{"check":null,"uid":"08596c3d2b6e00d7","title":"del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la","title_generated":false,"country":"Колумбия","organ":"Конституционный суд Колумбии","kind":"case","kind_name":"Судебная практика","lang":"es","date":"2026-07-15","summary":"Суд рассмотрел жалобу гражданина против части статьи 3 Закона 2502 от 2025 года, изменяющей статью 296 Уголовного кодекса и устанавливающей отягчающее обстоятельство при фальшивых заявлениях с использованием искусственного интеллекта. Суд установил, что термин «искусственный интеллект» является относительно неопределённым, но может быть интерпретирован разумно с опорой на существующие правовые нормы и документы. Суд подтвердил конституционность использования данного термина в контексте уголовного права, определив условия допустимости такой правовой конструкции.","snippet":"","topics":["Искусственный интеллект"],"status":"ok","error":"HTTPStatusError: Client error '403 Forbidden' for url 'https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/C-212-26.htm'\nFor more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/403","text_len":221619,"versions":2,"url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/C-212-26.htm","first_seen":"2026-10-30","last_checked":"2026-11-16 05:00","relevance":"hit","score":164,"query":"inteligencia artificial","source_key":"constitutional_co","verdict":{"relevance":"hit","score":164,"topics":["Искусственный интеллект"],"need_body":8,"authorities":[],"evidence":[{"topic":"Искусственный интеллект","term":"искусственн интеллект","weak":false,"pos":277,"ctx":"кса и устанавливающей отягчающее обстоятельство при фальшивых заявлениях с использованием искусственного интеллекта. суд установил, что термин «искусственный интеллект» является относительно неопределённым","zone":"название","weight":3},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"искусственн интеллект","weak":false,"pos":331,"ctx":"льшивых заявлениях с использованием искусственного интеллекта. суд установил, что термин «искусственный интеллект» является относительно неопределённым, но может быть интерпретирован разумно с опорой на","zone":"название","weight":3},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":121,"ctx":"/26  principio de estricta legalidad o taxatividad penal -no se vulnera por la expresión \"inteligencia artificial\" como agravante del delito de falsedad personal  (...) la sala concluyó que el ingredient","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":247,"ctx":"nte del delito de falsedad personal  (...) la sala concluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta una indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación r","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":610,"ctx":"la constitución). esta conclusión no se sustenta en que toda referencia legislativa a la inteligencia artificial satisfaga, por sí sola, las exigencias del principio de legalidad, sino en las particular","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":1678,"ctx":"n la formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control de constitucionalidad.  inteligencia artificial (ia) -evolución histórica de la definición  inteligencia artificial (ia) -alcance  (...)","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":1746,"ctx":"constitucionalidad.  inteligencia artificial (ia) -evolución histórica de la definición  inteligencia artificial (ia) -alcance  (...) la inteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de l","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Искусственный интеллект","term":"inteligencia artificial","weak":false,"pos":1794,"ctx":"a) -evolución histórica de la definición  inteligencia artificial (ia) -alcance  (...) la inteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de la especulación literaria a la imaginación cientí","zone":"текст","weight":1}],"dropped":[{"topic":"Цифровая идентификация и госуслуги","term":"identidad digital","weak":false,"pos":113556,"ctx":"diante el uso de esta herramienta, incluida la creación de deepfakes y la suplantación de identidad digital.  148. adicionalmente, el artículo 4 de la ley establece que el gobierno nacional, la fis","why":"одиночное упоминание (нужно 8)"},{"topic":"Регулирование контента","term":"desinformación","weak":false,"pos":119928,"ctx":"r problemas sociales estructurales, también puede generar efectos negativos en materia de desinformación, sesgos, discriminación, seguridad y afectaciones a la pr","why":"одиночное упоминание (нужно 8)"}]},"last_changed":"2026-11-06","meta":{"full_text_url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/C-212-26.htm"},"source_url":"https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/C-212-26.htm","text":"TEMAS-SUBTEMAS\n\nSentencia C-212/26\n\nPRINCIPIO DE\nESTRICTA LEGALIDAD O TAXATIVIDAD PENAL -No se vulnera por la expresión\n\"inteligencia artificial\" como agravante del delito de falsedad\npersonal\n\n(...) la Sala\nconcluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta una\nindeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación\nrazonable apoyada en referentes objetivos, verificables y preexistentes, por lo\nque el inciso acusado no desconoce el principio de estricta legalidad (art. 29\nde la Constitución). Esta conclusión no se sustenta en que toda referencia\nlegislativa a la inteligencia artificial satisfaga, por sí sola, las exigencias\ndel principio de legalidad, sino en las particulares características de la\ndisposición demandada, en su contexto normativo y en la existencia de\nreferentes objetivos que la hacen determinable. En consecuencia, la Corte\ndeclaró la exequibilidad del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal,\nadicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado.\n\nSOLICITUD DE\nSENTENCIA INHIBITORIA POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA -Improcedencia por\ncumplimiento de requisitos de la demanda\n\n(...) la Sala\nconcluye que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de\nlegalidad estricta habilita un pronunciamiento de fondo. Los cuestionamientos\nesgrimidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,\nrealmente, estaban dirigidos a controvertir las premisas jurídicas que\nsustentan el reproche de inconstitucionalidad y no a identificar un defecto\nestructural en la formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control\nde constitucionalidad.\n\nINTELIGENCIA\nARTIFICIAL (IA) -Evolución\nhistórica de la definición\n\nINTELIGENCIA\nARTIFICIAL (IA) -Alcance\n\n(...) la\ninteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de la especulación\nliteraria a la imaginación científica, de allí a la herramienta computacional\nespecializada y, finalmente, a una tecnología de uso masivo que atraviesa la\nactividad económica, profesional y cotidiana. En suma, de manera paulatina, los\nalcances de la inteligencia artificial y su definición se han consolidado, de\ntal forma que se ha concluido que su característica esencial es la imitación -o\nsuperación, según parte de la doctrina-, de la inteligencia humana.\nGradualmente, el debate se ha trasladado de si es posible crear una\ninteligencia artificial, a cuáles son sus alcances y los riesgos que suponen\npara los derechos fundamentales y humanos de las personas, e incluso para su\nconciencia.\n\nINTELIGENCIA\nARTIFICIAL (IA) -Derecho\ncomparado\n\n(...) el modelo\nbritánico representa, en el panorama del derecho comparado, una vía intermedia\nentre la regulación integral y vinculante de la Unión Europea y los enfoques de\nmenor intervención, como el estadounidense. Con todo, la comparación de estos\ntres modelos, y del chileno, permite constatar que, pese a la disparidad de sus\ntécnicas regulatorias y de sus niveles de intensidad normativa, todos ellos\nidentifican el objeto regulado a partir de las mismas notas funcionales:\nsistemas basados en máquinas que infieren a partir de datos, generan resultados\nque influyen en entornos reales o virtuales y operan con algún grado de\nautonomía o adaptabilidad.\n\nINTELIGENCIA\nARTIFICIAL (IA) -Regulación\n\nEn el ordenamiento\ncolombiano, si bien no existe aún una regulación integral y vinculante de la\ninteligencia artificial, dado el archivo sucesivo de varios proyectos de ley,\nsí concurren referentes normativos suficientes para delimitar su alcance. La\nLey 2502 de 2025, la primera norma de rango legal vigente que incorpora la IA\ncomo circunstancia de agravación punitiva que, al concurrir en la comisión del\ndelito, eleva el marco de la pena; los Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, que\nofrecen una definición funcional alineada con la de la OCDE; y la Sentencia\nT-323 de 2024 de esta Corporación, en la que se precisó que, aunque no existe\nuna definición única y universalmente aceptada del concepto, sí puede afirmarse\nque se trata de sistemas con capacidad de analizar el entorno y emprender\nacciones, con algún grado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos.\n\nINTELIGENCIA\nARTIFICIAL (IA) -Jurisprudencia\nconstitucional\n\nLIBERTAD DE\nCONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL -Alcance\n\nLIBERTAD DE\nCONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL -Límites implícitos y explícitos\n\n(...) si bien se\ntrata de una potestad generosa, encuentra límites implícitos y explícitos en su\nejercicio. En el primer escenario, el legislador penal debe velar por la\nrealización de los fines esenciales del Estado, entre ellos, el respeto por el\ncontenido material de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución\nPolítica, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del\ninterés general, la justicia, la igualdad y el orden justo, asegurando la\nprotección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados. Por otra parte,\nen cuanto se refiere a los límites expresos, se puede señalar que se refieren\nal ejercicio de la potestad punitiva del Estado: la prohibición de la pena de\nmuerte (art. 11); el no sometimiento a desaparición forzada, torturas, ni a\ntratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12); la prohibición de\nlas penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (art. 34); entre otras.\n\nPRINCIPIO DE\nLEGALIDAD EN MATERIA PENAL -Funciones\n\nEl principio de\nlegalidad constituye uno de los pilares fundamentales del derecho penal moderno\ny un elemento esencial del estado constitucional, entendido como barrera o\ndique a la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder. Su función\nprincipal consiste en limitar el poder punitivo del Estado mediante la\nexigencia de que toda conducta sancionable y toda pena aplicable se encuentren\npreviamente definidas en la ley. De esta manera, se busca evitar arbitrariedades,\ngarantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales de las\npersonas frente al ejercicio del ius puniendi estatal.\n\nPRINCIPIO DE\nLEGALIDAD PENAL -Dimensiones\n\nPRINCIPIO DE\nESTRICTA LEGALIDAD -Alcance\n\nPRINCIPIO DE\nESTRICTA LEGALIDAD O TAXATIVIDAD PENAL -Elementos para determinar el cumplimiento\n\nEl principio de\nestricta legalidad demanda que la conducta punible y sus consecuencias estén\nprevia, clara y ciertamente determinadas, mas no que el legislador defina de\nmanera exhaustiva cada una de las expresiones que emplea. Basta con que el\ningrediente respectivo resulte determinable a partir de criterios jurídicos\nobjetivos. De ahí que, conforme a la jurisprudencia reiterada en esta\nprovidencia, la técnica de los tipos penales abiertos sea compatible con la\nlegalidad siempre que la apertura se justifique en la naturaleza de la materia\nregulada y que la conducta prohibida pueda precisarse mediante una\ninterpretación razonable. Exigir una definición legal expresa de cada\ningrediente normativo no sólo carecería de respaldo constitucional, también\ndesconocería la naturaleza misma de la legislación penal, que necesariamente\nacude a conceptos cuyo contenido se concreta por vía interpretativa.\n\nTIPO PENAL -No\nindeterminación insuperable\n\nJUICIO DE ESTRICTA\nLEGALIDAD -Alcance\n\nTIPOS PENALES\nABIERTOS Y TIPOS PENALES EN BLANCO -Jurisprudencia constitucional\n\nTIPO PENAL EN\nBLANCO -Definición\n\nLos tipos penales\nen blanco son aquellas disposiciones del derecho penal cuya descripción de la\nconducta prohibida o de alguno de sus elementos esenciales no se encuentra\ncompleta en la propia norma penal, sino que requiere ser integrada o\ncomplementada mediante otra disposición normativa, generalmente de carácter\nextrapenal. En otras palabras, son figuras cuya estructura normativa remite\nparcial o totalmente a otra norma jurídica para precisar el contenido de la\nconducta punible, los sujetos, las circunstancias o los elementos necesarios\npara determinar el alcance de la prohibición penal.\n\nTIPOS PENALES EN\nBLANCO -Clases /TIPOS\nPENALES EN BLANCO -Validez\n\nTIPO PENAL ABIERTO -Definición\n\n(...) los tipos\npenales abiertos son aquellas descripciones típicas en las que el legislador no\ndetermina de manera completamente precisa todos los elementos de la conducta\npunible, sino que utiliza conceptos amplios o indeterminados que exigen una\nlabor de valoración e interpretación judicial para precisar el alcance de la\nconducta prohibida.\n\nTIPOS PENALES\nABIERTOS -Alcance /TIPOS\nPENALES ABIERTOS -Validez\n\nJUICIO DE ESTRICTA\nLEGALIDAD DE LOS TIPOS PENALES EN BLANCO Y TIPOS PENALES ABIERTOS -Estructura\ndiferenciada\n\nLos tipos penales\nen blanco se completan por remisión a otra norma y son válidos siempre que la\nnorma de reenvío sea identificable, preexistente, cierta, de público\nconocimiento y respetuosa de los derechos fundamentales. Por su parte, los\ntipos penales abiertos emplean conceptos amplios cuyo alcance se precisa\nmediante valoración judicial. Estos últimos son constitucionalmente admisibles\ncuando concurren tres condiciones: (i) que la naturaleza dinámica o técnica de\nla conducta justifique la apertura; (ii) que existan referentes objetivos,\nverificables y preexistentes que permitan cerrar la indeterminación relativa; y\n(iii) que, mediante una interpretación razonable ordinaria, sea posible trazar\nla frontera que separa lo lícito de lo ilícito y comprender la conducta\nprohibida. En consecuencia, el juicio de estricta legalidad no consiste en\nverificar si el legislador definió exhaustivamente cada expresión empleada,\nsino en constatar si el ingrediente normativo cuestionado, pese a su relativa\nindeterminación, satisface esas condiciones.\n\nDELITO DE FALSEDAD\nPERSONAL AGRAVADO POR EL USO DE INTELIGENCIA PERSONAL (IA) -Tipo penal\nabierto\n\nREPÚBLICA DE COLOMBIA\n\nCORTE CONSTITUCIONAL\n\nSala Plena\n\nSentencia\nC-212 de 2026\n\nReferencia: Expediente D-17.052\n\nDemanda de\ninconstitucionalidad en contra del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or\nmedio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley\n599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones”\n\nDemandante: Juan Manuel López Carrero\n\nMagistrado\nponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar\n\nBogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)\n\nLa Sala Plena de la Corte Constitucional, en\nejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las\nprevistas en el artículo 241.4 de la Constitución Política, cumplidos todos los\ntrámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la\nsiguiente\n\nSENTENCIA\n\nDentro del proceso adelantado, en los términos de los artículos\n40.6, 241.4 y 242 de la Constitución y del Decreto Ley 2067 de 1991, con\nocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Juan\nManuel López Carrero, en contra de la norma prevista en el artículo 3\n(parcial), de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la cual se modifica\ny establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal,\ny se dictan otras disposiciones.”\n\nSíntesis de la decisión\n\nLa\ndemanda de inconstitucionalidad. La Corte\nConstitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo\n3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual se\nmodifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000,\nCódigo Penal, y se dictan otras disposiciones.”\n\nLa\naptitud sustancial de la demanda y el problema jurídico. Como cuestión previa, la Corte constató que la demanda es apta y\nque el cargo por violación del principio de legalidad estricta habilita un\npronunciamiento de fondo. En consecuencia, delimitó como problema jurídico\nestablecer si la utilización de la expresión “inteligencia artificial”\ncomo circunstancia de agravación de la falsedad personal desconoce las\nexigencias de taxatividad, lex certa y previsibilidad derivadas del\nprincipio de legalidad penal (art. 29 de la Constitución), sin que a la Sala le\ncorresponda fijar una definición general de dicho concepto.\n\nEl\nanálisis de fondo. Para resolverlo, la Corte,\nprimero, describió la evolución del concepto de “inteligencia artificial”;\nsegundo, se refirió a su regulación mediante un ejercicio de derecho comparado;\ntercero, reiteró la jurisprudencia sobre la amplia potestad de configuración\ndel legislador en materia penal y sus límites; y, cuarto, precisó lo relativo\nal principio de estricta legalidad y a los tipos penales abiertos y en blanco.\n\nLa\nsolución al problema jurídico. Con\nfundamento en lo anterior, la Corte resolvió el cargo.\n\nEn primer\nlugar, precisó que la Constitución no exige que todo elemento normativo de un\ntipo penal tenga una definición legal expresa, y que la circunstancia demandada\nno crea un tipo autónomo, sino que cualifica el medio de comisión de la falsedad\npersonal. La “inteligencia artificial” opera como ingrediente normativo\ncuyo alcance se concreta por vía interpretativa. Por ello, el juicio de\nlegalidad de la agravante se realiza en relación con el tipo básico de falsedad\npersonal, sin desligarla de la conducta a la que accede.\n\nEn segundo\nlugar, la Corte estableció que la disposición corresponde a un tipo penal\nabierto no a un tipo penal en blanco. Aunque la técnica del tipo en blanco\nadmite la remisión impropia a normas de rango reglamentario, ello exige que el\nlegislador efectúe el reenvío y que la norma reglamentaria integre el supuesto\nde hecho, lo cual no concurre en este caso. Por un lado, Ley 2502 de 2025 no\nremite a norma alguna que defina la inteligencia artificial. Por eso, el\nDecreto 1263 de 2022 y el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 que contienen\ndefiniciones de IA, no operan como normas de remisión que integren el tipo,\nsino como referentes que permiten decantar su núcleo funcional. Por otro, la\ndefinición de “deepfake” del artículo 2 de la ley, a su turno, no cumple\nuna función integradora, sino que obra como referente hermenéutico que confirma\nel nexo funcional entre la IA y la falsedad personal.\n\nEn tercer\nlugar, tras constatar que la ausencia de una definición legal obedeció a una\ndecisión deliberada del legislador, la Corte verificó que la constitucionalidad\ndel ingrediente, pese a su relativa indeterminación, se supedita a tres\ncondiciones: (i) que la naturaleza del tipo justifique la apertura; (ii)\nque existan referentes idóneos que permitan cerrar la indeterminación relativa;\ny (iii) que, mediante una interpretación razonable ordinaria, sea\nposible comprender la conducta prohibida.\n\nSobre la\nsegunda condición, la Corte precisó que los referentes que cierran la\nindeterminación de un tipo abierto deben tener carácter jurídico-normativo. En\nconsecuencia, ancló el núcleo funcional del concepto, en primer lugar, en\nreferentes con fuerza normativa: el Decreto 1263 de 2022, el Acuerdo\nPCSJA24-12243 de 2024 y la caracterización efectuada por esta Corte en las\nSentencias T-323 de 2024, T-067 y T-256 de 2025. Los instrumentos técnicos y de\npolítica pública –los documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la\ndefinición de la OCDE, la Recomendación de la UNESCO y el Reglamento (UE)\n2024/1689– operan como elementos de contexto y de confirmación de las mismas\nnotas funcionales, sin cerrar por sí solos la indeterminación.\n\nDe esos\nreferentes se decanta un núcleo funcional común: un sistema, basado en máquinas\no soportado en programas y equipos computacionales, que a partir de los datos\nque recibe infiere o procesa información para generar predicciones, contenidos,\nrecomendaciones o decisiones propias de tareas que ordinariamente requerirían\ncapacidades cognitivas humanas, con algún grado de autonomía o adaptabilidad.\nEstas notas operan como criterios funcionales de reconocimiento, no como una\nlista de requisitos acumulativos, y no comportan que la Corte defina la\ninteligencia artificial, labor reservada al Congreso.\n\nFinalmente,\nsobre la tercera condición, la Corte precisó que el agravante no se aplica de\nmanera automática por la sola invocación de la inteligencia artificial, sino\nque exige acreditar, con prueba suficiente, que la herramienta empleada\ncorresponde a un sistema de IA, que su uso fue funcional a la falsedad y que\ncondujo a suplantar o sustituir a una persona. La mayor intensidad del reproche\nse justifica en la superior capacidad lesiva del medio —mayor verosimilitud del\nengaño, escala masiva y dificultad de detección—, sin que ello suponga pena\nprivativa de la libertad, pues se trata de una circunstancia que agrava una\nconducta querellable sancionada con multa.\n\nLa\ndecisión. Con fundamento en lo anterior, la Sala\nconcluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta\nuna indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación\nrazonable apoyada en referentes objetivos, verificables y preexistentes, por lo\nque el inciso acusado no desconoce el principio de estricta legalidad (art. 29\nde la Constitución). Esta conclusión no se sustenta en que toda referencia\nlegislativa a la inteligencia artificial satisfaga, por sí sola, las exigencias\ndel principio de legalidad, sino en las particulares características de la\ndisposición demandada, en su contexto normativo y en la existencia de\nreferentes objetivos que la hacen determinable. En consecuencia, la Corte\ndeclaró la exequibilidad del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal,\nadicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado.\n\nI.\nANTECEDENTES\n\nTrámite\nprocesal\n\n1.\nEl 6 de noviembre de 2025 , en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el\nciudadano Juan Manuel López Carrero demandó la norma\nprevista en el artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio\nde la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599\ndel 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones.”\n\n2.\nMediante Auto del 2 de\ndiciembre de 2025, [1] se inadmitió la demanda respecto de\nlos dos cargos formulados, al considerar que aquellos carecían de certeza,\nespecificidad y suficiencia. Por consiguiente, se le concedió al\ndemandante el término de tres días para que subsanara la demanda. [2]\n\n3.\nEn el escrito de corrección,\nel demandante señala que su demanda consta de un solo cargo, por el\ndesconocimiento del artículo 29 de la Constitución, en tanto la norma acusada\nintroduce un agravante penal construido sobre un elemento normativo esencial\n-la inteligencia artificial (en adelante, también denominado “IA”)- que no está\ndefinido en la ley. Este concepto, a su juicio, carece de límites técnicos o\njurídicos verificables y su contenido no puede ser fijado por el intérprete sin\ninvadir la órbita exclusiva del legislador en materia penal. Dicha situación\nconlleva el quebrantamiento de los subprincipios que componen el principio de\nlegalidad, es decir, la lex certa, la taxatividad, la previsibilidad de\nla conducta sancionada, la reserva legal absoluta en la definición de los\nelementos esenciales del tipo y la prohibición de analogía in malam partem.\n\n4.\nUna vez analizado el escrito\nde corrección, por medio del Auto del 20 de enero de 2026, [3]\nse admitió la demanda, por el cargo propuesto. Adicionalmente, se comunicó el\ninicio del proceso al presidente de la República,\na los ministros de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional y de Tecnologías\nde la Información y las Comunicaciones y a los presidentes del Senado de la\nRepública y de la Cámara de Representantes para que, si lo estimaban oportuno,\npresentaran por escrito las razones que justificaban la constitucionalidad de\nla norma sometida a control. A su vez, se invitó a la Sala de Casación Penal de\nla Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia\nColombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al\nColegio de Abogados Penalistas de Colombia, al Centro de Estudios Regulatorios,\ny a las facultades de derecho de las siguientes universidades: Los Andes,\nAntioquia, Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte,\ndel Rosario, del Cauca, Libre, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda en\ncalidad de expertos para que, si lo estimaban conveniente, emitieran concepto.\nAsí mismo, ordenó fijar en lista el expediente y requerir el concepto del\nProcurador General de la Nación.\n\nLa norma\ndemandada\n\n5.\nA continuación, se transcribe\nel texto del artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, con lo demandado en subrayas.\n\n“LEY 2502 de 2025\n\n(julio 28) [4]\n\nPor medio de la cual se modifica y establece un agravante al\nartículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal Colombiano y se dictan otras\ndisposiciones\n\n[…]\n\nARTÍCULO 3°. Modifíquese\nel artículo 296 de la Ley 599 del 2000 - Código Penal Colombiano - y adiciónese\nun inciso el cual quedará así:\n\n“ARTÍCULO 296. FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o\ncausar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad,\nestado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa,\nsiempre que la conducta no constituya otro delito.\n\nCuando la falsedad personal se realizare con la utilización de\nInteligencia Artificial la multa se aumentará hasta en una tercera parte,\nsiempre que la conducta no constituya otro delito.”\n\nLa demanda\n\n6.\nEl demandante argumenta que el\nartículo 3 de la Ley 2502 de 2025 agrega al artículo 296 del Código Penal un\nagravante cuyo elemento diferenciador es la utilización de la inteligencia\nartificial. Sin embargo, la ley no define qué se entiende por inteligencia artificial;\nel artículo 2 de la ley parcialmente acusada, dedicado a ciertas definiciones,\nno incluye este concepto; y las definiciones contempladas –como deepfake, identidad,\nimagen e individualidad–, se refieren a fenómenos distintos y no permiten\ndelimitar el alcance tecnológico del agravante. Para el actor, esto genera un\nvacío normativo sobre el elemento esencial que activa la agravación punitiva,\nen la medida en que no está definido de manera precisa y exhaustiva, de tal\nforma que permita distinguir inequívocamente cuándo la conducta simple se\nconvierte en agravada.\n\n7.\nTal indeterminación persiste\nincluso atendiendo a las definiciones incluidas en el artículo 2 de la Ley 2502\nde 2025. El deepfake describe una modalidad específica de manipulación\naudiovisual mediante inteligencia artificial, mientras que identidad, imagen e\nindividualidad describen atributos personales. Estos conceptos (i) no\ndelimitan el contenido técnico de la inteligencia artificial utilizada en el\nagravante; (ii) no establecen qué tecnologías digitales son penalmente\nrelevantes; (iii) no precisan si basta un software simple, un algoritmo\nestadístico, un modelo generativo o una herramienta de edición automática; y (iv)\nno permiten determinar si la gravedad del hecho depende del tipo, intensidad,\nfinalidad o sofisticación de la herramienta empleada. En suma, la ley no ofrece\nun criterio jurídico que establezca qué constituye “inteligencia artificial”\ncomo elemento habilitante del agravante penal.\n\n8.\nAunado a lo anterior, el\nartículo 29 superior exige que la ley penal sea clara, estricta, completa,\ndeterminada, y previsible. No obstante, el concepto de inteligencia artificial\nes un concepto tecnológicamente abierto, jurídicamente no precisado,\nconceptualmente heterogéneo, en constante expansión y evolución, y sin un\nreconocimiento uniforme en la legislación penal colombiana. Dada esta amplitud\nsemántica, un ciudadano no puede prever si incurre en algún agravante al\nemplear filtros automáticos, aplicaciones de edición digital, herramientas de reconocimiento\nfacial, auto correctores, modelos predictivos, sistemas generativos o cualquier\nalgoritmo elemental integrado a servicios cotidianos. A su turno, es el juez\nquien, en este caso, debe rellenar la indeterminación del término, definiendo\nqué es inteligencia artificial, convirtiéndolo así en colegislador.\n\n9.\nEn definitiva, para el actor\nun agravante penal requiere de un elemento normativo que sea objetivamente\ndelimitable, claro, preciso, independiente de criterios técnicos externos al\ntexto legal, y que permita distinguir con certeza la conducta simple de la\nagravada; pero el concepto de inteligencia artificial carece de estos\natributos. Por ende, el agravante contemplado en el artículo 3 de la Ley 2502\nde 2025 desconoce el artículo 29 de la Carta Política.\n\nIntervenciones\nen el trámite de constitucionalidad\n\n10.\nEn el trámite de este proceso se recibieron 10 intervenciones de\nentidades del Estado y de expertos. A continuación, se enuncia cada una de\nestas intervenciones y, posteriormente, se resume su contenido.\n\nIntervención\n\nSolicitud\n\nMinisterio de las Tecnologías de la Información y las\nComunicaciones\n\nExequibilidad\n\nMinisterio de Justicia y del Derecho\n\nExequibilidad\n\nSala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia\n\nInhibición\n\nColegio de Abogados Penalistas\n\nExequibilidad condicionada\n\nInstituto Colombiano de Derecho Procesal\n\nExequibilidad\n\nUniversidad del Norte\n\nInexequibilidad\n\nSemillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad\nJaveriana\n\nInexequibilidad\n\nUniversidad Pontificia Bolivariana\n\nExequibilidad\n\nClínica de Acciones y Litigio de Interés Público de la facultad\nde ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana\n\nInexequibilidad\n\nFundación Proyecto Inocencia\n\nInexequibilidad\n\n11.\nEl Ministerio de las Tecnologías de la\nInformación y las Comunicaciones explica\nque Colombia cuenta con un Conpes de Política de Seguridad Digital -el 3995 del\n1 de julio de 2020, en el que se constituye una hoja de ruta para propender por\nentornos digitales confiables y seguros, así como para proteger los derechos de\nlas personas y la seguridad. Esta es una política, expresa el ministerio, que\nbusca combatir delitos por el uso abusivo de la tecnología como manipulación de\nimágenes y voz.\n\n12.\nEsta política responde a acciones como las que tiene el ministerio\ncon la implementación, entre varias, de la iniciativa “En TIC Confío”, que\nresponde a una estrategia en promoción de uso seguro y responsable\nde internet y, en general, de las nuevas tecnologías.\n\n13.\nBajo este marco, el ministerio se opone a una eventual\ndeclaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, en tanto “ dejaría\nun vacío importante frente al avance de una consciente regulación de la\ninteligencia artificial en el país. Lo anterior, además, sería retroceder hacia\nel establecimiento del uso ético de las nuevas tecnologías, como lo han\nrecalcado diferentes Instituciones Internacionales de las cuales el Estado es\nparte.” [5]\n\n14.\nPara defender esta postura, arguye que el término de inteligencia\nartificial no es indeterminado. La UNESCO ha delimitado recomendaciones sobre\nla ética en inteligencia artificial. En las recomendaciones dadas a los Estados\nparte, define la inteligencia artificial como “sistemas capaces\nde procesar datos e información de una manera que se asemeja a un\ncomportamiento inteligente, y abarca generalmente aspectos de razonamiento,\naprendizaje, percepción, predicción, planificación o control.” [6]\n\n15.\nPosteriormente, estableció las diversas tecnologías que podrían\nser definidas como inteligencia artificial de la siguiente manera:\n\n“a)\nlos sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la información que\nintegran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y\nrealizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la\nadopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de IA\nestán diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante la\nmodelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el\ncálculo de correlaciones. Pueden incluir varios métodos, como, por ejemplo,\naunque no exclusivamente:\n\ni) el\naprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo y el aprendizaje de\nrefuerzo;\n\nii) el\nrazonamiento automático, incluidas la planificación, la programación, la\nrepresentación del conocimiento y el razonamiento, la búsqueda y la\noptimización. Los sistemas de IA pueden utilizarse en los sistemas\nciberfísicos, incluidos la Internet de las cosas, los sistemas robóticos, la\nrobótica social y las interfaces entre seres humanos y ordenadores, que\ncomportan el control, la percepción, el procesamiento de los datos recogidos\npor sensores y el funcionamiento de los actuadores en el entorno en que operan\nlos sistemas de IA;” [7]\n\n16.\nDe esta forma, arguye la entidad que, siendo\nparte de la UNESCO desde 1947, Colombia podrá tomar esta recomendación para\ncontextualizar y dar alcance a lo que se puede entender como inteligencia\nartificial. Ello, sin que la tecnología denominada como IA deba ser estricta y\ntaxativamente definida, aun cuando este tipo de herramientas tienen avances\nexponenciales todos los días.\n\n17.\nAdicionalmente, pone de presente que esta Corte también ha\nintentado definir lo que se conoce como inteligencia artificial. En la\nSentencia T-323 de 2024 indicó que la IA “agrupa tecnologías\nque, a través del procesamiento masivo de datos, tienen incluso la capacidad de\npermitir el aprendizaje automático para este tipo de herramientas.” En ese\nmismo año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos\n(OCDE) explicó la naturaleza cambiante de la IA, en tanto el avance de esta\ntecnología se ha consolidado en varias áreas del conocimiento, de las cuales el\nderecho no puede alejarse.\n\n18.\nAsí las cosas, para el ministerio, esta es una oportunidad para\ndeterminar el impacto y los límites necesarios para el uso de la inteligencia\nartificial en el país, teniendo en cuenta que esta tecnología será de suma\nimportancia en el futuro.\n\n19.\nNo se puede entonces hablar de una indeterminación, puesto que\nesto llevaría a que otras normas relativas, por ejemplo, a las agregadas\nmediante la Ley 1273 de 2009, también desconocerían la norma superior\nmencionada en la demanda. En ese escenario, “ es\nresponsabilidad de todos los operadores del Estado, más aún, de este Alto\nTribunal Constitucional, empezar a construir y continuar con una clara línea de\ninterpretación frente a las tecnologías que constantemente están apareciendo,\ncambiando y desapareciendo. Aún más, cuando la realidad demuestra que la\ninteligencia artificial se encuentra atravesando todos los aspectos de la vida\nen sociedad.”\n\n20.\nAhora bien, el ordenamiento jurídico permite los tipos penales en\nblanco, caracterizados por que el supuesto de hecho se encuentra desarrollado\ntotal o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. De este modo, para\nque un tipo penal sea inconstitucional su ambigüedad debe ser insuperable. En\nel presente caso, la entidad arguye que la inteligencia artificial es\nfácilmente conceptualizada y, en todo caso, la norma acusada constituye un tipo\npenal en blanco que permite la interpretación autorizada por parte de la Corte\nConstitucional y/o la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso.\n\n21.\nDe otro lado, el agravante que se introduce mediante el artículo 3\nde la Ley 2502 de 2025 no crea una nueva conducta ni redefine el núcleo\nesencial del tipo penal de falsedad personal. Esta norma pretende\nincorporar un elemento tecnológico que incrementa la lesividad de la conducta.\nEn este sentido, la referencia al uso de la inteligencia artificial no altera\nla estructura típica, sino que responde a una lógica de actualización normativa\nfrente a nuevas formas de ejecución del delito.\n\n22.\nSumado a lo anterior, expresa la entidad que este agravante debe\nentenderse y aplicarse de acuerdo con las definiciones incorporadas en el\nartículo 2 de la Ley parcialmente demandada, específicamente, según los\ntérminos deepfake , identidad, imagen e individualidad.\n\n23.\nAdemás, el agravante demandado cumple con el principio de\nprevisibilidad, en la medida en que cualquier ciudadano sensato puede entender\nque emplear sistemas de inteligencia artificial para realizar una conducta\npunible conlleva un reproche penal más severo. La norma no castiga el uso o la\ncreación legítima de estas tecnologías, sino su utilización para incrementar la\nperpetración de delitos; esto es consistente con el mandato constitucional de\nproteger adecuadamente los bienes jurídicos y con la obligación del Estado de\nmodificar su política criminal a las nuevas realidades tecnológicas.\n\n24.\nAsí, pues, a juicio del ministerio, no hay razones para concluir\nque el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 vulnera el principio de legalidad.\n\n25.\nEl Ministerio de Justicia y del Derecho recuerda que el principio de legalidad estricta exige\nque las conductas y sus consecuencias se describan de manera previa, clara y\ntaxativa, máxime cuando el legislador acude a cláusulas abiertas o a categorías\ntécnicas susceptibles de múltiples interpretaciones.\n\n26.\nEn ese orden de ideas, para determinar si una disposición del\nCódigo Penal vulnera el principio de legalidad estricta es indispensable\nverificar que no resulte razonablemente determinable su alcance; esto es, que el enunciado\nnormativo configure una indeterminación insuperable. Expresa que, según la\njurisprudencia constitucional, el principio de legalidad no implica exigir un “cierre\nabsoluto” en toda descripción típica, pues existen conductas cuya\ncomplejidad técnica o variabilidad impiden al legislador anticipar y describir\nexhaustivamente cada modalidad posible. Así, es constitucionalmente admisible\nque, aunque el tipo penal no tenga una formulación cerrada, aún conserve un\nnúcleo de sentido objetivamente delimitable mediante una interpretación\nrazonable y verificable, que permita a los destinatarios prever, en un grado\naceptable, cuándo su comportamiento puede quedar comprendido en la prohibición\ny garantice el ejercicio efectivo del derecho de defensa.\n\n27.\nPor ejemplo, en la Sentencia C-069 de 2023, relata la entidad, el\ndemandante alegó que el término “exhibicionismo” incluido en la\nexpresión “o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad” ,\nprevista en el literal b) del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016,\ndesconocía el principio de legalidad. En aquella oportunidad, se reiteró las\nreglas que permiten evaluar la constitucionalidad de un concepto jurídico\nindeterminado, a saber:\n\n“i. En\nningún caso los conceptos jurídicos indeterminados permiten que las autoridades\nactúen de manera arbitraria.\n\nii. El\nlegislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de\nambigüedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una\ninterpretación absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde\naplicar determinada disposición, especialmente cuando se trata de normas que\nrestringen el derecho a la libertad.\n\niii.\nLa indeterminación no debe ser examinada de manera general, sino dentro del\ncontexto en el que se emplea el respectivo concepto.\n\niv. El\ncriterio para establecer la admisibilidad de un concepto indeterminado en un\ncontexto particular es su incidencia e impacto en los principios y derechos\nconstitucionales, razón por la cual, cuando de su utilización se sigue una\nrestricción injustificada de los mismos, se afecta su validez.\n\nv.\nCuando sea posible esclarecer un concepto jurídico indeterminado, a partir de\nlas herramientas hermenéuticas que ofrece el propio ordenamiento jurídico, la\ndisposición no será inconstitucional. Por el contrario, si el concepto es tan\nabierto que no puede ser concretado en forma razonable, se debe declarar su\ninconstitucionalidad, como consecuencia del desconocimiento del principio de\nlegalidad.\n\nvi. En\nmateria sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la exigencia de certeza\nsobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto que la aplicación de\nesta puede implicar una afectación más profunda de los derechos y libertades\nconstitucionalmente protegidas.” [8]\n\n28.\nA partir de lo anterior, el ministerio concluye que el\nordenamiento jurídico no proscribe el uso de conceptos jurídicos indeterminados\nen materia penal. Su constitucionalidad depende del grado de determinación alcanzable\na través de la interpretación sistemática del ordenamiento y de la existencia\nde criterios objetivos que aseguren previsibilidad, control judicial y respeto\npor la legalidad estricta.\n\n29.\nDentro de este marco, la entidad arguye que el concepto de inteligencia\nartificial no es irremediablemente indeterminado, dado que es posible\nreconstruir su sentido normativo con un grado razonable de certeza a partir de\nreferentes normativos y lingüísticos, así como del propio contexto de la Ley\n2502 de 2025.\n\n30.\nEn primer lugar, el Decreto 1263 de 2022 incorpora una definición\nexpresa de inteligencia artificial, al señalar que corresponde a un “campo\nde la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados\ncon la inteligencia humana o con seres inteligentes capaces de adaptarse a\nsituaciones cambiantes, cuya base se encuentra en el desarrollo de sistemas\ninformáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.” [9]\n\n31.\nLa Superintendencia de Industria y Comercio, a su turno, acogió la\ndefinición de sistema de IA adoptada en 2023 por la OCDE, que la entiende como “un\nsistema basado en máquinas que infiere, a partir de entradas, la forma de\ngenerar salidas como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones con\npotencial de influir en entornos físicos o virtuales, con distintos niveles de\nautonomía y adaptabilidad tras su implementación.” [10]\n\n32.\nPor otro lado, en el plano lingüístico, la Real Academia Española\ndefine la IA como “la disciplina científica que se ocupa de crear programas\ninformáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente\nhumana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.” [11]\n\n33.\nDe esta forma, el ministerio afirma que la inteligencia artificial\nse asocia, de forma estable, con técnicas o sistemas informáticos que reproducen\noperaciones como aprendizaje, inferencia, razonamiento o predicción, y no con\ncualquier herramienta digital indiferenciada.\n\n34.\nAdicionalmente, recuerda que la finalidad de la Ley 2502 de 2025,\nsegún su artículo 1, es modificar y establecer un agravante al delito de\nfalsedad personal para la modalidad de suplantación utilizando inteligencia\nartificial. Seguidamente, el artículo 2 define el concepto de deepfake como\nla creación, modificación o utilización de registros audiovisuales falsos\nmediante inteligencia artificial, de manera que el registro parezca auténtico\nrespecto del discurso o conducta real de un individuo. A su turno, el artículo\n4 vincula el fenómeno de la inteligencia artificial con herramientas\nalgorítmicas asociadas a aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje\nnatural para la detección de fraudes, deepfakes y suplantación.\n\n35.\nBajo este contexto el Ministerio de Justicia y del Derecho\nargumenta que el concepto de inteligencia artificial no constituye un término\nvacío o arbitrario, sino uno técnico-jurídico abierto, cuyo contenido puede ser\ndeterminado mediante criterios objetivos, tecnológicos y normativos, sin\nhabilitar discrecionalidades incompatibles con el principio de legalidad. El\noperador jurídico, en lugar de definir qué es IA, lo que debe hacer es\nverificar si la herramienta empleada encaja objetivamente en dicho concepto,\ncomo lo haría, por ejemplo, con los términos “documento”, “medio\nelectrónico” o “sistema informático”.\n\n36.\nCon ello, el alcance razonable del supuesto fáctico que activa la\nagravación puede establecerse con un grado admisible de certeza, lo que impide\nafirmar que el agravante configure una indeterminación insuperable en los\ntérminos exigidos por la jurisprudencia constitucional. En esa medida, el\nprecepto acusado es constitucional.\n\n37.\nLa Sala de Casación Penal de la Corte\nSuprema de Justicia argumenta que no debe\nconfundirse que un delito sea un tipo penal en blanco o que use elementos\nnormativos o descriptivos. No obstante, también es posible que en un caso puedan\nconcurrir ambos fenómenos. En líneas generales, los tipos penales en blanco son\naquellos cuya definición del supuesto de hecho depende de otras normas. Por su\nparte, puede ocurrir que la redacción de los tipos penales incluya conceptos\nque necesiten de definición, lo cual no los hace, por sí mismos, tipos penales\nen blanco.\n\n38.\nPor lo anterior, no puede concluirse que todo tipo penal que\nincluya elementos normativos, de contenido jurídico, social o de valor, pueda\ncalificarse como tipo penal en blanco. Por esa razón, se ha entendido que la\ntaxatividad es un principio y no una regla, es decir, un mandato de\noptimización.\n\n39.\nBajo este escenario, la Sala de Casación Penal considera que el\nagravante demandado se encuentra razonablemente definido en la ley penal. La\ninclusión del término “inteligencia artificial” no conduce al\nincumplimiento del principio de legalidad. Por el contrario, está\nsuficientemente claro que la conducta prohibida por el agravante es la de\nrealizar una falsificación personal –sustituir o suplantar una persona, o\natribuirse su nombre, edad, estado civil, o calidad– a través de una modalidad\nespecífica, el uso de la inteligencia artificial.\n\n40.\nSin importar la multiplicidad de sistemas que pueden componer el\nconcepto de inteligencia artificial o cuánto puedan cambiar en el futuro, “ la\nrazonabilidad del mandato de determinación en el caso en concreto no puede\nllevar a establecer criterios rígidos o tipologías estrictas que conduzcan a la\nobsolescencia de la ley penal respecto de la creciente criminalidad a través de\nla inteligencia artificial.”\n\n41.\nDe hecho, son varias las referencias normativas, técnicas y de\npolítica pública sobre lo que se debe entender por inteligencia artificial, a\nlas cuales puede y debe acudir el operador jurídico para la comprensión y\nalcance del ingrediente. Entre estas normativas se encuentran el Marco Ético\npara la Inteligencia Artificial en Colombia, adoptado en mayo de 2021 por la\nConsejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; la\nRecomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO a la\ncual Colombia se adhirió en noviembre de 2021; el Decreto 1263 de 2022, “[p] or\nel cual se adiciona el Título 22 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de\n2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y\nlas Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables\na la Transformación Digital Pública”; y el Conpes 4144 del 14 de febrero de\n2025 sobre política nacional de inteligencia artificial.\n\n42.\nEl demandante plantea que se delega al juez la labor de determinar\nel nivel tecnológico que se subsume en el agravante, lo cual, en su criterio,\npodría generar un riesgo de arbitrariedad. Sin embargo, a juicio de la Sala de\nCasación Penal, ningún tipo penal puede concretar las infinitas posibilidades o\ntipologías para su realización. Es por esa razón que siempre\nexistirá un margen de indeterminación en la definición de la norma penal.\n\n43.\nEn adición a lo expresado, debe tenerse en cuenta que la\nutilización de elementos normativos en la descripción típica o la técnica de\nlos tipos penales en blanco son posibilidades que quedan comprendidas dentro de\nla amplia libertad de configuración legislativa en materia penal, según las\ncompetencias propias del Congreso de la República para hacer las leyes y\nexpedir y reformar códigos según lo previsto en los artículos 114 y 150,\nnumeral 2, de la Constitución .\n\n44.\nEsta libertad de configuración debe respetar los\nprincipios de estricta legalidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos,\nla observancia de los instrumentos internacionales ratificados en Colombia, y\nel deber de respeto por los principios de necesidad, razonabilidad y\nproporcionalidad. En el presente caso, la Sala de Casación Penal advierte que\nla norma demandada define los supuestos de hecho en forma clara y cierta, de la\nmisma manera que señala el contexto de la aplicación del agravante a partir de\nlas definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025.\n\n45.\nTras esta argumentación, la\nSala de Casación sostiene que la demanda es inepta. El actor considera que el legislador no definió en la misma Ley\n2502 de 2025 qué debe entenderse por inteligencia artificial, y, por ello, en\nsu criterio, se afecta la certeza de la descripción del agravante y se crean\nriesgos de aplicación arbitraria de esta figura. Desde esta particular\ninterpretación, tendría que llegarse a la imposible conclusión de que todos los\ningredientes normativos de todos los tipos penales tendrían que estar definidos\nen la misma ley que los establece. De otro lado, si lo que cuestiona el\ndemandante es que la norma resulta inconstitucional porque el legislador omitió\ndefinir el concepto de inteligencia artificial, ha debido estructurar el cargo\ncon la especificidad y suficiencia argumentativa exigidas para este tipo de\nreproches, referidos a una omisión legislativa relativa.\n\n46.\nPor consiguiente, la supuesta ambigüedad del tipo penal\ncorresponde a su particular interpretación y no encierra un problema objetivo\nde constitucionalidad .\n\n47.\nEl Colegio de Abogados Penalistas de\nColombia considera, por el contrario, que la norma\nacusada es constitucional de manera condicionada. En primer lugar, recuerda que\nlos tipos penales en blanco son aquellos cuya descripción normativa se\nencuentra incompleta y que, mediante la remisión, pueden ser\ncompletados con otras normas distintas al Código Penal. Bajo este contexto,\naduce que el hecho de que el término “inteligencia artificial” no\naparece completamente delimitado en la norma demandada no conlleva, per se, a\nque la norma vulnere el principio de legalidad y tipicidad. Si así se\nentendiera, los tipos penales en blanco no existirían dentro del ordenamiento\njurídico. La inconstitucionalidad resulta cuando la\nindeterminación del tipo penal en blanco, frente al supuesto de hecho, es\ninsuperable.\n\n48.\nA este respecto, aclara que esta Corporación ha explicado que una\nindeterminación o imprecisión en la norma penal es superable en los siguientes\ncasos: “ (i) si la norma penal es sometida a una interpretación razonable y\ndespués de ello se asegura a la ciudadanía un grado admisible de previsibilidad\nsobre las consecuencias jurídicas de determinados comportamientos; (ii) si se\ngarantiza el derecho a la defensa de los acusados por la norma en cuestión; y\n(iii) si es posible, después de un razonamiento previo, entender con claridad\ncuál es el bien jurídico que se quiere proteger y cuál es el comportamiento que\nse quiere desestimular.” [12]\n\n49.\nSobre el caso en concreto, señala que, en la Sentencia T-323 de\n2024 se destacó que la inteligencia artificial ha venido evolucionando desde 1950, y\nque en la última década sus gigantescos avances la configuran como un fenómeno\ntecnológico innovador y cambiante debido al constante y rápido progreso, lo que\nimpide en ocasiones comprender por completo su funcionamiento y más aún su\ndefinición. Concretamente, se expresó que:\n\n“ [l] os\nconstantes y rápidos avances en la materia hacen que, de manera continua, los\nexpertos en esta disciplina científica realicen ajustes y actualizaciones al\nconcepto de IA. Aunque no exista una definición única y universalmente\naceptada, en términos simples, puede afirmarse que se trata de sistemas que\ntienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno en el que están\ninmersos y así emprender acciones, con algún grado de autonomía, a efectos de\nalcanzar objetivos específicos (…) Un sistema de IA es un sistema basado en una\nmáquina que, ya sea para alcanzar objetivos explícitos o implícitos, infiere -a\npartir de la entrada que recibe- cómo generar salidas, tales como predicciones,\ncontenidos, recomendaciones o decisiones, las cuales pueden influir en entornos\nfísicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de\nautonomía y capacidad de adaptación después de su implementación.”\n\n50.\nDichas definiciones, asegura el interviniente, conllevan a que, en\nefecto, no exista una definición mundial ni nacionalmente\naceptada del término IA que permita su delimitación o clasificación para\ndeterminar cuál de estas tecnologías resultan relevantes para el derecho penal\ncolombiano y, así, poder dar aplicación al agravante creado por el artículo 3\nde la Ley 2502 de 2025, que introdujo un inciso en el artículo 296 de la Ley\n599 de 2000. Más aún si se tiene en cuenta que las capacidades de los sistemas\nde IA son variables, pero que hasta el momento se pueden agrupar en cuatro\ncriterios: (i) el razonamiento, (ii) la racionalidad, (iii)\nla conducta y (iv) la fidelidad en la forma de actuar con los humanos.\n\n51.\nCon todo, la Ley 2502 de 2025 entrará en vigor un año después de\nsu promulgación, lo que da tiempo para que se expida una legislación que regule\nlos temas relacionados con la inteligencia artificial, sus límites y\naplicaciones o funcionalidades relevantes para el derecho penal. Con ello, se\ngarantizaría el principio de legalidad. Ahora bien, de igual forma, el artículo\n2 de la Ley 2502 de 2025 incluye la definición de deepfake, con lo que\nse entiende que lo que se busca sancionar es el uso de IA que genera deepfake,\nentendida esta como la creación, modificación y utilización de un registro\naudiovisual, incluidas fotografías, vídeos, imágenes o grabaciones de sonido\nfalsos, mediante inteligencia artificial, de manera que el registro parezca\nauténtico del discurso o conducta real de un individuo.\n\n52.\nEn suma, para el interviniente, la IA debe entenderse como\ncualquier tecnología capaz de generar deepfake en los términos del\nartículo 2 de la Ley 2502 de 2025. Además, ante los avances apresurados que\nestá generando la IA en el mundo, solicita a la Corte apremiar al legislador\npara que antes de la entrada en vigencia de la citada modificación al artículo\n296 del Código Penal colombiano, expida una regulación suficiente, expresa y\nlimitante de su uso para proteger no solo el bien jurídico de la fe pública,\nsino los derechos humanos.\n\n53.\nEl Instituto Colombiano de Derecho Procesal estima\nque el inciso segundo del artículo 296 del Código penal, adicionado por el\nartículo 3 de la Ley 2502 de 2025 es constitucional. Primero, advierte que el\nanálisis de constitucionalidad del agravante introducido por el artículo 3 en\nmención requiere de una interpretación sistemática de la disposición acusada,\nen armonía con el conjunto normativo del cual forma parte. Al tener en cuenta\nlas definiciones incluidas en el artículo 2 de esta ley, se extrae que “el\nlegislador no pretendió ofrecer una definición técnica, científica o exhaustiva\nde la inteligencia artificial en abstracto. Su propósito fue distinto y\njurídicamente relevante: delimitar la función penalmente significativa de la\ninteligencia artificial en el contexto del delito de falsedad personal. Por\nello, la ley no define qué es la inteligencia artificial como fenómeno\ntecnológico, sino para qué resulta relevante su utilización en la comisión de\nla conducta que el ordenamiento penal reprocha, y por medio de esta norma\nagrava.” [13] Para el caso concreto,\nentonces, la inteligencia artificial penalmente relevante es aquella tecnología\nque permite crear, modificar o utilizar registros audiovisuales falsos con un\nalto grado de verosimilitud, capaces de afectar de manera significativa la\nidentidad, la imagen o la individualidad de una persona. Estos bienes\njurídicos, a su vez, se encuentran expresamente delimitados la ley.\n\n54.\nPara el instituto, el tipo penal objeto de controversia\nconstitucional es uno abierto y no en blanco. Lo anterior, pues no contiene una\nremisión normativa a disposiciones extrapenales para completar su contenido. Lo\nque la norma exige es la concreción interpretativa de un concepto técnico\ndentro del marco normativo provisto, particularmente dentro del contexto\nfuncional fijado por la Ley 2502 de 2025. A este respecto, exigir una\ndefinición rígida y exhaustiva de inteligencia artificial en sede penal no sólo\nresultaría técnicamente problemático, sino que conduciría a una rápida\nobsolescencia de la norma, dejando sin respuesta penal adecuada modalidades de\nengaño tecnológicamente sofisticadas que evolucionan con velocidad superior a\nla de los marcos normativos.\n\n55.\nAsí las cosas, la tarea del juez en este caso será la de subsumir\nhechos en una regla legal, es decir, una tarea interpretativa. Concretamente,\ndeberá verificar, a partir de los elementos del caso concreto, si la\nherramienta utilizada corresponde a un sistema o aplicación que según el estado\ndel arte tecnológico se considere de inteligencia artificial y si su empleo fue\nfuncional a la suplantación, todo ello dentro del marco conceptual que la\npropia Ley 2502 de 2025 aporta y con apoyo en referentes técnicos objetivos, en\nun ejercicio de valoración razonada y controlable, no de creación normativa.\n\n56.\nAdicionalmente a lo anterior, existen varias herramientas\nhermenéuticas que le permiten al operador jurídico comprender el alcance del\nconcepto técnico utilizado por el legislador. El documento Conpes 3975 de 2019,\nque establece la política pública para la transformación digital e inteligencia\nartificial, brinda una definición de esta tecnología. La propia Rama Judicial\nha avanzado en la comprensión institucional de esta herramienta. Mediante el\nAcuerdo PCSJA24-12243 de 2024 se adoptaron lineamientos para el uso\nresponsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial. En\nconsecuencia, los referentes de política pública y regulación judicial\ndemuestran que el concepto de “Inteligencia Artificial” no constituye un\nvacío normativo ni una expresión carente de sentido jurídico. Se trata de un\nconcepto técnico con contenido reconocible, accesible y verificable, que sirve\nde anclaje objetivo para la interpretación judicial.\n\n57.\nIgualmente, el agravante corresponde a una mayor lesividad de la\nconducta, en cuanto la falsedad personal se comete mediante el uso de\ninteligencia artificial. En ejercicio de su potestad de configuración en\nmateria de política criminal, el legislador diseñó una respuesta punitiva\ndiferenciada frente a una modalidad de suplantación que, por el medio empleado,\nincrementa de manera significativa la afectación del bien jurídico protegido,\ntanto cualitativa como cuantitativamente. Esto, en razón a que las tecnologías\nde inteligencia artificial permiten generar contenidos falsos altamente\nverosímiles capaces de reproducir rasgos, gestos, voces y comportamientos de\nuna persona real con un grado de fidelidad que excede ampliamente las formas\ntradicionales de suplantación.\n\n58.\nEn suma, para el Instituto, el inciso segundo del artículo 296 del\nCódigo Penal, modificado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, no desconoce\nel principio de legalidad penal estricta consagrado en el artículo 29 de la\nConstitución Política.\n\n59.\nLa Universidad del Norte explica que el término de inteligencia artificial actualmente no\ncuenta con una definición legal expresa dentro del ordenamiento jurídico, ni en\nel Código Penal ni en alguna ley especial que delimite su alcance, contenido y\ncaracterísticas esenciales. En ese orden de ideas, l a\nausencia de una delimitación normativa clara convierte el término en una\nexpresión abierta, ambigua y conceptualmente indeterminada, cuyo significado\npuede variar dependiendo del enfoque técnico, científico, académico o incluso\ncomercial. Esta indeterminación resulta particularmente grave cuando se\npretende integrar dicha expresión dentro de un tipo penal, el cual exige,\ndentro de su estructura, un alto grado de precisión y certeza.\n\n60.\nAunado a lo anterior, la noción de inteligencia\nartificial no es taxativa, en tanto comprende una multiplicidad de\nherramientas, sistemas y procesos tecnológicos que se encuentran en constante\nevolución. Es posible identificar desde algoritmos más simples hasta sistemas\nautónomos complejos, razón por la cual la expresión carece de un núcleo\nesencial claramente identificable, lo que impide determinar con precisión cuál\nes el comportamiento que el legislador pretende sancionar. Esta amplitud\nconceptual genera un margen excesivo de interpretación para las autoridades\njudiciales, comprometiendo seriamente el principio de tipicidad que debe\ncaracterizar a toda conducta en materia penal.\n\n61.\nLa ambigüedad del concepto de inteligencia artificial hace\nimposible que los ciudadanos conozcan ex ante qué comportamientos se\nencuentran agravados por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025; por lo tanto, el\nprecepto demandado vulnera el artículo 29 de la Carta Política.\n\n62.\nEl Semillero en Derecho Penitenciario de\nla Pontificia Universidad Javeriana señala\nque no hay nada inherentemente inconstitucional en la remisión normativa ni en\nlos tipos penales en blanco. No obstante, la correcta utilización de estas\nfiguras requiere el cumplimiento de algunas condiciones. En esencia, la\ndisposición que efectúa la remisión ha de comprender unos contenidos mínimos\nque le permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado\ncuerpo normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones al\nrespecto. Además, las normas a las que se remite deben contener, en efecto, los\nelementos que permiten definir con precisión y claridad la conducta sancionada,\nde forma tal que su aplicación se efectúe con el respeto debido al principio de\ntipicidad.\n\n63.\nEn cuanto al caso concreto, hasta el momento, la inteligencia\nartificial sólo es capaz de estudiar la inmensa cantidad de datos que se le\nsuministran, cada vez que cualquier persona interactúa con cualquier\ndispositivo electrónico, y con base en esa información, organiza y compacta la\ninformación para responder una inquietud, consejo o dinámica. La OCDE la define\ncomo “un sistema basado en una máquina que, ya sea para alcanzar\nobjetivos explícitos o implícitos, infiere -a partir de la entrada que recibe-\ncómo generar salidas, tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o\ndecisiones, las cuales pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los\ndiferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de\nadaptación después de su implementación.” [14]\n\n64.\nA su vez, el Grupo de expertos de alto nivel de la Comisión\nEuropea, mediante documento publicado el 8 de abril de 2019 consideró que “ [l] a\ninteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas que muestran un\ncomportamiento inteligente analizando su entorno y tomando medidas, con cierto\ngrado de autonomía, para lograr objetivos específicos. Los sistemas basados en\nIA pueden ser puramente software y actuar en el mundo virtual (p. ej.,\nasistentes de voz, software de análisis de imágenes, motores de búsqueda,\nsistemas de reconocimiento de voz y facial) o pueden estar integrados en\ndispositivos de hardware (p. ej., robots avanzados, coches autónomos, drones o\naplicaciones del Internet de las Cosas).”\n\n65.\nA pesar de las anteriores definiciones, el Semillero afirma que lo\ncierto es que la circunstancia de agravación carece de una norma a la cual se\nremita que sea determinada. Por ello, surgen vacíos legales que vulneran los\nprincipios de tipicidad y legalidad. Por ende, para esta universidad, la\ndisposición demandada es inconstitucional.\n\n66.\nLa Universidad Pontificia Bolivariana considera que, con la Ley 2502 de 2025, el legislador observó que\nel uso de la IA potencia la capacidad lesiva o dificulta la detección de la\nsuplantación en el injusto de falsedad personal. Entonces, se trata de un\nelemento objetivo del tipo penal abierto, relativo a la tecnología empleada en\nla conducta ilícita.\n\n67.\nAunque el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025 no presenta la\ndefinición de “inteligencia artificial”, ello no es obstáculo para la\nintelección de la proposición jurídica. En primer lugar, la definición de deepfake\ndescribe una modalidad de IA utilizada para alterar imágenes, audios o\nvideos con apariencia de autenticidad. Esto indica que el agravante referente a\nla utilización de un sistema de IA alude a lo que la ley define como deepfake.\nDe esta manera, aunque la Ley 2502 no define inteligencia artificial en abstracto,\nsí ofrece un patrón de referencia concreto a través del concepto de deepfake\nque articula su sentido jurídico. Esto se alinea con el artículo 1 de la Ley\n2502 de 2025, que establece como propósito de la ley prevenir y controlar el\nuso indebido de IA para la suplantación de identidad.\n\n68.\nEn segundo lugar, es tarea del operador jurídico construir, a\npartir del enunciado “inteligencia artificial”, una norma jurídica que\natribuya sentido razonable a dicha expresión. Debe utilizar herramientas\nhermenéuticas que le permitan superar el grado de indeterminación lingüística\ninherente a todos los enunciados normativos.\n\n69.\nLa universidad añade que la Corte ha afirmado que el parámetro de\ncontrol constitucional incluido en el artículo 29 superior no se vulnera por la\nsimple indeterminación lingüística, de modo que los tipos penales\nabiertos no desconocen, por sí mismos, el principio de legalidad en materia\npenal. Concretamente, los tipos penales abiertos no violan el principio de\nlegalidad siempre que: “(i) la naturaleza del tipo impida su descripción\nexacta, pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición,\ny (ii) el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado,\nlo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa\nordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un\nreferente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y\nalcance de la prohibición.” [15] En otras palabras, la inconstitucionalidad de un tipo penal se\nderiva de su indeterminación insuperable desde un punto de vista jurídico o\nporque su sentido ni siquiera es posible determinarlo con fundamento en una\ninterpretación razonable. [16]\n\n70.\nTeniendo en cuenta lo anterior, el agravante penal acusado resulta\ninteligible. No es cualquier uso de la IA el que se sanciona, sino aquel cuya\nfinalidad sea la suplantación de identidad. Con base en ello, tanto el\nciudadano como el operador jurídico pueden comprender cuál es el comportamiento\nsancionado mediante una interpretación razonable de la expresión “inteligencia\nartificial”. Aún más, exigir una definición rígida de la IA desconocería\nque este es un fenómeno tecnológicamente expansivo y altamente dinámico. Exigir\nal legislador la descripción exhaustiva de todas las formas de IA empleadas\npara suplantación sería incompatible con la naturaleza evolutiva del fenómeno.\nPor lo que, con buen criterio, el legislador identificó el núcleo prohibitivo:\nusar IA como medio para ejecutar la suplantación típica.\n\n71.\nBajo esta argumentación, la Universidad Pontificia Bolivariana\nsolicitó declarar la constitucionalidad del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502\nde 2025.\n\n72.\nLa Clínica de Acciones y Litigio de Interés Público de la facultad\nde ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana aduce\nque el agravante demandado configura un tipo penal en blanco que no satisface\nlos requisitos para su constitucionalidad. Afirma que, si un tipo penal es\nexcesivamente indeterminado, el principio de tipicidad se transgrede. Así se\nreconoce en la Sentencia C-091 de 2017 en los siguientes términos: “(...)\nlos requisitos de certeza, claridad y precisión exigidos por el principio de\nestricta legalidad, de manera que la norma objeto de remisión debe también\nrespetar el principio de definición taxativa.” En esa medida, los supuestos\nde hecho y las penas redactadas de forma incierta o excesivamente indeterminada\nson inconstitucionales.\n\n73.\nRespecto del caso concreto, advierte que el precepto demandado es\nun agravante que remite a una norma extrapenal. No obstante, la remisión debe\ngozar de tal nivel de claridad, que el intérprete comprenda su alcance sin\nambages, anfibologías o equívocos. En esa medida, para que un tipo penal en\nblanco sea constitucional, debe cumplir cuatro requisitos: “(i) remisión\nexpresa o inequívoca a otra norma; (ii) norma de remisión identificable; (iii)\ncontenido determinado de esa norma; y (iv) no delegación judicial del núcleo\ndel tipo.” [17]\n\n74.\nNo obstante, el agravante acusado no cumple ninguno de estos\nrequisitos. No hay remisión expresa, pues el artículo no hace alusión al\nrespecto; no hay ninguna norma identificable; no hay contenido determinado,\npues el artículo 2 sobre definiciones no incluye el concepto de inteligencia\nartificial; y por ende, de este escenario resulta una delegación judicial, pues\nel juez, entonces, debe determinar caso a caso qué tecnologías califican como\nIA, invadiendo la órbita del legislador.\n\n75.\nIncluso si se asumiera que el término “inteligencia artificial”\nincluido en el artículo parcialmente demandado corresponde al de deepfake establecido\nen el artículo inmediatamente anterior, la disposición no resulta\nconstitucionalmente admisible. El concepto de deepfake únicamente cubre\nlas manipulaciones audiovisuales, pero la IA abarca más tecnologías; además, el\nprecepto no establece criterios técnicos y no permite distinguir entre\nherramientas cotidianas -como Snapchat, Photoshop y FaceApp-, de sistemas\nsofisticados, como Stable Diffusion o DALL-E.\n\n76.\nEn suma, cuando el legislador introduce un agravante basado en uso\nde IA, está obligado a ofrecer una definición estable y finalista de este\nconcepto para los efectos de ese tipo penal en específico. Debido a que en este\ncaso la indeterminación de “inteligencia artificial” es insuperable, la\ndisposición demandada vulnera la lex certa y la taxatividad, en tanto el\npoder judicial puede ampliar el ámbito de prohibición penal a casos no\nprevistos en la ley. También, viola la previsibilidad, en la medida en que el\nciudadano no cuenta con la certeza necesaria para identificar de manera clara\ncuándo su conducta podría configurar el agravante. Asimismo, viola la reserva\nlegal absoluta, pues el legislador transfiere al juez penal la decisión sobre\nqué tecnologías constituyen el agravante, qué umbral técnico requiere, cuándo\nuna herramienta constituye una IA y cómo resolver casos limítrofes. Finalmente,\nla disposición invita a la analogía in malam partem, porque la vaguedad\ndel término permite interpretaciones extensivas.\n\n77.\nPor todo lo expuesto, solicita declarar inexequible el inciso\nsegundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la\nLey 2502 de 2025, por vulneración del artículo 29 de la Constitución Política.\n\n78.\nLa Fundación Proyecto Inocencia considera que, en efecto, la norma acusada es inconstitucional.\nEsto, por cuanto en el ordenamiento jurídico no existe una definición de\ninteligencia artificial que establezca normativamente a qué medio se refiere esta\nmodalidad de ejecución del punible como agravante. Si bien se han radicado\nproyectos de ley para regular la inteligencia artificial, actualmente no existe\nuna disposición que permita esa remisión o complementación del tipo penal en\nblanco.\n\n79.\nAhora bien, uno de los proyectos de ley definía la inteligencia\nartificial como: “ disciplina científica que tiene por\nobjetivo que tecnologías (computadoras y máquinas) simulen procesos cognitivos\ncomúnmente asociados con la inteligencia humana (como el aprendizaje,\nrazonamiento lógico, resolución de problemas, la creatividad, entre otros). Su\nbase es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y\nlos algoritmos.” [18]\n\n80.\nNo obstante, posteriormente, otro proyecto de ley la definía como:\n“Ciencia para diseñar sistemas éticos y transparentes con el fin de acelerar\ny apoyar las decisiones y acciones humanas que pueden emular, no reemplazar,\nlas tareas humanas, utilizando técnicas de diversos campos como la informática,\nlas ciencias de datos, las humanidades, las matemáticas y las ciencias\nnaturales. La Inteligencia Artificial se mueve principalmente en dos áreas: el\nanálisis de grandes volúmenes de datos y la automatización.” [19]\n\n81.\nPara la interviniente, estas definiciones son sumamente distintas\nentre ellas, lo que hace evidente la violación del principio de legalidad. La\ninterviniente recuerda que en la estructuración de los tipos penales en blanco\nla remisión debe ser expresa y estar justificada en razón del bien jurídico\nprotegido por la norma penal bajo un criterio de certeza, de tal forma que se\ndé la suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede\nsuficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que\nla ley penal se remite. Sin embargo, en este caso la correcta remisión\nes imposible ante la falta de definición del término “inteligencia\nartificial”.\n\nConcepto\ndel Procurador General de la Nación\n\n82.\nEn su concepto, el procurador, en primer lugar, explica que varias\naproximaciones definen la inteligencia artificial como “una colección de\ncomponentes computacionales que permiten construir sistemas que emulan\nfunciones realizadas por el cerebro humano.” De igual forma, aduce que esta\ntecnología tiene “la capacidad de procesar datos e información de una manera\nque se asemeja a un comportamiento inteligente, y abarca generalmente aspectos\nde razonamiento, aprendizaje, creatividad o la capacidad de predecir o\nplanear.” [20]\n\n83.\nLuego de reiterar algunas otras definiciones dadas por la OCDE, el\nParlamento Europeo y esta Corte, advierte que, a partir de las características\nde la IA, en especial su autonomía y su adaptabilidad, resulta evidente la\ncomplejidad de su funcionamiento y la velocidad con la que evoluciona. Por lo\ntanto, se requieren marcos jurídicos claros que, sin embargo, no existen en\nColombia.\n\n84.\nAsí, hasta tanto se adopte una ley que regule el funcionamiento de\nla IA, lo cierto es que “se deberá acudir a la auto regulación y a\nlas propias restricciones, a los autocontroles y a una construcción colectiva\nvoluntaria, siendo ellas estrategias eficientes, en cuanto pueden promover en\nmayor medida la innovación y maximizar las utilidades de estas herramientas, sin\nafectar derechos, sino por el contrario propendiendo por su mayor realización.” [21]\n\n85.\nEn segundo lugar, el procurador explica lo que es un deepfake\ncomo un video hiperrealista manipulado digitalmente y sus\nimplicaciones. Seguidamente, reitera el margen de configuración del legislador\npara crear, modificar o suprimir tipos penales y sus límites. Recuerda que los\nlímites explícitos corresponden a prohibiciones que la propia Constitución\nimpone al legislador, tales como la prohibición de pena de muerte, de las penas\ncrueles, inhumanas o degradantes y de las penas de destierro, prisión perpetua\ny confiscación. Por otro lado, los límites implícitos se derivan del deber\nconstitucional de que el legislador actúe de manera razonable y proporcionada\npara asegurar la protección de los principios, derechos y deberes\nconstitucionales. Dentro de estos límites se encuentran el principio de\nnecesidad o ultima ratio en el derecho penal, el principio de\nculpabilidad, el principio de lesividad, los principios de razonabilidad y\nproporcionalidad de la pena y el principio de legalidad.\n\n86.\nEl principio de legalidad implica que toda conducta punible y sus\nconsecuencias estén definidas de manera previa, clara y accesible por el\nlegislador. Este principio -y el de tipicidad-, no obliga al legislador a\nalcanzar una precisión absoluta en la definición de las conductas y las\nsanciones. La naturaleza misma del lenguaje y la complejidad del derecho hacen\ninevitable que existan márgenes de ambigüedad o áreas de interpretación. La\nCorte Constitucional ha señalado que sólo son inadmisibles aquellas\nindeterminaciones que no pueden ser superadas mediante una interpretación\njurídica razonable, es decir, cuando resulta imposible identificar con claridad\ny previsibilidad los elementos esenciales del tipo penal. En todo caso, este\nprincipio somete a los jueces al imperio de la ley y exige la aplicación de\ncriterios interpretativos restrictivos y la prohibición de la analogía en\nperjuicio del procesado. En definitiva, el ordenamiento jurídico permite un margen\nrazonable de indeterminación, siempre que sea controlable mediante criterios\njurídicos objetivos y no delegue la definición esencial de la conducta al\nintérprete.\n\n87.\nParticularmente, los tipos penales en blanco -aquellos que se\ncomponen por el tipo penal básico y una norma extrapenal que completa el\ncontenido de alguno de sus componentes- constituyen una técnica legislativa\nconstitucionalmente admisible, en la medida en que permiten ajustar la\nregulación penal a realidades sociales complejas y dinámicas. Con todo, la\nnorma extrapenal debe identificarse con claridad, existir al momento de los\nhechos y determinar de manera precisa el alcance del tipo penal.\n\n88.\nPor otra parte, los tipos penales abiertos se caracterizan porque\nalguno de sus elementos estructurales se formula con expresiones de\nindeterminación superior a la propia del lenguaje jurídico, de modo que no se\nfija con plena exactitud el conjunto de circunstancias en que la conducta se\nrealiza. Esta técnica se justifica cuando al legislador le resulta imposible\ndescribir la infracción de manera absolutamente inequívoca, ya sea por la\ndinámica del bien jurídico que se busca proteger o por la multiplicidad de\nformas que adopta el comportamiento en la práctica. Sin embargo, la\nindeterminación debe asegurar a los destinatarios un nivel admisible de\nprevisibilidad acerca de las consecuencias jurídicas de sus actos.\n\n89.\nEn el marco de estas definiciones, concluye que el agravante hace\nparte de un tipo penal abierto, pues no hay una remisión expresa y el término\nde inteligencia artificial carece de un consenso universal sobre su\nsignificado. Ahora bien, esto no significa que sea irremediablemente\nindeterminado, pues hay elementos suficientes para determinar, de manera\nrazonable, cuál es la conducta punible.\n\n90.\nSegún las definiciones ofrecidas por el artículo 2 de la Ley 2502\nde 2025, resulta evidente que el agravante previsto para el delito de falsedad\npersonal se refiere a aquellos sistemas de inteligencia artificial capaces de\nproducir deepfakes, esto es, tecnologías que crean, alteran o\nmanipulan imágenes, videos o audios falsos con un nivel de verosimilitud tal\nque pueden llegar a percibirse como auténticas manifestaciones del\ncomportamiento de una persona.\n\n91.\nPara el procurador, el alcance del tipo penal y de su agravante\nson claros. Por un lado, la falsedad personal describe con claridad la\nsuplantación o la atribución de datos con efectos jurídicos y sujeta la\nconducta a multa; por otro lado, el inciso acusado no crea una figura autónoma,\nsino que cualifica el medio comisivo “mediante inteligencia\nartificial”. Por lo tanto, ubica la referencia a la IA en el plano de un modo\nde ejecución que agrava la respuesta punitiva. En esos términos, el agravante\nincorpora un elemento normativo razonablemente determinable, compatible con la\ntécnica de los tipos penales abiertos.\n\n92.\nSobre este asunto, recuerda que la reserva de ley en materia penal\nno exige que el Congreso defina de manera exhaustiva cada uno de los elementos\ndel tipo, más aún cuando el orden constitucional reconoce la importancia de que\nla legislación penal mantenga su vigencia frente a fenómenos sociales\ndinámicos. En el presente caso, mediante la agravación punitiva cuestionada, el\nlegislador buscó reforzar la protección de los derechos fundamentales y\nsalvaguardar el bien jurídico de la fe pública. Simultáneamente, pretendió\npromover la confianza en los entornos digitales y establecer un marco normativo\nque orientara el uso adecuado de estas tecnologías en beneficio de la sociedad.\n\n93.\nEn definitiva, el agravante acusado se ubica dentro de aquellos\nsupuestos en los que resulta constitucionalmente admisible flexibilizar los estándares\ndel principio de legalidad penal. A pesar de que el término de “inteligencia\nartificial” presenta cierto margen de indeterminación, la jurisprudencia\nconstitucional y las definiciones previstas en la propia Ley 2502 de 2025\npermiten determinar de manera razonable el alcance de la conducta agravada.\n\n94.\nA partir de lo anterior, el Procurador General de la Nación\nsolicita declarar la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 296 del\nCódigo Penal, modificado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025.\n\nII.\nCONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL\n\nCompetencia\n\n95.\nLa Sala constata que el artículo 6 de la\nLey 2502 de 2025 establece que “[l]a modificación y publicación en el Diario\nOficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. La modificación del\nartículo 296 de la Ley 599 de 2000, establecida en esta ley, comenzará a regir\nun (1) año después de su sanción y promulgación. ” En tanto aquella ley entró a\nregir el 28 de julio de 2025, la modificación mencionada, consistente\nprecisamente en la inclusión del agravante demandado, comenzará a regir el 28\nde julio del presente año.\n\n96.\nNo obstante, esta circunstancia no excluye\nque la Corte Constitucional tenga competencia para juzgar su\nconstitucionalidad, de conformidad con la jurisprudencia constitucional. [22]\nLa norma demandada se trata de una norma cuya vigencia se encuentra latente y,\nteniendo en cuenta que el juicio de constitucionalidad recae sobre la validez\nde la norma legal y no sobre su eficacia, [23] proferir una sentencia inhibitoria\nsignificaría desconocer la competencia atribuida a esta Corte por el artículo\n241 de la Constitución.\n\n97.\nPor otra parte, tal como se estableció en\nla Sentencia C-495 de 2019, juzgar la constitucionalidad de normas sancionadas,\nque entrarán a regir en el futuro, no constituye un control preventivo o\ncautelar, porque no recae sobre proyectos de ley o de Acto\nLegislativo, ni un control carente de objeto, considerando que se trata de\nverdaderas normas jurídicas de rango legal, sancionadas y promulgadas, que\nactualmente hacen parte del ordenamiento jurídico y, en este sentido, se\nencuentran sometidas al principio de supremacía constitucional, de acuerdo con\nel artículo 4 de la Constitución.\n\n98.\nPor lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el numeral\n4 del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente\npara conocer de la demanda, por dirigirse ella en contra de una norma contenida\nen una ley de la República.\n\nCuestión\nprevia: Aptitud\nsustantiva de la demanda\n\n99.\nLa Sala de Casación Penal de la Corte\nSuprema considera que la demanda de inconstitucionalidad es inepta, puesto que\nla supuesta ambigüedad\ninsuperable que extrae el demandante del agravante acusado supone la conclusión\nde que todos los ingredientes normativos de todos los tipos penales\ntendrían que estar definidos en la misma ley que los establece. Por\nconsiguiente, la supuesta ambigüedad del tipo penal corresponde a su particular\ninterpretación y no encierra un problema objetivo de constitucionalidad . De otro lado, si lo que el actor cuestiona es que la norma resulta inconstitucional porque el legislador\nomitió definir el concepto de inteligencia artificial, ha debido estructurar el\ncargo con la especificidad y suficiencia argumentativa exigidas para este tipo\nde reproches, referidos a una presunta omisión legislativa relativa. En otras palabras, considera que la demanda carece de certeza,\npertinencia y suficiencia.\n\n100. A este respecto, la Sala recuerda que, si bien el momento natural\npara verificar el cumplimiento de los requisitos de la demanda es el auto\nadmisorio, dicha verificación inicial responde a una valoración apenas sumaria,\nadelantada únicamente por el magistrado sustanciador, que no compromete ni\ndefine la competencia de la Sala Plena. [24] Por ello, la admisión de la demanda\nno hace tránsito a cosa juzgada ni impide que, al momento de fallar, esta\nCorporación reexamine su aptitud y, de ser el caso, profiera una decisión\ninhibitoria en contra de lo considerado al admitirla. [25]\nEsa potestad cobra particular sentido cuando, como en este proceso, un\ninterviniente cualificado controvierte de manera expresa la idoneidad del\ncargo.\n\n101. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 [26]\ny la jurisprudencia de esta Corporación, el concepto de la violación debe\nsustentarse en razones claras, ciertas, específicas,\npertinentes y suficientes. La claridad alude a la existencia de un hilo\nconductor en la argumentación que permita comprender el contenido del reproche;\nla certeza exige que el cargo recaiga sobre una proposición jurídica\nreal y existente, y no sobre una deducida por el actor sin conexión con el\ntexto acusado; la especificidad reclama la formulación de al menos un cargo\nconstitucional concreto; la pertinencia supone que el reproche sea de\nnaturaleza constitucional, esto es, fundado en la confrontación del precepto\ndemandado con una norma superior, y no en consideraciones legales,\ndoctrinarias, subjetivas o de conveniencia; y la suficiencia apela al\nalcance persuasivo de la demanda, en cuanto debe despertar al menos una duda\nmínima sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada. [27]\n\n102. La exigencia de estas cargas mínimas no constituye una restricción\ndel derecho político fundamental a interponer la acción pública, sino una\ncondición para que la Corte cuente con los elementos necesarios para\npronunciarse de fondo y evitar fallos inhibitorios. Por esa misma razón, su\nvaloración debe efectuarse a la luz del principio pro actione , conforme\nal cual, “cuando se presente duda en relación con el cumplimiento [de\nlos requisitos de la demanda] se resuelva a favor del accionante . ” [28]\n\n103. A la luz de este criterio, la Sala constata que la demanda sí\ncumple con todos los requisitos para ser estudiada de fondo. En primer lugar,\nla Sala debe destacar que el actor no construyó un cargo por una presunta\nomisión legislativa relativa. El ciudadano no argumenta que, respecto de la\nnorma demandada, el legislador hubiese excluido de sus consecuencias jurídicas\nalgún caso equivalente al que se refiere la disposición acusada o que no haya\nincluido expresamente un ingrediente normativo. Por el contrario, lo que\nsostiene es que el elemento normativo “inteligencia artificial” es\ninsalvablemente indeterminado.\n\n104. Ahora bien, el cargo expuesto por el demandante es claro ,\npues exhibe un hilo argumentativo comprensible. La falta de definición legal\ndel ingrediente que activa la agravación impide trazar la frontera entre la\nconducta simple y la agravada y traslada al juez la fijación de su alcance.\n\n105. El cargo es cierto. El reproche recae sobre un contenido\nreal y verificable de la disposición acusada. El inciso adicionado al artículo\n296 del Código Penal por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 erige la utilización\nde la inteligencia artificial en el elemento que activa la agravación\npunitiva, el cual es un dato objetivo del texto, no una conjetura del actor. A\nsu turno, ni el artículo 2, dedicado a las definiciones, ni ninguna otra\ndisposición de la Ley 2502 de 2025 definen qué se entiende por inteligencia\nartificial . El demandante no atribuye a la norma un sentido que esta no\ntenga, sino que cuestiona, precisamente, la consecuencia constitucional de esa\nausencia de definición del ingrediente que diferencia la conducta simple de la\nagravada. El cargo, por lo tanto, se construye sobre la proposición jurídica\nrealmente acusada.\n\n106. Sobre este asunto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema\nde Justicia argumentó que la supuesta ambigüedad que extrae el actor\ncorresponde a su particular interpretación y no encierra un problema objetivo de constitucionalidad. Sin embargo,\nesta Corporación debe destacar que el demandante realiza una lectura\nsistemática del texto. [29] Este método apela a encontrar el sentido de las disposiciones a partir de la\ncomparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y que\nguardan relación con aquella. No obstante, en este caso, no existen otras\nnormas con las cuales se pueda comparar el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 y\nextraer de ellas la definición legal de “inteligencia artificial”. Por\nesa razón, el demandante concluye que la norma acusada desconoce el principio\nde estricta legalidad en materia penal.\n\n107. Ahora bien, la diferenciación entre tipos penales en blanco y\ntipos penales abiertos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de\nJusticia desarrolló en su intervención no afecta la certeza de la acusación.\nEsto, puesto que el actor no clasifica la norma\ndemandada y se limita a plantear un cargo en general, por desconocerse el\nprincipio de legalidad. Así las cosas, para la Sala,\nel demandante realiza una interpretación plausible y concordante con lo exigido\npor el presupuesto de certeza.\n\n108. Asimismo, el cargo es específico porque formula un reproche\nconstitucional concreto contra el inciso acusado, articulado en torno al\ndesconocimiento de la lex certa , la taxatividad, la previsibilidad y la\nreserva legal. Para el demandante, en tanto el ordenamiento jurídico no brinda\nuna definición del concepto “inteligencia artificial”, el agravante\ndemandado, necesariamente, entra en una ambigüedad que jurídicamente es\nimposible de superar.\n\n109. Igualmente, el cargo es pertinente . El reproche confronta\nla disposición con un parámetro de rango constitucional: el principio de\nlegalidad estricta derivado del artículo 29 superior, y no con criterios de\nconveniencia, oportunidad o mérito legislativo. Que ese mismo principio admita,\nen el examen de fondo, modulaciones, como las que invoca la Sala de Casación\nPenal al caracterizar la taxatividad como mandato de optimización , no convierte el cargo en impertinente.\nPor el contrario, confirma que el debate planteado es, precisamente, de estirpe\nconstitucional. Así las cosas, el núcleo argumentativo\nde la intervención, esto es, que la taxatividad es un principio o mandato de\noptimización y no una regla; que ningún tipo penal puede agotar las infinitas\ntipologías de su realización; y que existen abundantes referentes normativos,\ntécnicos y de política pública a los que puede acudir el operador para precisar\nel ingrediente, no se dirige a demostrar un defecto del libelo, sino a sostener\nque el cargo no debe prosperar. Entonces, estas razones\nson, en rigor, de defensa de la constitucionalidad de la norma, no de ineptitud\nde la demanda.\n\n110. Finalmente, en vista de lo anterior, la demanda cumple con el\nrequisito de suficiencia. En efecto, la demanda despierta una duda\nmínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada y generó un debate\ngenuino, como lo pone en evidencia el hecho de que las intervenciones recibidas\nse distribuyeran de manera significativa entre solicitudes de exequibilidad,\nexequibilidad condicionada, inhibición e inexequibilidad. La suficiencia no\nexige que la demanda convenza prima facie de la inconstitucionalidad de\nla norma, sino que suscite una duda mínima sobre su validez. Esa duda, en este\ncaso, quedó ampliamente acreditada.\n\n111. En consecuencia, la Sala concluye que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de legalidad\nestricta habilita un pronunciamiento de fondo. Los cuestionamientos esgrimidos\npor la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, realmente,\nestaban dirigidos a controvertir las premisas jurídicas que sustentan el\nreproche de inconstitucionalidad y no a identificar un defecto estructural en\nla formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control de\nconstitucionalidad. La intervención desarrolló un análisis sobre la naturaleza\nde los ingredientes normativos, la diferencia entre los tipos penales abiertos\ny los tipos penales en blanco, el alcance del mandato de determinación y la\namplia libertad de configuración legislativa en materia penal, con el propósito\nde demostrar que el legislador podía válidamente emplear la expresión “inteligencia\nartificial” como circunstancia de agravación. Tales razonamientos, por su\ncontenido y finalidad, corresponden inequívocamente al examen de fondo, pues\nbuscan justificar la compatibilidad de la disposición acusada con el artículo\n29 de la Constitución, en lugar de demostrar la inexistencia de un cargo\nsusceptible de control constitucional.\n\n112. Por consiguiente, a continuación, formulará el problema jurídico y\nel esquema de decisión.\n\nProblema\njurídico y esquema de decisión\n\n113. Le corresponde a la Sala establecer si el agravante introducido\npor el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que modificó el delito de falsedad\npersonal, es contraria al artículo 29 de la Constitución, al desconocer las\nexigencias derivadas del principio de legalidad penal –particularmente en\nmateria de taxatividad, lex certa y previsibilidad– entendidas como una\ngarantía fundamental del derecho penal según la cual sólo puede castigarse una\nconducta cuando la ley la ha definido previamente de manera clara, precisa y\nexpresa como delito. Lo anterior, en cuanto establece que se agravará la\nconducta punible cuando se cometa con la utilización de inteligencia artificial .\n\n114. Para resolver este problema jurídico, la Sala seguirá la siguiente\nagenda. En primer lugar, describirá el fenómeno de la IA, a partir de la\nevolución que ha tenido la definición del concepto de “inteligencia\nartificial” y de un ejercicio de derecho comparado. En segundo lugar,\nreiterará la jurisprudencia relacionada con la amplia potestad de configuración\nen cabeza del legislador en materia penal y sus límites. En tercer lugar, hará\nalusión a l principio de estricta\nlegalidad y los tipos penales abiertos y en blanco. Finalmente, con base en lo\nanterior, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma demandada.\n\nEl fenómeno de la inteligencia artificial y su regulación\n\n115. Definiciones históricas de la inteligencia artificial. Los primeros indicios del concepto de “inteligencia artificial”\nse remontan a la literatura. En el cuento “Círculo Vicioso” (1942),\nIsaac Asimov formuló las tres leyes de la robótica, primera reflexión, entonces\nespeculativa, sobre los límites normativos de la conducta de las máquinas, [30]\nque inspiró a generaciones de científicos en el campo de la robótica y de la\nciencia computacional. Fuera de la ficción, Alan Turing propuso en 1950 el “juego\nde la imitación”, prueba conforme a la cual una máquina exhibe un\ncomportamiento inteligente si sus respuestas resultan indistinguibles de las de\nuna persona, lo que exige procesamiento de lenguaje natural, razonamiento\nautomatizado, representación del conocimiento y aprendizaje automatizado. [31]\nEn 1956, en la Conferencia de Dartmouth, los científicos Marvin Minsky y John\nMcCarthy acuñaron el término “inteligencia artificial” para designar un\ncampo de investigación delimitado: lograr que las máquinas realicen tareas que,\nde ser ejecutadas por seres humanos, requerirían inteligencia. [32]\n\n116. En las décadas siguientes, el campo evolucionó de los sistemas\npuramente simbólicos –que operaban mediante reglas del tipo “si-entonces”,\ncomo el programa de ajedrez Deep Blue – [33] hacia sistemas capaces de interpretar correctamente los datos\nexternos, aprender de ellos y utilizar ese aprendizaje para alcanzar objetivos\ny tareas específicas mediante una adaptación flexible. [34] Esta evolución explica el carácter dinámico del concepto y, a la\nvez, la continuidad de su núcleo. Las definiciones doctrinales tempranas ya\naludían a “la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes,\nespecialmente programas informáticos inteligentes” , [35]\nal esfuerzo por hacer que los computadores piensen, [36]\no a la automatización de actividades que se asocian al pensamiento humano, como\nla toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. [37]\n\n117. Además de estas definiciones –enfocadas en los procesos de\npensamiento–, también pueden darse otras enfocadas en el razonamiento,\ncomportamiento y fidelidad al desempeño humano. Por ejemplo, otras definiciones\nde IA fueron “el arte de crear máquinas que realizan funciones que requieren\ninteligencia cuando son desarrolladas por un humano”, [38]\n“el estudio de las facultades mentales a través de modelos computacionales”, [39]\n“el estudio del diseño de agentes inteligentes” [40]\no “ [lo] relacionado con el comportamiento inteligente en\nartefactos.” [41]\n\n118. En 2012, el desarrollo de AlexNet, una red neuronal\nconvolucional pionera, revolucionó la visión por computadora, al ganar un\nconcurso identificando y clasificando objetos en imágenes. Los datos de\nentrenamiento consistían en imágenes. A cada píxel rojo, verde o azul se le\nasignaba un valor, y la matriz de números se introducía en la red como entrada.\nSu éxito masivo marcó el inicio de la era moderna del deep learning. [42]\n\n119. Luego, en 2016, AlphaGo, un programa diseñado por Google,\nfue capaz de vencer al campeón mundial del juego de mesa Go. Las\nversiones posteriores del software, como AlphaZero , prescindieron\nde cualquier conocimiento humano previo. El sistema se entrenaba de manera\nautónoma, jugando contra él mismo millones de veces y aprendiendo desde cero, y\nasí, alcanzó un rendimiento mayor al del AlphaGo original sin ningún\ntipo de sabiduría proporcionada o las aportaciones de jugadores humanos.\n\n120. Esta técnica de aprendizaje utiliza redes neuronales inspiradas en\nlas del cerebro humano. Estas son una herramienta computacional para el\nprocesamiento de lenguaje. Se compone de pequeñas unidades de computación, cada\nuna de las cuales toma un vector de valores\nde entrada y produce un valor de salida. El uso de redes neuronales modernas se\ndenomina a menudo aprendizaje profundo – deep learning– porque suelen\ntener muchas capas. Las redes neuronales comparten gran parte de los mismos principios\nmatemáticos que rigen la regresión logística. Sin embargo, son clasificadores\nmás potentes que la regresión logística, y, de hecho, una red neuronal mínima,\ntécnicamente con una sola capa oculta, aprende cualquier función. [43]\n\n121. Fue con las redes neuronales que el desarrollo de la IA se\nmaximizó . En 2019, el modelo de vanguardia de transformador generativo\npreentrenado (GPT) [44] no podía determinar qué Estado de\nEE. UU tenía la mayor superficie terrestre. [45] Para noviembre de 2022, el último\nmodelo GPT era competitivo en actividades de nivel de bachillerato, obteniendo\nlas mejores calificaciones en tres exámenes de nivel avanzado y una puntuación\nde 1260 en el SAT. [46] Quince meses después, en marzo de\n2024, el último modelo GPT se volvió competitivo en trabajos de nivel\nuniversitario, obteniendo una puntuación en el percentil 80 en la sección\ncuantitativa del GRE y en el percentil 99 en la sección verbal. También\nprogresó del percentil 10 en el examen de abogacía al superar a la mayoría de\nlos exámenes de abogacía. Seis meses después, el último modelo GPT se\ndesempeñaba a un nivel de doctorado en física, biología y química.\n\n122. Hoy en día, la IA permite replicar el habla y el lenguaje, la\nvisión y el razonamiento. Los grandes modelos de lenguaje no se limitan a la\ngeneración de lenguaje. Lo que empezó con el lenguaje se ha convertido en un\ncampo de desarrollo de la IA generativa. Pueden, simplemente como efecto\nsecundario de su entrenamiento, escribir música, inventar juegos, jugar al\najedrez y resolver problemas matemáticos de alto nivel. [47]\nIncluso, más allá de tareas productivas y creativas, la IA se ha usado en\nescenarios bélicos, lo cual plantea un reto jurídico y ético, debido a que\nestas herramientas son autónomas y pueden no diferenciar un objetivo militar de\nuna vida civil. [48]\n\n123. La inteligencia artificial superó nuevos parámetros de evaluación a un ritmo sin precedentes durante el año 2024. Previamente, los sistemas de IA sólo pudieron resolver el 4,4 %\nde los problemas de codificación en 2023, cifra que aumentó al 71,7 % en 2024. [49]\nAsimismo, para 2024, la IA ya había superado el rendimiento humano en muchas\ntareas, con sólo algunas excepciones, como las matemáticas de nivel competitivo y el razonamiento visual de sentido\ncomún. Durante el último año, los sistemas de IA han seguido mejorando,\nsuperando el rendimiento humano en varios de estos parámetros que antes resultaban difíciles. [50]\n\n124. De forma aparejada, paulatinamente, el costo de operación de estos\nsistemas se ha reducido de forma dramática. Este fenómeno tiene incidencia\ndirecta en la masificación de la tecnología y, por consiguiente, en su difusión\nen ámbitos sociales y profesionales. En 2024, la Universidad de Stanford\nreportó que la proporción de encuestados que\ninformaron sobre el uso de IA por parte de sus organizaciones aumentó del 55 %\nen 2023 al 78%. Del mismo modo, el número de encuestados que informaron del uso\nde IA generativa en al menos una función empresarial se duplicó con creces,\npasando del 33% en 2023 al 71% en el 2024. [51]\n\n125. Esta integración no se limita a entornos\nproductivos. Un estudio reciente de Anthropic analizó más de cuatro\nmillones de interacciones reales con sistemas de IA y reveló que las\nocupaciones de informática y matemáticas representan el 37,2% del total de usos\nde IA, seguidas por ocupaciones de arte, diseño, entretenimiento y medios (10,3\n%), y las ocupaciones educativas. [52]\n\n126. Bajo este escenario, la reflexión contemporánea coincide en\natribuir a estos sistemas los mismos rasgos que recogen las definiciones\ntécnicas. El CEO de Microsoft AI , Mustafa Suleyman, y el escritor\nMichael Bhaskar advierten que la tecnología está experimentando una transición\nde fase y que se integrará de manera inextricable al tejido social. [53]\nEn el mismo sentido, el escritor Yuval Noah Harari destaca que, a diferencia de\nlas herramientas inertes, estos sistemas procesan información por sí mismos y\npueden tomar decisiones independientes –“La IA no es una herramienta: es un\nagente” –, [54] al punto de que podrían\nllegar a operar sin que se tenga una idea mínima de qué están haciendo. [55]\n\n127. La literatura, por su parte, anticipó los rasgos que hoy recogen\nlas definiciones normativas y técnicas, así como los problemas jurídicos que\nsuscitan: la atribución de derechos y de personalidad jurídica a las máquinas\nen “Robots Universales Rossum” (1920), de Karel Čapek, y “El\nHombre Bicentenario” (1976), de Isaac Asimov; la regulación coercitiva de\ninteligencias artificiales dotadas de autonomía y agencia en “Neuromante”\n(1984), de William Gibson–, [56] y la posibilidad de una\nconciencia artificial en “Klara y el Sol” (2021), de Kazuo Ishiguro.\nEstas referencias evidencian que el término “inteligencia artificial”\ncuenta, desde hace décadas, con un significado socialmente reconocible, el de\nsistemas que ejecutan, con algún grado de autonomía, tareas propias de la\ncognición humana.\n\n128.\nRecientemente, incluso desde ámbitos\najenos a la técnica y al derecho se ha reflexionado sobre el alcance del\nconcepto. Este es el caso de la carta encíclica Magnifica Humanitas\n(“Magnífica humanidad”), publicada el 15 de mayo de 2026 por el Papa León XIV.\nPara lo que aquí interesa, el documento coincide con los referentes técnicos y\nnormativos en tres constataciones. Primera, reafirma la imposibilidad de\nbrindar una definición única y completa de la IA. Segunda, advierte que\ncualquier afirmación sobre ella corre el riesgo de quedar obsoleta en poco\ntiempo, dada la velocidad de desarrollo de estos sistemas, cuyo funcionamiento\nefectivo es en buena medida desconocido incluso para sus propios diseñadores. [57]\nY, tercera, precisa que, si bien estos sistemas imitan algunas funciones de la\ninteligencia humana –superándolas en velocidad y amplitud de cálculo–, sus\ncapacidades están ligadas exclusivamente al tratamiento de datos, pues su “aprendizaje”\nno es la experiencia de quien crece en el tiempo, sino una adaptación\nestadística a partir de datos y retroalimentaciones, carente de conciencia. [58]\n\n129.\nA partir de esas constataciones, el\ndocumento aboga por que el uso de la inteligencia artificial esté acompañado de\nresponsabilidades claras en todas sus etapas y de marcos jurídicos adecuados,\ncon vigilancia independiente y controles efectivos, en especial cuando\ncompromete bienes públicos y derechos fundamentales. [59]\n\n130.\nEl recorrido expuesto permite constatar\nque la inteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de la\nespeculación literaria a la imaginación científica, de allí a la herramienta\ncomputacional especializada y, finalmente, a una tecnología de uso masivo que\natraviesa la actividad económica, profesional y cotidiana. En suma, de manera\npaulatina, los alcances de la inteligencia artificial y su definición se han\nconsolidado, de tal forma que se ha concluido que su característica esencial es\nla imitación -o superación, según parte de la doctrina-, de la inteligencia\nhumana. Gradualmente, el debate se ha trasladado de si es posible crear una\ninteligencia artificial, a cuáles son sus alcances y los riesgos que suponen\npara los derechos fundamentales y humanos de las personas, e incluso para su\nconciencia.\n\n131.\nDefiniciones actuales y\nregulación de la inteligencia artificial. La definición de inteligencia artificial más influyente hoy en día\nen derecho comparado es aquella ofrecida por la OCDE. En un inicio, en 2019, la\ndefinía como “un sistema basado en una máquina que puede, para un objetivo\ndefinido por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones\nque influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de IA están diseñados\npara funcionar con distintos niveles de autonomía.” [60]\nEn el 2023, actualizó su definición de la siguiente manera: “Un sistema\nde IA es un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o\nimplícitos, infiere, a partir de los datos de entrada que recibe, cómo generar\ninformación de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o\ndecisiones, que pueden influir en entornos reales o virtuales. Una vez\nimplementados, los distintos sistemas de IA presentan diversos niveles de\nautonomía y varían en su capacidad de adaptación.” [61]\n\n132.\nEn el mismo sentido, la Organización\nInternacional del Trabajo (OIT) caracterizó la IA como un conjunto diverso de\nsistemas y técnicas computacionales que permiten a las máquinas realizar tareas\nque normalmente requieren inteligencia humana, tales como el reconocimiento de\npatrones, las tareas predictivas y la generación de contenidos. [62]\nTal caracterización, proveniente de un organismo especializado de las Naciones\nUnidas, apunta a un núcleo conceptual reconocible en el plano internacional,\nasociado a la capacidad de los sistemas para procesar datos e información de\nuna manera que se asemeja a un comportamiento inteligente.\n\n133.\nLa UNESCO también define la IA, por ahora,\nde forma similar a la OCDE. Según esta organización, esta es “un sistema\ncomputacional y la rama de la informática que se centra en la creación de\nsistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia\nhumana, como comprender el lenguaje, reconocer patrones y tomar decisiones. La\nIA influye en diversos campos, como la educación, las ciencias sociales y la\ntecnología de la información, y desempeña un papel fundamental en la promoción\nde la igualdad de género y el avance del conocimiento en las ciencias\nnaturales.” [63]\n\n134.\nAdicionalmente, la UNESCO cuenta con una\nRecomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada el 23 de\nnoviembre de 2021, que los Estados Miembros aplican de manera voluntaria\nmediante las medidas legislativas o de otra índole que resulten necesarias\nconforme a su práctica constitucional. Para lo que interesa a este proceso, el\ninstrumento renuncia deliberadamente a ofrecer una definición única de\ninteligencia artificial, en el entendido de que tal definición tendría que\ncambiar con el tiempo en función de los avances tecnológicos, y opta en su\nlugar por caracterizar los sistemas de IA como aquellos capaces de procesar\ndatos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento\ninteligente, lo que abarca el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la\npredicción, la planificación y el control.\n\n135.\nSobre esa base, conviene destacar cuatro\norientaciones dirigidas a los Estados: (i) fundar sus políticas y\nacciones en la prevención del daño a los seres humanos, sus derechos y\nlibertades, mediante procedimientos de evaluación de riesgos y medidas para\nimpedir que ese daño se produzca; [64] (ii) promover un acceso\ninclusivo para toda la población, con equidad entre las zonas rurales y urbanas\ny entre todas las personas; [65] (iii) evaluar continuamente\nel impacto de estas tecnologías en las dimensiones humanas, sociales,\nculturales, económicas y ambientales, [66] y (iv) garantizar la protección de\nlos datos mediante marcos y mecanismos de gobernanza amparados por los sistemas\njudiciales. [67]\n\n136.\nA nivel comunitario, el Reglamento\n2024/1689 de la Unión Europea tiene como objetivo “mejorar el funcionamiento\ndel mercado interior y promover la adopción de la inteligencia artificial (IA)\ncentrada en el ser humano y digna de confianza, garantizando al mismo tiempo un\nalto nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales\nconsagrados en la Carta, incluida la democracia, el Estado de Derecho y la\nprotección del medio ambiente, contra los efectos nocivos de los sistemas de IA\nen la Unión y apoyando la innovación.” [68] Para ello, define el\nconcepto de IA como “un sistema basado en máquinas que está diseñado para\nfuncionar con diversos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de\nadaptación tras su despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos,\ninfiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como\npredicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en\nentornos físicos o virtuales.” [69]\n\n137.\nAdemás de esta definición, el Reglamento\nprohíbe la comercialización o puesta en servicio de sistemas de IA que empleen\ntécnicas subliminales, deliberadamente manipuladoras o engañosas, con el\nobjetivo o el efecto de distorsionar materialmente el comportamiento de una\npersona o de un grupo de personas, mermando su capacidad de tomar una decisión\ncon conocimiento de causa, de forma que causen o sea razonablemente probable\nque causen un daño significativo, así como las que exploten vulnerabilidades\nderivadas de la edad, la discapacidad o una situación social o económica\nespecífica con ese mismo efecto. [70] De otro lado, califica como sistemas\nde alto riesgo, entre otros, los relacionados con el tratamiento de datos\nbiométricos, las infraestructuras críticas, el empleo, el acceso a servicios\nesenciales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la migración y la\nadministración de justicia. [71] .\n\n138.\nPor otro lado, varios países ya tienen\nregulaciones relacionadas con el uso de la IA. Por ejemplo, Chile cuenta con el\nDecreto 12 del 28 de enero de 2025 sobre política nacional de inteligencia\nartificial. Esta normativa se adhiere a la definición propuesta por la OCDE y\nestablece ciertos principios transversales que rigen la política de IA: (i) uso\nético y responsable de la IA, centrada en las personas, (ii) la IA al\nservicio de un desarrollo sostenible, y (iii) la IA en articulación\ninternacional y multiactor.\n\n139.\nEstados Unidos, por su parte, se aproxima\na esta tecnología de forma descentralizada y favorable a la innovación,\nmediante órdenes ejecutivas antes que a través de una ley especial: la Orden\nEjecutiva 14110 de 2023, que organizaba el desarrollo y uso de la IA en torno a\nla seguridad, las cuestiones laborales, el fomento de la innovación y el\nliderazgo global, fue derogada por la Orden Ejecutiva 14179 del 23 de enero de\n2025, que reorientó la política regulatoria. Para efectos de este proceso\ninteresa destacar que, con independencia de esos giros de política, la\ndefinición legal permaneció inalterada y converge con la de la OCDE. En efecto,\nconforme a la norma 15 U.S.C. § 9401(3), la inteligencia artificial es “un\nsistema basado en máquinas que, para un conjunto dado de objetivos definidos\npor seres humanos, puede hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que\ninfluyen en entornos reales o virtuales”, sistemas que perciben entornos\nreales y virtuales, abstraen tales percepciones en modelos mediante análisis\nautomatizado y usan la inferencia del modelo para formular opciones de\ninformación o de acción.\n\n140.\nEl Reino Unido ofrece un ejemplo\nadicional. Este país no cuenta con una ley específica sobre inteligencia\nartificial. Por el contrario, su regulación se articula mediante documentos de\npolítica gubernamental, a partir del white paper de 2023 “A\npro-innovation approach to AI regulation” y de la respuesta oficial del\nGobierno de febrero de 2024, que confían la aplicación de cinco principios\ntransversales a los reguladores sectoriales existentes, sin carácter\nvinculante. En lugar de renunciar a una definición de IA, lo delimitó por\nreferencia a las características de adaptabilidad y autonomía, en el entendido\nde que los sistemas de IA se entrenan y operan infiriendo patrones y conexiones\nen los datos que a menudo no son fácilmente discernibles para los seres\nhumanos, y llegan a desarrollar la capacidad de realizar nuevas formas de\ninferencia no previstas directamente por sus programadores. [72]\n\n141.\nEn síntesis, el modelo británico\nrepresenta, en el panorama del derecho comparado, una vía intermedia entre la\nregulación integral y vinculante de la Unión Europea y los enfoques de menor\nintervención, como el estadounidense. Con todo, la comparación de estos tres\nmodelos, y del chileno, permite constatar que, pese a la disparidad de sus\ntécnicas regulatorias y de sus niveles de intensidad normativa, todos ellos\nidentifican el objeto regulado a partir de las mismas notas funcionales:\nsistemas basados en máquinas que infieren a partir de datos, generan resultados\nque influyen en entornos reales o virtuales y operan con algún grado de\nautonomía o adaptabilidad.\n\n142.\nPor su parte, Colombia carece actualmente\nde una regulación específica de inteligencia artificial con normas\njurídicamente vinculantes para diferentes operadores de sistemas de IA. A pesar\nde un esfuerzo legislativo por brindar una definición de este concepto, de\nvarios proyectos de ley que se han presentado sobre el asunto, tan sólo uno\nestá actualmente en trámite.\n\n143.\nEl Proyecto de Ley No. 91 de 2023 (Senado)\npresentaba una propuesta de ley “mediante la cual se establece el deber de\ninformación para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia y\nse dictan otras disposiciones.” En su artículo 2, definía la inteligencia\nartificial como “(…) la tecnología capaz de replicar, mediante algoritmos,\nlos procesos de pensamiento humanos.” Luego, a lo largo de su articulado,\nestablecía el deber de informar sobre el uso de esta tecnología en actividades\neconómicas y académicas; el diseño de un marco ético transversal para guiar el\ndesarrollo, implementación y evaluación de sistemas de inteligencia artificial\ngenerativas; el incentivo y fortalecimiento de programas educativos y creación\nde grupos universitarios encaminados a la investigación y desarrollo de esta\nherramienta; jornadas de capacitación, y la promoción de una cooperación\ninternacional. [73]\n\n144.\nEl Proyecto de Ley No. 005 de 2024\n(Cámara) promovía una ley de inteligencia artificial ética y sostenible para el\nbienestar social. Pretendía establecer un marco regulatorio basado en\nprincipios generales que gobernaran la creación y utilización de esta\nherramienta. La definición de inteligencia artificial que brindaba era: “Ciencia\npara diseñar sistemas éticos y transparentes con el fin de acelerar y apoyar\nlas decisiones y acciones humanas que pueden emular, no reemplazar, las tareas\nhumanas, utilizando técnicas de diversos campos como la informática, las\nciencias de datos, las humanidades, las matemáticas y las ciencias naturales.\nLa Inteligencia Artificial se mueve principalmente en dos áreas: el análisis de\ngrandes volúmenes de datos y la automatización.” [74]\n\n145.\nEl Proyecto de Ley No. 442 de 2025\n(Senado) presentaba una eventual ley “mediante la cual se regula la\ninteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y\nresponsable y se dictan otras disposiciones.” Tenía como objetivo promover\nla generación de conocimiento, el desarrollo de la infraestructura tecnológica\ny la implementación de la IA en el país, “con un enfoque territorial, ético,\ninclusivo, responsable y sostenible, que fortale [ciera] las capacidades\ncientíficas, productivas, institucionales y de innovación, y contribuy [era]\na la prevalencia de los derechos fundamentales.” [75]\nLa definición que brindaba de inteligencia artificial era “disciplina\ncientífica que tiene por objetivo que tecnologías (computadoras y máquinas)\nsimulen procesos cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana\n(como el aprendizaje, razonamiento lógico, resolución de problemas, la\ncreatividad, entre otros). Su base es el desarrollo de sistemas informáticos,\nla disponibilidad de datos y algoritmos.” [76]\n\n146.\nEl Proyecto de Ley No. 043 de 2025\n(Senado) recogió la propuesta anteriormente reseñada, la cual se encuentra en\nprimer debate en el Senado de la República. Con todo, modificó la definición de\ninteligencia artificial por la siguiente: “Conjunto de tecnologías, sistemas\ny algoritmos que permiten a los sistemas informáticos procesar datos, percibir\nsu entorno, aprender de la experiencia y realizar tareas o tomar decisiones de\nmanera autónoma o semiautónoma, simulando funciones cognitivas asociadas a la\ninteligencia humana, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución\nde problemas y la generación de contenidos, con el propósito de apoyar,\noptimizar o automatizar procesos en distintos ámbitos de la actividad humana.” [77]\n\n147.\nEn esa medida, la única ley que\nactualmente está vigente en Colombia sobre inteligencia artificial es la 2502\nde 2025, que introduce una circunstancia de agravación punitiva para los casos\nde fraude de identidad cometidos mediante el uso de esta herramienta, incluida\nla creación de deepfakes y la suplantación de identidad digital.\n\n148.\nAdicionalmente, el artículo 4 de la ley\nestablece que el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, la\nPolicía Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con\nel Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, formulará\nuna política pública, relacionada con el uso de IA destinada a engaño o daño y\nque pueden tener consecuencias negativas para la privacidad, la dignidad\nhumana, la seguridad, la democracia y la credibilidad de las fuentes de\ninformación.\n\n149.\nPor último, el artículo 5 le impone a la\nFiscalía General de la Nación la obligación de garantizar la trazabilidad de\nlos casos relacionados con el uso de IA para cometer falsedad personal.\n\n150.\nAdicionalmente, en Colombia se ha brindado\nuna definición implícita y funcional alineada con aquella ofrecida por la OCDE.\nEl Conpes 3975 de 2019 indica que el mundo se encuentra en camino a la cuarta\nrevolución industrial, caracterizada por la aparición de nuevas tecnologías que\nestán fusionando el mundo físico, digital y biológico. Una de las tecnologías\npropias de esta revolución es la IA, definida como “un campo de la\ninformática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con\nla inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que\npueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas\ninformáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.” [78]\n\n151.\nEl Consejo Nacional de Política Económica\ny Social, en este documento, advierte que la IA es una tecnología que puede\ntener un sinnúmero de beneficios, pero también conlleva una serie de riesgos\nque la sociedad colombiana debe enfrentar y mitigar, como su posible impacto en\nla profundización de diferencias sociales y en la inequidad. En ese sentido,\nColombia debe enmarcar sus acciones y estrategias bajo unos principios\nadaptativos que ayuden a reducir la falta de preparación del país para\naprovechar las oportunidades relacionadas con la adopción y desarrollo de esta\ntecnología. [79]\n\n152.\nAsí las cosas, debe procurarse la\nnecesidad de proteger a los colombianos y el cuidado de generar regulaciones excesivas.\nAdemás, es necesario fomentar la innovación y la confianza en la IA,\nasegurando, a su vez, el respeto por los derechos humanos y los valores\ndemocráticos. Con base en lo anterior, el consejo propuso 14 principios para el\ndesarrollo de la IA en el país: creación del mercado de inteligencia\nartificial, priorización de las innovaciones creadoras de mercado, políticas\nbasadas en evidencia y métricas de impacto para la regulación, experimentación\nregulatoria, infraestructura de datos de fácil acceso, mercado de la IA como\ngenerador de equidad e inclusión, marco ético para la IA y seguridad,\ncompromisos creíbles y producto de consensos, ambiente de experimentación para\ndesarrollar políticas de talento, rol estratégico de las universidades y la\ninvestigación académica en la creación de mercado de inteligencia artificial,\natracción de talento internacional, políticas sobre futuro del trabajo basadas\nen evidencia, el Estado como facilitador y usuario de la IA y acceso continuo a\nconocimiento de la comunidad internacional. [80]\n\n153.\nDe otro lado, presentó un plan de acción\npara incorporar el uso de la IA en el país. La primera línea de acción es\ndisminuir barreras relacionadas con la falta de cultura y el desconocimiento\npara abordar la adopción y explotación de la transformación digital en el\nsector privado. Para ello, considera necesario desarrollar ajustes normativos e\ninstitucionales para favorecer la adopción de la transformación digital en\ncomponentes clave de la productividad empresarial, y mejorar el desempeño de la\npolítica de gobierno digital, para abordar la adopción y explotación de la\ntransformación digital en el sector público. [81]\n\n154.\nOtras líneas de acción se refieren a las\nalianzas internacionales para la innovación; diseñar y ejecutar iniciativas de\nfomento al emprendimiento y la transformación digital; promover la innovación\nbasada en TIC en el sector público; y ejecutar iniciativas de alto impacto\napoyadas en la transformación digital. [82]\n\n155.\nUn grupo adicional de líneas de acción\nestán dirigidas a generar condiciones habilitantes que favorezcan el desarrollo\nde competencias digitales durante la trayectoria educativa, correspondientes\ncon los retos de las transformaciones tecnológicas; configurar los ecosistemas\nde innovación orientados a generar apropiación de la cultura innovadora para\nincentivar el desarrollo social y económico; alianzas internacionales para la\nformación de talento, preparación de la educación, con prioridad en IA, que\ncontribuya al desarrollo de competencias para la Cuarta Revolución Industrial. [83]\n\n156.\nFinalmente, el Consejo Nacional de\nPolítica Económica y Social propone generar condiciones habilitantes para\nimpulsar el desarrollo de la IA en Colombia, e impulsar el desarrollo. [84]\n\n157.\nEl Marco Ético para la Inteligencia\nArtificial en Colombia, en su versión final publicada por el Departamento\nAdministrativo de la Presidencia de la República en octubre de 2021, constituye\nun instrumento de soft law concebido como una guía de recomendaciones y\nsugerencias dirigida a las entidades públicas para orientar la formulación y\ngestión de proyectos que incorporen inteligencia artificial. Fue elaborado con\nel apoyo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco\nInteramericano de Desarrollo (BID), a partir de un documento técnico previo y de\nlos insumos recogidos en seis mesas técnicas con participación de entidades\nnacionales e internacionales, entre ellas el Berkman Klein Center for Internet\n& Society de la Universidad de Harvard.\n\n158.\nEl documento se inscribe en la ejecución\nde la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia\nArtificial adoptada en el documento Conpes anteriormente descrito, de la cual\nretoma la definición de inteligencia artificial como un campo de la informática\ndedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la\ninteligencia humana, cuya base son los sistemas informáticos, la disponibilidad\nde datos y los algoritmos. [85] Reconoce que, si bien la IA puede\nimpulsar el crecimiento económico y contribuir a resolver problemas sociales\nestructurales, también puede generar efectos negativos en materia de\ndesinformación, sesgos, discriminación, seguridad y afectaciones a la\nprivacidad, lo que justifica asegurar una implementación ética y confiable de\nesta tecnología. [86]\n\n159.\nEl Marco se articula expresamente con un\nenfoque basado en los derechos humanos. Acoge los principios de inteligencia\nartificial de la OCDE, UNESCO, y recoge el llamado de la Alta Comisionada de\nlas Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la necesidad de prevenir y\nlimitar los daños que estas tecnologías pueden causar a los derechos\nfundamentales. En esa línea, su objeto declarado es proteger y reforzar los\nderechos humanos de los ciudadanos en el desarrollo, uso y gobernanza de la\ninteligencia artificial. [87]\n\n160.\nEl alcance del documento se circunscribe a\nsugerir principios éticos, herramientas para su implementación y\nrecomendaciones aplicables a los proyectos que usen inteligencia artificial.\nEstá dirigido principalmente a los responsables de tecnología y de la\nimplementación de la Política de Gobierno Digital en las entidades públicas, y\nprioriza su adopción en el sector público, sin perjuicio de que pueda ser\nimplementado voluntariamente por otros sectores y por entidades del orden\ndepartamental y municipal.\n\n161.\nEl Marco adopta nueve principios éticos\n–transparencia y explicación; privacidad; control humano de las decisiones;\nseguridad; responsabilidad; no discriminación; inclusión; prevalencia de los\nderechos de niños, niñas y adolescentes, y beneficio social–, para cuya\nmaterialización propone un tablero de control de seguimiento y un conjunto de\nherramientas de gestión, y formula recomendaciones dirigidas al sector público\nen materia de educación e investigación, diseño de sistemas confiables y\nfortalecimiento de la ética en los programas de derechos humanos. [88]\n\n162.\nLa política de transformación digital\nluego se desarrolló más a profundidad con el Decreto 1263 de 2022. Esta\nnormativa tuvo como objeto establecer lineamientos y estándares para la\ntransformación digital de la administración pública en el marco de la política\nde gobierno digital, de conformidad con el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019. [89]\nLos lineamientos y estándares incluidos fueron: (i) uso de la\ninfraestructura de datos, (ii) interoperabilidad, (iii) proyectos\nrelacionados con digitalización y automatización de trámites, servicios y\nprocesos y vinculación al Portal Único del Estado Colombiano, (iv) uso\nde mecanismos de agregación de demanda, (v) uso de servicios en la nube,\n(vi) planeación institucional, (vii) sandbox regulatorios, y (viii)\nevaluación de la pertinencia del uso de la inteligencia artificial. Esta\núltima entendida como “un campo de la informática dedicado a resolver\nproblemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres\ninteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones\ncambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la\ndisponibilidad de datos y los algoritmos.” [90]\n\n163.\nFinalmente, el documento Conpes 4144 de\n2025 sobre “Política Nacional de Inteligencia Artificial” fue aprobado\npor el Consejo Nacional de Política Económica y Social el 14 de febrero de ese\naño. Este se construye sobre los cimientos del Conpes 3975 de 2019, pero se\ncentra de manera específica en la inteligencia artificial como tecnología de\npropósito general, dándole un tratamiento más amplio y actualizado. Este\ndocumento adopta la formulación de la OCDE, conforme a la cual un sistema de IA\nes “un sistema basado en una máquina o un sistema de máquinas y programas de\ncómputo que infiere, a partir de la información que recibe, cómo generar\nresultados tales como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que\npueden influir en entornos físicos o virtuales para cumplir objetivos\nimplícitos o explícitos . ” [91] Estos sistemas se soportan\nen infraestructuras tecnológicas y ejecutan tareas que comúnmente requerirían\nel poder del cerebro humano, a partir de algoritmos que se alimentan de datos.\n\n164.\nEl problema central que la política busca\nresolver es que el país aún muestra bajas capacidades para la investigación, el\ndesarrollo, la adopción y el aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de\nIA en asuntos estratégicos en lo social, económico y ambiental. El diagnóstico\nse ordena por ejes problemáticos, entre los que se cuentan las insuficientes capacidades\nde verificación, evaluación y materialización de los principios éticos de la\nIA; las bajas capacidades para la investigación, el desarrollo y la innovación;\ny los insuficientes mecanismos de cooperación y articulación entre los actores\ndel ecosistema. [92]\n\n165.\nEl objetivo general de la política es “generar\nlas capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento\nético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación\nsocial y económica de Colombia a 2030.” [93] Para alcanzarlo, se\nestructura en seis objetivos específicos, de los cuales los cuatro primeros\noperan como condiciones habilitantes para el uso y la adopción de la IA:\n\n“OE1. Fortalecer los mecanismos de gobernanza y la aplicación de\nprincipios éticos relacionados con los sistemas de IA para asegurar un\ndesarrollo y uso responsable de esta tecnología en beneficio del país.\n\nOE2. Fortalecer la infraestructura tecnológica, así como la\ndisponibilidad, intercambio y representatividad de datos, requerida para fomentar\nel desarrollo y adopción de sistemas de IA en Colombia.\n\nOE3. Impulsar la I+D+i en sistemas de IA para desarrollar en el\npaís capacidades avanzadas en Ciencia, Tecnología e Innovación que se traduzcan\nen conocimiento, productividad y beneficios para todos los agentes de la\nsociedad.\n\nOE4. Desarrollar las capacidades, el talento digital y la\napropiación social del conocimiento relacionado con IA para generar\noportunidades de desarrollo personal, empleabilidad, equidad y mayor\nproductividad en Colombia.\n\nOE5. Definir medidas que promuevan la identificación, prevención y\nmitigación de los riesgos y efectos no deseados relacionados con sistemas de\nIA, con el fin de evitar asimetrías, inequidades y potenciales vulneraciones de\nderechos en el país.\n\nOE6. Impulsar el uso y adopción de los sistemas de IA en las\nentidades públicas, el tejido empresarial y los territorios para contribuir a\nla prosperidad económica, al bienestar social y la sostenibilidad ambiental del\npaís.” [94]\n\n166.\nPara su implementación, la política\ndefinió 106 acciones que serán ejecutadas hasta 2030 por las distintas\nentidades del gobierno nacional, con una inversión total aproximada de 479.273\nmillones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Estas\nacciones se concretan en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), [95]\ninstrumento que asigna las acciones por eje, las entidades responsables, los\nhitos, las metas e indicadores, los períodos de ejecución y los presupuestos\nindicativos. El primer eje contempla, entre otras medidas, la definición e\nimplementación de un modelo de gobernanza de la IA, que se formalizará mediante\nun instrumento normativo, y la creación de un Consejo Asesor Nacional de\nExpertos en Inteligencia Artificial. [96]\n\n167.\nEn cuanto a la jurisprudencia, esta Corte\nprofirió la Sentencia T-323 de 2024, en la que se refirió a los sistemas de IA.\nIndicó que, aunque las capacidades de la IA son variables, el punto de partida\npara aproximarse a tal concepto está en cuatro criterios: (i) el\nrazonamiento, (ii) la racionalidad, (iii) la conducta y (iv) la\nfidelidad en la forma de actuar con los humanos. De allí que un sistema de IA\npueda definirse como (i) sistemas que piensan como humanos; (ii)\nsistemas que piensan racionalmente; (iii) sistemas que actúan como\nhumanos y (iv) sistemas que actúan racionalmente.\n\n168.\nAsimismo, explicó que los sistemas de IA\ntienen tres habilidades básicas principales: (i) percepción, (ii)\nrazonamiento o toma de decisiones y (iii) actuación. Ahora bien,\naquellos capaces de aprender de la propia experiencia son conocidos como\nsistemas racionales de aprendizaje y son caracterizados por la habilidad de\nevaluar, por medio de la percepción, el nuevo estado del ambiente con el fin de\ndeterminar qué tan exitosa fue la acción y, entonces, adaptar sus reglas de\nrazonamiento y métodos de toma de decisión.\n\n169.\nPor ende, aunque adujo que no existía una\núnica y universalmente aceptada definición de IA, “puede afirmarse que se\ntrata de sistemas que tienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno\nen el que están inmersos y así emprender acciones, con algún grado de\nautonomía, a efectos de alcanzar objetivos específicos.”\n\n170.\nEn fecha más reciente, el Consejo de\nEstado, en auto del 26 de mayo de 2026, reiteró que en Colombia aún no existe\nuna ley que regule de manera integral la inteligencia artificial y que las\niniciativas que cursan en el Congreso de la República se encuentran en etapas\niniciales de trámite. No obstante, aquel alto Tribunal destacó que la Rama\nJudicial ha fijado lineamientos sobre la materia a través de la Sentencia T-323\nde 2024 y del Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura, y\nacudió a referentes del derecho comparado -como el enfoque basado en riesgos\ndel Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y las guías adoptadas\nen Singapur, Argentina y España-, para ilustrar estándares comparados sobre el\nuso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. [97]\n\n171.\nEn suma, en el derecho comparado, la\ndefinición de inteligencia artificial ofrecida por la OCDE, en su actualización\nde 2023: sistema basado en máquinas que infiere, a partir de datos de entrada,\nsalidas con distintos grados de autonomía y adaptabilidad, se ha consolidado\ncomo el referente más influyente y ha sido acogida con matices, por ejemplo,\npor la Unión Europea, que en su Reglamento de IA articula un modelo basado en\nriesgos con catálogos cerrados de sistemas prohibidos y de alto riesgo; por\nChile, mediante el Decreto 12 de 2025; por los Estados Unidos, cuya Orden\nEjecutiva 14179 de 2025 remite a la definición legal contenida en el 15 U.S.C.\n§ 9401(3); y por el Reino Unido, que optó por un esquema sectorial y\ndescentralizado articulado en cinco principios transversales.\n\n172.\nEn el ordenamiento colombiano, si bien no\nexiste aún una regulación integral y vinculante de la inteligencia artificial,\ndado el archivo sucesivo de varios proyectos de ley, sí concurren referentes\nnormativos suficientes para delimitar su alcance. La Ley 2502 de 2025, la\nprimera norma de rango legal vigente que incorpora la IA como circunstancia de\nagravación punitiva que, al concurrir en la comisión del delito, eleva el marco\nde la pena; los Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, que ofrecen una definición\nfuncional alineada con la de la OCDE; y la Sentencia T-323 de 2024 de esta Corporación,\nen la que se precisó que, aunque no existe una definición única y\nuniversalmente aceptada del concepto, sí puede afirmarse que se trata de\nsistemas con capacidad de analizar el entorno y emprender acciones, con algún\ngrado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos.\n\nLa amplia potestad de\nconfiguración del legislador en materia penal y límites a dicha potestad.\nReiteración de jurisprudencia\n\n173.\nDe conformidad con las reiteradas\ndecisiones de la Corte Constitucional y con fundamento en los artículos 114 y\n150.2 de la Constitución, el Congreso de la República tiene la competencia de\nregular mediante la expedición de leyes los diversos sectores del ordenamiento\njurídico, incluidos códigos de materias determinadas.\n\n174.\nEsta facultad particularmente amplia\ntambién incluye el diseño de la política criminal del Estado y la posibilidad\nde determinar el contenido concreto del derecho penal, [98]\nlo que permite inferir que la regulación en esta materia cuenta con reserva\nde ley.\n\n175.\nEl fundamento de dicha competencia se\ncircunscribe a los principios democráticos y de soberanía popular, así como a\nla necesidad de que el diseño de las respuestas penales a conductas\nconsideradas reprochables o causantes de perjuicio social sean producto de una\ndiscusión que integre al colectivo y en la cual prime la participación\ndemocrática. Por estas razones, el juez sólo podrá iniciar y adelantar un\njuicio con base en las normas proferidas por el Congreso de la República. [99]\n\n176.\nCon todo, si bien la facultad de\nconfiguración del legislador es amplia, esta se encuentra limitada por los\nprincipios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad\ny proporcionalidad. Dichas limitaciones encuentran adicional sustento en el\nhecho de que en este campo están en juego, no solamente importantes valores\nsociales como la represión y prevención del delito, sino también derechos\nfundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido\nproceso. [100] En otras palabras, la potestad de\nconfiguración legislativa, por tratarse de una expresión del ejercicio del\npoder público, no es ilimitada, comoquiera que en un Estado constitucional se\nencuentran excluidos los poderes absolutos en virtud del carácter vinculante de\nlos valores superiores, los principios fundamentales y los derechos\nconstitucionales. [101]\n\n177.\nAsí, el ejercicio de la facultad\nsancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han\nfallado, [102] esto es, dentro de los límites que\nimpone la Constitución, la cual es, a un tiempo, fundamento y límite del poder\npunitivo del Estado. Desde esta perspectiva, la libertad de configuración ha de\nentenderse en armonía con los principios que orientan el ejercicio del ius\npuniendi , de manera que la intervención penal conserve su carácter\nexcepcional y responda a criterios de necesidad, razonabilidad y\nproporcionalidad, para que así mantenga su carácter de ultima ratio. [103]\n\n178. De este modo, si bien se trata de una potestad generosa, encuentra\nlímites implícitos y explícitos en su ejercicio. En el primer escenario, el\nlegislador penal debe velar por la realización de los fines esenciales del\nEstado, entre ellos, el respeto por el contenido material de los derechos\nfundamentales consagrados en la Constitución Política, [104]\ntales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés\ngeneral, la justicia, la igualdad y el orden justo, asegurando la protección\nponderada de todos los bienes jurídicos implicados. [105]\nPor otra parte, en cuanto se refiere a los límites expresos, se puede señalar\nque se refieren al ejercicio de la potestad punitiva del Estado: la prohibición\nde la pena de muerte (art. 11); el no sometimiento a desaparición forzada,\ntorturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12); la\nprohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (art.\n34); entre otras. [106]\n\n179. En virtud de los límites impuestos al ejercicio de la amplia\npotestad de configuración del legislador en materia penal, la jurisprudencia\nconstitucional ha sistematizado algunos límites basados\nen el principio de estricta legalidad , [107] el principio de exclusiva\nprotección de bienes jurídicos, incluyendo la observancia de los instrumentos\ninternacionales ratificados en Colombia, [108] y el deber de respeto por los\nprincipios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. [109]\n\nPrincipio\n\nContenido\n\n(i) Principio de estricta legalidad\n\nEl principio de legalidad se encuentra consagrado en el\nordenamiento constitucional, como desarrollo al debido proceso (Art. 29 CP),\nasí como lo dispuesto en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos\nCiviles y Políticos y el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos\nHumanos. En el mismo\nsentido, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y\nPolíticos consagra el principio de legalidad, al disponer que nadie será\ncondenado por actos u omisiones que, al momento de cometerse, no fueran\ndelictivos según el derecho nacional o internacional. [110]\n\nEl principio de estricta legalidad ha sido entendido, desde un\npunto de vista positivo, como el deber del legislador de actuar con el mayor\nnivel posible de precisión y claridad, y desde una perspectiva negativa, en\nel sentido de que son inadmisibles los supuestos de hecho y las penas\nredactadas en forma incierta o excesivamente indeterminada. Por lo tanto, “ todos\nlos componentes de un tipo penal (sujetos, verbos rectores, ingredientes\nsubjetivos y objetivos, sanción, agravantes, etc.) deben estar determinados o\nser razonablemente determinables por el intérprete .” [111]\n\nEn atención a este principio, el Estado debe observar que: (a)\nexiste reserva de ley porque la creación de tipos penales es una competencia\nexclusiva del Legislador; [112] (b) la definición de la conducta\npunible y su sanción debe contemplarse de forma clara, precisa e inequívoca;\ny, (c) las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva, a menos\nque opere el principio de favorabilidad penal.\n\nEn la Sentencia C-507 de 2014 la Corte explicó que “ La\nreserva de ley exige que la regulación de ciertas materias solo pueda\nadelantarse mediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos\nbajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del\nCongreso de la República, y denominada estricta reserva legal; y en otros\nbajo la noción de ley en sentido material, permitiendo la intervención del\nejecutivo como excepcionalmente facultado para dictar normas con fuerza de\nley (art. 150.10 de la CP)”.\n\n(ii) Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos [113]\n\nEl derecho penal implica valorar socialmente: (a) aquellos\nbienes jurídicos que ameriten protección, es decir, los valores esenciales de\nla sociedad; [114] (b) las conductas reprochables\nque puedan lesionar tales intereses; (c) los elementos para atribuir responsabilidad\nal sujeto activo; y, (d) el quantum de la sanción aplicable.\n\nEn consecuencia, no cualquier afectación a estos bienes\njurídicos puede ser objeto de respuesta por parte del derecho penal. [115]\n\n(iii) Principio de necesidad de la intervención penal relacionado\na su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del\nderecho penal\n\nEl ius puniendi debe operar solamente\ncuando las demás alternativas de control han fallado. [116]\n\nNo existe obligación para el Estado de sancionar penalmente todas\nlas conductas reprochables. [117]\n\nLa criminalización de un comportamiento es el último recurso en\nel espectro de las sanciones al que puede recurrir. [118]\n\n(iv) Principio de culpabilidad\n\nConforme al artículo 29 Superior, el derecho penal en Colombia\nes de acto y no de autor. Esto implica que, en atención al postulado del\nEstado Social de Derecho y a la dignidad de la persona humana, “ nadie\npodrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le\nimputa. ”\n\n(v) Principios de proporcionalidad y razonabilidad en materia\npena\n\nLa Corte ha explicado que, si bien el Legislador cuenta con una\namplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política\ncriminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas\npunibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de\nla Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del\nordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos\nfundamentales. [119]\n\n(vi) Bloque de constitucionalidad y otras normas superiores\n\nEstas normas deben ser observadas al momento de redactar las\nnormas penales. Bajo tal premisa, el Legislador debe atender de manera\nespecial las reglas que: (a) contienen garantías para los derechos\nfundamentales; y, (b) constituyen parámetro de constitucionalidad de\nobligatoria consideración en los términos establecidos por la jurisprudencia\nconstitucional. [120]\n\nEl principio de legalidad, los\ntipos penales abiertos y en blanco. Reiteración de jurisprudencia\n\n180. El principio de legalidad en el derecho penal y sus dos\nvertientes. El principio de legalidad constituye uno de los pilares\nfundamentales del derecho penal moderno y un elemento esencial del estado\nconstitucional, entendido como barrera o dique a la arbitrariedad y el abuso en\nel ejercicio del poder. [121]\n\n181. Su función principal consiste en limitar el poder punitivo del\nEstado mediante la exigencia de que toda conducta sancionable y toda pena\naplicable se encuentren previamente definidas en la ley. De esta manera, se\nbusca evitar arbitrariedades, garantizar la seguridad jurídica y proteger los\nderechos fundamentales de las personas frente al ejercicio del ius puniendi\nestatal.\n\n182. Este principio surge históricamente como una reacción frente a los\nsistemas penales absolutistas, caracterizados por la discrecionalidad judicial\ny la ausencia de límites claros al poder sancionatorio. Su formulación clásica\nse atribuye al jurista alemán Paul Johann Anselm Von Feuerbach, quien\ndesarrolló la conocida máxima latina : nullum crimen, nulla poena sine lege ,\nes decir, “no hay delito ni pena sin ley previa.”\n\n183. En el derecho penal moderno puede entenderse como la garantía\nconforme a la cual ninguna persona puede ser investigada, juzgada o sancionada\npor una conducta que no haya sido previamente descrita como delito en una ley\nvigente al momento de su realización, ni sometida a penas no establecidas\npreviamente por el legislador.\n\n184. En términos generales, este principio implica cuatro exigencias\nfundamentales. En primer lugar, que se trate de una ley previa, es\ndecir que la conducta y la sanción deben existir antes de la realización del\nhecho. En segundo lugar, que se trate de una ley escrita, pues\nsólo una ley formal puede crear delitos y penas. En tercer lugar, que sea una ley\ncierta, para lo cual las conductas punibles deben describirse de una\nmanera clara y precisa y finalmente una ley estricta, lo que\nimplica la prohibición de la analogía en perjuicio del procesado. En derecho\npenal no es posible extender una norma sancionatoria a casos no previstos\nexpresamente por el legislador cuando ello perjudique al procesado. La analogía\nsolo puede admitirse cuando favorezca al acusado, en aplicación del principio\npro homine y de favorabilidad penal . [122]\n\n185. Este principio se divide principalmente en dos especies\nconsustanciales al derecho penal moderno. En primera medida, el principio de\nmera legalidad que hace referencia a la reserva legislativa para definir\nlos tipos y las sanciones penales. Desde este\npunto de vista, el principio supone que la libertad sólo es limitable en virtud\nde decisiones adoptadas en el foro democrático del Congreso de la República y\nque los demás órganos que ejercen el poder público (en especial las autoridades\nadministrativas y los jueces) tienen vedada la definición de las conductas\nprohibidas por la vía del derecho penal. El destinatario de este principio,\nentendido como límite del debido proceso es, principalmente, el juez, que sólo\npodrá iniciar y adelantar un juicio con base en normas promulgadas por el\nCongreso de la República. [123]\n\n186. En segundo lugar, el principio\nde estricta legalidad se refiere a una forma de producción de las\nnormas, consistente en la definición precisa, clara e inequívoca de las\nconductas castigadas. Esta segunda dimensión del principio de legalidad\nconstituye el centro de un sistema garantista; es un presupuesto para que los\nciudadanos conozcan realmente las conductas permitidas y prohibidas y no sean\nentonces sujetos de un poder plenamente discrecional o de una amplitud\nincontrolable en manos de los jueces y es, por lo tanto, una garantía\nepistémica de la libertad y la dignidad humana, en tanto la capacidad de toda\npersona para auto determinarse. [124]\n\n187. La definición precisa que exige el principio de estricta legalidad\n(en adelante se preferirá esta expresión o la de taxatividad en la definición\ndel tipo) es el centro de un sistema de derecho penal garantista, pues la\ndefinición clara de la conducta es también una condición para verificar desde\nel punto de vista fáctico su ocurrencia y, por lo tanto, para aportar pruebas a\nfavor o en contra de su configuración; ejercer el derecho de defensa e intentar\nel control de las decisiones, bien a través de los recursos judiciales, bien\nmediante la crítica social a las providencias. [125]\n\n188. El principio de estricta legalidad y los tipos penales abiertos y\nen blanco. El principio de legalidad\nestricta, tipicidad o taxatividad como comúnmente se le conoce y cuyo\nfundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28 y 29 de la\nConstitución Política, obliga al legislador a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible, con el fin de\nque los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por\nlas conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la\nimprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de reemplazar la\nexpresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de\nseparación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado Social\ny Democrático de Derecho. [126]\n\n189. En ese orden de ideas, ha insistido la jurisprudencia de la Corte\nque el principio de estricta legalidad, aplicado a la producción de normas, exige\nque haya una definición precisa, clara e inequívoca de las conductas castigadas ,\naspecto que constituye el centro de un sistema garantista que evita que\nlos ciudadanos queden sujetos a un poder plenamente discrecional en cabeza de\nlos jueces. [127]\n\n190. Así también lo ha referido esta Sala en reiteradas decisiones\ncuando señala que este principio debe ser abordado desde dos perspectivas: una\npositiva y otra negativa. La dimensión positiva obliga al legislador a regular\ncon el mayor nivel posible de precisión y claridad todos los componentes de un\ntipo penal (sujetos, verbos rectores, ingredientes subjetivos y objetivos,\nsanción, agravantes, etc.), los cuales deben estar determinados o ser\nrazonablemente determinables por el intérprete. Y desde un punto de vista\nnegativo, implica que son inadmisibles desde el punto de vista constitucional\nlos supuestos de hecho y las penas redactadas en forma incierta o excesivamente\nindeterminada.\n\n191. Sin embargo, en el primer evento,\n\n“esta obligación no puede cumplirse de forma absoluta, pues el\nlenguaje natural, en el que se expresa el legislador, presenta un nivel\nirreductible de apertura semántica. En términos generales, son muy conocidos\nlos problemas de ambigüedad o polisemia de las palabras y de vaguedad de los\nconceptos. El nivel de determinación de un tipo penal será variable en función\nde las posibilidades lingüísticas de definición de una conducta específica y,\nen algunos casos, existirá una necesidad imperiosa de establecer castigos\nfrente a fenómenos dinámicos y complejos, que requieren la atención a contextos\nmás amplios para su comprensión y, por lo tanto, no pueden ser ‘capturados’ de\nforma definitiva por una expresión determinada.” [128]\n\n192. En efecto, no siempre puede cumplirse por completo en el texto\nmismo del delito, en tanto que algunos fenómenos dinámicos y complejos\nrequieren de la remisión a un contexto más amplio para su comprensión. Por\nesto, al momento de analizar la legalidad del delito, el intérprete debe\nestablecer si es posible, a partir de una interpretación razonable\ny referentes objetivos y verificables , determinar la conducta\nilícita en que puede incurrir el sujeto activo. [129]\n\n193. En la Sentencia C-539 de 2016 se indicó que la ambigüedad y la\nvaguedad –y, por lo tanto, la textura abierta y la relativa indeterminación de\nlas expresiones– son características “consustanciales y prácticamente\nineliminables del lenguaje natural”. Como el legislador dicta sus normas a\ntravés de enunciados que también pertenecen al lenguaje natural, todo tipo\npenal sufrirá un mínimo de indeterminación, pero no por ello resultan\nincompatibles con el principio de taxatividad penal. Al momento de verificar el\ncumplimiento del principio de legalidad estricta, debe indagarse si es posible,\ncon fundamento en una interpretación razonable y a partir de referentes\nobjetivos y verificables, trazar la “frontera que divida con suficiente\nclaridad el comportamiento lícito del ilícito.” [130]\n\n194. En vista de una fehaciente problemática entre la obligación de una\ndefinición taxativa de las conductas penales y los límites de precisión del\nlenguaje natural, surgen en la doctrina dos conceptos que hacen referencia a\ntipos que, por presentar un nivel mayor al ordinario de indeterminación,\ngeneran diversas discusiones constitucionales: los tipos en blanco y los tipos\nabiertos, a los que se refiere la Sala a continuación.\n\n195. Los tipos penales en blanco. Los tipos penales en blanco son aquellas disposiciones del derecho\npenal cuya descripción de la conducta prohibida o de alguno de sus elementos\nesenciales no se encuentra completa en la propia norma penal, sino que requiere\nser integrada o complementada mediante otra disposición normativa, generalmente\nde carácter extrapenal.\n\n196. En otras palabras, son figuras cuya estructura normativa remite\nparcial o totalmente a otra norma jurídica para precisar el contenido de la\nconducta punible, los sujetos, las circunstancias o los elementos necesarios\npara determinar el alcance de la prohibición penal.\n\n197. Su finalidad suele permitir que el derecho penal regule materias\ntécnicas, cambiantes o altamente especializadas –como el derecho ambiental,\nfinanciero, sanitario o administrativo– sin necesidad de reformar\nconstantemente el Código Penal.\n\n198. En virtud de esta figura jurídica, es perfectamente viable que el\nlegislador realice una remisión o reenvío normativo a otra norma que se\nconocerá como propia si es de igual jerarquía o impropia , si lo\nhace a una de inferior jerarquía.\n\n199. Los tipos penales en blanco son válidos, siempre que, una vez efectuada\nla remisión, se cumplan los requisitos de certeza, claridad y precisión\nexigidos por el principio de estricta legalidad, de manera que la norma objeto\nde remisión debe también respetar el principio de definición taxativa, pues\nsólo así el juez penal y los ciudadanos pueden conocer inequívocamente cuál es\nla conducta penalizada. Además, la norma objeto de remisión debe existir al\nmomento de la integración definitiva del tipo, ser determinada, de público\nconocimiento, y respetar los derechos fundamentales. [131]\n\n200. Con todo, esta Corte ha\nreconocido que los tipos penales en blanco generan tensiones con el principio\nde legalidad estricta. Esto es así, porque al no definir de forma definitiva\nlos elementos del tipo y exigir una remisión a normas extrapenales para\ncompletar el tipo, introducen un grado de incertidumbre en la determinación de\nsus elementos esenciales. Por esta razón, esta Corporación ha desarrollado\nrequisitos que los tipos penales en blanco deben satisfacer para ser\ncompatibles con la exigencia de tipicidad. Estos requisitos buscan garantizar\nun grado razonable de previsibilidad en el proceso de integración del tipo con\notras normas no penales. [132] Conviene matizar, en todo caso, que\nel recurso a esta técnica no obedece únicamente a las limitaciones propias del\nlenguaje natural, sino también a una decisión normativa consciente del\nlegislador, dirigida a preservar la funcionalidad y la actualidad de la\nregulación frente a fenómenos cuyo contenido puede evolucionar con el tiempo.\n\n201. En las Sentencias C-367 y C-411\nde 2022, así como en la Sentencia C-021 de 2023, la Corte Constitucional\nsistematizó estas exigencias en los términos que se describen enseguida, tal\ncomo fueron sistematizadas en la Sentencia C-080 de 2025:\n\nLegalidad estricta de los tipos penales en blanco\n\n1. La norma de remisión debe ser claramente\nidentificable. Es deseable que la remisión sea lo más expresa y explícita\nposible. Con todo, (a) la remisión de los tipos penales a otros\npreceptos normativos no debe, necesariamente, ser expresa; es posible que el\nreenvío sea tácito; y (b) es constitucionalmente admisible\nque el legislador remita una normativa dispersa, abundante y compleja. Lo\nanterior, siempre que el intérprete y el destinatario de la norma penal\npuedan individualizar sin ambages, anfibologías o equívocos la norma o normas complementarias que se integran a la\ndisposición penal para llevar a cabo el\nproceso de adecuación típica.\n\n2. La norma de remisión debe existir y hacer\nparte del ordenamiento jurídico al\nmomento de realizarse la conducta y de llevarse a cabo el proceso de\nadecuación típica . Esta regla admite que la\nnorma complementaria sea expedida con posterioridad al tipo penal, siempre y\ncuando la adecuación típica sea posterior a la norma complementaria. Esto\ngarantiza el derecho a ser juzgado solo con base en las leyes preexistentes.\n\n3. La norma de remisión debe permitir al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la\nconducta penalizada y la sanción correspondiente, sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones\nal respecto. La norma penal puede remitir a sistemas normativos\nhiperregulados, abundantes y complejos de entender. Sin embargo, en estos\ncasos debe garantizarse que la tipicidad post-remisión normativa sea clara y\nprecisa.\n\n4. Los tipos penales de remisión impropia deben\nsatisfacer, además de los requisitos anteriores, dos condiciones adicionales:\n\n(i) La norma de remisión de rango infra legal debe tener un alcance\ngeneral y ser de conocimiento público. Esto, con el fin de garantizar su\noponibilidad social y que los ciudadanos conozcan su contenido.\n\n(ii) La norma de remisión debe respetar los principios y valores\nconstitucionales, sobre la base de los principios de razonabilidad y\nproporcionalidad.\n\n202. Los tipos penales abiertos. Por\notro lado, los tipos penales abiertos son aquellas descripciones típicas en las\nque el legislador no determina de manera completamente precisa todos los\nelementos de la conducta punible, sino que utiliza conceptos amplios o\nindeterminados que exigen una labor de valoración e interpretación judicial\npara precisar el alcance de la conducta prohibida.\n\n203. Como se ha mencionado anteriormente, todos los tipos penales tienen un nivel de indeterminación que es\nconnatural al lenguaje y el derecho. En este sentido, la apertura de las normas\npenales es, en realidad, una cuestión de grados: hay tipos más cerrados y tipos\nmás abiertos. Por lo tanto, ha precisado la Corte, la calificación de un tipo\npenal como abierto strictu sensu , está reservada para aquellas\nconductas punibles que están tipificadas con un grado de indeterminación mayor\nal que es connatural al lenguaje. [133]\n\n204. Al tratarse de expresiones con un contenido semántico amplio o de\nrelativa vaguedad, porque así lo exige la naturaleza de la conducta penalizada,\n“sólo serán ajustados a la Constitución si dicha indeterminación está\njustificada, es moderada y existen referencias que permitan precisar su\ncontenido y alcance . ” [134]\n\n205. Esto implica que la exigencia\nconstitucional de precisión y claridad en la tipificación de una conducta sólo\nes posible hasta donde se lo permite su naturaleza. En este sentido, este\ntribunal ha reiterado que los tipos penales abiertos se justifican cuando para\nel legislador es imposible describir la conducta punible de forma absolutamente\ninequívoca, perfecta y completa. Lo anterior, en atención a la naturaleza\ndinámica del bien jurídico que buscan proteger o la multiplicidad de formas que\nla conducta punible puede tomar en la realidad. [135]\n\n206. Esta Corte ha admitido la validez\nde tipos abiertos bajo determinadas condiciones: primero, que así lo exija la\nnaturaleza del tipo; segundo, que existan suficientes referentes normativos\npara “cerrar” la indeterminación; y, tercero, que en una interpretación\nrazonable ordinaria sea posible comprender la conducta prohibida. [136]\n\n207. En una mirada más profunda a\ntales condiciones, vale la pena precisar que la naturaleza del tipo hace\nreferencia a la conducta que el legislador considera necesario sancionar. A fin de evitar esencialismos, que remitan exclusivamente a la\nsubjetividad de cada operador judicial, esta puede entenderse de forma más\napropiada como una alusión a los factores históricos, sociales, contextuales,\nfácticos o de tipo similar que determinan el fenómeno que se quiere erradicar,\no que componen el conjunto de razones por las que el bien jurídico a proteger\nha sido objeto de violación, en concepto del legislador.\n\n208. En relación con los referentes normativos que permiten cerrar la\nindeterminación, deben provenir de una fuente con autoridad suficiente para\nproyectarse sobre la ley y deben ser accesibles para la población. En efecto,\npueden hallarse en otras normas de jerarquía legal o supra legal, y en la\ninterpretación de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En la Sentencia C-080 de 2025, esta Corte admitió un espectro más\namplio de referentes jurídico-normativos aptos para llenar de contenido el tipo\npenal abierto: precedentes de los órganos de cierre, antecedentes legislativos,\n“una larga tradición jurídica en el ordenamiento” y “las\ndenominaciones de los capítulos y títulos del código penal”, en cuanto\npermitan a un “destinatario promedio” determinar el contenido y alcance\nde la conducta punible. Por lo mismo,\ntales referentes han de tener carácter jurídico-normativo –la ley, el\nreglamento, los actos administrativos de alcance general y la jurisprudencia de\nlos órganos de cierre–, sin que basten, por sí solos, los documentos de\npolítica pública, las definiciones adoptadas por organismos multilaterales o\nlas elaboraciones doctrinarias, los cuales podrán servir como elementos de\ncontexto o de confirmación, mas no como fuente que aisladamente cierre la\nindeterminación del tipo.\n\n209. Además, tales referentes deben estar establecidos con precisión y\nclaridad, dado que cumplirán la delicada función de cerrar la\nindeterminación relativa del tipo; y ser previos a la configuración del\ndelito en el caso concreto, pues sólo así contribuirán eficazmente a la\ncomprensión de la conducta penalizada.\n\n210. No cumplen ese fin, por lo tanto, propuestas doctrinales o\ndiscusiones dogmáticas inacabadas, ni es aceptable una remisión genérica al\nmomento de aplicación, pues ello supone simplemente una confianza en la\ncapacidad interpretativa de los jueces penales, pero no una garantía para el\nciudadano. Sin duda, el juez tiene un papel esencial en la interpretación de\nlas normas relevantes, pero deben mantenerse presentes los límites que\nenfrentan los jueces en materia penal (prohibición de analogía o\ninterpretaciones amplias de las normas sancionatorias, conocidas como mala\npartem, del derecho penal), y que en nada se beneficia la autonomía de las\npersonas mediante una confianza absoluta en la prudencia judicial, si el juez\nno cuenta con elementos suficientes para auto determinarse.\n\n211. Finalmente, la interpretación ordinaria razonable debe cumplir dos\nfines. Que los jueces puedan comprender el tipo penal sin ejercicios interpretativos\nde excesiva complejidad (principalmente basados en la literalidad, el contexto\ny el propósito de la disposición, siempre que estos sean determinados) y que\nlas personas puedan acceder al conocimiento de la prohibición. [137]\n\n212. Es por ello que, cuando una demanda cuestiona un elemento\nnormativo de un tipo penal o de una sanción por ser vago e indeterminado,\nprocede un juicio de estricta legalidad, pues l as normas penales usan un lenguaje\ntécnico y pueden presentar ambigüedades propias del lenguaje natural. [138]\nPor esa razón, no basta señalar una imprecisión lingüística o plantear dudas\nhipotéticas para considerar vulnerado el principio de legalidad. [139]\nSe requiere una indeterminación insuperable desde el punto de vista jurídico,\nes decir, que el sentido de la norma no pueda establecerse mediante una\ninterpretación razonable. [140] El juicio de estricta legalidad,\nentonces, consiste en verificar si la disposición [141]\n“(i) resulta tan vaga o ambigua que impide delimitar con claridad la\nfrontera entre lo lícito y lo ilícito, lo que afecta la previsibilidad de sus\nconsecuencias jurídicas; (ii) obstaculiza el ejercicio del derecho a la defensa\ndel procesado; y (iii) dificulta comprender la conducta que busca prohibirse o\npromoverse en protección de un bien jurídico.” [142]\n\n213. En suma, el principio de legalidad penal, con fundamento en los\nartículos 6, 28 y 29 de la Constitución, opera en dos dimensiones: aquella\nsegún la cual se reserva al Congreso la definición de los delitos y las penas,\ny la estricta legalidad o taxatividad, que exige que la conducta y su sanción\nse describan de forma clara, precisa e inequívoca, de manera que todos los\ncomponentes del tipo, incluidas sus circunstancias de agravación, estén\ndeterminados o resulten razonablemente determinables. Esa exigencia, sin\nembargo, no es absoluta, pues como el legislador se expresa en lenguaje\nnatural, todo tipo penal conserva un margen irreductible de indeterminación que\nno lo torna, por sí solo, incompatible con la taxatividad. De esa tensión\nsurgen dos técnicas legislativas. Los tipos penales en blanco se completan por\nremisión a otra norma y son válidos siempre que la norma de reenvío sea\nidentificable, preexistente, cierta, de público conocimiento y respetuosa de\nlos derechos fundamentales. Por su parte, los tipos penales abiertos emplean\nconceptos amplios cuyo alcance se precisa mediante valoración judicial. Estos\núltimos son constitucionalmente admisibles cuando concurren tres condiciones: (i)\nque la naturaleza dinámica o técnica de la conducta justifique la apertura; (ii)\nque existan referentes objetivos, verificables y preexistentes que permitan\ncerrar la indeterminación relativa; y (iii) que, mediante una\ninterpretación razonable ordinaria, sea posible trazar la frontera que separa\nlo lícito de lo ilícito y comprender la conducta prohibida. En consecuencia, el\njuicio de estricta legalidad no consiste en verificar si el legislador definió\nexhaustivamente cada expresión empleada, sino en constatar si el ingrediente\nnormativo cuestionado, pese a su relativa indeterminación, satisface esas\ncondiciones.\n\nSolución al\nproblema jurídico planteado\n\n214. En primer lugar, algunos\nintervinientes consideran que el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que\nmodifica el artículo 296 del Código Penal, es un tipo penal en blanco que, al\nno remitir a alguna norma que defina “inteligencia artificial”, viola el\nprincipio de legalidad estricta en materia penal. Por el contrario, otro grupo\nde intervinientes consideran que es un tipo penal abierto que contiene un\ningrediente normativo que, aunque no totalmente determinado, es determinable\npor el operador jurídico. Por esa razón, concluyen que la disposición acusada\nes constitucional.\n\n215. El artículo 296 del Código Penal establece que “ [e] l que\ncon el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya\no suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad\nque pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta\nno constituya otro delito.” De acuerdo con lo anterior, entonces, el delito\nconsiste en la suplantación de identidad, integridad y uso de datos de manera\nabusiva por un tercero sin consentimiento o autorización previa, expresa e\ninformada. Esta conducta es realizada por terceros no autorizados con la\nfinalidad de causar un daño al titular de los datos que pretenden ser\nsuplantados. [143]\n\n216. En este contexto, el inciso acusado, adicionado por el artículo 3\nde la Ley 2502 de 2025, no crea un tipo penal autónomo, por el contrario,\ncualifica el medio de comisión de la falsedad personal al disponer que, “[c]uando\nla falsedad personal se realizare con la utilización de Inteligencia Artificial\nla multa se aumentará hasta en una tercera parte, siempre que la conducta no\nconstituya otro delito.” De este modo, la expresión “inteligencia\nartificial” opera como un ingrediente o elemento normativo del tipo\nagravado, esto es, como un componente cuyo alcance no se establece mediante la\nsimple percepción de los hechos, sino que demanda del operador jurídico una\nlabor de valoración dirigida a precisar si la herramienta efectivamente\nempleada se corresponde con dicho concepto.\n\n217. La disposición acusada, además, no introduce una pena privativa de\nla libertad. Se limita a prever una circunstancia que incrementa hasta en una\ntercera parte la multa de una conducta ya tipificada y querellable. Esta\nconstatación no relaja las exigencias del artículo 29 superior, que se predican\nplenamente de las circunstancias de agravación, pero evidencia que la exequibilidad\nno descansa en una reducción del estándar de legalidad, sino en la concurrencia\nde dos elementos: que el ingrediente normativo es razonablemente determinable a\npartir de referentes objetivos, accesibles y verificables, y que la respuesta\npunitiva guarda proporción con la mayor lesividad atribuida al medio comisivo.\nPor ello, el juicio de estricta legalidad no se dirige a establecer si dicho\ningrediente es determinable en abstracto o en sí mismo considerado, sino en\nrelación con el tipo penal al que accede y en atención a la función específica\nque cumple dentro de la estructura de la disposición demandada. Comoquiera que\nel inciso primero del artículo 296 del Código Penal define con claridad los\nelementos esenciales de la falsedad personal –sujeto, verbos rectores,\ningrediente subjetivo y bien jurídico protegido–, la determinación exigida al\ningrediente normativo de la agravante se predica únicamente de la circunstancia\nque intensifica el reproche, y no de la conducta base, cuya taxatividad no ha\nsido cuestionada. Así, el parámetro de legalidad se satisface sin desligar la\nagravante de la conducta punible que la sustenta.\n\n218. Esta comprensión de la inteligencia artificial como medio comisivo\ny no como ingrediente autónomo del tipo es coherente con la forma en que el\nordenamiento penal emplea otros elementos de contenido valorativo para graduar\nel reproche. Expresiones como “maniobras engañosas”, “medios\nfraudulentos ” o “inducir en error” presentes en diversos tipos y\ncircunstancias de agravación carecen de una definición legal exhaustiva y, sin\nembargo, no se reputan indeterminadas. Por el contrario, su alcance se\nconcreta, caso a caso, mediante una interpretación razonable apoyada en\nreferentes objetivos. La circunstancia de agravación aquí examinada responde a\nesa misma lógica. Lo que el legislador reprocha con mayor intensidad no es el\nempleo de una tecnología en abstracto, sino que el agente se valga de una\nherramienta que por su sofisticación incrementa la verosimilitud de la\nsuplantación, amplía la escala del engaño y dificulta que la víctima advierta\nla falsedad. Por ello, la aplicación del agravante no depende de que la ley\ndefina la IA, sino de que el juez pueda establecer, con apoyo en los referentes\njurídico-normativos ya identificados, que el medio efectivamente utilizado\ncorresponde a esa clase de herramienta.\n\n219. En ese sentido, la Sala advierte que la disposición acusada\ncorresponde a un tipo penal abierto. Como se expuso previamente, los tipos\npenales en blanco se caracterizan por que la descripción del supuesto de hecho\nse integra mediante el reenvío a una norma extrapenal determinada, que el\nintérprete debe identificar e incorporar al precepto para completar su\ncontenido. No altera lo anterior que el Decreto 1263 de 2022 y el Acuerdo\nPCSJA24-12243 de 2024 contengan definiciones de IA. Aunque un tipo penal en\nblanco admite la remisión impropia a normas de rango reglamentario, [144]\npara que ello ocurra el legislador penal debe efectuar el reenvío y la norma\nreglamentaria debe estar llamada a integrar el supuesto de hecho. Ninguna de\nesas condiciones concurre en este caso, puesto que la Ley 2502 de 2025 no\nremite a dichas normas ni a ninguna otra para definir la inteligencia\nartificial, y tales disposiciones no fueron expedidas para completar la\ndescripción de una conducta punible, sino para fijar lineamientos de política\npública y de gestión de la Rama Judicial en sus respectivos ámbitos. Por ello,\nel Decreto 1263 de 2022 y el Acuerdo PCSJA24-12243 no operan como normas de\nremisión que integren el tipo, sino como referentes objetivos y verificables\nque, junto con otros, permiten al operador jurídico decantar el núcleo\nfuncional del concepto en el marco propio de los tipos penales abiertos.\n\n220. Esto quiere decir que el inciso demandado no remite, de forma\nexpresa o tácita, a una norma extrapenal específica que defina la “inteligencia\nartificial” y se integre al tipo. De hecho, en el ordenamiento colombiano\nno existe aún una ley que regule de manera integral esa materia, circunstancia\nen la que coinciden tanto los intervinientes que defienden la disposición como\nquienes la cuestionan. Por esa razón, el cargo no puede resolverse con arreglo\na los requisitos propios de los tipos de remisión, pues no existe una norma de\nremisión cuya identificabilidad, preexistencia y precisión deban verificarse.\n\n221. La Sala considera necesario destacar, además, que, con el auge de\nlas tecnologías de la información, los delitos informáticos en general, han\naumentado de forma exponencial en los últimos años. Según los datos reportados\npor el Ministerio de Justicia y del Derecho [145] el incremento ha sido exponencial,\npues de 5.000 procesos en 2010 se ha pasado a 93.000 procesos en 2025. El\nincremento ha sido particularmente alto a partir del año 2020, en el que se\npasa de 24.000 procesos (año 2019) a 41.000 procesos. De ahí en adelante, cada\naño ha habido incrementos sostenidos: de 41.000 procesos a 48.000 procesos en\nel año 2021, a 67.000 procesos en el año 2022, a 73.000 procesos en el año\n2023, a 92.000 procesos en el año 2024 y a cerca de 93.000 procesos en el año\n2025. A la fecha de corte de la información sobre delitos informáticos, en lo\nque va de 2026 ya se contabilizan alrededor de 25.000 procesos por la comisión\nde delitos informáticos.\n\n222. El aumento de estos delitos, que es significativo a partir del año\n2020, coincide con el desarrollo de la IA. El uso de la IA, en particular de la\nIA generativa, incide en este tipo de conductas delictivas, pues automatiza el\nreconocimiento de víctimas, puede producir mensajes fraudulentos y permite que una\nsola persona opere decenas de conductas punibles a la vez. [146]\nEspecíficamente, en el 2025, hubo 50.849 investigaciones por hurto utilizando\nmedios informáticos, 18.668 por acceso abusivo a sistemas informáticos, 5.011\npor suplantación de sitios web, 11.291 por violación de datos personales y\n4.557 por transferencia no consentida de activos. [147]\n\n223. Si bien los anteriores reportes no incluyen las estadísticas sobre\nel delito de falsedad personal con el uso de IA, debido a que el delito de\nfalsedad personal no pertenece al grupo de delitos informáticos de la Ley 1273\nde 2009, este fenómeno criminal no escapa a la tendencia advertida, pues el uso\nde la IA ha venido creciendo también en estos ámbitos. A su turno, debe\ndestacarse que el agravante establecido en la norma demandada, comienza a regir\nun año después de la promulgación de la Ley 2502 de 2025, es decir, a partir\ndel 28 de julio de 2026. [148] En esa medida, aunque la fiscalía\ntiene la obligación de garantizar la trazabilidad de los casos relacionados con\nuso de IA para cometer falsedad personal, [149] esta apenas ha iniciado. En todo\ncaso, el agravante incluido responde a la nueva modalidad en la que hoy en día\nse puede cometer el delito de falsedad personal, la cual puede aumentar,\nsiguiendo el patrón de los demás delitos en los que cabe el uso de la IA, dadas\nlas facilidades que ello brinda a los criminales para realizar este tipo de\nconductas punibles.\n\n224. En segundo lugar, algunos\nintervinientes, al argumentar la razón por la cual consideraban que la\ndisposición correspondía a un tipo penal en blanco, hicieron referencia al\nconcepto de “deepfake” contenido en el artículo 2 de la ley parcialmente\ndemandada. Este concepto corresponde a “la creación, modificación y\nutilización de un registro audiovisual, incluidas fotografías, vídeos, imágenes\no grabaciones de sonido falsos, mediante Inteligencia Artificial -IA- de manera\nque el registro parezca auténtico del discurso o conducta real de un\nindividuo.”\n\n225. Esta definición no cumple una función integradora. Opera, en\ncambio, como un referente hermenéutico que, en una lectura sistemática y\nfinalista, ilustra la función que el legislador atribuyó al medio comisivo y\nconfirma el nexo funcional entre la IA y la falsedad personal.\n\n226. Que la relativa indeterminación del concepto de “inteligencia\nartificial” obedeció a una decisión deliberada del legislador y no a un\ndescuido o a una omisión inadvertida se constata al rastrear los antecedentes\nlegislativos de la Ley 2502 de 2025, los cuales dan cuenta de que el Congreso\nconsideró y descartó de manera consciente la inclusión de una definición\ncerrada de esta tecnología, en atención a su naturaleza dinámica y a su\ntendencia a la obsolescencia. En la exposición de motivos del entonces Proyecto\nde Ley No.360 de 2024 (Cámara) –No.225 de 2024 (Senado), “la agravación punitiva de la falsedad personal a través de\ninteligencia artificial tiene como objetivo proteger los derechos individuales,\npromover la confianza en los sistemas digitales y establecer un marco legal que\nregule el uso adecuado de la IA en beneficio de la sociedad y la fe pública”. [150]\n\n227. De otro lado, el proyecto original publicado en la Gaceta No.111\ndel 2 de febrero de 2024 contenía la siguiente definición de “inteligencia\nartificial” en el artículo 2: “La disciplina científica y tecnológica\nque se ocupa del diseño, desarrollo y aplicación de sistemas informáticos\ncapaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales\ncomo el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, el procesamiento\ndel lenguaje natural, la generación de contenidos, la síntesis de voz y la\nvisión artificial.” [151]\n\n228. Posteriormente, el articulado del proyecto aprobado en segundo\ndebate en el Senado de la República definía “Sistemas de Inteligencia\nArtificial” en su artículo 2 como “ [s] istema\nbasado en una máquina que, para fines explícitos o implícitos, deduce, a partir\nde los insumos que recibe, cómo generar resultados tales como predicciones,\ncontenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos\no virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y\nadaptabilidad después del despliegue”. [152]\n\n229. En el informe de ponencia para primer debate en la Cámara de\nRepresentantes se señaló que:\n\n“ del análisis de la situación\nactual que amerita la realización del presente proyecto de ley, es preciso\nindicar la necesidad de los gobiernos de regular con estamentos normativos en\nla discusión de la política criminal, la penalización de las acciones de\nsuplantación de identidad en la que se vea involucrada le utilización de la IA.\n[…]\n\nEl día cinco (05) de abril de 2024, se llevó a cabo en la Comisión\nPrimera Constitucional Permanente del Senado de la República, la Mesa Técnica\nsobre las implicaciones de la IA en Colombia, con la finalidad de escuchar a la\nacademia, a las empresas y a los expertos en el tema, articulando conceptos,\nideas, problemáticas y expectativas frente a la regulación o no en el país.\n\nLa Mesa Técnica se orientó a través de la pregunta de si la IA\ndebe ser regulada o no; la mayoría de los ponentes, concluyeron en sus\nintervenciones que la IA no debe regularse de manera estricta o prohibitiva, en\ntanto, debe permitirse la continuidad de su desarrollo y aplicación, en los\ndiferentes escenarios en que su utilización resulta necesaria para el avance de\nla tecnología y el bienestar de la comunidad en general.\n\nA la par, los ponentes también llegaron a la conclusión que de\nregularse la IA, la misma debería orientarse a la protección y prevención ante\nel uso dañino o ilegal que perjudique o atente contra los derechos de las\npersonas.\n\nEn consecuencia, la presente iniciativa legislativa, pretende\nextender la guarda de la identidad personal debidamente protegida a través del\nartículo 296 del Código Penal Colombiano, en el marco preciso del uso indebido\nde la IA, a cuyo propósito sea utilizada para suplantar o sustituir la\nidentidad de una persona; de allí que, el proyecto de Ley no termina por\nconstituir una regulación estructural, restrictiva o prohibitiva sobre el\ntema”. [153]\n\n230. En otras palabras, se indicó que la regulación de la IA no debía\ncontravenir su desarrollo de habilidades y evolución, los cuales podían\nsobrepasar la capacidad de regulación legislativa. Sin embargo, de existir\ndicha regulación, debía orientarse a la protección de derechos y a evitar el\nuso dañino de esta herramienta.\n\n231. Asimismo, en tal informe de ponencia se definió “sistema de\ninteligencia artificial” como “ [s] istema basado en una máquina\nque, para fines explícitos o implícitos, deduce, a partir de los insumos que\nrecibe, cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos,\nrecomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o\nvirtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y\nadaptabilidad después del despliegue.” [154]\n\n232. No obstante, se presentó una proposición de enmienda al informe de\nponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, mediante la cual se\nindicó la necesidad de realizar ajustes, teniendo en cuenta las recomendaciones\ny realizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las\nComunicaciones. En particular, la enmienda se dirigió a proponer lo siguiente:\n\n(i) En el artículo 1, eliminar la expresión “sistemas de” con\nla finalidad de que el término de “Inteligencia Artificial” fuera más\namplio, genérico y menos restrictivo.\n\n(ii) En el\nartículo 2 se excluyó la definición de Sistemas de Inteligencia Artificial, con\nla finalidad de adoptar el concepto del Ministerio de las TIC, que menciona que\nuna definición de IA puede generar dificultades, como la obsolescencia del\nmismo por la evolución de la IA, entre otras modificaciones.\n\n(iii)\nEn el artículo 3, retirar la expresión “ Sistemas\nde”, para dejar sólo la expresión Inteligencia Artificial, teniendo en\ncuenta que la palabra Sistemas podía abarcar un ámbito más reducido y limitado. [155]\n\n233. Finalmente, en el informe de conciliación, el texto acogido fue el\naprobado en la Cámara de Representantes, de conformidad con la Gaceta 877 de\n2025.\n\n234. De la reseña anterior se desprende que la ausencia de una\ndefinición legal de “inteligencia artificial” en el texto finalmente\naprobado no obedeció a un vacío involuntario, sino a una decisión informada del\nlegislador. En efecto, tras evaluar sucesivas definiciones a lo largo del\ntrámite y acoger las recomendaciones técnicas del Ministerio de Tecnologías de\nla Información y las Comunicaciones, el Congreso optó de manera consciente por\nla expresión genérica “inteligencia artificial”, al advertir que\ncualquier definición cerrada devendría prontamente obsoleta frente a la\nacelerada evolución de esta tecnología. Esta constatación resulta relevante\npara el examen que sigue, pues confirma que la apertura del ingrediente\nnormativo demandado no es producto de una técnica legislativa deficiente, sino\nuna respuesta deliberada a la naturaleza cambiante del fenómeno que se pretende\nreprochar, aspecto que incide de manera directa en la primera de las\ncondiciones que enseguida analiza la Sala.\n\n235. Tampoco constituye un defecto que el legislador haya empleado la\nexpresión amplia inteligencia artificial y no la más restringida de deepfake ,\npues los deepfakes son una de las modalidades en que la IA puede\ninstrumentalizar la suplantación. En definitiva, la definición de “deepfake”\nno agota ni sustituye el concepto de IA. En su lugar, orienta su sentido en el\ncontexto del delito de falsedad personal.\n\n236. Debe recordarse que la Constitución no exige que todo elemento\nnormativo de un tipo penal venga acompañado de una definición legal expresa. El\nprincipio de estricta legalidad demanda que la conducta punible y sus\nconsecuencias estén previa, clara y ciertamente determinadas, mas no que el\nlegislador defina de manera exhaustiva cada una de las expresiones que emplea.\nBasta con que el ingrediente respectivo resulte determinable a partir de\ncriterios jurídicos objetivos. De ahí que, conforme a la jurisprudencia\nreiterada en esta providencia, la técnica de los tipos penales abiertos sea\ncompatible con la legalidad siempre que la apertura se justifique en la\nnaturaleza de la materia regulada y que la conducta prohibida pueda precisarse\nmediante una interpretación razonable. Exigir una definición legal expresa de\ncada ingrediente normativo no sólo carecería de respaldo constitucional,\ntambién desconocería la naturaleza misma de la legislación penal, que\nnecesariamente acude a conceptos cuyo contenido se concreta por vía\ninterpretativa.\n\n237. Esa determinabilidad, además, se inscribe en una respuesta\npunitiva que el legislador justificó en la mayor capacidad lesiva del medio\ncomisivo. La IA no opera aquí como un ingrediente autónomo del tipo, sino como\nla herramienta de la que se vale el agente para suplantar o sustituir a una\npersona. Su empleo agrava el reproche porque incrementa, cualitativa y\ncuantitativamente, la verosimilitud y la escala del engaño, y dificulta que la\nvíctima detecte la falsedad. No basta, por tanto, la simple presencia de una\nherramienta tecnológica, sino que su utilización guarde una relación funcional\ncon la suplantación y con la afectación del bien jurídico protegido.\n\n238. En consecuencia, el concepto de “inteligencia artificial” demandado\nhace parte de un tipo penal abierto. En ese sentido, la cuestión que debe\nresolver la Sala es si tal ingrediente normativo, pese a su relativa\nindeterminación, admite una reconstrucción de su contenido con un grado de precisión\ny previsibilidad compatible con el artículo 29 de la Constitución. Su\nconstitucionalidad, entonces, se supedita a tres condiciones: (i) que la naturaleza del tipo justifique la apertura; (ii)\nque existan suficientes referentes que permitan cerrar la indeterminación\nrelativa del concepto; y que, (iii) mediante una interpretación\nrazonable ordinaria, sea posible comprender la conducta prohibida . [156]\nLa Sala examinará el cumplimiento de cada una de estas condiciones.\n\n239. En cuanto a la naturaleza del tipo que justifica la apertura, c omo se ha reseñado en la presente providencia, la IA es una\nherramienta en constante evolución. En un principio, tan sólo podía resolver\nproblemas de lógica, simular conversaciones humanas y desempeñarse en ciertos\njuegos. Luego, con el desarrollo de redes neuronales inspiradas en las del\ncerebro humano, sus capacidades crecieron de forma exponencial. Hoy en día,\ngenera contenido, resuelve problemas matemáticos de alto nivel, replica el\nhabla, entre otras tareas productivas y creativas, con una capacidad de cómputo\ny cálculo mucho mayor que la de un ser humano.\n\n240. En suma, el carácter de la IA es dinámico y cambiante, cuyo\nalcance aún está por ser descubierto. En ese sentido, exigir al legislador una definición cerrada, exhaustiva y\ntécnicamente detallada de “inteligencia artificial” en el propio tipo\npenal no sólo resultaría impracticable, sino contraproducente. Cualquier\nenumeración casuística quedaría superada por el avance tecnológico de manera\ncasi inmediata y, lejos de proteger la legalidad estricta que supone el derecho\npenal, dejaría por fuera del reproche modalidades de suplantación surgidas con\nposterioridad, tanto o más lesivas que las ya conocidas. La relativa apertura\ndel tipo responde, entonces, a la naturaleza dinámica del medio comisivo y a la\nmultiplicidad de formas que la conducta puede adoptar.\n\n241. Esta imposibilidad de una enumeración casuística no es una\nparticularidad del caso, sino una consecuencia estructural del modo en que\nevoluciona la tecnología. La IA no designa un catálogo cerrado de artefactos,\nsino la función de inferir, a partir de datos, resultados propios de tareas que\nordinariamente requerirían capacidades cognitivas humanas, susceptible de materializarse\nen arquitecturas técnicas en permanente transformación. Un listado legal de las\ntecnologías existentes al momento de expedir la norma nacería desactualizado y\nobligaría a una reforma incesante del tipo penal para no dejar impunes las\nmodalidades de suplantación surgidas con cada avance. Por ello, anclar el\nreproche a la función que el medio comisivo cumple, y no a una denominación\ntécnica determinada, es la opción que mejor preserva la vigencia de la\nprohibición y la seguridad jurídica, opción que, además, fue la conscientemente\nadoptada por el legislador, según se constató al examinar los antecedentes de\nla Ley 2502 de 2025.\n\n242. En lo que atañe a la existencia de referentes idóneos para cerrar\nla indeterminación, resulta pertinente precisar, ante todo, el estándar\nconforme al cual tales referentes cumplen esa función. En la Sentencia C-204 de\n2023, la Corte explicó que los tipos penales abiertos no vulneran el principio\nde legalidad siempre que “(i) la naturaleza del tipo impida su descripción\nexacta, pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición,\ny (ii) el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado,\nlo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa\nordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un\nreferente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y\nalcance de la prohibición”. De la segunda condición se desprende que la\ncomprensión de la conducta sancionada puede alcanzarse por dos vías\nalternativas: la interpretación ordinaria o la remisión a un referente\nespecializado. Esta última resulta especialmente idónea cuando el ingrediente\nnormativo posee un contenido técnico que, por su complejidad, desborda el saber\ncomún, pues en tales casos son los referentes técnicos y regulatorios los que\nfijan, con la precisión requerida, los parámetros del concepto empleado por el\nlegislador.\n\n243. Aplicado ese estándar al caso, se tiene, como se ha mostrado en\nesta sentencia, que el núcleo funcional de la IA se ancla, en primer lugar, en\nreferentes con fuerza jurídico-normativa: el Decreto 1263 de 2022, que\nincorpora una definición de inteligencia artificial; el Acuerdo PCSJA24-12243\nde 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, y, en sede jurisprudencial, la\ncaracterización efectuada por esta Corte en la Sentencia T-323 de 2024, así\ncomo en las Sentencias T-067 y T-256 de 2025. Estos referentes, de carácter\nnormativo y de público conocimiento, resultan suficientes para delimitar el\nalcance del ingrediente. A ellos se suman, como elementos de contexto y de\nconfirmación de las mismas notas funcionales, sin operar por sí solos como\nfuente que cierre la indeterminación, instrumentos técnicos y de política\npública recibidos por el ordenamiento, tales como los documentos Conpes 3975 de\n2019 y 4144 de 2025, la definición de la OCDE (2019, actualizada en 2023), la\nRecomendación de la UNESCO (2021) a la que Colombia se adhirió, el Marco Ético\npara la Inteligencia Artificial en Colombia (2021) y la definición contenida en\nel Reglamento (UE) 2024/1689.\n\n244. En cuanto a las dos últimas providencias citadas, mediante la\nSentencia T-067 de 2025 la Corte aclaró que estas herramientas utilizan un\nproceso algorítmico para llegar a una decisión, es decir, contribuyen a procesos\nde toma de decisiones que normalmente serían llevados a cabo por humanos. En la\nSentencia T-256 de 2025 se describió cómo la moderación de contenidos se basa\nen IA, pues este ejercicio implica el procesamiento de millones de datos cada\nsegundo.\n\n245. Adicionalmente, a título ilustrativo y sin que operen como\nreferentes que cierren la indeterminación del tipo, el concepto de IA ha sido\nobjeto de un amplio debate internacional, ético y aun filosófico, del que dan\ncuenta las regulaciones adoptadas por distintos países -que van desde una\nregulación exhaustiva de sus riesgos hasta un enfoque de menor intervención,\npasando por una perspectiva intermedia caracterizada por la gradualidad-, las\nobservaciones de organismos internacionales e, incluso, pronunciamientos como\nla encíclica Magnifica humanitas del Papa León XIV y exploraciones de\notros escritores que imaginan los alcances que puede tener la IA y la forma en\nque la humanidad tendría que enfrentarla. Estas manifestaciones, producto de la\nnecesidad de encauzar una tecnología con incidencia directa en la\nmaterialización de derechos fundamentales, ponen de presente que, aun cuando\nuna definición unívoca de inteligencia artificial resulte por ahora\nimpracticable, existe consenso en torno a las características esenciales que\nperfilan el concepto.\n\n246. Esto no obsta para que el concepto de IA sea inasible. El\nprincipio de estricta legalidad no exige la unicidad de la definición, sino la\nposibilidad de reconstruir, a partir de referentes objetivos y verificables, un\nnúcleo de sentido que permita trazar la frontera que divide con suficiente\nclaridad el comportamiento lícito del ilícito.\n\n247. En efecto, del conjunto de referentes reseñados es posible\ndecantar un núcleo conceptual común que, por hallarse referido a la función que\nel sistema cumple y no a una técnica determinada, resulta resistente a la\nevolución tecnológica. Sobre esta base, la Sala concluye que, para los efectos\ndel agravante acusado, hoy en día, a partir de los aludidos referentes, una\nherramienta puede reconocerse como IA cuando en ella se identifican, como\ncriterios funcionales de reconocimiento, las siguientes notas: (i) se\ntrata de un sistema basado en máquinas o soportado en programas y equipos\ncomputacionales; (ii) que, a partir de los datos o entradas que recibe,\ninfiere o procesa información para generar salidas tales como predicciones,\ncontenidos, recomendaciones o decisiones; (iii) con el propósito de\nejecutar tareas que ordinariamente requerirían capacidades cognitivas humanas\n-como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la percepción, el\nrazonamiento o la generación de contenidos-; y (iv) operando con algún\ngrado de autonomía o de adaptabilidad. Lo anterior, sin perjuicio de que, en un\nfuturo, se actualicen estas características conforme evolucione la IA, por lo\nque la Corte no pretende dar una definición de esta herramienta.\n\n248. Estos criterios constituyen las notas comunes a los referentes\nnormativos, técnicos y de política pública preexistentes en el ordenamiento y\nen los instrumentos internacionales acogidos por Colombia. Por estar formulados\nen términos funcionales, permiten subsumir tanto las tecnologías hoy conocidas\ncomo las que surjan en el futuro, sin necesidad de reformar el tipo penal, pues\nlo determinante no es la denominación comercial ni la concreta arquitectura\ntécnica del sistema, sino que este cumpla la función descrita. De esta manera,\nla prohibición conserva su vigencia, con independencia de cómo evolucione la\ntecnología.\n\n249. Ahora bien, no se afirma que todos los referentes reseñados\nreproduzcan, de manera idéntica y concurrente, la totalidad de las\ncaracterísticas enunciadas, sino que de ellos es posible decantar unas notas\nfuncionales comunes que se reiteran y que permiten al operador jurídico reconocer\ncuándo una herramienta pertenece al género. El juicio de determinabilidad no\nexige unanimidad definicional, pues, de exigirla, ningún ingrediente normativo\nde carácter técnico la satisfaría; lo que reclama es que existan referentes\nobjetivos, verificables y preexistentes que hagan posible una interpretación\nrazonable. Así, las notas antes descritas se presentan como criterios\nfuncionales de reconocimiento y no como una lista de requisitos acumulativos, y\ncada una encuentra sustento en los referentes normativos, técnicos y de\npolítica pública ya reseñados.\n\n250. También conviene distinguir los dos niveles conceptuales que\nsubyacen a los referentes reseñados, pues mientras algunos definen la “inteligencia\nartificial” y otros el “sistema de inteligencia artificial”, la Ley\n2502 de 2025 se refiere a la primera. Con todo, se trata de conceptos\ncomplementarios y no excluyentes. De una parte, la expresión “inteligencia\nartificial” designa el campo o la capacidad, mientras que la de “sistema\nde inteligencia artificial” alude al artefacto o herramienta en que dicha\ncapacidad se materializa y a través de la cual opera. No se trata, pues, de\nconceptos contrapuestos, sino de dos niveles de abstracción de un mismo\nfenómeno, en el que el segundo constituye la concreción operativa del primero.\nDe otra parte, y sobre todo, unas y otras definiciones –las del Decreto 1263 de\n2022 y el Marco É tico para la Inteligencia Artificial en Colombia, tanto como las\nde la OCDE, el Conpes 4144 de 2025, el Acuerdo PCSJA24-12243 y el Reglamento (UE)\n2024/1689– convergen en las mismas notas funcionales ya reseñadas. Esa\nconvergencia, que es precisamente lo que el juicio de determinabilidad exige\nconstatar, no se ve afectada por la diferencia de nivel entre unas definiciones\ny otras.\n\n251. Adicionalmente, el plano penalmente relevante es el del sistema.\nEllo se desprende del propio texto del enunciado acusado, que no sanciona la\ninteligencia artificial como fenómeno o disciplina, sino la falsedad personal\nrealizada “con la utilización de” inteligencia artificial, esto es, la\nIA en su función de medio comisivo. El giro instrumental empleado por el\nlegislador remite necesariamente a la herramienta concreta de la que se sirve\nel agente para suplantar o sustituir a una persona, de modo que los referentes\nque definen el sistema de IA no resultan ajenos al concepto empleado en la ley,\nsino que son precisamente los que permiten identificar el objeto sobre el que\nrecae la verificación judicial. Esta lectura, además de ser la que se deriva\ndel texto y de la estructura del tipo agravado, es la más restrictiva del\námbito de aplicación de la agravante y, por tanto, la exigida por la\nprohibición de analogía in malam partem , en tanto excluye una\ncomprensión difusa del agravante y lo ancla a un objeto verificable a través de\nlos medios de prueba pertinentes.\n\n252. Finalmente, la supresión de la expresión “sistemas” durante\nel trámite legislativo, conforme a las recomendaciones técnicas que allí se\ndocumentan, obedeció al propósito de no atar el concepto a una arquitectura\ntecnológica determinada ni exponerlo a una rápida obsolescencia, y no al de\nextender el reproche agravado más allá del instrumento efectivamente empleado.\n\n253. Aplicado el anterior estándar al caso concreto, la Sala verifica\nque los referentes normativos, técnicos y de política pública reseñados –y, en\nparticular, el núcleo funcional decantado a partir de ellos– operan como el\nreferente especializado a que alude la Sentencia C-204 de 2023. En efecto,\ninstrumentos como los documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la\ndefinición de la OCDE acogida en el orden interno, el Decreto 1263 de 2022 y la\ncaracterización efectuada en la Sentencia T-323 de 2024 precisan los parámetros\nespecíficos del contenido y alcance de la expresión “inteligencia\nartificial”, de suerte que el destinatario de la norma puede comprender,\ncon un grado admisible de previsibilidad, cuál es el comportamiento sancionado.\nPor esta vía, la indeterminación relativa del ingrediente normativo queda\nsuperada, con independencia de que la interpretación ordinaria, por sí sola,\npudiera resultar insuficiente frente a un concepto de connotación técnica.\n\n254. Dentro del anterior conjunto, la Sala otorga particular relevancia\na las definiciones de inteligencia artificial y de sistema de inteligencia\nartificial incorporadas en la Sentencia T-323 de 2024. Aunque esa providencia\nno constituye un precedente en sentido estricto para el presente control\nabstracto, fue proferida por esta Corporación y sistematiza, además, otras\ndefiniciones a las que ya se ha hecho referencia, de modo que sus\ncaracterizaciones se articulan aquí, de manera expresa, como un referente\nespecializado en el sentido de la Sentencia C-204 de 2023, esto es, como fuente\nque precisa los parámetros específicos del contenido y alcance del concepto empleado\npor el legislador.\n\n255. En tercer lugar, en relación a\nsi es posible o no, mediante una interpretación razonable, comprender la\nconducta prohibida, la Sala constata que la circunstancia de agravación\npunitiva se presenta cuando el sujeto activo utiliza una herramienta\ntecnológica que, debido a sus capacidades de procesamiento de información,\nrazonamiento, autonomía, adaptabilidad y generación de contenido, facilita la\nsuplantación o atribución de identidad en que consiste el delito de falsedad\npersonal. Lo anterior, aunado a la definición de deepfake que el\nartículo 2 de la Ley 2502 de 2025 incorpora, excluye los empleos triviales,\nincidentales o ajenos a la maniobra falsaria y circunscribe el reproche\nagravado a los supuestos en que la IA incrementa la verosimilitud de la\nsuplantación o dificulta su detección, que son, justamente, las razones que el\nlegislador tuvo para agravar la sanción. En otras palabras, el agravante\nobedece a un desvalor de acción que se concreta cuando el sujeto activo utiliza\nuna herramienta que facilita la comisión de la conducta punible.\n\n256. Este entendimiento se refuerza con la intervención de la Sala de\nCasación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto advierte que la\nutilización de inteligencia artificial no supone una indeterminación\ninsuperable, precisamente porque se halla referida a un tipo básico –la\nfalsedad personal– cuyos supuestos de hecho están definidos con claridad y cuyo\ncontexto de aplicación se precisa con las definiciones del artículo 2 de la Ley\n2502 de 2025. La Sala acoge esta consideración para complementar el análisis\ndel cargo con el contexto normativo y con los demás elementos del tipo, sin que\nello comporte pronunciamiento alguno sobre la determinación suficiente de esos\notros elementos, que no fueron acusados y podrían ser objeto de un cargo\ndistinto.\n\n257. Finalmente, debe resaltarse que la interpretación y aplicación de\nla ley penal corresponden a su intérprete autorizado, y no compete a esta Corte\nsustituirlo ni fijar reglas de subsunción para casos concretos. Con todo, la\nverificación de la determinabilidad no puede efectuarse en abstracto sin\nmostrar, siquiera, en qué consiste el contenido determinable del ingrediente,\npues si la Corte no pudiera articular núcleo funcional alguno, la conclusión\nobligada sería la indeterminación insuperable y, con ella, la inexequibilidad.\nEn esa línea, la Sentencia C-021 de 2023 declaró la exequibilidad de las\nexpresiones allí cuestionadas tras constatar la existencia de las herramientas\ndel ordenamiento que permiten determinarlas, lo que supone identificarlas y\nexaminar su aptitud para cerrar la indeterminación. Por ello, la ponencia no\npretende fijar el alcance concreto del agravante, sino constatar que existen\nreferentes que lo hacen determinable, en el entendido de que la concreción de\ndicho alcance, en cada caso, corresponde al juez penal y, en sede de\nunificación, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.\n\n258. De lo expuesto, la Sala concluye que el ingrediente normativo “inteligencia\nartificial” presenta una indeterminación meramente relativa, superable\nmediante una interpretación razonable apoyada en referentes objetivos,\nverificables y preexistentes, de suerte que el inciso acusado no desconoce el\nprincipio de estricta legalidad consagrado en el artículo 29 de la\nConstitución. La definición legal de la inteligencia artificial, de estimarse\nnecesaria, corresponde exclusivamente al Congreso de la República; la\nconstatación aquí efectuada no petrifica el fenómeno ni excluye su evolución,\npues el juez penal habrá de acudir a los referentes vigentes al momento de los\nhechos.\n\n259. Esta conclusión exige subrayar que la aplicación de la\ncircunstancia de agravación no opera de manera automática por la sola\ninvocación de la inteligencia artificial, sino que reclama acreditar, con\nsuficiencia probatoria y de manera concurrente, al menos tres elementos:\nprimero, que la herramienta efectivamente utilizada corresponde a un sistema de\ninteligencia artificial conforme a referentes objetivos y verificables;\nsegundo, que su empleo fue funcional a la realización de la falsedad personal,\ny no accesorio o irrelevante; y tercero, que dicho uso condujo a sustituir o\nsuplantar a una persona, o a atribuirse calidades con efectos jurídicos. Así,\nla amplitud relativa del concepto no habilita interpretaciones extensivas en\nperjuicio del procesado ni desplaza la carga probatoria que corresponde al ente\nacusador, pues la determinabilidad del ingrediente opera dentro de un marco\ngarantista de interpretación estricta, referentes objetivos, prueba suficiente\ny control judicial razonado.\n\n260. Por lo demás, la conclusión de exequibilidad no se sustenta en la\npremisa de que toda referencia legislativa a la IA satisfaga, por sí sola, las\nexigencias del principio de legalidad, sino en las particulares características\nde la disposición demandada, en el contexto normativo en que se inserta y en la\nexistencia de referentes objetivos que permiten dotar de contenido al\ningrediente normativo examinado.\n\n261. En consecuencia, la Sala declarará la exequibilidad del inciso\nsegundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la\nLey 2502 de 2025, por el cargo analizado.\n\nIII. DECISIÓN\n\nLa Corte\nConstitucional de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por\nmandato de la Constitución,\n\nRESUELVE\n\nÚNICO.\nPor el cargo analizado, declarar la EXEQUIBILIDAD del\ninciso segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3\nde la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual se modifica y\nestablece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal\nColombiano y se dictan otras disposiciones.”\n\nNotifíquese,\ncomuníquese y cúmplase,\n\nPAOLA\nANDREA MENESES MOSQUERA\n\nPresidenta\n\nNATALIA\nÁNGEL CABO\n\nMagistrada\n\nCARLOS\nCAMARGO ASSIS\n\nMagistrado\n\nHECTOR\nALFONSO CARVAJAL LONDOÑO\n\nMagistrado\n\nJUAN\nCARLOS CORTÉS GONZÁLEZ\n\nMagistrado\n\nLINA\nMARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ\n\nMagistrada\n\nVLADIMIR\nFERNÁNDEZ ANDRADE\n\nMagistrado\n\nJORGE\nENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR\n\nMagistrado\n\nMIGUEL\nPOLO ROSERO\n\nMagistrado\n\nANDREA\nLILIANA ROMERO LOPEZ\n\nSecretaria\nGeneral\n\n[1] Notificado mediante el Estado No.204 del 4 de diciembre de 2025.\nAuto disponible en web:\nhttps://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=132665\n\n[2] El término para la subsanación\ntranscurrió durante los días 5, 9 y 10 de diciembre de 2025. El 4 de diciembre,\nel actor remitió corrección de la demanda dentro del término concebido para tal\nefecto.\n\n[3] Notificado mediante Estado No.008 del 22 de enero de 2026. Auto\ndisponible en web:\nhttps://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=136120\n\n[4] Diario oficial 53.198 del 31 de julio de 2025.\n\n[5] Expediente D-17052.\nIntervención del Ministerio de las Tecnologías de la Información de las\nComunicaciones, pág.4.\n\n[6] Ibidem, pág.5.\n\n[7] Ibidem, pág.6.\n\n[8] Expediente D-17052,\nintervención del Ministerio de justicia y del Derecho, págs.6-7.\n\n[9] Ibidem, pág.8.\n\n[10] Ibidem.\n\n[11] Ibidem.\n\n[12] El interviniente cita la Sentencia\nC-742 de 2012.\n\n[13] Expediente D-17052,\nintervención del Instituto de Derecho Procesal, pág. 7.\n\n[14] Expediente D-17052,\nintervención de la Pontifica Universidad Javeriana, pág. 6.\n\n[15] Expediente D-17052,\nintervención de la Universidad Pontificia Bolivariana, pág. 5.\n\n[16] Para sustentar esta\npostura, la universidad cita la Sentencia C-204 de 2023.\n\n[17] Expediente D-17052,\nintervención de la Clínica de Acciones y Litigio\nde Interés Público de la facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia\nUniversidad Javeriana, pág.7.\n\n[18] Proyecto de Ley\npresentado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las\nComunicaciones, por medio del cual se regula la inteligencia artificial en\nColombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras disposiciones.\nDisponible en:\nhttps://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/pl_ia_finalizado.pdf\n\n[19] Proyecto de ley\npresentado por la representante a la Cámara Olga lucía Vásquez el 20 de julio\nde 2025: Disponible en: https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/proyectos-ley/documentos/proyecto-33950/p_l_098_2025sc_marco_regulatorio_de_inteligencia_artificial-f6c87c61.pdf\n\n[20] Expediente D-17052,\nconcepto del Procurador General de la Nación, pág. 5.\n\n[21] Ibidem, pág. 7.\n\n[22] Ver, por ejemplo, las\nsentencias C-431 de 2001, C-646 de 2001, C-760 de 2001, C-634 de 2011, C-083 de\n2011 y C-495 de 2019.\n\n[23] La cuestión de la eficacia sólo resulta importante, cuando se\ntrata del control de leyes derogadas, pero que producen efecto. Ver, entre\notras, las sentencias C-329 de 2001, C-896 de 2009, C-931 de 2009, C-819 de\n2011 y C-502 de 2012.\n\n[24] Corte Constitucional,\nSentencias C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013, C-281 de 2013, C-169 de\n2021 y C-031 de 2022. En ellas se reiteró que el examen de admisión a cargo del\nmagistrado sustanciador responde a una valoración apenas sumaria que no\ncompromete ni define la competencia de la Sala Plena.\n\n[25] Corte\nConstitucional, sentencia C-720 de 2007. La Sala Plena puede proferir una decisión\ninhibitoria por inepta demanda en contra de lo considerado en el auto\nadmisorio.\n\n[26] Decreto 2067 de 1991,\nart. 2, numeral 3. La norma exige que la demanda contenga las razones por las\ncuales los textos constitucionales se estiman violados.\n\n[27] Corte\nConstitucional, sentencia C-1052 de 2001. También, pueden verse las Sentencias C-464 de\n2025, C-429 de 2025, C-523 de 2019, entre muchas otras.\n\n[28] Cfr. Sentencia C-048 de 2004.\nTambién pueden verse las Sentencias C-1052 de 2001, C-052 de 2015 y C-165 de\n2019.\n\n[29] Existen otros métodos de\ninterpretación. “ [El método histórico] intenta\nbuscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes y trabajos\npreparatorios. De igual manera, el método teológico o finalista se basa en la\nidentificación de los objetivos de la legislación, de manera que resulta\njustifica [da] una interpretación del precepto\nlegal, cuando ese entendimiento concuerda con tales propósitos. Por último, el\nmétodo gramatical es el que está más profundamente vinculado con la hipótesis\nde infalibilidad de ese legislador soberano, pues supone que en ciertas\nocasiones las normas tienen un sentido único, que no requiere ser interpretado.”\nSentencia C-250 de 2019.\n\n[30] ASIMOV, Isaac (1942). Círculo Vicioso. Disponible en:\nhttps://lecturia.org/cuentos-y-relatos/isaac-asimov-circulo-vicioso/4060/\n\n[31] Ibidem,\n\n[32] Haelein, Michael; Kaplan, Andreas (2019). A Brief History of\nArtificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial\nIntelligence. Berkeley: Haas School of Business, pág.3.\n\n[33] Ibidem, pág.4.\n\n[34] Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein (2019). Siri, Siri, in\nMy Hand: Who’s the Fairest in the Land? On the Interpretations,\nIllustrations, and Implications of Artificial Intelligence. Business\nHorizons, 62/1 (January/February 2019): 15-25.\n\n[35] McCarthy, John (2004). What is artificial intelligence? Stanford:\nStanford University, pág.1. Disponible en:\nhttp://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf\n\n[36] Russell, Stuart; Norvig, Peter (2010). Artificial\nIntelligence: A Modern Approach. Nueva Jersey:\nPrentice Hall, pág 2. Los autores toman la definición dada por John Haugeland\nen 1985\n\n[37] Ibidem. Esta definición es tomada de R.E. Bellman de 1978.\n\n[38] Ibidem. Esta definición corresponde a la dada por Kurzweil\nen 1990.\n\n[39] Ibidem. Esta definición corresponde a la dada por Charniak\nand McDermot en 1985.\n\n[40] Ibidem. Esta definición corresponde a la brindada por\nPoole en 1998\n\n[41] Ibidem. Esta definición corresponde a la brindada por\nNilsson en 1998.\n\n[42] MATHLAB Help Center. Alexnet. Disponible en:\nhttps://es.mathworks.com/help/deeplearning/ref/alexnet.html\n\n[43] Jurafsky, Daniel; Martin, James H (2026). Neural Networks. Disponible\nen: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/6.pdf\n\n[44] Ivan Belcic & Cole Stryker, What is GPT (Generative\nPretrained Transformer)?, IBM, https://www.ibm.com/think/topics/gpt\n[https://perma.cc/Z277-M2UY]\n\n[45] ALEC RADFORD ET AL., LANGUAGE MODELS ARE UNSUPERVISED MULTITASK\nLEARNERS 7 tbl. 5 (2019),\nhttps://cdn.openai.com/betterlanguagemodels/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf\n[https://perma.cc/P4Z8-F9SR].\n\n[46] OPENAI, GPT-4 TECHNICAL REPORT 5 (2024), https://arxiv.org/pdf/2303.08774\n[https://perma.cc/PM4X-PP6M\n\n[47] Bhaskar, Michael; Suleyman, Mustafa (2023). La Ola que viene. Bogotá D.C.: Penguin Random House, pag.205.\n\n[48] Davison, N. (2017). A legal perspective:   Autonomous weapon systems\nunder international humanitarian law. UNODA, papers Nº 3\n\n[49] Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University\n(2025). Artificial Intelligence Index Report 2025, pág.87 . Disponible en: https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf\n\n[50] Ibidem, pág.92.\n\n[51] Ibidem, pág.18.\n\n[52] Ibidem, pág.29.\n\n[53] Bhaskar, Michael; Suleyman, Mustafa (2023). La Ola que viene. Bogotá D.C.: Penguin Random House, pags. 205 y 227.\n\n[54] Harari Noah, Yuval (2024). Nexus. A Brief History of\nInformation Networks from the Stone Age to AI. Nueva York: Penguin Random\nHouse, pág.24\n\n[55] Ibidem, pág.244.\n\n[56] GIBSON, William (1984). Neuromante.\nMéxico D.F.: Minotauro, pág.45.\n\n[57] Carta Encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV\nsobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia\nartificial. 2026.\n\n[58] Ibidem.\n\n[59] Ibidem.\n\n[60] Iksnext (2019). La OCDE actualiza la definición del concepto\n“inteligencia artificial”. Disponible en: https://www.lksnext.com/es/noticias_boletin/la-ocde-actualiza-la-definicion-del-concepto-inteligencia-artificial/\n\n[61] OCDE. Inteligencia artificial. Disponible:\nhttps://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence.html\n\n[62] Organización Internacional del\nTrabajo, Un momento decisivo: aprovechar la inteligencia artificial para\npromover el trabajo decente , Memoria del Director General, Informe I(B),\nConferencia Internacional del Trabajo, 114.ª reunión, ILC.114/I(B), Ginebra,\n2026, párr. 2.\n\n[63] UNESCO, AI. Disponible en: https://www.unesco.org/en/query-list/a/ai URL 8/04/2025.\n\n[64] UNESCO (2021).\nRecomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Disponible en:\nhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa, pág.20.\n\n[65] Ibidem, págs..20-21.\n\n[66] Ibidem, pág.21.\n\n[67] Ibidem, pág.22.\n\n[68] Reglamento 2024/1689, art.1.\n\n[69] Ibidem, art.3.\n\n[70] Ibidem, art.5.\n\n[71] Ibidem, anexo III.\n\n[72] Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (2023). A pro-innovation approach to AI regulation, pág.28. Disponible en:\nhttps://assets.publishing.service.gov.uk/media/64cb71a547915a00142a91c4/a-pro-innovation-approach-to-ai-regulation-amended-web-ready.pdf\n\n[73] Ver Gaceta del Congreso No.1068 del 14 de agosto de 2023.\n\n[74] Ver la Gaceta del Congreso No.1045 del 26 de julio de 2024,\npág.2.\n\n[75] Gaceta del Congreso No.738 del 20 de mayo de 2025. Proyecto de\nLey No.422 de 2025 (Senado), pág.18.\n\n[76] Ibidem.\n\n[77] Gaceta del Congreso No.2348 del 12 de diciembre de 2025, pág.18.\n\n[78] Conpes 3975 de 2019, pág.20. Disponible en:\n\nhttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf\n\n[79] Ibidem, págs.9 y 19-22.\n\n[80] Ibidem, págs.20-22.\n\n[81] Ibidem, págs.39-43.\n\n[82] Ibidem, págs.43-47.\n\n[83] Ibidem, 47-49.\n\n[84] Ibidem, págs.50-53.\n\n[85] DAPRE (2021). Marco Ético\npara la Inteligencia Artificial en Colombia, pág. 20. Disponible en:\nhttps://dapre.presidencia.gov.co/TD/MARCO-ETICO-PARA-LA-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-EN-COLOMBIA-2021.pdf\n\n[86] Ibidem, pág.9.\n\n[87] Ibidem, ver págs.9-18.\n\n[88] Ibidem, págs.41-59 y 62-68.\n\n[89] “ Las entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en\nsus respectivos planes de acción el componente de transformación digital\nsiguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de\nTecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la\ntransformación digital deberá incorporar los componentes asociados a\ntecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución\nIndustrial, entre otros.\n\nLas entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades\ny territorios inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos\ntécnicos en el componente de transformación digital que elabore el Ministerio\nde Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.\n\nLos proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán\npor los siguientes principios (…)”\n\n[90] Decreto 1263 de 2022,\nartículo 2.2.23.1.3., numeral 3.2.\n\n[91] DAPRE (2025). Conpes\n4144, pág.35. Disponible en:\nhttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf\n\n[92] Ver todos los ejes\nproblemáticos entre las páginas 46-81.\n\n[93] Ibidem, pág.82.\n\n[94] Ibidem.\n\n[95] Ibidem, págs.1 y 106.\n\n[96] Ibidem, pág.83.\n\n[97] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\nTercera, auto del 26 de mayo de 2026, Rad. 11001-03-26-000-2026-00056-00\n(74200), C.P. Adriana Polidura Castillo.\n\n[98] Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012\n\n[99] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2022\n\n[100] Corte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012.\n\n[101] Sentencia C-420 de 2002. Cfr. Sentencias C-148 de 2005, C-475 de\n2005 y C-1033 de 2006.\n\n[102] Ver las sentencias C-365\nde 2012 y C-387 de 2014.\n\n[103] Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 2016.\n\n[104] Corte Constitucional, Sentencias C-070 de 1996, C-420 de 2002,\nC-148 de 2005, C-475 de 2005, C-1033 de 2006, C-468 de 2009, C-108 de 2017\n\n[105] Corte Constitucional, Sentencias C-736 de 2002, C-296 de 2002 y\nC-1075 de 2002.\n\n[106] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2022\n\n[107]\nCorte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002.\n\n[108]\nCorte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002, C-742 de 2012.\n\n[109]\nCorte Constitucional, Sentencia C-365 de 2012.\n\n[110] En atención al principio de legalidad, la Corte Interamericana de\nDerechos Humanos se ha pronunciado en varias oportunidades, y ha señalado que\n(i) la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos deben\nser preexistentes a la conducta del sujeto que se considera infractor; (ii) el\nprincipio de tipicidad se relaciona con la elaboración de los tipos penales, en\nlos cuales, es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten\nclaramente las conductas punibles. Este implica una clara definición de la\nconducta y elementos que permita deslindarla de comportamientos no punibles o\nconductas ilícitas no sancionables con medidas penales; (ii) la ambigüedad de\nlos tipos penales abre un campo al arbitrio de la autoridad. Ver, en este sentido,\nCaso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Caso Norin Catriman y otros vs. Chile,\nentre otros.\n\n[111] Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2017.\n\n[112] Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 2016. la Corte precisó\nque el principio de legalidad de los delitos , los procedimientos y las penas exigen requisitos “formales, como la reserva de ley (art.\n6, 114 y 150), como materiales (exigencia de\nrazonabilidad y proporcionalidad y respeto de los principios, valores y\nderechos constitucionales).”\n\n[113] Corte Constitucional, sentencia C-387 de 2014.\n\n[114] Corte Constitucional, sentencia C-387 de 2014\n\n[115] “[l]a opción de criminalizar una conducta, en aquellos eventos\nen que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el\nlegislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es\nnecesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que\npodrían emplearse, no obstante, su efecto limitativo de la libertad personal.\nSin embargo, en el Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando\nse ha producido una grave afectación de un bien jurídico, mediante un\ncomportamiento merecedor de reproche penal y siempre que la pena\nresulte estrictamente necesaria ”. Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2002.\n\n[116] Corte Constitucional, Sentencias C-365 de 2012, C-181 de 2016,\nC-042 de 2018.\n\n[117] Corte Constitucional, Sentencias C-636 de 2009, C-742 de 2012,\nC-387 de 2014, C-464 de 2014.\n\n[118] “(…) la decisión de criminalizar un comportamiento humano es\nla última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado\nestá en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar\ncon una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad,\nes el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un\ncomportamiento que afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la\ndescripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real\nde protección de los intereses de la comunidad” . Ver al respecto:\nSentencias C-636 de 2009, y C-742 de 2012. Reiterada en Sentencia C-387 de\n2014.\n\n[119] Corte Constitucional, Sentencia C-247 de 2004\n\n[120] “Además de los límites explícitos, fijados directamente desde\nla Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de los\nvalores y principios consagrados en la Carta, la actividad del Legislador está\ncondicionada a una serie de normas y principios que, pese a no estar\nconsagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de\nobligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les\notorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción\nconsagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen\nparte del llamado bloque de constitucionalidad”. Sentencia C-488 de\n2009, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.\n\n[121] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017\n\n[122]\nEn aras de la uniformidad terminológica, se precisa que la Sentencia C-080 de\n2025 sistematizó estas garantías en tres subprincipios: la reserva de ley o\n“ley escrita” ( lex scripta ), la irretroactividad o “ley previa” ( lex\npraevia ) y la legalidad estricta o tipicidad ( lex stricta y lex certa ),\nque agrupa la exigencia de claridad y precisión y la prohibición de analogía in\nmalam partem . Las exigencias aquí enunciadas se corresponden con esos\nsubprincipios y se emplean con fines expositivos.\n\n[123] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017\n\n[124] Ibid.\n\n[125] Ibid.\n\n[126] Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 2009.\n\n[127] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2022.\n\n[128] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.\n\n[129] Corte Constitucional, Sentencias C-121 de 2012 y C-091 de 2017.\n\n[130] Corte Constitucional, Sentencia C-204 de 2023.\n\n[131] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.\n\n[132] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.\n\n[133] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.\n\n[134] Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2016.\n\n[135] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.\n\n[136] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.\n\n[137] Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2017.\n\n[138] Corte Constitucional Sentencia C-014 de 2023 y C-742 de 2012.\n\n[139] Corte Constitucional, Sentencia C-742 de 2012.\n\n[140] Ibidem.\n\n[141] Corte Constitucional, sentencias C-204 de 2023, C-014 de 2023 y\nC-742 de 2012.\n\n[142] Sentencia C-198 de 2025.\n\n[143] Tapias, Farid (2024). La Falsedad personal en la red social\ndigital. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pág.25. Disponible en:\nhttps://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/d6de7520-e4ee-4f21-b18d-17b4a8d83158/content\n\n[144] Ver la Sentencia C-080 de\n2025. En esta, la Corte estableció que la remisión impropia permite que el tipo\npenal remita a normas de rango infra-legal, lo que constituye una herramienta\nde tipificación que permite que la norma penal\nse actualice a esas dinámicas variables, por medio de la remisión a otras\nnormas no penales.\n\n[145] Ministerio de Justicia y\ndel Derecho. Delitos informáticos. Disponible en:\nhttps://www.politicacriminal.gov.co/politica-criminal/Delitos-Inform%C3%A1ticos\nURL 2/07/2026.\n\n[146] Palabras de Martha\nSánchez, CEO de la Fundación Crece Digital y experta en ciberseguridad, para el\ndiario El Tiempo. Disponible en:\nhttps://www.eltiempo.com/justicia/delitos/delitos-informaticos-al-alza-por-el-uso-de-la-ia-estas-son-las-modalidades-mas-frecuentes-de-los-ultimos-cuatro-anos-3568020\n\n[147] Datos extraídos de los datos\nabiertos presentados por la Fiscalía General de la Nación en:\nhttps://www.politicacriminal.gov.co/politica-criminal/Delitos-Inform%C3%A1ticos\n\n[148] Válgase aclarar que la\nCorte tiene competencia para ejercer control de constitucionalidad sobre normas\nque aún no están vigentes. Esto, dada la “vocación de producción de efectos\njurídicos futuros” de las disposiciones controvertidas. En efecto, en\nvarias ocasiones, la Sala Plena de la Corte\nConstitucional ha tramitado demandas contra normas que por existir pueden\nser objeto de control de constitucionalidad, a pesar de no estar vigentes aún. Tal fue el caso, por ejemplo, de los nuevos códigos penales y el\nCPACA. Al respecto, ver, por ejemplo, las Sentencias C-644 de 2011 y C-699 de\n2016.\n\n[149] Ley 2502 de 2025,\nartículo 5.\n\n[150] Gaceta del Congreso\nNo.111 del 2 de febrero de 2024, pág.15.\n\n[151] Ibidem, pág.13.\n\n[152] Gaceta del Congreso No.1601 del 30 de septiembre de 2024, pág.6.\n\n[153] Gaceta del Congreso No.1948 del 13 de noviembre de 2024, pág.20.\n\n[154] Ibidem.\n\n[155] Gaceta del Congreso No.164 del 25 de febrero de 2025, pág.2-9.\n\n[156] Ver, supra, las consideraciones de esta providencia sobre los\ntipos penales abiertos. En el mismo sentido, entre otras, las Sentencias C-422\nde 2011, C-121 de 2012, C-742 de 2012, C-539 de 2016 y C-091 de 2017.","changes":[{"id":1326,"doc_id":18070,"v_from":18868,"v_to":20627,"detected_at":"2026-11-06 05:43:25","added":2593,"removed":2529,"summary":"--- \n+++ \n+TEMAS-SUBTEMAS\n+\n+Sentencia C-212/26\n+\n+PRINCIPIO DE\n+ESTRICTA LEGALIDAD O TAXATIVIDAD PENAL -No se vulnera por la expresión\n+\"inteligencia artificial\" como agravante del delito de falsedad\n+personal\n+\n+(...) la Sala\n+concluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta una\n+indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación\n+razonable apoyada en referentes objetivos, verificables y preexistentes, por lo\n+que el inciso acusado no desconoce el principio de estricta legalidad (art. 29\n+de la Constitución). Esta conclusión no se sustenta en que toda referencia\n+legislativa a la inteligencia artificial satisfaga, por sí sola, las exigencias\n+del principio de legalidad, sino en las particulares características de la\n+disposición demandada, en su contexto normativo y en la existencia de\n+referentes objetivos que la hacen determinable. En consecuencia, la Corte\n+declaró la exequibilidad del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal,\n+adicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado.\n+\n+SOLICITUD DE\n+SENTENCIA INHIBITORIA POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA -Improcedencia por\n+cumplimiento de requisitos de la demanda\n+\n+(...) la Sala\n+concluye que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de\n+legalidad estricta habilita un pronunciamiento de fondo. Los cuestionamientos\n+esgrimidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,\n+realmente, estaban dirigidos a controvertir las premisas jurídicas que\n+sustentan el reproche de inconstitucionalidad y no a identificar un defecto\n+estructural en la formulación del cargo que impidiera el ejercicio del control\n+de constitucionalidad.\n+\n+INTELIGENCIA\n+ARTIFICIAL (IA) -Evolución\n+histórica de la definición\n+\n+INTELIGENCIA\n+ARTIFICIAL (IA) -Alcance\n+\n+(...) la\n+inteligencia artificial ha transitado, en menos de un siglo, de la especulación\n+literaria a la imaginación científica, de allí a la herramienta computacional\n+especializada y, finalmente, a una tecnología de uso masivo que atraviesa la\n+actividad económica, profesional y cotidiana. En suma, de manera paulatina, los\n+alcances de la inteligencia artificial y su definición se han consolidado, de\n+tal forma que se ha concluido que su característica esencial es la imitación -o\n+superación, según parte de la doctrina-, de la inteligencia humana.\n+Gradualmente, el debate se ha trasladado de si es posible crear una\n+inteligencia artificial, a cuáles son sus alcances y los riesgos que suponen\n+para los derechos fundamentales y humanos de las personas, e incluso para su\n+conciencia.\n+\n+INTELIGENCIA\n+ARTIFICIAL (IA) -Derecho"}]}