestas allegadas por las partes, autoridades públicas e\nintervinientes, en virtud de los autos de pruebas del 22 de junio y 8 de julio,\nambos de 2026. Posteriormente, se expondrán los hallazgos obtenidos en la\ndiligencia de inspección judicial llevada a cabo el 27 de julio de 2026.\n\n4.1.1. Respuesta\nde Stephany Dayana Ortiz Tafur [19]\n\n23. En primer lugar, la accionante señaló que no considera\npertinente la anonimización del trámite, al considerar\nque se trata de un caso que reviste de especial relevancia constitucional. En\nefecto, manifestó que el presente trámite “constituye una oportunidad para que\nla Corte Constitucional consolide un precedente en materia de protección de los\nderechos fundamentales de las mujeres frente a la violencia digital y de género\nejercida a través de redes sociales, razón por la cual estima importante que su\ncaso contribuya de manera visible a la construcción de esa línea\njurisprudencial […]” [20] .\n\n24. En segundo lugar, se refirió a su perfil\nen la plataforma Facebook. Al respecto, allegó el enlace de acceso e informó que es una cuenta personal, de acceso público\ny que tiene 24 mil seguidores. Asimismo, informó que en aquel se identifica\ncomo gestora social del municipio de Arauca para el período 2024-2027. Indicó\nque, además de su uso personal, también utiliza dicha cuenta para divulgar\nactividades, programas y eventos de interés general relacionados con su\ngestión, incorporando imágenes de actividades institucionales, aunque precisó\nque no administra cuentas oficiales de la Alcaldía.\n\n25. En tercer lugar, sostuvo que, luego del fallo de\nsegunda instancia, el accionado difundió de manera continua y sistemática publicaciones\nofensivas en las que se emplearon expresiones despectivas y ridiculizantes que\npermitieron, incluso, que otros usuarios replicaran comentarios ofensivos y\nviolentos en su contra. Además, señaló que el accionado se burló, por medio de\nsus publicaciones, del proceso de tutela instaurado por la accionante y utilizó\nel apodo de “pájara 2” para referirse a ella de manera indirecta. En efecto, la\ndemandante aseguró que, tras la revocatoria del fallo de primera instancia, el\naccionado presentó la decisión judicial como una validación de su conducta y la\nutilizó para justificar la continuidad de sus publicaciones. Sostuvo que mantuvo\nun patrón sistemático de hostigamiento mediante contenidos dirigidos a\nridiculizarla, cosificarla y estigmatizarla, focalizando los ataques en su\ncondición de mujer, su apariencia física, su vida privada y familiar y\natribuyéndole sin fundamento conductas ilegales. En su concepto, ello evidencia\nuna escalada de la violencia digital hacia formas más invasivas de\ncosificación, sexualización y exposición pública, orientadas a afectar su\ndignidad, honra, buen nombre e integridad emocional.\n\n26. Para sustentar lo anterior, identificó\nlos perfiles de Facebook desde los cuales el accionado ejerce los presuntos\nactos de violencia, allegó los enlaces de acceso a los mismos y aportó capturas\nde pantalla de los contenidos que adujo violentos. Como se advirtió\nanteriormente, tales publicaciones aparecen relacionadas con la imagen e\nintimidad de la accionante y con el fin de no generar un posible escenario de\nrevictimización, las mismas se identificarán en el anexo reservado a esta\nsentencia. No obstante, se describirán de manera general en la siguiente tabla,\nque sigue la misma numeración del anexo.\n\nTabla 2. Capturas de pantalla anexadas a la\nrespuesta al Auto del 22 de junio de 2026 [21]\n\nImagen 23\n\nImagen 24\n\nEn esta publicación se divulgan dos\nfotografías de la accionante, con el fin expreso de mostrar un antes y un\ndespués de su apariencia física. En una de estas fotografías la gestora\nsocial se encuentra en vestido de baño. Aquellas están acompañadas de un mensaje\nsobre las cirugías estéticas y el uso de recursos públicos para financiarlas.\nNo se evidencian datos sobre la\ncantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se divulga un\nfotomontaje de un billete con la cara de la accionante. En este se evidencian\nmensajes alusivos a procedimientos estéticos. Además, esta imagen se acompaña\nde un mensaje en tono de burla sobre el uso de la fotografía de la accionante\nen el fotomontaje. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 25\n\nImagen 26\n\nEn esta publicación se incorpora un\nmensaje en forma de imagen en el que se critica la labor de la gestora social\ny se señala que aquella debería dedicarse a labores relacionadas con el\nhogar. Esta publicación, al momento en que se aportó al proceso, contaba con\n32 reacciones.\n\nEn esta publicación se difunde un\nmensaje en forma de imagen en el que el accionado se refiere presuntamente a\nla demandante con el término de “Pájara 2” y se alude a las decisiones de\ninstancia proferidas en el proceso de tutela objeto de examen. Esta\npublicación, al momento en que se aportó al proceso, contaba con 30\nreacciones y 11 comentarios.\n\nImagen 27\n\nImagen 28\n\nEn esta publicación se\ncomparte un fotomontaje de un pájaro con joyas en la imagen de una ciudad y\nse alude a un viaje de la gestora social a Miami. Esta publicación, al\nmomento en que se aportó al proceso, contaba con 37 reacciones y 5\ncomentarios.\n\nEn esta publicación el\naccionado divulga una fotografía propia. Se acompaña de un mensaje en el que\npresuntamente se refiere a la demandante como “Pájara 2” y señala que él no\nse tiene que esconder. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 29\n\nImagen 30\n\nEn esta publicación, el accionado\ndifunde una imagen propia y una de la accionante, así como pantallazos de las\ndecisiones de instancia adoptadas en el proceso de tutela de la referencia.\nSe acompaña de un mensaje alusivo al ejercicio de su libertad de expresión y\na la decisión adoptada por el juez de segunda instancia. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación el accionado divulga\nuna fotografía propia y una de la accionante, se refiere a la celebración del\ndía de la justicia e incluye un mensaje en el que se refiere al proceso de\ntutela de la referencia y difunde información sobre la decisión adoptada por\nel juez de segunda instancia. No\nse evidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 31\n\nImagen 32\n\nEn esta publicación, el\naccionado difunde algunos pantallazos de su perfil, señala que la demandante\nvisita su cuenta para informarse e invita a la comunidad a seguirlo. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nSe reitera la publicación\ndescrita en relación con la imagen 13 de la Tabla 1.\n\nImagen 33\n\nImagen 34\n\nEn esta publicación se\ndifunde un fotomontaje con 4 fotografías, una de la accionante y su esposo y\notras dos de un hombre y una mujer, respectivamente. Se acompaña con un\nmensaje alusivo a usos irregulares de recursos públicos. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se\ndifunden dos fotografías personales del cuerpo de la accionante en un\ngimnasio. Se acompaña del siguiente mensaje: “Sí o no marino?” junto con un\nemoticón de risa. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 35\n\nImagen 36\n\nEn esta publicación se difunde una\nfotografía de la accionante, al parecer alterada o editada. Se acompaña con\nun mensaje según el cual la accionante habría viajado a realizarse\nprocedimientos estéticos. Asimismo, se refiere a un evento que realizaría la demandante\ny el demandado critica el presunto uso irregular de recursos públicos para\nfines personales. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se divulga una\nimagen alterada o editada de la accionante y su esposo, con algunas\nmodificaciones en la cara de aquellos. Se acompaña de un mensaje sobre el\naspecto físico de ambos y el siguiente mensaje “Al paso que va, va a terminar\nsiendo la mejor amiga […]”. No\nse evidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 37\n\nImagen 38\n\nEn esta publicación se divulga una\nimagen de la accionante en lo que parece ser un acto público o institucional.\nSe acompaña con un mensaje en el que se critica el aspecto físico de la\ndemandante y su relación con su esposo. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se difunde una\nimagen de la accionante y una de su esposo, al parecer alteradas o editadas.\nLo anterior, junto con un mensaje en el que se cuestiona la gestión de la\ngestora social y del alcalde del municipio de Arauca, principalmente por el\nuso irregular de la institucionalidad para promover la campaña política de un\ncandidato político. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 39\n\nImagen 40\n\nEn esta publicación se\ndifunde una imagen de la accionante y una de su esposo. Se acompaña con un\nmensaje en el que se critica la gestión y las labores a la alcaldía municipal\nde Arauca. No se evidencian\ndatos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se\ndifunde una imagen de la accionante en lo que parece ser un evento\ninstitucional. Se acompaña con un mensaje en el que se critica la labor de la\ndemandante como gestora social y se hace alusión a una presunta infidelidad. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 41\n\nImagen 42\n\nEn esta publicación se difunden imágenes\nde la accionante y su esposo, junto con un mensaje que alude a las labores de\ncuidado que debería ejercer la demandante respecto de su pareja sentimental. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se divulgan imágenes\nde la accionante y de su esposo, así como pantallazos de otros contenidos en\nredes sociales. Una de las imágenes representa a la gestora social desnuda y\nestá editada por medio del uso de emoticones. Se acompaña de un mensaje en el\nque se critica la labor del alcalde del municipio de Arauca y se refiere a la\npresunta difusión no consentida de imágenes íntimas. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 43\n\nImagen 44\n\nEn esta publicación se difunden imágenes\nde la accionante y de buses. Se acompaña con mensajes alusivos a la falta de\nrecursos públicos para asegurar el transporte escolar, pero al uso de los\nmismos para movilizaciones en helicópteros. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se difunden imágenes\nde la accionante. Se acompaña de un mensaje en el cual se critican los\npresuntos lujos y derroches de la demandante. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 45\n\nImagen 46\n\nEn esta publicación se\ndifunde un fotomontaje en el que se incluyen imágenes de la accionante y se\nacompaña de mensajes alusivos a su forma de vestir y a su apariencia física. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se\ndifunden varios pantallazos de contenidos de redes sociales, entre estos,\nalgunos divulgados desde los perfiles de la accionante en estas plataformas.\nAsimismo, se publican fotografías de la demandante. Está acompañada de un\nmensaje alusivo a cirugías y procedimientos estéticos y a las capacidades y\ncalidades de la gestora social. No\nse evidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\n27. En cuarto lugar, la accionante afirmó que\nlas publicaciones le han ocasionado afectaciones personales, familiares,\npsicológicas, reputacionales e institucionales. Sostuvo que la reiteración de\nataques dirigidos contra su apariencia física, su vida privada y su condición\nde mujer le ha generado un desgaste emocional constante y un estado de\nrevictimización. Además, indicó que las publicaciones también han afectado a su\nfamilia mediante señalamientos sobre su matrimonio y supuestos actos de\ncorrupción, deteriorando la tranquilidad del hogar. En el ámbito reputacional,\nseñaló que se ha construido una imagen pública negativa al presentarla, sin\nfundamento, como beneficiaria de actos irregulares. Finalmente, afirmó que esta\ncampaña de desprestigio ha menoscabado la credibilidad y confianza necesarias\npara el ejercicio de sus funciones como gestora social, al afectar su liderazgo\ny la percepción de la comunidad sobre su integridad. Sobre esto último,\nmanifestó:\n\n“[L]a\nafectación también ha incidido directamente en el ejercicio de sus funciones\ncomo Gestora Social del municipio de Arauca. La naturaleza de ese cargo exige\ncercanía permanente con la comunidad, credibilidad, confianza y legitimidad\npara liderar programas sociales, promover campañas institucionales y\nrepresentar iniciativas de interés público.\n\nSin\nembargo, la campaña sistemática de desprestigio desarrollada por el accionado\nha buscado precisamente erosionar esa confianza ciudadana. Al presentar\nreiteradamente a la accionante como una persona corrupta, enriquecida con\nrecursos públicos, privilegiada, interesada únicamente en lujos personales y\nobjeto permanente de burlas relacionadas con su cuerpo, su apariencia y su vida\nprivada, se ha afectado la credibilidad necesaria para el adecuado ejercicio de\nsus funciones públicas.\n\nLa\nviolencia digital ejercida en este caso no solo ha lesionado derechos\nindividuales como la honra, el buen nombre y la dignidad humana, sino que\ntambién ha interferido en el cumplimiento de la función social que desempeña la\naccionante, al debilitar su imagen institucional frente a la comunidad y obstaculizar\nel desarrollo de las actividades propias de su gestión” [22] .\n\n28. Asimismo, informó que la labor de gestora\nsocial no constituye un empleo público ni le confiere la calidad de servidora\npública. Tal labor corresponde a una función de representación social y apoyo\ninstitucional orientada a promover programas y actividades en beneficio de\npoblaciones vulnerables y a fortalecer el vínculo entre la administración\nmunicipal y la comunidad.\n\n29. Finalmente, indicó que no ha instaurado otros\nmecanismos judiciales respecto de los hechos objeto de la acción de tutela.\nIndicó que optó por acudir exclusivamente a esta acción constitucional por\nconsiderarla el medio más idóneo para la protección de sus derechos\nfundamentales, en atención a la naturaleza de los actos violentos y su carácter\nsistemático y continuo. Señaló que no ha utilizado las herramientas de reporte\no denuncia de contenidos disponibles en las plataformas digitales.\n\n4.1.2. Respuestas de Cristian Camilo\nParedes Forero [23]\n\n30. En escritos del 30 de junio y 14 de\njulio, ambos de 2026, el accionado aportó captura de pantalla de uno de sus\nperfiles de Facebook, sin allegar el enlace de acceso al mismo; aportó un\npantallazo de las estadísticas de visualización de dicha cuenta y una captura\nde pantalla de la publicación correspondiente a la retractación ordenada por el\njuez de primera instancia [24] .\nRespecto de esto último indicó que tal orden de retractación fue revocada en el\nfallo de segunda instancia. Esta información se muestra en las siguientes\nimágenes:\n\nImagen\n(i). Pantallazo del perfil del accionado en Facebook\n\nFuente: Expediente digital, archivo “ 031 T-12046373 Rta. Cristian Paredes Forero 14-07-2026.pdf ”.\n\nImagen\n(ii). Estadísticas de visualización del perfil del accionado en Facebook\n\nFuente: Expediente digital, archivo “ 031 T-12046373 Rta. Cristian Paredes Forero 14-07-2026.pdf ”.\n\nImagen\n(iii). Retractación publicada con ocasión del fallo de primera instancia\n\nFuente:\nExpediente digital, archivo “ 031 T-12046373 Rta.\nCristian Paredes Forero 14-07-2026.pdf ”.\n\n31. Asimismo, informó que actúa en calidad de\nveedor ciudadano y que ejerce control político sobre la gestión, el uso de los\nrecursos públicos y el cumplimiento de los deberes de transparencia, publicidad\ny moralidad administrativa. Indicó que las cuentas de redes sociales que\nadministra son espacios personales destinados a la difusión de opiniones y\nanálisis sobre asuntos de interés público, cuya administración está\nexclusivamente a su cargo. Finalmente, señaló que no le era posible aportar las\nestadísticas de alcance e interacción de las publicaciones relacionadas con la\naccionante, pues estas fueron eliminadas de sus perfiles con anterioridad a los\nautos de pruebas y requerimiento.\n\n32. En ese contexto, el accionado enfatizó que las\npublicaciones realizadas sobre la accionante no tenían como propósito promover\ndiscursos de odio, discriminación, persecución personal o cualquier otra forma\nde violencia. Sostuvo que tales manifestaciones se encuentran amparadas por los\nderechos fundamentales a la libertad de expresión y a la participación política\ny reiteró que los contenidos acusados fueron eliminados voluntariamente de sus\nperfiles.\n\n33. Posteriormente, en escrito del 24 de julio de 2026, el\naccionado manifestó que acudió a la Personería Municipal de Arauca con el fin\nde que dicha entidad certificara su calidad de activista político y social. Al\nrespecto, señaló que la personería, mediante comunicación del 24 de julio de\n2026, de la cual anexó una copia, le informó que no existe disposición legal\nque permita certificar la calidad de activista político y social. No obstante,\nadvirtió que dicha entidad manifestó que “ este despacho procedió a revisar los perfiles y\ncontenidos públicos en redes sociales indicados en su petición y después de\nverificar dichas plataformas, este despacho observa una participación dinámica\ne interactiva, manifestada a través de publicaciones, pronunciamientos y\ncontenidos enfocados en asuntos de interés comunitario, político y social en\ndiversos espacios de la esfera pública y digital” [25] .\n\n34. A juicio del accionado, la comunicación expedida por\nla Personería Municipal de Arauca constituye un elemento probatorio imparcial\nque demuestra que la actividad que ejerce en redes sociales corresponde al\nejercicio legítimo del control ciudadano y la participación democrática y, en\nconsecuencia, dicha autoridad certificó que los contenidos allí publicados no\nconstituyen ataques personales contra la accionante. Por lo anterior, solicitó\nvalorar dicha documentación como material probatorio que acredita su labor como\nactivista comunitario.\n\n35. Finalmente, reiteró: “ [r] atifico\nla manifestación rendida bajo juramento en cuanto a que las publicaciones\nfueron eliminadas antes del requerimiento judicial, razón por la cual no\nconservo capturas, enlaces, estadísticas o métricas de interacción” [26] .\n\n4.1.3. Respuesta del\nDepartamento Administrativo de la Función Pública [27]\n\n36. En escrito del 15 de julio de 2026, el Departamento\nAdministrativo de la Función Pública informó que por medio del Concepto n.°\n20246000008531 del 9 de enero de 2024 se pronunció sobre la naturaleza jurídica\nde los gestores sociales y sus funciones.\n\n37. En concreto, señaló que de conformidad con los artículos 6, 121, 123 y\n210 de la Constitución Política, la Sentencia C-089A de 1994 y el Concepto n.°\n2191 de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,\nquienes ejercen como gestores sociales no ostentan la calidad de servidores\npúblicos, no desempeñan un empleo público ni se encuentran investidos de una\ncompetencia administrativa general. En específico, indicó que no existe\ndisposición legal vigente que con ocasión de la calidad de gestor social les\notorgue a dichos particulares funciones públicas, capacidad decisoria,\nordenación del gasto, administración autónoma de recursos públicos o\nresponsabilidad directa sobre ejecución de planes, programas o proyectos\nestatales.\n\n38. En consecuencia, informó que “ las actividades que normalmente desarrollan los\ngestores sociales, relacionadas con el acompañamiento protocolario, la\nasistencia social, la beneficencia, la articulación comunitaria, la\nconvocatoria y el impulso de iniciativas de contenido social, no constituyen,\npor sí mismas, ejercicio de función pública en sentido estricto ni los\nconvierten en autoridades de la administración pública” [28] .\n\n39. Finalmente, manifestó que los gestores sociales no se\nencuentran, por esa sola condición, sometidos a la obligación legal de\nrendición de cuentas. Lo anterior, con fundamento en que no son servidores\npúblicos ni son titulares de una gestión administrativa propia. No obstante, “ ello no significa que sus actuaciones puedan\nsustraerse de los principios de transparencia y publicidad cuando se\ndesarrollen con apoyo institucional […] En tales eventos, la obligación de\ninformar y rendir cuentas respecto del empleo de dichos recursos, de los\nprogramas institucionales y de los resultados obtenidos corresponde a la respectiva\nentidad” [29] .\n\n4.1.4. Intervenciones recibidas en el\ntrámite constitucional\n\n40. La Sala de Revisión recibió\nintervenciones de la Fundación Jacarandas, de la Universidad Libre y de Luisa\nFernanda Cano Blandón. Los argumentos presentados por los intervinientes se\nexpondrán en la siguiente tabla.\n\nTabla 3. Intervenciones\nrecibidas en sede de revisión\n\nFundación Jacarandas [30]\n\nEn primer lugar, señaló que la jurisprudencia de la\nCorte Constitucional, desde las sentencias SU-056 de 1995, T-066 de 1998,\nC-010 de 2000 y SU-1723 de 2000, estableció que las personas con relevancia\npública soportan un mayor escrutinio respecto de sus actuaciones públicas y\nque debe distinguirse entre información y opinión. Asimismo, las sentencias\nC-489 de 2002, T-213 de 2004 y T-391 de 2007 se refirieron a la protección de\nlas opiniones incómodas y de los discursos sobre asuntos públicos. También\nlas sentencias C-417 de 2009, T-015 de 2015, T-550 de 2016, T-022 de 2017,\nT-243 de 2018, T-244 de 2018 y SU-355 de 2019 precisaron los límites en\nrelación con agravios injustificados y fijaron el alcance del estándar de\nprotección de la libertad de expresión en internet. Finalmente, se refirió a\nlas sentencias T-149 de 2025, T-520 de 2025 y T-158 de 2026 sobre violencia\nde género digital.\n\nEn\nsegundo lugar y con fundamento en el recuento jurisprudencial expuesto, la\nFundación Jacarandas manifestó que: “[l]a libertad de expresión, el acceso a\nla información y la participación ciudadana tienen un alcance amplio en las\ninteracciones con quienes ejercen como gestoras sociales, cuando sus\nactuaciones se relacionan con actividades institucionales, programas gubernamentales,\ndestinación de recursos públicos o asuntos de interés general. La posición\npreferente de la libertad de expresión se fundamenta en su importancia para\nla vida democrática y el libre intercambio de ideas en contextos\ndemocráticos. […] Esta protección comprende las opiniones severas, molestas,\nexageradas, perturbadoras e incluso ofensivas. […]Las gestoras sociales no\nnecesariamente son servidoras públicas. Sin embargo, cuando participan de\nmanera visible en programas institucionales, representan iniciativas de una\nadministración, intervienen en eventos oficiales o comunican actividades\npúblicas, sus actuaciones relacionadas con esos asuntos quedan sometidas al\ncontrol de la ciudadanía . El escrutinio puede recaer sobre el\ncumplimiento de las actividades asumidas, su eventual participación en\ndecisiones públicas, el origen de los recursos utilizados y los resultados de\nlos programas que acompañan” (énfasis añadido) [31] .\n\nNo\nobstante, afirmó que este estándar de protección amplio no cobija el agravio\nmasivo contra mujeres y, mucho menos, cuando se manifiesta a través de actos\nde violencia estética. En consecuencia, la protección de la libertad de\nexpresión cede cuando se trata de ofensas injustificadas, acoso, persecución\nu hostigamiento.\n\nPor\nlo expuesto, la Fundación Jacarandas manifestó que “en el caso de estudio\ndebe existir una regla de conexión funcional, que analice que cuanto mayor\nsea la relación entre la expresión y la actuación de la gestora social, el\nmanejo de recursos públicos o un asunto de interés general, más intensa debe\nser su protección. Cuando el discurso abandona esos asuntos y se concentra en\nel cuerpo, la sexualidad, la intimidad o la vida sentimental de la mujer,\ndisminuye su relevancia democrática y adquieren mayor peso sus derechos a la\ndignidad, la igualdad, la intimidad y a vivir libre de violencias . Un\nciudadano en ejercicio de su libertad de expresión no puede justificarse en\nel fundamento constitucional para atacar o criticar de forma desproporcionada\nel cuerpo o la estética de una mujer” (énfasis añadido) [32] .\n\nEn\ntercer lugar, afirmó que en los eventos en los que una gestora social usa sus\nperfiles personales en redes sociales para difundir información de interés\ngeneral, dicha cuenta adquiere una dimensión funcionalmente pública respecto\nde dichos contenidos. En ese sentido, “la ciudadanía puede acceder a ellos,\ncomentarlos, controvertirlos y utilizarlos como insumo para el control social\no incluso veeduría” [33] .\nNo obstante, “[l] a jurisprudencia ha indicado que la mayor exposición de\nuna persona permite el escrutinio de sus actuaciones públicas y únicamente de\naquellos aspectos de su vida privada que sean relevantes para evaluar las\nfunciones que desempeña, el cumplimiento de deberes legales, la confianza\ndepositada para el manejo de lo público o sus competencias para ejercer el\nrol (Corte Constitucional, sentencias SU-056 de 1995, SU-1723 de 2000 y\nT-450 de 2025). Por tanto, la publicación voluntaria de una fotografía o de\ninformación personal no equivale a un consentimiento general para cualquier\nutilización posterior. Una cosa es reproducir una imagen para cuestionar\nuna actividad institucional y otra utilizarla para sexualizar, ridiculizar o\ndegradar a su titular. El contexto, la finalidad y la forma de reutilización\nde la imagen son constitucionalmente relevantes, en particular cuando pueden\nestar comprometidos los derechos a la intimidad, la propia imagen y una vida\nlibre de violencia basada en género (Corte Constitucional, Sentencia\nT-158 de 2026)” (énfasis añadido) [34] .\n\nEn\ncuarto lugar, manifestó que “no toda expresión ofensiva o incómoda dirigida\ncontra una mujer constituye una forma de discriminación o de violencia basada\nen género. Para identificarla debe existir una relación entre el contenido,\nla forma, el contexto o los efectos de la expresión y estereotipos de género\nasociados con el hecho de que su destinataria sea una mujer”. Al respecto,\nindicó que podrían ser indicios de violencia de género la sexualización, la\nevaluación pública y degradante del cuerpo, los comentarios sobre la\napariencia, el vestuario, la edad, las cirugías estéticas y la difusión de\nimágenes para promover burlas o insinuaciones sobre la sexualidad o la vida\nsentimental.\n\nAdicionalmente,\nestimó que para valorar este tipo de actos, el juez constitucional debe\nevaluar: (i) el contexto que rodea el mensaje o los contenidos; (ii) el\ncontenido del mismo y si se relaciona con la labor o rol social del personaje\npúblico; (iii) la relevancia pública del contenido o su incidencia en la\nintimidad; (iv) la naturaleza del reproche; (v) la presencia de estereotipos\nde género y (vi) la forma de difusión.\n\nEn\nquinto lugar, señaló que “[c]uando se dirige contra una gestora social, la\nviolencia produce efectos que trascienden la lesión individual. Desplaza el\ndebate desde sus actuaciones hacia su cuerpo o vida sentimental, también se\npuede pensar que reduce su credibilidad mediante estereotipos de género que\npuede llevarla a restringir su presencia digital, y transmite a otras mujeres\nque la participación en asuntos públicos o políticos implica aceptar la\ncosificación, el escarnio y la intromisión en la intimidad” [35] .\n\nFinalmente,\nconcluyó que: “[l]as gestoras sociales deben tolerar un mayor grado de\nescrutinio respecto de las actividades públicas que desarrollan, pero no pueden\nser equiparadas automáticamente con las servidoras o funcionarias públicas.\n[…] Por regla general, una gestora social no accede a su posición por\nelección o nombramiento, no ejerce necesariamente función pública ni adopta\ndecisiones vinculantes. Sin embargo, cuando una gestora social asume una\npresencia institucional, representa programas oficiales, participa en\nactividades financiadas con recursos públicos o interviene materialmente en\nasuntos de la administración, debe aceptar un escrutinio más intenso respecto\nde esas actuaciones. El estándar debe ser funcional, depende de lo que\nefectivamente hace, no solo del nombre informal de su rol. […] Por tanto, una\ngestora social debe tolerar cuestionamientos rigurosos sobre la financiación\nde sus actividades, sus viajes institucionales, su participación en programas\npúblicos, su eventual intervención en contratación y el uso de recursos\nestatales. Puede estar sometida incluso a expresiones incómodas, exageradas o\nsatíricas sobre esos asuntos. Ese deber no comprende, sin embargo, la\nobligación de soportar ataques contra su apariencia física, cuerpo,\nsexualidad o vida sentimental cuando estos asuntos carecen de conexión con su\nrol ” (énfasis añadido) [36] .\n\nUniversidad Libre –\nObservatorio de Intervención Ciudadana Constitucional [37]\n\nManifestó que los discursos relacionados\ncon el control ciudadano respecto de la gestión pública están especialmente\nprotegidos inclusive cuando se manifieste por medio de expresiones que\nresulten incómodas, exageradas o molestas. No obstante, aquellos discursos\nque se dirigen a agredir a las mujeres por “su condición de tal, haciendo\nreferencia a su cuerpo, su vida íntima, su sexualidad, mediante estereotipos\nmisóginos” no están amparados bajo la libertad de expresión.\n\nEn consecuencia, indicó que, en el\nproceso de la referencia, la labor del juez constitucional consiste en\n“desagregar el contenido para amparar lo que deba ampararse en cada eje”. Lo\nanterior, con el fin de no tolerar aquellos actos efectivamente constitutivos\nde violencia de género digital, pero, a la vez, evitar que este tipo de actos\nse instrumentalicen para censurar el control ciudadano sobre la labor de\ngestores sociales y, en general, de asuntos de interés público.\n\nPosteriormente se pronunció sobre el\nestándar de protección a la libertad de expresión que resulta aplicable al\ncaso concreto. En específico, señaló que:\n\n-\nLos discursos sobre\nasuntos de interés público o respecto de servidores o personajes públicos\nestán especialmente protegidos. Lo anterior, con fundamento en la faceta\ncolectiva de la libertad de expresión y su rol esencial para la\nmaterialización de la democracia participativa.\n\n-\nLa libertad de\nexpresión, el acceso a información y la participación política son garantías\nconstitucionales interdependientes que hacen posible el control ciudadano y\ndemocrático de la gestión pública.\n\n-\nLas redes sociales\nson foros públicos de deliberación. Estos espacios permiten el mayor acceso a\ninformación de interés general y, con ello, facilitan y promueven la\nparticipación ciudadana en el control de la gestión pública. No obstante,\ntambién implican riesgos asociados con la vulneración de derechos\nfundamentales.\n\n-\nLa figura de\ngestores sociales y la figura de la “primera dama”, según el Departamento\nAdministrativo de la Función Pública y la Sentencia C-537 de 1993, se\nasemejan en la medida en la que quienes desempeñan dicha labor no ostentan\ncargos públicos y desempeñan tareas protocolarias, voluntarias o de\nasistencia social y beneficencia. No obstante, manifestó que:\n\n“ para el\nObservatorio su cercanía con los titulares de cargos de elección popular, la\nvisibilidad de sus actuaciones y la incidencia que pueden tener en asuntos de\ninterés colectivo las convierten en figuras de relevancia pública, cuyas\nactividades son susceptibles de escrutinio ciudadano y debate público,\nespecialmente cuando intervienen en iniciativas que involucran recursos\npúblicos, políticas públicas o programas de impacto social. La gestora social\nentonces, no es una particular ajena a todo escrutinio. Su posición es\nhíbrida, y el criterio determinante para medir el alcance del control\nciudadano sobre ella no debe su estatus formal, sino la función material que\nefectivamente desempeña . Así, por ejemplo, cuando la gestora social\nlidera programas, representa a la administración, usa imagen o logo\ninstitucional, gestiona o intermedia recursos o beneficios de origen público,\no incide en planes y proyectos oficiales, activa respecto de esa actividad\ndeberes de transparencia y de rendición de cuentas” (énfasis añadido) [38] .\n\n-\nAdicionalmente, señaló\nque el deber de transparencia y rendición de cuentas de gestores sociales se\nfundamenta en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014. Dicha disposición, a\njuicio del observatorio, convierte en sujetos obligados a los gestores\nsociales, en cuanto particulares que desempeñan una función pública.\n\n-\nEl alcance de la\nlibertad de expresión en las interacciones con quienes se desempeñan como\ngestores sociales es amplio respecto de su rol público y de la proyección\npública que voluntariamente asumieron.\n\nPor otro lado, conceptuó sobre el uso de\nperfiles personales por parte de gestores sociales para difundir información\nsobre su labor. Al respecto, manifestó que:\n\n-\nEn estos eventos quien\npublica se expone voluntariamente al escrutinio público. De manera que la\nexpectativa de intimidad se reduce y, en ese sentido, resulta necesario\ndistinguir entre los diversos contenidos que confluyen. Lo anterior, por\ncuanto la mayor exposición no implica que el titular de la cuenta pierda\nespacios legítimos de autonomía personal, expresión individual e intimidad.\n\n-\nPara definir la\nnaturaleza pública o personal de un perfil en redes sociales debe efectuarse\nun análisis integral del uso dado a dicha cuenta.\n\n-\nPor lo expuesto, el juez\nconstitucional debe adoptar la siguiente metodología: (i) verificar cada\ncontenido; (ii) la proyección que se le da al mismo y (iii) la recepción de\nlas publicaciones por parte de la audiencia y la calificación que esta le da.\n\nLuego\nse pronunció sobre la violencia de género digital. Al respecto, definió este\nfenómeno, se refirió a la mayor extensión de patrones de violencia con\nfundamento en el alcance masivo de las plataformas digitales como las redes\nsociales. También refirió que este tipo de actos generan, además de daños\npsicológicos, emocionales y reputacionales, fenómenos como el aislamiento\nsocial, el silenciamiento y la autocensura y perpetúa relaciones de\nsubordinación. Tales efectos impactan, por ende, tanto en la dimensión\nindividual de la libertad de expresión como en su ámbito colectivo.\n\nAsimismo,\nmanifestó que: “Cuando estos discursos recaen sobre mujeres con proyección\npública, como periodistas, funcionarias, mujeres en política o gestoras sociales,\nadoptan manifestaciones características: la sexualización y cosificación del\ncuerpo; la burla sobre la apariencia o las intervenciones estéticas; las\ninsinuaciones sobre la vida sexual o la fidelidad; la atribución de sus\nbienes o su posición a favores sexuales o económicos (la “mantenida”, el\n“trofeo” o la mujer que “factura”); y la reducción de su rol público a su\nvínculo con un hombre, negándole agencia propia. Su rasgo distintivo es que\nno cuestionan lo que la mujer hace en lo público, sino lo que la mujer es”.\n\nCon\nfundamento en lo expuesto, propuso los siguientes criterios para diferenciar\nreproches a la gestión pública de actos de violencia de género digital. Al\nrespecto, advirtió que una misma publicación puede contener apartes\nprotegidos y otros que exceden el ámbito de protección de la libertad de\nexpresión:\n\n-\nPrecisar el objeto\nde los contenidos acusados (¿la publicación se dirige a la gestión pública o\na la mujer por el hecho de serlo?).\n\n-\nLa forma en la que\nse divulga (si se usan juicios de valor sobre gestiones públicas o si se\nrecurre a estereotipos sexistas, sexualización o insultos misóginos).\n\n-\nIdentificar la\nfinalidad del mensaje.\n\n-\nDeterminar si\nexisten patrones en los contenidos o sistematicidad.\n\n-\nPrecisar si se trata\nde una opinión o de información respecto de la cual aplique el principio de\nveracidad.\n\nFinalmente,\nafirmó que: “[e]n ese sentido, pese a que no haya igualdad formal [entre\nservidor público y gestor social], puede haber una semejanza relevante en\nmateria de escrutinio público. Existen, de este modo, gestoras sociales que\nactúan como voceras institucionales y promueven políticas sociales donde su\nobjetivo deja de ser privado y se transforma en puramente público. Así, el\ndeber de tolerancia debe entenderse no solamente como un título jurídico,\nsino de la función material que la persona cumple en la esfera pública. […] A\npartir de lo anterior, si bien en principio atiende a un menor grado de deber\nde tolerancia por ser particulares, el deber de tolerancia se incrementa frente\na críticas sobre su gestión, gastos, influencia o actividades públicas,\ndebido al protagonismo que adquiere en el ejercicio de sus actividades de\ngestor social. […] En conclusión, las gestoras sociales […] sí pueden estar\nsujetas a un deber análogo y proporcional de tolerancia frente a la crítica\ncuando su actuación se conecta con asuntos de interés público” [39] .\n\nLuisa\nFernanda Cano Blandón [40]\n\nEn primer lugar, manifestó que las redes\nsociales se han convertido en el ámbito público y político por excelencia, al\npermitir la difusión de información, la rendición de cuentas y la ejecución\nde dinámicas de vigilancia, debate y control sobre la gestión pública. Esto\nen virtud de la inmediatez, la visibilidad, el alcance y el anonimato que\ncaracteriza este tipo de plataformas.\n\nSin embargo, este tipo de comunicación,\nparticipación y debate en redes sociales no ha estado exento de actos\nconstitutivos de violencia de género, fenómeno que se manifiesta\nexplícitamente o incluso de manera silenciosa a través de expresiones como el\nhumor o la sátira política, entre otras.\n\nEn segundo lugar, indicó que en el caso\nbajo se examen se está en un escenario de hostigamiento digital, violencia\nsimbólica y de género, en el que “se aprecia el escrutinio físico como forma\nde intimidación en lo público y de instrumentalización política de la gestora\nsocial” [41] .\nEsta afirmación la sustentó en los siguientes argumentos:\n\n(i) La accionante obtuvo la calidad de\ngestora social por el hecho de ser esposa de un alcalde. En consecuencia, a\ndiferencia de otros casos, su ingreso a lo público no es el resultado de una\ndecisión de la mujer de exponerse públicamente para asumir un cargo de\nelección popular, sino una consecuencia de su relación sentimental.\n\n(ii) Asumir la carga de ser gestora social no puede\nconllevar, por sí mismo, tener que tolerar la carga de ser instrumentalizada\npolíticamente. “ Es distinto\nque la gestora social sea cuestionada por acciones u omisiones relacionadas\ncon su lugar en lo público a que sea objeto de burlas y comentarios\nestereotipados para presionar, castigar o desacreditar a quien decidió\ningresar a la arena electoral, que fue su esposo” [42] .\n\n(iii) “[ E]n el caso que nos ocupa es\ninnegable la instrumentalización política de la gestora, pues comentarios\ncomo “bisturí, cámaras, acción”, acompañado de una foto de ella, o “que\nexplique cómo se operó la interventora consentida”, buscan sembrar dudas\nsobre el uso de los recursos públicos o la gestión de la administración\nlocal, no usando los mecanismos institucionales de denuncia formal con los\nque cuenta el ciudadano Forero, o incluso activando vías no institucionales\ncomo la protesta social, sino con violencia estética, utilizando el cuerpo y\nla imagen de la esposa del alcalde, el eslabón más débil -pero posiblemente\nmás visible de una administración local- para hacer sus cuestionamientos ”\nénfasis añadido) [43] .\nEn efecto, detrás de este tipo de publicaciones hay una intención de\ninstrumentalizar la imagen de la mujer, porque el tipo de fotomontajes o de\nfotografías que divulga el accionado de la demandante puede tener más vistas\ne interacciones que un texto en el que se expongan los cuestionamientos en\nrelación con el manejo de recursos públicos.\n\n(iv) En efecto, los contenidos\ndivulgados por el accionado tienen el fin de generar debate no en torno a la\nlabor pública y social de la accionante, sino respecto de su cuerpo y\napariencia física, situación que reproduce la violencia de género en los\nespacios digitales. Al respecto, aportó pantallazos de comentarios evidenciados\nrespecto de contenidos divulgados en los perfiles de Facebook del demandado.\nEn estos se incluyen expresiones como: “No jodas hera [sic] más bonita antes\nta [sic] se pasan”, “Y esos labios mal hecho [sic] quien se los hizo”, “eso\nes hombre o mujer, Disculpa mi ignorancia”, “Toca decirle q [sic] se asome a\nla gobernación y pregunte de donde sacaron para operarsen [sic] jajajaja” y\nBotox al mil se lava [sic] estallar el rostro” y “Aunque la mona se vista de\nseda mona se queda”, entre otros.\n\nCon fundamento en lo anterior, señaló\nque “[l]os términos y estrategias que utiliza el accionado no son neutrales\nni evalúan la labor de la gestora social, sino que buscan deslegitimarla a\ntravés de su aspecto físico, sexualizarla e instrumentalizarla políticamente\ncomo vehículo para atacar al alcalde, de manera que la mujer termina siendo\nun instrumento para disputar el poder político”. En consecuencia, en este\nescenario el cuerpo se convierte en una forma fácil de desacreditar sin\nargumentar, lo que se exacerba respecto de mujeres que ocupan espacios de\npoder, pues “su cuerpo se convierte en un territorio de disputa simbólica ”\n(énfasis añadido) [44] .\n\nEn tercer lugar, señaló que esta\ninstrumentalización de la mujer es, en sí misma, “ una forma de violencia\nde género, porque refleja un orden social donde las mujeres son percibidas\ncomo extensiones de sus parejas (no se le ataca porque sea ella sino por ser\nla “esposa de”), negando su autonomía, subordinándola a su rol de esposa y\nutilizando su imagen y su apariencia con un claro propósito político. Su\nidentidad política queda absorbida por la relación que mantiene con un\nhombre, bajo una forma de instrumentalización que constituye una\nmanifestación de violencia simbólica y de género porque reafirma la idea de\nque las mujeres ocupan los espacios públicos únicamente en función de los\nhombres y no como sujetos políticos con identidad y voz propia ” (énfasis\nañadido) [45] .\nEsto, en un contexto social en el que atacar a la pareja del servidor\npúblico, en este caso el alcalde, es un mecanismo indirecto para atacar a la\nadministración o gestión de aquel.\n\nEn cuarto lugar, reiteró que aunque la\naccionante, en su rol de gestora social, deba responder por los\ncuestionamientos relacionados con su labor pública, aquello no implica que\ndeba tolerar actos de violencia de género en su contra. “ Las mujeres que\nparticipan en la arena política o asumen roles de liderazgo enfrentan\nbarreras, estereotipos y riesgos, como la instrumentalización de su imagen\npara presionar o incomodar al poder. Exigirle a una mujer, ya sea una\npolítica, una funcionaria pública, una jueza o una gestora social, que soporte\nestoicamente la sexualización de su imagen, los fotomontajes difamatorios,\nlas burlas sobre su cuerpo y el ataque a su núcleo familiar, so pretexto de\nla libertad de expresión y el humor político, equivale a avalar la expulsión\nde las mujeres del ámbito público. La violencia de género en redes sociales\ntiene un efecto paralizante y genera además un profundo desgaste emocional ”\n(énfasis añadido) [46] .\n\n4.1.5. Hallazgos de la inspección\njudicial del 27 de julio de 2026\n\n41. En la siguiente tabla se identificarán\nlos hallazgos de la inspección judicial en relación con los perfiles de la\naccionante y del accionado en Facebook y las herramientas de esta plataforma\nque pueden incidir en escenarios de violencia de género digital. Posteriormente,\nse hará referencia a la verificación de contenidos publicados por el accionado\nen las dos cuentas de Facebook que administra y que se relacionan con la\naccionante.\n\nTabla\n4. Hallazgos de la inspección judicial\n\nHallazgos\n\nLa cuenta de\nla accionante en Facebook\n\n(i) La accionante es titular de la cuenta de Facebook\nque se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/1PjvjYz9WG/?mibextid=wwXIfr . Respecto de aquella se realizó la inspección.\n\n(ii) En su perfil se identifica como “Stephany Ortiz\nTafur”, figura pública y gestora social del municipio de Arauca para el\nperíodo 2024-2027.\n\n(iii) Para el momento de la inspección judicial,\ncontaba con 25 mil seguidores, 549 seguidos y aproximadamente 4 mil\npublicaciones.\n\n(iv) La accionante divulga, de manera mixta,\ninformación de carácter personal y datos relacionados con su gestión como\ngestora social del municipio de Arauca. También comparte o divulga información\nrelativa con las actividades institucionales de la alcaldía municipal de\nArauca y los contenidos difundidos en los perfiles oficiales de dicha\nentidad.\n\n(v) Dentro de los seguidores de la accionante no se\nencontró ninguno de los perfiles administrados por Cristian Camilo Paredes\nForero.\n\nLas cuentas\ndel accionado en Facebook\n\nEl accionado es titular de dos cuentas en la\nplataforma Facebook, respecto de las cuales se efectuó la inspección\njudicial. Estas son:\n\n- El perfil n.° 1 se encuentra en el siguiente\nenlace: https://www.facebook.com/share/1DJe11P19R/?mibextid=wwXIfr .\n\n- En perfil n.° 2 se encuentra en el siguiente\nenlace: https://www.facebook.com/share/1VJWJEioVL/?mibextid=wwXIfr .\n\nPerfil n.° 1\n\n(i) El accionado se identifica como “Cristián\nForero” y creador digital. Es una cuenta de carácter público y sus publicaciones\nse difunden sin restricciones de visualización.\n\n(ii) Para el momento de la inspección\njudicial, esta cuenta tenía: 11 mil seguidores, 660 seguidos y\naproximadamente 7.400 publicaciones.\n\n(iii) Dentro de este perfil se encontraron\netiquetas relacionadas con el perfil de Facebook de Stephany Ortiz Tafur.\n\n(iv) Publica mensajes, imágenes y videos\nrelacionados con diversos asuntos de interés general, información\ninstitucional de la alcaldía municipal de Arauca, asuntos de política\nnacional, opiniones sobre temas de distinta índole y también algunos\ncontenidos de carácter personal. Se comparten contenidos difundidos por otros\nusuarios, medios de comunicación o entidades estatales.\n\n(v) Algunas imágenes contenidas en las\npublicaciones que realiza el accionado son tomadas de otros perfiles de\nusuarios e incluso algunos de los contenidos evidenciados están\nidentificados, por parte de la plataforma, como creaciones por medio de\ninteligencia artificial.\n\nPerfil n.° 2\n\n(i) El accionado se identifica como\n“Cristian [sic] Forero” y creador digital. Es una cuenta de carácter público\ny sus publicaciones se difunden sin restricciones de visualización.\n\n(ii) Para el momento de la inspección\njudicial, esta cuenta tenía aproximadamente: 1.800 seguidores, 248 seguidos y\n1.300 publicaciones.\n\n(iii) Dentro de este perfil no se encontraron\netiquetas relacionadas con el perfil de Facebook de Stephany Ortiz Tafur.\n\n(iv) Publica mensajes, imágenes y videos\nrelacionados con diversos asuntos de interés general, información\ninstitucional de la alcaldía municipal de Arauca, asuntos de política\nnacional, opiniones sobre temas de distinta índole y también algunos\ncontenidos de carácter personal. Se comparten contenidos difundidos por otros\nusuarios, medios de comunicación o entidades estatales. Este perfil es usado\npara replicar los contenidos que el accionado ha divulgado en el perfil n.°\n1.\n\n(v) Algunas imágenes contenidas en las\npublicaciones que realiza el accionado son tomadas de otros perfiles de\nusuarios e incluso algunos de los contenidos evidenciados están\nidentificados, por parte de la plataforma, como creaciones por medio de\ninteligencia artificial.\n\nLas herramientas\nde Facebook sobre violencia de género\n\nSe evidenció que en las herramientas de\nreporte de contenidos, mensajes o comentarios publicados en Facebook no\nexiste ningún instrumento que de manera específica se dirija a denunciar\npublicaciones por violencia de género digital.\n\n42. Contenidos producidos por el accionado. En la verificación de los perfiles del\naccionado en la plataforma Facebook, durante la diligencia de inspección\njudicial, se identificaron publicaciones en las que el demandado se refiere\ndirecta o indirectamente a la accionante. Como se advirtió anteriormente,\ndichos contenidos podrían estar relacionados con la imagen e intimidad de la\naccionante y con el fin de no generar un posible escenario de revictimización, las\nmismas se incorporarán en el anexo reservado de esta sentencia [47] . No\nobstante, se describen de manera general en la siguiente tabla según la\nnumeración del anexo.\n\nTabla 5. Publicaciones identificadas\ndurante la inspección judicial, conforme al acta de la diligencia y su anexo [48]\n\nImagen 47\n\nImagen 48\n\nEn esta publicación se divulga una\nimagen de la accionante, al parecer con ocasión de su cumpleaños. Este se\nacompaña de un mensaje que critica la labor del alcalde de Arauca. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se divulga un\npantallazo de un contenido publicado por el esposo de la accionante en el que\naparece una fotografía de aquel con la demandante. Se acompaña de un mensaje\nen el que se critica la gestión del alcalde de Arauca y la presunta malversación\nde recursos públicos. No se\nevidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 49\n\nImagen 50\n\nEn esta publicación se difunde un\npantallazo de una imagen compartida por la accionante desde su perfil de\nFacebook. No se evidencian datos\nsobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se difunde un\npantallazo de una publicación divulgada por el alcalde de Arauca en la que\naparece una imagen junto con su esposa. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 51\n\nImágenes 52 y 53\n\nEn esta publicación se\ndifunde un pantallazo de una imagen divulgada por la accionante en su perfil\nde Facebook, en la cual aparece apoyando la campaña política de quien, para\nese momento, era candidato presidencial. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nSe reitera la publicación\ndescrita en relación con la imagen 30 de la Tabla 2.\n\nImágenes 54\ny 55\n\nImagen 56\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 35 de la Tabla 2.\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 23 de la Tabla 2.\n\nImágenes 57 y 58\n\nImagen 59\n\nEn esta publicación se\ndivulgan varias imágenes de la accionante, su esposo y pantallazos de\npublicaciones obtenidas de redes sociales. Se acompaña de un mensaje en el\nque se critica a la gestora social por no defender los derechos de lideresas\nque habían sido víctimas de agresiones en plataformas digitales. Esta\npublicación, para el momento en que se aportó al proceso, contaba con 16\nreacciones, 3 comentarios y fue tres veces compartida.\n\nEn esta publicación se\ndivulgan imágenes del municipio de Arauca, de afectaciones ocasionadas por\ncausa de inundaciones del alcalde de Arauca. Se acompaña de un mensaje en el\nque se critica la labor de aquel y de la gestora social. Esta publicación,\npara el momento en que se aportó al proceso, contaba con 19 reacciones, 10\ncomentarios y fue cuatro veces compartida.\n\nImagen 60\n\nImagen 61\n\nSe reitera la publicación\ndescrita en relación con la imagen 41 de la Tabla 2.\n\nEn esta publicación se\ndivulga una fotografía de la accionante. Se acompaña de un mensaje en el que\nse critica el uso de joyas y se alude al uso irregular de recursos públicos.\nEsta publicación, para el momento en que se aportó al proceso, contaba con 33\nreacciones, 18 comentarios y fue dos veces compartida.\n\nImágenes 62\ny 63\n\nImagen 64\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 29 de la Tabla 2.\n\nEn esta publicación se difunden varios\npantallazos de publicaciones y perfiles en redes sociales, entre esos el de\nla accionante. Se acompaña de un mensaje en el que se critica el cambio de\npostura e ideología política que, a juicio del accionado, tuvo la demandante.\nAsimismo, se criticó que la accionante apoyara publicamente campañas\npolíticas. No se evidencian\ndatos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 65\n\nImágenes 66\ny 67\n\nEn esta publicación se difunden\npantallazos de contenidos divulgados en el perfil de la accionante en\nFacebook. Se acompaña de un mensaje en el que se critica la labor de la\ngestora social y sus pronunciamientos públicos. Esta publicación, para el\nmomento en que se aportó al proceso, contaba con 19 reacciones, 15\ncomentarios y fue una vez compartida.\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 42 de la Tabla 2.\n\nImagen 68\n\nImagen 69\n\nEn esta publicación se divulgan algunas\nimágenes de la accionante en lo que parece ser un acto o evento\ninstitucional. Se acompaña de un mensaje en el que se critica la\ninstrumentalización de la entrega de ayudas humanitarias para población\nvulnerable con el fin de apoyar campañas políticas de candidatos. Además, se\netiquetan a diversas entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas\nNacionales – DIAN; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General\nde la Nación y la Personería del municipio de Arauca. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nEn esta publicación se difunde una\nimagen de un contenido divulgado en redes sociales y se acompaña de un\nmensaje en el que se critica que el alcalde de Arauca y la gestora social no\nrechacen las agresiones realizadas contra otras mujeres. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 70\n\nImagen 71\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 27 de la Tabla 2.\n\nEn esta imagen se publica un fotomontaje\nde un pájaro con joyas. Se acompaña con un mensaje en el que se critican los\nlujos atribuidos a la “Pájara 2”, quien presuntamente sería la accionante.\n\nImagen 72\n\nImagen 73\n\nSe reitera la publicación descrita en relación\ncon la imagen 26 de la Tabla 2. Sin embargo, para el momento de la inspección\njudicial este contenido contaba con 37 reacciones y 15 comentarios.\n\nEn esta publicación se divulga un\nfotomontaje de un pájaro con joyas. Se acompaña de un mensaje en el que se\nseñala que la “Pájara 2”, quien presuntamente sería la accionante, estaría de\nviaje en Miami para un concierto. No\nse evidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o reposteos.\n\nImagen 74\n\nImagen 75\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 24 de la Tabla 2. Sin embargo, para el momento de la\ninspección judicial este contenido contaba con 121 reacciones, 74 comentarios\ny fue 3 veces compartida.\n\nEn esta publicación se divulgan\npantallazos de contenidos de redes sociales y una imagen de la accionante. Se\nacompaña de un mensaje en el que se critica que la demandante no se haya\npronunciado sobre presuntas agresiones misóginas ejecutadas por el alcalde de\nArauca. P ara el momento de\nla inspección judicial este contenido contaba con 29 reacciones, 15\ncomentarios y fue 17 veces compartida.\n\nImágenes 76\ny 77\n\nImagen 78\n\nSe reitera la publicación descrita en\nrelación con la imagen 46 de la Tabla 2. Para el momento de la inspección\njudicial este contenido contaba con 24 reacciones.\n\nEn esta publicación se difunde un\nfotomontaje de una mujer, con vendajes en el cuerpo y quien, al parecer, se\nsometió a una cirugía. Se acompaña de un mensaje alusivo a la accionante en\nel que se le denomina como “primera dama”. P ara el momento de la inspección judicial este\ncontenido contaba con 57 reacciones, 15 comentarios y fue compartida una vez.\n\nImagen 79\n\nImagen 80\n\nEn esta publicación el accionado\ndifunde un mensaje en el cual critica la labor del alcalde de Arauca. Hace\nreferencia al presunto uso irregular de recursos públicos por parte de dicho\nmandatario y su esposa para el pago de lujos y cirugías estéticas. Asimismo,\nrefiere presuntos actos de corrupción. No se evidencian datos sobre la cantidad de reacciones, comentarios o\nreposteos.\n\nEn esta publicación se\ndifunden pantallazos de publicaciones en redes sociales y una fotografía de\nla accionante. Se acompaña de un mensaje en el que se critica la gestión del\nalcalde de Arauca, se hace alusión a una investigación por presuntos actos de\ncorrupción y se refiere a las cirugías estéticas a las que, a juicio del\ndemandado, se habría sometido la accionante. No se evidencian datos sobre la cantidad de\nreacciones, comentarios o reposteos.\n\nII. CONSIDERACIONES\n\n1.\nCompetencia\n\n43. La Sala Cuarta de Revisión\nde Tutelas de la Corte Constitucional es competente para\nrevisar las sentencias de primera y segunda instancia\nproferidas dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86\ny 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.\n\n2.\nCuestión previa. La carencia actual de objeto [49]\n\n44. Esta Corporación ha reconocido que, en\nocasiones, la alteración de las circunstancias que rodean la presunta\nvulneración de derechos deriva en que la acción de tutela pierda su razón de ser como mecanismo\nextraordinario de protección, de suerte que las medidas de restablecimiento que\nimpartiría el juez constitucional caerían en el vacío [50] .\nDesde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha catalogado estos casos\nbajo la categoría de carencia actual de objeto y ha identificado tres\neventos que dan lugar a su configuración: (i)\nhecho superado [51] ,\n(ii) daño consumado [52]\ny (iii) situación sobreviniente [53] . En específico, conforme con las sentencias\nT-482 de 2024 y T-092 de 2024, e l hecho superado\nimplica que entre la radicación de la demanda y la emisión del fallo se\nextingue la vulneración de los derechos invocados, como consecuencia del obrar del accionado , quien voluntariamente accede por completo [54]\na aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela [55] .\n\n45. Respecto del caso concreto, la Sala\nadvierte que no se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.\nLo anterior, por las razones que se exponen a continuación.\n\n46. Primera, en el proceso de la referencia,\nespecíficamente en sede de revisión, Cristian Camilo Paredes Forero señaló que\ncon anterioridad a los autos del 22 de junio y 8 de julio, ambos de 2026,\nprocedió a eliminar de manera voluntaria todos los contenidos relacionados con\nla accionante. Lo anterior, sin identificar las publicaciones efectivamente\nretiradas de Facebook y señalando que no tenía soporte de dicha actuación.\n\n47. No obstante, por medio de las respuestas\nallegadas por parte de la accionante y a través de la inspección judicial\nefectuada, la Sala pudo constatar que en las cuentas que administra el\naccionado en Facebook aún reposan algunas de las publicaciones referidas por la\ndemandante en la acción de tutela o identificadas en los informes allegados por\naquella con ocasión de lo ordenado en el Auto del 22 de junio de 2026. En\nespecífico, las publicaciones identificadas con los números 13, 23, 24, 26, 27,\n29, 30, 35, 41, 42 y 46 en las tablas 1 y 2 y en el anexo reservado de esta\nsentencia. Asimismo, se evidenció que el demandado, durante el trámite en sede\nde revisión, ha divulgado nuevos contenidos en los que menciona directa o\nindirectamente a la accionante y hace alusión a su cuerpo, apariencia física,\nsus relaciones familiares y personales, a cirugías estéticas y a su labor como\ngestora social del municipio de Arauca.\n\n48. Segunda, con fundamento en lo expuesto se\nobserva que el presunto hostigamiento, acoso y violencia contra la accionante\nno cesó con la eliminación de algunos contenidos por parte del demandado y, en\nconsecuencia, la amenaza a los derechos fundamentales invocados es actual y\ncontinua, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente. Ello\nimplica que la decisión que la Corte Constitucional adopte sobre este asunto no\nha perdido objeto, en la medida en que, de acreditarse la ejecución de los\nactos de violencia acusados, este Tribunal debe adoptar medidas dirigidas a\namparar las garantías constitucionales referidas y evitar la proliferación de\neste tipo de conductas contra la tutelante.\n\n49. Tercera, incluso si se tuviera por\nacreditado que el accionado eliminó los contenidos que se alegan violentos, lo\ncierto es que tal actuación no satisface de manera integral las pretensiones de\nla solicitud de amparo. Pues en esta la accionante solicita la publicación de\nuna retractación y de disculpas públicas, entre otras medidas. Adicionalmente,\ndicha eliminación de contenidos no se originaría en un acto voluntario, ya que\nse sustenta en la decisión proferida por el juez de primera instancia. Esto\núltimo, se confirma en el hecho de que el mismo accionado, en los escritos\nremitidos en sede de revisión, señaló que “[l]a eliminación de dichas\npublicaciones obedeció a mi decisión de evitar la prolongación de la\ncontroversia y de acatar las decisiones judiciales adoptadas dentro del trámite\nconstitucional, razón por la cual no conservé copia íntegra de la información\neliminada ni de las métricas generadas por las respectivas plataformas” [56] .\n\n50. Por lo expuesto, la Sala estima que en el\npresente proceso no se configuró la carencia actual de objeto por hecho\nsuperado y, por ende, esta Sala puede adelantar un estudio de fondo sobre el\nobjeto de la acción de tutela.\n\n3.\nProcedencia de la acción de tutela\n\n51. La Sala evidencia\nque la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos para su procedencia,\nconforme a lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991\ny la jurisprudencia constitucional, tal y como se explica a\ncontinuación.\n\n52. Legitimación por activa. El artículo 86 de la\nConstitución establece que cualquier persona que considere que la actuación u\nomisión de una autoridad pública o, en ciertos casos, de un particular, amenaza\no vulnera sus derechos fundamentales puede interponer acción de tutela “por sí\nmisma o por quien actúe en su nombre” 38 . En desarrollo de\nlo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 39 define los titulares\nde la acción y establece que podrá ser interpuesta: (i) directamente por el\ninteresado; (ii) por intermedio de un representante legal, por ejemplo, cuando\nse trata de menores de edad y de personas jurídicas; (iii) mediante apoderado\njudicial; (iv) por medio de un agente oficioso; o (v) a través de la Defensoría\ndel Pueblo o del personero municipal 40 .\n\n53. La Sala estima que en el caso bajo examen\nse cumple este requisito de procedencia, por cuanto Stephany Dayana Ortiz Tafur\nes la titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con\nocasión de la publicación y divulgación de los contenidos acusados por parte de\nCristian Camilo Paredes Forero en la red social Facebook.\n\n54. Legitimación por pasiva. La legitimación por\npasiva se refiere a la aptitud legal que tiene una persona para responder por\nla vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado como violado 41 . E n concreto, de acuerdo\ncon la normativa señalada y la jurisprudencia constitucional, dicha\nlegitimación exige acreditar dos requisitos: (i) que la acción se dirija contra\nautoridades o particulares que presten un servicio público o cuya conducta\nafecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de los cuales el\nsolicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, y (ii) que la\nconducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular,\ndirecta o indirectamente, con su acción u omisión [57] .\n\n55. En relación con el estado de indefensión\nrespecto de un particular, la jurisprudencia constitucional ha determinado que\npara que tal se configure se debe demostrar una situación relacional en la que\nexista dependencia de una persona respecto de otra “ por causa de una\ndecisión o actuación desarrollada en el ejercicio irrazonable, irracional o\ndesproporcionada de un derecho del que el particular es titular” [58] . A su vez,\nse causa cuando una persona se encuentra en un\nestado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto\nde circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la\nagresión de sus derechos [59] .\n\n56. En casos de\npublicaciones de información y otras expresiones comunicativas por redes\nsociales o medios de comunicación, la situación de indefensión se puede\nconfigurar cuando estas son susceptibles de vulnerar derechos fundamentales [60] .\nEn concreto, en relación con\nla legitimación por pasiva del emisor de una publicación en redes sociales, la\njurisprudencia constitucional reconoció que la divulgación de información por estos\nmedios produce un amplio impacto social y ello también configura un estado de\nindefensión. En ese sentido, dicho estado frente\na los emisores de las publicaciones en redes sociales se relaciona con las\nrepercusiones en el ámbito privado que puede ocasionar la difusión masiva de\nlos contenidos y su potencial influencia en las creencias y opiniones de las\npersonas [61] .\n\n57. De igual forma, ha considerado que la\ndivulgación de fotografías y otros objetos comunicativos a través de las redes\nsociales configura una situación de indefensión, dado que la parte demandada\ntiene amplio poder de disposición sobre los objetos y controla los medios de\npublicidad en que aparecen, pues detenta el acceso y manejo del sitio donde se\nrealiza la publicación [62] .\nPor su parte, la Sala Plena ha determinado que\nla situación de indefensión también se configura cuando el afectado no cuenta\ncon la posibilidad de denunciar al interior de la plataforma las publicaciones [63] .\nCon todo, la situación de indefensión debe analizarse teniendo en cuenta\nlas circunstancias de cada caso concreto, las personas involucradas, los hechos\nrelevantes y las condiciones de desprotección, que pueden ser económicas,\nsociales, culturales y personales [64] .\n\n58. En el asunto bajo\nexamen, la Sala estima que se acredita el cumplimiento de este requisito. Lo\nanterior, por las siguientes razones:\n\n59. Primera, la acción de\ntutela se dirige contra Cristian Camilo Paredes Forero, quien de acuerdo con el\nmaterial probatorio se desempeña como creador digital, activista político y\nsocial y veedor ciudadano, es decir, se trata de un particular.\n\n60. Segunda, los contenidos\nque a juicio de la accionante vulneran sus derechos fundamentales al constituir\nactos sistemáticos y reiterados de hostigamiento, acoso y violencia de género\nfueron producidos y divulgados en los perfiles que administra el accionado en\nFacebook. Sobre el particular, tanto durante el trámite de instancias como en\nel de revisión, el demandado no negó la difusión de las publicaciones\nidentificadas por la accionante y, por el contrario, manifestó que aquellas se\nefectuaron con fundamento en sus derechos a la libertad de expresión, la\nparticipación política y el ejercicio del control social sobre la gestión de\nuna figura pública en el municipio de Arauca.\n\n61. Tercera, si bien se\ntrata de un particular, en el caso concreto se acredita la legitimación por\npasiva en la medida en que la accionante se encuentra en un estado de\nindefensión en relación con los contenidos divulgados por parte del demandado.\nEn efecto, Cristian Camilo Paredes Forero divulgó mensajes, imágenes y\npublicaciones alusivas a la demandante en sus cuentas de Facebook y, en\nconsecuencia, es quien ostenta el control sobre la forma, el tiempo y la manera\nen la que tales contenidos se difunden. Tan es así que, en sede de revisión, el\naccionado informó que habían eliminado algunas de las publicaciones acusadas,\nesto sin identificar cuáles fueron suprimidas o en qué momento.\n\n62. Al respecto, la Sala estima relevante\nseñalar que aunque la accionante, por su calidad de gestora social, ostenta un reconocimiento\npúblico que se evidencia en el alcance y número de seguidores de su perfil de\nFacebook, tal y como se acreditó en los hallazgos de la inspección judicial, lo\ncierto es que esa situación no descarta la indefensión en la que se encuentra\npues, se reitera, no tiene ningún control sobre las publicaciones que efectúe\nel accionado y en las que se le mencione directa o indirectamente, a la vez que\nse encuentra en la imposibilidad material de eliminarlas o detener su difusión.\n\n63. Cuarta, la accionante\ntambién se encuentra en situación de indefensión respecto del demandado en la\nmedida en que, tal y como se evidenció durante la inspección judicial, la\nplataforma Facebook no cuenta con herramientas específicas para reportar\ncontenidos que, presuntamente, configuren actos constitutivos de violencia de\ngénero en su contra.\n\n64. Subsidiariedad. El Decreto 2591 de\n1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no\ndisponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la\nacción está condicionada por el denominado requisito de subsidiariedad. Bajo\nesa perspectiva, la tutela no puede desplazar los recursos judiciales\nordinarios o extraordinarios de defensa 45 , a menos que exista\nun perjuicio irremediable. De allí que, en términos generales, “la tutela\nno es un medio adicional o complementario [de protección]” 46 . La inobservancia de\neste presupuesto es causal de improcedencia del amparo 47 . Por tanto, ante la\nexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, la consecuencia\ndirecta es que el juez constitucional no puede entrar al fondo del asunto\nplanteado.\n\n65. Ahora bien, esta Corte en la Sentencia\nSU-420 de 2019 estableció que cuando la acción de tutela va dirigida contra un\nparticular a causa de una publicación en plataformas de internet, se deben\nobservar los siguientes requisitos en relación con la subsidiariedad: (i) el\naccionante debió previamente presentar una solicitud de retiro o enmienda ante\nel particular que hizo la publicación; (ii) el actor, previamente, debió\nrealizar una reclamación ante la plataforma donde se encuentra alojada la\npublicación, siempre y cuando en las reglas de la comunidad se habilite la\nposibilidad de reclamo y (iii) que el asunto tenga relevancia constitucional [65] .\n\n66. Adicionalmente, esta Corporación en las\nsentencias T-280 de 2022 y T-184 de 2026 indicó que la acción de tutela es el\nmecanismo principal, idóneo y eficaz para canalizar las pretensiones\nrelacionadas con escenarios de violencia de género y, por ende, con la\nprotección del derecho a una vida libre de violencias. Esto, porque: “[n]o\nexiste otro medio de defensa judicial con la virtualidad de revisar la\nsituación planteada desde una perspectiva constitucional y en clave de derechos\nfundamentales. […] Además, por el impacto que tuvo en la víctima la divulgación\ndel contenido” [66] .\n\n67. En el caso concreto, a juicio de la Sala,\naunque en el escrito de tutela no se invoque expresamente el derecho de las\nmujeres a una vida libre de violencia, lo cierto es que las alegaciones de la\naccionante se dirigen a acreditar que el demandado ejerció, por medio de la\ndivulgación de contenidos en Facebook, actos sistemáticos de acoso,\nhostigamiento y de violencia de género. En efecto, invocó, entre los derechos\nvulnerados, el de no ser discriminada por razón de género. Tal situación\nimplica que, en el asunto de la referencia, la acción de tutela no se restrinja\na la presunta vulneración de los derechos a la honra, la imagen y el buen\nnombre, sino que se expanda a un escenario constitucional mucho más complejo en\nel que dicha acción resulta procedente como mecanismo principal. Lo anterior,\ncon fundamento en los siguientes argumentos:\n\n68. Primero, la Sentencia SU-420 de 2019\nestudió cinco expedientes de tutela relacionados con la presunta vulneración de\nlos derechos a la honra y al buen nombre con ocasión de publicaciones en redes\nsociales y, en dicho contexto, estableció las reglas jurisprudenciales antes\nreferidas. No obstante, en esa decisión no se analizó la ejecución de presuntos\nactos constitutivos de violencia de género digital.\n\n69. Segundo, la exigencia de solicitud previa\nde retiro de las publicaciones podría revictimizar a la accionante. Con\nfundamento en el deber de los jueces de administrar justicia con enfoque de\ngénero y teniendo en cuenta que las mujeres son sujetos de especial protección\nconstitucional, resultaría materialmente indigno y revictimizante obligar a la\npresunta víctima a enfrentarse con su agresor con el fin de solicitarle el\nretiro de las publicaciones divulgadas en redes sociales. Tal situación,\nincluso, podría perpetuar patrones de subordinación, en los cuales el ejercicio\nde los derechos de la mujer depende de la voluntad de un hombre, en este caso\nde que el presunto agresor acceda a eliminar publicaciones que se alegan\nviolentas.\n\n70. Tercero, los mecanismos de reporte de\ncontenidos en Facebook no son idóneos ni eficaces para proteger los derechos\ninvocados. Si bien la plataforma referida tiene instrumentos dirigidos a\ndenunciar publicaciones asociadas a actos de acoso, violencia o discursos de\nodio, tal y como se evidenció en la inspección judicial, ninguno de esos\nmecanismos se dirige específicamente a reportar actos constitutivos de\nviolencia de género digital.\n\n71. Adicionalmente, aunque tales\nherramientas podrían conllevar al retiro de publicaciones, lo cierto es que no\nlogran resolver de manera integral las cuestiones constitucionales planteadas\nen el expediente objeto de revisión. Lo anterior, en la medida en que, por\nmedio de aquellas, no es posible valorar si los contenidos acusados, valorados\nen su conjunto y de acuerdo al contexto en el que se insertan, configuran un\npatrón de hostigamiento y violencia digital de género. Tampoco permiten\nexaminar la procedencia de las medidas de protección solicitadas por la\naccionante, como la retractación y las disculpas públicas, ni la incidencia de\nlos actos acusados en el ejercicio de los derechos de la tutelante o la\nnecesidad de adoptar mecanismos de reparación simbólica o garantías de no\nrepetición.\n\n72. Cuarto, aunque en gracia de discusión se\nafirmara que la accionante tenía la posibilidad de acudir a la acción penal y a\nla acción civil para salvaguardar las garantías invocadas, a juicio de la Sala\naquellas no son idóneas ni eficaces para ventilar las pretensiones que\nmotivaron la presentación de la solicitud de amparo. Esto es así porque:\n\n·\nLas principales pretensiones de la\naccionante consisten en que se eliminen de manera inmediata los contenidos e\nimágenes que el accionado divulgó en Facebook y que aquel presente excusas\npúblicas por las afectaciones causadas.\n\n·\nLa acción de tutela está\ndesprovista de peticiones pecuniarias o resarcitorias.\n\n·\nLos procedimientos judiciales\npenales o civiles carecen de mecanismos ágiles dirigidos a mitigar los daños\nsobre los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la naturaleza pública,\nexpansiva y masiva de las redes sociales.\n\n·\nEl asunto bajo examen se refiere a\nla protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.\n\n73. Quinto, el asunto bajo examen tiene relevancia\nconstitucional por tratarse de presuntos actos de hostigamiento, acoso y\nviolencia de género digital contra una mujer y figura pública. En consecuencia,\nsi bien los actos\ndenunciados por la accionante podrían afectar su imagen, honra y buen nombre,\nse evidencia que la discusión tiene una dimensión constitucional más extensa y\nque se relaciona, incluso, con los límites a la libertad de expresión de\nquienes ejercen control político y social por medio de plataformas digitales\ncomo Facebook. Adicionalmente, se estima relevante tener en cuenta que en las\nsentencias T-087 de 2023, SU-432 de 2025, T-184 de 2026 y T-158 de 2026, la\nCorte Constitucional ha reconocido que la difusión de contenidos que tienen el\npropósito de sexualizar, estigmatizar o humillar a las mujeres constituye\nviolencia de género, cuya propagación se ha intensificado, especialmente en\nentornos digitales.\n\n74. Inmediatez. La jurisprudencia\nconstitucional ha resaltado que, de conformidad con el artículo 86 de la\nConstitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad 48 . Sin embargo, la\nCorte Constitucional también ha sido consistente al señalar que la misma debe\npresentarse en un término razonable y proporcionado a partir de los hechos que generaron\nla presunta vulneración de los derechos fundamentales 49 .\n\n75. En particular, se debe\nanalizar si la acción de tutela se adecúa a las siguientes situaciones: (i) que\nexistan razones válidas para la inactividad; (ii) la vulneración o\namenaza de los derechos fundamentales del accionante continúa y es\nactual o (iii) la carga de la interposición de la acción de\ntutela en un plazo razonable resulta desproporcionada, por la situación de\ndebilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante [67] .\n\n76. Ahora bien, respecto del\ncaso concreto, la Sala observa que la acción de tutela cumple el requisito de\ninmediatez. Lo anterior, por cuanto: (i) fue presentada el 21 de octubre de\n2025 [68] ;\n(ii) en la acción de tutela la demandante identificó contenidos que adujo violentos\ndesde mayo de 2025 y hasta octubre del mismo año; (iii) tal situación implica\nque la solicitud de amparo fue presentada en un plazo razonable desde la\nocurrencia de los hechos que le dieron origen, incluso se observa que la\ninterposición de la misma fue concomitante a la publicación de los contenidos\nacusados por parte del accionado. Finalmente, (iv) en sede de revisión la\naccionante señaló que, incluso después del fallo de segunda instancia y luego\nde la selección del proceso para revisión, el accionado publicó mensajes e\nimágenes que adujo constitutivos de violencia de género en su contra. Esto\núltimo implica que la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales\ninvocados es continua y actual.\n\n77. En estos términos,\nla Sala constata que en el presente caso se cumplen los requisitos de\nprocedencia de la acción de tutela, por lo cual continuará con el estudio\ndel caso.\n\n4. Delimitación del\nobjeto de la decisión, planteamiento del problema jurídico y metodología\n\n78. Conforme a la jurisprudencia\nconstitucional [69] ,\nel juez de tutela tiene competencia para interpretar la demanda y establecer el\nalcance del problema jurídico del caso, en virtud de la informalidad de la\nacción de amparo y de la posibilidad de fallar “más allá” o “por fuera” de lo\nsolicitado [70] .\nEsta competencia no implica omitir los problemas de relevancia\nconstitucional que presentan los accionantes, sino que le confía al juez la\nmisión de defender los derechos de la manera más amplia posible.\n\n79. Además, la Corte Constitucional está\nfacultada para esclarecer el alcance de los derechos fundamentales cuya\nvulneración se debate. En consecuencia, puede abordar dimensiones del problema\njurídico más profundas, cuando ello contribuya al mejor entendimiento de las\ncláusulas superiores y a la mayor garantía de los derechos en controversia [71] .\n\n80. Con fundamento en lo anterior, aunque la\naccionante en el escrito de tutela invocó los derechos a la honra, el buen\nnombre, la dignidad humana, la intimidad personal y familiar, la imagen, la\nigualdad y a no ser discriminada por razón de género, la Sala encuentra\nnecesario señalar que el litigio también se refiere a la presunta vulneración\ndel derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo anterior, al evidenciar\nque de las pruebas obtenidas y de las intervenciones allegadas se observa un presunto\nactuar sistemático de violencia de género fundada, principalmente, en la\napariencia física de la accionante, su cuerpo y sus relaciones interpersonales\ny familiares. A juicio de esta Sala, tal fijación del litigio permitiría que,\nde hallar acreditada la ocurrencia de las actuaciones acusadas, se puedan\nadoptar mecanismos de protección que aseguren que la accionante no sea\nrevictimizada y avanzar en la línea jurisprudencial sobre violencia de género\ndigital, particularmente en relación con la hipersexualización,\ninstrumentalización y cosificación del cuerpo de la mujer y las implicaciones\nde estos actos en el ámbito del debate político y respecto de aquellas mujeres\nque tienen voz y reconocimiento público.\n\n81. Adicionalmente, esta fijación del litigio\nse sustenta en lo siguiente: (i)\nen virtud del deber de administrar justicia con enfoque de género, los jueces\ntienen la obligación de tener\nen cuenta el contexto que circunda los hechos bajo estudio, valorar la\ntolerancia social que aún existe frente a agresiones de género e identificar de\nmanera concreta las necesidades reales de las mujeres para el ejercicio de sus\nderechos fundamentales, especialmente para acceder a una justicia real y\nefectiva [72] ; (ii) la erradicación de todas las\nformas de violencia contra la mujer es un asunto de especial relevancia\nconstitucional, al referirse al contenido y alcance del derecho de las mujeres\na una vida libre de violencia y (iii) la especial protección constitucional de\nlas mujeres implica que todas las autoridades estatales, específicamente las\njudiciales, analicen la incidencia de patrones de discriminación y violencia\npor razón de género cuando identifiquen posibles vulneraciones a los derechos\nfundamentales de este grupo poblacional.\n\n82. Por lo anterior, la Sala resolverá el\nsiguiente problema jurídico : ¿las publicaciones que el accionado divulgó en\nFacebook constituyeron un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la\nparticipación política o vulneraron los derechos de la accionante, mujer\npúblicamente visible por su labor como gestora social, a una vida libre de\nviolencias, a la igualdad y\nno discriminación, a la honra, al buen nombre, a la imagen, a la integridad, a\nla dignidad humana y a la intimidad personal y familiar?\n\n83. Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará:\n(i) la participación política y el control social en la democracia digital;\n(ii) la naturaleza y funciones de las personas gestoras sociales; (iii) la\nlibertad de expresión y su relación con la honra, el buen nombre y la imagen de\npersonas con reconocimiento público; (iv) la violencia digital de género; y (v)\nla administración de justicia con enfoque de género. Finalmente, la Sala resolverá el caso concreto.\n\n5.\nLa participación pública y política y el control social a la\ngestión pública en el contexto de la ciudadanía y la democracia digital [73]\n\n5.1. La ciudadanía y la democracia\ndigital\n\n84. En la actualidad, las relaciones\nsociales, el desarrollo de las personas y el funcionamiento del Estado están altamente\ndigitalizados. Tal situación ha generado el surgimiento del concepto de\n“ciudadanía digital” que se refiere “[a]l derecho a participar en la sociedad\ndigital” [74] .\n\n85. Al respecto, la UNESCO ha establecido que\nlos espacios virtuales tienen agencia política y social, por lo que son una\nextensión del espacio público que incide en la democracia y en la\ninstitucionalidad [75] .\nLo anterior, dado que las plataformas digitales, como medios de comunicación e\ninteracción inmediata, no solo facilitan los procesos e incrementan el acceso a\ninformación sobre una problemática y su contexto, sino que además modifican las\nrelaciones de poder [76] ,\npues la participación se asegura a través de mecanismos directos e inmediatos.\nPor ello se promueve una relación horizontal o de pares entre los usuarios [77] .\nAdicionalmente, el uso de estos mecanismos permite un mayor alcance en cuanto\nal acceso a información que frente a escenarios participativos presenciales [78] .\n\n86. Ahora bien, la Democracia digital o E-Democracy\ncomo manifestación de la participación ciudadana a través de medios digitales,\nes un fenómeno que implica la utilización de tecnologías de comunicación para\nfortalecer o implementar procesos democráticos [79] ,\ncon el fin de que estos sean más sencillos y accesibles para que así se fomente\nla participación ciudadana [80] .\nEntre las herramientas que se adoptan se encuentran los sistemas de votación\nelectrónicos [81] ,\nel conteo de votos a través de herramientas tecnológicas [82] y la\nutilización de redes sociales para la realización de debates a gran escala [83] ,\nentre otras.\n\n87. En los últimos años, las redes sociales\nhan ocupado un lugar preponderante en las democracias, ya que estas\nherramientas han impactado la comunicación política al brindar un espacio a una\ngran gama de actores que, potencialmente, pueden estructurar la agenda política [84] .\nLo anterior al cuestionar y eliminar controles tradicionales y barreras de\nacceso, como por ejemplo las estructuras históricamente establecidas en los\npartidos políticos, el uso de medios de comunicación para la difusión de los\nprogramas de gobierno o las limitaciones de recursos para el desarrollo de\ncampañas [85] .\nPor lo cual, las redes sociales son una forma de democratizar el debate\npolítico, ya que dan voz a grupos y personas que no eran tenidos en cuenta con\nanterioridad [86] .\n\n88. A continuación, con fundamento en este\ncontexto, se expondrá el estándar de protección del derecho a la participación\npolítica.\n\n5.2. El contenido y alcance del derecho a\nla participación política\n\n89. Con la consagración del principio de democracia\nparticipativa en la Constitución de 1991 se amplió el margen de intervención de\nla ciudadanía en los asuntos públicos [87] .\nLo anterior, con el fin primordial de fortalecer los lazos de confianza en la\nactividad política y crear mecanismos para garantizar no solo el control de la\ngestión pública, sino también el involucramiento de la ciudadanía en los\nprocesos políticos y de toma de decisiones [88] .\n\n90. De acuerdo con la jurisprudencia\nconstitucional, la democracia participativa modifica de manera directa y\nsustancial el concepto tradicional de ciudadanía y el ejercicio de la misma. Ello\npor cuanto: (i) la injerencia social y política de los individuos no se reduce\nexclusivamente al derecho al voto; (ii) amplía y asegura el acceso a otros\nespacios deliberativos y decisorios, relacionados específicamente con la\nconformación, el ejercicio y el control del poder político [89] y (iii)\n“genera la recomposición cualitativa de las dinámicas sociales y públicas,\npuesto que su espectro trasciende de lo político electoral hacia los planos\nindividual, económico y colectivo” [90] .\n\n91. El principio de democracia participativa\nse materializa a través de los derechos políticos fundamentales, pues\n“[a]quellos permiten a los ciudadanos participar en la consolidación de los\nescenarios democráticos en los que se debaten los asuntos trascendentales que\nimpactan de forma multidimensional en la comunidad” [91] . De acuerdo\ncon el artículo 40 superior, entre otras disposiciones normativas, el derecho a\nla participación se garantiza a través de los siguientes mecanismos: (i) elegir\ny ser elegido; (ii) participar en elecciones, plebiscitos, referendos,\nconsultas populares y otras formas de participación democrática; (iii)\nconstituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin ninguna\nlimitación; (iv) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y\nla ley; (v) difundir ideas y programas políticos; (vi) revocar el mandato de\nfuncionarios electos y (vii) acceder al desempeño de funciones y cargos\npúblicos, entre otros [92] .\n\n92. Respecto del contenido y alcance del\nderecho a la participación política, esta Corte ha advertido que dicha garantía\nconstitucional se caracteriza por ser universal, ya que compromete diversos\nescenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada. Además,\nporque el concepto de política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le\npuede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado. Esto justifica la\nnecesaria garantía de participación en la distribución, el control y la\nasignación del poder social [93] .\n\n93. También es de “naturaleza expansiva,\nporque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a partir\ndel respeto y la constante reivindicación de un mínimo de democracia política y\nsocial” [94] .\nPor tal razón, esa garantía debe ampliarse de manera progresiva con la\nfinalidad de conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente su\nvigencia. Esto exige de los principales actores públicos y privados, un\nineludible compromiso con su efectiva construcción [95] .\n\n94. Es así que, mediante la participación\npolítica y en ejercicio de los derechos políticos que la conforman, los\nciudadanos ejercen control y vigilancia de los poderes públicos, reformulan los\nmecanismos de distribución de poder y de toma de decisiones, adquieren\ninjerencia efectiva en los asuntos públicos, exigen de las autoridades la\nasunción de compromisos tendientes a la maximización de los derechos\nfundamentales y aseguran la adecuación del ejercicio de las funciones públicas\nconforme con las necesidades sociales concretas y las nuevas dinámicas de\nrelacionamiento entre la ciudadanía y los agentes estatales [96] .\n\n95. No obstante, este derecho fundamental no\nes absoluto y puede ser limitado bajo ciertas condiciones. Sobre el particular,\nla Corte Constitucional, al adoptar el estándar de protección establecido por\nla jurisprudencia de la Corte IDH, ha indicado que la participación política y,\nen consecuencia, los derechos políticos, pueden restringirse siempre que se\nacrediten los siguientes presupuestos:\n\n“La\nrestricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria,\nbasarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la\ntorne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser\nproporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin,\ndebe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor\nproporcionalidad con el propósito que se persigue” [97] .\n\n6.\nLa naturaleza jurídica y las funciones de las y los gestores sociales\n\n96. En Colombia no existe una norma legal que defina o\nregule la naturaleza jurídica y las funciones de las y los gestores sociales de\nlos municipios, departamentos o, incluso, de la Nación. Esta figura surgió en\n1999 por medio de la creación de la Red de Gestores Sociales. Esta iniciativa\nfue impulsada por Nohra Puyana de Pastrana, para ese momento primera dama de la\nNación, y Mercedes de Bell, esposa del entonces vicepresidente y tiene el fin\nde fungir como un instrumento “ para\norganizar y canalizar el potencial de movilización social y de convocatoria que\ntienen los cónyuges de los gobernadores nacional, departamentales y\nmunicipales, desde su labor de voluntariado, en su papel de gestores de\nprogramas sociales que facilitan procesos e impulsan el desarrollo de políticas\npúblicas en beneficio de las poblaciones más vulnerables” [98] .\n\n97. Luego ,\nmediante el Decreto 519 de 2003 y la creación de la Consejería\nPresidencial de Programas Especiales [99] ,\nse incluyó la Red de Gestores Sociales como un programa enmarcado en el área de\nmovilización social y participación comunitaria. A partir de ese año este\nprograma se enfocó en lograr una articulación de las instituciones locales y la\nsociedad civil en relación con la coordinación, gestión, cooperación,\nconvocatoria, socialización y divulgación de la oferta social con que cuenta el\npaís.\n\n98. En específico, en las sentencias C-537 de 1993 y\nC-089A de 1994 esta Corporación se pronunció sobre la naturaleza jurídica del\nrol de la primera dama de la Nación. En específico, indicó que “ no ostenta el carácter\nde servidor público, y, por tanto, solamente puede desempeñar las atribuciones\npúblicas que la ley específicamente le confiera […] las anteriores\nconsideraciones no son óbice para que la primera dama de la Nación\npueda continuar cumpliendo todas aquellas actividades que normalmente\nle corresponde en su calidad de cónyuge del Presidente de la República,\ncomo son las de colaborar con él en el desempeño de tareas protocolarias, o\ntener iniciativa en materia de asistencia social, en labores de\nbeneficencia pública, o en actividades análogas” [100] .\nEn el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,\npor medio del Concepto n.° 2191 de 2013, indicó que la primera dama “no ostenta\nla calidad de servidor público sino la de una particular frente a la\nadministración pública” [101] .\n\n99. Ahora bien, aunque esas precisiones se han emitido en\nrelación con la primera dama de la Nación, el Departamento Administrativo de la\nFunción Pública las ha aplicado en relación con los cónyuges de alcaldes y\ngobernadores. En efecto, en el Concepto n.° 20246000008531 del 9 de enero de\n2024 dicha entidad, con fundamento en las sentencias referidas y en el concepto\nde la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado antes mencionado,\nindicó que [102] :\n\n“E l Gestor\nSocial no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidor público,\npor ende podrá realizar solamente las atribuciones públicas que la ley\nespecíficamente le confiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la\nCarta, es decir actividades que normalmente le corresponden como cónyuge del\nPresidente de la República, Alcalde o del Gobernador; tales como colaborar en el\ndesempeño de tareas protocolarias, o tener iniciativa en materia de asistencia\nsocial, o en labores de beneficencia pública.\n\nPor consiguiente, en criterio de\nesta Dirección Jurídica, se considera que, el rol de primera dama o gestora\nsocial debe enmarcarse en las actividades arriba señaladas por la Corte\nConstitucional, sin que sea procedente el ejercicio de empleos públicos, en\nrazón a que esa no es la naturaleza de tal dignidad, de igual manera, la norma\ny la Jurisprudencia han contemplado al gestor social como el cónyuge de la\nprimera autoridad, como es el caso de presidente de la República, gobernación o\nalcaldía, sin que dicha dignidad se haya contemplado para otras personas, como\nes el caso empleados que ocupen cargos en la alcaldía” [103] .\n\n100.\nFinalmente, cabe destacar\nque, durante el presente trámite de revisión, el Departamento Administrativo de\nla Función Pública, mediante escrito del 15 de julio de 2026, reiteró que\nquienes ejercen como gestores sociales no ostentan la calidad de servidores\npúblicos, no desempeñan un empleo público ni se encuentran investidos de una\ncompetencia administrativa general. En específico, indicó que no existe\ndisposición legal vigente que con ocasión de la calidad de gestor social les\notorgue a dichos particulares funciones públicas, capacidad decisoria, ordenación\ndel gasto, administración autónoma de recursos públicos o responsabilidad\ndirecta sobre ejecución de planes, programas o proyectos estatales.\n\n101.\nAsimismo, manifestó que\nlos gestores sociales no se encuentran, por esa sola condición, sometidos a la\nobligación legal de rendición de cuentas. Lo anterior, con fundamento en que no\nson servidores públicos ni son titulares de una gestión administrativa propia.\nNo obstante, “ ello no significa\nque sus actuaciones puedan sustraerse de los principios de transparencia y\npublicidad cuando se desarrollen con apoyo institucional […] En tales eventos,\nla obligación de informar y rendir cuentas respecto del empleo de dichos\nrecursos, de los programas institucionales y de los resultados obtenidos\ncorresponde a la respectiva entidad” [104] .\n\n7.\nEl derecho fundamental a la libertad de expresión\n\n7.1. Contenido y alcance\n\n102.\nEl artículo 20\nsuperior define el derecho a libertad de expresión en los siguientes términos:\n“[s]e garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su\npensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e\nimparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y\ntienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en\ncondiciones de equidad. No habrá censura”.\n\n103.\nEsta garantía\nconstitucional, además de ser un derecho autónomo, también es un instrumento\npara la materialización de otros derechos fundamentales como la participación\npolítica [105] .\nEn especial, su vínculo con la dignidad humana se manifiesta en el hecho de que\nla expresión es un elemento esencial de la autonomía, el pensamiento, la comunicación\ny el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo [106] .\n\n104.\nAdicionalmente, la\njurisprudencia constitucional ha reconocido que la libertad de expresión cuenta\ncon una dimensión individual y una colectiva, facetas interdependientes que\ndeben ser protegidas de forma simultánea [107] .\nEn su aspecto individual, “abarca no solo el derecho a expresarse sin\ninterferencias arbitrarias” [108] ,\nsino que también “comprende el derecho a utilizar cualquier medio para difundir\nel pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, de manera que\nexpresión y medio de difusión son indivisibles y las restricciones sobre las\nposibilidades de divulgación constituyen una limitación de este derecho” [109] .\n\n105.\nPor su parte, la\ndimensión colectiva de la libertad de expresión se refiere al derecho de todas\nlas personas a recibir y acceder a tales pensamientos, ideas, opiniones e\ninformaciones de parte de quien las emite [110] .\nEn ese mismo sentido, la CIDH ha establecido que, en virtud de la dimensión\ncolectiva del derecho a la libertad de expresión, el Estado tiene “la\nobligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma\noficiosa sobre varias cuestiones (vinculadas al funcionamiento del Estado y el\nacceso a derechos), la cual deberá ser completa, comprensible, con un lenguaje\naccesible y encontrarse actualizada” [111] .\n\n106.\nCon fundamento en lo\nanterior, se evidencia que la libertad de expresión tiene un rol esencial en la\nconstrucción y consolidación de la democracia y de la opinión pública [112] .\nEn efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH ha\nreconocido que:\n\n“[...] la libertad de expresión es un elemento fundamental\nsobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es\nindispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio\nsine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las\nsociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre\nla colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que\nla comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente\ninformada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien\ninformada no es plenamente libre” [113]\n(énfasis en el original).\n\n107.\nIgualmente, la Corte\nConstitucional ha establecido que: “[l]os derechos fundamentales a la expresión\ny a la información son especialmente relevantes para cualquier sociedad\ndemocrática porque de ellos dependen otros derechos como la participación en la\nconformación, gestión y control del poder político, y sirven de base para\nvalores como la pluralidad y la tolerancia, esenciales para el Estado Social de\nDerecho” [114] .\n\n108.\nEn concreto, la\nlibertad de expresión ostenta un ámbito de protección amplio. Específicamente,\neste estándar de protección se fundamenta en una premisa básica según la cual,\nen principio, todas las manifestaciones están amparadas por este derecho\nfundamental [115] .\nLo anterior, de acuerdo con cuatro presunciones, que son: (i) presunción de\ncobertura de toda expresión [116] ;\n(ii) presunción de primacía de la libertad de expresión [117] ; (iii)\nsospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones y control estricto sobre\nlas mismas [118] ;\ny (iv) presunción definitiva de incompatibilidad de la censura con la libertad\nde expresión [119] .\n\n109.\nSobre el particular,\ncabe destacar que conforme con la jurisprudencia constitucional e\ninteramericana el ámbito de protección de la libertad de expresión ampara tanto\nel contenido del mensaje como la forma en la que es emitido y su tono. Lo\nanterior, implica que se protege el uso de cualquier medio de manifestación, ya\nsea escrito, oral, digital o análogo; y, también, se amparan “las expresiones\nexóticas, inusuales e incluso ofensivas. En ese marco, el sentimiento de\nrechazo del oyente puede indicar o sugerir ciertas características del mensaje” [120] ,\npero no define si hace parte del ámbito protegido del derecho [121] . Así, una\nexpresión no puede ser restringida o prohibida por el simple hecho de expresar\nuna idea u opinión chocante, provocadora o incómoda, ya que incluso en esos\neventos, estaría en principio amparada por la libertad de expresión.\n\n110.\nEn consecuencia, las autoridades\nque decidan imponer una medida restrictiva a la libertad de expresión deben\nasumir tres cargas: una carga definitoria, que hace referencia a la\nidentificación precisa de la finalidad perseguida por la limitación; una carga\nargumentativa, “que consiste en plasmar en la motivación […] las razones que\ndemuestren, de manera fehaciente, que se han derrotado las […] presunciones\nrecién mencionadas” [122] ;\ny una carga probatoria, que consiste en dar cuenta detallada de los elementos\nfácticos, científicos y técnicos sobre los que se basa la decisión de adoptar\nuna medida restrictiva sobre la libertad de expresión [123] .\n\n111.\nAsimismo, las medidas\nlegislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole que\nimpongan una restricción a este derecho están sujetas al cumplimiento de un\ntest tripartito. Este se compone de los siguientes elementos: ( i) que las limitaciones estén previstas legalmente; (ii) que\nse dirijan a proteger los derechos de los demás, la seguridad nacional, el\norden público, la salud o la moral pública y (iii) que sean necesarias y estrictamente\nproporcionadas a la finalidad perseguida [124] . Este último requisito implica verificar que la medida se dirija\na un fin imperioso [125] ;\nque sea idónea, efectivamente conducente y necesaria para alcanzar el objetivo\npropuesto y que sea proporcional en sentido estricto [126] , es decir,\nque no suponga una restricción excesivamente intensa para la libertad de\nexpresión [127] .\n\n7.2. Los discursos especialmente protegidos\ny aquellos prohibidos\n\n112.\nLos discursos\nespecialmente protegidos [128] .\nDentro del alcance de la\nlibertad de expresión existen discursos que están especialmente protegidos dada\nsu importancia para la garantía de otros derechos fundamentales y el rol que\ndesempeñan en la sociedad. Esta protección reforzada implica que las\nrestricciones a la divulgación de este tipo de contenidos sean consideradas\ncomo especialmente sospechosas y, en consecuencia, deban ser valoradas de\nmanera más estricta.\n\n113.\nAlgunos de estos discursos,\nsin que constituya una lista taxativa, son: el discurso político y aquellos\nasuntos de interés público [129] ;\nel discurso sobre servidores públicos, candidatos a ocupar cargos públicos [130]\no personajes públicos [131] ;\nel discurso cívico o de participación ciudadana [132] ; la\nmanifestación pacífica [133] ;\nlas reivindicaciones de la identidad sexual diversa o la defensa de la equidad\nde género y la erradicación de la violencia por razones de género [134] ,\nentre otros [135] .\n\n114.\nEn particular, los\ndiscursos sobre asuntos de interés público y aquellos sustentados en la\nparticipación ciudadana ostentan especial protección con ocasión del rol de la\nlibertad de expresión para la instauración, consolidación y fortalecimiento de\nlas democracias [136]\ny por la garantía del derecho de la ciudadanía a la participación política [137] .\n\n115.\nEn efecto, tal y como\nse reconoció en la Sentencia T-149 de 2025, la especial protección de estos\ndiscursos no proviene sólo de una construcción jurisprudencial nacional, sino\nque tienen fundamento en una tendencia judicial internacional dirigida a\nproteger la libertad de expresión e incentivar tanto la participación como el\ncontrol al ejercicio de los poderes públicos [138] .\n\n116.\nLos discursos\nprohibidos y los remedios constitucionales que se han adoptado. La libertad de expresión, a pesar de su\namplio ámbito de protección, no es un derecho absoluto. Ello por cuanto su uso\nindiscriminado puede vulnerar los derechos fundamentales de otras personas,\nespecialmente la honra, el buen nombre, la integridad personal, la dignidad\nhumana, el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación, entre\notros.\n\n117.\nTanto la\njurisprudencia constitucional como la internacional han reconocido cinco\ndiscursos prohibidos, en razón a su potencial para lesionar intensamente los\nderechos humanos. Estos son: (i) la incitación a cometer genocidio, (ii) los\ndiscursos de odio [139] ,\n(iii) la propaganda a favor de la guerra, (iv) la apología al delito y (v) la\npornografía infantil [140] .\nLos discursos prohibidos “constituyen un campo excepcional, razón por la cual deben\nser interpretados de manera restringida por el juez” [141] . Ahora bien,\n“[o]tros derechos pueden suscitar restricciones válidas a la expresión. Sin\nembargo, estas restricciones deben estudiarse mediante una ponderación que tome\nen cuenta todos los aspectos relevantes de la tensión” [142] .\n\n118.\nEn este punto, la\nSala considera relevante destacar que, de conformidad con las sentencias C-317\nde 2024 [143] ,\nT-149 de 2025 [144]\ny T-158 de 2026 [145] ,\nlos discursos a través de los cuales se ejerza violencia contra las mujeres por\nel solo hecho de serlo no están amparados bajo el alcance de la libertad de\nexpresión. Tal aspecto, se desarrollará más adelante en esta providencia.\n\n119.\nAhora bien, ante la\nconfiguración de discursos prohibidos y la extralimitación en el ejercicio de\nla libertad de expresión en medios digitales, esta Corte ha adoptado los\nsiguientes remedios constitucionales, entre otros: (i) la eliminación de los\ncontenidos o mensajes que constituyen discursos prohibidos o atentan de manera\nexcesiva contra derechos fundamentales como la honra o el buen nombre [146] ;\n(ii) la presentación de disculpas públicas por parte del emisor del mensaje por\nel mismo medio que usó para la difusión del contenido en virtud del cual se\nextralimitó el ejercicio de la libertad de expresión [147] ; (iii) la\nelaboración de publicaciones específicas en las que se indiquen las razones por\nlas cuales se incurrió en alguno de los discursos prohibidos y se informen las\nimplicaciones de este tipo de contenidos en los derechos fundamentales de\nterceros y en la sociedad en general [148] ;\n(iv) la realización de capacitaciones o cursos sobre derechos fundamentales y\nla gravedad de los discursos prohibidos [149] ;\n(v) la difusión de la sentencia [150] ;\ne (vi) instar al emisor del contenido para que se abstenga de incurrir en actos\nsimilares a los sancionados y de extralimitarse en el ejercicio de su libertad\nde expresión [151] .\n\n7.3. Los derechos al buen nombre, a la\nhonra y a la propia imagen y el alcance de la libertad de expresión respecto de\npersonas con reconocimiento público [152]\n\n120.\nEl artículo 21 de la\nConstitución Política consagra la honra como un derecho fundamental. Al\nrespecto, la jurisprudencia constitucional ha definido la honra como la\nestimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás\nmiembros de la colectividad, en razón a su dignidad humana. En palabras de esta\nCorporación: “[e]s por consiguiente, un derecho que debe ser\nprotegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los\nindividuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada\nconsideración y valoración de las personas dentro de la colectividad” [153] .\n\n121.\nDado su alcance, este\nderecho resulta vulnerado tanto por información errónea como por opiniones\ntendenciosas que producen daño moral tangible a su titular [154] . Sin embargo, la Corte Constitucional ha\nsostenido que “no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio\npuede ser considerada como imputación deshonrosa”, puesto que las afirmaciones\nque se expresen deben tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio\nmoral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión\npersonal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su\ncontra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación\nque éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el\nnúcleo esencial del derecho” [155] .\n\n122.\nDe otra parte, el\nartículo 15 de la Carta garantiza el derecho al buen nombre, al establecer que\n“[t]odas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su\nbuen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar […]”. Esta garantía ha sido entendida como “la reputación, o el concepto que de\nuna persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al\ndetrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas\no informaciones falsas o tendenciosas” [156] .\n\n123.\nAl respecto, esta\nCorporación ha indicado que, a unque el\nderecho a la honra guarda una relación de interdependencia material con el\nderecho al buen nombre , se\ndiferencian en que, mientras el primero responde a la apreciación que se tiene\nde la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos privados\ndirectamente ligados a ella, el segundo se refiere a la apreciación que se\ntiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en\nsu desempeño dentro de la sociedad [157] .\n\n124.\nFinalmente, e l derecho a la propia imagen no está consagrado\nexpresamente en la Constitución. Sin embargo, de la lectura sistemática de la\nCarta y a partir del artículo 94 superior, la Corte Constitucional ha concluido\nque este derecho es reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano como\nexpresión directa de la individualidad e identidad de la persona [158] y, en esa medida, guarda estrecha\nrelación con el libre desarrollo de la personalidad y con el reconocimiento de\nla personalidad jurídica [159] .\n\n125.\nEn cuanto al\ncontenido de este derecho, esta Corporación ha reconocido tres facetas [160] : (i) la autodefinición de la imagen\npropia, como la autonomía de cada individuo para determinar su propia imagen\n(en cuanto a su aspecto físico, el nombre, la voz, entre otras) [161] ; (ii) la utilización de la imagen, lo\nque incluye (a) un aspecto positivo que se refiere a la potestad de la persona\nde decidir qué parte de su imagen será difundida y qué parte no –ya sea de\nmanera onerosa o gratuita–, pudiendo incluso autorizar a un tercero la\nutilización de su imagen, y (b) uno negativo, relacionado con la posibilidad de\nprohibir la obtención, utilización o reproducción no autorizada de su imagen; y\n(iii) la imagen social, que comprende la caracterización que una persona logra\nde sí misma en la sociedad y que le permite identificarse plenamente frente a\nlos demás [162] .\n\n126.\nLos personajes\npúblicos y la mayor exposición a la crítica. Como se expuso anteriormente, entre los discursos\nespecialmente protegidos se encuentran aquellos que se refieren a personajes\npúblicos. Al respecto, esta Corte ha establecido que son personajes públicos\naquellas personas que, debido a sus cargos, actividades o desempeño, proyectan\nsu imagen en la sociedad y se convierten en centros de atención con notoriedad,\nautoridad, liderazgo, credibilidad, capacidad de influencia y respeto [163] .\nEn consecuencia, ha señalado que estos individuos deben aceptar el riesgo de\nser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena\nparte del interés general ha dirigido la mirada hacia su conducta [164] .\nLo anterior, obedece a su exposición voluntaria al público [165] , teniendo en\ncuenta que la relevancia pública es un concepto relativo que puede variar según\nla condición y/o proyección social del personaje público en cuestión [166] .\n\n127.\nEn efecto, se\nentiende que estas personas están dispuestas a someterse al escrutinio de su\nvida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre los cuales le\nasiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por relacionarse\ncon: (i) las funciones que esa persona ejecuta; (ii) el incumplimiento de un\ndeber legal como ciudadano; (iii) aspectos de la vida privada relevantes para\nevaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo\nde lo público y (iv) la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus\nfunciones [167] . Este mayor grado de escrutinio se\njustifica, además, por el interés público de las actividades que realizan, por\nla exposición voluntaria y por su amplia capacidad para controvertir la información\nmediante su poder de convocatoria pública [168] .\n\n128.\nEn todo caso, esta\nmayor tolerancia a la crítica, en principio, no versa sobre cualquier tipo de\ninformación o contenido relacionado con la persona que tiene reconocimiento\npúblico [169] . En ese sentido, aunque se predique un\nmayor estándar de tolerancia a las críticas, aquellas no pueden extrapolarse o\ncentrarse en la persona, en asuntos de su esfera privada e íntima que no tienen\nninguna relación con el interés público de la labor que ejercen o de la relevancia\nsocial que ostentan y, por ende, deben ampararse los derechos fundamentales de\nlos personajes públicos ante aquellos “ cuestionamientos que no tengan ninguna relación con el\nejercicio de sus labores públicas o que se formulen en términos vejatorios” [170] . Esta misma regla se ha establecido en relación con la\ndifusión de imágenes de personajes públicos. En efecto, en la Sentencia T-063\nde 2024 esta Corporación reiteró que:\n\n“Algunos eventos en los que la jurisprudencia\nconstitucional ha estimado constitucionalmente legítimo que, […] terceros\npubliquen fotografías del titular sin su autorización, es cuando […] se trate\nde una figura pública haciendo referencia a su historia laboral, trayectoria o\ninformación relacionada con el ejercicio de sus funciones y en el contexto del\nrol que cumple dentro de la sociedad, lo cual excluye las imágenes captadas en\nel ámbito privado de ese personaje reconocido. Ha resaltado además que, cuando\nse trata de actuaciones públicas o de personajes con relevancia o notoriedad\ncuyas imágenes son difundidas precisamente a propósito del rol que desempeñan\nen la sociedad no se vulnera el derecho” [171] .\n\n129.\nAl respecto, para\nresolver la tensión entre la libertad de expresión y otros derechos\nfundamentales como la propia imagen, la honra y el buen nombre, la\njurisprudencia constitucional ha establecido los siguientes lineamientos que\norientan la labor del juez [172] :\n\nTabla 6. Criterios\nSentencia SU-420 de 2019\n\nCriterios jurisprudenciales para evaluar tensiones\nentre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, como la honra\ny el buen nombre\n\n1.\n\nQuién\ncomunica . El juez debe analizar cuál\nes el perfil del emisor, y particularmente si se trata de una fuente anónima\no identificable, y en este segundo escenario, debe analizar cuál es el rol\nque ejerce el emisor en la sociedad [173] .\nEn este último caso, el Estado tiene además unos deberes especiales de\nsalvaguarda de la libertad de expresión o de información, y de la libertad de\nprensa, en tanto garantías centrales en una sociedad democrática [174] .\n\n2.\n\nRespecto\nde qué o de quién se comunica. El\njuez de tutela debe valorar también las calidades de las personas sobre las\nque se hacen las publicaciones, para señalar los límites de la libertad de\nexpresión. Los particulares cuentan con un mayor grado de protección que los\nservidores públicos o las personas con amplio reconocimiento social [175] ,\nincluyendo aquellas personas que “alcanzan cierta publicidad por la actividad\nprofesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos o\nacontecimientos de su vida privada” [176] .\n\n3.\n\nCómo\nse comunica. En este aspecto debe\nvalorarse el contenido del mensaje, el medio o\ncanal a través del cual se difunde y el impacto del mismo.\n\nAl\nrespecto, ha establecido que, en principio, se protegen todas las formas de expresión, como el lenguaje oral\no escrito, el lenguaje de signos o símbolos, expresiones no verbales como\nimágenes u objetos artísticos o cualquier conducta con contenido o\nimplicaciones expresivas e incluso el silencio.\n\nAsimismo,\nla jurisprudencia constitucional ha señalado que se debe examinar (i) la\ncapacidad que tiene el mensaje para comunicar de manera sencilla y ágil,\nindependientemente de la forma de expresión en la que esté consignado. Frente\na este punto, la Corte ha advertido que la intención dañina no depende de la\nvaloración subjetiva del afectado, “sino de un análisis objetivo y neutral\nque de la misma se haga y que arroje como resultado la vulneración del núcleo\nesencial del derecho al buen nombre” [177] .\nIgualmente, (ii) el medio a través del cual se transmite el mensaje, teniendo\nen cuenta que cada foro particular plantea sus propias especificidades y\ncomplejidades constitucionalmente relevantes.\n\n4.\n\nEl\nimpacto de la publicación. El juez\nconstitucional deberá valorar la potencialidad del medio para difundir el\nmensaje a una audiencia más amplia que la originalmente prevista. Cuando se\ntrata de medios digitales, debe considerarse tanto la facilidad con la que se\npuede localizar el sitio web en donde está alojado el mensaje a través del\nuso de los motores de búsqueda, como la facilidad para hallar el mensaje\ndentro del sitio web en el que este reposa [178] .\nIgualmente, el impacto que ha tenido la publicación a través del conteo de\nsus reproducciones, reacciones o “reposteos”.\n\n130.\nEn ese sentido,\ncorresponde al juez determinar si la persona que desarrolla un rol social que\nimplica exposición pública ha sufrido un menoscabo de sus derechos\nfundamentales. Para ello, deberá descartar que los contenidos acusados sean\nvejatorios, innecesarios o desproporcionados, y establecer si guardan relación\ncon las actividades o el rol que aquella ejerce o si, por el contrario, están\nencaminadas a reprochar indiscriminadamente aspectos personales, familiares o\nde su esfera privada que no tienen ningún interés público.\n\n7.4. La libertad de expresión en\ninternet, especialmente en redes sociales\n\n131.\nEsta Corporación ha\naclarado que el estándar de protección y los límites imponibles a la libertad\nde expresión fuera de Internet son los mismos que cuando se ejerce en línea [179] .\nAdicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha tenido en cuenta que de\nacuerdo con la Declaración Conjunta Sobre la Libertad de Expresión en Internet\ndel 1 de junio de 2011, las restricciones a la libertad de expresión en\ninternet deben examinarse de conformidad con el test tripartito y, además,\n“[a]l evaluar la proporcionalidad […], se debe ponderar el impacto que dicha\nrestricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover\nla libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción\nreportaría para la protección de otros intereses” [180] .\n\n132.\nEn este punto,\nresulta relevante reiterar que el estándar de protección de la libertad de\nexpresión cobija también el medio escogido por el emisor. No obstante, cada\nmedio o foro plantea sus propias especificidades y complejidades\nconstitucionalmente relevantes, que repercuten en el alcance de la libertad de\nexpresión en cada caso. “[De esta manera], en el ejercicio de ponderación en\nlos casos en que entren en conflicto derechos de terceros con el derecho a la\nlibertad de expresión, es fundamental que el juez valore el medio o el foro a\ntravés del cual se expresa el mensaje, ya que este incide en el impacto que\ntenga la expresión sobre los derechos fundamentales” [181] .\n\n133.\nEn este contexto, resulta\nrelevante destacar que los medios digitales y, específicamente, las redes\nsociales son un espacio privilegiado para el ejercicio de la libertad de\nexpresión, el acceso a información pública y el intercambio de ideas y\npensamientos. Lo anterior, porque: (i) permiten un alcance masivo en términos\nde audiencia, (ii) los costos de su uso, a comparación de los medios\ntradicionales de comunicación, son bajos y (iii) se caracterizan por no tener\nrequisitos técnicos particularmente exigentes, permitir la comunicación\nindependientemente del lugar en el que se encuentre el usuario, ser de\ninmediato alcance y garantizar una interacción directa e ininterrumpida [182] .\n\n134.\nEn consecuencia, sin\ndesconocer las dificultades de acceso a Internet (brecha digital) [183] ,\nen términos comparativos, la red es más accesible y efectiva que otros\nmedios para la difusión de información. “Sin embargo, precisamente por su\namplitud, sus características tecnológicas y la multiplicación indefinida de la\ninformación, la red genera preocupaciones en torno a la seguridad de sujetos\nvulnerables, los datos financieros y otros de carácter privado o personal, y\ndesafíos regulativos” [184] .\nAl respecto, esta Corporación ha reconocido que, ante la digitalización de las\nrelaciones sociales y del funcionamiento del Estado, resulta necesario [185] :\n\n“[…]\ndesarrollar políticas basadas en un enfoque de derechos; la apertura de la red,\npara maximizar la difusión de ideas; la eliminación de barreras de acceso y las\nacciones positivas encaminadas a alcanzar la universalidad para superar la\nexclusión, favorecer el ejercicio de los derechos de acceso a la cultura, a la\ninformación y la educación, y propiciar la presencia de voces usualmente\nmarginadas por razones culturales, sociales, raciales, de género, etc.; así\ncomo la gobernanza multisectorial, es decir, aquella que\ninvolucra a los [E]stados, los proveedores de servicios por Internet, los\ndiseñadores de las aplicaciones, sus administradores y usuarios” [186] .\n\n135.\nEn efecto, dado que\nlas redes sociales permiten, por su naturaleza, una maximización de la libertad\nde expresión sin un contrapeso, los desafíos son mayores de cara a la posible\nafectación de los derechos fundamentales [187] .\n\n136.\nFinalmente, la Sala\nestima relevante destacar que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional\nla labor de los creadores de contenido en redes sociales y de los\ninfluenciadores comporta responsabilidades en relación con la protección de los\nderechos fundamentales. En concreto, la Sentencia T-158 de 2026 explicó que las dinámicas propias de\nestos espacios digitales permiten que cualquier persona adquiera capacidad de\ninfluencia social, aun cuando no pertenezca a un medio de comunicación\ntradicional. Asimismo, la Sentencia T-256 de 2025 precisó que la condición de\ninfluenciador no depende de una actividad profesional específica ni de contar\ncon un determinado número de seguidores, sino de compartir contenidos\nregularmente con una comunidad digital y adquirir cierto reconocimiento o\ncapacidad de incidencia sobre ella. Por ello, su actividad trasciende una\ndimensión individual y comporta responsabilidades y exige respeto por las garantías constitucionales\nfundamentales.\n\n8. La violencia\ndigital de género\n\n8.1. La violencia contra la mujer. Contenido\ny alcance del derecho fundamental a una vida libre de violencias [188]\n\n137.\nLas mujeres\nconstituyen una población tradicionalmente discriminada y violentada por el\nsolo hecho de ser mujeres [189] .\nEn efecto, aquellas han sido sometidas a patrones históricos de discriminación\npor razón de género que les han impedido el ejercicio efectivo de sus derechos\nfundamentales. En consecuencia, la violencia de género contra las mujeres\nconstituye una violación de los derechos humanos, porque limita las libertades\nfundamentales de la persona, es una afrenta a la dignidad humana y una\nexpresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y\nmujeres [190] .\n\n138.\nEste tipo de\nviolencia se ejerce en todos los ámbitos de la vida privada y pública, no\nsolamente en el espacio doméstico y se manifiesta a través de múltiples y muy\ndiferenciadas actuaciones. En efecto, no se limita a agresiones físicas y\npsicológicas, que constituyen violencia visible, pues también ocurre a través\nde lo que se puede denominar como violencia invisible y estructural como, por\nejemplo, la inequidad política, social y económica, los obstáculos para el\nacceso a ciertos espacios típicamente masculinos, como la política o los cargos\npúblicos, y la proliferación de discursos justificativos de la desigualdad.\nEste tipo de manifestaciones no son excluyentes entre sí, por el contrario, se\nrefuerzan con el fin de perpetuar la discriminación, la violencia y la\nexclusión social [191] .\n\n139.\nAl respecto, la\nConvención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia\nContra la Mujer – Convención de Belém do Pará define la violencia contra la\nmujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,\ndaño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito\npúblico como en el privado” [192] .\nAsimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de\nla Organización de Naciones Unidas – ONU, en la Recomendación General N.° 35 [193] ,\nreconoció el carácter generalizado y sistémico de la violencia en razón del\ngénero contra las mujeres. Enfatizó en la responsabilidad del Estado por actos\nu omisiones de agentes estatales y no estatales, y reiteró la necesidad de\nadoptar medidas legislativas generales para la prevención de este tipo de\nviolencia, la protección de las víctimas, la garantía del acceso a la justicia\ny la adopción de mecanismos de reparación y garantías de no repetición.\n\n140.\nA nivel interno, esta\nespecial protección constitucional de la mujer se justifica en lo dispuesto en\nlos artículos 13, 40, 42, 43 y 53 de la Constitución. Estas disposiciones dan\ncuenta del rechazo constitucional contra las distintas formas de violencia que\nafectan a las mujeres y de la discriminación sistemática que estas enfrentan.\nSobre el particular, esta Corporación ha entendido que la violencia de género\nse basa en las estructuras tradicionales y desiguales de asignación de poder,\nen las que hay una dominación predominantemente masculina. En ese sentido, en\nla Sentencia T-140 de 2021 [194] ,\nse reconoció que “el Estado y los particulares están obligados a combatir con\nmedidas ágiles, céleres y efectivas […] la indiferencia, la neutralidad o la\ntolerancia en relación con la violencia y/o discriminación contra las mujeres\npor motivos de género y deben asegurar la prevención y no repetición de tales\nconductas” [195] .\n\n141.\nAsimismo, la\njurisprudencia constitucional ha caracterizado distintos tipos de violencia contra\nla mujer. Algunos de estos son:\n\n(i)\nLa violencia física que se compone por “toda acción voluntariamente realizada\nque provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas y que, al constituir una\nforma de humillación, también configuran un maltrato sicológico” [196] .\n\n(ii)\nLa violencia psicológica que se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas\nintencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e\ninferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no\nataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y\npsicológica, su autonomía y desarrollo personal. Este tipo de agresiones se\nmaterializan a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,\ndesprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo [197] .\n\n(iii)\nLa violencia institucional, la cual consiste en “actuaciones de distintos\noperadores [jurídicos], quienes toman decisiones con fundamento en actitudes\nsociales discriminatorias que perpetúan la impunidad para los actos de\nviolencia contra la mujer” [198] .\nEsta modalidad de violencia se manifiesta, principalmente, a través de actos\nrevictimizantes cuando las mujeres víctimas de violencia de género, en alguna\nde sus manifestaciones, acuden a las instituciones estatales en busca de apoyo\no asesoría jurídica.\n\n142.\nPor otro lado, este Tribunal ha reconocido que existen\nmujeres que están particularmente expuestas a ser víctimas de violencia de género.\nEn especial, en la Sentencia T-087 de 2023 [199]\nse advirtió que:\n\n“algunos grupos de mujeres, como las defensoras de los\nderechos humanos, las que participan en actividades políticas, como las\nparlamentarias, las periodistas, las blogueras, las mujeres jóvenes, aquellas\npertenecientes a minorías étnicas y las mujeres indígenas, las mujeres\nlesbianas, bisexuales y transgénero, las mujeres con discapacidad y las mujeres\nde grupos marginados, son especialmente objeto de violencia facilitada por las TIC” [200] .\n\n143.\nAdicionalmente, esta\nCorporación ha afirmado que los medios digitales también pueden constituir\nespacios hostiles para las mujeres [201] .\nEn particular, en las sentencias T-280 de 2022, T-087 de 2023, T-149 de 2025, T-158\nde 2026 y T-184 de 2026, esta Corte reconoció que la violencia de género contra\nlas mujeres se recrudece a través del uso de medios digitales y tecnologías de\nla comunicación. Lo anterior, en la medida en la que la difusión de información\nes inmediata, los contenidos de carácter violento pueden ser reproducidos sin\nninguna limitación y los agresores pueden ejercer violencia desde el anonimato.\nEn consecuencia, el uso de estas tecnologías facilita la ejecución de actos de\nviolencia contra las mujeres e incita a la realización de otros tipos de\nagresiones [202] .\n\n144.\nSobre el particular,\nla Corte Constitucional acudió al Informe de la Relatora Especial sobre la\nviolencia contra la mujer y las niñas del 18 de junio de 2018, para definir la\nviolencia de género en línea como “[…] todo acto de violencia por razón de\ngénero contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad,\ndel uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los\nteléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo\nelectrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma\ndesproporcionada” [203] .\n\n145.\nSobre esta materia,\nen la Sentencia T-158 de 2026, esta Corporación identificó algunas de las\nconductas constitutivas de violencia en contra las mujeres. En concreto, se\nrefirió a las siguientes:\n\nTabla 7.\nAlgunas conductas de violencia en línea contra la mujer [204]\n\nAlgunas formas de violencia en línea contra la mujer\n\nCiberhostigamiento\n\nLa OEA señaló que no hay\nuna definición del ciberhostigamiento , ya que abarca una gran variedad\nde comportamientos digitales abusivos, no obstante, la definió como “una\nactividad intencional y reiterada realizada mediante computadoras, teléfonos\ncelulares y otros dispositivos electrónicos, que puede constituir o no actos\ninofensivos por separado, pero que, en conjunto, constituye un patrón de\nconductas amenazantes que socavan la sensación de seguridad de una persona y\nle provocan miedo, angustia o alarma [205] .\n\nEste puede consistir en\ncorreos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, chat en línea o el envío\nconstante de comentarios obscenos, vulgares, difamatorios o amenazantes por\ninternet. En concreto, este tipo de violencia implica un patrón y la comisión\nde más de un incidente a lo largo de un tiempo usando las TIC, con el\nobjetivo reiterado de hostigar, acechar, molestar, atacar, humillar,\namenazar, asustar u ofender a una persona o abusar verbalmente de ella.\n\nCiberacoso\n\nEl ciberacoso , por su parte,\nimplica el uso intencional de las TIC para humillar, molestar, atacar,\namenazar, alarmar, ofender o insultar a una persona con un solo incidente,\naunque puede ser más de uno. Este se puede manifestar de muchas formas y\nestar asociado a otras formas de violencia en línea. Así, puede\nmaterializarse con el envío de mensajes intimidantes por correo electrónico,\ntexto o redes sociales; insinuaciones inapropiadas u ofensivas en redes\nsociales; violencia verbal y amenazas en línea de violencia física o muerte;\ny discurso de odio [206] .\n\nCreación,\ndifusión o intercambio digital de fotografías, videos o audioclips de\nnaturaleza sexual o íntima sin consentimiento\n\nLa\ncreación, difusión o intercambio digital de fotografías, videos o\naudioclips de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento, consiste en\ncrear, compartir o difundir en línea, sin consentimiento, material, imágenes\no videos íntimos o sexualmente explícitos obtenidos con o sin el\nconsentimiento [207] .\n\nTambién puede configurarse con la\ncreación de imágenes sexualizadas, editadas con fotomontaje , o video deepfake ,\n“en cuyo caso las imágenes o los videos de las mujeres pueden ser tomados de\nsitios en línea o cuentas de redes sociales y superpuestos en el cuerpo\nde otras personas para simular escenas sexuales o contenido pornográfico con\nel objetivo de dañar la reputación de la víctima”.\n\nDoxing\n\nEn relación con el acceso, uso,\ncontrol, manipulación, intercambio o publicación no autorizada de información\nprivada y datos personales o doxing, consiste en la extracción y la\npublicación no autorizada de información personal -como el nombre completo,\nla dirección, números de teléfono, correos electrónicos, el nombre del\nfamiliares e hijos, detalles financieros o laborales– como forma de\nintimidación o con la intención para localizar a la persona en el mundo real\npara acosarla [208] .\n\nEsta forma de violencia también fue\nreconocida y definida en el Informe de la Relatora Especial sobre la\nviolencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia\nen línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos\nhumanos [209] .\n\nActos que\ndañan la reputación o la credibilidad de una persona\n\nEsta forma de violencia consiste en\ncrear y compartir información personal falsa con la intención de dañar la\nreputación de una persona, como, por ejemplo: crear perfiles falsos en redes\nsociales o cuentas en línea; hacer fotomontajes o imágenes manipuladas de\ncontenido sexual a partir de fotografías obtenidas de redes sociales;\npublicar avisos en sitios de citas o pornográficos con fotos intimas;\ndifundir comentarios o publicaciones ofensivos o falsos o memes en foros de\ndiscusión, redes sociales o páginas de Internet.\n\nDentro de esta también se ubica el slutshaming ,\nque consiste en señalar públicamente a una mujer por su supuesta actividad\nsexual con el fin de avergonzarlas, dañar su reputación y regular su\nsexualidad. Puede implicar fotografías, videos y lenguaje denigrante.\n\n146.\nEn este contexto y\ncon fundamento en el artículo 3° de la Convención de Belém do Pará, la\njurisprudencia constitucional ha reconocido como derecho fundamental autónomo\nde las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito\npúblico como en el privado y en los espacios digitales [210] . Esta\ngarantía constitucional tiene una especial relación con la materialización de\notros derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la\nintegridad personal, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes\ne, incluso, con los derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad\nde prensa [211] .\nEn virtud de este derecho, el Estado tiene obligaciones ineludibles de\ninvestigar y juzgar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, garantizar\nla no repetición de estos actos, abstenerse de ejercer violencia institucional\ncontra ellas, prevenir el feminicidio y garantizar espacios seguros para el\nejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres [212] .\n\n147.\nAl respecto, la Sala destaca\nque el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia como derecho\nfundamental autónomo, es una muestra del necesario cambio de entendimiento de\nla posición de la mujer en la sociedad y de las relaciones desiguales de poder.\nEn especial, porque los marcos normativos dirigidos a la protección de la mujer\nno son eficaces si no existe un cambio cultural y de perspectiva que se dirija\na la erradicación de la violencia contra la mujer en todos los espacios. En\nefecto, este tipo de agresiones se mantienen como un problema social extendido\ny generalizado [213] .\n\n148.\nFinalmente, se estima\nrelevante precisar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-149 de 2025\nseñaló que los jueces, en los eventos en los que se presenten tensiones entre\nel derecho de las mujeres a una vida política libre de violencias y otras\ngarantías constitucionales, como la libertad de expresión y la participación\npolítica en medios digitales, el análisis del caso concreto debe guiarse por\nlos siguientes criterios: (i) no basarse exclusivamente en un criterio de\nliteralidad o contenido explícito del mensaje, para examinar la existencia de\nestereotipos de género o patrones de discriminación; (ii) adoptar un enfoque\ninterseccional, con el fin de identificar si existen múltiples patrones de\nviolencia contra la mujer víctima; (iii) identificar el aparte específico que\nse considera constitutivo de violencia contra mujeres en política – VCMP; (iv)\nexaminar el contexto en el que se insertan estos contenidos o actos; (v) valorar\nen su conjunto los contenidos, actos o mensajes que se alegan constitutivos de\nVCMP. Al respecto, debe examinarse la periodicidad de los mismos y su\nreiteración e identificar el estereotipo de género o factor discriminatorio en\nel que se fundamentan y (vi) efectuar un juicio estricto de\nproporcionalidad.\n\n149.\nAunque tal\nmetodología fue sistematizada en relación con un proceso sobre VCMP, la Sala\nestima que tales criterios resultan aplicables a los procesos relacionados con\ntensiones entre los derechos a una vida libre de violencia y la libertad de\nexpresión y la participación política, entre otros, bien sea que la mujer\nvíctima ejerza algún rol o cargo político o sea un personaje públicamente\nvisible. Lo anterior, en la medida en la que: (i) propenden por la adopción de\nuna valoración integral e interseccional que tenga en cuenta las condiciones de\nla mujer y, asimismo, las características específicas del mensaje o contenido\nacusado; (ii) aseguran el efectivo cumplimiento de los deberes de\nadministración de justicia con enfoque de género y (iii) garantizan el examen\ndel juicio de proporcionalidad estricto en relación con la imposición de\nlímites a la libertad de expresión.\n\n8.2. La hipersexualización del cuerpo de\nla mujer como fenómeno de ejercicio de poder\n\n150.\nLa violencia de\ngénero también puede manifestarse mediante prácticas que reproducen\nestereotipos y que utilizan el cuerpo, la apariencia física o la imagen de las\nmujeres como instrumentos para desvalorizar, ridiculizar, sexualizar o\ndesacreditar su actuación en el espacio público. En concreto:\n\n“A pesar de que las mujeres disfrutan de muchas más oportunidades\nque hace una generación, vemos resurgir el viejo sexismo bajo una apariencia\nnueva. Lejos de ampliar el potencial y la libertad de las mujeres, la nueva\ncultura hipersexual redefine el éxito femenino dentro del reducido marco del\natractivo sexual” [214] .\n\n“En nuestro entorno cultural se nos sugiere constantemente que el\ncamino que deben seguir las mujeres para lograr su desarrollo personal pasa\nnecesariamente por perfeccionar su físico. Una gran parte del mensaje cultural\nque reciben las mujeres jóvenes tiene que ver con la idea de la\n\"transformación\" […]. Se impone la necesidad de mejorar, no creciendo\nintelectual o emocionalmente, sino a través de un cambio físico. Este ruido\nmediático hace que las niñas crean que para tener una vida satisfactoria lo\nimportante no es la calidad de tus acciones, sino tener una buena imagen” [215] .\n\n151.\nEn efecto, los\nestereotipos de género pueden operar como mecanismos de discriminación cuando\natribuyen a las mujeres determinadas características, comportamientos o roles\ny, a partir de ellas, condicionan el reconocimiento de sus capacidades o el\nejercicio de sus derechos [216] .\nEn específico, esta Corte ha reconocido que la\nhipersexualización del cuerpo femenino constituye una manifestación de los estereotipos de género que condicionan el valor social atribuido a\nlas mujeres a su apariencia y a su adecuación a determinados cánones de\nbelleza.\n\n152.\nPor ejemplo, en la\nSentencia T-432 de 2023 se advirtió que el contexto sociocultural ha generado\nuna hipersexualización del cuerpo femenino que, sumada a otros estereotipos de\ngénero, transmite la idea de que el valor de las mujeres aumenta en la medida\nen que se ajustan a los estándares de belleza imperantes. Este fenómeno no es\nconstitucionalmente neutro, pues puede restringir la autonomía de las mujeres y\nreproducir patrones de cosificación y subordinación basados en su corporalidad [217] . [218]\n\n153.\nAdicionalmente, en la\nSentencia SU-239 de 2024, la Sala Plena explicó que los estereotipos\nestéticos constituyen construcciones sociales y culturales acerca de cómo debe\nverse una mujer y reconoció que el cuerpo femenino ha sido históricamente\nsometido a patrones de belleza que lo convierten en un objeto de valoración\nsocial. Esta Corporación destacó, además, que las mujeres se encuentran\nsometidas a una suerte de “lupa social” que juzga permanentemente si su cuerpo\nse ajusta a determinados cánones y que el apartamiento de estos estándares\npuede dar lugar a señalamientos, críticas, ofensas y discriminación [219] .\n\n154.\nFinalmente, en la\nSentencia T-158 de 2026 esta Corporación advirtió que el ejercicio de la\nlibertad de expresión no ampara la difusión de mensajes sexualizados, proferir insultos con contenido\nmisógino ni a divulgar datos sensibles de las mujeres víctimas [220] .\n\n155.\nAhora bien, la\nviolencia de género por medio de la hipersexualización y cosificación de la\nmujer se expande en mayor medida cuando las agresiones son ejercidas por medio\nde plataformas digitales como las redes sociales. Esto no sólo en razón de la\nnaturaleza abierta, masiva y pública de estas plataformas, sino además porque\nestos espacios tecnológicos se convierten en escenarios de enjuiciamiento de la\napariencia física femenina y de vigilancia corporal. Lo anterior, a través de\nla difusión de imágenes, fotomontajes, comentarios o interacciones en los que\nse califica el cuerpo de las mujeres para fijar así su valor [221] . En efecto, las mujeres e incluso las\nniñas se ven expuestas a mensajes, comentarios, calificaciones de su cuerpo y\nde su apariencia según los estándares sociales sobre la belleza y el atractivo\nsexual. Por ejemplo, en el libro “Muñecas Vivientes. El regreso del sexismo” la\nautora afirmó que:\n\n“El\nadorno personal siempre se les ha presentado como una parte central de sus\nvidas, pero hoy en día están expuestas también a una auténtica avalancha de\nmensajes sobre la importancia de resultar sexualmente atractivas incluso de\npequeñas. Esas muñecas son solo un fragmento de una cultura mucho más amplia en\nla que se anima a las mujeres jóvenes a ver el atractivo sexual como su principal\npasaporte hacia el éxito” [222] .\n\n156.\nNo obstante, “[e] sta vigilancia culpable de la propia\nimagen puede afectar a la capacidad de las mujeres para desarrollar su\npotencial en otros ámbitos” [223] .\nEn efecto, en la Sentencia T-087 de 2023 la Corte Constitucional\nreconoció que las agresiones en línea contra mujeres, particularmente aquellas\ncon presencia en la esfera pública, pueden adoptar contenidos misóginos y\nsexualizados, incluir referencias a su apariencia física y generar efectos de\nautocensura y reducción de su participación pública.\n\n157.\nAdemás, se advierte\nque estas formas comunicativas no parten de una relación entre iguales y las\nexpresiones que se utilizan para calificar a las mujeres son sustancialmente\ndiferentes de aquellas usadas en relación con los hombres [224] . Tal situación, incluso, fue reconocida en\nla Sentencia SU-432 de 2025. En dicha decisión, esta Corporación revisó la\nacción de tutela instaurada por mujeres periodistas en contra del entonces\npresidente de la República. Lo anterior, por haber sido calificadas como\n“muñecas de la mafia” durante una alocución presidencial. Al respecto, se\nadvirtió que:\n\n“[D]e acuerdo con la RAE, el término muñeca se\nasocia con, entre otras cosas, (i) juguete o adorno, (ii) persona joven guapa o\natractiva, (iii) persona de poco carácter, […] (v) maniquí para trajes y\nvestido de mujer y (vi) joven frívola o presumida, todas estas acepciones\ndesconocen la dignidad humana de los sujetos sobre quienes recayó la oración.\n\nFrente a lo que implica la expresión muñecas de\nla mafia, la Corte comparte lo anotado por la Sección Segunda, Subsección B, de\nla Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien afirmó\nque esta representa a un grupo de mujeres que son dominadas por organizaciones\npara obtener unos beneficios en un escenario de criminalidad. Por ende, usar\nese calificativo para referirse a las mujeres periodistas conlleva el mensaje\nde que son objetos sometidos a la voluntad de criminales. Este conlleva un\nestereotipo: las mujeres, en su sistema de valores, están a disposición de\nhombres mafiosos para obtener dinero, lujo y excentricidades. De esta manera se\nenmarca a las mujeres en un rol que ha sido históricamente reprobado en el\npaís, pero que pervive a través de manifestaciones como la examinada y hacen\nparte de la cultura popular colombiana.\n\nNótese que desde un punto de\nvista sociológico las expresiones contienen una alta carga simbólica que no\nafecta de igual manera a todas las personas que ejercen el periodismo, ya que\ntienen una connotación de género particular que no puede ser leída de manera\nneutral, en tanto que hace uso de una expresión estereotipada, como es “muñecas\nde la mafia”, para referirse específicamente a las mujeres de manera directa e\nintencional, excluyendo a los hombres. Al asociar a las mujeres con “muñecas”,\nse transmitió el mensaje de que aquellas están al servicio de un tercero, sin capacidad\nde decisión ni agencia, aludiendo a mujeres serviles y funcionales para un\npropósito determinado, en este contexto, ilegal” [225] .\n\n158.\nEn este contexto,\nespecíficamente en los casos en los que la violencia de género se ejerce a\ntravés de la difusión de imágenes, fotomontajes o deepfakes [226] alusivos\nal cuerpo femenino, la\nvulneración de los derechos fundamentales de las mujeres no deriva exclusivamente\nde la existencia de una imagen manipulada, sino del significado que adquiere\ndentro de un contexto de violencia y del efecto que produce sobre la víctima.\nEn efecto, la alteración o manipulación digital de la imagen de\nuna mujer puede constituir una manifestación de violencia de género digital\ncuando su utilización reproduce estereotipos estéticos o sexuales y emplea la\ncorporalidad como instrumento para humillarla, cosificarla, desacreditarla o\nsilenciarla . Ello no significa que toda expresión referida al\naspecto físico de una mujer sea, por ese solo hecho, contraria a la\nConstitución, lo relevante es determinar si la referencia a su cuerpo\nconstituye el mecanismo mediante el\ncual se pretende disminuir su valor, autoridad, credibilidad o legitimidad por\nel hecho de ser mujer .\n\n159.\nLo expuesto se\nconfirma en las siguientes cifras. Una investigación publicada en octubre de\n2020 por la organización Plan International encontró que el 39% de la población\nconsultada, correspondiente a más de 14.000 niñas y jóvenes en más de treinta\npaíses, había experimentado body\nshaming [227] en línea y el mismo porcentaje había\nrecibido amenazas de violencia sexual [228] .\n\n160.\nAsimismo, en 2020 la UNESCO\nencontró que el 73 % de las mujeres consultadas que tienen reconocimiento\npúblico, como lo son las periodistas, había experimentado violencia en línea en\nel ejercicio de su trabajo [229] .\nAdemás, una investigación realizada en 2020 por las organizaciones “Sentiido” y\n“Comunicación para la Igualdad” en siete países de América Latina, arrojó que\n“las periodistas mujeres son atacadas, al igual que sus colegas varones, por\nlos temas políticos o de coyuntura que publican; pero se utilizan contra ellas\nmuchas más expresiones discriminatorias vinculadas al género y agresiones con\nconnotaciones sexuales”. En efecto, se evidenció que recibían un 10% más de\nmenciones que ponen en duda su intelecto, un 20% más de expresiones sexistas y\nun 30 % más de ataques relacionados con su apariencia física que los hombres [230] .\n\n161.\nAdemás, este tipo de\nviolencia alcanza una nueva dimensión con las tecnologías de inteligencia\nartificial. En concreto, ONU Mujeres estima que entre el 90 % y el 95 % de los deepfakes disponibles en línea corresponden a\nimágenes pornográficas no consentidas y que alrededor del 90 % de las personas\nrepresentadas son mujeres [231] .\n\n162.\nPor otro lado, en\n2025 la Secretaría General Iberoamericana y el Programa de las Naciones Unidas\npara el Desarrollo – PNUD reportaron las siguientes cifras sobre violencia\ndigital de género:\n\n“Argentina\n(2019): el 41% de las mujeres fueron víctimas de acoso y hostigamiento en el\nentorno digital.\n\nBolivia\n(2025): de dos mil mujeres encuestadas (15 a 56 años), el 27 % sufrió abuso\nsexual digital (incluyendo captación, trata y tráfico), el 13 % fue víctima de\nacoso (insultos reiterados y ciberacoso) y el 12 % reportó deslegitimación en\nlínea.\n\nBrasil (2016):\nel 65% de los casos de ciberbullying fueron contra mujeres.\n\nChile (2020):\n8 de cada 10 mujeres de entre 16 y 18 años fueron víctimas de acoso sexual en\nlas redes.\n\nColombia\n(2022): el 60% de las mujeres entre 18 y 40 años, afirmaron haber experimentado\nacoso en plataformas digitales.\n\nCosta Rica\n(2023): se encontraron 97.871 conversaciones en redes sociales con elementos\ndiscriminatorios contra las mujeres en política y de medios de comunicación\n(periodistas e influencers) […]\n\nGuatemala\n(2022): ese año se interpusieron 180 denuncias de VDCM por parte de\nperiodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, mujeres indígenas y\nmujeres que se desenvuelven en el ámbito público. […]\n\nPanamá (2024):\ndurante la campaña electoral de 2024, el 37,1% de los ataques en Twitter se\ndirigieron a mujeres, quienes enfrentaron mayor violencia en esta plataforma en\ntérminos relativos. […]\n\nUruguay\n(2021): de las mujeres políticas encuestadas, más de dos tercios\nmanifestó́ que recibe violencia digital eventualmente. […]\n\nEn Argentina,\nen 2023, el 63,5% de las periodistas entrevistadas manifestaron haber sido\nvíctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años.\n\nEn México,\ndurante las elecciones de 2021, hubo una proliferación de estereotipos de\ngénero que minimizaban las capacidades profesionales de las candidatas,\nmientras se centraban en su apariencia física o, sin más, se les negaba su\nderecho a ser elegidas” [232] .\n\n163.\nEstos datos permiten\nadvertir que la valoración, exposición y utilización del cuerpo femenino como\nobjeto de escrutinio, humillación o sexualización constituye una manifestación\nextendida de la violencia que las mujeres enfrentan en los espacios digitales,\nplataformas que, incluso, contribuyen a la amplificación de este tipo de\nagresiones. Lo anterior, con ocasión de la mayor difusión, accesibilidad y\nposibilidad de interacción. En efecto, en el informe antes referido de la\nSecretaría General Iberoamericana y el PNUD se encontró que el segundo tipo de\nagresiones más frecuente en relación con mujeres que participan en el espacio\npúblico es aquel que combina la subestimación de las capacidades de la mujer\ncon descalificaciones sobre su cuerpo y la sexualidad [233] . Estos\núltimos incluyen: comentarios directos sobre el cuerpo, referencia a aspectos\nidentitarios acompañados de insultos, agresiones sexualizadas y alusiones a la\nvida privada sexual y amorosa [234] .\nEsta investigación identificó las siguientes palabras, entre otras, como las\nmás usadas para hipersexualizar y cosificar a las mujeres: asquerosa, vulgar,\nprostituta, drogadicta, fea, rata, zorra, amante, desvergonzada, culo, cerda,\ninmunda y gorda [235] .\n\n8.3. La instrumentalización del cuerpo de\nla mujer para la crítica política\n\n164.\nAhora bien, la\nhipersexualización, instrumentalización y cosificación de la mujer para\ndescalificarla y humillarla se recrudece cuando dichos actos recaen sobre\nmujeres que ejercen cargos públicos o tienen una representatividad política. Lo\nanterior, en la medida en que estas agresiones estereotipadas se utilizan como\nforma de crítica política. “Esta reducción de las mujeres a sus meros atributos\nfísicos va mucho más allá […]. Si observamos el trato que se da a las mujeres\nen la vida pública, veremos que ahora se asume que deben ser juzgadas –muchas\nveces con crueldad– en función de su aspecto y desde el punto de vista sexual,\nno por su trabajo” [236] .\nEn efecto, la utilización de la apariencia física como mecanismo de\ndeslegitimación adquiere una especial gravedad cuando la destinataria es una\nmujer que desarrolla actividades sociales, profesionales, políticas o de\ncualquier otra naturaleza en la esfera pública. Por ejemplo, en el libro “Muñecas\nVivientes. El regreso del sexismo” de Natasha Walter se hizo referencia a lo\nsiguiente:\n\n“El que una\nmujer que se dedica a la política responda al patrón de lo que se considera\nsexualmente atractivo tampoco la libra de este tipo de acoso. Por ejemplo,\nSarah Palin, la candidata republicana a la vicepresidencia norteamericana en\n2008, fue objeto de críticas justificadas a causa de sus opiniones políticas.\nPero nada puede justificar el torrente de insinuaciones sexuales que tuvo que\nsoportar. Se fabricaron muñecas \"Sarah Palin\" caracterizadas como\n\"colegialas traviesas\", con un sujetador rojo asomando bajo la blusa\ndel uniforme, e incluso una muñeca hinchable. Una comentarista del Sunday Times\nescribió: \"Parece una actriz porno; en concreto, parece una actriz porno\ninterpretando a la chica buena que está a punto de hacer algo muy, muy malo\".\n\"Es la típica madre apetecible\", dijo un amigo. Y al final acabó\nrodándose una película porno, […] ¿Cómo van a animarse las jóvenes a\nincorporarse a la vida pública si saben que lo que se va a juzgar no es su\ncompetencia ni su capacidad, sino su parecido a una actriz porno?” [237] .\n\n165.\nEn estos supuestos,\nel desplazamiento del debate desde sus ideas, actuaciones o capacidades hacia\nsu cuerpo implica que la mujer es deshumanizada, ya que deja de ser vista como\nsujeto con capacidad de intervenir en asuntos de interés público y pasa a ser\nevaluada fundamentalmente como cuerpo, apariencia u objeto sexual que pertenece\no debe pertenecer a un hombre [238]\ny sobre el cual debe girar la discusión, dejando de lado el control ciudadano\nsobre lo público. En efecto, “cuando las mujeres ocupan espacios de poder, su\ncuerpo se convierte en un territorio de disputa simbólica” [239] .\n\n166.\nLa violencia, por\nesta vía, no solamente afecta derechos como la honra, la imagen o la dignidad,\nsino que puede interferir en el ejercicio de garantías como la participación\npolítica, la libertad de expresión y el acceso al espacio público en\ncondiciones de igualdad. En este contexto, el cuerpo femenino deja de ser\nentendido como una dimensión de la autonomía, identidad y dignidad de la\npersona para convertirse en un objeto sometido al escrutinio, valoración y\njuicio de terceros.\n\n167.\nEn efecto, este tipo\nde violencia genera efectos adversos no solo para la mujer víctima, quien se ve\nreducida y cosificada, sino en relación como las mujeres en su generalidad.\nEspecíficamente, se ha documentado que este tipo de violencia de género como\ninstrumento de crítica política y vigilancia, además de las afectaciones a la\nintegridad física y psicológica de la víctima, ha generado efectos como la\nautocensura, el silenciamiento, el aislamiento de espacios públicos y, a nivel\ngeneralizado, desincentiva la participación femenina en escenarios de debate y\nparticipación pública o social al transmitir la idea de que acceder a estos\nespacios implica someterse a violencia, acoso y hostigamiento y a ser\ndeshumanizada, porque no valen de nada las calidades personales, la inteligencia\no la experiencia [240] .\nEn concreto:\n\n“[L]a\npermanente sexualización de las mujeres en la escena pública lastra sus\nposibilidades de acceder al verdadero poder […] La influencia constante de los\nestereotipos tradicionales hace que la gente crea que las mujeres nunca van a\ntener la misma autoridad y competencia en determinadas áreas que los hombres\n[…]. Esta manera de entender la masculinidad y la feminidad como mutuamente\nexcluyentes opera en contra de las mujeres que aspiran a ocupar posiciones de\npoder porque, a los ojos de quienes están influenciados por esos estereotipos\ntradicionales, los hombres realzan su masculinidad cuando aspiran al poder,\npero las mujeres pierden su feminidad si lo hacen. Y esto puede resultar\nextremadamente perjudicial para las mujeres que se dedican a la política, que\npasan a parecer menos humanas, como si hubieran perdido una parte fundamental\nde sí mismas. La incomodidad que provocan las mujeres poderosas se manifiesta\nconstantemente” [241] .\n\n168.\nAl respecto, Amnistía\nInternacional ha lanzado varias alertas relacionadas con la violencia contra\nlas mujeres desplegada en redes sociales [242] ,\nla cual va contra sus derechos para expresarse en igualdad condiciones [243] y a una\nvida libre de violencias. En efecto, el abuso y las agresiones que las mujeres\nexperimentan en este tipo de plataformas generan varios efectos adversos como\nla autocensura, la reducción de sus publicaciones e interacciones o, incluso, la\neliminación de sus cuentas [244] .\n\n169.\nEn el mismo sentido , el Consejo de Derechos Humanos, en la\nResolución A/HRC/RES/59/20 del 8 julio de 2025, condenó la aparición y el\naumento de conductas nocivas y campañas de desinformación que socavan los\nderechos de las mujeres y las desacreditan. En efecto, reconoció que esta\nsituación las obliga a autocensurarse, cerrar sus plataformas digitales o\nreducir su participación plena, igualitaria y significativa, tanto en internet\ncomo en medios no electrónicos, lo que se traduce en una importante\ninfrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones y afecta sus\nderechos y oportunidades en la era digital. En específico, impide su\nparticipación, inclusión y liderazgo plenos, igualitarios, efectivos y\nsignificativos en la vida pública y privada, y representa un obstáculo para la\nigualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres [245] .\n\n170.\nAdicionalmente, ONU\nMujeres en 2022 publicó la investigación “Violencia de género en línea hacia\nmujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”. En aquella,\nseñaló que, en este tipo de contextos violentos, “[l] as consecuencias no son exclusivamente individuales\n—lo cual ya es grave— sino que se derraman a todo el ecosistema. Los ataques,\n[…] tienen efectos disciplinadores que generan más repliegues: de otras colegas\ncomunicadoras y activistas que rehúyen de la visibilidad y de otras mujeres que\nno quieren ser entrevistadas o participar de un debate público para no sufrir\nhostigamiento. Por cada mujer silenciada o que se intenta acallar o\nlimitar, son varias las que ni siquiera llegarán al debate público” [246] . En\nconsecuencia, “[n]o hace falta atacar frontalmente a las mujeres que intentan\natravesar este muro de masculinidad; basta con burlarse de su falta de\nfeminidad y el estereotipo se ocupa del resto” [247] .\n\n171.\nFinalmente, se estima relevante\ndestacar que en la Sentencia T-149 de 2025 esta Corporación evidenció la\nocurrencia de actos constitutivos de violencia de género contra una\ncongresista, lo que vulneró su derecho a una vida política libre de violencias,\nentre otros. En ese caso, se consideró que este tipo de actuaciones, dirigidas\na una mujer que participa en política, genera efectos adversos respecto de la\ncolectividad de mujeres. En concreto, se afirmó que:\n\n“ […] los efectos producidos por este tipo de agresiones no se\ncircunscriben solamente a la vulneración de los derechos de la accionada a una\nvida libre de violencias, a la dignidad humana y a la integridad personal. Por\nel contrario, tienen un alcance expansivo que desconoce el rol esencial de la\nmujer en la promoción y defensa de sus propios intereses y los de su\ncolectividad y, a su vez, permitir que la arena política digital o\npresencial se configure como un espacio hostil para las mujeres incrementa la\nautocensura, el temor a participar en la vida política y, además, transmite un\nmensaje equivocado al dar a entender que para evitar ser víctima es necesario\nno ejercer los derechos políticos de los que son titulares las mujeres” [248] .\n\n172.\nEn concreto, en dicha\ndecisión la Corte evidenció que la Fundación Karisma, al estudiar el proceso\nelectoral para la conformación del Congreso de la República para el período\n2022-2026, identificó algunas agresiones verbales, en redes sociales, contra\nmujeres candidatas. Entre dichas expresiones se encuentran: b ruta, “Señora dedíquese al hogar y recupere a su\nesposo […] intente en la cocina y no joda más”, “Dedíquese a otra cosa, cuide a\nsu familia”, estúpida, desocupada, regalada, imbécil, bandida, insensata,\ndesorientada, brujas, fracasada, perdedora, negrita, lesbiana, “Arepera”,\nanciana, machita, “carebruja” y “negra HP” [249] .\n\n8.4. Conclusiones\n\n173.\nPara la\nSala, las consideraciones antes expuestas implican que, tanto en los entornos\ndigitales como fuera de línea, las manifestaciones referidas al cuerpo, peso,\napariencia, edad, vestimenta o sexualidad, pueden implicar que la mujer e s\nvalorada o deslegitimada a partir de atributos corporales que históricamente han sido utilizados\npara ejercer poder masculino\ny, por ende, subordinar a las mujeres. Pues, estas expresiones pueden ser\nusadas como un mecanismo para disminuir su autoridad,\ncuestionar su capacidad, afectar su reputación, humillar o desestimular su\nparticipación en el espacio público.\n\n174.\nEn consecuencia, teniendo en cuenta la metodología adoptada en la\nSentencia T-149 de 2025 para resolver las tensiones entre los derechos a una\nvida libre de violencia y la libertad de expresión y la participación política,\nentre otros, la Sala estima que la valoración judicial que se haga sobre\naquellos contenidos que se refieren al cuerpo de las mujeres no puede versar únicamente en su\nliteralidad, pues debe examinarse, además, el contexto en el que se insertan,\nla existencia y reproducción de estereotipos de género y los efectos de aquellos\nen la dignidad, igualdad, autonomía y participación de las mujeres en el\nespacio público.\n\n175.\nAsí, la\ninstrumentalización y cosificación del cuerpo femenino en los espacios\ndigitales constituye una manifestación particularmente grave de violencia de\ngénero cuando el cuerpo es utilizado para desplazar la discusión sobre las\nideas o actuaciones de una mujer en la esfera de lo público y convierte su\ncorporalidad en el objeto central de la agresión. La conducta adquiere una\ndimensión adicional cuando pretende afectar a una mujer que ejerce su libertad\nde expresión, participa en asuntos de interés público o desarrolla una\nactividad profesional visible, pues en tales casos el ataque puede tener como\nfinalidad no solo menoscabar sus derechos individuales, sino también limitar su\npresencia, reconocimiento y capacidad de intervención y representatividad.\n\n176.\nPor consiguiente, en\nlos casos en los que una mujer con voz o reconocimiento público alegue haber\nsido objeto de ataques digitales relacionados con su cuerpo o apariencia\nfísica, el juez constitucional debe adoptar un análisis con perspectiva de\ngénero y valorar la conducta de manera contextual e integral. Ello implica\ndeterminar, entre otros aspectos, (i) si las expresiones se sustentan en\nestereotipos de género, si existe sexualización, cosificación o degradación de\nla mujer; (ii) si existe una dinámica reiterada de violencia, acoso, hostigamiento\no desprestigio y (iii) si por sus características, puede producir un efecto\ninhibidor o silenciador sobre su participación en el espacio público.\n\n9.\nLa administración de justicia con enfoque de género\n\n177.\nEl artículo 7˚\nde la Convención de Belém do Pará establece que los Estados están obligados a:\n“abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar\npor que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones\nse comporten de conformidad con esta obligación” [250] .\n\n178.\nA nivel interno, en\nla Sentencia T-338 de 2018 la Corte Constitucional estableció que el Estado\ntiene el deber de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural\ncontra la mujer, especialmente a través de sus jueces y tribunales [251] .\nEn efecto, señaló que las autoridades judiciales, ante casos relacionados con\nla violencia de género, deben adoptar criterios interpretativos diferenciados\nque permitan valorar la tensión entre los derechos del agresor y de la víctima,\nasí como implementar medidas dirigidas a evitar la invisibilización o\nnormalización de la violencia contra la mujer. Lo anterior, por cuanto en el\nejercicio de la administración de justicia no es tolerable la perpetuación de\nestereotipos de género o discriminatorios [252] .\n\n179.\nEn ese sentido, “los\njueces tienen la obligación constitucional de analizar los hechos, las pruebas\ny las normas en escenarios en los que adviertan manifestaciones de violencia\ncontra la mujer, con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de\nmanera que […] se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente\ndiscriminado” [253] .\nLo anterior, con el fin de evitar que, a través de la administración de\njusticia, se ejerzan actos de revictimización de la mujer y se perpetúen\nestereotipos que restringen el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales\npor parte de aquella [254] .\n\n180.\nDe la misma manera,\nen la Sentencia T-172 de 2023 la Corte Constitucional advirtió que las\nautoridades judiciales son garantes del derecho de las mujeres a una vida libre\nde violencias y, en esa medida, deben tener en cuenta el contexto que circunda\nlos hechos bajo estudio, valorar la tolerancia social que aún existe frente a\neste tipo de agresiones e identificar de manera concreta las necesidades reales\nde las mujeres para el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente\npara acceder a una justicia real y efectiva [255] .\n\n181.\nEn el marco de esta\nobligación de administrar justicia con enfoque de género, la Comisión Nacional\nde Género de la Rama Judicial ha identificado algunos criterios orientadores\npara el trámite y decisión de procesos relacionados con actos de violencia\ncontra la mujer. Estos son: (i) verificar si en el caso concreto proceden\nmedidas especiales cautelares o de protección; (ii) privilegiar la prueba\nindiciaria cuando no sea posible la prueba directa; (iii) argumentar la\nsentencia desde una hermenéutica de género, (iv) identificar la existencia de\nestereotipos, sexismo y la relación desequilibrada de poder, y (v) escuchar la\nvoz de las mujeres, entre otras [256] .\n\n182.\nAsimismo, la Corte\nConstitucional ha identificado que, al aplicar esta perspectiva de género, las\nautoridades judiciales están obligadas a: (i) fallar con imparcialidad,\nalejadas de sesgos personales, prejuicios o estereotipos de género [257] ;\n(ii) actuar de manera diligente, célere y responsable en la promoción del\nproceso [258] ,\nde manera tal que se asegure una investigación exhaustiva, oportuna e imparcial [259]\ny (iii) valorar el caso conforme con el principio de interseccionalidad, según\nel cual debe aplicarse un enfoque analítico en el que se reconozca que la\npersona puede experimentar, a la vez, diversas formas de discriminación,\n“debido a que posee una identidad compleja atravesada por múltiples matrices de\nopresión, creando, de esta manera, situaciones diferenciales de exclusión” [260] .\nRespecto de esta última obligación, deben tenerse en cuenta factores como la\nidentidad étnico-racial, la condición de discapacidad, la confesión religiosa o\nespiritualidad y la situación socio-económica, entre otros.\n\n183.\nCon fundamento en lo\nanterior, en la Sentencia T-326 de 2023, reiterada en la Sentencia T-149 de\n2025, esta Corporación también estableció que, en aplicación de la perspectiva\nde género en la labor jurisdiccional, las autoridades judiciales están obligadas\na proteger las siguientes garantías procesales y sustanciales de las mujeres:\n(i) el derecho a no ser confrontadas personalmente con el agresor; (ii)\npermitir la participación de la presunta víctima y adoptar medidas para\ngarantizar que esta sea escuchada y declare libremente; (iii) acceder a la\ninformación sobre el estado de la investigación o del procedimiento respectivo;\n(iv) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación,\nprivilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas\nresulten insuficientes y (v) adoptar las medidas de protección en un plazo\nrazonable, en atención a las circunstancias del caso concreto.\n\n184.\nFinalmente, esta Sala\nestima relevante advertir que la administración de justicia desde la\nperspectiva de género tiene el fin de: (i) eliminar prácticas que tiendan a la\nrevictimización, a no dar credibilidad a las versiones rendidas por las\nvíctimas y a no investigar todas las circunstancias que se relacionan con los\ncasos de violencia de género [261] ;\n(ii) actuar de manera célere [262] ;\n(iii) reconocer las asimetrías históricas e imposibilidades probatorias en las\nque se puedan encontrar las víctimas de violencia de género [263] y (iv)\ndesplegar todas las actividades de investigación requeridas y valoración\nrazonable y exhaustiva de las pruebas recaudadas [264] .\n\nIII. CASO CONCRETO\n\n1. Metodología de la decisión\n\n185.\nL a Sala precisa que para decidir el asunto objeto de\nexamen: (i) se advertirá la aplicación del enfoque de género para el análisis\ndel caso concreto. (ii) Se expondrán las reglas\ny subreglas jurisprudenciales aplicables; (iii) se hará referencia a los hechos\nprobados; (iv) se verificará la naturaleza del perfil de la accionante en Facebook\ny de su labor como gestora social y persona social y políticamente relevante;\n(v) se examinará el uso que el accionado les da a sus perfiles en Facebook y su\nlabor como activista político y social y veedor ciudadano. Posteriormente, (vi)\nse verificará la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. A\ntal efecto se analizará, en primer lugar, la violación de los derechos a una vida libre de violencias, a la\nigualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad\nhumana y a la intimidad personal y familiar y, en segundo lugar, lo relacionado con los derechos a la honra y buen\nnombre . Luego,\n(vii) se evaluará la procedencia de las medidas solicitadas por la accionante\nen el escrito de tutela y, para ello, se aplicará el juicio integrado de\nproporcionalidad de intensidad estricto. Finalmente, se presentarán los\nremedios constitucionales a adoptar.\n\n186.\nAl respecto, la Sala estima\nnecesario advertir que este caso reviste un alto grado de complejidad porque\ncomprende tensiones relacionadas con la participación política y el control\nsocial a la gestión pública, la especial protección de la libertad de expresión\ny la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Por tal\nrazón, se realizará un análisis cuidadoso que no se sustentará exclusivamente\nen la individualidad y literalidad de los contenidos, sino que tendrá en cuenta\ntodos los elementos de contexto que circundan el caso concreto. Lo anterior,\ncon el fin de llevar a cabo un examen detallado sobre las alegaciones de la\naccionante, pero también de aquellas propuestas por el demandado.\n\n187.\nComo se advirtió en\nla delimitación del asunto objeto de revisión y en el planteamiento del\nproblema jurídico, es imprescindible que la Corte Constitucional se pronuncie\nsobre el contenido y alcance de los derechos fundamentales en tensión, esto es la participación política y el control social de la\ngestión pública y la libertad de expresión, por un lado, y las garantías\nconstitucionales a una\nvida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la\nintegridad, a la dignidad humana; a la intimidad personal y familiar; a la honra y al buen nombre, por el otro . Al respecto, la Sala advierte que aplicará enfoque\nde género. Lo anterior, en consideración al contexto que rodea el litigio bajo\nestudio, las condiciones particulares de la accionante, los argumentos\npresentados por aquella sobre la ocurrencia de actos de violencia de género en\nsu contra en medios digitales, el contexto de violencia contra mujeres con\nreconocimiento público y político y la relevancia constitucional de erradicar\ntodas las formas de discriminación y violencia contra la mujer.\n\n188.\nAdicionalmente, la Sala observa que, en el asunto bajo\nexamen, el juicio estricto de proporcionalidad es el mecanismo idóneo para\nevaluar la procedencia de las pretensiones propuestas por la accionante. Lo\nanterior, por cuanto: (i) permite adoptar mecanismos dirigidos a lograr la\nsatisfacción de los dos grupos de derechos sin sacrificar el goce y ejercicio\nde ninguno; (ii) garantiza que los actos constitutivos de violencia de género\nse acrediten como tal por su contenido y, en consecuencia, que su existencia no\ndependa de factores externos como la cantidad de seguidores o visitas en los\nperfiles digitales del emisor o el alcance de difusión, reproducción o\ninteracción y (iii) asegura que los derechos en tensión no sean restringidos a\ntravés de medidas desproporcionadas y que se avance en la protección de la\nlibertad de expresión y el control político, en la garantía de los derechos de\nla mujer y en que los entornos de debate público, tanto digitales como físicos,\nsean seguros para las mujeres que tienen voz y reconocimiento público.\n\n2.\nReglas jurisprudenciales aplicables\n\n189.\nPrevio a analizar el\ncaso concreto, la Sala recordará de manera esquemática las reglas\njurisprudenciales relacionadas con (i) la participación política y el control\nsocial a la gestión pública en el contexto de la ciudadanía y democracia\ndigital; (ii) el contenido y alcance de la libertad de expresión,\nespecíficamente en relación con las personas con reconocimiento público; (iii)\nla naturaleza jurídica y las funciones de los gestores sociales; (iv) la\nviolencia digital de género y la hipersexualización del cuerpo de las mujeres\ncomo manifestación de la misma y (v) la administración de justicia con enfoque\nde género.\n\nTabla 8. Reglas jurisprudenciales\naplicables\n\nParticipación\npolítica y control social en el contexto de la ciudadanía y democracia\ndigital\n\n1.\nLa participación política no se restringe al ejercicio del derecho al voto\nsino a la inclusión efectiva de la ciudadanía en la conformación, ejercicio y\ncontrol de los poderes públicos. Se compone, entre otros, de los siguientes\nderechos: (i) elegir y ser elegido; (ii) participar en elecciones,\nplebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación\ndemocrática; (iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas\nsin ninguna limitación; (iv) interponer acciones públicas en defensa de la\nConstitución y la ley; (v) difundir ideas y programas políticos; (vi) revocar\nel mandato de funcionarios electos y (v) acceder al desempeño de funciones y\ncargos públicos.\n\n2.\nMediante la participación política y en ejercicio de los derechos políticos\nque la conforman, los ciudadanos ejercen control y vigilancia de los poderes\npúblicos; reformulan los mecanismos de distribución de poder y de toma de\ndecisiones; adquieren injerencia efectiva en los asuntos públicos; exigen de\nlas autoridades la asunción de compromisos tendientes a la maximización de\nlos derechos fundamentales y aseguran la adecuación del ejercicio de las\nfunciones públicas conforme con las necesidades sociales concretas y las\nnuevas dinámicas de relacionamiento entre la ciudadanía y los agentes\nestatales.\n\n3.\nLa restricción de la participación política y de los derechos a través de los\ncuales se manifiesta, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i)\nprevisión legal o constitucional, (ii) no ser discriminatoria; (iii)\ndirigirse a un fin útil y oportuno con el fin de satisfacer un interés\npúblico imperativo; (iv) ser proporcional y (v) ser necesaria.\n\nLibertad de\nexpresión, específicamente en relación con las personas con reconocimiento\npúblico\n\nLibertad de expresión\n\n1. El contenido de la expresión y el medio de\ndifusión son indivisibles, de manera que las restricciones a las\nposibilidades de divulgación también constituyen, en principio, una vulneración\nde la libertad de expresión.\n\n2. Escrutinio estricto de las medidas restrictivas a\ntravés del examen de los siguientes factores:\n\n·\nQue la medida tenga un fundamento\nlegal y constitucional, y q ue\npersiga un fin constitucionalmente imperioso.\n\n·\nQue el medio o\nmedida sea efectivamente conducente y necesaria para alcanzar el fin\npropuesto (que no haya otros medios menos lesivos).\n\n·\nQue sea proporcional\nen sentido estricto (que no suponga una restricción excesivamente intensa\npara la libertad de expresión).\n\n3.\nLos discursos prohibidos son: el discurso de odio, la propaganda a favor de\nla guerra, la apología al delito, la incitación a cometer genocidio y la\npornografía infantil. Asimismo, en las sentencias C-317 de 2024, T-149 de\n2025 y T-158 de 2026 se reconoció que los discursos, por medio de los cuales\nse ejerce violencia de género contra las mujeres, no están amparados bajo el\nestándar de protección de la libertad de expresión.\n\n4.\nEl estándar de protección y las reglas para imponer limitaciones a la\nlibertad de expresión son iguales en el ejercicio en línea o por medios\ndigitales.\n\n5.\nLos usuarios en redes sociales también son responsables por el contenido de\nlos mensajes con los que interactúan, aunque su titularidad no les pueda ser\natribuida.\n\nLibertad\nde expresión respecto de personas con reconocimiento público\n\n6.\nAunque se predique un mayor estándar de tolerancia a las críticas por parte\nde los personajes públicos, con fundamento en su exposición voluntaria,\naquellas no pueden extrapolarse o centrarse en la persona, en asuntos de su\nesfera privada e íntima que no tienen ninguna relación con el interés público\nde la labor que ejercen o de la relevancia social que ostentan y, por ende,\ndeben ampararse los derechos fundamentales de los personajes públicos ante\naquellos cuestionamientos que no tengan\nninguna relación con el ejercicio de sus labores públicas o que se formulen\nen términos vejatorios.\n\n7.\nEn estos casos deben analizarse los criterios establecidos en la Sentencia\nSU-420 de 2019 que corresponden a: quién comunica, sobre quién se comunica y\ncómo se comunica.\n\nNaturaleza\njurídica y funciones de los gestores sociales\n\n1. Las y los gestores sociales no\nostentan el carácter de servidor público, no ejercen empleo público y son\nparticulares ante la administración pública.\n\n2. Ejercen funciones de acompañamiento\nen tareas protocolarias e institucionales, asistencia social, beneficencia\npública o actividades análogas.\n\n3. Las y los gestores sociales no se encuentran investidos de una competencia\nadministrativa general. No existe disposición legal vigente que les otorgue a\ndichos particulares funciones públicas, capacidad decisoria, ordenación del\ngasto, administración autónoma de recursos públicos o responsabilidad directa\nsobre ejecución de planes, programas o proyectos estatales.\n\n4. Las y l os gestores sociales no se encuentran, por esa sola\ncondición, sometidos a la obligación legal de rendición de cuentas. No\nobstante, ello no significa que\nsus actuaciones puedan sustraerse de los principios de transparencia y\npublicidad cuando se desarrollen con apoyo institucional. En tales eventos,\nla obligación de informar y rendir cuentas respecto del empleo de dichos\nrecursos, de los programas institucionales y de los resultados obtenidos\ncorresponde a la respectiva entidad [265] .\n\nViolencia de\ngénero y la hipersexualización del cuerpo de las mujeres como manifestación\nde la misma\n\n1.\nLa instrumentalización y cosificación del cuerpo femenino en los espacios\ndigitales constituye una manifestación particularmente grave de violencia de género\ncuando el cuerpo es utilizado para desplazar la discusión sobre las ideas o\nactuaciones de una mujer y convertir su corporalidad en el objeto central de\nla agresión. La conducta adquiere una dimensión adicional cuando pretende\nafectar a una mujer que ejerce su libertad de expresión, participa en asuntos\nde interés público o desarrolla una actividad profesional visible, pues en\ntales casos el ataque puede tener como finalidad no solo menoscabar sus\nderechos individuales, sino también limitar su presencia y afectar su\ncredibilidad, reconocimiento, capacidad de intervención y representatividad.\n\n2.\nLos casos relacionados con tensiones entre el derecho de las mujeres a una\nvida libre de violencia y otros derechos fundamentales como la libertad de\nexpresión y la participación, entre otros, deben ser analizados con\nfundamento en los siguientes criterios:\n\n·\nNo basarse\nexclusivamente en un criterio de literalidad o contenido explícito del\nmensaje, para examinar la existencia de estereotipos de género o patrones de\ndiscriminación.\n\n·\nAdoptar un enfoque\ninterseccional con el fin de identificar si existen múltiples patrones de\nviolencia contra la mujer víctima.\n\n·\nIdentificar el\naparte específico que se considera constitutivo de violencia de género.\n\n·\nExaminar el contexto\nen el que se insertan estos contenidos o actos.\n\n·\nValorar en su\nconjunto los contenidos, actos o mensajes que se alegan violentos, para lo\ncual debe analizarse la periodicidad de los mismos y su reiteración e\nidentificar el estereotipo de género o factor de discriminación en el que se\nfundamentan.\n\n·\nEfectuar un juicio\nestricto de proporcionalidad para resolver la tensión de derechos.\n\n3.\nEn los eventos en los que una mujer ha sido objeto de ataques digitales relacionados con su cuerpo o apariencia\nfísica, el juez constitucional debe adoptar un análisis con perspectiva de\ngénero y valorar la conducta de manera contextual e integral. Ello implica\ndeterminar, entre otros aspectos, (i) si la mujer víctima tiene voz y\nreconocimiento público; (ii) si las expresiones se sustentan en estereotipos\nde género, sexualización, cosificación o degradación de la mujer; (iii) si\nexiste una dinámica reiterada de violencia, acoso, hostigamiento o\ndesprestigio y (iv) si por sus características, estos contenidos pueden\nproducir un efecto inhibidor o silenciador sobre su participación en el\nespacio público.\n\nAdministración de justicia con\nenfoque de género\n\n1. La administración de justicia con perspectiva de\ngénero implica que las autoridades judiciales están obligadas a: (i) fallar con imparcialidad, alejadas de sesgos\npersonales, prejuicios o estereotipos de género; (ii) actuar de manera\ndiligente, célere y responsable en la promoción del proceso, de manera tal\nque se asegure una investigación exhaustiva, oportuna e imparcial y (iii)\nvalorar el caso conforme con el principio de interseccionalidad.\n\n3.\nHechos probados\n\n190.\nLa Sala verificará\nlos hechos probados en el presente asunto de conformidad con la clasificación\nque se expone a continuación.\n\n191.\nEn relación con la\naccionante, el accionado, la naturaleza y uso de los perfiles en Facebook\nadministrados por aquellos y sobre las herramientas disponibles en Facebook y\nque inciden en escenarios de violencia digital de género se acreditó lo\nsiguiente:\n\nTabla\n9. Hechos probados\n\nTemática\n\nHechos\nprobados\n\nLa accionante,\nel rol que ejerce en el municipio de Arauca y la naturaleza y uso de su\nperfil en Facebook\n\n1. En el trámite de\nrevisión, se acreditó que Stephany Dayana Ortiz Tafur es gestora social del\nmunicipio de Arauca en su calidad de esposa del alcalde de dicha entidad\nterritorial.\n\n2. Se demostró que, en\ncalidad de gestora social, no es servidora pública ni ejerce un empleo\npúblico. Sus funciones se relacionan con actividades de carácter\nprotocolario, social y de beneficencia. En efecto, ejerce apoyo institucional orientado a promover\nprogramas y actividades en beneficio de poblaciones vulnerables y a\nfortalecer el vínculo entre la administración municipal y la comunidad.\n\n3. La accionante es titular de la cuenta de Facebook\nque se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/1PjvjYz9WG/?mibextid=wwXIfr . Respecto de aquella se demostró lo siguiente:\n\n·\nEn su perfil se\nidentifica como “Stephany Ortiz Tafur”, figura pública y gestora social del\nmunicipio de Arauca para el período 2024-2027. No obstante, no se trata de\nuna cuenta institucional.\n\n·\nPara el momento de\nla inspección judicial, contaba con 25 mil seguidores, 549 seguidos y\naproximadamente 4 mil publicaciones.\n\n·\nLa accionante\ndivulga, de manera mixta, información de carácter personal y datos\nrelacionados con su gestión como gestora social del municipio de Arauca.\nTambién comparte o divulga información relativa con las actividades\ninstitucionales de la alcaldía municipal de Arauca y los contenidos\ndifundidos en los perfiles oficiales de dicha entidad.\n\n·\nDentro de los\nseguidores de la accionante no se encontró ninguno de los perfiles\nadministrados por Cristian Camilo Paredes Forero.\n\nEl accionado,\nsu rol social y sus perfiles en Facebook\n\n1. El accionado se reconoce a sí mismo\ncomo creador digital, activista social y político y veedor ciudadano.\n\n2. En ejercicio del control social, participa\nactivamente en debates sobre asuntos de interés general, difunde información\ny opina sobre la gestión institucional y de servidores públicos,\nespecialmente de aquellos del municipio de Arauca.\n\n3. Se demostró que es titular de dos\ncuentas en Facebook en las cuales se identifica como “Cristian Forero” y\n“creador digital”. Estas cuentas se encuentran en los siguientes enlaces: (i)\nperfil n.° 1 https://www.facebook.com/share/1DJe11P19R/?mibextid=wwXIfr y (ii) perfil n.° 2 https://www.facebook.com/share/1VJWJEioVL/?mibextid=wwXIfr . Respecto de aquellos se acreditó lo\nsiguiente:\n\n·\nPerfil n.° 1:\n\n-\nEs una cuenta de\ncarácter público y sus publicaciones se difunden sin restricciones de\nvisualización.\n\n-\nPara el momento de\nla inspección judicial, esta cuenta tenía: 11 mil seguidores, 660 seguidos y\naproximadamente 7.400 publicaciones.\n\n-\nDentro de este\nperfil se encontraron etiquetas relacionadas con el perfil de Facebook de\nStephany Ortiz Tafur.\n\n-\nPublica mensajes,\nimágenes y videos relacionados con diversos asuntos de interés general,\ninformación institucional de la alcaldía municipal de Arauca, asuntos de\npolítica nacional, opiniones sobre temas de distinta índole y también algunos\ncontenidos de carácter personal. Se comparten contenidos difundidos por otros\nusuarios, medios de comunicación o entidades estatales.\n\n-\nAlgunas imágenes\ncontenidas en las publicaciones que realiza el accionado son tomadas de otros\nperfiles de usuarios e incluso algunos de los contenidos evidenciados están\nidentificados, por parte de la plataforma, como creaciones por medio de\ninteligencia artificial.\n\n·\nPerfil n.° 2:\n\n-\nEs una cuenta de\ncarácter público y sus publicaciones se difunden sin restricciones de\nvisualización.\n\n-\nPara el momento de\nla inspección judicial, esta cuenta tenía aproximadamente: 1.800 seguidores,\n248 seguidos y 1.300 publicaciones.\n\n-\nDentro de este\nperfil no se encontraron etiquetas relacionadas con el perfil de Facebook de\nStephany Ortiz Tafur.\n\n-\nPublica mensajes,\nimágenes y videos relacionados con diversos asuntos de interés general,\ninformación institucional de la alcaldía municipal de Arauca, asuntos de\npolítica nacional, opiniones sobre temas de distinta índole y también algunos\ncontenidos de carácter personal. Se comparten contenidos difundidos por otros\nusuarios, medios de comunicación o entidades estatales. Este perfil es usado\npara replicar los contenidos que el accionado ha divulgado en el perfil n.°\n1.\n\n-\nAlgunas imágenes\ncontenidas en las publicaciones que realiza el accionado son tomadas de otros\nperfiles de usuarios e incluso algunos de los contenidos evidenciados están\nidentificados, por parte de la plataforma, como creaciones por medio de\ninteligencia artificial.\n\n4.\nAunque el accionado, en sede de revisión, manifestó que eliminó todos los\ncontenidos relacionados con la accionante e identificados en el escrito de\ntutela, durante la inspección judicial se demostró la permanencia de algunos\nde estos en sus cuentas de Facebook e incluso la difusión de nuevas publicaciones\nen las que se refiere directa o indirectamente a la accionante.\n\nLas\nherramientas disponibles en Facebook y que inciden en escenarios de violencia\ndigital de género\n\nSe evidenció que en las herramientas de\nreporte de contenidos, mensajes o comentarios publicados en Facebook no\nexiste ningún instrumento que de manera específica se dirija a denunciar\npublicaciones por violencia de género digital.\n\n192.\nEn relación con la publicación\nde contenidos relacionados con la accionante por parte del demandado, se\nacreditó que aquel crea, publica y difunde, en sus cuentas en Facebook,\ncontenidos en los que se refiere directa e indirectamente a la accionante.\nAdicionalmente, algunas de las publicaciones identificadas en el trámite\nconstitucional se refieren al cuerpo, la apariencia física, el rol social y la\nconducta de Stephany Dayana Ortiz Tafur. Al respecto, la Sala reitera que estos\ncontenidos se identificarán en el anexo reservado de esta sentencia.\n\n4.\nLa naturaleza del perfil de la accionante en Facebook y de su labor como\ngestora social\n\n193.\nTanto en el escrito\nde tutela como en las respuestas remitidas a esta Corporación durante el\ntrámite de revisión, Stephany Dayana Ortiz Tafur señaló que se desempeña como\ngestora social del municipio de Arauca, en calidad de esposa del alcalde.\nAsimismo, indicó que, aunque no es servidora pública y su cuenta en Facebook es\nde carácter personal, también es usada como mecanismo para la difusión de\ninformación de interés público en asuntos institucionales de la alcaldía de\nArauca, reportes de su labor como gestora social y divulgación de información\nsobre eventos, noticias o actividades de interés para la ciudadanía y,\nespecialmente, para la población de Arauca. Incluso, la accionante divulga\ncontenidos dirigidos a promover campañas políticas o apoyar a candidatos para\nelecciones populares. En efecto, durante la inspección judicial se evidenció\nque las publicaciones que se efectúan en el perfil de Facebook de la accionante\nson de naturaleza mixta pues, aunque no es una cuenta que se destine\nexclusivamente a un uso personal, tampoco puede ser clasificada como un perfil\ninstitucional.\n\n194.\nPor lo expuesto, la\nSala estima que la accionante es\npúblicamente visible por su labor como gestora social y por el uso de Facebook\npara difundir actividades institucionales, mensajes políticos y contenidos de\ninterés general. En ese\nespacio ejerce sus derechos de participación política. Lo anterior, en la medida en que divulga\nmensajes de expresión política y de apoyo a determinadas campañas. Además,\nbusca adquirir la confianza de la ciudadanía, fortalecer su credibilidad y\nliderazgo frente a la comunidad, participa activamente en la ejecución de\nprogramas y proyectos propios de la agenda de gobierno de la alcaldía municipal\nde Arauca y promueve la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. En\nefecto, la accionante en sede de revisión afirmó que los hechos que dieron\norigen al proceso de tutela afectan su desempeño como gestora social porque:\n\n“La\nnaturaleza de ese cargo exige cercanía permanente con la comunidad,\ncredibilidad, confianza y legitimidad para liderar programas sociales, promover\ncampañas institucionales y representar iniciativas de interés público. Sin\nembargo, la campaña sistemática de desprestigio desarrollada por el accionado\nha buscado precisamente erosionar esa confianza ciudadana. […] La violencia\ndigital ejercida en este caso no solo ha lesionado derechos individuales como\nla honra, el buen nombre y la dignidad humana, sino que también ha interferido\nen el cumplimiento de la función social que desempeña la accionante, al\ndebilitar su imagen institucional frente a la comunidad y obstaculizar el\ndesarrollo de las actividades propias de su gestión” [266] .\n\n195.\nAl respecto, se\nadvierte que estas garantías constitucionales no se restringen exclusivamente a\nescenarios relacionados con ser candidato en contiendas electorales o a\nostentar un cargo público de elección popular. En efecto, el artículo 3° de la\nLey 2453 de 2025 define la participación política de las mujeres de la\nsiguiente manera: “ [s]e entiende como el derecho de las mujeres a intervenir en\nla postulación, conformación, ejercicio y control del poder político y la toma\nde decisiones en la esfera pública, de manera complementaria a los procesos\nelectorales. Estas formas de participación incluyen el ejercicio de los\nmecanismos, formas, espacios, canales e instancias de participación ciudadana”.\n\n196.\nCon fundamento en lo anterior,\nla Sala estima que el perfil de Stephany Dayana Ortiz Tafur en Facebook, a\npesar de ser de titularidad personal, constituye un medio de comunicación de\ninformación pública y un foro público de debate y participación ciudadana. Lo\nanterior, al tener en cuenta el contexto de democracia digital y de ciudadanía\ndigital. En efecto, tal naturaleza se sustenta en los siguientes criterios [267] :\n\nTabla 10. Estudio de la naturaleza del perfil de\nFacebook de la accionante\n\nCriterio\n\nAnálisis\n\nNivel de privacidad\n\nConforme\ncon el material probatorio obrante en el expediente, así como con las\nafirmaciones efectuadas por la accionante, su perfil en Facebook es de\ncarácter público. En principio, cualquier persona puede acceder al mismo y\nconsultar los contenidos que allí se divulgan.\n\nCaracterísticas de las cuentas\n\nEn\nla descripción del perfil de la accionante en Facebook, Stephany Dayana Ortiz\nTafur se identifica como figura pública y gestora social del municipio de\nArauca para el período 2024-2027. En algunas de sus publicaciones, aparece el\nlogo institucional de la alcaldía municipal de Arauca.\n\nUso de los perfiles\n\nEn\nsede de revisión Stephany Dayana Ortiz Tafur afirmó que usa su perfil en\nFacebook para la divulgación de información relacionada con actividades\npersonales y familiares, pero también para informar sobre actividades\ncomunitarias, sociales, culturales, educativas e institucionales, así como\n\neventos\ny programas desarrollados en ejercicio de su rol como gestora social del\nmunicipio de Arauca.\n\nForma en la que se comunica y contenido de la\ninformación\n\nEn\neste contexto, la accionante, en su perfil de Facebook, informa a la\nciudadanía en general a través de textos,\nfotos y videos, sobre las distintas actividades que realiza en ejercicio de\nsu labor como gestora social. Asimismo, interactúa y comparte publicaciones\nde otras instituciones del Estado, especialmente de la alcaldía municipal de\nArauca.\n\n197.\nCon fundamento en lo\nanterior, la Sala estima que el espacio abierto por Stephany Dayana Ortiz Tafur\nen Facebook constituye un foro o espacio público de acceso a información,\nexpresión, debate y participación. Ello, a pesar de que la accionante es la titular\npersonal de esta cuenta y esta no pertenece a la institución pública de la que\nhace parte su compañero.\n\n198.\nEn efecto, el uso que\nla accionante les da a estos perfiles y que ella misma reconoce, indica que por\nmedio de estas plataformas cumple con sus labores como gestora social en calidad\nde una persona visiblemente pública y en ejercicio de sus derechos políticos de\nparticipación en la gestión de los asuntos públicos, de representación y de\nliderazgo comunitario. En ese sentido, los datos allí publicados constituyen\ninformación de interés público cuyo acceso, en principio, no puede ser\nrestringido.\n\n199.\nAdicionalmente, tal\nnaturaleza implica que el análisis de las presuntas afectaciones se haga\nmediante la aplicación de los estándares jurisprudenciales previamente\ndescritos, con los cuales se busca concretar la protección constitucional de la\nmujer a tener una vida libre de violencias cuando tienen relevancia pública y\npolítica, y dicha violencia se da en entornos digitales.\n\n5.\nLa naturaleza y el uso de las cuentas del accionado en Facebook y su labor como\nactivista político y social y veedor ciudadano\n\n200.\nCon fundamento en el\nmaterial probatorio obrante en el proceso se acreditó que el accionado ejerce\nactividades ciudadanas de control político y social sobre la gestión de\ndiversas entidades y servidores públicos, especialmente de la alcaldía del\nmunicipio de Arauca. En efecto, el demandado se identifica como activista\npolítico y social, y veedor ciudadano, así como se evidencia que ejerce dichas\nlabores por medio de las cuentas que administra en Facebook. En estas divulga\nnoticias y opiniones sobre distintos asuntos relacionados con la actualidad\nnacional y, específicamente, con la gestión del alcalde de Arauca y de la\ngestora social. Adicionalmente, por medio de sus perfiles participa en debates\npolíticos, invita a sus seguidores a participar y opinar en sus publicaciones e\ninteractúa con instituciones estatales y medios de comunicación.\n\n201.\nAl respecto, se\nacreditó que dicha labor se dirige principalmente a ejercer control político\nrespecto de quienes ejercen funciones públicas o desempeñan labores de apoyo a\nlas instituciones. Por lo regular, el accionado en sus publicaciones usa un\ntono fuerte, chocante e incluso ofensivo, como mecanismo de crítica política.\nExpresiones que, conforme con la jurisprudencia constitucional reseñada, están\nen principio amparadas por la libertad de expresión y la especial protección de\nlos discursos sobre asuntos de interés general, aquellos que se derivan de la\nparticipación política o que incluso se refieren a servidores o personajes\npúblicos.\n\n202.\nEntre dichas\npublicaciones, el accionado ha divulgado, a través de Facebook, varias\npublicaciones en las que se refiere a Stephany Dayana Ortiz Tafur. Al respecto,\ncabe reiterar que en ocasiones no utiliza menciones directas al perfil de la\naccionante, sino que se refiere a ella como “pájara 2”, “Tefyta”, “gestora\nsocial” o “primera dama”. No obstante, estos no constituyen la totalidad de su\nactividad participativa y, en consecuencia, no son espacios usados\nexclusivamente para analizar, controlar, criticar y/o presuntamente agredir a\nla demandante.\n\n203.\nPor lo expuesto, la Sala encuentra que la actividad ciudadana de participación\ny control político y social por parte del demandado, desplegada en Facebook, es\nen principio una genuina manifestación de los derechos a la libertad de\nexpresión y a la participación política. Evidentemente, el accionado utiliza\nexpresiones que pueden ser chocantes, incómodas, ofensivas y fuertes, para\nreferirse a la gestión pública y política desplegada por instituciones,\nfuncionarios e incluso por la accionante en calidad de gestora social, lo cual,\na juicio de esta Sala, constituye un discurso legítimo y protegido por la\nlibertad de expresión pues, tratándose de persona con relevancia pública, está\nsometida a un nivel mayor de tolerancia.\n\n6.\nAnálisis de las publicaciones acusadas\n\n6.1. Los actos constitutivos de violencia de género ejercidos\npor Cristian Camilo Paredes Forero contra Stephany Dayana Ortiz Tafur\n\n204.\nLa Sala advierte que\neste análisis se centrará en aquellas publicaciones que configuran ataques\ndirectos o indirectos contra la accionante y en relación con su cuerpo, su\napariencia física, su rol en la sociedad, sus capacidades, su conducta y su rol\nsocial.\n\n205.\nEn el caso concreto,\nla Sala observa que, al margen del tono chocante o incómodo con el que\nregularmente el accionado ejerce sus derechos a la participación política y a\nla libertad de expresión, algunos contenidos dirigidos contra Stephany Dayana\nOrtiz Tafur constituyen violencia de género y, por ende, no están amparados por\nla libertad de expresión. Esto, a partir de los mensajes e imágenes publicadas\npor el accionado en sus cuentas de Facebook.\n\n206.\nEn específico, las\npublicaciones que a juicio de esta Sala perpetúan estereotipos de género y\nvulneran los derechos de la accionante por el hecho de ser mujer son los\nreferidos en el numeral 4\ndel anexo reservado de esta sentencia. Aquellas imágenes no se incorporan en el\ncuerpo de esta providencia porque, tal y como se advirtió con anterioridad, se\npretende evitar un escenario de revictimización. No obstante, fueron descritas de\nmanera general en las tablas 1, 2 y 5 e identificadas con los n.° 1, 5, 6, 9,\n10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45,\n46, 78, 79 y 80. Estos contenidos, pueden ser clasificados como se expone a\ncontinuación, según el estereotipo de género que reproducen:\n\nTabla 11. Publicaciones que se refieren al\ncuerpo de la accionante, su apariencia física y a cirugías estéticas\n\nSobre la\napariencia física y el cuerpo de la accionante y en relación con cirugías\nestéticas\n\nPublicaciones\n\nEstereotipo\n\nImagen 1\n\nSexualiza el cuerpo de la accionante al\nutilizar su imagen para referirse a cirugías estéticas.\n\nImagen 5\n\nCrítica directa a la apariencia física\nde la accionante y convierte su cuerpo en objeto de debate público, al\nincentivar opiniones sobre el mismo.\n\nImagen 6\n\nRidiculiza la apariencia física y forma\nde vestir de la accionante.\n\nImagen 9\n\nSexualiza el cuerpo de la accionante al\nutilizar su imagen para referirse a cirugías estéticas.\n\nImagen 10\n\nCrítica directa a la apariencia física\nde la accionante y convierte su cuerpo en objeto de debate público, al\nincentivar opiniones sobre el mismo. Además, asocia su cuerpo y la realización\nde cirugías estéticas con la comisión de conductas ilícitas.\n\nImagen 13\n\nSexualiza el cuerpo de la accionante al\nutilizar su imagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, asocia su\ncuerpo con la comisión de conductas ilícitas.\n\nImagen 14\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, cosifica su cuerpo al\nentender que el mismo es propiedad de un hombre, quien decide sobre este. En\nesa medida anula la autonomía de la mujer.\n\nImagen 15\n\nRidiculiza la apariencia física de la accionante.\n\nImagen 16\n\nSexualiza el cuerpo de la accionante al\nasociarlo a cirugías estéticas.\n\nImagen 17\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, cosifica su cuerpo al\nentender que el mismo es propiedad de un hombre, quien decide sobre este. En\nesa medida anula la autonomía de la mujer.\n\nImagen 18\n\nCrítica directa a la apariencia física\nde la accionante. Además, asocia su cuerpo y la realización de cirugías\nestéticas con la comisión de conductas ilícitas.\n\nImagen 19\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, cosifica su cuerpo al\nentender que el mismo es propiedad de un hombre, quien decide sobre este. En\nesa medida anula la autonomía de la mujer. También asocia la apariencia\nfísica de la accionante a la realización de conductas ilícitas.\n\nImagen 21\n\nCrítica directa a la apariencia física\nde la accionante y convierte su cuerpo en objeto de debate público, al\nincentivar opiniones sobre el mismo.\n\nImagen 23\n\nCrítica directa a la apariencia física\nde la accionante y convierte su cuerpo en objeto de debate público, al\nincentivar opiniones sobre el mismo. Además, asocia su cuerpo y la\nrealización de cirugías estéticas con la comisión de conductas ilícitas.\n\nImagen 24\n\nSexualiza y ridiculiza el cuerpo de la\naccionante al utilizar su imagen para referirse a cirugías estéticas.\nAsimismo, asocia su cuerpo con la comisión de conductas ilícitas.\n\nImagen 34\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, convierte su cuerpo en\nobjeto de debate público, al incentivar opiniones sobre el mismo.\n\nImagen 35\n\nSexualiza y ridiculiza el cuerpo de la\naccionante al utilizar su imagen y apariencia física para referirse a\ncirugías estéticas.\n\nImagen 36\n\nSexualiza y ridiculiza el cuerpo de la\naccionante al utilizar su imagen y apariencia física para referirse a\ncirugías estéticas.\n\nImagen 37\n\nCrítica directa a la apariencia física\nde la accionante. Sexualiza y ridiculiza el cuerpo de la accionante al\nutilizar su imagen y apariencia física para referirse a cirugías estéticas.\n\nImagen 42\n\nSexualiza el cuerpo de la accionante al\nutilizar su imagen para referirse a cirugías estéticas.\n\nImagen 45\n\nRidiculiza la apariencia física de la\naccionante.\n\nImagen 46\n\nSexualiza el cuerpo de la accionante al\nutilizar su imagen para referirse a cirugías estéticas. Adicionalmente, usa\nestas imágenes para desacreditar sus capacidades, inteligencia y calidades\npersonales.\n\nImagen 78\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, convierte su cuerpo en\nobjeto de debate público, al incentivar opiniones sobre el mismo.\n\nImagen 79\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, cosifica su cuerpo al\nentender que el mismo es propiedad de un hombre, quien decide sobre este. En\nesa medida anula la autonomía de la mujer. También asocia la apariencia\nfísica de la accionante a la realización de conductas ilícitas.\n\nImagen 80\n\nSexualiza a la accionante al utilizar su\nimagen para referirse a cirugías estéticas. Asimismo, cosifica su cuerpo al\nentender que el mismo es propiedad de un hombre, quien decide sobre este. En\nesa medida anula la autonomía de la mujer. También asocia la apariencia física\nde la accionante a la realización de conductas ilícitas.\n\nTabla 12. Publicaciones que se refieren al\nrol social de la accionante y a su intimidad personal y familiar\n\nSobre el rol\nsocial de la accionante y a su intimidad personal y familiar\n\nPublicaciones\n\nEstereotipo\n\nImagen 25\n\nSe refiere al rol que, a juicio del\naccionado, debe ejercer la tutelante en la sociedad. Específicamente, a\nlabores de aseo y del hogar, excluyéndola así del espacio público.\n\nImagen 40\n\nSe refiere a asuntos propios de la\nintimidad de la accionante y de sus relaciones interpersonales. Se utiliza la\nimagen de la misma para difundir datos sobre infidelidades.\n\nImagen 41\n\nSe refiere al rol que, a juicio del\naccionado, debe ejercer la tutelante en la sociedad. Específicamente, a\nlabores de cuidado de su pareja, excluyéndola así del espacio público.\n\n207.\nComo se evidenció en\nlas tablas anteriores, algunos de los contenidos referenciados tanto en el\nescrito de tutela, como en la respuesta de la accionante a las pruebas\ndecretadas en sede de revisión y también obtenidas durante la inspección\njudicial efectuada, tienen en común que se refieren de manera directa o\nindirecta al cuerpo de la accionante, a su apariencia física, al hecho de que,\na juicio del accionado, aquella se ha sometido a cirugías estéticas o incluso\nrefiere que el esposo la “está transformando” o la “mandó a operar”.\n\n208.\nAdicionalmente, en\nalgunos de estos contenidos se instrumentaliza el cuerpo de la accionante como\nobjeto de debate público, pues por medio de imágenes, mensajes o incluso\nencuestas, el accionado incita a la ciudadanía a opinar sobre la corporalidad y\napariencia física de la demandante. En efecto, tal y como lo identificó la\nexperta Luisa Fernanda Cano Blandón, en el perfil del accionado se reproducen\ncomentarios e interacciones en las que se cuestiona el cuerpo de la gestora\nsocial con expresiones como “Y\nesos labios mal hecho [sic] quien se los hizo”, “eso es hombre o mujer,\nDisculpa mi ignorancia”, “Botox al mil se lava [sic] estallar el rostro” y\n“Aunque la mona se vista de seda mona se queda”, entre otros [268] . Esta situación reproduce patrones de\nviolencia de género en un contexto digital público y masivo y, con ello,\nconvierte el cuerpo de la mujer en un objeto de violencia simbólica.\n\n209.\nEn efecto, este tipo\nde actuaciones se evidencian en las siguientes expresiones divulgadas por el\naccionado, entre otras:\n\n·\nLa publicación de una\nimagen de una mujer desconocida en una clínica y que pareciera haberse sometido\na una cirugía. Acompañada de la fotografía de la accionante y del mensaje\n“bisturí, cámaras, acción” (Imagen 1).\n\n·\nLa difusión de la\nimagen de la accionante en lo que parece ser un evento público, acompañada del\nsiguiente mensaje: “¿Qué opinan ustedes? ¿Mal procedimiento, mala calidad del\nbótox o fue un golpe en la cara? La sonrisa más falsa del mundo” (Imagen 5).\n\n·\nLa difusión de la\nimagen de la accionante en lo que parece ser un evento público, acompañada de\nla siguiente encuesta: ¿cómo les parece físicamente la gestora social? A) Muy\nplástica, B) Muy bonita; C) Como la mujer de un Narco, D) Desproporcionada” (Imagen\n10).\n\n·\nLa publicación de un\nfotomontaje de un billete con la imagen de la accionante, la fotografía de lo\nque parece ser un recipiente con el nombre “Botox” y los mensajes “la mujer, la\ngorra y el botox”, “valor simbólico para favores” y “como no les gustó el del\npescado, pues ahora les traemos esta belleza de billete. Tómese el tiempo de\nver los detalles”. También con emoticones (Imagen 24).\n\n·\nLa publicación de\nfotografías de la accionante y de otras figuras públicas, mostrando un antes y\ndespués y con la siguiente afirmación “que vivan las mujeres luchonas\n#las_mujeres_no_lloran las #Mujeres_Facturan recursos públicos pero facturan” (Imagen\n9).\n\n·\nLa publicación de\nimágenes de la accionante y su esposo con el mensaje “uno no es feo, lo que es,\nes pobre” (Imagen 13).\n\n·\nLa difusión de\nimágenes de la accionante acompañadas de frases como “[…] Juan Quenza pareciera\nque la está transformando” o “[…] para eso la operé?” (Imágenes 14 y 17).\n\n·\nLa divulgación de\nfotografías de la accionante, incluso en vestido de baño o fotografías\nalteradas, con la referencia sistemática al hecho de que, a juicio del\naccionado, la tutelante se ha sometido a cirugías estéticas. Por ejemplo, el\naccionado utilizó mensajes como: “[…] Tanto que criticaba el alcalde a otros\nmandatarios por usar recursos públicos en cirugías estéticas, y vea […] supuestamente\nse estaba haciendo exámenes por un “quiste”… sí, cómo no”; “Que el señor\nalcalde dando cátedra […] de invertir en cirugías estéticas […]”; “la ciencia\nmédica en el campo de la estética ha tenido grandes avances. Para muchas\nmujeres, el bisturí se ha convertido en una bendición […] Pero definitivamente,\npara otras, la verdadera bendición no fue el bisturí, sino los recursos\npúblicos […] No entiendo por qué se molestan por publicar una foto de la\ngestora social como se veía antes. ¿Acaso tiene algo de malo? Siempre es bueno\nrecordar de dónde venimos y cómo nos veíamos antes” y “Me cuentan que Tefyta,\nla gestora social, está en Bogotá haciéndose unos retoques estéticos […]”; “[…]\nno les alcanza con el mamarracho” (Imágenes 18, 19, 23 y 35).\n\n·\nLa publicación de\nfotografías de la accionante con el mensaje “Qué nivel de hipocresía.\nDefinitivamente, el bótox y el bisturí solo hacen cambiar en lo físico.\nDesafortunadamente, no existe la cirugía plástica para el cerebro”(Imagen 46).\n\n·\nLa imagen de lo que\nparece ser una mujer que se sometió a una cirugía, con el mensaje: “Quién es?\nDisfraz de primera dama” junto con emoticones de risa o burla (Imagen 78).\n\n210.\nTales contenidos no\nsólo cuestionan a la accionante por su cuerpo y apariencia física, sino que,\nademás, reproducen estereotipos de género que se dirigen a deshumanizar a la\nmujer, cosificarla y entenderla como un objeto que le pertenece a un hombre y\nsobre el cual debe opinarse y someterse a debate público. En efecto, no es\ncasual que la forma en la que el accionado critica la gestión del alcalde de\nArauca y de su esposa, como gestora social, dependa de manera específica de su\ncorporalidad, atractivo sexual o del cumplimiento de cánones de belleza. Para\nla Sala, tal y como lo advirtieron los intervinientes, en específico Luisa\nFernanda Cano Blandón, este tipo de dinámicas instrumentalizan políticamente a\nla mujer para atacar a un servidor público, de manera que, en este caso, la\naccionante se convierte en un instrumento para disputar y cuestionar el poder\npolítico que está en cabeza de un hombre. En efecto, por medio de estas\nmanifestaciones de la violencia de género se ridiculiza, minimiza e incluso\ndeshumaniza a la mujer que ostenta representatividad pública por cuestiones\ncompletamente ajenas a su labor. Lo anterior, con el fin de silenciarla,\ncosificarla, instrumentalizarla y/o excluirla del espacio público y del debate\npolítico.\n\n211.\nAdicionalmente, para\nla Sala resulta particularmente relevante llamar la atención sobre la conexión\nque hace el accionado entre el cuerpo de la mujer y la presunta comisión de\nilícitos, la asociación a la cultura del narcotráfico e, incluso, al hecho de\nque es su esposo quien “la manda a operar”. Este tipo de publicaciones, tal y\ncomo esta Corte lo refirió en la Sentencia SU-432 de 2025, “conlleva el\nestereotipo según el cual las mujeres, en su sistema de valores, están a\ndisposición de hombres […] para obtener dinero, lujo y excentricidades. De esta\nmanera se enmarca a las mujeres en un rol que ha sido históricamente reprobado\nen el país, pero que pervive […]” [269] .\nNótese que desde un punto de\nvista sociológico las expresiones contienen una alta carga simbólica que no\npuede ser leída de manera neutral, en tanto que hace uso de manifestaciones\nestereotipadas, para referirse específica e intencionalmente a la accionante.\nEste tipo de asociaciones, transmite el mensaje de que las mujeres están al\nservicio de un tercero, sin capacidad de decisión ni agencia, aludiendo a\nmujeres serviles y funcionales para un propósito determinado.\n\n212.\nAdicionalmente, la\nSala evidencia que la violencia de género también se acreditó, en este caso, en\naquellos contenidos en los que el accionado, para criticar la gestión pública o\ndenunciar malversación de recursos públicos, divulga imágenes sexualizadas de\nla accionante y somete su cuerpo a consideración de otros usuarios de redes\nsociales. Tal situación, en el ámbito de las actuaciones anteriormente\nreferidas, contribuye a deshumanizar a la accionante y, con ello, demeritar su\nvalor, humillarla y ridiculizarla.\n\n213.\nPor otro lado, la\nviolencia de género identificada anteriormente se exacerba si se tiene en\ncuenta que además de referirse al cuerpo, la apariencia física y la sexualidad\nde la accionante, el demandado también cuestiona su rol social, sus calidades\npersonales y sus relaciones interpersonales por el solo hecho de ser mujer. En\nefecto, la Corte Constitucional evidenció que el accionado también reprodujo mensajes\nestigmatizantes y de burla al contener expresiones como “Gestora, mejor\npreocúpese por la salud mental de su marido […]” o “Bueno, a lavar platos y\nhacer aseo en la casa, que eso de gestoría es puro show y corrupción […]”.\n\n214.\nAl respecto, la Sala\nestima que este tipo de publicaciones perpetúan estereotipos de género según\nlos cuales las mujeres, además de cumplir con estándares de belleza impuestos\nsocialmente y depender o pertenecer a un hombre, deben ser excluidas del\nespacio público y político, al considerarse que no pueden ejercer otras labores\ndiferentes a las del hogar y el cuidado. Este tipo de expresiones tiene el fin\nde desacreditar, humillar y ridiculizar a la mujer víctima, al minimizar su\nvalor y excluirlas de ámbitos de poder.\n\n215.\nOtro de los patrones\nidentificados que configuran violencia de género digital contra la accionante consiste\nen que algunas de las críticas políticas que el accionado dirige contra el\ncompañero sentimental de la actora, si bien en principio, podrían estar\ndirigidas a aquel, indirectamente incluyen a la accionante, pues aquellas están\nacompañadas de sus fotografías, en tanto unas específicas se refieren a su\ncuerpo y están alteradas. Resulta evidente que dichos contenidos\ninstrumentalizan a la demandante, al punto que la disputa que propone el accionado\nno es por los asuntos públicos que interesan a la sociedad sino por el cuerpo\nde la mujer, pues este se convierte en un territorio disputado y sujeto al\ncontrol de los hombres.\n\n216.\nPor lo expuesto la\nSala encuentra acreditadas agresiones\nsistemáticas dirigidas a desacreditar, humillar, cosificar, sexualizar e\ninstrumentalizar a la accionante. En efecto, se observa que los contenidos constitutivos de violencia de\ngénero y que fueron divulgados por el demandado en Facebook se refieren a: (i)\nel cuerpo de la accionante y su apariencia física con claras connotaciones\nsexuales; (ii) las cirugías estéticas a las que, presuntamente, se ha sometido\nla tutelante y (iii) el rol que, a juicio del accionado, debería ejercer la\naccionante en la sociedad. En general, la Sala evidencia que el accionado se\nvale de expresiones textuales o, en la mayoría de las veces, por medio de\nimágenes que incluyen fotografías alteradas de la accionante, incluso de su\nfamilia, cargadas de estereotipos de género. Al respecto, la Sala estima que,\nincluso al efectuar un análisis individual y aislado de los contenidos\nidentificados, se puede inferir que estos contienen patrones de discriminación\no estereotipos de género directos e indirectos y, en este contexto, el uso de\ntérminos chocantes e incluso insultantes contra la accionante, no está\nprotegido en virtud del estándar de amparo a la libertad de expresión.\n\n217.\nEn efecto, aunque la\naccionante es un personaje con visibilidad pública y, por ende, sobre ella\nrecae un estándar de mayor tolerancia a la crítica, se observa que este umbral,\ntal y como se refirió anteriormente, depende específicamente de que la crítica\ntenga una relación con el interés público de la labor que ejerce o de la\nrelevancia social que ostenta. Tal situación no se acredita en relación con los\ncontenidos identificados, pues estos no se relacionan con la relevancia pública\ny política de la labor que asume la demandante como gestora social y, por el\ncontrario, se dirigen a divulgar mensajes o imágenes que humillan, agreden e\ninstrumentalizan a la accionante por su cuerpo, aspecto físico o su rol social,\nasuntos completamente ajenos de la esfera pública y política y que, por el\ncontrario, deben ser protegidos en virtud de los derechos a una vida libre de\nviolencias. Incluso, algunas de dichas publicaciones se dirigen a cuestionar\nlas relaciones familiares y el rol social que la accionante desempeña en su\nfamilia, perpetuando estereotipos como: las mujeres deben estar al cuidado de\nsus maridos o deben alejarse del espacio público para dedicarse al hogar\n(“lavar platos o hacer aseo), por cuanto son incompetentes para desempeñar\nlabores de interés público.\n\n218.\nAdicionalmente, la\nSala destaca que en los contenidos constitutivos de violencia de género, el\naccionado suele tomar fotografías publicadas por la accionante en sus redes\nsociales, particularmente en Facebook y, posteriormente, las usa, divulga y por\nmedio de aquellas ejerce las agresiones identificadas. Al respecto, se estima\nnecesario advertir que la publicación voluntaria de dichas imágenes personales\npor parte de la accionante es un acto que no implica, por sí mismo, la\nautorización para que terceros las alteren y/o divulguen con el fin de ejercer\nviolencia de género en su contra.\n\n219.\nConforme a lo\nanterior, para la Sala resulta claro que la conducta del accionado está\nsistemáticamente dirigida a desplazar el debate sobre lo público en relación\ncon la gestión social de la accionante para ubicar y disponer de su cuerpo como\nterritorio en disputa en el foro público digital. Tal aspecto, constituye un\nacto de violencia contra las mujeres, por cuanto se dirige a minimizar,\ndesprestigiar, desacreditar y descalificar a la accionante en relación con su\ncuerpo, aspecto físico, capacidades y calidades personales y así, afectar su\nreputación, imagen pública y representatividad.\n\n220.\nEn efecto, las\nexpresiones analizadas dejan de ser parte de una crítica neutral dirigida a un\npersonaje público, para convertirse en piezas de una dinámica de violencia\nbasada en patrones de género y estereotipos sobre el atractivo sexual de una\nmujer y los roles que desempeña en la sociedad. Al respecto, también cabe\naclarar que la violencia de género en medios digitales no se configura por la\nsola acumulación de mensajes hostiles, sino por la intención e impacto real de\nlos mismos y, en este caso, por su capacidad de atacar a una mujer por el hecho\nde serlo, cuestionarla y desincentivar su participación en los espacios públicos.\n\n221.\nLa Sala advierte que\nrespecto de los contenidos identificados y objeto de análisis el accionado no\ndemostró que se fundamentaran en hechos objetivos sobre la gestión de la\naccionante en calidad de gestora social del municipio de Arauca. Por el contrario,\nconstituyen agresiones personales sustentadas en estereotipos de género.\n\n222.\nEspecíficamente,\ntodas las manifestaciones objeto de estudio se fundamentan en: los estándares\nde belleza que debe cumplir una mujer para ser valorada; el enjuiciamiento\npúblico e instrumentalización política del cuerpo de la mujer que ostenta una\nvoz pública y el descrédito de la misma si no cumple con los cánones\nsocialmente aceptados; los roles sociales tradicionalmente asignados a la\nmujer, específicamente a su ausencia en los espacios políticos; la cosificación\nde la mujer como objeto que pertenece a un hombre; y la inferioridad y\nsumisión.\n\n223.\nFinalmente , para la Sala resulta relevante señalar\nque de no reconocerse la ocurrencia de estos actos de violencia de género\ncontra Stephany Dayana Ortiz Tafur se normalizarían y perpetuarían patrones de\nviolencia contra la mujer y de discriminación y exclusión de las mujeres en espacios\npúblicos participativos y políticos. En consecuencia, se acentuaría el\nsilenciamiento de las mujeres y se desincentivaría la participación de estas en\nel ámbito público y político, al avalar actos tendientes a desacreditarlas por\nsus cuerpos, su apariencia física, sus capacidades y calidades personales [270] . De hecho,\nlos efectos producidos por este tipo de agresiones no se circunscriben\nsolamente a la vulneración de los derechos de la accionante a una vida libre de\nviolencias, a la dignidad humana y a la integridad personal. Por el contrario,\ntienen un alcance expansivo que desconoce el rol esencial de la mujer en la\npromoción y defensa de sus propios intereses y los de su colectividad [271] y, a su\nvez, permitir que la arena política digital o presencial se configure como un\nespacio hostil para las mujeres que incrementa la autocensura, el temor a\nparticipar en la vida política y social y, además, transmite un mensaje\nequivocado al dar a entender que para evitar ser víctima es necesario no\nejercer los derechos de los que son titulares las mujeres.\n\n224.\nLo anterior se\nsustenta en el hecho de que la violencia contra mujeres en política no se\nrestringe exclusivamente a aquellas mujeres víctimas que desempeñan cargos\npúblicos o que participan en contiendas electorales. En efecto, el ejercicio de\nderechos políticos en escenarios públicamente visibles como lo es el hecho de\nser gestora social, por parte de este grupo poblacional se extiende, tal y como\nse evidenció anteriormente, a cualquier escenario relacionado con la postulación,\nconformación, ejercicio y control del poder político y con la toma de decisiones\nen la esfera pública, en los términos del artículo 3 de la Ley 2453 de 2025 “ por medio de la cual se establecen medidas para\nprevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en\npolítica y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles”.\nEn efecto, el artículo 4 de ese mismo cuerpo normativo señala que lo allí\ndispuesto será aplicable “a todas las mujeres en ejercicio o goce de sus\nderechos políticos en el marco de procesos electorales, de participación democrática\ny el ejercicio de funciones públicas”. Sin duda, el ámbito de gestoría social\ndesarrollado por la accionante se enmarca en la participación democrática y\npolítica de aquella, puesto que las labores que despliega trascienden a la\ncomunidad, bajo aspiraciones legítimas de representación y liderazgo.\n\n225.\nAdicionalmente, los\nartículos 2, 6 y 8 definen la violencia contra mujeres en política e\nidentifican algunas conductas constitutivas de este tipo de agresión. En\nespecífico, el artículo 2 señala:\n\n“Se\nentiende por violencia contra las mujeres en ejercicio de su derecho a la\nparticipación política, toda acción, conducta u omisión realizada de forma\ndirecta o a través de terceros en el ámbito público o privado que, basada en\nelementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus\nfamilias, sin distinción de su afinidad política o ideológica, y que tenga por\nobjeto o resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o\nanular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos, en el\nmarco de los procesos electorales, de participación ciudadana y representación\ndemocrática y el ejercicio de la función pública. La violencia contra las\nmujeres en política puede incluir, entre otras, violencia verbal, física, sexual,\npsicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica”.\n\n226.\nTal ámbito de\nprotección fue reconocido en la Sentencia C-317 de 2024. En esta se estableció:\n\n“El concepto de violencia\ncontra las mujeres en política o violencia política de género surge en\nmedio de estas discusiones, como una categoría impulsada por movimientos\nfeministas que reclaman garantías para el ejercicio de derechos políticos de\nlas mujeres en el marco del reconocimiento del derecho humano a una vida libre\nde violencias. Este concepto alude a todas las formas de violencia física,\npsicológica, económica, simbólica y otras formas interrelacionadas de violencia\na las que se enfrentan las mujeres cuando participan en la esfera pública.\n\n[…] [U] n elemento clave de la violencia contra las mujeres en el ámbito\npúblico: si bien esta es una violencia particular por los contextos en que\nocurre y las personas a las que se dirige, lo cierto es que tiene un anclaje\nprofundo en estructuras sociales que discriminan a las mujeres por lo que se\nasume deben y pueden hacer en entornos patriarcales. En otras palabras, se\ntrata de una perpetuación o continuum de violencia en el que a\ncada paso que las mujeres dan en el camino a su emancipación, se les recuerda\nmediante actos violatorios de su dignidad y de su integridad que la sociedad\naún no parece reconocer su ciudadanía plena.\n\nEn todo caso, el reconocimiento de\neste fenómeno no implica que las mujeres sean o deban ser indemnes a toda\ncrítica. Por el contrario, la pretensión de fondo es sanear el debate público y\npromover su calidad a través de la erradicación de los discursos que, en vez de\nenfocarse en el fondo de la conducta de las mujeres en posiciones de poder,\nacuden a tácticas discriminatorias que legitiman y normalizan la exclusión estructural\nde las mujeres y los estereotipos de género. En suma, atender la violencia\ncontra las mujeres en política no sólo estimula una participación más nutrida\nde las mujeres en la vida pública y política, sino que también fortalece la\ndemocracia en su conjunto y exige de todos sus actores más rigor en el debate\npúblico” [272] .\n\n227.\nAdemás, en la\nSentencia T-520 de 2025, esta Corporación afirmó que este tipo de violencia “se trata de\nagresiones a través de las cuales se refuerzan los imaginarios sociales estereotipados\nque ubican a las mujeres en posiciones socialmente subordinadas” [273] .\n\n6.2. Las\npublicaciones que se relacionan con la labor de la gestora social, su rol\ndentro de la alcaldía municipal de Arauca, la gestión de su esposo, en cuanto\nalcalde de dicho municipio, y que no se refieren a la apariencia física, el\ncuerpo, las calidades personales y la intimidad de la accionante están\namparadas bajo la libertad de expresión\n\n228.\nLa Sala advierte que\nlas publicaciones n.° 3, 4, 7, 11, 12, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38,\n39, 43, 44, 47, 48, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 73 y 75 identificadas\nen las tablas 1, 2 y 5 de esta providencia e incorporadas en el anexo reservado\nde la sentencia, están amparadas por los derechos a la libertad de expresión y\na la participación política del accionado y, por ende, no vulneran los derechos\na la honra, al buen nombre y a la propia imagen de la accionante. Lo anterior,\nen la medida en que, a pesar de utilizar expresiones chocantes y ofensivas, se\ndirigen a criticar y a opinar, exclusivamente, sobre la gestión del alcalde\nmunicipal de Arauca y de la gestora social, y sobre el uso de recursos públicos\npor parte de la alcaldía de dicha ciudad. En efecto, estos contenidos no se\nrefieren a la apariencia física, al cuerpo, a las calidades personales o a la\nintimidad de la demandante y tampoco reproducen estereotipos de género. Para\nsustentar tal afirmación, siguiendo la metodología adoptada en la Sentencia\nSU-420 de 2019, específicamente en cuanto al juicio de ponderación [274] , se\nencuentra que:\n\n229.\nPrimero, la Sala\nadvierte que en estas publicaciones el accionado utiliza expresiones como\n“corrupción” o “corruptos” y emite opiniones en torno al origen del patrimonio\ndel alcalde de Arauca y de su esposa. Asimismo, realiza insinuaciones sobre el\nposible uso irregular de recursos públicos para la financiación de viajes y\n“lujos”, y critica la supuesta instrumentalización de las instituciones\nestatales para apoyar campañas políticas de candidatos a elecciones populares.\nAunque este tipo de manifestaciones resulten chocantes y ofensivas para la\naccionante, lo cierto es que, tal y como se señaló anteriormente, el efecto\ndañino de este tipo de mensajes no se acredita con la percepción o\ninterpretación que de ellos tenga la persona involucrada y, por el contrario,\ndebe valorarse dentro del contexto en el que se emiten.\n\n230.\nSegundo, en la\nSentencia T-155 de 2019 la Corte Constitucional consideró que expresiones\nsimilares a las que son objeto de análisis, difundidas en redes sociales,\nestaban amparadas bajo la libertad de expresión del emisor porque se dirigían a\nopinar y criticar sobre asuntos de interés público y, de esa manera,\nconstituían un discurso especialmente protegido. En concreto, en dicha decisión\nse determinó que el mensaje divulgado por la entonces demandada, en el cual se\nseñalaba que el tutelante hacía parte de un “cartel de la corrupción” al\ninterior de un hospital público, no vulneró los derechos fundamentales a la\nhonra y el buen nombre, entre otras razones, en tanto: (i) se relacionaba con\nactos públicamente relevantes, de interés general y sobre el ejercicio de\nfunciones de un servidor público; (ii) el accionante ostentaba un mayor deber\nde tolerancia a la crítica al ser un funcionario del Estado; (iii) el mensaje\nse enmarcó en un contexto de debate sobre presuntas irregularidades en el\nmanejo de recursos dentro del hospital y (iv) se refirió a presuntas conductas\ndelictivas de manera general y abstracta, sin emitir una denuncia o acusación\nprecisa, concreta y detallada, por lo que el mensaje constituía una opinión.\n\n231.\nTercero, al aplicar\nlos criterios de comunicación establecidos en la Sentencia SU-420 de 2019 se\nobserva que:\n\n232.\nQuién comunica. El accionado emitió los contenidos\nseñalados en calidad de activista político y social y veedor ciudadano. En\nefecto, tal y como se acreditó con anterioridad, Cristian Camilo Paredes Forero\nutiliza sus cuentas en Facebook como mecanismo de divulgación de información de\ninterés público e instrumento de participación política y control ciudadano a\nla gestión de funcionarios públicos y de quienes, sin ser servidores, tienen\nreconocimiento público por apoyar labores institucionales de las autoridades\nestatales, específicamente de la alcaldía municipal de Arauca.\n\n233.\nSi bien el impacto de\nlas opiniones del accionado es mayor en la medida en que sus perfiles tienen un\nalto número de seguidores y participa constantemente en debates públicos,\nrespecto de las publicaciones identificadas se evidencia que la difusión de\ndichas opiniones no tuvo un interés diferente que el de criticar la gestión de\nuna institución y de sus representantes y evidenciar el posible uso irregular\nde recursos públicos. En efecto, el accionado en sede de revisión manifestó\nque, a través de sus cuentas en Facebook, divulga contenidos sobre “ asuntos de evidente interés público\nrelacionados con la administración municipal”, ejerce “control ciudadano sobre\nel manejo de recursos públicos” e indicó que aquellos “no persiguen afectar la\nhonra o intimidad de persona alguna, sino contribuir al debate democrático” [275] .\n\n234.\nDe qué o de quién\nse comunica. En los\ncontenidos identificados anteriormente el accionado se refiere directa o\nindirectamente a la accionante, a su esposo y a otras personas que, al parecer,\nson servidores públicos o candidatos en elecciones populares. En específico, la\nSala advierte que, aunque no se está en el mismo escenario de la Sentencia\nT-155 de 2019, por cuanto la accionante no es servidora pública, lo cierto es\nque respecto de ella se predica un deber de mayor tolerancia a la crítica. Lo\nanterior, en la medida en que, tal y como se acreditó anteriormente, es una\nmujer con reconocimiento y representatividad pública, política y social y quien\nse desempeña como gestora social, labor que está asociada a la gestión de una\ninstitución del Estado, en este caso de la alcaldía municipal de Arauca.\n\n235.\nAhora\nbien, aunque las expresiones consignadas en dichas publicaciones aluden a la\nposible comisión de delitos por parte de la accionante e incluso se difunden\nimágenes de aquella, lo cierto es que no existe una acusación precisa, concreta\ny detallada contra Stephany Dayana Ortiz Tafur, esto es, no se detallan\nlas condiciones de modo, tiempo y lugar en las que, de manera específica, la\ndemandante haya incurrido en una conducta punible. En consecuencia, esta\nSala advierte que en el presente caso la opinión del accionado tiene una\nprotección reforzada por tratarse de un discurso especialmente protegido.\n\n236.\nCómo se comunica. Los contenidos analizados en este acápite\nfueron comunicados por medio de mensajes escritos y de la difusión de imágenes\ny se difundieron en los perfiles que el demandado administra en la plataforma\nFacebook. Aquel utilizó frases cortas, lenguaje claro y, en ocasiones, tonos\nsarcásticos o burlescos. Por su parte, las imágenes representan a las personas\na las que se refiere en los contenidos, entre estas la accionante.\n\n237.\nSe advierte entonces\nque los contenidos divulgados por el accionado a través de Facebook presentan un\nalto grado de comunicabilidad , pues tienen la capacidad de transmitir lo\nque se quería expresar de una forma ágil y sencilla, puesto que el uso de un\nlenguaje claro, compuesto por frases cortas y categóricas, sumado a la\nutilización de fotos de las personas mencionadas resulta llamativo y de fácil\nlectura y comprensión para cualquiera de sus destinatarios.\n\n238.\nAdicionalmente, al\nhaberse difundido por medio de una red social, las publicaciones identificadas\ntienen la potencialidad de llegar a un público amplio e indeterminado, teniendo\nen cuenta además la naturaleza pública de las cuentas administradas por el accionado.\nComo lo ha señalado la\njurisprudencia de esta Corte, las redes sociales tienen la capacidad de\namplificar de manera exponencial el derecho a la libertad de expresión, pues su\ncapacidad de penetración e impacto sobre la audiencia es elevada, toda vez que\ntienen un alcance masivo, inmediato y sin mayores restricciones. Tal alcance\nadquiere mayor relevancia constitucional al tratarse de un contexto de\nciudadanía y participación digital, en el que este tipo de plataformas se\nconvierten en espacios públicos de debate político y control ciudadano y, por\nende, deben ser protegidos.\n\n239.\nCuarto, analizados en\nconjunto cada uno de los anteriores parámetros, la Sala concluye que en este\ncaso los derechos a la libertad de expresión y a la participación política de\nCristian Camilo Paredes Forero gozan de una amplia protección, debido\nprincipalmente a que su opinión se enmarca dentro de un tipo de discurso\nprotegido, pues se orienta a ejercer un control democrático de la gestión pública.\n\n240.\nPor lo expuesto, la\nSala no estima procedente acceder a la pretensión de retractación pública\npropuesta por la accionante en el escrito de tutela. Ya que los contenidos\nidentificados en este acápite se difundieron en el marco del ejercicio legítimo\nde la libertad de expresión y la participación política por parte del\naccionado.\n\n7.\nLa proporcionalidad de las pretensiones propuestas por la accionante en el\nescrito de tutela . El juicio integrado de\nproporcionalidad de intensidad estricto\n\n241.\nEn\neste punto, la Sala advierte que los principios y derechos en pugna resultan\nigualmente relevantes. Sin embargo, ello no puede conllevar a desconocer la\nimportancia de evitar la limitación de uno de los derechos o principios en\ntensión y, en consecuencia,\nel juicio de proporcionalidad buscará establecer, no la prevalencia de uno\nsobre el otro, sino aquellos remedios constitucionales alternativos que\npermitan alcanzar el máximo nivel de eficacia de ambos elementos\nconstitucionales [276] .\n\n242.\nEn particular, la Sala\ntiene por acreditadas cuatro premisas: (i) la existencia de contenidos\namparados bajo la libertad de expresión y la participación política; (ii) la ocurrencia\nde actos constitutivos de violencia de género, ejercidos por el accionado\ncontra la demandante; (iii) el hecho de que el perfil en Facebook de\ntitularidad de la accionante, en cuanto gestora social, constituye foro público\nde debate, expresión, acceso a información y participación y (iv) que las\ncuentas en Facebook que administra el accionado se dirigen a divulgar\ninformación y opiniones sobre asuntos de interés general y no constituyen un\nespacio exclusivamente dedicado a atacar a la accionante.\n\n243.\nAl respecto, la Sala observa que, en el caso concreto,\nresulta necesario adoptar medidas de protección respecto de ambas partes del\nproceso, de manera tal que se proteja a la accionante de los actos de violencia\nde los que fue víctima, pero no se restrinja de manera injustificada y excesiva\nlos derechos del accionado [277] .\nLo anterior, teniendo en cuenta que las pretensiones de la accionante se\ndirigen a lograr principalmente: (i)\nla eliminación de las publicaciones, imágenes, videos y comentarios en los que\nse haga referencia directa o indirectamente a la accionante; (ii) que se prohíba\nal accionado realizar nuevas publicaciones o manifestaciones en cualquier medio\ndigital, red social o espacio público en las que se refiera a la accionante y\n(iii) que se ordene presentar disculpas públicas como medida de reparación de\nlos daños causados.\n\n244.\nEn consecuencia, se evidencia\nuna tensión constitucional entre, por un lado, los derechos a la honra, al buen nombre, a una vida libre de violencias, a la igualdad y no\ndiscriminación, a la propia imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a\nla intimidad personal y familiar. Y, por el otro, los derechos a la libertad de\nexpresión y a la participación política de un ciudadano que ejerce control\npolítico. Lo anterior, en un contexto de ciudadanía y democracia digital.\n\n245.\nEn cuanto al primer\ngrupo de principios y derechos constitucionales en tensión, la Sala evidencia\nque el Estado, a través de sus instituciones y agentes, tiene la obligación de\nadoptar mecanismos de prevención, atención y sanción de actos de violencia de\ngénero contra las mujeres. Asimismo, tanto el Estado como los particulares\nestán obligados a combatir\nla indiferencia, la neutralidad o la tolerancia en relación con la violencia\ny/o discriminación contra las mujeres por motivos de género [278] .\n\n246.\nDichos deberes se\nrefuerzan al tratarse de mujeres que están especialmente expuestas a agresiones\nen su contra, como aquellas que ostentan voz pública y representatividad\nsocial. Lo anterior, por cuanto se intensifican los obstáculos para el\nejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. En particular, se debe\ngarantizar que el espacio público y político sea un escenario seguro para las\nmujeres y libre de violencia, incluso cuando los debates y el control social\npuedan ser controversiales o poco amables.\n\n247.\nFinalmente, la\nprotección de los derechos constitucionales que hacen parte de este primer\ngrupo no se dirige solo a amparar a las mujeres víctimas, sino también a\ngarantizar que las demás mujeres tengan oportunidades de participar en el\nespacio público, con el fin de erradicar la existencia de ámbitos hostiles que\ndesincentiven la participación de las mujeres y, en consecuencia, las silencie.\n\n248.\nEn relación con el\nsegundo grupo, se advierte que los derechos a la libertad de expresión y la\nparticipación política son garantías constitucionales con una especial\nimportancia para la consolidación de las democracias, al garantizar el acceso a\nlos recursos y espacios necesarios para que la ciudadanía se informe y así\nadquiera una injerencia efectiva en los procesos de toma de decisiones y de\ncontrol al ejercicio de los poderes públicos.\n\n249.\nIgualmente, el\nejercicio de estos derechos fundamentales se beneficia del uso de medios\ndigitales de comunicación, especialmente de las redes sociales, ya que estas no\nsolo permiten el acceso inmediato a información de interés público, sino que\nademás se constituyen en espacios abiertos, libres y de fácil acceso para la\nmanifestación y, con ello, para el control de los poderes estatales. En\nparticular, la inmediatez, accesibilidad e interacción directa que se asegura a\ntravés de estas tecnologías permiten, no solamente un mayor alcance en la\ndifusión, sino una modificación de las relaciones de poder en las que se rompen\nbarreras geográficas, económicas y sociales y, con ello, se asegura el\nejercicio efectivo de los derechos fundamentales referenciados por parte de\ntoda la ciudadanía.\n\n250.\nAhora bien, en razón\na la importancia constitucional de los derechos fundamentales en tensión, la\nSala efectuará un juicio estricto de proporcionalidad. Conforme con la\njurisprudencia constitucional reciente, este test se compone del análisis sobre\nlos siguientes elementos [279] :\n(i) que la medida persiga una finalidad constitucionalmente imperiosa; (ii) que\nsea idónea y efectivamente conducente (que contribuya sustancialmente a\nalcanzar el fin propuesto) [280] ;\n(iii) que sea necesaria, es decir que no exista otro mecanismo menos lesivo y\n(iv) que sea proporcional en sentido estricto.\n\n7.1. La\npretensión relacionada con la prohibición de que el accionado divulgue contenido\nen el que se refiera directa o indirectamente a la demandante constituye\ncensura previa\n\n251.\nLa Sala advierte que\nla prohibición pretendida por la accionante impone una restricción\nexcesivamente intensa a los derechos a la libertad de expresión y participación\ndel accionado. Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos.\n\n252.\nEn primer lugar, se\nacreditó que Cristian Camilo Paredes Forero es un creador de contenido y\nactivista político y social que se encarga de la difusión de información y\nopiniones sobre asuntos de interés público relacionados con la gestión\ninstitucional, especialmente de la alcaldía municipal de Arauca.\n\n253.\nEn segundo lugar, las\ncuentas del accionado en Facebook no se usan con la finalidad exclusiva de\ncontrolar, criticar y agredir a Stephany Dayana Ortiz Tafur, en calidad de\ngestora social del municipio de Arauca. En efecto, se acreditó que los medios\ndigitales de titularidad del accionado son de carácter informativo y de opinión\ny, en ese sentido, los contenidos identificados y que constituyen actos de\nviolencia de género, no representan la totalidad de su actividad en dichos\nmedios digitales ni en las publicaciones que él difunde en las cuentas que\nadministra [281] .\nEn consecuencia, se demostró que el accionado también divulga contenidos que\nconfiguran discursos especialmente protegidos, en la medida en que se refieren\na asuntos de interés público y político. Respecto de estos últimos, debe\nprotegerse la divulgación y el acceso a espacios públicos de manifestación.\n\n254.\nEn tercer lugar,\nsobre la accionante, en cuanto figura pública, recae un deber de mayor\ntolerancia a la crítica siempre que esta se relacione con el interés público\nque reviste su labor y la representatividad social que ejerce. Al respecto,\ncabe destacar que tal y como se evidenció con anterioridad, el perfil de la\naccionante en Facebook, aunque sea de titularidad personal, se configura como\nun espacio público de debate, acceso a información de interés general y\nparticipación.\n\n255.\nEn cuarto lugar, se\ntrata de un contexto de democracia y ciudadanía digital en el que las\nrelaciones entre la ciudadanía, las instituciones estatales y los personajes\npúblicos que ejercen roles sociales de interés general, así como la\nparticipación en la conformación y control del ejercicio de los poderes\nestatales, depende del uso de medios digitales de comunicación y,\nespecíficamente, de las redes sociales. Ello por cuanto, en la actualidad, son\nlos medios no solo más usados sino también más eficaces para garantizar la\nconfiguración de una opinión pública informada y, con ello, la consolidación de\nla democracia.\n\n256.\nEn efecto, como se\nreconoció en esta providencia las plataformas digitales, como medios de\ncomunicación e interacción inmediata, no solo facilitan los procesos\ndemocráticos e incrementan el acceso a información sobre una problemática y su\ncontexto, sino que además modifican las relaciones de poder [282] , pues la\nparticipación se asegura a través de mecanismos directos e inmediatos. Por ello\nse promueve una relación horizontal o de pares entre los usuarios [283] .\nAdicionalmente, el uso de estos mecanismos permite un mayor alcance en cuanto\nal acceso a información que en escenarios participativos presenciales [284] .\n\n257.\nEn consecuencia,\nprohibir al accionado que publique manifestaciones en las que se refiere\ndirecta o indirectamente a la accionante implicaría: (i) la imposición de una\nmedida de restricción permanente, sin límite y excesiva, al tener en cuenta que\nno se está ante un caso en el que todos los contenidos producidos por el\naccionado constituyan violencia de género y (ii) la ejecución de una medida\nconstitutiva de censura previa, ya que se restringirían la totalidad de\nmanifestaciones a futuro. Una situación tal desconocería las presunciones en\nfavor de la libertad de expresión y el deber de mayor tolerancia a la crítica\nque se les asigna a los personajes públicos cuando se trata de la veeduría ciudadana\nsobre su labor social y pública.\n\n7.2. Las medidas de eliminación de\ncontenidos violentos y de presentación de disculpas públicas superan el juicio\nde proporcionalidad\n\n258.\nTienen una\nfinalidad constitucionalmente imperiosa. De conformidad con lo expuesto en sede de tutela y de\nrevisión, la accionante solicitó, entre otras cosas, que se ordene eliminar los\ncontenidos violentos y que el accionado presente disculpas públicas por los\ndaños causados. Esta Sala, al tener en cuenta que se probó la ocurrencia de\nactos de violencia de género ejercidos por el accionado contra la tutelante,\nconsidera que la finalidad perseguida con estas pretensiones es\nconstitucionalmente imperiosa, en la medida en que se dirigen a asegurar la\nmaterialización efectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de\nviolencias y, en consecuencia, a amparar los derechos fundamentales de la\naccionante. Lo anterior, también en consideración a la especial protección\nconstitucional de las mujeres.\n\n259.\nFinalmente, la\nimperiosa protección de este derecho se justifica en el hecho de que las\nagresiones identificadas buscan desacreditar, humillar y ridiculizar a una\nmujer con voz y representatividad pública con fundamento en estereotipos de\ngénero.\n\n260.\nLas medidas solicitadas\npor la accionante son idóneas, efectivamente conducentes y necesarias . Las medidas propuestas en el escrito de\ntutela, relacionadas con la eliminación de contenidos y las disculpas públicas,\nson idóneas y efectivamente conducentes para proteger los derechos de la\naccionante, especialmente el derecho a una vida libre de violencias. Esto en la\nmedida en que: (i) impiden la reproducción o difusión de contenidos violentos\ncontra la demandante; (ii) dan a conocer a la ciudadanía, especialmente a\nquienes interactúan con el accionado en Facebook, que la violencia de género\ndigital no está amparada bajo la libertad de expresión y la participación\npolítica y (iii) aseguran la adopción de un mecanismo de reparación simbólica\npara la mujer víctima.\n\n261.\nAdicionalmente\ncumplen el presupuesto de necesidad. En efecto, al tener en cuenta la ausencia\nde mecanismos específicos en la plataforma Facebook para denunciar o reportar\ncontenidos constitutivos de violencia de género digital, la Sala evidencia que\nlas medidas solicitadas por la accionante resultan necesarias para evitar\ncualquier proliferación de actos violentos en su contra.\n\n262.\nFinalmente, cabe\ndestacar que la necesidad de estas medidas también se acredita en relación con\nla naturaleza de los medios de comunicación en los que se efectuó la\ndivulgación de los mensajes. Lo anterior, por cuanto las redes sociales,\nespecíficamente Facebook, permiten la difusión de información y contenidos de\nmanera inmediata y a gran escala. Es decir, las publicaciones efectuadas por el\naccionado y que constituyen violencia de género tienen un alcance de difusión\nenorme a través de las interacciones y reproducciones del contenido. Esta\nsituación genera el riesgo de que los actos de violencia contra la accionante\nse perpetúen.\n\n263.\nLa\nproporcionalidad en sentido estricto. La Sala observa que ordenar la eliminación de\ncontenidos violentos y la presentación de disculpas públicas son medidas proporcionales\nen sentido estricto. Lo anterior, porque: (i) no limita de manera desproporcionada\nlos derechos del accionado, en la medida en que los contenidos acusados no\nestán amparados por la libertad de expresión y la participación política; (ii)\nasegura el retiro de publicaciones constitutivas de violencia de género contra\nla accionante y, con ello, se protege el derecho a una vida libre de violencias;\n(iii) se dirige a evitar la proliferación de agresiones contra la tutelante;\n(iv) asegura la adopción de un mecanismo de reparación simbólica y tal y como\nse advirtió con anterioridad, (v) estas medidas han sido adoptadas por la Corte\nConstitucional en escenarios en los que se ha acreditado la extralimitación en\nel ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la participación\npolítica.\n\n8.\nRemedios constitucionales\n\n264.\nAl considerar que,\npor un lado, se acreditó la ocurrencia de actos de violencia de género contra\nla accionante y, por el otro lado, se verificó que algunas de las pretensiones\npropuestas en el escrito de tutela resultaban no procedentes, la Sala advierte\nque en este caso el remedio constitucional que supere las vulneraciones\nidentificadas busca maximizar y armonizar la efectividad de los derechos en\ntensión. En tal sentido, la Sala adoptará remedios constitucionales dirigidos a\namparar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y, asimismo, a\nasegurar el ejercicio efectivo de los derechos del accionado a la libertad de\nexpresión y la participación política en redes sociales. Lo anterior, con el\nfin de garantizar el máximo nivel de satisfacción de ambos elementos\nconstitucionales en tensión.\n\n265.\nEn primer lugar, la\nSala constata la vulneración de los derechos de la accionante a una vida libre\nde violencias y, en consecuencia, a la dignidad humana, la integridad y la\nintimidad personal y familiar. Por lo que, se adoptarán mecanismos para amparar\nlas garantías constitucionales vulneradas. Conforme con las órdenes que ha\nemitido esta Corporación en casos en los que se ha evidenciado la existencia de\ndiscursos prohibidos o extralimitaciones de la libertad de expresión, la Sala\nordenará: (i) la eliminación de los contenidos identificados en el numeral 4\ndel anexo reservado de esta sentencia y que constituyen violencia de género;\n(ii) de conformidad con lo ordenado en las sentencias T-149 de 2025 y T-158 de\n2026, se ordenará al accionado que se abstenga de realizar este tipo de actos\nviolentos contra la accionante, en todos los medios digitales de comunicación\nde los que es titular; (iii) se ordenará que el accionado presente disculpas\npúblicas a la accionante por los mismos medios en los que se difundieron los\ncontenidos constitutivos de violencia de género y (iv) de acuerdo con lo\nresuelto en la Sentencia T-061 de 2024, se ordenará al demandado que participe\nen un curso o jornada de capacitación en igualdad de género, violencia contra\nlas mujeres en espacios digitales.\n\n266.\nSobre esta última\norden, la Sala estima que, dadas las condiciones del caso bajo examen, acudir a\nuna fórmula como la adoptada en la Sentencia T-158 de 2026 en la que se invitó\nal accionado a realizar el curso pedagógico, no es suficiente para proteger los\nderechos de la demandante y, por ende, se requiere adoptar una medida de\nobligatorio cumplimiento como se hizo en las sentencias T-061 de 2024 y T-149\nde 2025. Lo anterior, al haberse acreditado una conducta sistemática y\nreiterada de hostigamiento y violencia de género digital, especialmente\nrespecto del cuerpo y la apariencia física de la tutelante, por medio de la\ncual se instrumentalizó su imagen para ridiculizarla, degradarla y silenciarla,\nal pretender disminuir su representatividad política y credibilidad en el\nejercicio de su rol como gestora social. Además, con fundamento en los efectos\nnocivos de este tipo de conductas para el ejercicio de los derechos políticos y\nde la participación de mujeres.\n\n267.\nEn segundo lugar, en\nrelación con el cumplimiento y divulgación de esta providencia, la Sala\nordenará al accionado que difunda esta sentencia en sus cuentas de Facebook sin\nque, de ninguna manera, pueda difundir el anexo que tiene naturaleza reservada\ny que presente un informe sobre el cumplimiento de la misma ante el juez de\nprimera instancia.\n\n268.\nFinalmente, al\nevidenciar la inexistencia de legislación sobre prevención, protección, reparación, prohibición y\npenalización de la violencia de género digital, la Sala reiterará el exhorto al\nCongreso de la República contenido en las sentencias T-280 de 2022, T-087 de\n2023 y SU-432 de 2025. Asimismo, tal y como sucedió en la Sentencia T-158 de\n2026, la Sala advierte la importancia de que las plataformas digitales,\nespecialmente las redes sociales, adopten herramientas específicas dirigidas a denunciar o reportar contenidos constitutivos de\nviolencia de género [285] .\n\nIV. DECISIÓN\n\nEn mérito de lo expuesto, la\nSala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando\njusticia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,\n\nRESUELVE\n\nPRIMERO. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el 15 de diciembre de 2025\npor el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, por medio de la cual se negó la\nacción de tutela presentada por Stephany Dayana Ortiz Tafur contra Cristian\nCamilo Paredes Forero. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos\nfundamentales a una vida libre de\nviolencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a\nla dignidad humana y a la intimidad personal y familiar de la accionante , por las razones expuestas en esta providencia.\n\nSEGUNDO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el término máximo de cuarenta\ny ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, si\nno lo ha hecho, retire de sus cuentas en Facebook los contenidos identificados con\nlos n.° 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16,\n17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 78, 79 y 80 en el\nanexo reservado de esta sentencia. Lo\nanterior, en tanto constituyen actos de violencia de género digital contra la\naccionante. También deberá eliminar aquellos contenidos sustancialmente\nsimilares a los identificados, en los que se aluda a la accionante de forma\nsexualizada, estereotipada o degradante.\n\nTERCERO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el ejercicio de sus derechos a\nla libertad de expresión y participación política, se ABSTENGA de\nrealizar publicaciones que instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o\ndegraden a la accionante con fundamento en estereotipos de género y que, por\nende, tal y como se advirtió en esta sentencia, vulneren los derechos a la\ndignidad humana, integridad, intimidad personal y familiar y a una vida libre\nde violencia de aquella.\n\nCUARTO. ORDENAR\na Cristian Camilo Paredes Forero que, dentro de los cinco (5) días siguientes a\nla notificación de esta providencia, publique en cada una de sus dos cuentas de\nFacebook una disculpa a Stephany Dayana Ortiz Tafur por los actos de violencia\nde género digital acreditados. La publicación no podrá incluir imágenes de la\naccionante y tampoco difundir, de ninguna\nmanera, el contenido del anexo reservado de esta providencia.\n\nQUINTO. ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero que, en el término de veinte (20) días\nsiguientes a la notificación de esta providencia, participe y culmine un curso\no jornada de capacitación o de autoaprendizaje sobre igualdad de género y\nviolencia contra las mujeres en espacios digitales. Para el efecto, podrá\nacudir a los cursos gratuitos de autoaprendizaje, que se ofertan en idioma\nespañol por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres y que están disponibles en\nel siguiente enlace https://trainingcentre.unwomen.org o de aquellos ofertados por Amnistía Internacional y\nque se encuentran en https://academy.amnesty.org/learn/courses/306/combatir-la-violencia-de-genero-en-internet . Adicionalmente, en el informe que el accionado\nremita al juez de primera instancia, en cumplimiento del numeral séptimo de la\nparte resolutiva de esta sentencia, aquel deberá acreditar la culminación del\ncurso que se ordena en el presente numeral.\n\nSEXTO. ORDENAR a\nCristian Camilo Paredes Forero que, en el término de cuarenta y ocho (48)\nhoras, contado a partir de la notificación de esta providencia, publique y\ndifunda la sentencia a través de las cuentas que administra en la plataforma\nFacebook. En dicha publicación deberá informar a su audiencia que en el\nejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la participación\npolítica no puede incurrirse en actos de violencia de género digital. De igual\nmanera, en cumplimiento de esta orden, de ninguna forma podrá difundir el\ncontenido del anexo reservado de esta providencia.\n\nSÉPTIMO. ADVERTIR que el Juzgado 001 Civil Municipal de Arauca, en cuanto autoridad de\nprimera instancia, supervisará el cumplimiento de las órdenes proferidas en\nesta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Decreto\n2591 de 1991. Para el efecto, ORDENAR a Cristian Camilo Paredes Forero\nque, en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la\nnotificación de la presente providencia, remita al juez de primera instancia un\ninforme sobre el cumplimiento de las órdenes precedentes.\n\nOCTAVO. REITERAR\nEL EXHORTO contenido en las\nsentencias T-280 de 2022, T-087 de 2023 y SU-432 de 2025, dirigido al Congreso\nde la República, para que atienda las recomendaciones formuladas por el Consejo\nde Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por la Organización\nde los Estados Americanos en relación con la prevención, protección,\nreparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital.\n\nNOVENO. A través de la Secretaría General de la Corte\nConstitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del\nDecreto 2591 de 1991.\n\nNotifíquese, comuníquese y cúmplase\n\nJUAN CARLOS CORTÉS\nGONZÁLEZ\n\nMagistrado\n\nLINA MARCELA ESCOBAR\nMARTÍNEZ\n\nMagistrada\n\nVLADIMIR FERNÁNDEZ\nANDRADE\n\nMagistrado\n\nANDREA LILIANA ROMERO\nLOPEZ\n\nSecretaria General\n\n[1] Expediente digital, archivo\n“02EscritoTutela2025-00613”.\n\n[2] Expediente digital, archivo\n“02EscritoTutela2025-00613”.\n\n[3] Ibidem.\n\n[4] Ibidem.\n\n[5] Expediente digital, archivo\n“03ActaReparto”\n\n[6] Expediente digital, archivo\n“04AutoAdmiteTutela2025-00613”\n\n[7] Expediente digital, archivo\n“06RespuestaCristianForero”\n\n[8] Expediente digital, archivo\n“07FalloTutela2025-00613”\n\n[9] Expediente digital, archivo\n“09EscritoImpugnacionTutela”\n\n[10] Expediente digital, archivo\n“07Fallo2Instancia”\n\n[11] Expediente digital, archivo\n“07Fallo2Instancia”\n\n[12] Auto de la Sala de Selección de\nTutelas Número Cinco, del 28 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/seleccion/autos/SALA-5-2026-AUTO-SALA-DE-SELECCION-DEL-28-DE-MAYO-DE-2026-NOTIFICADO-12-DE-JUNIO-DE-2026\n\n[13] Expediente digital, archivo “003\nInforme_Reparto_Sala_de_Seleccion_Auto_28-May-2026.pdf”.\n\n[14] Expediente digital, archivo\n“T12046373_Auto_Pruebas”\n\n[15] Expediente digital, archivo\n“T12046373_Auto_Pruebas Requerimiento”\n\n[16] Expediente digital, archivo\n“T12046373_Auto_Decreta_Inspeccion_Judicial”\n\n[17] Expediente digital, archivo\n“T12046373_Auto_Cita Inspección Judicial.pdf”.\n\n[18] Expediente digital, archivo\n“T12046373_Acta de Inspección Judicial.pdf”.\n\n[19] Expediente digital, archivo “ 011 T-12046373 Rta. Daniel Alfonso Linares Gonzalez 30-06-2026.pdf ”.\n\n[20] Ibidem.\n\n[21] Expediente\ndigital, archivo “ 011\nT-12046373 Rta. Daniel Alfonso Linares Gonzalez 30-06-2026.pdf ”\n\n[22] Expediente\ndigital, archivo “ 011\nT-12046373 Rta. Daniel Alfonso Linares Gonzalez 30-06-2026.pdf ”\n\n[23] Expediente digital, archivo\n“anexos cristian forero.Pdf”\n\n[24] Expediente digital, archivos “ 010 T-12046373 Rta. Cristian Paredes Forero 30-06-2026.pdf ” y “ 031 T-12046373 Rta. Cristian Paredes Forero 14-07-2026.pdf ”.\n\n[25] Expediente digital, archivo “ 036 T-12046373 Rta. Cristian Paredes Forero 24-07-2026.pdf ”.\n\n[26] Ibidem.\n\n[27] Expediente digital, archivo “ 032 T-12046373 Rta. Funcion Publica 16-07-2026.pdf ”.\n\n[28] Ibidem.\n\n[29] Ibidem.\n\n[30] Expediente digital, archivo “ 033 T-12046373 AC Rta. JACARANDAS 17-07-2026.pdf ”.\n\n[31] Ibidem.\n\n[32] Ibidem.\n\n[33] Ibidem.\n\n[34] Ibidem.\n\n[35] Ibidem.\n\n[36] Ibidem.\n\n[37] Expediente digital, archivo “ 015 T-12046373 Rta. UNILIBRE 09-07-2026.pdf ”\n\n[38] Ibidem.\n\n[39] Ibidem.\n\n[40] Expediente digital, archivo\n“Concepto Expediente T-12.046.373.pdf”.\n\n[41] Ibidem.\n\n[42] Ibidem.\n\n[43] Ibidem.\n\n[44] Ibidem.\n\n[45] Ibidem.\n\n[46] Ibidem.\n\n[47] Expediente digital, archivos “T12046373_Acta de\nInspección Judicial.pdf” y “T12046373_Anexo_Acta_Inspección”.\n\n[48] Expediente digital, archivos “T12046373_Acta de\nInspección Judicial.pdf” y “T12046373_Anexo_Acta_Inspección”.\n\n[49] Corte Constitucional, reiteración\nde la Sentencia T-301 de 2024. Capítulo tomado parcialmente de la Sentencia\nT-055 de 2026.\n\n[50] Corte Constitucional, sentencias SU-655 de 2017; SU-522 de 2019 y T-178 de\n2024.\n\n[51] Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2024. “ El hecho superado ocurre\ncuando el demandado atendió el objeto de la tutela por su propia voluntad y\nantes de que se profiriera una orden por parte del juez. En estos casos, debe\nverificarse que el objeto de la acción haya sido satisfecho por completo”.\n\n[52] Corte\nConstitucional, Sentencia T-482 de 2024. “ [E]l daño consumado se presenta cuando se\nconcretó la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, no\nsiendo posible hacer cesar la vulneración al derecho fundamental ni retrotraer\nla situación. En este evento el juez de tutela debe distinguir dos supuestos, el\nprimero, si el daño estaba consumado antes de la interposición de la acción,\ncaso en el cual el amparo es improcedente, y el segundo, si el daño se\nmaterializó durante el trámite judicial, pues en este caso, es posible evaluar\nel fondo del asunto, para proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar\nrepeticiones o identificar los responsables”.\n\n[53] Corte\nConstitucional, Sentencia T-482 de 2024. “[L] a carencia actual de objeto por situación\nsobreviniente se ha desarrollado como una categoría residual que se\npresenta cuando ocurre una circunstancia diferente a las del hecho superado o\nla de daño consumado que conlleva que la orden del juez de tutela no surta\nningún efecto y caiga en el vacío”.\n\n[54] Corte Constitucional, sentencias T-009 de 2019, y SU-522 de 2019.\n\n[55] Sobre el cumplimiento completo y voluntario, puede\nconsultarse la Sentencia T-482 de 2024. En dicha decisión, la Corte estableció\nque: “[e]n primer lugar, no se materializa un\nhecho superado, puesto que, si bien el accionante obtuvo la información\nsolicitada como consecuencia del cumplimiento del fallo de tutela de primera\ninstancia, no se trató de un cumplimiento voluntario de la pretensión, antes de\nque se expidiera la decisión judicial. Además, por cuanto las pretensiones no\nestán plenamente satisfechas, en la medida en que el fallo de segunda instancia\nrevocó la decisión de amparo, calificando, en forma posterior, la información\ncomo documentos sometidos a reserva”.\n\n[56] Expediente digital, archivos “ 010 T-12046373 Rta. Cristian Paredes Forero 30-06-2026.pdf ”.\n\n[57] Corte Constitucional, Sentencia\nT-158 de 2026.\n\n[58] Corte Constitucional, sentencias\nSU- 420 de 2019, T-289 de 2023 y T-158 de 2026.\n\n[59] Corte Constitucional, Sentencia\nT-289 de 2023.\n\n[60] Corte Constitucional, sentencias\nSU- 274 de 2019, T-275 de 2021, T-241 de 2023 y T-158 de 2026.\n\n[61] Corte Constitucional, Sentencia\nT-241 de 2023.\n\n[62] Corte Constitucional, Sentencia\nT-643 de 2013.\n\n[63] Corte Constitucional, Sentencia\nSU- 420 de 2019.\n\n[64] Corte Constitucional, T-454 de\n2018 y SU-420 de 2019.\n\n[65] Corte Constitucional, Sentencia\nSU-420 de 2019.\n\n[66] Corte Constitucional, Sentencia\nT-280 de 2022.\n\n[67] Corte Constitucional, Sentencia\nT-149 de 2025.\n\n[68] Expediente digital, archivo\n“03ActaReparto.pdf”.\n\n[69] Corte Constitucional, sentencias\nT-452 de 2022 y T-149 de 2025.\n\n[70] Al respecto, se puede ver: Corte\nConstitucional, Sentencia SU-195 de 2012. “[L]a ausencia de formalidades y el\ncarácter sumario y preferente del procedimiento de tutela, otorgan al juez\nconstitucional la facultad de fallar más allá de las pretensiones de las\npartes, potestad que surge a partir de haberle sido confiado a la Corte\nConstitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (art.\n241 superior), la primacía de los derechos inalienables del ser humano (art. 5\nsuperior) y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228\nsuperior).”\n\n[71] Corte Constitucional, Sentencia\nT-452 de 2022.\n\n[72] Corte Constitucional, sentencias\nT-012 de 2016, T-590 de 2017, SU-349 de 2022, T-028 de 2023 y T-172 de 2023.\n\n[73] Consideraciones tomadas parcialmente de la Sentencia\nT-149 de 2025.\n\n[74] Mossberf, K., Tolbert, C. J., y Mcneal,\nR.SE, Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation , MIT\nPress, 2007, págs. 1 a 19. Disponible en:\nhttps://mitpress.mit.edu/9780262633536/digital-citizenship/ .\n\n[75] UNESCO, La ciudadanía digital como política\npública en educación en América Latina, 2020. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376935 .\n\n[76] Giraldo Luque Santiago, Modelo de Análisis del uso\nde internet para promover la participación ciudadana en los procesos de toma de\ndecisión pública (poderes Ejecutivo y Legislativo) , Revista Signo y\nPensamiento, Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 31, Núm. 61, 2012, págs. 18\na 36. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4395 . También puede verse: Calle Collado Ángel, La\ntransición inaplazable. Salir de la crisis desde los nuevos sujetos políticos, Ed.\nIcaria, Barcelona, 2013, pág. 46. También puede verse: Ramírez Nárdiz Alfredo, Democracia\nparticipativa. La democracia participativa como profundización en la democracia ,\nEd. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 153.\n\n[77] Cáceres Zapatero María Dolores, Brändle Gaspar y Ruiz\nSan-Roman José A., Hacia la construcción de una ciudadanía digital. Nuevos\nmodelos de participación y empoderamiento a través de internet , Revista\nPrisma Social, Universidad Complutense de Madrid, No. 15, 2016. Pág. 659.\nDisponible en: https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/57d2e2d9-d1cc-4fca-8545-81366aa4a482/content . “Internet y las comunicaciones inalámbricas no\nestán, desde luego, en la raíz de los nuevos movimientos sociales, pero hoy\nparecen indispensables para su puesta en marcha y organización. Se presentan\ncomo un factor necesario para movilizar, coordinar, organizar, deliberar,\naunque su mera existencia no garantice el cambio social”.\n\n[78] Algunos ejemplos internacionales sobre el uso de\nmedios digitales por parte de las instituciones estatales, para potenciar la\nparticipación ciudadana, son: (i) el sitio web denominado Parlament et\nCitoyens ( https://purpoz.com/ )\ncreado en Francia por la Asociación Démocratie Ouverte . En esta\nplataforma digital, los parlamentarios cargan los proyectos de ley que se\nencuentran en trámite con el fin de que la ciudadanía opine sobre los mismos.\nEn efecto, tiene el objetivo de involucrar a los ciudadanos en la labor\nlegislativa a través de los siguientes mecanismos: votar propuestas del\nproyecto de ley subido a la plataforma, exponer los argumentos dirigidos a\nsustentar el voto, votar por argumentos publicados por otros usuarios\nregistrados y proponer nuevos proyectos a problemáticas específicas. Y (ii) las\nplataformas llamadas Decide Madrid ( https://decide.madrid.es/ ) y Decidim Barcelona ( https://www.decidim.barcelona/?locale=es ), creadas por los ayuntamientos de dichas ciudadades\ncon el fin de divulgar información sobre espacios de participación\npresenciales, pero también permiten la publicación de opiniones, críticas,\nestudios o valoraciones de la gestión de dichas instituciones en el medio\ndigital. En efecto, se divulgan propuestas, se realiza la votación de consultas\nciudadanas, y se puede plantear u opinar sobre proyectos y abrir debates con\notros usuarios y con los funcionarios de la entidad gubernamental.\n\n[79] Forum for the Future of Democracy, e-Democracy:\nwho dares? Disponible en: https://www.coe.int/t/dgap/forum-democracy/activities/forum%20sessions/2008/Proceedings_FFD08_EN.pdf\n\n[80] Ibidem.\n\n[81] Katsikas Sokratis K. y Sideridis Alexander\nB., E-democracy – Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms ,\n2015.\n\n[82] Ibidem.\n\n[83] European Movement International, Citizens’\nParticipation In The Digital Age: E-Democracy . Disponible en: https://europeanmovement.eu/policy/citizens-participation-in-the-digital-age-e-democracy/\n\n[84] Gilardi Fabrizio, Gessler Theresa, Kubli\nMaël y Müller Stefan, Social Media and Policy Responses to COVID-19 Pandemic\nin Switzerland , 2021.\n\n[85] Ibidem.\n\n[86] Emmanouilidou Lydua, Arab\nuprisings: What role did social media really play? 2020.\n\n[87] Corte Constitucional, Sentencia T-637 de 2001.\n\n[88] Corte Constitucional, Sentencia T-1337 de 2001.\n\n[89] Ibidem.\n\n[90] Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994.\n\n[91] Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 2015.\n\n[92] Corte Constitucional, Sentencia T-1337 de 2001.\n\n[93] Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994.\n\n[94] Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2023.\n\n[95] Ibidem.\n\n[96] Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 2016.\n\n[97] Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2023. Al\nrespecto, pueden verse las sentencias de la Corte IDH: Caso Yatama Vs.\nNicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de\n23 de junio de 2005. Serie C No. 127; Caso Castañeda Gutman Vs. México.\nExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de\nagosto de 2008. Serie C No. 184; y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo\nReparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233,\npárr. 186.\n\n[98] Departamento\nAdministrativo de la Función Pública, Concepto n.° 008531 de 2024. Disponible\nen: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=236479 . También puede consultarse el Concepto\nn.° 2191 de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:\n“ La figura de la Primera\nDama de la Nación no tiene el carácter de cargo o empleo público. El perfil de\nlas funciones asignadas a la esposa del Presidente de la República implica más\nuna representatividad institucional, de asistencia social, de beneficencia\npública y de tareas protocolarias dadas por una larga tradición en el país”.\n\n[99] Hoy esta dependencia no existe, ya\nque fue suprimida por medio del Decreto 3445 de 2010. No obstante, sus funciones de política\nsocial focalizada, gestión de cooperación y alianzas se redistribuyeron en\notras consejerías sectoriales, ministerios o programas específicos dentro del\nDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República.\n\n[100] Corte Constitucional, Sentencia\nC-089A de 1994.\n\n[101] Sala de Consulta y Servicio Civil\ndel Consejo de Estado, Concepto n.° 2191 de 2013. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64940 .\n\n[102] Expediente digital, archivo “ 032 T-12046373 Rta. Funcion Publica 16-07-2026.pdf ”:\n“ las actividades que\nnormalmente desarrollan los gestores sociales, relacionadas con el\nacompañamiento protocolario, la asistencia social, la beneficencia, la\narticulación comunitaria, la convocatoria y el impulso de iniciativas de\ncontenido social, no constituyen, por sí mismas, ejercicio de función pública\nen sentido estricto ni los convierten en autoridades de la administración\npública”.\n\n[103] Departamento Administrativo de la\nFunción Pública, Concepto n.° 008531 de 2024. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=236479 .\n\n[104] Expediente digital, archivo “ 032 T-12046373 Rta. Funcion Publica 16-07-2026.pdf ”.\n\n[105] UNESCO, Braguinsky Eugenia, Cuadernos de Discusión\nde Comunicación e Información. 26. El acceso a la información pública y los\ngrupos en situación de vulnerabilidad: retos, experiencias y buenas prácticas ,\n2024. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388858 .\n\n[106] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[107] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.\nTambién puede verse: Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (Excepciones\nPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 2 de julio de 2004,\nSerie C No. 107.\n\n[108] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[109] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[110] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.\n\n[111] CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de\nExpresión, El derecho de acceso a la información pública en las Américas.\nEstándares Interamericanos y comparación de marcos legales , 30 de diciembre\nde 2011, párr. 261. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20Americas%202012%2005%2015.pdf .\n\n[112] De acuerdo con las Sentencia C-650 de 2003 y\nSentencia SU-274 de 2019: “la libertad de expresión en una democracia cumple\nlas siguientes funciones: \"i) permite buscar la verdad y desarrollar\nel conocimiento; ii) hace posible el principio de\nautogobierno; iii) promueve la autonomía\npersonal; iv) previene abusos de poder y v) constituye\nuna “válvula de escape” que promueve la confrontación pacífica de las\ndecisiones estatales o sociales que no se compartan, lo que favorece la\nresolución racional y pacífica de los conflictos, como resultado del debate\npúblico y no de la confrontación violenta”. También puede verse: Centro de\nEstudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Botero Marino Catalina,\nGuzmán Duque Federico, Jaramillo Otoya Sofía y Gomez Upegui Salomé, El\nderecho a la libertad de expresión. Curso avanzado para jueces y operadores\njurídicos en las Américas, 2017, pág. 30. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/07/El-derecho-a-la-libertad-de-expresión-PDF-FINAL-Julio-2017-1-1.pdf .\n\n[113] Corte IDH, Opinión Consultiva 05 de 1985, Sobre la\ncolegiatura obligatoria para periodistas , párr. 70. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf . Pronunciamientos en ese mismo sentido, también se\nhan emitido por el TEDH, en los Casos Scharsach y News Verlagsgesellschaft\nvs. Austria , 2004; Perna vs. Italia , 2003; Dichand y otros vs.\nAustria , 2002 ; Lehideux e Isorni vs. France , 1998, entre otros.\n\n[114] Corte Constitucional, Sentencia T-324 de 2020.\n\n[115] Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2024.\nTambién pueden verse las Sentencias T-391 de 2007 y C-442 de 2011.\n\n[116] Ver, entre otras, la Sentencia SU-396 de 2017.\n\n[117] Con todo, esta presunción no opera cuando están de\npor medio expresiones abiertamente discriminatorias. Así lo explicó la Sala\nPlena en la sentencia C-091 de 2017, al estudiar la constitucionalidad del tipo\npenal de hostigamiento, contenido en la Ley antidiscriminación o Ley 1482 de\n2011.\n\n[118] “la limitación debe tener el menor alcance posible, y\ncircunscribirse a aquello que sea estricta y precisamente necesario limitar,\nsin ir más allá de lo indispensable; en otras palabras, el medio para imponer\nla restricción debe ser el menos gravoso disponible en términos del ejercicio\npleno de la libertad de expresión, y debe demostrarse que el objetivo imperioso\nque se persigue no puede alcanzarse por un medio menos restrictivo”Centro de\nEstudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Botero Marino Catalina,\nGuzmán Duque Federico, Jaramillo Otoya Sofía y Gomez Upegui Salomé, El\nderecho a la libertad de expresión. Curso avanzado para jueces y operadores\njurídicos en las Américas, 2017, Pág. 107. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/07/El-derecho-a-la-libertad-de-expresión-PDF-FINAL-Julio-2017-1-1.pdf ..\n\n[119] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\nTambién puede verse: “[…] supone el control y veto de la expresión antes de que\nesta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido\ncensurada, como a la totalidad de la sociedad, ejercer su derecho a la\ninformación. En otras palabras, la censura previa produce ‘una suspensión\nradical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de\ninformación, ideas, opiniones o noticias”. Corte IDH, Informe de fondo No.\n90/05. Caso No. 12.142, Alejandra Marcela Matus Acuña y otros vs. Chile, 24\nde octubre de 2005, párr. 35. Disponible en: https://cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Chile12142.sp.htm . También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia\nT-145 de 2019.\n\n[120] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022, M.P.\nDiana Fajardo Rivera. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia\nT-061 de 2024. También pueden verse las Sentencias T-391 de 2007 y C-442 de\n2011.\n\n[121] “(…) la libertad de expresión protege no solo las\nideas, informaciones o expresiones que son recibidas con beneplácito,\nfavorablemente o con indiferencia, sino también aquellas que ofenden, chocan,\ndisgustan, inquietan, resultan ingratas o perturban, sea al Estado y a quienes\nlo representan, o a un determinado grupo de la población. Esta regla (…) es una\nde las exigencias básicas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de\napertura que definen una democracia; que las limitaciones de la libertad de\nexpresión no pueden ni deben perpetuar los perjuicios ni la intolerancia; y que\ntambién merecen protección las expresiones e informaciones de sectores\nminoritarios de la población que no cuentan con la aprobación o el beneplácito\ndel Estado o de la mayoría ni se expresan como ella”. Corte IDH, Caso Herrera\nUlloa vs. Costa Rica (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas),\nSentencia del 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr. 113.\n\n[122] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[123] Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2007. En\neste punto, cabe resaltar que, de acuerdo con el artículo 13.4 de la Convención\nAmericana sobre Derechos Humanos, esta prohibición de la censura tiene una\nexcepción. De acuerdo con esta disposición, las expresiones o manifestaciones\npueden ser sometidas por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de\nregular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la\nadolescencia.\n\n[124] Corte Constitucional, Sentencia\nSU-420 de 2019, entre otras.\n\n[125] “la limitación debe tener el menor alcance posible, y\ncircunscribirse a aquello que sea estricta y precisamente necesario limitar,\nsin ir más allá de lo indispensable; en otras palabras, el medio para imponer\nla restricción debe ser el menos gravoso disponible en términos del ejercicio\npleno de la libertad de expresión, y debe demostrarse que el objetivo imperioso\nque se persigue no puede alcanzarse por un medio menos restrictivo”Centro de\nEstudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Botero Marino Catalina,\nGuzmán Duque Federico, Jaramillo Otoya Sofía y Gomez Upegui Salomé, El\nderecho a la libertad de expresión. Curso avanzado para jueces y operadores\njurídicos en las Américas, 2017, Pág. 107. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/07/El-derecho-a-la-libertad-de-expresión-PDF-FINAL-Julio-2017-1-1.pdf .\n\n[126] Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2007.\n\n[127] Al respecto, pueden verse: Corte Constitucional,\nSentencias SU-420 de 2019 y C-345 de 2019.\n\n[128] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[129] Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica\n(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 2 de\njulio de 2004, Serie C No. 107, párr. 155.\n\n[130] Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile\n(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 22 de\nnoviembre de 2005, Serie C No. 135, párr. 82.\n\n[131] Corte Constitucional, Sentencia\nT-342 de 2020.\n\n[132] Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2007.\n\n[133] Ibidem.\n\n[134] En la Sentencia T-289 de 2021, la Corte\nConstitucional reconoció que el discurso feminista está especialmente\nprotegido, no solo porque plasma asuntos de interés público en el Estado\nConstitucional de Derecho y porque este incorpora un contenido político\nemancipador.\n\n[135] “[…] la Constitución protege el derecho de las\nmujeres y de los particulares a denunciar por redes sociales los actos de\ndiscriminación, violencia, acoso y abuso de los que sean víctimas o tengan\nnoticia. En concreto, señaló que las denuncias públicas de estos actos\n–individuales o agregadas–, comúnmente conocidas como “ escraches ”,\nconstituyen un ejercicio prima facie legítimo de la libertad\nde expresión que goza de protección constitucional reforzada” Corte\nConstitucional, Sentencia T-275 de 2021. Reiterada en: T-061 de 2024 y T-452 de\n2022.\n\n[136] Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Informe\nsobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana\nsobre Derechos Humanos , OEA/Ser.L/V/II.88., 1995. También puede verse:\nCorte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay (Excepciones Preliminares, Fondo,\nReparaciones y Costas), Sentencia del 30 de diciembre de 2009, Serie C No. 111,\npárr. 34. También puede verse: “La principal razón es que toda democracia\nrequiere el máximo grado posible de deliberación pública sobre los asuntos de\nla sociedad o del Estado que conciernen a todos, es decir, sobre los asuntos\npúblicos. Un sistema democrático y plural exige que los funcionarios públicos y\nsu gestión estén expuestos a un nivel alto de control por una opinión pública\nvigorosa e informada (…) Sólo así se logra el nivel de participación ciudadana\ny transparencia estatal que define un orden democrático”. Centro de Estudios de\nDerecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Botero Marino Catalina, Guzmán Duque\nFederico, Jaramillo Otoya Sofía y Gomez Upegui Salomé, El derecho a la\nlibertad de expresión. Curso avanzado para jueces y operadores jurídicos en las\nAméricas, 2017, pág. 62. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/07/El-derecho-a-la-libertad-de-expresión-PDF-FINAL-Julio-2017-1-1.pdf .\n\n[137] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[138] Pueden consultarse: (i) Corte IDH, Caso Herrera Ulloa\nvs. Costa Rica (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas),\nSentencia del 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr. 127; (ii) Corte IDH,\nCaso Ricardo Canese vs. Paraguay (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones\ny Costas), Sentencia del 30 de diciembre de 2009, Serie C No. 111, párr. 103;\n(iii) TEDH, Caso Dichand y otros vs. Austria, Sentencia del 26 de mayo\nde 2002, párr. 39. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-60171%22]} ; (iv) TEDH, Caso Castells vs. España ,\nSentencia del 23 de abril de 1992, párr. 46; (v) Comisión Africana de Derechos\nHumanos y de los Pueblos. Recomendación en el Caso Media Rights Agenda y otros\ncontra Nigeria , Comunicaciones No. 105/93, 128/94, 130/94 y 152/96,\nPárr. 54 y (vi) Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Caso Lohé\nIssa Konaté contra la República de Burkina Faso, Sentencia del 5 de diciembre\nde 2014, Párrs. 155 y 156.\n\n[139] Corte Constitucional, sentencias SU-355 de 2019 y\nT-452 de 2022, entre otros.\n\n[140] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[141] Ibidem.\n\n[142] Ibidem.\n\n[143] Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2024.\n\n[144] Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2025. “[L]os\ndiscursos que constituyen violencia de género en contra de las mujeres no están\nprotegidos por la libertad de expresión”.\n\n[145] Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 2026. “ Por consiguiente, estas expresiones no están amparadas\npor la libertad de expresión, sino que configuran actos tendientes a censurarla\nmoralmente y ejercer control sobre el cuerpo y la sexualidad de la\naccionante. Estas expresiones desconocen, a su vez, que la sexualidad es un\naspecto fundamental de la persona y pertenece a su esfera más íntima, por lo\nque debe ser respetada sin incurrir en tratos degradantes”.\n\n[146] Corte Constitucional, Sentencia T-561 de 2023.\n\n[147] Corte Constitucional, Sentencia T-050 de 2016.\n\n[148] Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2024, entre\notras.\n\n[149] Ibidem.\n\n[150] Corte Constitucional, Sentencias T-155 de 2019 y\nT-061 de 2024, entre otras.\n\n[151] Corte Constitucional, Sentencia T-206 de 2024.\n\n[152] Consideraciones tomadas\nparcialmente de las sentencias T-450 de 2025 y T-546 de 2016.\n\n[153] Sentencia T-411 de 1995.\n\n[154] Sentencia T-022 de 2017.\n\n[155] Sentencia T-714 de 2010, siguiendo\nla providencia C-392 de 2002.\n\n[156] Corte Constitucional,\nsentencias C-489 de 2002 y T-022 de 2017.\n\n[157] Corte Constitucional,\nsentencias C-452 de 2016 y T-022 de 2017.\n\n[158] Corte Constitucional, Sentencia T-090 de 1996 .\n\n[159] Corte Constitucional, sentencias\nT-050 de 2016, T-634 de 2013 y T-379 de 2013.\n\n[160] Corte Constitucional,\nSentencia T-379 de 2013.\n\n[161] Ibidem.\n\n[162] Corte Constitucional, sentencias\nT-379 de 2013 y T-090 de 1996.\n\n[163] Corte Constitucional, Sentencia SU-1723 de 2000,\nreiterada en T-546 de 2016, T-244 de 2018 y SU 355 de 2019.\n\n[164] Corte Constitucional, Sentencia T-007 de 2025.\n\n[165] Corte Constitucional, sentencias SU-056 de 1995 y\nSU-1723 de 2000.\n\n[166] Ibidem.\n\n[167] Sentencia T-256 de 2013, reiterada en T-312 de 2015..\n\n[168] Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de\n2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 86- 88; Corte I.D.H., Caso Palamara\nIribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135,\npárr. 83; Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y\notros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69;\nCorte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de\n2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155, Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs.\nParaguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte\nI.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.\nSerie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros.\nSentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H.,\nCaso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y\nCostas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 115.\n\n[169] Corte Constitucional, Sentencia SU-1723 de 2000,\nreiterada en T-312 de 2015.\n\n[170] Corte Constitucional, Sentencia\nT-244 de 2018.\n\n[171] Corte Constitucional, Sentencia\nT-063 de 2024.\n\n[172] Corte Constitucional, Sentencias SU-274 de 2019,\nT-155 de 2019, T-028 de 2022 y T- 063 de 2024.\n\n[173] Entre los roles de los que se ha\nocupado la jurisprudencia constitucional, se encuentran el del particular; el\nfuncionario público; las personas jurídicas; los grupos históricamente\ndiscriminados, marginados o en una especial situación de vulnerabilidad y los\nperiodistas.\n\n[174] Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2022.\n\n[175] Las personas con relevancia pública “son personajes\ncon proyección o reconocimiento social por la función o rol que desempeñan”\n(Sentencia T-546 de 2016), o que “voluntariamente se someten al escrutinio\nsocial en razón de sus funciones, y por eso, ostentan, más allá de la\nnotoriedad, autoridad, liderazgo, credibilidad, capacidad de influencia y\nrespeto” (Sentencia T-179 de 2019).\n\n[176] Corte Constitucional, Sentencia T-179 de 2019.\n\n[177] Corte Constitucional, Sentencia SU-420 de 2019.\n\n[178] La corte se ha referido a estos procesos como\n“buscabilidad” y “encontrabilidad”. Corte Constitucional, Sentencia T-155 de\n2019.\n\n[179] Corte Constitucional, Sentencias T-179 de 2019 y\nSU-420 de 2019.\n\n[180] Relatoría Especial de las Naciones\nUnidas para la Libertad de Expresión y otros, Declaración Conjunta sobre\nLibertad de Expresión e Internet , 2011. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849 .\n\n[181] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[182] Corte Constitucional, Sentencia\nT-475 de 2024.\n\n[183] ONU. Asamblea General. Informe del Relator\nEspecial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y\nde expresión, Frank La Rue . A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr. 60 y 61.\nDisponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85 , define la brecha digital como “la separación\nentre quienes tienen acceso efectivo a las tecnologías digitales y de la\ninformación, en particular a Internet, y quienes tienen un acceso muy limitado\no carecen de él”.\n\n[184] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[185] “[t]odas las personas deben contar con igualdad de\noportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de\ncomunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza,\ncolor, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole,\norigen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra\ncondición social”. OEA. CIDH, Declaración de Principios sobre la Libertad de\nExpresión , Principio No. 2, Octubre 2000. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/declaracion-principios-libertad-expresion.pdf .\n\n[186] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.\n\n[187] Corte Constitucional, sentencias T-277 de 2015 y\nT-543 de 2017.\n\n[188] Consideraciones tomadas parcialmente de la Sentencia\nT-149 de 2025.\n\n[189] Corte Constitucional, Sentencia T-434 de 2024.\n\n[190] Corte Constitucional, Sentencias T-434 de 2024, T-275\nde 2023, T-010 de 2024, T-087 de 2023 y SU-091 de 2023. También puede verse:\nOrganización de los Estados Americanos – OEA, Ley Modelo Interamericana para\nprevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida\npolítica , 2017. Disponible en: https://www.oas.org/en/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf ; y Albaine Laura, Obstáculos y desafíos de la\nparidad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad ,\nRevista de Ciencias Sociales, Ecuador, 2015. Pág. 145-162. Disponible en: https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/1675 .\n\n[191] Ibidem.\n\n[192] OEA, Convención Interamericana para prevenir,\nsancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Convención de Belém do\nPará, 1994. Ratificado por Colombia, mediante la Ley 248 de 1995.\n\n[193] ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación\ncontra la Mujer, Recomendación General No. 35, CEDAW/C/GC/35, del 26 de julio\nde 2017. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf\n\n[194] Corte Constitucional, Sentencia T- 140 de 2021.\n\n[195] Ibidem.\n\n[196] Corte Constitucional, Sentencia SU- 080 de 2020.\n\n[197] Corte Constitucional, Sentencias T-462 de 2018,\nSU-080 de 2020 y T-401 de 2024.\n\n[198] Corte Constitucional, Sentencia T-224 de 2023.\n\n[199] Corte Constitucional, Sentencia\nT-087 de 2023.\n\n[200] Ibidem.\n\n[201] “Las redes sociales no pueden verse como\nmanifestaciones culturales diferentes a las que se producen en el mundo no\ndigital. Las redes son productos de la cultura que, así como la pintura, la\nmúsica o el arte, en general, porta los prejuicios y comprensiones de la época\nen la que se produce. A juicio de esta Corte, la relación entre las redes\nsociales y los derechos fundamentales de las mujeres, pueden implicar las\nmismas prácticas discriminatorias que otras expresiones del espíritu humano. En\nel caso de estas, agravado por el anonimato, la difusión y el reconocimiento\nque las redes sociales permiten”. Corte Constitucional, Sentencia T-361 de\n2019.\n\n[202] El Comité para la Eliminación de la Discriminación\ncontra la Mujer, a través de su Recomendación General N°35, reconoció que la\nviolencia dirigida a la mujer por el hecho de serlo o que la afecta de forma\ndesproporcionada constituye una violación de sus derechos humanos [202] .\nEn efecto, dicha entidad ha señalado que este tipo de violencia se configura\ncomo un medio social, político y económico a través del cual se perpetúa la\nposición subordinada de la mujer respecto del hombre y se le asignan roles\nestereotipados. Incluso, ha reconocido que estos actos constituyen un grave\nobstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y\npara el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades\nfundamentales.\n\nAsimismo,\nha indicado que este tipo de violencia se produce en todos los espacios y\nesferas de la interacción humana, ya sean públicos o privados, entre ellos los\ncontextos familiares, comunitarios, laborales, deportivos, políticos,\neducativos y los espacios públicos, entre otros. Incluso, en aquellas\ninteracciones en entornos digitales. Sobre esto último, dicho Comité ha\nadvertido que la violencia de género digital constituye una manifestación\ncontemporánea de la discriminación estructural contra las mujeres y no un\nsimple abuso tecnológico. Disponible en: disponible en:\nhttps://www.refworld.org/es/leg/coment/cedaw/2017/127243\n\n[203] ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de\nla Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y\nconsecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas\ndesde la perspectiva de los derechos humanos , A/HRC/38/47, 2018, párr. 23.\nDisponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://digitallibrary.un.org/record/1641160/files/A_HRC_38_47-ES.pdf&ved=2ahUKEwi80-DbwPOJAxWxRzABHbSzNFMQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw2OpEQDhkF-4mb7lndFSI4J . También pueden verse: Corte Constitucional,\nSentencias T-280 de 2022 y T-087 de 2023, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.\n\n[204] Tabla tomada de la Sentencia T-158\nde 2026.\n\n[205] Organización de los Estados\nAmericanos y Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará.\n“La violencia de género en línea contra las mujeres y las niñas. Guía de\nconceptos básicos”. Disponible en: https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Guia-conceptos-basicos-La-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-mujeres-y-ninas.pdf .\n\n[206] Disponible en: https://www.un.org/es/hate-speech/impact-and-prevention/targets-of-hate .\n\n[207] La OEA explicó que se comprobó que\nel 90% de las personas afectadas por este tipo de violencia son las mujeres. https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Guia-conceptos-basicos-La-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-mujeres-y-ninas.pdf .\n\n[208] Ibidem. La OEA sostuvo que una\ncuarta parte de las mujeres usuarias de Internet han sufrido doxing.\n\n[209] Publicado en junio de 2018. En\neste informe se definió como “la publicación de información privada, como datos\nde contacto en Internet con intención dolosa, normalmente insinuando que la\nvíctima está ofreciendo servicios sexuales; consiste en investigar y divulgar\ninformación de carácter personal sobre una persona sin su consentimiento, a\nveces con la intención de exponer a una mujer al mundo “real” con fines de\nacoso y/u otros fines. Incluye situaciones en que la información y los datos\npersonales obtenidos por el autor del abuso se hacen públicos con intención\ndolosa, en una clara violación del derecho a la intimidad”. Disponible en: https://docs.un.org/es/A/HRC/38/47 .\n\n[210] Corte Constitucional, Sentencias T-280 de 2022 y\nT-087 de 2023.\n\n[211] Ibidem.\n\n[212] Corte Constitucional, Sentencia T-087 de 2023.\n\n[213] Corte Constitucional, Sentencias T-064 de 2023 y\nT-087 de 2023.\n\n[214] Walter Natasha, Muñecas\nVivientes. El regreso del sexismo , traducción de María Álvarez Rilla,\nTurner Publicaciones, 2010.\n\n[215] Ibidem.\n\n[216] Ibidem. “La exagerada\nsexualización de la cultura que nos rodea se tolera, e incluso se aplaude,\nporque está avalada por la ficción de la igualdad. Puesto que en nuestra sociedad\nha prendido la idea de que hombres y mujeres ya son iguales en todos los\námbitos, parece normal que se anime incansablemente a las mujeres a dar\nprioridad a su atractivo sexual. Se asume que se trata de una elección adoptada\nlibremente por las mujeres, que en todo lo demás son perfectamente iguales a\nlos hombres. Pero, si observamos detenidamente la situación actual, nos daremos\ncuenta de lo precaria que es. Resumiendo los hechos fundamentales: las mujeres\naún no tienen el mismo poder político, […] [n]o tienen el mismo poder\neconómico, ya que las diferencias salariales no solo siguen existiendo sino\nque, de hecho, aumentan. No se han liberado de la violencia machista y saben\nque, puesto que solo un seis por ciento de los casos de violación acaban en\ncondena, los violadores disfrutan de impunidad en nuestra sociedad”.\n\n[217] Corte\nConstitucional, Sentencia T-432 de 2023. “ En efecto, el contexto sociocultural actual ha\ngenerado una hipersexualización del cuerpo femenino, la cual sumada a los demás\nestereotipos de género, indica que el valor de las mujeres es mayor mientras\nestas más se adecúen a los cánones de belleza imperantes en el momento”.\n\n[218] Lo expuesto, ha sido analizado por\ndiversos sectores de la doctrina. Por ejemplo, Natasha Walter en Muñecas vivientes ,\nafirmó que las mujeres “se ven arrastradas sin remedio por un entorno cultural\nque asume que las mujeres deben ser valoradas fundamentalmente en función de su\natractivo sexual”. Walter Natasha, Muñecas Vivientes. El regreso del sexismo ,\ntraducción de María Álvarez Rilla, Turner Publicaciones, 2010.\n\n[219] Corte Constitucional, Sentencia\nSU-239 de 2024.\n\n[220] Corte Constitucional, Sentencia\nT-158 de 2026.\n\n[221] Walter Natasha, Muñecas\nVivientes. El regreso del sexismo , traducción de María Álvarez Rilla, Turner\nPublicaciones, 2010.\n\n[222] Ibidem.\n\n[223] Ibidem.\n\n[224] Ibidem.\n\n[225] Corte Constitucional, Sentencia\nSU-432 de 2025.\n\n[226] Es la creación,\nmodificación y utilización de un registro audiovisual, incluidas fotografías,\nvídeos, imágenes o grabaciones de sonido falsos, mediante Inteligencia\nArtificial -IA- de manera que el registro parezca auténtico del discurso o\nconducta real de un individuo. Artículo 2, Ley 2502 de 2025.\n\n[227] Diccionario de Cambridge. Significa criticar a\nalguien con base en la forma, tamaño o apariencia física y corporal. Disponible\nen: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/body-shaming .\n\n[228] Disponible en: https://www.plan.org.au/publications/free-to-be-online/\n\n[229] UNESCO, Violencia en línea contra\nlas mujeres periodistas: Instantánea mundial e la incidencia y las\nrepercusiones , 2020 – 2021. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136_spa .\n\n[230] Cuellar Lina y Chaher Sandra, Sentiido y Comunicación\npara la Igualdad, Ser periodista en Twitter. Violencia de género digital en\nAmérica Latina , 2020. Disponible en: https://www.academia.edu/93033241/Ser_Periodista_en_Twitter_Violencia_digital_de_g%C3%A9nero_hacia_periodistas_en_Am%C3%A9rica_Latina .\n\n[231] ONU Mujeres, AI-Powered online\nabuse: How AI is amplifying violence against women and what can stop it , 18\nde noviembre de 2025. Disponible\nen: https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/ai-powered-online-abuse-how-ai-is-amplifying-violence-against-women-and-what-can-stop-it\n\n[232] Secretaría General Iberoamericana y\nPNUD, Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica ,\n2025. Disponible en: https://segib.org/es/publicacion/prevenir-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-en-iberoamerica/\n\n[233] Ibidem.\n\n[234] Ibidem.\n\n[235] Ibidem. Pág. 39.\n\n[236] Walter Natasha, Muñecas\nVivientes. El regreso del sexismo , traducción de María Álvarez Rilla,\nTurner Publicaciones, 2010.\n\n[237] Ibidem.\n\n[238] Ibidem. “Esta mujer objeto, admirada tan a menudo por\nser la mujer o la novia de algún héroe masculino y no la protagonista de su\npropia vida, es la muñeca de carne y hueso que ha reemplazado a la mujer\nliberada que debería estar abriéndose camino en el siglo XXI”\n\n[239] Anzola Marcela, La sátira\npolítica como instrumento de dominación cultural y simbólica” , columna de\nopinión, Razón Pública, 15 de enero de 2026. Disponible en: https://razonpublica.com/la-satira-politica-instrumento-dominacion-cultural-simbolica/ .\n\n[240] Corte Constitucional, Sentencia\nT-149 de 2025.\n\n[241] Walter Natasha, Muñecas Vivientes. El regreso del\nsexismo , traducción de María Álvarez Rilla, Turner Publicaciones, 2010.\n“Estas investigaciones demuestran que la persistencia de los estereotipos no\npuede combatirse a base de simple voluntad personal. Aunque una mujer se\nesfuerce en comportarse exactamente igual que lo haría un hombre en su misma\nsituación, puede que no sea capaz de soportar la presión de los prejuicios que\nle asignan un papel diferente. Si somos capaces de reconocer con honestidad el\nhecho de que son las expectativas impuestas por el entorno cultural, y no las\ninclinaciones o las aptitudes innatas, las que impiden que las mujeres aspiren\na ascender en cuanto a remuneración, poder o estatus, podremos volver a darnos\ncuenta de lo importante que es tener en cuenta la influencia de los factores\nsociales en la persistencia de la desigualdad. Nunca conseguiremos derribar las\nbarreras que aún se interponen en el camino de la liberación femenina si nos\nlimitamos a aceptar la idea de que las mujeres están programadas para encajar\ncon la idea más estrechamente estereotipada de la feminidad”.\n\n[242] Amnistía Internacional, Toxic\nTwitter – A toxic place for women . Disponible en: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1-1/\n\n[243] Ibidem.\n\n[244] Ibidem.\n\n[245] Consejo de Derechos Humanos,\nResolución A/HRC/RES/59/20, aprobada el 8 de julio de 2025, Acelerar los\nesfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las\nniñas: prevención mediante la efectividad de los derechos económicos, sociales\ny culturales . Disponible en : https://docs.un.org/es/A/HRC/RES/59/20\n\n[246] ONU Mujeres, Violencia de género en\nlínea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión , 2022. Disponible en: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Informe_ViolenciaEnLinea-16Mar23.pdf .\n\n[247] Ibidem.\n\n[248] Corte Constitucional, Sentencia\nT-149 de 2025.\n\n[249] Ibidem. También puede consultarse: Fundación Karisma, Acoso,\nsoledad y desprestigio: Un estudio sobre las formas, las rutas de atención y el\nimpacto de las violencias digitales contra las candidatas al Congreso\ncolombiano en 2022, 2023, pág 9 y 10. Disponible en: https://web.karisma.org.co/las-violencias-digitales-pueden-disuadir-a-las-mujeres-de-postularse-a-cargos-publicos/ .\n\n[250] De igual forma, el artículo 8˚ de la Convención\nde Belém do Pará establece que los Estados deben adoptar, en forma progresiva,\nmedidas específicas, entre las cuales se encuentra la adopción de programas de\neducación para servidores públicos, especialmente aquellos que hacen parte de\nla Rama Judicial, con el fin de que, en el ejercicio de sus funciones, apliquen\nlas normas sobre prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la\nmujer.\n\n[251] “el análisis con perspectiva de género se ha hecho extensivo\ncomo un mandato de obligatoria observancia por el Estado a través de todas las\ninstituciones y organizaciones que lo conforman”. Corte Constitucional,\nSentencia T-271 de 2023.\n\n[252] ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación\ncontra la Mujer, Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las mujeres a\nla justicia, CEDAW/C/GC/33, del 3 de agosto de 2015. Disponible en: https://www.refworld.org/es/leg/coment/cedaw/2015/es/133599 .\n\n[253] Ibidem.\n\n[254] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016.\n\n[255] Corte Constitucional, sentencias T-012 de 2016, T-590\nde 2017, SU-349 de 2022 y T-028 de 2023, entre otras.\n\n[256] Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial,\nObservatorio, ¿Cómo aplicar la perspectiva de género para administrar\njusticia? . Disponible en: https://ayudajurisprudencia.ramajudicial.gov.co:8446/ayuda/modulo4.php .\n\n[257] Corte Constitucional, Sentencia T- 462 de 2018.\n\n[258] Corte Constitucional, Sentencia T- 267 de 2023.\n\n[259] Corte Constitucional, Sentencia T- 462 de 2018.\n\n[260] Corte Constitucional, Sentencia T-434 de 2024.\n\n[261] Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del\n30 de agosto de 2018. Radicado: 50001-23-31-000-2003-30307-01 citado en Corte\nConstitucional. Sentencia T-219 de 2023.\n\n[262] Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2023.\n\n[263] Ibidem.\n\n[264] Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2018.\n\n[265] Expediente digital, archivo “ 032 T-12046373 Rta. Funcion Publica 16-07-2026.pdf ”.\n\n[266] Expediente\ndigital, archivo “ 011\nT-12046373 Rta. Daniel Alfonso Linares Gonzalez 30-06-2026.pdf ”\n\n[267] Corte Constitucional, Sentencia\nT-124 de 2021.\n\n[268] Expediente\ndigital, archivo “Concepto Expediente T-12.046.373.pdf”.\n\n[269] Corte Constitucional, Sentencia\nSU-432 de 2025.\n\n[270] “[…] han sido\nmujeres de carne y hueso […] quienes con pequeños y grandes esfuerzos han\nganado a pulso la presencia y representación de nuestro género en la esfera\npública. […] Estas mujeres, algunas conocidas y otras anónimas, avanzaron\ndurante años ideas que hoy están asociadas a la construcción de un mundo más\nigualitario en términos de género”. Moná Ramírez\nDaniela y Orozco-Espinel Paula, Gloria Valencia de Castaño: tradición y\ntrasgresión en la voz de la primera dama de la radio colombiana, 1951 - 1966,\nen López Jerez Mabel Paola, “Ni calladas ni sumisas. Trasgresión femenina en\nColombia, siglos XVII-XX”, Editorial Uniagustiniana, 2021, pág. 161.\n\n[271] “La participación\nigualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia\nbásica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición\nnecesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la\nparticipación de la mujer no se podrán conseguir los objetivos de igualdad,\ndesarrollo y paz”. ONU, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la\nMujer – Conferencia de Beijing , Beijing, 1995. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf . Al respecto, también puede verse:\nAcosta-Contreras Fabrina, Las mujeres en la política: más allá de las cuotas ,\nLa Silla Vacía, 23 de febrero de 2025. Disponible en: https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-las-mujeres/las-mujeres-en-la-politica-mas-alla-de-las-cuotas/ .\n\n[272] Corte Constitucional, Sentencia\nC-317 de 2024.\n\n[273] Corte Constitucional, Sentencia\nT-520 de 2025.\n\n[274] “ Conforme\na lo anterior, en todos los casos en los que a un juez de tutela se le proponga\nanalizar la tensión entre los derechos a la libertad de expresión y la honra y\nbuen nombre, cuando la pretensión sea retirar una publicación en una red\nsocial, deberá, a efectos de realizar la ponderación, tener en cuenta los\nsiguientes criterios: i) La dimensión o faceta de la libertad de expresión y el carácter\nnuclear o axial para la vigencia de ese derecho y la materialización de sus\npropósitos constitucionales. ii) El grado de controversia sobre el carácter\ndifamatorio o calumnioso de la divulgación, pues a medida que se incrementa la\nincertidumbre del mismo, se reducen las posibilidades de restringir la libertad\nde expresión (menor peso del derecho al buen nombre y la honra). iii) El nivel\nde impacto de la divulgación considerando: a) el emisor del mensaje (servidor\npúblico, personaje público, particular y demás desarrolladas por la\njurisprudencia); b) el medio de difusión; c) el contenido y d) el receptor. iv)\nLa periodicidad de las publicaciones del emisor, pues cuanto mayor sea esta,\nmenor es el peso de la libertad de expresión e incrementa la afectación en el\nbuen nombre y la honra”. Corte Constitucional, Sentencia SU-420 de 2019.\n\n[275] Expediente digital, archivo “anexos\ncristian forero.Pdf”\n\n[276] “¿Qué ocurre si la ponderación\nresulta en un empate, y la importancia social marginal de alcanzar el objetivo\nes igual a la importancia marginal de evitar la limitación de un derecho\nconstitucional? La respuesta a esta pregunta se encuentra en conceptos\nfundamentales de la democracia constitucional, respecto a los cuales es\nprobable que haya opiniones divergentes y hasta conflictivas.”. Barak, Aharon. La\nAplicación Judicial de Los Derechos Fundamentales Escritos Sobre Derechos\nFundamentales y Teoría Constitucional . Serie Intermedia de Teoría Jurídica\ny Filosofía Del Derecho No 27. Editado por AMAYA ÁLVEZ MARÍN and JOEL I.\nCOLÓN-RÍOS, 1st ed., Universidad del Externado, 2020, pág. 47. JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctv1rcf208 . Puede consultarse también\nla Sentencia T-149 de 2025.\n\n[277] Expediente digital T-10.261.574, archivo “061 Rta.\nViridiana Molinares - Universidad del Norte.pdf”.\n\n[278] Expediente digital T-10.261.574,\narchivo “061 Rta. Viridiana Molinares - Universidad del Norte.pdf”.\n\n[279] “ (i) exige determinar\nsi el fin perseguido por la norma es imperioso. La segunda (ii) involucra\ndeterminar si el medio escogido, además de ser efectivamente conducente, es\nnecesario. Esto es, si no puede ser reemplazado por otros menos lesivos para\nlos derechos de los sujetos pasivos de la norma. Y la tercera (iii) requiere\ndeterminar si los beneficios de adoptar la medida exceden o no las\nrestricciones impuestas sobre otros valores o principios constitucionales. Es\ndecir, si la medida es proporcional en sentido estricto. A continuación, la\nSala procede a evaluar la constitucionalidad de la norma objeto de control”. Corte\nConstitucional, Sentencia C-197 de 2023, FJ 162.\n\n[280] Corte Constitucional, Sentencia\nT-224 de 2024, FJ 104. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencias\nT-144 de 2024, FJ 98 y SU-396 de 2024.\n\n[281] Esta valoración también la adoptó\nla Corte Constitucional, en las sentencias T-061 de 2024 y T-149 de 2025.\n\n[282] Giraldo Luque Santiago, Modelo de Análisis del uso\nde internet para promover la participación ciudadana en los procesos de toma de\ndecisión pública (poderes Ejecutivo y Legislativo) , Revista Signo y\nPensamiento, Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 31, Núm. 61, 2012, págs. 18\na 36. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4395 . También puede verse: Calle Collado Ángel, La\ntransición inaplazable. Salir de la crisis desde los nuevos sujetos políticos, Ed.\nIcaria, Barcelona, 2013, pág. 46. También puede verse: Ramírez Nárdiz Alfredo, Democracia\nparticipativa. La democracia participativa como profundización en la democracia ,\nEd. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 153.\n\n[283] Cáceres\nZapatero María Dolores, Brändle Gaspar y Ruiz San-Roman José A., Hacia la\nconstrucción de una ciudadanía digital. Nuevos modelos de participación y\nempoderamiento a través de internet , Revista Prisma Social, Universidad\nComplutense de Madrid, No. 15, 2016. Pág. 659. Disponible en: https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/57d2e2d9-d1cc-4fca-8545-81366aa4a482/content . “Internet y las comunicaciones\ninalámbricas no están, desde luego, en la raíz de los nuevos movimientos\nsociales, pero hoy parecen indispensables para su puesta en marcha y\norganización. Se presentan como un factor necesario para movilizar, coordinar,\norganizar, deliberar, aunque su mera existencia no garantice el cambio social”.\n\n[284] Algunos\nejemplos internacionales sobre el uso de medios digitales por parte de las instituciones\nestatales, para potenciar la participación ciudadana, son: (i) el sitio web\ndenominado Parlament et Citoyens ( https://purpoz.com/ ) creado en Francia por la Asociación Démocratie Ouverte . En\nesta plataforma digital, los parlamentarios cargan los proyectos de ley que se\nencuentran en trámite con el fin de que la ciudadanía opine sobre los mismos.\nEn efecto, tiene el objetivo de involucrar a los ciudadanos en la labor\nlegislativa a través de los siguientes mecanismos: votar propuestas del\nproyecto de ley subido a la plataforma, exponer los argumentos dirigidos a\nsustentar el voto, votar por argumentos publicados por otros usuarios\nregistrados y proponer nuevos proyectos a problemáticas específicas. Y (ii) las\nplataformas llamadas Decide Madrid ( https://decide.madrid.es/ ) y Decidim Barcelona ( https://www.decidim.barcelona/?locale=es ), creadas por los ayuntamientos de dichas ciudades\ncon el fin de divulgar información sobre espacios de participación\npresenciales, pero también permiten la publicación de opiniones, críticas,\nestudios o valoraciones de la gestión de dichas instituciones en el medio\ndigital. En efecto, se divulgan propuestas, se realiza la votación de consultas\nciudadanas, y se puede plantear u opinar sobre proyectos y abrir debates con\notros usuarios y con los funcionarios de la entidad gubernamental.\n\n[285] Esta sentencia fue revisada por la inteligencia\nartificial para verificar la ortografía, redacción, numeración, errores tipográficos,\nmanual de estilo y buenas prácticas de la Corte Constitucional de Colombia.\nPara tal efecto, el 10 de septiembre de 2026, se utilizó la plataforma Microsoft 365 Copilot, versión\npremium, con licencia institucional del Consejo Superior de la Judicatura. Se le suministró a la\nherramienta el proyecto de fallo y mediante un agente, se le impartió la orden\nque revisara los asuntos mencionados y generara un documento independiente en\nel que presentara las sugerencias solicitadas sin que la inteligencia\nartificial modificara directamente el texto, ni generara uno nuevo. El\ndocumento con las sugerencias formales fue utilizado como instrumento de\nreferencia. Esta forma de usar herramientas de IA está permitida y se enmarca\nen el literal a) del numeral 4.1, del artículo 4 y del artículo 10 del Acuerdo\nPCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “[p]or el cual se adoptan\nlineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y\nético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial”.","changes":[]}